Es competente la justicia ordinaria para dilucidar en la acción de amparo por daño ambiental y la pretensión cautelar de suspender el vuelco de efluentes líquidos al Río Paraná

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPartes: Asociación Civl Protección Ambiental del Río Paraná Control de Contaminación y Restauración del hábitat y o. c / ATANOR S.C.A. s/ amparo ambiental

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: de Feria

Fecha: 13-ene-2015

Cita: MJ-JU-M-91598-AR | MJJ91598 | MJJ91598

Es competente la justicia ordinaria para dilucidar en la acción de amparo por daño ambiental y la pretensión cautelar de suspender el vuelco de efluentes líquidos al Río Paraná.

Sumario:

1.-Es incompetente la justicia federal para entender en el amparo por daño ambiental de incidencia colectiva intentado, tendiente a lograr el cese y recomposición o indemnización sustitutiva contra la demandada solicitando además se dicte medida cautelar ordenando suspender el vuelco de efluentes líquidos al Río Paraná y el indebido uso de las aguas subterráneas hasta tanto se obtengan las habilitaciones administrativas necesarias y se adecue la actividad industrial a dichas habilitaciones, por encontrarse en riesgo y lesionado el derecho a la salud y a gozar de un ambiente sano y equilibrado de la ciudadanía en general.

2.-Corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido, porque sin bien la CN establece que le cabe a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser alteradas (art. 41 , tercer párrafo).

3.-Deben remitirse las actuaciones del amparo ambiental al juez competente que corresponda de la ciudad de San Nicolás no obstante la migración de los cursos de agua, siendo que el carácter interjurisdiccional del daño denunciado debe ser realizada con particular estrictez, en este estadio procesal, propicio el rechazo de los agravios de la recurrente y la confirmación del decisorio de primera instancia en cuanto ha declarado la incompetencia de la justicia federal para entender en la presente causa, debiendo remitirse las presentes actuaciones al juez competente que corresponda de la ciudad de San Nicolás.

Fallo:

Rosario, 13 de enero de 2015.

Visto, en Acuerdo de la Sala de Feria de la Cámara Federal, el expediente n° FRO 23597/2014 caratulado “Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná Control de Contaminación y Restauración del Habitat y otro c/ ATANOR S.C.A. s/ Amparo Ambiental”, (del Juzgado Federal n° 1 de la ciudad de San Nicolás), de los que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Federal Ad Hoc Dra. María Marta Poggio (fs. 141/142), y del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto y fundado por la parte actora (fs. 143/153), contra la resolución de fecha 27/11/2014, mediante la cual el juez a quo declaró la incompetencia de la justicia federal para entender en la presente causa (fs. 139/140).

Concedido los recurso de apelación (fs. 154), se elevaron los autos a la Alzada (fs. 157), se corrió vista al Fiscal General (fs. 158), quien se pronunció a favor de la competencia de la justicia federal (fs. 159). Habiéndose solicitado la habilitación de la feria judicial y concedida la misma, quedó la causa en estado de resolver (fs. 161).

El Dr. Edgardo Bello dijo:

1°) La Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná Control de Contaminación y Restauración del Hábitat y la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA), a través de su letrado patrocinante, interpone acción de amparo por daño ambiental de incidencia colectiva, cese y recomposición o indemnización sustitutiva contra la empresa ATANOR S.C.A.con domicilio en la ciudad de San Nicolás, solicitando además se dicte medida cautelar ordenando suspender el vuelco de efluentes líquidos al Río Paraná y el indebido uso de las aguas subterráneas hasta tanto se obtengan las habilitaciones administrativas necesarias y se adecue la actividad industrial a dichas habilitaciones, por encontrarse en riesgo y lesionado el derecho a la salud y a gozar de un ambiente sano y equilibrado de la ciudadanía en general.

Al demandar, la actora funda la competencia en que existe una afectación interjurisdiccional, siendo suficiente con que ella sea potencial.

Sostiene que el caso que motiva la presente acción de amparo involucra afectación de intereses interjurisdiccionales dado que se vierten al río Paraná, a través de los efluentes líquidos de ATANOR S.C.A., residuos industriales altamente contaminantes como son los que genera en su proceso productivo la empresa demandada. Este curso de agua -dice- baña las costas de varias provincias argentinas, llegando a la cuenca del Río de la Plata (limítrofe al Uruguay) y desembocando luego en el mar Argentino.

Sostiene que la fauna del río se ve seriamente afectada por los contaminantes, y que luego los peces en ese estado se introducen en la cadena alimenticia de potencial consumo humano lo que pone en riesgo la salud pública.

Agrega finalmente que es competente la justicia federal por cuanto quedan comprendidos en esta acción derechos de rango constitucional, leyes de la Nación y tratados internacionales en la materia que se incorporan al derecho interno y se constituyen así en normas de naturaleza federal.

2°) Corrida vista al Ministerio Público Fiscal sobre la competencia, el Fiscal Federal Dr. Matías Di Lello dictaminó que el acto atacado puede tener efecto en la ciudad de San Nicolás, por lo que en virtud de los dispuesto por el art.4 de la Ley de Amparo, es el juez federal de San Nicolás quien resulta competente para intervenir en la causa.

Con posterioridad a ello, y mediante resolución de fecha 27/11/2014, el magistrado a quo advirtió que en el caso no puede obviarse el curso natural del río en donde las aguas a la altura de San Nicolás descienden hacia la cuenca del Río de la Plata (todo ello en la Provincia de Buenos Aires), no habiéndose aportado ningún estudio que permita apreciar la posible contaminación en otra jurisdicción; como igualmente no se percibe que existan reclamos por el caso denunciados por vecinos de otras jurisdicciones; por lo que resolvió declarar la incompetencia del Juzgado Federal de San Nicolás para entender en las actuaciones.

3°) Al expresar agravios el Ministerio Público Fiscal argumenta que la resolución impugnada resulta prematura, pues no puede afirmarse en este estado del proceso la inexistencia de daño fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires.

Asevera que para saber si el daño ambiental produce la alteración de sistemas ambientales que se extiendan más allá de la provincia es necesario realizar una serie de pruebas, con lo cual y en el estado en que se encuentra la causa se hace imposible saber si la contaminación producida por dicha empresa estaría trasvasando fronteras provinciales, aún más, cuando el Río Paraná recorre diferentes provincias del país previo a su desembocadura en el Río de la Plata.

4°) Por su lado, la parte actora se queja en tanto explica que el Río Paraná, a la altura de San Nicolás, específicamente en la zona de la planta industrial de ATANOR S.C.A., la provincia de Buenos Aires comparte la jurisdicción con la provincia de Entre Ríos, y ese límite interprovincial se encuentra a mil quinientos metros de donde se vuelcan los efluentes contaminantes, y aguas abajo a la altura de la planta SIDERAR el límite con la provincia de Entre Ríos se hallaa solo ciento cincuenta metros, por lo que resulta difícil sostener que efluentes líquidos en la gran escala y contaminados que produciría ATANOR S.C.A. no afecten el ambiente acuático a distancias tan mínimas.

Manifiesta que las aguas que discurren por la profundidad del cauce también varían su dirección siguiendo la incidencia de la topografía del terreno. De esta forma, no transitan por una sola costa, sino -dice- que van alternando entre ambas (Entre Ríos – Buenos Aires), conforme lo hitos del suelo lo determinan.

Que el límite del Río Paraná entre ambas provincias se encuentra en el medio del río, circunstancia que tornaría imprecisa la afirmación de que la contaminación denunciada se encuentre siempre en la provincia de Buenos Aires.

Sostiene que al Río de la Plata le corresponde la jurisdicción nacional, además del carácter internacional que le da el dominio público que en su parte tiene la República Oriental del Uruguay.

Cita normativa que establece como límite entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires al canal de navegación del río, y no a alguno de sus brazos, siendo la cuenca en sí indivisible.

Asegura que se acompañaron estudios emitidos por un comité internacional de expertos en la materia, como son las “Fichas Internacionales de Seguridad Química”, que permiten presumir en esta etapa liminar la posible contaminación jurisdiccional.

Se agravia en tanto entiende que el juez a quo fundó su resolución en el precedente de la Corte Suprema “Altube, Fernanda Beatriz y otros c/ Buenos Aires, Provincia y otros s/ Amparo”, el cual -sostiene- no es aplicable al caso que motiva el amparo en cuestión, debido a que el fallo citado trata sobre hechos ocurridos en el Río Reconquista, que es un río que toda su jurisdicción pertenece a la provincia de Buenos Aires, ambas márgenes, y por tanto todo su cauce a una sola provincia.Explica que difiere esta situación del Río Paraná, cuya cuenca es interprovincial, internacional e indivisible.

Cita jurisprudencia del Máximo Tribunal en los que se resuelven cuestiones atinentes al Río Paraná, expidiéndose a favor de de la competencia federal, agregando que en la declaración de incompetencia decidida no se ha valorado adecuadamente el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

Concluye su exposición agraviándose de que el juez de grado haya ordenado el archivo de la causa, solicitando que de mantenerse la incompetencia decidida, se aplique el art. 4 del C.Pr.Civ.C.N., y se remita la causa al juez competente que corresponda.

5º) Con la reforma constitucional de 1994, la Argentina consagra expresamente la protección del medio ambiente. Así el Artículo 41 dispone que: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”

La Ley General del Ambiente 25.675 preve los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable; refiere a principios de la política ambiental, ordenamiento ambiental y evaluación de impacto ambiental.

En relación a la competencia judicial, el articulo 7º dispone que:”La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal.” Y el articulo 32 prevé que “La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. .”

6º) Por entender que resulta aplicable al caso en estudio, habré de remitirme a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Asociación de Abogados Ambientalistas c/ Provincia de Buenos Aires”, del 08/0 4/2008 (Fallos 331:699), litigio en el cual la Asociación de Abogados Ambientalistas demandó ante la Corte Suprema a la Provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional la recomposición y el saneamiento de la cuenca del Río Reconquista.

El Tribunal resolvió que la causa no era de la competencia originaria de la Corte Suprema sino propia de la justicia local.El estándar aplicado por la Corte fue el siguiente:

(a) La competencia originaria de la Corte Suprema en razón de la materia procede tan sólo cuando la acción entablada se basa directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, ley del Congreso o tratados de manera que la cuestión federal sea predominante en la causa pero no cuando se incluyen también temas de índole local y de competencia de los poderes locales como son los atinentes a la protección ambiental en la provincia afectada.

(b) Corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido, porque sin bien la Constitución Nacional establece que le cabe a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”, reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser alteradas (art. 41, tercer párrafo).

(c) A los fines del examen de la determinación de la naturaleza federal del pleito la comprobación del carácter interjurisdiccional del daño denunciado debe ser realizada con particular estrictez de acuerdo con la excepcionalidad del fuero federal, de manera tal que si no se verifican los supuestos que la determinan, el conocimiento del proceso corresponde a la justicia local, toda vez que la aplicación de ese principio de estrictez es insoslayable frente a la competencia prevista en el art.117 de la Constitución Nacional, en la medida en que resulta exclusiva y no puede ser ampliada por persona o poder alguno.

(d) Es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la demanda de recomposición y saneamiento de la cuenca del Río Reconquista iniciada contra la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, pues, toda su extensión está ubicada en territorio provincial y la contaminación denunciada, atribuida a vuelcos orgánicos e inorgánicos, industriales y domiciliarios, de la zona que recorre su cauce, también encontraría allí su origen, no siendo datos suficientes para acreditar la interjurisdiccionalidad invocada la indiscutible migración de los cursos de agua, y de elementos integrados a ella como consecuencia de la acción antrópica.

(e) El eventual ejercicio por parte de la Nación de facultades relacionadas con el medio ambiente, sustentadas en la responsabilidad general en orden a la obligación de evitar que se causen daños ecológicos, no resulta suficiente para atribuirle el carácter que se pretende, ya que su responsabilidad de carácter general al respecto, no permite involucrarla a tal extremo, de manera obligada, en las consecuencias dañosas que se produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención.

Seguidamente se reproduce un extracto del citado fallo:

“.1º) .se presenta la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, e inicia demanda de recomposición y saneamiento de la cuenca del Río Reconquista contra la Provincia de Buenos Aires y contra el Estado Nacional.Solicita asimismo la citación como tercero obligado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Describe la extensión del Río Reconquista, los municipios que recorre y señala que su cuenca limita al noroeste con la cuenca del Río Luján, al sudoeste con la porción media y superior de la cuenca Matanza – Riachuelo, al este con el límite del área de arroyos entubados y al nordeste con el Río Luján y la zona de su desembocadura con el Río de la Plata.

. 7º) Que el hecho de que la demandante sostenga que la presente causa concierne a normas de naturaleza federal, o que invoque la responsabilidad del Estado Nacional en la tutela y cumplimiento del “Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo”, no funda per se la competencia originaria del Tribunal en razón de la materia, pues esta jurisdicción procede tan sólo cuando la acción entablada se basa “directa y exclusivamente” en prescripciones constitucionales de carácter nacional, ley del congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea predominante en la causa (Fallos: 97:177; 183:160; 271:244 y sus citas), pero no cuando, como sucede en el caso, se incluyen también temas de índole local y de competencia de los poderes locales (Fallos: 240:210; 249:165; 259:343; 277:365; 291:232), como son los atinentes a la protección ambiental en la provincia afectada (Fallos: 318:992).

8º) Que más allá de los argumentos esgrimidos por la actora en el escrito inicial para justificar la jurisdicción originaria de esta Corte sobre la base de la cuestión federal que propone, lo cierto es que el caso de autos es revelador de la singular dimensión que presentan los asuntos de naturaleza ambiental, en tanto en ellos participan y convergen aspectos de competencia federal y otros de neta competencia provincial.

En efecto, en el precedente de Fallos:318:992 ya citado, el Tribunal dejó bien establecido que corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido.

Tal conclusión procede de la Constitución Nacional, la que, si bien establece que le cabe a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”, reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser alteradas (art. 41, tercer párrafo, de la Constitución Nacional; Fallos: 318:992, considerando 7º; causa “Verga” (Fallos: 329:2280).

9º) Que la Ley General del Ambiente 25.675, establece en su art. 6º los presupuestos mínimos que el art. 41 de la Constitución Nacional anticipa, fija los objetivos y los principios rectores de la política ambiental, y los instrumentos de gestión para llevarla a cabo (arts. 2º, 4º y 8º).

La referida ley ha instaurado un régimen jurídico integrado por disposiciones sustanciales y procesales -destinadas a regir las contiendas en las que se discute la responsabilidad por daño ambiental-, y ha consagrado principios ordenatorios y procesales aplicables al caso, y que deben ser estrictamente cumplidos, resguardando y concretando así la vigencia del principio de legalidad que impone a ciudadanos y autoridades la total sujeción de sus actos a las previsiones contenidas en la ley.

En ese marco es preciso poner de resalto que su art. 7º establece que “La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal”.

Por su parte, en consonancia con esa disposición, el art.32, primera parte, ha establecido que “La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia”.

10) Que las disposiciones constitucionales y legales citadas, encuentran su razón de ser en que el ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción, que no es otro que quien ejerce la autoridad en el entorno natural y en la acción de las personas que inciden en ese medio. Máxime si, como se indicará seguidamente, no se advierte en el caso un supuesto de problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción.

. 13) Que frente a ello, y teniendo en cuenta que la indiscutible migración de los cursos de agua, y de elementos integrados a ella como consecuencia de la acción antrópica, no son datos suficientes para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad invocada, no se advierte razón para concluir que el caso en examen deba ser sustanciado y decidido en la jurisdicción federal pretendida (arg. causa “Asociación Civil para la Defensa y Promoción del Medio Ambiente y Calidad de Vida”, Fallos: 329:2469). Si bien la interdependencia es inherente al ambiente, y sobre la base de ella podría afirmarse que siempre se puede aludir al carácter interjurisdiccional referido, para valorar las situaciones que se plantean no debe perderse de vista la localización del factor degradante, y resulta claro que en el sub lite dicho factor, en el caso de existir, se encuentra en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Más allá de la movilidad que se le pueda atribuir a los residuos orgánicos e inorgánicos, industriales y domiciliarios, que -según se afirma- constituirían la causa de la contaminación denunciada, no existen elementos en autos que autoricen a concluir que será necesario disponer que otras jurisdicciones recompongan el medio ambiente tal como se pide (arg.causa A.40.XLII “ASSUPA c/ San Juan, Provincia de y otros s/ daño ambiental y daños y perjuicios”, sentencia del 25 de septiembre de 2007). En efecto, es sólo la Provincia de Buenos Aires quien deberá responder y llevar a cabo los actos necesarios para lograr la recomposición del medio ambiente que se dice afectado, en el caso en que se determine que ha incurrido en actos u omisiones en el ejercicio de facultades propias, cual es su poder de policía en materia ambiental.

. 15) Que es preciso recordar que el examen de la determinación de la naturaleza federal del pleito -la determinación del carácter interjurisdiccional del daño denunciado- debe ser realizado con particular estrictez de acuerdo con la excepcionalidad del fuero federal, de ma nera tal que si no se verifican los supuestos que la determinan, el conocimiento del proceso corresponde a la justicia local (Fallos: 324:1137, entre muchos otros).

La aplicación de ese principio de estrictez es insoslayable frente a la competencia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, en la medida en que resulta exclusiva y no puede ser ampliada por persona o poder alguno (Fallos: 32:120; 270:78; 271:145; 280:176; 285:209; 302:63, entre muchos otros).”

Por todo ello, no obstante la migración de los cursos de agua, siendo que el carácter interjurisdiccional del daño denunciado debe ser realizada con particular estrictez, en este estadio procesal, propicio el rechazo de los agravios de la recurrente y la confirmación del decisorio de primera instancia en cuanto ha declarado la incompetencia de la justicia federal para entender en la presente causa, debiendo remitirse las presentes actuaciones al juez competente que corresponda de la ciudad de San Nicolás. Así voto.

Los Dres. Carlos Federico Carrillo y Liliana Arribillaga dijeron:

Porque compartimos lo sustancial de los argumentos de su voto concordamos con la solución que propone el Dr.Bello respecto a confirmar el auto apelado en cuanto declara la incompetencia material de este fuero.

Por lo demás, y en razón de una crítica puntual de los recurrentes, entendemos que corresponde revocar la decisión de archivar las actuaciones, y en cambio ordenar que se remitan al tribunal competente de la jurisdicción local (cf. art. 4 CPCCN). Así votamos.

Por todo ello, y oído el Fiscal General,

SE RESUELVE:

Confirmar la resolución recurrida del 27/11/2014, obrante a fs. 139/140, en cuanto ha declarado la incompetencia de la justicia federal para entender en el amparo ambiental incoado, debiendo remitirse las presentes actuaciones al juez competente que corresponda de la ciudad de San Nicolás (provincia de Buenos Aires). Insértese, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N., y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (expte. n° FRO 23597/2014).- fdo.: Edgardo Bello – Carlos F. Carrillo – Liliana Arribillaga, Jueces de Cámara. Ante mí, Patricia Calvi, Secretaria de Cámara.

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