Verificada la existencia del daño a la sociedad por parte del gerente de la fallida no le cabe al síndico probar la negligencia en su accionar, al ser éste quien debió acreditar la diligencia en su obrar

ley-contrato-de-seguroPartes: Granisem S.R.L. s/ quiebra contra Nisembaunn Néstor Raúl s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 11-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-91260-AR | MJJ91260 | MJJ91260

Verificada la existencia del daño a la sociedad, sumado al hecho irrefutable de que los cheques pertenecían a la chequera emitida por el banco a nombre de la sociedad fallida, no le cabe al síndico probar la negligencia en el accionar del gerente de la fallida.

Sumario:

1.-Al administrador/representante societario le alcanza, respecto de cualquiera de los tipos societarios que integre, una obligación de medios .

2.-La importancia de la clasificación de los deberes en de medios y de resultado reside en la determinación de la naturaleza subjetiva u objetiva del factor de atribución aplicable al deber de responder del deudor, cuestión trascendente a la hora de determinar las eximentes de responsabilidad. Bajo esta visión, en las obligaciones de medios el fundamento de la responsabilidad es subjetivo, en tanto que en las obligaciones de resultado el criterio de atribución del deber de responder es objetivo.

3.-En las obligaciones de resultado, éste es el objeto de la obligación, en tanto que en las obligaciones de medio el deudor sólo compromete su diligencia en la obtención de un resultado, pues las partes reconocen que su logro depende de circunstancias harto azarosas.

4.-En las obligaciones generales de prudencia y negligencia, el objeto ya no es el resultado sino la diligencia del deudor . En su virtud, en este tipo de deberes -que constituye la excepción dentro del derecho común- la verificación del incumplimiento requiere un examen de la conducta del deudor, razón por la cual el acreedor se ve constreñido a probar la culpa del obligado.

5.-La clasificación entre obligaciones de medio y de resultado significó un avance en su época, mereciendo el beneplácito de gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia, mas lo concreto es que mantuvo a la responsabilidad contractual dentro de un sistema netamente subjetivista: la culpabilidad como único factor de atribución de la responsabilidad. Culpa probada, en las obligaciones de medios; culpa presunta en las obligaciones de resultado.

6.-La moderna doctrina ha avanzado en la línea argumental expuesta, al postular que, en las obligaciones de medios, el pago consiste en la prestación de una conducta diligente orientada a la obtención de la finalidad anhelada por el acreedor, aunque ello implique la frustración de la obtención del resultado. En este tipo de deber calificado existe un doble juego de intereses: uno primario, abastecido cuando el deudor aplica su celo y cuidados al cumplimiento del proyecto de conducta tendiente a obtener la finalidad del acreedor; otro, mediato (resultado), que es aleatorio porque su alcance no depende sólo de la conducta esmerada sino de la influencia de circunstancias inciertas, propias de la realidad en que se inserta la obligación.

7.-En los deberes de medios, el pago consiste en la prestación de un comportamiento razonablemente idóneo enderezado a la consecución del interés final, aunque éste, en definitiva, no llegue a concretarse en su materialidad. Bajo esa inteligencia, en la obligación de medios , caracterizada como un compromiso de diligencia orientada a la obtención del resultado, el incumplimiento se verifica cuando el deudor omite la prestación de la conducta debida. De este modo, la culpa -que puede ser conceptualizada como la omisión de la diligencia prestable- y el incumplimiento devienen inescindibles.

8.-El incumplimiento de la obligación de medios genera una responsabilidad subjetiva, donde el criterio legal de imputación es la culpa, aprehendida de conformidad con los arts. 512 , 902 y 909 del Cód. Civil -receptados a su vez, con matices específicos por los arts. 59 , 157 y 274 , LS- por lo cual el deudor (en el caso: administrador/representante societario) puede eximirse mediante la prueba de su no culpa, vale decir, de su diligencia en el cumplimiento del plan de prestación.

9.-El accionado en su condición de integrante del órgano societario (gerencia), tiene como misión la de gestionar bienes e intereses que le eran ajenos, al pertenecerles a la sociedad a la cual también representaba y en esa actividad de gestión/representación, y siempre efectuando el examen a la luz de la normativa societaria y no las acciones falenciales que nacen con motivo de la quiebra (art. 173 y cc., LCQ), cuyos recaudos de procedencia, como es sabido, varían al exigirse, entre otros, la prueba del dolo, no requerida en la especie- los administradores societarios deben ser leales con la persona que les encarga la función de administrar sus intereses y obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios (art. 59, LSC), cartabón -éste- anotado supra que debe apreciarse según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512, Cód. Civil) y la actuación presumible de un comerciante experto (art. 902, Cód. Civil). Cuando así no lo hiciere debe, pues, el administrador implicado responder por los daños y perjuicios ocasionados (art. 157, 274 y cc., LSC.).

10.-Verificada la existencia del daño a la sociedad, sumado al hecho irrefutable de que los cheques pertenecían a la chequera emitida por el banco a nombre de la sociedad fallida, no le cabe al síndico probar la negligencia en el accionar del gerente de la fallida, al ser éste quien -por el contrario- debió acreditar la diligencia en su obrar. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre de dos mil catorce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia del Sr. Prosecretario Letrado de Cámara, para entender en los autos caratulados “GRANISEM S.R.L. s/ QUIEBRA c/ NISEMBAUNN, NÉSTOR RAÚL s/ORDINARIO” (Expte. n° 46.653, Registro de Cámara n° 36.890/2.005), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 21, Secretaría Nro. 42, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora Isabel Míguez, Doctor Alfredo Arturo Kolliker Frers y Doctora María Elsa Uzal.

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara, Doctora Isabel Míguez, dijo:

I. – ANTECEDENTES DEL CASO

1) En la sentencia de fs. 416/420, el Sr. Juez a quo hizo lugar a la demanda por responsabilidad societaria (arts.274 y 276, LSC) deducida por la sindicatura actora contra el demandado, Néstor Raúl Nisenbaunn, en su carácter de ex socio gerente y administrador de ‘Granisem S.R.L.’ (hoy fallida), a quien condenó a pagar a la accionante la suma de U$S 76.225,53 (con más intereses). Dicho monto tiene su origen en la falta de cancelación de cuatro cheques de pago diferido librados presuntamente por el accionado, en su condición de representante de la sociedad fallida, a favor de Monsanto Argentina SAIC, los que al ser presentados por esta última en ventanilla para su cobro fueron rechazados por encontrarse cerrada la

cuenta contra la cual fueron girados, por carecer de fondos suficientes.

Al adoptar tal decisión, el a quo valoró, en esencia, que si bien se acreditó en el expediente que no fue el demandado quien suscribió los cartulares impagos, lo cierto era que también se probó que dichos títulos de crédito habrían sido emitidos con posterioridad al cierre de la cuenta bancaria abierta a nombre de la sociedad fallida, lo que representaba, claramente, un descuido incompatible con la “diligencia” que debía tener “un buen hombre de negocios” (art. 59 LSC), al haberse desatendido la guarda correspondiente a los formularios de los cheques. A lo precedente se suma -en opinión del magistrado- que el accionado (quien nunca se apersonó en la causa, asumiendo su defensa el Defensor Oficial) se desentendió del destino de tales cartulares, al no haber efectuado siquiera denuncia de pérdida, sustracción o extravío de la chequera.

Sobre esa base concluyó en que cabe condenar a Nisembaunn, al evaluar que quien omite actuar en resguardo de los bienes sociales, decide, voluntariamente, abandonar a la sociedad a su suerte, debiendo -por ende- resarcir a la misma de las consecuencias ocasionadas por su omisión.

2) La sentencia de la anterior instancia fue apelada por el defensor oficial del demandado, quien introdujo su recurso en fs. 423 y lo fundamentó en fs. 433/435, recibiendo contestación de la contraria en fs.439.

La quejosa reparó en que:

i) El Sr. Juez de grado no habría valorado que la actora no logró demostrar la participación ni menos aún la conducta antijurídica atribuida al accionado, siendo determinante, en tal sentido, la peritación caligráfica, que dio cuenta que no fue Nisenbaunn quien suscribió los cartulares impagos.

ii) En el expediente no surge prueba alguna acerca de la ‘conducta dolosa’, ‘graves omisiones’ o ‘descuido’, atribuidos por el anterior sentenciante a su parte a los fines de justificar la condena.

II. – LA SOLUCIÓN

1) Aclaraciones preliminares.

Resulta menester mencionar, antes de ingresar al tratamiento del recurso formulado por la quejosa, que la emisión de los cheques por cuya falta de pago se iniciaron las presentes actuaciones, tuvo su causa en operaciones de compraventa de agroquímicos y semillas celebradas entre la hoy fallida (compradora) y Monsanto Argentina S.A. (vendedora), conforme dan cuenta las diez (10) facturas y otros tantos remitos anejados (en duplicado) por esta última en el expediente de la quiebra, traido ad effectum videndi et probandi (véase fs. 68/87 de esos autos, así como fs. 50/69 de documentación original anejada al sub lite, que tengo ante mí). Dicha documentación no fue observada ni objetada por la fallida en esa quiebra ni menos aún por la sindicatura, quien incluso aconsejó la verificación del crédito reclamado por la acreedora, al efectuar la presentación del informe del art. 35, LCQ (véanse fs. 151/154 del expediente falencial) y posteriormente, al elaborar el informe general del art. 39, LCQ (fs. 168/174).

Ninguno de tales informes sindicales fue observado por Granisem S.R.L.

A ello se agrega que la quiebra fue clausurada por falta de activos (véase fs. 311, del expediente falencial).

La situación descripta es la que motivó el inicio de las actuaciones sub examine, cuyo objeto -y fundamentación en derecho, cfr. art. 330, inc.5°, CPCCN- fue expresamente circunscripto por la actora a las acciones de responsabilidad societaria regulada en los artículos 276 y 278 de la LS (ley 19.550) -véase demanda, fs. 96-, dato -éste- que no resulta intrascendente, pues nada tiene que ver con la acción de responsabilidad concursal, cuyo ejercicio (previsto en el art. 173, LCQ, y que requiere, para su procedencia, la prueba del dolo en el accionar del administrador) es independiente de las acciones societarias (para las cuales sólo basta, tal como se analizará infra, la acreditación de la conducta culposa del gerente).

Resta señalar que la autenticidad de las facturas, remitos y cheques acompañados a esta causa por la actora no fue categóricamente objetada al contestar demanda por el defensor oficial que actúa en representación de Nisembaunn, por lo que cabe -en principio- tener por recibidos tales documentos en la sede de la fallida y por reconocida su autenticidad por el accionado -representante de dicha sociedad- y, consiguientemente, la veracidad de su contenido (cfr. arg. art. 356, inc. 1, CPCCN; esta CNCom., esta Sala A, 08/05/2007, in re: “Ferromet S.A. c/ Chutrau S.A.C.I.F.”).

2) El tema a decidir.

Delineados del modo expuesto los antecedentes del sub examine, el tema a decidir por ante esta instancia consiste, puntualmente, en definir si resultó acertado el pronunciamiento del Sr. Juez de grado, en tanto condenó a Nisembaunn en los términos de los arts.59 y 276, LS -luego de considerar que éste descuidó al suerte de la chequera de la cual fueron librados los cuatros cartulares impagos- o bien si, tal como sostiene el defensor oficial apelante, dicha condena debe ser revocada, al haberse demostrado mediante la pertinente peritación caligráfica que los cheques en cuestión no fueron suscriptos por dicho accionado.

Previo a ingresar al estudio de tales asuntos, estimo necesario recordar que, al no estar obligados los jueces a explorar todos y cada uno de los planteos de las partes -pues basta con que lo hagan respecto de los que consideren esenciales y decisivos para el fallo de la causa- únicamente se analizaran aquellos argumentos idóneos para incidir en la decisión final del pleito (conf. CSJN, 13/11/1986, in re: “Altamirano Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica s/ ordinario” ; idem, 12/02/1987, in re: “Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas” ; bis idem, 06/10/1987, in re: “Pons, María y otro”; ter idem, 15/09/1989, in re: “Stancato, Carmelo”, entre muchos otros; esta CNCom., esta Sala A, 14/07/2010, in re: “Cabrera, Mercedes Ester c/ General Electric International Inc. y otros”).

Al análisis de la problemática planteada pasaré a abocarme a continuación.

3) Examen de la culpa del gerente de la sociedad de responsabilidad limitada a la luz de la normativa societaria aplicable.

3.1) La queja central del defensor oficial apelante transita la idea de que el Sr.Juez de grado no habría valorado correctamente el hecho -determinante, en entender del recurrente- de que la sindicatura actora no logró acreditar la participación y conducta (sea ésta dolosa o culposa) del accionado en el ilícito enrostrado, por lo que -consiguientemente- cabía liberarlo de toda responsabilidad en la faz societaria, máxime al haberse demostrado que no fue Nisenbaunn quien suscribió los cartulares impagos.

Cierto es que, conforme a lo dictaminado por el perito calígrafo, “las firmas plasmadas” en los cheques impagos “no surgen del mismo puño escritor de Néstor Rául Nisenbaunn” (véase fs. 324).

Mas ello -adelanto- de modo alguno desmerece los argumentos centrales evaluados por el magistrado de grado para arribar a la solución ahora atacada, particularmente el relativo a que el accionado se desentendió del destino de los cartulares cuya firma fuera falsificada, al no haber efectuado siquiera denuncia de pérdida, sustracción o extravío de la chequera.

Me explico.

Está fuera de discusión que el demandado no sólo era socio de la entidad fallida (véase contrato constitutivo de la S.R.L., en fs. 29), sino que también revestía -en lo que aquí interesa- la condición de administrador (gerente) y representante del ente (véase contrato constitutivo, cláusula quinta, fs. 30).

Es con motivo de tales roles que más allá de no haber intervenido -aparentemente- en la libranza de los cheques cuya falta de pago dio lugar a la declaración de quiebra de la sociedad por él representada, Nisembaunn debió, en todo caso, resguardar con el celo requerido a alguien investido de su condición, el talonario de la chequera que se encontraba bajo su guarda, a los fines de impedir la producción de ilícitos, tales como el vislumbrado en la especie (emisión y entrega de cuatro cheques con firma apócrifa). Incurrió, pues, en omisión -culposa, al menos- cuyas consecuencias jurídicas debe ahora afrontar.

Esa es, pues, la lectura que cabe efectuar de la norma rectora contenida en el art.59, LS, aplicada al caso, en cuanto establece que los administradores y representantes deben obrar con la dilige ncia de un buen hombre de negocios, señalando que los que faltaren a esta obligación son responsables, ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión (cfr. en sentido análogo, Sasot Betes- Sasot, “Sociedades Anónimas: el órgano de administración”, Ed. Abaco, Buenos Aires, 1980, p. 617)

Viene al caso recordar que al administrador/representante le alcanza, respecto de cualquiera de los tipos societarios que integre, una “obligación de medios”.

¿Qué implica, en lo que a la solución del caso respecta, dicha premisa?

La importancia de la clasificación de los deberes en “de medios” y “de resultado” reside en la determinación de la naturaleza subjetiva u objetiva del factor de atribución aplicable al deber de responder del deudor, cuestión trascendente a la hora de determinar las eximentes de responsabilidad (cfr., Bueres, Alberto J., “Responsabilidad contractual objetiva”, en Derecho de daños, Ed. Hammurabi, 2001, ps.76 y 77). Bajo esta visión, en las obligaciones de medios el fundamento de la responsabilidad es subjetivo, en tanto que en las obligaciones de resultado el criterio de atribución del deber de responder es objetivo.

Henri y Léon Mazeaud y André Tunc, recogieron tal distingo bajo la denominación de “obligaciones determinadas” (o de resultado), y “obligaciones generales de prudencia y negligencia” (o de medios), aclarando que en las primeras, el resultado es el objeto de la obligación, en tanto que en las segundas, el deudor sólo compromete su diligencia en la obtención de un resultado, pues las partes reconocen que su logro depende de circunstancias harto azarosas.

Ello así -señalan los referidos autores- en las “obligaciones generales de prudencia y negligencia” el objeto ya no es el resultado sino la “diligencia del deudor”. En su virtud, en este tipo de deberes -que constituye la excepción dentro del derecho común- la verificación del incumplimiento requiere un examen de la conducta del deudor, razón por la cual el acreedor se ve constreñido -según tales autores- a probar la culpa del obligado (ob. cit., p. 127 y ss).

Cierto es que la clasificación prealudida significó un avance en su época, mereciendo el beneplácito de gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia (cfr. Agoglia, María M. – Boragina, Juan C. – Meza, Jorge A., “Responsabilidad por incumplimiento contractual”, Buenos aires, Ed. Hammurabi, 2003, p. 52, nota 7), mas lo concreto es que mantuvo a la responsabilidad contractual dentro de un sistema netamente subjetivista: la culpabilidad como único factor de atribución de la responsabilidad. Culpa probada, en las obligaciones de medios; culpa presunta en las obligaciones de resultado.

Ahora bien:si alguna duda pudiese subyacer en torno a la valoración de la prueba efectuada por esta preopinante al considerar responsable al demandado por la grave omisión en la que incurrió, debo manifestar que la moderna doctrina ha avanzado en la línea argumental expuesta, al postular que, en las obligaciones de medios, el pago consiste en la prestación de una conducta diligente orientada a la obtención de la finalidad anhelada por el acreedor, aunque ello implique la frustración de la obtención del resultado (Bueres, Alberto J., “Responsabilidad contractual objetiva”, JA, 1989-II, 977; mismo autor, “Responsabilidad civil del escribano”, Ed. Hammurabi, 1984, Bs. As. p. 50). En este tipo de deber calificado existe un doble juego de intereses: uno primario, abastecido cuando el deudor aplica su celo y cuidados al cumplimiento del proyecto de conducta tendiente a obtener la finalidad del acreedor; otro, mediato (resultado), que es aleatorio porque su alcance no depende sólo de la conducta esmerada sino de la influencia de circunstancias inciertas, propias de la realidad en que se inserta la obligación (cfr. Bueres, Alberto J., “Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos”, Ed. Abaco, Bs. As., 1979, 2a ed. 1981, p. 132).

Por tal motivo, en los deberes de medios, el pago consiste en la prestación de un comportamiento razonablemente idóneo enderezado a la consecución del interés final, aunque éste, en definitiva, no llegue a concretarse en su materialidad (cfr. Agoglia, María M., ” Responsabilidad del proveedor informático”, RCyS, 2008, 696).

Bajo esa inteligencia, en la “obligación de medios”, caracterizada como un compromiso de diligencia orientada a la obtención del resultado, el incumplimiento se verifica cuando el deudor omite la prestación de la conducta debida. De este modo, la culpa -que puede ser conceptualizada como la omisión de la diligencia prestable- y el incumplimiento devienen inescindibles (cfr. Bustamante Alsina, Jorge H., “Prueba de la culpa”, LL, 89-886; Bueres, Alberto J., “Responsabilidad de las clínicas y establecimientos médicos”, ob. cit. p.154).

En virtud de lo aquí expuesto, es claro que el incumplimiento genera una responsabilidad subjetiva, donde el criterio legal de imputación es la culpa, aprehendida de conformidad con los arts. 512, 902 y 909 del Cód. Civil -receptados a su vez, con matices específicos por los arts. 59, 157 y 274, LS- por lo cual el deudor (en el caso: administrador/representante societario) puede eximirse mediante la prueba de su no culpa, vale decir, de su diligencia en el cumplimiento del plan de prestación.

3.2) Recapitulando: el accionado en su condición de integrante del órgano societario (gerencia), tenía como misión la de gestionar bienes e intereses que le eran ajenos, al pertenecerles a la sociedad a la cual también representaba.

En esa actividad de gestión/representación, y siempre efectuando el examen -tal como se adelantara- a la luz de la normativa societaria, invocada por la demandante al momento de fundar su acción (véase fs. 96) -y no las acciones falenciales que nacen con motivo de la quiebra (art. 173 y cc., LCQ), cuyos recaudos de procedencia, como es sabido, varían al exigirse, entre otros, la prueba del dolo, no requerida en la especie- los administradores societarios deben ser leales con la persona que les encarga la función de administrar sus intereses y obrar con la diligencia de un “buen hombre de negocios” (art. 59, LSC), cartabón -éste- anotado supra que debe apreciarse según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512, Cód. Civil) y la actuación presumible de un comerciante experto (art. 902, Cód. Civil). Cuando así no lo hiciere debe, pues, el administrador implicado responder por los daños y perjuicios ocasionados (art. 157, 274 y cc., LSC; cfr. Gagliardo, Mariano, “Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1981, ps.180 y ss.).

Con base en la conceptualización expuesta es nítido, en mi parecer, que, verificada la existencia del daño, sumado al hecho irrefutable de que los cheques pertenecían a la chequera emitida por Banco Río a nombre de ‘Granisem S.R.L.’, no le cabe al síndico probar la negligencia en el accionar del gerente de la fallida, al ser éste quien -por el contrario- debió acreditar la diligencia en su obrar. Lo que, tal como se adelantara, no hizo.

Conforme a lo anticipado, no sólo era Nisembaunn quien tenía dicha carga sobre su cabeza, sino también quien se hallaba en mejores condiciones para producir prueba a los fines de reafirmar su postura y eximirse de responsabilidad. Debe recordarse, a este respecto, que -aún en el mejor de los casos para el accionado, esto es, de apreciarse que éste carecía de la carga de probar su no culpa, conforme lo establecía la ya superada concepción decimonónica elaborada en torno al onus probandi en las obligaciones de medio- la carga de la prueba recae en el litigante que se encuentra en mejores condiciones de ofrecer y allegar los elementos de juicio que permitan elucidar las cuestiones controvertidas, lo que constituye una exigencia elemental de coherencia y “buena fe-lealtad” en el marco del proceso, que se expresa hoy en la doctrina de la denominada “carga dinámica de las pruebas” y cuya base normativa se encuentra en el art. 377, CPCCN (esta CNCom., esta Sala A, 14/04/2011, mi voto, in re: “Mac Frut S.A. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires”; idem, 02/06/2000, Sala C, in re “Suministra S.R.L. c/ Pulmic S.A.”; en igual sentido, Sala B, 14/02/2005, in re: “Palavecino, Mariela c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.s/amparo”, entre muchos otros).

En resumidas cuentas, la parte demandada no demostró que hubiese conservado y resguardado con el celo requerido los cartulares en cuestión, ni mucho menos justificó cómo salieron tales cheques de su órbita de custodia, más aún no habiendo arrimado al expediente denuncia por pérdida, hurto o extravío de tales cartulares, que hicieran las veces de eximentes de su responsabilidad.

Tal circunstancia, esto es, el incumplimiento no justificado de una de las diligencias centrales que le cabían en su rol de “buen hombre de negocios” (art. 59, LS)-, trae aparejada -lisa y llanamente- su perdición.

Es que la anomalía detectada no pudo pasar desapercibida por Nisenbaunn, sin incurrir en una ausencia de diligencia calificable como grave (arts. 157, 274 y 279, LS) en el ejercicio que le cabía como integrante de la gerencia.

En esa inteligencia, tengo dicho que una de las mayores muestras de culpa en la esfera societaria, es aquella que se manifiesta ” in non faciendo” (o “in ommitendo”), y desconocer la suerte de una chequera a cuya guarda -y cuidadosa administración- se estaba obligado, implica per se negligencia en el ejercicio del cargo, porque a los administradores se les paga para que sepan lo que acontece en la sociedad (cfr. esta CNCom., esta Sala A., 08/10/1997, mi voto, in re: “Elevar S.A. c/ Serer, Jorge A”, LL, 1999-B,123; véase también Rubio, Jesús, “Curso de Derecho de Sociedades por Acciones”, Madrid, 1964, p. 225, cit. por Martorell, Ernesto E., “Breves Estudios Societarios. La responsabilidad de los administradores sociales hoy”, LL, 1997-A, 824 – Responsabilidad Civil, Doctrinas Esenciales VI, 01/01/2007, p. 1067).

Precisamente, fue ese uno de los principales argumentos evaluados por el Sr.Magistrado de grado para definir la suerte del pleito -y que no fue controvertido de modo alguno en esta instancia-, al sostener que el demandado incumplió con su indelegable función, no sólo de resguardar el manejo de las chequeras, sino también de restituir los formularios a la entidad bancaria una vez cerrada la cuenta (hecho que tuvo lugar el 06/02/2001 -véase informe de fs. 238-, fecha incluso anterior al 10/03/2001, día en que se emitió el último de los cheques de pago diferido reclamados -véase copia de fs. 30-), lo cual llevaba al convencimiento que el desinterés y falta de diligencia evidenciada en la conducta de Nisembaunn justificaba la recepción de la acción entablada por la contraria.

Como corolario de lo hasta aquí explicitado, entiendo entonces que corresponde desestimar la queja bajo estudio y confirmar, por ende, la sentencia apelada en lo que a la atribución de responsabilidad del demandado respecta.

4) Especificación final en torno al monto de condena Esta preopinante no pasa por alto que el Sr. Juez de grado condenó al accionado a abonar el monto de U$S 76.225,53, con más intereses, calculados al 8% anual (cfr. esta CNCom., Sala E, 30/08/2006, in re: “Rocco Fornari, César c/ Guimil Moldes, Angélica”), importe -éste- correspondiente, en entender de dicho Magistrado, a la sumatoria de los cuatro cheques impagos.

No obstante, a poco que se examinen los cartulares de referencia, es dable constatar que fueron librados, no en dólares estadounidenses, sino en pesos (lo que incluso es reconocido por la accionante, quien, al contestar el traslado de la expresión de agravios manifestó que el demandado era “directamente responsable por la falta de pago de la suma de $76.225,53”, véase fs. 439).

Consiguientemente, y toda vez que en el ámbito probatorio la renuncia conciente a la verdad jurídica objetiva constituye una falta al deber fundamental del magistrado, cual es el de administrar justicia (véase esta CNCom., esta Sala A, 08/04/2014, in re: “Rubio, María Luz c.Rubio Gonzalo Javier”), corresponde a esta Alzada modificar la moneda de pago establecida en la anterior instancia, fijando que la suma de condena deberá ser pagada en pesos.

Por ende, el demandado deberá abonar a la quiebra actora el monto de pesos setenta y seis mil doscientos veinticinco c/53 cvs. ($ 76.225,53), con más intereses, calculados desde la fecha de mora de cada cartular, a la tasa activa cobrada por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días, que es la tasa usualmente aplicada en este fuero para obligaciones de naturaleza mercantil en situación de mora del obligado (conf. esta CNCom., en pleno, in re: “S.A, La Razón s/quiebra s/incidente de pago de los profesionales “, del 27/10/1994; conf. doctrina plenaria del fuero in re: “Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ revisión de plenario” , del 25/08/2003, JA 2003-IV- 567 y art. 623 Cód. Civil). Dicha tasa habrá de ser morigerada durante los años 2002 y 2003 hasta el tope del 36% anual por todo concepto, dado que las tasas de esos años aparecen distorsionadas por circunstancias ajenas a las variaciones propias del mercado bancario (conf. CNCom., esta Sala A, 28/12/2007, in re: “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Hierros Vázquez Soc. Colectiva y otros”).

III. – VEREDICTO

Por todo lo hasta aquí expuesto, y habiendo sido oída la Sra. Fiscal de Cámara, propongo -pues- al Acuerdo:

i) Desestimar el recurso de apelación examinado.

ii) Modificar la condena en lo atinente a la moneda de pago, así como la tasa de interés aplicable, por las razones y con los alcances vertidos en el considerando II.4, confirmándola en todo lo demás que decide y fue materia de agravio.

iii) Imponer las costas a cargo del apelante (cfr. art. 68,

CPCCN).

Así expido mi voto.

La Señora Juez de Cámara Dra.María Elsa Uzal, tomó la palabra y dijo:

1 . Coincido con la descripción de los hechos que formula mi distinguida colega preopinante, aunque debo discrepar con las conclusiones a las que arriba en su voto en cuanto a la solución de fondo y para establecer las razones de mi conclusión resulta necesario volver a precisar

ciertas circunstancias fácticas que me permitirán remarcar las diferencias de apreciación sobre la cuestión.

2. Observo que en el escrito de demanda, la sindicatura, a fs.96/9, promovió la acción social de responsabilidad societaria prevista por los arts. 276 y 278 L.S. contra el ex socio gerente y administrador de la empresa fallida enrostrándole que la operación de compraventa de productos fertilizantes realizada entre Granisem S.R.L. y la empresa Monsanto S.A.I.C., para saldar la cual se habrían librado cuatro cheques suscriptos por dicho gerente contra la cuenta corriente de la fallida, rechazados por cuenta cerrada con fondos insuficientes para el pago, representaba una conducta fraudulenta y deliberada de ese administrador, causante el decreto de quiebra. Le adjudicó como proceder doloso, la intención de defraudar al acreedor por haber librado los instrumentos de pago a sabiendas de que la cuenta respectiva estaba cerrada, extrajo de ello una atribución de la responsabilidad ilimitada y solidaria prevista en el art. 157 L.S., entendiendo ese obrar contrario a la conducta exigida por art. 59 del mismo cuerpo legal. En su conclusión de fs.98, sostuvo además que el gerente habría obrado con intención de dañar, “de hacerse de mercadería que luego posiblemente revendiera a nombre propio”, dado “que no fue acreditado con libros contables de la sociedad el ingreso de los fondos” y que ello habría dejado a la sociedad con una deuda “que la conduciría indudablemente a la quiebra”.

Acompañó los cheques rechazados y las facturas adjuntadas por Monsanto, en duplicados y sin intervención alguna de la deudora, sin recibo, ni remito de ningún tipo, tal como esa documentación fue allegada por Monsanto y verificada en autos.

Del trámite de la causa, me cabe señalar también que el demandado no pudo ser notificado personalmente, por lo cual se publicaron edictos -véase fs.183, 185,190/2 y 213/8 – y, a fs, 219 y 224/5 fue designado y aceptó el cargo el Defensor Oficial de Ausentes quien lo representó en adelante. Este funcionario negó pormenorizadamente todos los hechos que se atribuían a su defendido, la firma de los cheques que se le adjudicaban y las maniobras consiguientes y pidió la apertura a prueba, remitiéndose a la ya ofrecida, oponiéndose a la confesional.

Abierta la causa a prueba, a fs.292/324, se produjo la peritación caligráfica que ofreciera la sindicatura sobre todas las firmas del ex-gerente -véase lo pedido a fs. 240- ello arrojó como resultado, contrariamente a lo sostenido, que “las firmas plasmadas en los cheques de fs.15/8, no surgen de mismo puño escritor de Néstor Raúl Nisenbaunn” -véase fs. 324-.

Luego de ello, a fs.351/2, el Defensor Oficial alegó rebatiendo los presupuestos de la demanda con la prueba producida, sosteniendo la falta de acreditación de los hechos y conductas deliberadas atribuidos y solicitando el rechazo de la demanda.

Llamada la causa para dictar sentencia, el a quo entendió que pese a la prueba producida, que niega autoría del demandado en las firmas de los cheques, de todos modos, habría culpa in vigilando del administrador pues, desatendió la guarda de los formularios, no devolvió las chequeras al banco una vez cerrada la cuenta o, en todo caso, no pidió la cancelación de los títulos, ni hizo denuncia policial. Dedujo que ello importaba una omisión de dirección y control, una falta de resguardo de los bienes sociales y que por lo tanto resultaba responsable y debía resarcir a la quiebra por el valor en dólares de dichos cheques -único crédito verificado-.

El Sr. Defensor Oficial recurrió la sentencia y a fs. 433/5, la rebatió invocando la marcada orfandad probatoria que media en la causa para concluir como se hace en la sentencia. Señaló que el juzgador había procedido a operar una indebida inversión de la carga de la prueba y fundó la procedencia de la revocación de esa decisión.

3. A esta altura estimo pertinente también, efectuar un breve encuadramiento del tratamiento legal que nuestro ordenamiento dispensa a la cuestión de la responsabilidad de los administradores.

Se ha dicho que el tema de la responsabilidad de los directores y gerentes es, ciertamente, uno de los más difíciles y complicados del derecho de las sociedades, por las consecuencias que las desviaciones de los administradores pueden tener para con la sociedad, accionistas y terceros y que, por ello, debe subrayarse la necesidad de solucionar estas cuestiones de manera equitativa, de modo que se contemple debidamente el interés de todos, inclusive el de estos mismos agentes.La figura ha llevado a sostener como válida la tesitura de que la responsabilidad del director frente a la sociedad es de base contractual y que, en cambio, la falta del administrador, en ese carácter, importaría una responsabilidad de base extracontractual frente a terceros y que, en todos estos casos, cabría la reparación del daño causado por el proceder anti-normativo en el que el administrador incurra; también se ha sostenido, que se impondría una sistematización de los posibles perjudicados: la sociedad, sus acreedores, los accionistas u otras personas (confr. Gagliardo, M., “Responsabilidad de los Directores de Sociedades Anónimas”, Ed. Lexis Nexis – Abeledo Perrot, Buenos Aires 2004, T° II, págs. 890/2).

En punto a la responsabilidad de los órganos sociales, concretamente en el ámbito de las sociedades de responsabilidad limitada, el art. 157 de la ley l9550 dispone que “los gerentes serán responsables individual o solidariamente, según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidas en el contrato”, que “si una pluralidad de gerentes participaron en los mismos hechos g eneradores de responsabilidad, el Juez puede fijar la parte que a cada uno corresponde en la reparación de los perjuicios, atendiendo a su actuación personal” y que “son de aplicación las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores”, en particular, cuando la gerencia fuere colegiada. Ergo, es clara la LSC, cuando en sus arts. 271 a 278, responsabiliza a los gerentes ante la sociedad y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, con igual extensión y forma que la impuesta a los directores (véase en esta línea: Verón, “Sociedades Comerciales”, ed. Astrea, Buenos Aires 1944, T° 4, pág.264).

La sola lectura de estas últimas disposiciones exhibe una descripción típica de conductas reprochables y de las acciones legales -como la que nos ocupa- que caben contra ellas y se desprende de esa descripción, que para que la responsabilidad opere es, esencialmente necesaria, la existencia real de culpa por parte del administrador (p.ej., falta de gestión, infracciones a las prescripciones legales o estatutarias, la comisión de delitos o cuasidelitos).

En esta línea, concluye el art. 274 enmarcando dentro del mal desempeño, cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Esta culpa puede ser in commitendo, cuando se ejecutan decisiones que violan disposiciones legales o estatutarias; in negligendo, cuando no se cumple con las obligaciones que emanan de la ley, el estatuto o las relaciones asamblearias e in vigilando, cuando se admite que se cometan faltas, descuidos o inobservancias de funciones en perjuicio de la sociedad (los administradores de la sociedad que omiten ejercer sus funciones en la gestión social no están exentos de la culpa “in vigilando”). Mas en cualquiera de estos supuestos, se reitera, debe tratarse de culpa grave, pudiéndose afirmar que la responsabilidad del director no empieza allí donde termina su diligencia, sino donde comienza su culpa o malicia, traducida en la voluntad consciente de causar un daño a sabiendas, o en descuido injustificado o negligente de sus obligaciones como “buen hombre de negocios”. En esta línea de ideas, debo remarcarlo, se ha señalado que no existe norma genérica de responsabilidad sin culpa que se oponga a este principio (Verón, “Tratado de los Conflictos Societarios”, Parte II, Buenos Aires, la Ley 2007, pág. 315/316).

La atribución del mal desempeño del cargo con la ya señalada responsabilidad ilimitada y solidaria propia de los directores hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, de acuerdo con el criterio del art.59 de la LSC recae pues, en quien no ha obrado con la lealtad ni con la diligencia de un buen hombre de negocios, así como en quien ha violado la ley, el estatuto o el reglamento o ha producido cualquier otro daño por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Sin embargo, la imputación de responsabilidad debe hacerse atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal. (Verón, ob cit. “Tratado.” pág. 656).

Se ha dicho en esta línea e interpretando esta normativa, que el ordenamiento societario acepta como válidas las referencias que sobre los factores de atribución de responsabilidad adopta el Código Civil y que, en tal sentido, el art. 59 de la ley 19.550, al establecer como pauta de apreciación de la diligencia exigible al administrador de una sociedad el deber de obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios” impone como regla de medida de la inobservancia de la conducta debida por el representante de la sociedad, una integración conceptual de aquella norma con los arts. 512 y 902 del Código Civil que tornan exigible la culpa. Halperín también considera que cualquier daño causado por dolo, abuso de facultades o culpa grave, está claramente incluido en las causales enunciadas en el art. 59 y en las establecidas en las previsiones del art. 274 LS. La enumeración que formula el art. 274 queda subsumida pues, ya en el ámbito de la responsabilidad contractual, ya en el de la responsabilidad extracontractual, según los hechos imputados, motivo por el cual, en cada caso, deberá analizarse la conducta o el ilícito en cuestión (Véase: Gagliardo M., ob. cit., T.II, págs.905/6; Halperín Isaac, “Sociedades Anónimas”, pág.455.).

Respecto a los conocimientos requeridos por el señalado standard legal para caracterizar el “obrar del buen hombre de negocios”, se ha dicho, que supone un nivel de exigencia o selección que consiste en el modelo o tipo de conducta de un experto incorporado al órgano de administración, en cuanto a su habilidad técnica (Gagliardo M., ob. cit., T. II, pág. 910), sin embargo, estimo que ese parámetro interpretativo, que marca una tendencia a la calificación de las funciones acorde con el obrar personal e individual del administrador, debe ajustarse tomando en consideración también, a la índole y envergadura de la empresa de que se trata y de las características propias de su objeto social. No obstante y bajo toda óptica de apreciación, la culpa grave como factor de imputabilidad de los presupuestos de la responsabilidad ilimitada y solidaria que se pretende atribuir, es una nota esencial en nuestro régimen societario, por lo que se impone pues, una hipótesis de responsabilidad unipersonal e individual de carácter subjetivo que exige la autoría material y moral con motivo de un acto anti-normativo realizado por el administrador que debe atender a la relación causal y a la imputabilidad en la producción de un daño como consecuencia.

En esta línea de ideas, comparto como regla de apreciación que debe mediar una rigurosa interpretación de la responsabilidad en todo aquello que importe violación de la ley, estatuto o reglamento, o que constituya una violación al deber de lealtad con aprovechamiento de la posición gerencial o de información reservada.

En consecuencia, el deber de cuidado o la debida diligencia deben ser analizados atendiendo a las características de cada caso particular, a la dimensión y objeto de la sociedad y las funciones y condiciones personales de los directores con apartamiento de un molde abstracto, rígido y ejemplar del director.Es necesario pues, la ejecución de actos u omisiones a sabiendas, un proceder consciente para ocasionar un perjuicio, intención de dañar, dolo o culpa grave en el proceder, acción o actividad del presunto responsable, extensible a la reticencia, afirmación falsa, afirmación incompleta o dolo omisivo. El abuso de facultades, que no implica otra cosa que el abuso de derecho contemplado en el ordenamiento civil, debe ir acompañado de alguna de las formas de culpabilidad, de responsabilidad por culpa subjetiva que la ley prevé o bien, cumplir con los presupuestos del acto ilícito (delito), para calificar la responsabilidad del incumplidor a los fines que aquí interesan.

En efecto, es necesario que junto al dato objetivo del abuso aparezca una determinada situación subjetiva referible a alguna de las categorías de culpa o dolo requeridas. El abuso es sólo una modalidad de la acción a la que es atribuible la calificación de ilicitud, pero no una forma de culpabilidad, ésta exige la justificación de un daño causado a otro.

Se ha dicho, que un hombre de negocios maneja un capital o un patrimonio con la intención de obtener de él una ganancia en cierto modo ilimitada y por lo tanto debe necesariamente adoptar decisiones que pueden implicar un cierto riesgo de perderlo, ya que la magnitud de esa ganancia, a veces, depende del peligro asumido en la negociación. De este modo al incorporar la pauta del buen hombre de negocios la ley ha tenido una doble intención: por un lado, permitir que a los administradores se los juzgue en el contexto real en el que les toca actuar. Es decir, haciendo lo que un normal comerciante hubiera hecho, de buena fe, llevando a cabo activamente su gestión administrativa y adoptando sus decisiones sociales como si lo que estuviera invirtiendo fuera su propio capital o patrimonio, pues se entiende que siendo así no habrá de involucrarse en operaciones muy riesgosas que lo pongan en peligro de perderlo todo.La pauta legal ha de servir a los jueces cuando éstos tengan que juzgar la actuación de aquellos administradores a quienes se les impute un perjuicio a la sociedad o a un tercero, derivado de un mal o negligente manejo de los negocios sociales o de un exceso de riesgos asumidos con el capital que les ha sido confiado o del incumplimiento de la ley de sociedades. Esto último nos indica que también incurre en responsabilidad como administrador quien deja de hacer lo que las circunstancias exigían, cuando de tal negligencia hubiesen resultado perjuicios para la sociedad. No obstante, estimo claro que de la existencia de la declaración de falencia de una sociedad no cabe extraer, mecánicamente, la responsabilidad ilimitada y solidaria de sus administradores en los términos que aquí resultan de aplicación.

En efecto, hay que acreditar que ha existido culpa y será menester considerar las circunstancias en cada caso concreto o probar el dolo o culpa grave con que se ha actuado. Se ha observado que en el ordenamiento legal societario los malos resultados obtenidos por los administradores en su gestión suelen constituir per se el antecedente necesario para que sean responsabilizados por los perjuicios que la sociedad sufra durante ese período, pero deberá probarse cómo ha incidido la conducta culposa o negligente de cada administrador en las consecuencias dañosas a los intereses sociales. De no acreditarse -conforme las pautas del art. 512 del Cód. Civ.- una conducta culposa o negligente o violatoria de la ley o del estatuto, no cabrá adoptar ninguna sanción contra los administradores sólo porque fracasaron en su gestión. Por lo tanto podemos concluir en que nuestro sistema societario ha impuesto un sistema de responsabilidad subjetiva (véase: Vanasco C.A., “Sociedades Comerciales”, ed.Astrea, Buenos Aires 2006, T° 1, pág.215/219).

También se ha debatido en doctrin a si la base de la responsabilidad que aquí nos ocupa reposa en el cumplimiento de obligaciones de resultado o de medio, pues es clara la importancia de la distinción en lo atinente a la carga de la prueba. Sustancialmente, se ha señalado que la obligación de resultado consiste en el compromiso asumido por el deudor de conseguir un objetivo determinado, mientras que en las obligaciones de medios el deudor no asegura el logro aguardado por el acreedor, sino que sólo se obliga a poner de su parte los medios aptos para tal cometido. Si la índole de la prestación fuere de resultado, la presunción de culpa tendrá vigencia; por el contrario, si es de medios y se reclama por la obtención del fin esperado, habrá que ponderar la conducta del deudor para establecer si puede reconocerse al acreedor derecho a la reparación.

4.En la especie, descartada la autoría de las firmas de los cuatro cheques en que se sustentaron las acusaciones de la demanda, en la sentencia se enrostró y en definitiva, se condenó, por una omisión negligente en la custodia de las chequeras de las que provinieran los cartulares que dieron origen a la declaración de falencia, construida “a posteriori”, a mi entender, con base en meras presunciones de conductas culposas.

Señalo por una parte, y esto lo estimo dirimente, que esa imputación concreta no fue formulada al tiempo de la demanda, con lo que no integró el marco acusatorio de modo que se hiciese posible una defensa sobre las puntuales conductas que se refieren y señalo, por otro lado, que

ese encuadramiento presuncional, claramente, importó atribuir una genérica y potencial omisión de cumplir con una obligación de medios en la correcta custodia de ciertos instrumentos de pago prescindiendo de una imputación fáctica circunstanciada oportunamente, de modo preciso y con debida atribución de un nexo causal, extremo que, en una comprensión corriente, debió exigirse o imponerse a la sindicatura accionante en este caso, como prueba en juicio del incumplimiento y de la culpa que concretamente se adjudica al demandado.

En las obligaciones de medios existe un criterio de exactitud en el cumplimiento propio exigible (la diligencia, técnica o no), inherente al contenido de la prestación, que permite establecer cuándo hay o no cumplimiento y la carga de la prueba implica estar a las consecuencias de que la prueba se produzca, de allí, que se haya dicho que “se trata de probar o sucumbir”(véase:Alterini- López Cabana “La carga de la prueba en las obligaciones de medio” LL 1989-B-942). Así pues, sobre quien alega la existencia del incumplimiento de una o más obligaciones, dolo o culpa grave pesa la carga de la prueba y si el demandado reconoce la vigencia de la relación pero afirma que el cumplimiento no le es imputable o que se encuentra liberado, deberá demostrar los hechos en que se funda.

En el marco de imputación de la demanda, de la prueba producida en autos surgió evidente, que el pilar sobre el que se sustentara la demanda cayó, con el resultado adverso de la prueba pericial, pues ésta no permitió atribuir a la autoría del administrador demandado las firmas de los cheques que serían la prueba de la maniobra fraudulenta que se le atribuye.

Tampoco la documentación aportada por el acreedor Monsanto a su pedido de verificación demuestra que la mercadería haya sido efectivamente recibida por la fallida o por su administrador y los libros de la empresa no fueron hallados ni examinados -véase fs. 2-, con lo cual la supuesta maniobra defraudatoria y la falta de ingreso de las mercaderías en el activo social para la utilización posterior y venta en beneficio propio, que se imputó en la demanda al accionado, no pasó de ser una mera conjetura. Sin embargo, ante el nuevo escenario fáctico que estableció en autos la prueba producida, el a quo, optó por obviar las consecuencias de esa prueba y por condenar al demandado, atribuyéndole, genéricamente, una conducta que no le fue enrostrada derechamente en la demanda, careciendo de imputación de hechos concreta y circunstanciada, solo infiriendo, para condenar, supuestas omisiones que entiendo que alteran las bases de la responsabilidad subjetiva por falta grave que es, cuanto menos, el presupuesto normativo de la fuente de imputación legal.

Es por todo ello, que estimo que debe concluirse de modo adverso al fallo que se examina.

En este marco, estimo que el recurso del Defensor Oficial, debe ser acogido y que la demanda debe ser rechazada.

5.Las costas.

No obstante las conclusiones precedentes, estimo que la funcionaria sindical, al tiempo de promover la demanda y de modo previo a la prueba producida, pudo creerse con derecho a articular como lo hizo, por lo que estimo razonable proponer que se impongan las costas de primera instancia por su orden al amparo del art. 68, 2° párr. CPCCN.

Respecto de las costas de alzada y en el nuevo escenario de hecho, sin embargo, estimo claro que no cabe la misma presunción, por lo que considero que debe observarse el principio de la derrota y las costas deberán ser impuestas a la quiebra (art. 68, primer párrafo CPCCN).

He aquí mi voto.

El Señor Juez de Cámara Dr. Alfredo A. Kolliker Frers, dijo:

Coincido con mi distinguida colega la Dra. Uzal en cuanto a la naturaleza esencialmente subjetiva de la responsabilidad de los administradores societarios, en el sentido de que para que ella opere resulta estrictamente necesaria la existencia real de culpa del administrador, conforme se infiere del régimen consagrado por los arts. 59 y 274 LSC, al que remite el art. 157 del mismo cuerpo legal al contemplar la responsabilidad de los “gerentes” en las sociedades de responsabilidad limitada, régimen según el cual es exigible al administrador obrar con la diligencia de un “buen hombre de negocios”, de manera de tener que responder frente a la sociedad y los terceros por todo acto obrado mediante una conducta culposa o negligente que implique una violación a dicho “standard” de comportamiento. Mucho más, obviamente, cuando la infracción a este último resulta atribuible a dolo o culpa grave.

No obstante ello, a diferencia de lo que acaece cuando lo que se promueve es la acción concursal de responsabilidad, donde en principio resulta exigible la concurrencia de dolo para la procedencia de la acción (LCQ:173), en las acciones de responsabilidad societaria regulada por los arts.276 y 278 LSC, como la de la especie, basta la conducta culposa del agente para que se vea configurada la responsabilidad.

Es verdad que en autos no pudo ser comprobada la hipótesis de comportamiento fraudulento atribuida al accionado, ya que la pericial caligráfica demostró que la grafía inserta en los cheques entregados en pago de la compra de agroquímicos por parte de la fallida no era atribuible al accionado Nisembaunn. Sin embargo, coincido con la Dra. Míguez en que esta circunstancia no libera de culpa a este último, a quien, en su condición de gerente de la sociedad, le era exigible la custodia de las chequeras emitidas a nombre de ella. Con mayor razón aun si, más allá de la autoría de las grafías estampadas en los cheques en cuestión, lo cierto es que la acreencia en virtud de la cual fueron supuestamente entregados esos cheques fue finalmente verificada en el procedimiento falencial dentro del pasivo de la sociedad quebrada.

Es verdad que, como con agudeza lo señala la Dra. Uzal, no fue ésta la concreta imputación en que fuera sustentada la acción por parte de la sindicatura, quien atribuyó al accionado un proceder fraudulento que a la postre no quedó acreditado. Pero, por encima de ello, nada obsta a que el órgano jurisdiccional recalifique jurídicamente la pretensión mediante la aplicación de la regla del iuria novit curia, encuadrando la conducta del accionado como culposa o negligente, fundando en esta circunstancia la procedencia de la acción.

Con estas precisiones, adhiero entonces al voto de la Dra.Míguez.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores:

Alfredo Arturo Kolliker Frers Isabel Míguez María Elsa Uzal (en disidencia) Jorge Ariel Cardama Prosecretario de Cámara

Buenos Aires, diciembre 11 de 2014.

VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve:

i) Desestimar el recurso de apelación examinado.

ii) Modificar la condena en lo atinente a la moneda de pago, así como la tasa de interés aplicable, por las razones y con los alcances vertidos en el considerando II.4 del voto de la Dra. Míguez, confirmándola en todo lo demás que decide y fue materia de agravio.

üi) Imponer las costas a cargo del apelante (cfr. art. 68, CPCCN).

iv) Notifíquese a las partes, al Sr. Fiscal General y al Defensor Oficial en su despacho. Fecho, devuélvase a primera instancia.

v) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1° de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

Alfredo Arturo Kolliker Frers.

Isabel Míguez

María Elsa Uzal (en disidencia).

Ante mí: Jorge Ariel Cardama.

Es copia del original que corre a fs. 449/464 de los autos de la materia.

Jorge Ariel Cardama – Prosecretario de Cámara

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s