Existe un límite temporal para la responsabilidad objetiva de los titulares de establecimientos educativos por accidentes sufridos por los alumnos.

calendario 1Partes: A. G. S. M. y B. H. A.l c/ Dirección General de Escuelas s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 6-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-91316-AR | MJJ91316 | MJJ91316

Existe un límite temporal para la responsabilidad objetiva de los titulares de establecimientos educativos por accidentes sufridos por los alumnos.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda de daños deducida por la madre del menor fallecido a raíz de un accidente sufrido en el establecimiento educativo, pues se ha probado que aquél asistía a la escuela en el horario matutino y el accidente fatal ocurrió en cambio durante el horario de la tarde; y el hecho de que tanto la madre como sus hijos vivieran en un módulo facilitado por la Dirección General de Escuelas dentro del colegio, no implica que el menor debiera estar bajo el control de la autoridad educativa durante todos los turnos de clase.

2.-Resulta imposible extender la responsabilidad de la demandada a los largos espacios de tiempo en que el menor, sin encontrarse en horario escolar, podía salir o entrar en el establecimiento, por la sencilla razón de que el módulo que habita con su madre y sus hermanos se hallaba ubicado en el fondo de la escuela.

3.-No existió responsabilidad subjetiva de la profesora de educación física por haberlo dado vuelta hacia arriba al hijo de la actora y haber realizado maniobras de respiración artificial, pues es claro que la conducta de la profesora cuando intentó auxiliar al menor no encuadra en la figura del daño ocasionado en el ejercicio de la función , ni siquiera en un ejercicio aparente o abusivo, sino que simplemente cumplió con un deber de humanidad, pues su función era la de profesora de educación física y no la de enfermera o encargada de primeros auxilios.

Fallo:

En Mendoza, a los seis días del mes de marzo de dos mil quince reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sres. Jueces de esta Excma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributario, integrada por la Dra. Mirta Sar Sar, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los N°100.657/50292 “A.G., S. M. c/ Dirección General de Escuelas p/ daños y perjuicios” y su acumulado N° 102305/50292 “B. H. A.c/ Dirección General de Escuelas p/ daños y perjuicios” originarios del Vigésimo Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 237 por la actora S. M. A.y a fs. 240, por el actor H. A.B. contra la sentencia de fs. 212/218.

Llegados los autos al Tribunal se ordenó expresar agravios a los apelantes lo que se llevó a cabo a fs.251/254 por la Sra. A.y a fs. 257/261 por parte del Sr. B.

Corrido traslado de los fundamentos de los recursos interpuestos a la contraparte, contesta la DGE a fs.264 y Fiscalía de Estado a fs.270/271, con lo que queda la causa en estado de resolver.

Practicado el sorteo de ley quedó establecido el siguiente orden de estudio: Dres. Mastrascusa, Colotto, Sar Sar.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del CPC, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN:

¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN:

Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA MASTRASCUSA DIJO:

I. Contra la sentencia de fs. 212/218 que desestimó la demanda interpuesta por ambos actores solicitando indemnización por la muerte de su hijo contra la Dirección General de Escuelas, dedujeron sendos recursos los demandantes, los que relataré brevemente por separado.

a) Recurso de S. M. Amarilla.

Al fundar sus impugnaciones a la sentencia recurrida, la actora afirma que la Sra.Juez a quo ha valorado en forma arbitraria los hechos y su prueba, llegando a la conclusión que el art. 1117 del Código Civil resultaba inaplicable por cuanto su hijo no se encontraba al momento del lamentable hecho bajo el control de la autoridad educativa, simplemente por no encontrarse en horario de clases, eludiendo a su juicio valorar los elementos de prueba que demuestran que el accidente debe atribuirse a la falta del deber de vigilancia de la accionada.

Menciona entre esa prueba las testimoniales rendidas de las que resulta que era habitual que el menor jugara fuera del horario escolar en el patio del colegio que habitaba. Señala a continuación los principales hechos referidos en la demanda que al no ser controvertidos, estima que prueban su aserto: a) que la actora vivía con su hijo en un módulo que le había sido entregado por la accionada, b) que la actora cumplía funciones en el mismo colegio como celadora, c) que el menor cursaba el 6° grado A del turno mañana, y se encontraba prestando sus funciones en el colegio en el momento del hecho como celadora en el turno tarde.

Expresa que a su juicio estos hechos revelan que el deber de vigilancia continuó existiendo en cabeza de la autoridad escolar más allá de que el menor no estuviera en horario de clases al momento en que se produjera el evento dañoso que produjera su fallecimiento.

Agrega que la circunstancia del trabajo de la madre del menor en la escuela y su horario era conocida no sólo por la demandada sino también por el personal directivo y docente de la escuela, lo que surge de las testimoniales.

Expresa fundándose en esas declaraciones que el menor en forma más o menos habitual transitaba fuera de su horario escolar por el patio del colegio, haciendo referencia a que la Profesora Sandra Gloria Martínez dijo que constaba en el acta que no debía haber gente que no sea del establecimiento en horario de clase.

b) Recurso de H.A.B.

En su expresión de agravios entiende que el fallo es insanablemente nulo toda vez que omite considerar prueba como la pericia médica y la declaración de la profesora Sandra Martínez.

Expresa que ello resulta relevante toda vez que la sentenciante sólo analiza el supuesto de responsabilidad objetiva contemplado en el art. 1117 del Código Civil, así como la responsabilidad por las cosas inertes y embargo omite todo tratamiento a la responsabilidad por el hecho del dependiente planteada por su parte.

Luego analiza la testimonial de la profesora Sandra Martínez y destaca que ella afirmó que encontró al menor boca abajo con los brazos al costado del cuerpo y que como el niño no respondía, les pidió a los que la rodeaban que la ayudaran a darlo vuelta con mucho cuidado para que pudiera respirar, que luego lo limpió y le tomó el pulso pero no se lo pudo encontrar, pensó que el menor necesitaba resucitación y trató de acordarse lo que había visto y empezó a darle aire y masaje cardíaco . Destaca que la testigo afirmó que para ella estaba con vida por que gimió hizo unos ruidos extraños, y ella continuó que ella lo veía morado se acercaron la directora, la madre y una maestra, ella siguió mientras esperaban a la ambulancia.

Relaciona esta declaración con la prueba pericial médica del Dr. Ganum y la necropsia, señalando que el experto describió el fenómeno de broncoaspiración, que indicó que la muerte del menor hubiera podido evitarse y que preguntado por qué medidas debían adoptarse respondió que hasta el momento en que recupere los reflejos o despierte debe ser colocado el cuerpo boca abajo.

Entiende que la profesora al iniciar las maniobras de respiración asistida expuso al menor al proceso de broncoaspiración, lo que fue determinante para la muerte del menor.Parte de la idea de que el menor estaba con vida en el momento en que se hicieron tales maniobras por los mismos dichos de la docente.

Acota que la pericia fue consentida y que con ello quedó probdo que la docente actuó de modo negligente e imprudente, por lo que siendo en ese momento dependiente de la DGE ésta debe resarcir el daño ocasionado al Sr. B. por su responsabilidad como principal.

A fs. 264 contesta el recurso la DGE y Fiscalía de Estado hace lo propio a fs.270/271, solicitando su rechazo por las razones que doy por reproducidas en mérito a la brevedad.

II. Recurso de S. M. Amarilla.

Los agravios de la Sra. A.se limitan a señalar que a su juicio el doloroso fallecimiento de su hijo implica la responsabilidad del establecimiento escolar conforme a lo normado por el art. 1117 del Cód. Civil.

Desde la reforma introducida por la ley 24.830 al art. 1117 del Código Civil, se ha introducido otro supuesto de responsabilidad objetiva pero con la única eximente del caso fortuito tal como se ha establecido en la norma.

En este nuevo supuesto de responsabilidad, el factor de atribución es “la garantía creada por la ley fundada en el riesgo de la empresa. No se trata de que la educación sea una actividad riesgosa ni peligrosa, sino que la ley impone, a quien presta el servicio de modo organizado (sea un ente público o privado) el deber de prestarlo sin producir daños. El establecimiento es garante de todo lo que le sucede al alumno y de todo lo que hace el alumno en el establecimiento mientras está bajo la autoridad educativa, salvo la prueba del caso fortuito” (cfr.Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997, LL-1998-1047.).

El artículo 1117 del Código Civil establece que los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales responden cuando el alumno dañado o dañador “se halle bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito”.

La expresión “se halle bajo el control.” ha sido entendida en doctrina y jurisprudencia con el alcance de que se halle o deba hallarse bajo el control de dicha autoridad. Se responde tanto por el daño sufrido por un alumno, cuanto por el daño causado por un alumno en esas condiciones. Este es el llamado ámbito material de la responsabilidad.

Si el daño se ha producido dentro del establecimiento educativo (ámbito espacial) y dentro del horario escolar (ámbito temporal), no cabe duda que debe hallarse bajo el control de dicha autoridad

Aún cuando existen diferentes posiciones en lo que hace a la determinación del ámbito espacial y temporal durante el cual dicho control debe ejercerse y probablemente el más discutido sea el relativo al horario, el criterio más se corresponde con el período que va desde el horario de entrada y salida del establecimiento escolar.

Sin embargo, lo cierto es que el art. 1117 del Código Civil no establece cuándo debe considerarse que el menor se halla -o debe hallarse- bajo el control de la autoridad escolar, lo que obliga al juez a interpretar la norma del modo más razonable y justo posible.

Una de las pautas principales que deben tenerse en cuenta a tal efecto es el fundamento de la responsabilidad.

Si bien en este aspecto también existen discrepancias entre los autores, adhiero a aquella opinión que colige que el fundamento de la responsabilidad del art. 1117 nace del “factor garantía” de quien se encuentra en mejor posición para responder por las consecuencias dañosas.La justificación radica en un intento de distribución más equitativa de los daños y el espíritu proteccionista de la víctima que alienta el moderno Derecho de Daños.

Bueres concreta la garantía en el deber de seguridad, genérica-mente entendido, que surge como una concreción del deber de buena fe, lealtad o probidad que dimana del art. 1198 del Cód. Civil y por su parte, Mayo, agrega como fundamento la “solidaridad social”.

Aún más, se ha justificado la severa aplicación de un criterio de responsabilidad objetiva como el de la norma, desde el punto de vista del análisis económico del derecho -por supuesto que desde el punto de vista más progresista de esta escuela signada por los estudios de Calabresi-. Así se ha dicho que “La norma al disponer el desplazamiento de la legitimación pasiva de los directores y maestros a rtesanos hacia los propietarios, da lugar a un efecto extraño: la maximización de las posibilidades de cobro de las víctimas de los infortunios. Ello así pues, si se entiende como una faceta de la responsabilidad civil al análisis económico, el infortunio es además de una desgracia para la víctima, un problema de costos, los cuales deben ser repartidos por el derecho de manera justa y conveniente. Una perspectiva algo holística nos permite afirmar que es deseable intentar mediante la legislación una “. reducción del número y de la gravedad de los accidentes.”: a esto es a lo que se denomina reducción primaria del coste de los accidentes y tiene en consideración el accidente en sí mismo. Sin embargo, este no es el único análisis posible, ya que si una de las finalidades de la responsabilidad civil es la indemnización de las víctimas, decimos que los costes sociales habrán de disminuir en cuanto la legislación disponga de resortes que permitan maximizar las posibilidades de dejar indemne a la víctima. A ello se lo denomina disminución del coste secundario de los accidentes.Lo que se quiere decir es que siendo la víctima el sujeto más inocente de todos cuantos causalmente hacen factible el infortunio y, tratándose de un sistema de responsabilidad civil objetivo, no es descabellado elegir entre quienes también han sido causa del mismo a quien se halla en mejor posición para hacer frente a la indemnización. De esta manera, el argumento económico lejos de violentar, fortalece un criterio axiológico”. (Hersalis, Marcelo – Magri, Eduardo O. – Talco, Gabriel A., Estableci-miento educativo: daño acaecido en la puerta del colegio, LLBA 2005 (setiembre), 914).

En definitiva es la voluntad de la ley la que impone al estable-cimiento educativo privado o estatal -esto es a quien presta el servicio de un modo organizado (sea un ente público o privado)- el deber de prestarlo sin producir daños. Es decir que el establecimiento es garan-te de todo lo que le sucede al alumno y de todo lo que hace el alumno, así, responde por hechos dolosos, culposos y accidentales, salvo que configuren un caso fortuito.

Ahora bien, de estas consideraciones sobre los fundamentos de la agravación de la responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos, producida por la ley 24830 que sólo recepta además la eximente del caso fortuito, cabe también entender que la apreciación judicial sobre el ámbito temporal o espacial del llamado control de la autoridad educativa no puede extenderse en forma irrazonable.

En lo que hace al ámbito espacial, es cierto que se ha dicho reiteradamente que, si el daño se ha producido dentro del establecimien-to, debe presumirse que el alumno estaba o debía estar bajo el control de la autoridad educativa. Sin embargo esta presunción admite prueba en contrario.No es una presunción iure et de iure.

En el caso de autos, no sólo se ha probado, sino que surge además de los hechos invocados por la actora en la demanda que el menor fallecido asistía a la escuela en carácter de alumno de sexto grado en el horario matutino, y el accidente fatal que produjo el desgraciado hecho de su muerte ocurrió en cambio durante el horario de la tarde.

Estas afirmaciones inclusive forman parte del recurso de la Sra. Amarilla, pero ellas justamente son la prueba en contrario de la presunción que hubiera podido aprovechar por cuanto el accidente ocurrió dentro de la escuela.

Que, tanto la madre como sus hijos, vivieran en un módulo facilitado por la Dirección General de Escuelas dentro del colegio, no implica que el menor debiera estar bajo el control de la autoridad educativa durante todos los turnos de clase.

El ámbito temporal de la responsabilidad del propietario del establecimiento educativo limita la responsabilidad del art. 1117. Pensar como lo hace la actora apelante que por el hecho de haber sido beneficiarios de una ayuda especial, habitando durante todo el día un módulo dentro del establecimiento escolar hacía que todos sus niños estuvieran bajo el control de la autoridad educativa en forma permanente es totalmente irrazonable.

El hecho ocurrió en el ingreso a la escuela, y tal como lo dice la testigo Ana María Pagliarulo, Directora del establecimiento, en su respuesta a la quinta sustitución (fs. 142) el menor “Vivía en la escuela, y el ingreso a la escuela es el ingreso a su casa”. En igual sentido responde la Profesora Sandra Martínez a fs.144 en la respuesta a la Décima Sustitución.

De tal modo resulta imposible extender la responsabilidad de la demandada a los largos espacios de tiempo en que el menor, sin en-contrarse en horario escolar, podía salir o entrar en el establecimiento, por la sencilla razón de que el módulo que habita con su madre y sus hermanos se hallaba ubicado en el fondo de la escuela.

De ningún modo puede pretenderse que el deber de seguridad de la autoridad educativa fuera permanente, al igual que ésta no podía prohibirle el ingreso a la escuela fuera del horario escolar, pues no tenía otro modo de acceder a su casa.

No obsta a lo dicho que la escuela haya realizado gestiones para que la Sra. A.cobrara lo que su directora ha denominado “el seguro escolar”, ni puede atribuirse a ese acto el carácter de voluntario sometimiento a un régimen legal de parte de la demanda. En efecto, a poco que se lee la solicitud realizada por la escuela en el formulario de Sancor Seguros, así como el recibo agregado en estos obrados emitido por los padres, resulta que se trata de un seguro de accidentes personales y no uno de responsabilidad civil, como lo prevé el art.1117 del Código Civil.

En el mismo sentido el hecho que la DGE haya pagado los gastos de sepelio del menor fallecido no implica reconocimiento alguno de responsabilidad, pues se configura más bien una liberalidad o acto de solidaridad del Estado con la familia del menor, a quien desde antes había protegido con la entrega de un módulo habitable en la escuela, y otorgándole trabajo primero al padre, y luego de la separación a la madre de los niños B.

Tampoco el hecho de que la actora trabajara como celadora en horario tarde y que su hijo durante ese tiempo no estuviera bajo el control materno, puede sin más imponerle a las autoridades o docentes del establecimiento escolar o el deber de custodiarlo, pues tal encargo u obligación no surge de ninguna prueba arrimada a la causa. Y si así se entendiera, no se advierte por qué razón su madre que estaba en las mismas condiciones que el resto del personal educativo no se encargaba de su custodia.

Pero aún cuando así lo fuera, lo cierto es que en ese caso no regiría de ningún modo la responsabilidad objetiva del propietario del establecimiento escolar, sino por el contrario, sólo la responsabilidad subjetiva de quien tuviera a su cargo el deber de vigilancia y custodia del menor la que para hacerse efectiva requeriría de la prueba de que quien esas obligaciones tuviera, hubiese procedido con culpa provocando la muerte del niño, lo que en el caso ni siquiera se ha invocado y mucho menos demostrado.

Por estas razones estimo que el recurso de la Sra. A.debe ser desestimado.

III. Recurso del Sr. B.

a) Recurso de Nulidad.

Toda vez que en su expresión de agravios el Sr. B. invo-có la nulidad del fallo por haber omitido prueba esencial, debe tratase este aspecto en primer lugar tal como lo dispone el art. 141, inc. III, del C.P.C.

El art. 133, inc. IV, del C.P.C.establece que el recurso de apelación comprende los agravios ocasionados por defectos en el procedimiento, no convalidados, o en la sentencia.

En el caso de autos se han invocado defectos de la sentencia (omisión de tratamiento en los fundamentos de prueba esencial y de un supuesto de responsabilidad invocado por el apelante). Estos defectos en la sentencia, como enseña Podetti, a su vez, abarcan los vicios de forma y los de contenido de la misma (Podetti, Ramiro, “T. de los recursos”, pág. 241 / 248, Bs. As., 1958).

Los vicios intrínsecos en principio no dan lugar a una declaración de nulidad, debiendo aplicarse un criterio restrictivo y limitarse su procedencia exclusivamente a los casos en que el vicio no puede ser subsanado mediante la apelación, como lo son algunos vicios de forma o que se refieren a prohibiciones expresas de la ley como la violación al art. 1101 del Código Civil.

En los defectos de contenido, Podetti incluye los supuestos de omisiones, las extralimitaciones o decisiones que exceden el litigio y los vicios de cambio o errónea calificación de las cuestiones litigiosas o del derecho aplicable y la falta de concordancia entre los fundamentos y la parte dispositiva.

Todos, aclara, afectan la justicia del pronunciamiento y considera que en principio resulta natural que se omita la invalidación, debiendo restituirse la justicia mediante la revocación o modificación del pronunciamiento defectuoso.

Las omisiones pueden ser de pronunciamiento, de fundamentación o de consideración de hechos o citas legales.Las omisiones de pronunciamiento sólo justifican la nulidad cuando son graves; las de fundamentación sólo dan lugar a la nulidad cuando son totales y las de consideración de hechos o pruebas, deben ser subsanadas mediante la apelación.

En el caso de autos, la omisión del tratamiento de pruebas que el apelante entiende fundamentales o esenciales puede ser subsanada en la apelación y la omisión de pronunciamiento no es grave puesto que en rigor según surge del texto de la sentencia la afirmación genérica sobre que existe orfandad probatoria sobre cómo ocurrió el accidente lo que impide la aplicación del art.1113 del Código Civil, da cuenta de que la sentenciante se refirió con ello a ambos supuesto.

En consecuencia el recurso de nulidad ínsito en la expresión de agravios debe ser rechazado, y pasarse a continuación al análisis de los fundamentos del mismo desde la vía de la apelación.

b) Recurso de apelación.

Del relato del Sr. B. se infiere que responsabiliza a la Profesora Sandra Martínez de haber provocado la muerte de su hijo por haberlo dado vuelta hacia arriba y haber realizado maniobras de respiración artificial sin capacitación suficiente, lo que habría a su juicio causado la broncoaspiración que sufriera el menor.

Adelanto que en el caso no se verifican los requisitos de procedencia de la responsabilidad del principal, con la sola excepción de la dependencia.

En efecto, de ninguna manera puede pretenderse que los hechos relatados por la Profesora Sandra Martínez en su declaración testimonial configuren una conducta antijurídica de la misma. Ella sólo trató de auxiliar al menor conforme a su buena fe. No hay ninguna disposición legal que imponga a un profesor de gimnasia conocer en qué casos no debe intentarse respiración artificial según el tipo de lesión que se haya sufrido, ni que la obligara a conocer el tipo de lesión.No es posible argumentar que actuó en contra de lo establecido por las leyes, los reglamentos de su oficio o profesión. Mucho menos cuando ella comprobó que el alumno no respiraba y trató de saber si aún tenía pulso y no lo pudo encontrar.

Su actitud lejos de ser antijurídica fue el cumplimiento de un mandato moral de ayudar al prójimo que el derecho de ninguna manera podría sancionar. Fue un gesto de humanidad y generosidad, no un ilícito.

Además, de ninguna manera puede tacharse a la conducta de la profesora como culpable o negligente, pues como se verá más adelante es probable que sus maniobras en nada hayan revertido la situación del menor y por lo demás, actuó según las circunstancias de persona, tiempo y lugar más bien diligentemente que cualquiera de otras calificaciones de la culpa, sobre todo si se tiene en cuenta que el menor estaba al menos inconsciente -si no fallecido- cuando ella lo socorrió, y que se limitó a limpiarlo, darlo vuelta e intentar hacer respiración artificial, todo ello por cuanto la ambulancia que se había solicitado no llegaba.

Por otra parte se advierte que en el caso, aún cuando lo antes expuesto no fuera así, la Profesora Sandra Martínez no actuó con un adecuado nexo de vinculación entre las tareas que desempeñaba en el establecimiento escolar y el hecho dañoso. Su función en la escuela era de profesora de gimnasia, no de enfermera o encargada de primeros auxilios. Y lo que es más como se dijo en el recurso de la Sra.A.el menor en ese momento no revestía el carácter de un alumno, sino simplemente de un niño conocido porque vivía en el módulo habitable que la DGE había otorgado a su familia, por las razones que surgen de la documentación acompañada a la causa.

Es difícil sintetizar la doctrina sobre las oportunidades en que existe responsabilidad del principal por los hechos de los dependientes.Especialmente por cuanto las expresiones “en ocasión” o “con motivo” de las funciones se usan de manera equívoca tanto en la normativa del Código Civil, cuanto en la doctrina.

De todos modos, es claro que la conducta de la profesora de gimnasia cuando intentó auxiliar al menor no encuadra en la figura del daño ocasionado “en el ejercicio de la función” ni siquiera en un ejercicio aparente o abusivo. Como se ha dicho simplemente cumplió con un deber de humanidad, pues su función era la de profesora de educación física y no la de enfermera o encargada de primeros auxilios.

Tampoco su actitud implica la necesaria relación de medio a fin entre la función y el daño, de modo que la función haya sido el antecedente necesario o condición del perjuicio, esto es que sin la función no hubiese habido daño. La Sra. Martínez no actuó por su función sino por una cuestión de humanidad, sin relación alguna con su calidad de profesora, como lo habría podido hacer cualquiera que se hubiera compadecido y comprometido con la situación del menor (relación que para algunos autores se denomina “con motivo” (Kemelmajer de Carlucci, Parellada, Trigo Represas, etc.) y para otros “en ocasión” (véase por ejemplo comentarios al art.43 del Código Civil, en numerosos autores)

Ni siquiera se da el supuesto (en que la mayoría de la doctrina entiende que no responde el principal) en que se verifica que la función ha brindado la oportunidad o ha facilitado notoriamente el acaecimiento del perjuicio, aún cuando no pueda afirmarse que la función sea la causa adecuada. Y ello porque, como se ha repetido en numerosas ocasiones, la circunstancia que el menor viviera en la escuela, no implicaba que en el horario en que sucedió el trágico accidente haya ostentado el carácter de alumno bajo el control de la autoridad educativa. Para poner un ejemplo, si el hecho hubiera ocurrido en una calle o en una parada de ómnibus, la Sra. Sandra Martínez hubiera actuado igual, más aún si reconocía al menor por razones de humanidad, por su emoción al verlo en tan grave estado, por el cariño que le tenía y su actitud generosa y protectora.

Finalmente debo decir que no encuentro relación de causalidad alguna que se haya probado en la causa entre las maniobras de auxilio que la Profesora Sandra Martínez prestó al hijo de los actores y su muerte.

En efecto, no existe prueba alguna que surja de la pericia médica ni de otras constancias del expediente que dichas maniobras hayan producido o acelerado la muerte del menor, ni el proceso de broncoaspiración.

El informe del Médico Forense agregado a fs. 62 indica que el deceso del menor se produjo por paro cardiorespiratorio y luxación atloiedooccipital.

El resultado de la necropsia afirma que la causa de la muerte del menor fue:paro cardiorespiratorio, luxación atloideo occipital, traumatismo de cráneo.

Es cierto que en el punto anterior referido a las consideraciones médico legales se consigna que “Al examen interno se evidencias dos eventos sinérgicos determinantes del fallecimiento: luxación atloideooccipital con lesión del tronco encefálico y profusa broncoaspiración alimentaria desdencadenado un paro cardiorrespiratorio causa final de su fallecimiento”

La pericia médica del Dr.Ganun afirma como conclusión que el menor falleció por paro cardiorespiratorio, luxación atloideo occipital por traumatismo de cráneo.

Luego y sin mayores fundamentos, al contestar los puntos de pericia del actor, el perito afirma que para evitar el fenómeno de broncoaspiración, hasta tanto recuperase el niño los reflejos o despertase debía ser colocado su cuerpo boca abajo, y a la pregunta sobre si estima que de haberse tomado otras medidas de primeros auxilios se podría haber evitado el desenlace fatal, contesta que sí. Pero sin indicar cuáles y con qué fundamentos piensa que el menor tuvo un tiempo de sobrevida luego del trauma que le provocó la luxación atloideo occi-pital con lesión del tronco encefálico. Ni por qué razón pudieron las maniobras de auxilio de la Profesora Sandra Martínez haber agravado el cuadro, de suyo en un alto porcentaje fatal.

El Dr. Ganum es clínico y sólo se ha referido a la cuestión en relación a la broncoaspiración, sin advertir que profusa literatura de la especialidad de neurología indica que el paro cardiorespiratorio es consecuencia directa de la luxación atloidea occipital en la mayoría de los casos.

Ni siquiera se conoce por la necropsia cual de los tres subtipos de esta luxación se produjo en el caso del menor, por lo que mal puede atribuirse a la conducta de la profesora alguna consecuencia real en el estado del menor al momento en que ella intentó auxiliarlo,

En todo caso, lo que surge de la pericia es que pudo haber recibido primeros auxilios antes de que se produjera la muerte.Pero ello no puede reprocharse a la Profesora Sandra Martínez, sino al servicio de emergencia.

Agrego que también aparece en las páginas de internet que he consultado, que este tipo de lesión es difícil de diagnosticar aún para un paramédico, y más bien son identificadas luego de la muerte en la necropsia, siendo que las indicaciones de primeros auxilios no están referidas a evitar la broncoaspiración sino a la inmovilización del cuello.

Es que contrariamente a lo que sostiene el apelante la articulación occipitoatloidea no se encuentra a la altura del ojo, sino que es la primera articulación entre la cabeza y la primera vértebra cervical.

Al luxarse se produce “por la ruptura total de los ligamentos y

cápsulas articulares que unen el atlas y la odontoides al hueso occipital con la consiguiente dislocación de éstos. Esta lesión es más frecuente en niños, ya que la diferente relación entre la cabeza y el cuerpo en la infancia potencia la inercia traumática necesaria para producir este tipo de lesiones.La separación traumática entre el atlas y el hueso

occipital en la mayoría de los casos es incompatible conla vida, ya que puede ocasionar la sección de la médula o de las arterias vertebrales. En la literatura se han descrito menos de 100 casos documentados que han logrado sobrevivir a esta lesión.En la mayoría de casos su diagnóstico está inmerso en implicaciones médicolegales dirigidas por

médicos forenses.Los actuales y modernos sistemas de emergencias

médicas, con estabilización, tratamiento, recogida y transporte medicalizado de estos graves lesionados, desde el mismo lugar del accidente hasta el hospital, puede permitir un mayor número de diagnósticos en vivos.(scielo.isciii.es/pdf/neuro/v17n5/1.pdf, de S Martín-Ferrer – ?2006 -www.revistaneurocirugia.com/es/pdf/90139655/S300/; Tratado de Neurología Clinica de Jorge Nogales-Gaete)

La articulación occipitoatloidea está formada por las superficies articulares de los cóndilos del hueso occipital y las masas laterales de C1.La mayoría de los pacientes con diagnóstico de LOA se presentan con inestabilidad cardiorespiratoria, signos de daño medular, de tronco cerebral o nervios craneales bajos. El 30 % de estos pacientes presentan en el momento del accidente apnea o parada cardiorespiratoria.Las manifestaciones clínicas dependientes del daño el tronco cerebral incluyen: anomalías pupilares, nistagmo rotatorio y rigidez descerebrada. El déficit motor puede ser variable, así podemos encontrar cu adriplejia, hemiparesia alternas o parálisis cruzada de los miembros; dependiendo de la altura donde se afecte la vía piramidal. La lesión primaria del tallo cerebral puede originarse por tracción del tejido neural, compresión de estructuras óseas o hematoma epidural. Los eventos hemodinámicos vasculares se originan por vasospasmo de las arterias vertebrales o trombosis por disección de su capa intima. Cuando existe trombosis de la arteria espinal anterior aparece parálisis del nervio hipogloso ipsilateral y defecto motor cruzado. (http://www.revneuro.sld.cu/index.php/neu/article/view/186/431).

La luxación occipitoatloidea es de mal pronóstico, produce compresión medular inmediata y parada cardiorespiratoria.(http://www.uclm.es/).

Como puede verse el paro cardio- respiratorio no es el resultado de ninguna maniobra de auxilio sino una consecuencia directa del fuerte y grave trauma que provoca la luxación occipito- atloidea.

Por otra parte, las maniobras de respiración boca a boca -como las que relatara la Profesora Sandra Martínez- requieren necesaria-mente la puesta del accidentado en posición decúbito dorsal. Y según he leído en numerosos manuales y otro tipo de páginas de primeros auxilios están indicadas para toda persona que no respira, aún cuando hubiera podido sufrir broncoaspiración, pues justamente tal maniobra ayuda a expulsar los restos alimentarios que ocupan el aparato respiratorio. Sólo en el caso de convulsiones no está indicada la reanimación cardio pulmonar, pero tal situación descripta por el apelante, no ha sido probada en la causa.

Por el contrario, tanto de la lectura del escrito de demanda, o de la descripción que hizo la madre ante las autoridades policiales de lo que le habían contado otros niños, cuanto de la testimonial de la Profesora Sandra Martínez, surge que el menor estaba inerte al momento de ser socorrido humanitariamente por la profesora. En el expediente penal se dice que se cayó al piso, se golpeó el ojo, se trató de levantar se tocó el ojo y volvió a caer al piso y no se movió más. Sólo después de esta situación ingresa a la escena la profesora Martínez cuando el menor, estaba inconsciente y no se advertía que respirase o tuviese pulso.

De todas estas circunstancias, surge claramente que no se ha probado de ninguna manera relación de causalidad entre la intervención de la Profesora Sandra Martínez y la muerte del menor, por lo que tampoco puede considerarse que exista responsabilidad subjetiva de su parte ni indirecta del principal, fuera de que como se dijo anteriormente no se trata de un supuesto que razonablemente pueda ser atribuido a una acción en ejercicio o con motivo de la función.

El recurso debe ser rechazado.Sobre la primera cuestión voto entonces por la afirmativa

Sobre la primera cuestión los Dres. Colotto y Sar Sar adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA MASTRASCUSA DIJO:

VI. Las costas de Alzada deben ser impuestas a los apelantes por resultar vencidos.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Colotto y Sar Sar adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 06 de Marzo de 2015.

Y VISTOS:

El acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

I. Desestimar los recursos de nulidad y apelación articulados por los Sres. H. A.B. y S. M. A.y en conse-cuencia confirmar la sentencia impugnada.

II. Imponer las costas de Alzada a los apelantes.

III. Regular los honorarios de los Dres. Cecilia Sabino, Mario S.Fernandez, Pedro A García Espetxe, Pamela Lamalfa Sendra y, Diego Rodríguez Agüero, por su labor desarrollada en el recurso promovido por la Sra. S. M. Amarilla, en las sumas de ($.), ($.), ($.), ($.)y ($.)y ($.) respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder (arts.2,3,4,13, 15 y 31 LA).

IV. Regular los honorarios de los Dres. Cecilia Sabino, Mario S.Fernandez, Pedro A García Espetxe , Federico Rodolfo Lucas y Diego Rodrigo Lucas por su labor desarrollada en el recurso interpuesto por el Sr. H. A.B. en las sumas de ($.), ($.), ($.), ($.) y ($.) respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder (arts.2,3,4, 13,15 y 31 LA).

Notifíquese y bajen.

Dra. Graciela Mastrascusa

Juez de Cámara

Dr Gustavo Colotto

Juez de Cámara

Dra. Mirta Sar Sar

Juez de Cámara

Dra. Alejandra Iacobucci

Secretaría de Cámara

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s