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Rechazo de la demanda de daños y perjuicios intentada por el conductor de la motocicleta al producirse el accidente por su culpa

shutterstock_41462359Partes: Bulacios Clive E. c/ Ojeda Roberto J. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 23-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-90438-AR | MJJ90438 | MJJ90438

Rechazo de la demanda de daños y perjuicios intentada por el conductor de la motocicleta, que emprendió el cruce de una encrucijada violando la prioridad de paso de quien circulaba por la derecha que resulto ser el conductor embistente.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito toda vez que la motocicleta del actora era quien lo hacía por la izquierda del coche, y el fue su obrar, el comportamiento no permitido -ingresar a un cruce sin tener preferencia de paso y con obligación previa de detener completamente la marcha- lo que llevó necesariamente al resultado ocasionado.

2.-El principio de confianza y de seguridad fáctica y jurídica debe expresarse en la tranquilidad que debe tener quien tiene prioridad de paso para proseguir su camino y excluye -salvo las excepciones legales e interpretaciones contextuales- la alegación de mejor derecho de parte de otro, en el caso, la motocicleta, debía observar la indicación de detener la marcha, lo que no hizo.

3.-La prioridad rige independientemente de quien ingrese primero, con lo cual despeja toda duda respecto de la naturaleza esencial y dominante del término y consecuente derecho, y de la implícita obligación de ceder el acceso al preferido por la ley hasta el extremo de tener que detener completamente la marcha.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 23 días del mes de setiembre del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Alejandro A.

Román, Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de esta ciudad, Dra. María José Alvarez Tremea, en los autos caratulados:

«Expte. N° 206 – Año 2012 – BULACIOS, Clive Eduardo c/ OJEDA, Roberto Jesús; ALIPRANDI, Horacio René; SPILA, Lucía Dominga y «ROYAL Y SUN ALLIANCE SEGUROS (ARGENTINA) S.A.» s/ ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS)».-

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Alejandro A. Román; segunda, Dra. Beatriz A. Abele; tercero, Dr.

Lorenzo J. M. Macagno.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es justa la sentencia apelada? 2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

1. Contra la sentencia dictada por el Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de esta ciudad (fs. 332/343) y su aclaratoria (fs. 352) plantea la parte actora recurso de apelación (fs. 345); lo que se concede de conformidad (fs.

346), habilitando así la intervención de este Tribunal de Alzada.

La resolución recurrida rechaza la pretensión ordinaria de daños y perjuicios entablada por el Sr. Clive Eduardo Bulacios contra los Sres. Roberto Jesús Ojeda, Horacio René Aliprandi, Lucía Dominga Spila y la firma «Royal y Sun Alliance Seguros (Argentina) S.A.»; e impone las costas a la parte actora.

Radicada la causa en esta sede (fs. 359; v. céds. fs. 360/362), expresa sus agravios la parte actora (fs. 365/374); los que son contestados por los demandados (fs.377/382) y por la citada en garantía (fs. 385/387).

Quedan, por tanto, estas actuaciones en condiciones de ser resueltas.

2. En oportunidad de fundar su recurso, el actor expresa que lo agravia que la Sra. Jueza de primera instancia considere que no existe negligencia, imprudencia o impericia atribuible al conductor del vehículo de mayor porte, al no advertir cuál fue la conducta cuya omisión hubiere evitado el impacto súbito y violento. También, que considere que la conclusión del Perito Mecánico es consecuencia de un grave error de interpretación del Auxiliar. Discrepa con tal interpretación de la A quo.

Seguidamente señala las contradicciones existentes entre el escrito de contestación de demanda (párrafo 10, fs. 30, autos principales), la confesión de Ojeda (resp. a posición 3°, fs. 123) y su declaración indagatoria en sede penal (Expte. N° 1696/05) respecto al lugar en que se encontraba al llegar a la intersección con calle Mainardi y a la distancia en que observó a la moto. De ello deduce que es indudable que el accionado avanzaba a una velocidad comprendida entre los 20 y 25 km/h; y que, al advertir la presencia del motociclista a una distancia comprendida entre los 8 y 10 metros de la zona de choque, el automovilista disponía de tiempo suficiente para detener su vehículo (resp. Perito Mecánico al punto e, fs. 94).

Explica que, sea por error de cálculo o por proseguir movilizándose sin intentar frenar, lo real y concreto es que el automovilista no pudo evitar la colisión, lo que seguramente hubiera hecho de haber disminuido o detenido por completo su unidad.Arguye que, por lo expuesto, también es motivo de agravio que el decisorio dictado considere que no existe nexo de causalidad entre el resultado dañoso y la acción u omisión atribuible al conductor de la camioneta.

Concluye que su parte no fue la causante exclusiva del evento, siendo harto evidente que también le cabe responsabilidad al accionado.

Recuerda que la circunstancia de venir circulando por la derecha no autoriza a desentenderse de cualquier obstáculo que se presente en la bocacalle y señala que, si el conductor de la camioneta se movilizaba a una velocidad que no era la reglamentaria y/o desatendiendo sus obligaciones de prevención, prudencia, cuidados, etc., mal puede invocar el derecho de prioridad de paso. Manifiesta que no todo se reduce a ver cuál de ellos avanzaba desde la derecha, sino que debe meritarse fundamentalmente la velocidad a la que se desplazaban los vehículos. Cita jurisprudencia que sustenta su posición.

Analiza las declaraciones de los testigos y deduce que de ellas surge que la velocidad de la camioneta no era reducida mientras que la de la moto no era antirreglamentaria. Además, que la escasa importancia de los daños sufridos por ambos móviles y la ubicación final de estos en cercanías del lugar del choque revelan que la velocidad del actor no era excesiva.

Se refiere al análisis que hace la A-quo de los testimonios de Damiani y de Simbron; y expone su interpretación de los mismos. Asimismo, alude a la respuesta del Perito Mecánico en relación con la velocidad de ambas unidades, quien las estimó entre 35 y 45 km/h.

En cuanto a la mecánica del accidente sostiene que, si al momento de llegar a la intersección con calle Mainardi, el automovilista observó a considerable distancia el desplazamiento por esta arteria de la motocicleta guiada por el actor -la que circulaba a baja velocidad disminuyéndola aún más al arribar al cruce- disponía de tiempo suficiente para detener su vehículo y evitar consecuencias ulteriores.Con referencia al móvil embistente, advierte que el Perito Mecánico concluyó que la moto fue la que embistió a la camioneta. Sin embargo, a su criterio, fue la Toyota Hilux la que con la punta del guardabarros izquierdo colisionó el neumático delantero del ciclomotor y éste -luego de realizar un medio giro e impactar el lateral izquierdo del automóvil- quedó orientada en dirección al Norte, es decir, en el mismo sentido que llevaba Ojeda.

Examina la declaración del demandado en sede penal (fs. 24 vta. – Expte.

1696/05) resaltando sus contradicciones y concluye que la versión más ajustada a la realidad es la suministrada por su parte. Agrega que, si se considera que el impactante físico fue el motociclista, dicha circunstancia no puede derivar absolutamente en la atribución de responsabilidad porque la presunción que deriva de tal carácter, admite prueba en contrario. Y dice que tal presunción resulta desvirtuada cuando -tal cual lo evidenciado en autos- el vehículo se interpone en la línea de marcha de la moto.Cita fallos de la Cámara Penal de Rafaela y de este Tribunal que abonan tal conclusión.

Insiste en que el conductor de la camioneta debió poner extrema atención y diminuir o paralizar su marcha; y que la conducta imprudente de este último también colaboró en la causación del siniestro.

Además dice que agravia a su parte que la Juzgadora le endilgue contradicciones en la versión de los hechos sobre la primera vez que divisó la camioneta del demandado cuando, a su entender, no hubo distintas versiones.

Afirma que, en realidad, el actor -Bulacios- divisó la presencia del automóvil a una distancia aproximada de 37 o 50 metros y que, en esos momentos, -como en la ochava SO de la encrucijada con Lisandro de la Torre el baldío existente sobre la misma le permitía tener un ángulo de visión superior a lo normal-, comenzó a ingresar a la bocacalle sin observar ningún rodado; y recién al trasponer el cruce, se le interpuso la camioneta que transitaba de Sud a Norte.

Destaca que, a raíz del suceso, el accionante fue trasladado por un servicio de emergencia a un sanatorio, en el cual permaneció internado por las lesiones graves que detalla; y que, al evaluar la absolución de posiciones del actor y su declaración indagatoria, deberá tenerse en cuenta que aquélla se prestó después de más de tres años del accidente y ésta, con más de dos años y medio de posterioridad.

Por otra parte expresa que, tratándose de cosas generadoras de riesgos de muy distinta entidad, la doctrina y la jurisprudencia aplican la «Teoría de la neutralización de riesgos». Y que, al resultar aplicable el art.1113 C.C., 2° párrafo, 2° ap., pesa sobre el dueño del vehículo de mayor porte una presunción de responsabilidad, de la que sólo se puede liberar total o parcialmente probando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, los que sólo consiguió a su entender en un porcentual del 50%.

Detalla los rubros indemnizatorios reclamados y sus montos solicitando que se adicione a esos importes los intereses legales desde que cada uno es debido y hasta su efectivo pago.

3. Ingreso al tratamiento del recurso.

El caso trata de un accidente, cuyos protagonistas han sido una camioneta y una motocicleta. Por lo tanto, la situación debe analizarse a la luz de lo normado por el art. 1113, 2do. párrafo del Código Civil, disposición que establece que cuando se trate de un daño ocasionado «con la cosa» a la víctima le es suficiente probar el daño sufrido y el contacto con las cosas de las cuales provino, recayendo sobre la demandada la obligación de aportar la prueba necesaria para eximirse de responsabilidad o diminuir la que se les atribuye. En otros términos, tiene la carga de acreditar la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no deba responder o el casto fortuito que rompa el nexo causal (cfr. BORDA, G.A. «Obligaciones», t. II, p.

254 n° 1342; BUSTAMANTE ALSINA, J. «Teoría General de la Responsabilidad Civil», p. 265, n° 860).

En la sentencia de primera instancia, la Sra. Jueza concluyó que el vehículo embistente fue la motocicleta, basándose en las constancias del expediente penal, la declaración y descripción de los hechos efectuada por el propio actor en esa sede. Y, al respecto el recurrente sólo expresa su disconformidad, indicando que «a su criterio» fue la camioneta Toyota quien embiste con la «punta» del guardabarros izquierdo el neumático delantero del cic lomotor y que éste luego de dar un medio giro impacta el lateral izquierdo del automóvil.Entiendo que se trata de una mera disconformidad con la decisión de quien ha juzgado los hechos en la instancia anterior y que no encuentra suficiente justificativo en que aquélla conclusión le resulte poco convincente.

Véase, por ejemplo, que en la sentencia que se revisa se remarca la existencia del cartel en el cruce de las calles Mainardi y Lisandro de la Torre, señalización que indica «pare» para quien circulaba como lo hacía la motocicleta. De allí que la Sra.

Jueza -correctamente, en mi opinión- interpreta que la conducta exigible al actor era detener completamente su conducido, cerciorarse de que el paso se encontraba libre de vehículos y luego reiniciar la marcha. Y, coincido puntualmente en que no es suficiente «con disminuir la velocidad para dar cumplimiento con lo ordenado por la señalización». Además, destaco, que dicho pasaje del decisorio se fundamenta en las declaraciones del propio accionante, quien reconoce que no frenó.

Y, frente a estas conclusiones, no hay ninguna argumentación que las rebata en el escrito recursivo.

Entiendo que lo descripto no es un punto menor y tiene su importancia en la cuestión debatida por cuanto se trata, en definitiva, de un comportamiento no permitido -ingresar a un cruce sin tener preferencia de paso y con obligación previa de detener completamente la marcha- lo que lleva necesariamente relacionar dicha incidencia con el resultado ocasionado.

Así, ocurre que el principio de confianza y de seguridad fáctica y jurídica «debe expresarse en la tranquilidad que debe tener quien tiene prioridad de paso para proseguir su camino y excluye -salvo las excepciones legales e interpretaciones contextuales- la alegación de mejor derecho de parte de otro» (cfr.CAP, Rafaela, en «Spadaro», del 27.05.2005, LLLitoral 2005 (octubre), 1003).

A lo anterior, recuerdo que la motocicleta -es decir, quien debía observar la indicación de detener la marcha- lo hacía por la izquierda del cruce; en otros términos, que la Toyota Hilux lo hacía por la derecha del vehículo de menor porte.

Por ello, agrego que el carácter absoluto de la prioridad -en condiciones legales de tránsito y conducción-, es un derecho que no sólo otorga la ley nacional vigente sino también su reglamentación, en cuanto dispone que «. la prioridad rige independientemente de quien ingrese primero», con lo cual despeja toda duda respecto de la naturaleza esencial y dominante del término y consecuente derecho, y de la implícita obligación de ceder el acceso al preferido por la ley hasta el extremo de tener que detener completamente la marcha.

De allí que no puedan receptarse los cuestionamientos del recurso sustentados en que el conductor de la camioneta debió haber dispuesto de tiempo para frenar, que incurrió en un error de cálculo y que adoptó la decisión de seguir su marcha provocando el accidente.

Tampoco pueden admitirse que se justifique con «el transcurso del tiempo» las distintas versiones del accidente dadas por el actor y que merecieran ser destacadas como «contradictorias» por parte de la Sra. Jueza.

4. En definitiva, lo que he expresado es -en mi opinión- suficiente para rechazar el recurso planteado y confirmar la decisión cuestionada. No puedo menos que coincidir con los argumentos expuestos por la Sra. Jueza de la instancia anterior y la solución a la que arriba.

Por ello, para concluir, ante la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto, mi respuesta es afirmativa.

Así voto.

A esta primera cuestión, los Dres. Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que hacia suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la segunda cuestión, el Dr. Alejandro A.Román dijo:

Luego del estudio realizado a la primera cuestión, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1). Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora.

En consecuencia, cabe confirmar la sentencia dictada en la instancia anterior en cuanto ha sido materia de impugnación. 2). Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, por resultar vencida en su posición (art. 251 C.P.C.C.). 3). Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Así voto.

A la misma cuestión, los Dres. Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Alejandro A. Román, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1). Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora. En consecuencia, cabe confirmar la sentencia dictada en la instancia anterior en cuanto ha sido materia de impugnación. 2).

Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, por resultar vencida en su posición (art. 251 C.P.C.C.). 3). Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Héctor R. Albrecht

Secretario

  1. Rafael Talavera 30 abril 2015 at 1:47 PM

    ¡Por fin jueces con sentido común, que no buscan aclarar lo ya suficientemente claro (prioridad absoluta a la derecha) mediante interpretaciones retorcidas que oscurecen, aniquilan toda la (necesaria) certeza del Derecho y contribuyen a la «anomia boba» (Nino) generalizada imperante!!!!! Lástima que no haya más…

  2. Yo fui el perjudicado…y no fue así como dice el juez.no fue mi culpa.el de la camioneta venía muy rápido como probando su velocidad…y no me vio…e dicho…con dinero lo arreglan todo…

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