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No resulta responsable el dueño del garaje del cual le sustrajeron el rodado al actor

shutterstock_10077580Partes: Vicente Vique Richard Nicxon c/ Goldar Jorge Daniel s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 18-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-91294-AR | MJJ91294 | MJJ91294

No resulta responsable el dueño del garaje del que le sustrajeron el rodado al actor.

Sumario:

1.-Se entiende por daño emergente la pérdida sufrida por el acreedor a consecuencia de la falta de ingreso de la prestación debida a su patrimonio (arg. arts. 519 , 1068 y 1069 del CCiv. ).

2.-El lucro cesante es el resarcimiento de la ganancia de la que se ha visto privado el damnificado a raíz de un ilícito o del incumplimiento de una obligación, corriendo a cargo de quien lo reclama la prueba de su existencia.

3.-Para la admisión del lucro cesante es necesario probar, en forma precisa, el perjuicio real y efectivamente sufrido. En otros términos, se deben acreditar las concretas utilidades frustradas, resultando insuficiente una simple mención imprecisa de posibles ganancias que se dejaron de percibir.

4.-No debe confundirse el lucro cesante con la pérdida de la chance . En efecto, mientras que el lucro cesante es el resarcimiento de la ganancia de la que se ve privado el damnificado a raíz de un ilícito o del incumplimiento de una obligación, corriendo a cargo de quien lo reclama la prueba de su existencia, la pérdida de la chance -del francés: ocasión o posibilidad – es solo la privación de la posibilidad de una ganancia que resulta frustrada por el incumplimiento del deudor.

5.-La pérdida de chance debe ser indemnizada cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por culpa del deudor o cuando existe una oportunidad cierta de obtener una ganancia y esa oportunidad se pierde a causa de la inejecución de la obligación por el deudor, dicha pérdida debe ser indemnizada por éste. Lo que está claro en relación a la pérdida de la chance es que en estos casos lo que se indemniza es la chance en sí misma y no la ganancia frustrada, debiendo su entidad ser justipreciada judicialmente según el mayor o el menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, no pudiendo nunca identificarse con el eventual beneficio perdido.

6.-La pérdida de chance es la previsión de un daño estimado como cierto, por tanto resarcible, por el cual se pretende la reparación por la probabilidad de éxito frustrada y a diferencia del lucro cesante , no es más que una consecuencia mediata del hecho dañoso.

7.-La diferencia entre el lucro cesante y la pérdida de la chace estriba en un mayor o menor grado de certeza sobre la producción efectiva de las ganancias; la chance siempre permanece en grado de probabilidad, objetivamente juzgada; para admitir la pérdida de chance se analiza la frustración de la posibilidad de obtener ventajas; mientras que en el caso del lucro cesante se estudia el fracaso de ellas.

8.-Es dable afirmar que cuantitativamente el lucro cesante es siempre superior a la pérdida de la chance dada la mayor posibilidad de realización del éxito.

9.-Debe entenderse por daño moral a toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar, anímicamente perjudicial, diferente de aquél en el que la persona se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste.

10.-El daño moral se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas, que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. O dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado o en el desempeño de sus actividades profesionales y/o comerciales del afectado. Con atinado criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto es .

11.-Si bien en la reparación del agravio moral la apreciación sobre su procedencia debe efectuarse con criterio restrictivo cuando se trata -como en el caso- de responsabilidad civil de naturaleza contractual, lo cierto es que debe discernirse lo que es la angustia propia del mundo de los negocios de la afección de aquellos intereses que afectan profundamente la esfera íntima del ser humano. Cuando se está frente a este último supuesto, el juez debe admitir favorablemente el reclamo reparatorio del perjuicio moral sin efectuar distinciones pues lo que está en juego son los sentimientos de las personas.

12.-Para que resulte procedente la reparación moral, es necesario considerar la repercusión que la acción dañosa provoca en las personas afectadas. Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no constituyen daño moral.

13.-El daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos y su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en tanto lo que se trata de lograr a través de la indemnización, es una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido.

14.-La reparación del agravio moral, derivado de la responsabilidad contractual, queda librada al arbitrio del juez, a quien libremente cabe apreciar su procedencia. Sin embargo, se debe conceder con cierta estrictez y es a cargo de quien lo reclama la prueba de su cuantía o. cuanto menos. las pautas de valoración que permitan al juzgador proceder a la determinación, de conformidad con lo que establecen los arts. 522 Cód. Civ. y 165 CPCC, pues de otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante.

15.-A diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios, la acreditación del daño moral no requiere -necesariamente- de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio físico o psiquiátrico. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los días 18 del mes de diciembre de dos mil catorce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Prosecretaria Letrada de Cámara, para entender en los autos caratulados «VICENTE VIQUE RICHARD NICXON C/ GOLDAR JORGE DANIEL S/ ORDINARIO» (Expte. N° 102.304, Registro de Cámara N° 012503/2011), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 3, Secretaría Nro. 6, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido por el art. 268 C.P.C.C., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctor Alfredo Arturo Kolliker Frers(2), Doctora Isabel Míguez(1) y Doctora María Elsa Uzal(3).

Estudiados los autos, se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta el Señor Juez de Cámara Doctor Alfredo Arturo Kolliker Frers dijo:

I. LOS HECHOS DEL CASO.

(1) Richard Nicxon Vicente Vique promovió acción ordinaria por cobro de daños y perjuicios contra Jorge Daniel Goldar, en su carácter de titular del estacionamiento que gira en plaza bajo el nombre de fantacía «Tucuman Parking», por incumplimiento del contrato de garaje oportunamente celebrado entre las partes, procurando la percepción de la suma de pesos sesenta y siete mil novecientos ochenta y cinco con treinta y ocho centavos ($ 67.985,38), o lo que en más o en menos resultase de las pruebas a producirse en la causa, con más sus respectivos intereses y costas.

Adujo haber sido titular del vehículo marca Ford, modelo EcoSport, dominio HQU 744, el cual fuera sustraído el día 03.08.2010 del garaje «Tucumán Parking», ubicado en la calle Tucumán n° 2958 de esta Ciudad, donde lo había estacionado, conforme al vínculo contractual que mantenía con el mencionado garaje.

Señaló que, aproximadamente a las 14.45 hs.de la fecha precedentemente mencionada, lo llamó telefónicamente el encargado del estacionamiento -Sergio Gabriel Osma- informándole que tenía un aviso de acuerdo con el cual su rodado había sido retirado del lugar por un individuo desconocido que lo había sustraído, razón por la cual debió apersonarse inmediatamente en dicho estacionamiento, donde pudo constatar que -efectivamente– su vehículo había sido hurtado.

Adujo haber realizado la correspondiente denuncia policial ante la Comisaría n° 7 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención en el hecho delictivo la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 39.

Indicó que a la época en que tuvo lugar el siniestro se encontraba cancelando las cuotas de su rodado a la firma «Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados» (en adelante, «Plan Ovalo»), habiendo abonado hasta ese entonces la suma de $ 52.565.

Explicó que, frente a la sustracción del vehículo, inició los trámites de mediación previa obligatoria, citando a «Plan Ovalo», a su compañía de seguros «Sancor Cooperativa de Seguros Limitada», a Jorge Daniel Goldar en su carácter de garajista y a su aseguradora «L’ Union de Paris Compañía Argentina de Seguros S.A.».

Aseveró que luego de seis (6) audiencias de mediación, únicamente la requerida «Plan Ovalo», a través de «Sancor Seguros», abonó a su parte -el día 01.11.2010- la suma de $ 41.483, es decir, un 64,7 % del valor total de mercado de un vehículo modelo EcoSport TDCI 4×2 XL Plus 1.4L, rural 5 puertas; que, a esa fecha, ascendía al importe de $_64.0 .

Continuó afirmando que la responsabilidad del demandado, en su condición de propietario de la explotación del garaje «Tucumán Parking», resultaba innegable; teniendo en cuenta que al garajista le incumbe el régimen de imputabilidad emergente del art. 572 CCom. relativo al contrato de depósito comercial.Adujo que la obligación del demandado era claramente una obligación de resultado, consistente en la guarda y conservación del rodado para su posterior restitución a su titular, por lo que si este extremo no se produce debía considerarse configurada la responsabilidad del garajista.

Refirió -además- que el hecho de haber sido desinteresada por su asegurador en razón de haber percibido el seguro del vehículo en cuestión, nada obstaba a iniciar acción contra el garajista a fin de obtener el cobro de la diferencia existente entre el valor real del vehículo al momento de ocurrencia del siniestro y lo efectivamente percibido por su parte en concepto de indemnización proveniente del contrato de seguro.

Finalmente, señaló que, frente a la ausencia de respuestas por parte del demandado, su parte se vio forzada a iniciar la presente acción judicial para reclamar el resarcimiento de los daños derivados del incumplimiento de su contraria que no se vieron cubiertos por el seguro percibido por su parte.

Encuadró en esa situación a los siguientes perjuicios: i) el llamado «reintegro del valor del rodado», consistente en la diferencia existente entre el valor real del vehículo al tiempo del siniestro y lo efectivamente percibido en concepto de indemnización por ese concepto que ascendería a la suma de $ 27.490.38: ii) el denominado «lucro cesante», abarcativo de la supuesta pérdida de gran cantidad de trabajos vinculados con la colocación de cerámicas para los contratistas Cristian Rafael y Claudio Daniel Corvalán, al verse privado de utilizar su vehículo para trasladarse desde su domicilio hasta las obras contratadas y de transportar los materiales y herramientas de trabajo, mermando su facturación mensual de $ 8.000 antes del siniestro a $ 6.000, con posterioridad al éste): rubro -éste- por el que solicitó $ 20.000:iii) el «daño moral» comprensivo las secuelas de carácter permanente derivadas de los sufrimientos, preocupaciones, ansiedad y miedo causantes de una grave aflicción espiritual experimentada por su persona frente a la incertidumbre derivada de la sustracción del rodado de su propiedad dentro del estacionamiento de propiedad del accionado, ítem que también estimó en la suma de $ 20.000 y: iv) los «gastos de mediación», los «gastos de dos cartas documento» y los «gastos de gestoría», por los importes de $ 198, $ 97, $ 200, respectivamente (total $ 495): todo lo cual se traduce en un monto global de $ 67.985.38.

(2) Corrido el pertinente traslado de ley, compareció al juicio el demandado Jorge Daniel Goldar, en su carácter de titular del estacionamiento que gira en plaza bajo la denominación «Tucuman Parking», quien contestó la demanda a fs. 207/9, oponiéndose al progreso de la pretensión y solicitando el rechazo de ella, con costas a cargo del accionante.

Solicitó, liminarmente, la citación en garantía de «L’

Union de Paris Compañía Argentina de Seguros S.A.», en su condición de aseguradora del riesgo inherente a su explotación mercantil a la fecha del siniestro, ello, de conformidad con la póliza integral de comercio n° 231.100 a la que hizo referencia.

Seguidamente, efectuó una negativa general de todos y cada uno de los hechos alegados en el escrito de inicio que no hubiesen sido objeto de su expreso reconocimiento, así como de la documentación acompañada, desconociendo -en particular- que el actor hubiese sido propietario del rodado individualizado en el escrito inaugural, o que aquél realizase tareas de colocación de cerámica.

Desconoció, asimismo, que el accionante hubiese abonado a la acreedora prendaria «Plan Ovalo» la suma de $ 52.565; negando, a su vez, que «Sancor Seguros» hubiese abonado a aquél el 01.11.2010 el importe de $ 41.483 en concepto de indemnización emergente del contrato de seguro que las ligara.Si bien reconoció que dicho rodado fue sustraído dentro del garaje, descartó que hubiese existido responsabilidad alguna de su parte, calificando al presente reclamo como una plus petitio inexcusable.

Cuestionó, por su parte, la procedencia de los daños reclamados por el demandante (como ser: «lucro cesante» y «daño moral»), solicitando por ello el íntegro rechazo de la acción incoada, con expresa imposición de costas a cargo de la contraria.

(3) De su lado, a fs. 264/8 contestó la citación en garantía «L’ Union de Paris Compañía Argentina de Seguros S.A.», solicitando el rechazo de la demanda, con costas.

Señaló que su parte tenía contratada a la fecha del siniestro una póliza bajo el n° 231.000 por seguro integral de comercio que amparaba, entre otros, el riesgo de responsabilidad civil por robo o hurto de los rodados depositados en el garaje del demandado Goldar hasta la suma de $,100.0 .

Indicó que ninguna eventual condena debía exceder los límites que surgían de la póliza, de conformidad con lo establecido en el art. 118 L.S.; por lo que, siendo la suma asegurada de $ 100.000, era ése el monto máximo por todo concepto por el cual debía específicamente responder su parte.

Hizo hincapié en que el actor reconoció que el automóvil Ford EcoSport, dominio HQU 744, se encontraba amparado por robo o hurto a través de «Sancor Seguros», aseguradora -ésta- que lo había indemnizado y repetido luego la suma abonada a su parte.Explicó entonces que «Sancor Seguros» abonó al actor el valor del rodado considerando las cuotas que le restaba cancelar y que posteriormente su compañía indemnizó a «Sancor Seguros» por el importe abonado al accionante, finiquitándose de ese modo las obligaciones entre las partes.

Aseveró que si bien «Sancor Seguros» no había abonado en definitiva al accionante el 100 % del valor del vehículo Ford EcoSport, ello se debió a que restaba en cierta medida el pago de las cuotas que este último debía abonar a «Plan Ovalo», diferencia -ésta- que fue cancelada oportunamente por parte de «Sancor Seguros» a la administradora del plan.

Subsidiariamente, contestó la acción incoada, adhiriéndose a los términos de la contestación de demanda producida por el accionado (Goldar): ello, con el alcance señalado en el apartado 3° de esa presentación (intitulado «Hechos») y con la precisión de que también reconocía el pago efectuado por «Sancor Seguros» -el día 01.11.2010- por la suma de $ 41.483 y el recibo de pago respectivo acompañado con el escrito inicial, como así también los apartados 5° («Prueba») y 6° («Derecho») de dicho responde.

A continuación, procedió a ampliar la contestación de demanda, con sustento en que el accionante reconoció haber abonado en cuotas el vehículo por medio de «Plan Ovalo» completando la suma de $ 52.565 desde la adquisición del rodado -el 29.10.2008- hasta la fecha del siniestro, acaecido el 03.08.2010:a lo que se sumaba que también reconoció que menos de tres (3) meses después fue indemnizado por «Sancor Seguros» por la suma de $ 41.482.11 (esto es, una cifra un poco menor a la abonada por aquél en atención a la desvalorización que experimentó el vehículo al cabo de dos -2- años de uso).

Indicó así que se le reintegró al actor al contado y en efectivo un valor proporcionalmente igual al que había abonado en cuotas, cifra con la que perfectamente podría haber adquirido en el acto otro rodado, incluso en cuotas, luego de su pago inicial.

Consideró que, de ese modo, se dio cabal cumplimiento a lo convenido por las compañías aseguradoras que entre ellas repitieron lo pagado.

Finalmente, controvirtió por improcedentes cada uno de los rubros reclamados en el escrito de inicio, a saber: i) «reintegro del valor del rodado»; esto debido a que el actor ya fue debidamente indemnizado por «Sancor Seguros» por el importe de $ 41.482,11; valor al contado que compensaba y subsanaba con creces los montos indicados como depositados y oblados en 17 cuotas; ii) «lucro cesante»; habida cuenta que el reclamante dispuso del dinero suficiente para adquirir otro vehículo menos de tres (3) meses después de acaecido el siniestro denunciado, pudiendo -incluso- haber convenido su eventual pago en cuotas; iii) «daño moral»; ya que Goldar fue resarcido por «Sancor Seguros» inmediatamente después del acaecimiento del hurto, por lo que no existió incumplimiento alguno por parte de la compañía de seguros y; iii) los demás «gastos» pretendidos.

(4) Por último, sustanciado el proceso y producida la prueba de que dan cuenta las certificaciones actuariales de fs. 413 y vta. y fs. 417, se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal derecho tanto la parte actora como la demandada, conforme piezas que lucen agregadas a fs. 425/7 y fs. 423, respectivamente; dictándose -finalmente- sentencia definitiva a fs. 444/53.

II.LA SENTENCIA APELADA.

En el fallo apelado, el Señor Juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el actor contra el demandado, condenando a este último a abonar al primero -dentro del plazo de diez (10) días de quedar firme la sentencia- la suma de pesos trescientos cuarenta y ocho con cincuenta centavos ($ 348,50), con más sus respectivos intereses, de conformidad con las pautas explicitadas infra; imponiendo además las costas del proceso en el orden causado.

Para así decidir, el Señor Juez a quo juzgó:

(i) Que las partes estaban contestes en la existencia del contrato de garaje que las vinculara, así como acerca del hurto acaecido el día 03.08.2010 en relación al vehículo de propiedad del actor que se hallaba estacionado en el establecimiento comercial del accionado.

(ii) Que tampoco se hallaba debatido el hecho del pago efectuado al actor por parte de la compañía de seguros que amparaba el vehículo siniestrado, extremo que, por otra parte, fue corroborado por el informe producido por «Sancor Seguros», del cual se infería la cancelación al accionante de la suma de $ 41.482,11 en concepto de indemnización por hurto total del vehículo asegurado, como así también el pago de la suma de $ 22.517,89 en concepto de cancelación del crédito prendario pendiente a favor de la acreedora prendaria «Plan Ovalo».

(iii) Que, en razón de ello, la cuestión a dilucidar se hallaba centrada en los pretendidos rubros indemnizatorios y sus respectivos montos, toda vez que la responsabilidad del garajista por el hecho denunciado no había merecido cuestionamiento alguno por parte del demandado y de la tercera citada a lo largo del litigio.

(iv) Que, en rigor de verdad, la responsabilidad del garajista debía ponderarse con estrictez, ya que, al tener la custodia de bienes ajenos, en virtud de lo dispuesto por el art.574, CCom., y en razón de ser el contrato de garaje una subespecie del contrato de depósito comercial, tenía la obligación de realizar todos aquellos actos necesarios para la conservación de la cosa que le fue entregada en custodia, extremando así las medidas de seguridad necesarias para compensar los riesgos resultantes de las modalidades que asumía con la guarda de vehículos en garajes.

(v) Que, en cuanto al rubro «reintegro del valor del rodado», cuyo monto ascendía a la suma de $ 27.490,38, el juez advirtió que estaba compuesto por aquellos gastos que la actora debió erogar para obtener el rodado (depósitos y pago de cuotas en favor de la acreedora prendaria), así como accesorios (polarizado, alarma- levanta-vidrio, etc.), gastos de mantenimiento (cambio de aceite, pintura, etc.) y cotización del dólar (por la suma total de $ 68.973, 38), menos lo percibido por el actor de parte de su aseguradora, en concepto de indemnización -$ 41.483-.

(vi) Que, con relación a este ítem, esto es, la pretendida «diferencia existente entre lo percibido y el valor real del vehículo al tiempo de desaparición» no podía ser admitido: ello, en la medida que el actor fue desinteresado por el total del valor asegurado, deduciéndose de dichas sumas las correspondientes a la acreedora prendaria, quien resultaba -en definitiva- la legítima acreedora de esa porción de la indemnización, sin que dicho pago recibiese reproche alguno de su parte. Añadió que lo contrario importaría admitir en favor del accionante un enriquecimiento sin causa: lo que no podía ser aceptado por el tribunal. Arguyó que tampoco perdía de vista que el pretensor justificó esa diferencia en el proceso inflacionario que afectaba a la economía del país -véase fs.426 del alegato-; sin embargo, lo cierto era que no estaba permitida la actualización monetaria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 25.561, norma que no fue atacada de inconstitucional.

Agregó que si bien la pretensión de indemnización plena en favor del damnificado importaba que debiese abonarse lo necesario para obtener un objeto equivalente al hurtado, lo cierto era que la imposibilidad de hacerse de otro vehículo de idénticas características no fue condicionado por el monto que su aseguradora le liquidó, sino por el hecho de que aquél poseía un gravamen prendario sobre el automotor, el cual debía ser cancelado.

Destacó, en cuanto a las mejoras y accesorios del rodado, que si bien los gastos de polarización, pintura y alarma levanta-vidrios, así como los relativos a cambio de aceite, embrague y reemplazo del tanque de combustible surgían acreditados en las facturas de fs. 29 y fs. 31/5, lo cierto era que constituían elementos propios del rodado que hacían a su funcionalidad natural; por lo que tampoco tendrían favorable recepción.

(vii) Que, en lo concerniente al «lucro cesante», por el cual el actor requirió el pago de $ 20.000 con fundamento en que la falta de disponibilidad del vehículo durante los 10 meses posteriores al hurto le habría irrogado una perdida en su facturación mensual de $ 2.000 por mes, y siendo este ítem la probabilidad objetiva y comprobada de las ventajas justamente esperadas conforme a las circunstancias del caso y no una simple posibilidad de ganancia, recaía en cabeza del actor la carga de acreditar el daño en cuestión (CPCC: 377), no obstante lo cual este último tan sólo acompañó una serie de facturas anejadas a fs. 36/75 en las que se consignaban principalmente «trabajos de colocación», así como la prueba de informes a la «AFIP» a fin de dar cuenta de su condición tributaria ante dicho organismo (fs.393/6); ello con el agregado de que dichos medios probatorios no permitían brindar certeza acerca del reclamo del accionante, más aún si se consideraba que cada una de las facturas aportadas fueron expresamente desconocidas; circunstancia que lo inducía a desestimar la pretensión en lo que a este punto concierne.

(viii) Que, en lo atinente al «daño moral», el accionante no había arrimado prueba alguna que permitiese presumir siquiera la existencia del perjuicio invocado, por lo que correspondía su rechazo.

(ix) Que, en cuanto a los «gastos de gestoría», constituían la consecuencia inmediata del incumplimiento contractual del garajista (C.Civ: 520); toda vez que para poder percibir el cobro del seguro resultaba condición necesaria dar de baja el vehículo ante el Registro de la Propiedad Automotor correspondiente. Entendió, en ese marco, que, habiéndose acreditado la realización del trámite por intermedio de un gestor, conforme se desprendía del informe de fs. 361/3, dicho ítem debía ser admitido en la suma de $ 300, la cual devengaría intereses desde el 06.10.2010 y hasta la fecha de su efectivo pago a la tasa activa que percibía el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento en documentos comerciales a treinta (30) días.

(x) Que, en lo referente a las cartas documento, el actor requirió el reembolso de los «gastos asumidos para diligenciar las cartas documento» que obraban desglosadas a fs. 85/9 en sobre reservado n°

102.304. Manifestó que, atento que su autenticidad fue acreditada según informe de fs. 355, el reclamo debía prosperar, mas por la suma de $ 48.50, toda vez que sólo justificó el pago de una de ellas:suma que devengaría intereses desde el 18.08.2010 y hasta la fecha de su efectivo pago, de conformidad con la tasa establecida en el acápite precedente.

(xi) Que, en cuanto a los «gastos de mediación», rubro por el que solicitó el importe de $ 198, correspondía decidir su desestimación en tanto aquéllos debían seguir la suerte del régimen de costas que -en definitiva- se impusiese.

(xii) Que, por último, no pasaba por alto el planteo deducido por Goldar en cuanto afirmó que la presente demanda configuró una manifiesta «plus petitio inexcusable», requiriendo así la aplicación de la multa prevista en el CPCC: 45 (v. alegato, fs. 423, 3° párr.), pero que sin embargo no coincidía con esa afirmación, toda vez que para que la «plus petitio» fuese inexcusable era preciso que la parte actora hubiese pretendido a sabiendas o por negligencia grave mucho más de lo que se le debía y que el demandado hubiese reconocido el monto hasta el límite establecido en la sentencia, no siendo aplicable el CPCC: 72 si el accionado no admitió adeudar suma alguna o, si solicitó lisa y llanamente el rechazo de la demanda, tal como aconteció en la especie.

Concluyó así el sentenciante que, como consecuencia de todo ello, correspondía hacer lugar parcialmente a la acción promovida, aunque únicamente por el importe de $ 348.50, con más sus respectivos intereses calculados según las pautas establecidas en el propio fallo y distribuir con costas en el orden causado por las razones en él explicitadas.

III. LOS AGRAVIOS.

Contra dicho pronunciamiento se alzó únicamente el actor conforme pieza que luce agregada a fs. 470/2; toda vez que el recurso deducido por el demandado fue desestimado por no alcanzar el monto mínimo de apelabilidad dispuesto por el art. 242 del CPCC, conforme providencia de fs. 455 -recurso que fuera luego desistido por este último a fs. 468, resolviéndose que se estuviese a lo dispuesto a fs. 455-. El memorial del demandante, por su parte, fue contestado por la contraria a fs.474 y vta.

El accionante -a la sazón único apelante- se agravió de que el Magistrado a quo:

(i) hubiera desestimado la procedencia del rubro reclamado en concepto de «diferencia existente entre lo percibido y el valor real del vehículo al tiempo de su desaparición»; cuando era claro que con la suma entregada a su parte no fueron debidamente resarcidos la totalidad de los perjuicios patrimoniales derivados del incumplimiento contractual del garajista;

(ii) no hubiese valorado que su parte no cuestionó la indemnización percibida por la acreedora prendaria por el saldo de precio aún impago, pero procuró con la promoción de la presente demanda ser indemnizado por los perjuicios a su parte atribuibles al accionado en la medida que no fueron cubiertos por el seguro contratado por este último;

(iii) hubiese soslayado que la indemnización percibida de parte de «Sancor Seguros» cubrió solo la parte proporcional del valor del rodado

Prosecretaria de Cámara

que a cada una de las partes del contrato prendario le correspondía; agregando que dicho valor fue establecido por la aseguradora, pero que en la indemnización percibida por su parte no fueron cubiertos los gastos complementarios realizados en la firma «Serra Lima S.A.», cuya autenticidad fuera corroborada por esta última. Aclaró que los referidos gastos fueron desembolsados por su parte para hacer más funcional al rodado adquirido, consistentes en el agregado de complementos a la unidad que le dieron mayor operatividad, lo cual excedía la aludida funcionalidad natural a que hacía mención el anterior sentenciante;

(iv) hubiese sostenido que -en los alegatos- su parte habría justificado el resarcimiento de la «diferencia existente entre lo percibido y el valor real de vehículo al tiempo del siniestro» en el proceso inflacionario que afectaba la economía del país, cuando ello no era así, más allá del hecho de encontrarse vedada la actualización monetaria de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.561.Aclaró que tal interpretación del a quo importó una tergiversación del sentido de los conceptos vertidos en dichos alegatos; agregando que su parte no reivindicó en pasaje alguno de esa presentación un supuesto pedido de indexación, limitándose tan solo a señalar que con la percepción de la suma de $ 41.482,11 abonados por la aseguradora, no se compensaban los demás gastos realizados por su parte.

(v) hubiese interpretado que la justipreciación del valor realizado a los efectos del seguro limitaba el reclamo y constituía una conducta contraria a la doctrina de los propios actos, cuando ello no era así toda vez que su proceder se fundó en el legítimo ejercicio del derecho de defensa de sus intereses patrimoniales afectados;

(vi) hubiese rechazado la procedencia del «lucro cesante» sin haber ponderado que la privación de un medio de transporte tan indispensable debió necesariamente haberle ocasionado una considerable pérdida de trabajo, teniendo en cuenta su labor como ceramista por cuenta propia y en su condición de monotributista. Adujo que si bien los montos efectivamente dejados de percibir no habían podido determinarse atento la naturaleza de las tareas desempeñadas, resultaba inminentemente verosímil la implicancia disvaliosa que en su patrimonio significó la falta del rodado. Insistió en que lo que su parte pretendía por este ítem no consistía en la privación de una simple posibilidad de ganancia, sino en los frutos de su tarea habitual, constante y exteriorizada en su condición de monotributista, cuya categoría estaba fijada en función de los ingresos anuales que se tenían en cuenta para su determinación.

(vii) hubiese desestimado la pertinencia del «daño moral», sin haber apreciado que dicho rubro hallaba sustento en los graves trastornos que debió sobrellevar su persona, al haber sido despojado de su automóvil, el cual era su fundamental herramienta de trabajo; habida cuenta de que, tal como quedó demostrado, trabajaba por cuenta propia, en su condición de monotributista.Agregó que la privación del rodado significó un importante atraso en su labor, colmando de serios contratiempos la cotidianidad de su desempeño como ceramista; circunstancia que provocó en su ánimo una fuerte aflicción, máxime teniendo en consideración que de su ingreso dependía el sustento de su familia, integrada por su cónyuge y sus tres pequeños hijos.

IV. LA SOLUCIÓN.

(1.) El thema decidendi.

Pues bien, delimitados del modo precedentemente expuesto los agravios de la quejosa, cuadra poner de relieve, preliminarmente, que no se halla controvertida en esta Alzada la cuestión relativa a la atribución de responsabilidad al demandado con relación al incumplimiento contractual denunciado por el actor como base de la demanda (esto es, la responsabilidad asignada al garajista por su inobservancia del deber de guarda y conservación del vehículo que le fuera entregado para su custodia), toda vez que tal circunstancia no ha sido materia de cuestionamiento ante esta instancia por parte del primero, teniendo en cuenta la desestimación -y posterior deserción- del recurso que dedujera y al que se hiciera referencia más arriba.

Bajo este prisma, estando fuera de discusión la existencia del incumplimiento contractual invocado en sustento de la demanda y no hallándose debatida la responsabilidad endilgada al accionado por ese incumplimiento, el thema decidendi queda circunscripto en esta Alzada a determinar lo relativo a la pertinencia, o no, de los rubros indemnizatorios pretendidos en concepto de «reintegro del valor del rodado», «lucro cesante» y «daño moral», que fueran desestimados por el a quo, por constituir éstos los únicos aspectos que han sido materia de agravio por parte del accionante ante esta instancia.

Al esclarecimiento de tales cuestiones corresponde -entonces- pasar a abocarse seguidamente.

(2.) La procedencia del rubro «Reintegro del valor del_ rodado»(rectius: «daño emergente»).

El pretensor encuadró su reclamo por este ítem como «reintegro del valor del rodado», argumentando que la suma percibida en concepto de indemnización por parte de «Sancor Seguros» no resultaba suficiente a los fines de indemnizar la totalidad de los perjuicios patrimoniales derivados del incumplimiento contractual del garajista.Se trata en realidad de un concepto subsumible dentro de la noción de «daño emergente» en el sentido de tratarse de un perjuicio que experimenta el acreedor directamente en su patrimonio a causa del incumplimiento del deudor. Cabe recordar en este sentido que se entiende por «daño emergente» la pérdida sufrida por el acreedor a consecuencia de la falta de ingreso de la prestación debida a su patrimonio (arg. arts. 519, 1068 y 1069 del CCiv.; cfr. Llambías, Jorge Joaquín, «Código Civil anotado, doctrina y jurisprudencia», t° II-A, Ed. Abeledo Perrot, págs. 155 y 158, véase asimismo t° II-B del citado autor, a fs. 290/1).

Ahora bien, en sustento de su pretensión el recurrente insistió en que con el resarcimiento percibido de la aseguradora del plan de ahorro no fue cubierto el valor del rodado oportunamente abonado por su parte a la firma «Serra Lima S.A. » (véase fs. 470 y vta. de la expresión de agravios). Indicó en ese sentido que, además de la diferencia en el valor del auto, mediaron gastos que fueron desembolsados por su persona para hacer más funcional al rodado adquirido; gastos que fueron imputados a distintos accesorios incorporados a la unidad que le proporcionaron mayor operatividad y que excedían la funcionalidad natural a que hiciera mención el a quo (v. fs. 470 vta.). Arguyó, en definitiva, que con la percepción del importe de $ 41.482,11 abonados en su momento por «Sancor Seguros» no se compensó ni el real valor del vehículo siniestrado ni los demás gastos realizados por su parte para mejorar su funcionalidad -de conformidad con las facturas emitidas por la firma «Serra Lima S.A.»- (fs. 470 vta.del memorial).

Asumida la calificación del perjuicio invocado como un «daño emergente», se muestra conducente focalizar en que lo realmente pretendido por el accionante en el marco de este rubro fue el resarcimiento de la diferencia existente entre el monto global abonado e invertido en el vehículo sustraído resultante del importe oportunamente oblado por su parte en calidad de precio del rodado (esto es, el «depósito del 07.04.2008», el «depósito del 28.10.2008» y las 37 cuotas por $ 500 cada una) con más lo abonado luego por una serie de accesorios. arreglos y mejoras que le introdujo al rodado finalmente siniestrado (tales como la «coloca ción de polarizado», la instalación de una «alarma levanta-vidrio», trabajos de «pintura del 21.11.2008» y «del 28.07.2009», por «reposición del tanque de combustible», así como el «reemplazo del embrague 05.03.2010», «cambio de aceite 26.07.2010» y (2) ítem relativos a la «cotización dólar 3,00») -cuya sumatoria ascendería a la cantidad de $ 68.973.38- y aquel que le fuera abonado por la aseguradora del plan de ahorro. Este último «quantum» menos el monto efectivamente percibido en concepto de indemnización de parte de «Sancor Seguros», esto es, la suma de $ 41.483 (véase fs. 187 y vta. del escrito inicial, como así también el informe suministrado por «Sancor Seguros», a fs. 340) es lo que arrojaría como resultado el monto total de $ 27.490.38 reclamado en la demanda por este concepto.

Es decir, dicho en otros términos, el monto del «reintegro del valor del rodado» pretendido por el actor se obtiene restando al importe total de $ 68.973,38 -que a su vez proviene de la sumatoria de lo oblado en concepto de precio del rodado más lo invertido en el concepto de accesorios- (véase fs. 189 vta.del escrito inicial), el monto percibido en concepto de indemnización de parte de «Sancor Seguros» (esto es, la suma de $ 41.483); arrojando esa operación una diferencia de $ 27.490,38, que sería el monto atribuible a este rubro (v. fs. 191).

Así las cosas, no está demás rememorar que el demandante adujo haber abonado oportunamente a «Plan Ovalo» -en su condición de acreedora prendaria-, la suma de $ 52.565 por la adquisición del rodado marca Ford, modelo EcoSport, dominio HQU 744 (véase afirmación contenida a fs. 187 del escrito inaugural).

A ello se adiciona -como circunstancia no menos relevante- que el actor admitió que, una vez acaecido el siniestro, «Sancor Seguros» sufragó a su parte, con fecha 01.11.2010, la cantidad de $ 41.483 en concepto de indemnización por el siniestro de hurto total acaecido respecto del vehículo objeto de la litis (véase fs. 187 y vta. del escrito inicial). No se me escapa que, en oportunidad de expresar agravios, el accionante admitió haber percibido de «Sancor Seguros» por este concepto una suma levemente inferior a la denunciada por aquél en el escrito de demanda ($ 41.482,11),; suma -ésta- que pese a hallarse corroborada, a su vez, con el comprobante de pago respectivo que fuera acompañado a fs. 20 del escrito inaugural como así también con el informe suministrado por «Sancor Seguros», a fs.340, en nada modifica la sustancia del reclamo esgrimido

por este concepto.

Soslayado este aspecto menor de la controversia, cuadra coincidir con el anterior magistrado en punto a que no resulta factible admitir la pretendida «diferencia existente entre lo percibido y el valor real del vehículo al tiempo de desaparición» en los términos descriptos por el actor en su demanda.

Primero, porque el actor fue desinteresado por el total del valor asegurado que había sido atribuido al vehículo, deduciéndose de dichas sumas las correspondientes a la acreedora prendaria, quien resultaba -en definitiva- la legítima acreedora de esa porción de la indemnización, sin que dicho pago recibiese reproche alguno de su parte. Lo contrario importaría tolerar un enriquecimiento incausado en favor del accionante insusceptible de ser admitido en derecho.

Es que, en resumidas cuentas, lo relevante no es lo que el accionante desembolsó por su auto, sino lo que el rodado valía a la fecha del siniestro, deducido el importe del crédito prendario que aún se hallaba pendiente a la fecha del siniestro. Síguese de ello que los gastos y erogaciones que el demandante pudo haber realizado que no gravitaron en un incremento comprobado del valor del rodado no pueden ser computados a los efectos que aquí se considera, no correspondiendo al accionante una indemnización superior al valor comprobado del vehículo siniestrado.

Con sustento en esta premisa fundamental no corresponde que sean indemnizados: i) los accesorios relativos a la reposición del tanque de combustible y reemplazo del embrague. Esto así porque se trata de accesorios inherentes a la utilización y rodaje de cualquier rodado, que

hacen a su funcionamiento habitual y a su puesta en valor y que -por ende¬solo contribuyen a mantener el precio de plaza del vehículo en el mercado sin incrementar su valor, no habiendo sido producida prueba alguna que acreditara lo contrario: ii) los arreglos vinculados a la reparación y pintura del automóvil.Ello así por responder a deterioros suscitados por la utilización del rodado que en nada incrementan el valor del automotor sino que a lo sumo lo conservan: iii) el cambio de aceite, por responder a un service habitual que debe realizarse respecto de todo vehículo cuando se alcanza un determinado kilometraje para su correcto funcionamiento sin que esto gravite en el valor del rodado.

Por último, en lo que respecta a la colocación de accesorios relativos al sistema de polarizado de cristales y al dispositivo eléctrico de alarma levanta-vidrio, se advierte que si bien el actor probó el costo de esos trabajos (véase nota de débito n° 0001-00015333, de fecha 31.10.2008, anejada a fs. 29 junto con el escrito inicial, y factura n° 0012-00016218, de fecha 06.02.2009, obrante a fs. 32), lo concreto es que no acreditó que tales erogaciones hubiesen incrementado el valor del rodado.

Síguese de todo ello que toda vez que el accionante no comprobó en modo alguno que los distintos gastos en que adujo haber incurrido gravitó en el precio de mercado del rodado al momento de acaecer el siniestro, solo cabe desestimar el agravio deducido sobre el particular y, por ende, confirmar la sentencia apelada en lo que al aspecto abordado se refiere.

(ii) «Lucro cesante».

Acerca de este punto, resulta propicio recordar que el actor demandó por este concepto el resarcimiento de la pérdida de una cierta cantidad de trabajos por cuenta propia -y en su condición de monotributista, categoría «E»- vinculados a la colocación de cerámicas para los contratistas Cristian Rafael Corvalán y Claudio Daniel Corvalán. Ello, con sustento en haberse visto privado de la utilización de su vehículo para el traslado de materiales y herramientas de trabajo, durante el período de diez (10 ) meses transcurridos desde la época de acaecimiento del siniestro en el mes de agosto de 2010 hasta la fecha de interposición de la presente demanda, en el mes de mayo de 2011 (véanse fs. 189 vta.y 190 del escrito de inicio). Alegó -en tal sentido- que durante los meses posteriores al hurto su parte padeció una disminución en su facturación mensual del orden de los $ 2.000; toda vez que antes del siniestro dicha facturación ascendía a $ 8.000 por mes mientras que luego de producirse tal evento no superaba los $ 6.000 mensuales. Requirió en razón de ello una reparación por este concepto equivalente a la suma total de $ 20.000 (v. fs. 190).

Por su parte, en la sentencia apelada, el Magistrado a quo desestimó la procedencia de este rubro por considerar que el pretensor no había logrado acreditar debidamente el daño invocado, de conformidad con la carga impuesta por el CPCC: 377.

De ello se agravió el apelante, quien alegó que si bien los montos efectivamente dejados de percibir no fueron cabalmente demostrados, si eran susceptibles de ser determinados en función de la naturaleza de las tareas desarrolladas, habida cuenta que resultaba ciertamente verosímil la implicancia disvaliosa que para un patrimonio como el suyo, con la actividad que él desarrollaba, pudo tener la carencia de vehículo durante varios meses; razón por la cual correspondía -a su entender- admitir la pertinencia de este ítem cuanto más no sea mediante una estimación prudencial (véase fs. 471/2 de la expresión de agravios).

Es sabido que el lucro cesante es el resarcimiento de la ganancia de la que se ha visto privado el damnificado a raíz de un ilícito o del incumplimiento de una obligación, corriendo a cargo de quien lo reclama la prueba de su existencia (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 16.10.2007, in re «Bergilli Néstor Darío c/ La Uruguaya Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima», entre otros). (cfr.CNCom., esta Sala A, 29.10.1982, in re «Calastroni, Ricardo c/ Astilleros Voguecraft S.A.C.I.F.»; ídem, 20.10.1999, in re «Monteiro, Domingo c/Manuel Tienda León»; bis ídem, 10.07.2001, in re «Jannazzo, Mario A., c/ Caja de Seguros S.A.»; entre otros).

Ahora bien, se ha dicho con asiduidad que para la admisión de este rubro es necesario probar, en forma precisa, el perjuicio real y efectivamente sufrido. En otros términos, se deben acreditar las concretas utilidades frustradas, resultando insuficiente una simple mención imprecisa de posibles ganancias que se dejaron de percibir (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 18.04.2008, in re «Briatore Carlos Alberto c/ Federación Patronal Cooperativa de Seguros S.A.»; cit. precedentemente; ídem, 29.10.1982, in re «Calastroni, Ricardo c/ Astilleros Voguecraft S.A.C.I.F.»; bis ídem, 20.10.1999, in re «Monteiro, Domingo c/Manuel Tienda León»; ter ídem, 10.07.2001, in re «Jannazzo, Mario A. c/ Caja de Seguros S.A.», entre muchos otros).

También se ha dicho reiteradamente que no debía confundirse el «lucro cesante» con la «pérdida de la chance». En efecto, mientras que el «lucro cesante» es el resarcimiento de la ganancia de la que se ve privado el damnificado a raíz de un ilícito o del incumplimiento de una obligación, corriendo a cargo de quien lo reclama la prueba de su existencia (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 02.09.2010, mi voto, in re «Menutti Francisco y otro c/ Empresa de Transportes Fournier S.A. y otros s/ ordinario»: en igual sentido, 16.10.2007, in re «Bergilli Néstor Darío c/La Uruguaya Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima», entre otros), la «pérdida de la chance» -del francés: «ocasión» o «posibilidad» – es solo la privación de la posibilidad de una ganancia que resulta frustrada por el incumplimiento del deudor (cfr. Llambías, «Tratado de Derecho Civil. Obligac iones», t° I, pág.293, nota 20).

Según la jurisprudencia, la pérdida de chance debe ser indemnizada cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por culpa del deudor. O, como dice Bustamante Alsina («Tratado de la Responsabilidad Civil», pág 153, N° 356), cuando existe una «oportunidad» cierta de obtener una ganancia y esa oportunidad se pierde a causa de la inejecución de la obligación por el deudor, dicha pérdida debe ser indemnizada por éste. Lo que está claro en relación a la «pérdida de la chance» es que en estos casos lo que se indemniza es la chance en sí misma y no la ganancia frustrada, debiendo su entidad ser justipreciada judicialmente según el mayor o el menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, no pudiendo nunca identificarse con el eventual beneficio perdido (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 16.12.2008, mi voto, in re «Ricoh Argentina S.A. c/ Blueprint S.A. s/ ordinario» ; ídem, 27.11.2007, mi voto, in re «Sudaka S.R.L. c/ Pol-ka Producciones S.A. s/ ordinario»; ter ídem, 24.12.81, in re «Panichella José c/Fermar S.R.L.»).

En suma, la «pérdida de chance» es la previsión de un daño estimado como cierto, por tanto resarcible, por el cual se pretende la reparación por la probabilidad de éxito frustrada y a diferencia del «lucro cesante», no es más que una consecuencia mediata del hecho dañoso (véase: Bustamante Alsina, Jorge, «La pérdida de una chance es una consecuencia mediata, previsible y por lo tanto solamente resarcible en caso de incumplimiento malicioso», LL, 1993-D, pág. 207).

Sin embargo, la diferencia entre uno y otro rubro estriba en un mayor o menor grado de certeza sobre la producción efectiva de las ganancias; la chance siempre permanece en grado de probabilidad, objetivamente juzgada (cfr.esta CNCom., Sala C, 07.08.1996, in re «Aliaga Echegoyen, Agustín c/Rent a Car Travel Service S.R.L.», del, JA, 1997-I-157); para admitir la «pérdida de chance» se analiza la frustración de la posibilidad de obtener ventajas; mientras que en el caso del «lucro cesante» se estudia el fracaso de ellas (cfr. Trigo Represas, Félix – López Mesa, Marcelo, «Tratado de la Responsabilidad Civil», t. I, La Ley, Buenos Aires, 2005, pág. 459 y ss.). Así las cosas, es dable afirmar que cuantitativamente el «lucro cesante» es siempre superior a la «pérdida de la chance» dada la mayor posibilidad de realización del éxito.

Bajo tales parámetros, considero que el accionante no demostró la pérdida de una ganancia efectivamente realizable, es decir que no acreditó las concretas utilidades frustradas a las que hizo referencia, resultando insuficiente -tal como se vio- una simple mención imprecisa de posibles ganancias que se dejaron de percibir; por lo que no procede el reclamo por el rubro «lucro cesante». Se suma a ello que tampoco probó la existencia de una mera probabilidad de éxito frustrada, no siendo viable -por ende- ni siquiera una reparación en calidad de «pérdida de la chance».

Véase que -tal como acertadamente lo puntualizara el a quo- ni las facturas acompañadas a fs. 36/75 en las que se hace alusión a «trabajos de colocación: obra Cramer 2159», ni la prueba de informes brindada por la «AFIP» a fs. 393/6, dirigida a esclarecer la condición tributaria de Vicente Vique ante dicho organismo, permitieron formar convicción acerca del efectivo acaecimiento de esas pérdidas. En resumidas cuentas, el actor no logró demostrar la presunta disminución en la facturación mensual y, por ende, en sus ingresos, como hubiera sido de menester de conformidad con la carga impuesta por el CPCC:377 para demostrar cuanto menos la pérdida de una «chance» de ganancia.

A lo precedente se adiciona el dato no menor de que el accionante acompañó facturas que datan tan sólo de un mes antes de producirse el siniestro (véase: instrumento de fs. 36, fechado el 02.07.2010), mas no arrimó las facturas correspondientes a los meses anteriores (vgr. de abril, mayo y junio de 2010 ni tampoco de los posteriores), lo que hubiese permitido comparar, con mayor grado de proyección, la facturación mensual generada durante los períodos mensuales anteriores y posteriores al evento dañoso, como parangón necesario para calibrar la ganancia periódica percibida tanto antes como después del evento dañoso.

Cabe añadir a ello que no todas las facturas anejadas a fs. 36/75 resultan correlativas entre sí, lo que dificulta aún más apreciar si efectivamente se configuró la supuesta disminución en la facturación mensual que fuera aducida como base del perjuicio.

En el marco descripto, corresponde pues concluir en que el actor no cumplió -se reitera- con la carga de demostrar cabalmente el daño invocado por este rubro (CPCC: 377), como era su carga.

Por consiguiente, no cabe sino desestimar el agravio sobre este punto y, por ende, confirmar la sentencia recurrida en lo que a este aspecto se refiere.

(iii) «Daño moral».

Con relación a este ítem, se muestra conducente recordar que el actor reclamó la suma de $ 20.000, con sustento en que el incumplimiento contractual por parte del garajista Goldar le habría ocasionado a su parte secuelas anímicas de carácter permanente, representadas por sufrimientos, preocupaciones, ansiedad y miedo experimentados ante la incertidumbre creada a raíz de la sustracción de su vehículo dentro del establecimiento de propiedad del accionado: circunstancia que le habría ocasionado una grave aflicción espiritual que debía ser subsanada (véase fs. 190 vta.y 191 del escrito inicial).

Por su parte, el Magistrado de grado rechazó la pertinencia de este rubro con fundamento en que el reclamante no produjo prueba alguna que permitiese siquiera presumir la generación del «daño moral» alegado por aquél.

Dicha decisión fue resistida por el recurrente por considerar que si bien es cierto que suele asignarse carácter restrictivo a la reparación del «daño moral» en materia contractual, tal restricción no podía erigirse -en modo alguno- en un obstáculo insalvable para el reconocimiento de este rubro cuando la pretensión tenía visos de seriedad suficiente y encontraba base sólida en los antecedentes de la causa (v. fs. 471 y vta. del memorial). Destacó así que la pertinencia del reconocimiento de este ítem hallaba sustento en los graves trastornos que debió sobrellevar, al ser despojado de su automóvil, que era su fundamental herramienta de trabajo (véase fs. 471 vta.).

En este marco, cabe recordar que debe entenderse por «daño moral» a toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar, anímicamente perjudicial, diferente de aquél en el que la persona se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 17.08.2006, in re «Guas, Luis y otros c/ Provincia de Buenos Aires»; en igual sentido, Pizarro, Ramón Daniel, «Reflexiones en torno al daño moral y su reparación», J.A. semanario del 17.09.1985).

Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas, que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. O dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado o en el desempeño de sus actividades profesionales y/o comerciales del afectado.Con atinado criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto «es» (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 17.08.2006, in re «Guas.», cit. supra; ídem, Zavala de González, Matilde, «Resarcimiento de Daños», t. 4 págs. 103 y cc.; ídem «El concepto de daño moral», J.A., 1997-I, 726).

En ese marco, si bien en la reparación del agravio moral la apreciación sobre su procedencia debe efectuarse con criterio restrictivo cuando se trata -como en el caso- de responsabilidad civil de naturaleza contractual, lo cierto es que debe discernirse lo que es la angustia propia del mundo de los negocios de la afección de aquellos intereses que afectan profundamente la esfera íntima del ser humano. Cuando se está frente a este último supuesto, el juez debe admitir favorablemente el reclamo reparatorio del perjuicio moral sin efectuar distinciones pues lo que está en juego son los sentimientos de las personas (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 04.08.2009, mi voto, in re «Arena María Esther c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. s/ordinario»).

Sin embargo, el Tribunal tiene dicho que para que resulte procedente la reparación moral, es necesario considerar la repercusión que la acción dañosa provoca en las personas afectadas. Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no constituyen daño moral (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 17.04.2007, in re «Navais, María Adelita c.Calveira, Norberto»; ídem, 02.06.2009, in re «Magno, Mario Horacio c/ Banco Río de la Plata» , entre muchos otros; bis ídem, Sala D, 26.05.1987, in re «Sodano de Sacchi c/Francisco Díaz S.A.»).

Es que el daño moral existe -reitero- cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos y su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en tanto lo que se trata de lograr a través de la indemnización, es una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido (esta CNCom., esta Sala A, 02.06.2009, in re «Magno.», cit. supra: ídem, Sala C, 25.06.1987, in re «Flehner. Eduardo c/ Optar

S.A.»).

Como consecuencia de lo expresado, la reparación del agravio moral, derivado de la responsabilidad contractual, queda librada al arbitrio del juez, a quien libremente cabe apreciar su procedencia. Sin embargo, se debe conceder con cierta estrictez y es a cargo de quien lo reclama la prueba de su cuantía o. cuanto menos. las pautas de valor ación que permitan al juzgador proceder a la determinación, de conformidad con lo que establecen los arts. 522 Cód. Civ. y 165 CPCC, pues de otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 04.10.2007, in re «Grossi. Gregorio Narciso y otros c/ Citibank N.A. y otro»: ídem, Sala E, 06.09.1988 in re «Piquero. Hugo c/ Bco. del Interior y Buenos Aires»).

Obsérvese que, a diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios, la acreditación del daño moral no requiere -necesariamente- de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio físico o psiquiátrico (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 04.05.2006, in re «Pérez.Ricardo Jorge y otro c/ Banco Bansud S.A.»).

Sin embargo, estudiadas las constancias de la causa -y atendiendo a las particularidades de la especie-, la realidad es que el accionante no ha aportado elemento de convicción alguno que autorice a considerar configurado el daño moral que alegó haber padecido, no obstante haber correspondido a dicha parte la carga de la prueba referida a ese extremo por ser quien tenía a su cargo el onus probandi (arg. art. 377 CPCC; CNCom. esta Sala A, 14.11.2006, in re «B.V.R. S.A. c/Banco Itaú Buen Ayre S.A.»).

Ello sentado, y mucho más si se tiene en cuenta que la pretensión del demandante reside en un incumplimiento de origen contractual con relación al cual la existencia del mentado rubro debe ser necesariamente apreciado con criterio restrictivo, no puede menos que concluirse que a través de las deficientes probanzas arrimadas a la causa dicha parte no ha logrado acreditar la configuración de un perjuicio que justifique la reparación pretendida por este concepto.

En virtud de los fundamentos expuestos, no cabe sino desestimar también el agravio vertido por el actor en lo que a este rubro respecta, debiendo por ende confirmarse también en este punto lo decidido en la anterior instancia.

(3.) Síntesis.

Como corolario de lo hasta aquí expuesto, corresponde -pues- rechazar el recurso de apelación deducido por el actor y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de agravio.

(4.) Las costas del proceso.

Alcanzada esta conclusión, resta finalmente referirse a las costas de Alzada, toda vez que las accesorias de la anterior instancia se encuentran firmes, en razón de no haber mediado agravios sobre el particular ni modificación de la sentencia que torne menester su adecuación en esta instancia conforme a lo previsto por el CPCC:279.

Al respecto, cuadra recordar que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél.Ello así, en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 CPCC) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).

Es cierto que ésa es la regla general y que la ley también faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss. CPCC). Pero ello, esto es, la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso-, sólo procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», t° I, pág. 491).

Sobre la base de tales principios, considero que no existen razones que permitan apartarse de la regla general establecida en esta materia, por lo que no cabe sino imponer las costas generadas en esta instancia a cargo del actor, dada su condición de vencido en ella (CPCC: 68).

V. CONCLUSION.

Por todo lo hasta aquí expuesto propicio -entonces- al Acuerdo:

(1.) Rechazar el recurso de apelación incoado por el actor y, en consecuencia:

(2.) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de agravio por dicha parte:

(3.) Imponer las costas de Alzada a cargo del recurrente, dada su condición de vencido en esta instancia (CPCC:68).

Así voto.

Por análogas razones, la Dra. Isabel Míguez y la Dra. María Elsa Uzal adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores: Alfredo Arturo Kolliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal. Ante mí, Valeria Cristina Pereyra. Es copia del original que corre a fs. del libro N° 124 de Acuerdos Comerciales – Sala A.

Valeria Cristina Pereyra – Prosecretaria de Cámara

Buenos Aires, 18/ de diciembre de 2014.

VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

(1.) Rechazar el recurso de apelación incoado por el actor y, en consecuencia;

(2.) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de agravio por dicha parte;

(3.) Imponer las costas de Alzada a cargo del recurrente, dada su condición de vencido en esta instancia (CPCC: 68). (4.) Notifíquese a las partes.

(5.) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1° de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

Alfredo A. Kolliker Frers

Isabel Míguez

María Elsa Uzal

Valeria Cristina Pereyra – Prosecretaria de Cámara

  1. Angel Pizarro 2 abril 2015 at 1:00 PM

    El artículo está mal titulado (es a la inversa de lo que se resolvió en el fallo comentado). El garagista responde por el automotor robado en el garage. Lo que la sentencia dice es que, cubierto el daño por el seguro del garage, no corresponden los demás rubros reclamados por el actor, o por falta de prueba o porque ya fue reparada su pérdida con el pago del seguro. No se discutía la responsabilidad del garagista, justamente por ello su seguro abonó el monto por la pérdida del auto.

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