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No puede equipararse a un «simple postulante» al trabajador que ejerció por dos meses funciones sindicales aun habiendo sido luego destituido.

Pesos argentinos 2Partes: Juarez Guillermo Enrique c/ Pintar Santiago S.R.L. y/u otro s/ diferencia de jornales, etc. – casación laboral Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero Sala/Juzgado: Criminal, Laboral y Minas Fecha: 12-dic-2014 Cita: MJ-JU-M-90967-AR | MJJ90967 | MJJ90967 Con base en la Ley de Asociaciones Sindicales, corresponde abonar salarios caídos al trabajador electo representante gremial que luego de 2 meses fuera destituido por asamblea, pues no es equiparable a un «simple postulante». Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al reclamo de los haberes caídos durante el período de estabilidad gremial, pues el trabajador electo representante sindical ejerció efectivamente el cargo y función para el que había sido electo, sin que su posterior destitución pueda ser entendida ni equiparada a la situación del trabajador postulado para un cargo de representación sindical no electo, prevista en el art. 50 de la Ley 23551 .

2.-Acreditada la designación del trabajador para un cargo gremial y la comunicación al empleador, la oposición a la validez de su elección debe ser inmediata a la notificación del resultado del acto comicial, resultando tardía la impugnación en el responde del juicio iniciado por el trabajador.

3.-De las actuaciones obrantes en el expediente no surge que la designación del trabajador candidato a representante sindical y su posterior elección haya sido impugnada por el empleador, por lo que en aras del principio de buena fe, ese silencio operó de modo preclusivo, resultando tardía y por ello improcedente que el empleador invocara alguna inhabilidad en cualquier momento. Fallo: En la Ciudad de Santiago del Estero, a los doce días del mes de diciembre de dos mil catorce, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada en estos autos por el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, como Presidente, y los Dres. Gustavo Adolfo Herrera y Armando Lionel Suárez, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Sebastián Diego Argibay y Raúl Alberto Juárez Carol, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel Mercedes Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 190/195 del Expte. Nº 18.066 – Año 2013 – caratulado: «Juarez Guillermo Enrique c/ Pintar Santiago S.R.L. y/u otro s/ Diferencia de Jornales, etc. – Casación Laboral». Establecido el orden de pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Gustavo Adolfo Herrera, y en segundo y tercer lugar, los Dres. Raúl Armando Lionel Suárez y Eduardo José Ramón Llugdar respectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Raúl Alberto Juárez Carol y Sebastián Diego Argibay.

El Sr. Vocal, Dr. Gustavo Adolfo Herrera dijo:

Y Vistos:

El recurso de casación interpuesto a fs. 196/197 por el actor contra la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo de 2da Nominación, de fecha veinticinco de septiembre de 2013, cuya copia certificada obra a fs. 190/195.

Y Considerando:

I) Que el recurrente se agravia de la decisión del A-quo de rechazar la apelación y en su mérito confirmar la resolución de primera instancia en el punto que rechaza la demanda por haberes caídos por estabilidad gremial.Denuncia errónea aplicación del derecho, en particular de los preceptos normativos contenidos en los arts 47 a 52 de la ley 23.55l.En fundamento a ello sostiene que el A-quo de modo absurdo y antojadizo ha fijado el plazo de seis meses de estabilidad del representante sindical a partir de la finalización del respectivo mandato, cuando la mencionada norma sindical establece en el art. 48 el plazo de un año.

Sostiene que el actor cumplió efectivamente su función por lo que el plazo de estabilidad es el previsto en el dispositivo legal referido a partir de la fecha en que dejó de cumplirla, esto es, a partir del 18 de mayo de 2009.Pide que se tengan por cumplidos los requisitos de ley para la interposición de la casación y que se eleven las actuaciones por ante este Alto Tribunal.

II) A fs. 207/208 el Sr. Fiscal General se pronuncia por la procedencia del recurso. Considera que en autos «ha quedado debidamente demostrado que conforme la normativa citada -arts 47 al 52 de la Ley 23.551- que el accionante efectivamente asumió como delegado gremial, habiendo ejercido su cargo durante el plazo de 2 meses y que si bien fue destituido por asamblea del mismo, la situación mencionada de manera alguna puede ser equiparada a la de un postulante» Señala además que de las constancias de la causa no surge que el acto eleccionario en el que se designara al actor haya sido declarado nulo, por lo cual la destitución del mismo aunque no haya cumplido todo su mandato no puede ser equiparada a la del simple postulante.

III) Que atento a lo dispuesto por el Código Procesal Laboral Ley 7.049, de aplicación a los procesos en curso al momento de su entrada en vigencia (art. 206 Ley 7049), corresponde en este estadio procesal expedirse en primer término sobre la admisibilidad formal de la casación bajo estudio (art. 193 Ley 7049). —————

En dicha tarea, y advirtiendo que de las constancias de la causa, el recurso extraordinario ha sido deducido en el plazo fijado a tal fin (art. 185 CPL), contra sentencia definitiva fs. 190/195 y de modo fundamentado (art.186 CPL), debe este Alto Cuerpo tener por superado dicho estadio procesal, quedando de este modo habilitado el tratamiento de los agravios que sustentan la casación.

Que en función de ello, cabe recordar que este Tribunal viene señalando, que resulta esencial el cumplimiento por parte del recurrente de una cabal demostración de la violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que denuncia del fallo impugnado, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia, especialmente teniendo en cuenta que estamos frente a una vía extraordinaria y por ende limitada y restringida como es la casación. Que la instancia casatoria tiene un ámbito restrictivo en cuanto a la posibilidad de revisión de pronunciamientos de mérito, ya que la valoración probatoria y la apreciación de los hechos escapan al control de la vía recursiva intentada por ser cuestiones privativas de los jueces de la causa, salvo que se invoque y demuestre perspícuamente absurdo o arbitrariedad. «Que, una de las características propias del recurso sub-examen y que la diferencia de otros medios de impugnación, es que la casación solo tiene viabilidad en el caso de que exista un motivo legal (o causal); por ende no es suficiente el simple interés -agravio- sino que se precisa que el defecto o error que se le imputa al decisorio recurrido esté expresamente tipificado -objetivado- por la ley (conf. Juan Carlos Hitters, en «Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación», 2da. edición, Ed. Librería Editora Platense SRL, p.213).

El carácter extraordinario de la vía casatoria y el criterio restrictivo con el que este Alto Cuerpo como tribunal del recurso revisa los pronunciamientos de mérito de los tribunales inferiores, se acentúa más aún a la luz de la nueva organización del fuero laboral dispuesta por la ley 7.049, la que implementara el sistema de la doble instancia, mediante la creación de las Cámaras de Apelaciones con competencia para entender en los recursos ordinarios de apelación que posibilitan la revisión amplia de las sentencias de primera instancia en lo que hace a aspectos fácticos del decisorio.

Quedan de ese modo en el ámbito de la casación sólo las impugnaciones de orden jurídico o las que denuncien, expongan y acrediten de modo acabado, que la resolución recurrida ha incurrido en evidente arbitrariedad, esto es, en quebrantamiento palmario de las leyes de la lógica, apartamiento de las constancias de autos y/o grosera desinterpretación material de alguna prueba con la consecuente denuncia de infracción a las normas que la rigen.

IV) En ese marco doctrinario y jurisprudencial, se advierte que el planteo central de la impugnación recae en el encuadramiento normativo realizado por el A-quo para confirmar la sentencia de primera instancia en el punto que entendió que la situación fáctica de autos debía enmarcarse en lo dispuesto por el art 50 de la ley 23.551 y no en el art.48 del mismo precepto legal, y que fuera invocado por el recurrente.

De modo que el motivo de impugnación recae puntualmente en un aspecto jurídico del pronunciamiento, por cuanto si bien la conclusión a la que arriba el Tribunal de segunda instancia sobre la norma a aplicar es consecuencia también de una valoración previa de cuestiones de naturaleza fáctica, el casacionista no cuestiona la fijación de los hechos, sino que a partir de ellos, se haya concluído en que correspondía aplicar una norma que -sostiene- no contempla la situación fáctica involucrada.

Siendo ese el marco dentro del cual se desarrollan los agravios, y de los fundamentos del decisorio objetado y constancias de la causa se concluye que asiste razón al recurrente en su queja atento que el trabajador electo representante sindical ejerció efectivamente el cargo y función para el que había sido electo, sin que su posterior destitución pueda ser entendida ni equiparada a la situación del trabajador postulado para un cargo de representación sindical no electo, prevista en el art. 50 de la ley 23551.

En efecto, de las actuaciones obrantes en el expediente no surge que la designación del trabajador candidato a representante sindical y su posterior elección haya sido impugnada por el empleador, lo cual en aras del principio de buena fé que debe presidir las relaciones individuales y las colectivas de trabajo, ese silencio o ausencia de una debida impugnación de modo inmediato o contemporáneo al conocimiento de la designación o de la elección según el caso, operó de modo preclusivo, resultando tardía y por ello improcedente que el empleador invocara alguna inhabilidad en cualquier momento, cual «as bajo la manga» (Conf.Machado- Ojeda «Tutela Sindical»Estabilidad del representante gremial- Edit Rubinzal Culzoni- Edic 2006- pag 194 y ss-) «Acreditada la designación del trabajador para un cargo gremial y la comunicación al empleador, la oposición a la validez de su elección debe ser inmediata a la notificación del resultado del acto comicial, resultando tardía la impugnación en el responde del juicio iniciado por el trabajador.» (SCJBA 16-3-93 Schvedt, Tomás E. C/ Tecnomecánica Darregueira S.A.»LL 1993-C-319- Fallo citado en obra citada sup- pag 464).

En consecuencia, cualquier observación formulada al acto en la que el trabajador fuera electo en la contestación de demanda, no pueden ser tenidas en cuenta por encontrarse precluidas, habiendo quedando en consecuencia fuera de la cuestión litigiosa la legalidad y legitimidad de la designación como candidato y elección del actor como representante sindical.

Partiendo de que la designación y elección del trabajador como representante gremial se llevó a cabo conforme a derecho, por cuanto no existen constancias de que habiendo tomado conocimiento el empleador de dicha circunstancia, haya formulado impugnación alguna, es preciso señalar que si bien su posterior destitución constituye un modo anormal de finalización del mandato, (al, no culminar por el vencimiento del período para el cual fue elegido), no lo priva del derecho a gozar del año adicional de tutela previsto en el art 48 de la L.A.S. y no puede ser equiparado a la s ituación del candidato vencido, contemplada en el art 50 del mismo cuerpo legal, aun cuando haya ejercido sus funciones por un tiempo exiguo.El año de protección se extiende a todos los supuestos de extinción del mandato.

En efecto, el mencionado precepto legal dispone expresamente que «Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos., tendrán derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el termino de un año a partir de la cesación de sus mandatos.». La expresión «cesación»- afirman Machado y Ojeda- no equivale necesariamente a «cumplimiento» del mismo, en tanto esta última sugiere que los plazos se han agotado. Ello permite establecer «que como regla, si el mandato se extingue por alguna otra vía que no sea el transcurso del tiempo para el que resultó conferido, la protección anual subsiste tomando como dies a quo la fecha en que se produjo el cese de la investidura representativa» (José D. Machado- Raúl H. Ojeda «Tutela Sindical -Estabilidad del representante gremial»- Edit Rubinzal Culzoni- Edic 2006- pag 202 y ss-). Los referidos autores, mencionan entre ellos al supuesto de revocación del mandato por cualquiera de los procedimientos habilitados a tal fin por el art 42 de la ley 23.551.

En esta causal -al igual que en otras- la protección anual se explica en la ultra actividad de la misma respecto del mandato intempestivamente extinguido a los efectos de evitar que el representante cuyo mandato cesara pueda ser objeto de represalias inmediatas con motivó de actuación en el marco de la conflictualidad colectiva.

Considerar que la protección del candidato electo -como es el caso- depende del tiempo que haya durado su mandato, es incorporar un condicionamiento o requisito no previsto por la ley para dicho supuesto (art. 48 LAS), sin que en el supuesto en que el mandato haya finalizado a escaso tiempo de asumir pueda ser equiparada a la situación del candidato no electo o vencido que goza de la protección por el plazo de 6 meses por aplicación del art. 50 de la referida ley nacional.Así lo explica Etala al afirmar que con este último precepto se busca resguardar de las posibles represalias patronales al postulante que ha perdido la elección, ya que el que resulta triunfante adquiere la protección del designado (Aut cit. Derecho Colectivo del Trabajo- de Astrea 2001, pag 223).

Conforme lo hasta aquí expuesto y por los fundamentos doctrinarios y legales desarrollados, el art. 48 de la Ley 23551 de Asociaciones Sindicales es de aplicación al candidato electo, cuyo mandato cesara en cualquier momento por revocación en los términos del art. 42 del mismo cuerpo legal.

En consecuencia, y siendo que en el caso, conforme las constancias de la causa, el actor revistió la calidad de candidato electo y que asumiera y ejerciera sus funciones hasta que fuera removido de su cargo, le correspondía el derecho a gozar de la garantía contra el despido arbitrario, por el plazo de un año a contar desde la fecha en que dicho mandato cesara, esto es, desde su revocación.

De modo que habiendo cesado el mandato del actor como representante gremial el 04 de mayo de 2009 conforme surge de la copia certificada de Telegrama ley 23.789 obrante a fs. 152, y que a partir de dicha fecha comenzara a correr el plazo de protección de un año contra el despido arbitrario de acuerdo a lo dispuesto por el art 48 de la Ley 23551, y que el mismo venciera el 04 de mayo de 2010, el despido sin invocación de causa del que se notificara el trabajador el 05/11/2009 (fs. 140) fue llevado a cabo vigente la mencionada garantía.

Debido a ello, resulta procedente el reclamo de los haberes caídos desde la fecha de extinción del vínculo laboral hasta el 04/5/2010 fecha en que se cumpliera el año de estabilidad posterior al cese del mandato (art 52 LAS).

V) En cuanto a los intereses a aplicarse sobre el rubro reclamado, deberán ser calculados desde que cada uno resulta exigible conforme el criterio sentado por este Superior Tribunal en «Expte.N° 15146-Año: 2004-Autos: Ruiz Huidobro Ramón H. c/ Telecom Stet France s/ Indemnización por Antigüedad, Etc.- Casación».

Por lo hasta aquí expuesto, y oído que fuere el Sr Fiscal General, Voto por: I) Hacer lugar al recurso de casación de fs. 196/197 deducido por el actor. En su merito II) Revocar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo de 2da Nominación, de fecha veinticinco de septiembre de 2013, cuya copia certificada obra a fs. 190/195. En consecuencia III) Hacer lugar al reclamo de los haberes caídos durante el periodo de estabilidad gremial en los términos del Considerando IV última parte de la presente, cuyo monto se calculará en la etapa procesal oportuna con más los intereses fijados en el Considerando V, debiendo el demandado abonar la respectiva suma en el plazo de veinte días de consentida o ejecutoriada que fuera la presente. IV) Con costas.

A estas mismas cuestiones, el Dr. Armando Lionel Suárez dijo: Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Gustavo Adolfo Herrera, emitiendo su voto en idéntico sentido.

A las mismas cuestiones, el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, dijo: Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Gustavo Adolfo Herrera votando en igual forma. Con lo que se dió por terminado el Acto, firmando los Sres. Vocales, por ante mí, que doy fe. No firma la presente el Dr. Armando L. Suarez por encontrarse imposibilitado de hacerlo por razones de salud, emitiendo su voto a efectos del Acuerdo en constancia que se agrega y conforme Acordada de fecha 04/12/2014.- Fdo: Gustavo Adolfo Herrera – Eduardo José Ramón Llugdar – Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar – Secretaria Judicial Autorizante – Es copia fiel del original, doy fe.

Santiago del Estero, doce de diciembre año dos mil catorce.

En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) Hacer lugar al recurso de casación de fs.196/197 deducido por el actor. En su merito II) Revocar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo de 2da Nominación, de fecha veinticinco de septiembre de 2013, cuya copia certificada obra a fs. 190/195. En consecuencia III) Hacer lugar al reclamo de los haberes caídos durante el periodo de estabilidad gremial en los términos del Considerando IV última parte de la presente, cuyo monto se calculará en la etapa procesal oportuna con más los intereses fijados en el Considerando V, debiendo el demandado abonar la respectiva suma en el plazo de veinte días de consentida o ejecutoriada que fuera la presente. IV) Con costas. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. No firma la presente el Dr. Armando L. Suarez por encontrarse imposibilitado de hacerlo por razones de salud, emitiendo su voto a efectos del Acuerdo en constancia que se agrega y conforme Acordada de fecha 04/12/2014.-

Fdo: Gustavo Adolfo Herrera

Eduardo José Ramón Llugdar

Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar

Secretaria Judicial Autorizante

Es copia fiel del original, doy fe.

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