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Jurisprudencia laboral destacada – 2014 (Parte I)

Trabajadores

Autor: Eduardo C. de Luján Auliu (*)

El pasado año 2014 estuvo sin dudas, signado por las trascendentales modificaciones a los códigos de fondo –Civil y Comercial- y la pretensión de modificación de la normativa procesal penal, sin embargo, el derecho del trabajo así como también la faz previsional han sido materia de discusión respecto de importantes acápites, fundamentales para la seguridad jurídica y el cumplimiento del carácter tuitivo del mismo.

Microjuris Argentina ha elaborado una entrega de los que a juicio editorial han sido los fallos más relevantes en la materia, tomando en cuenta el tribunal que se hubo expedido en cada causa, así como también el tratamiento de las cuestiones tratadas en cada caso particular.

En la primera parte de este breve trabajo, se ha hecho hincapié en diferentes cuestiones, a saber, la claridad interpretativa y riguroso formalismo que la Corte Suprema desplegó en el caso “Mansilla”, declarando la inconstitucionalidad de la aplicación de oficio del tope establecido por la Ley de Contrato de Trabajo; la siempre presente primacía de la normativa internacional por sobre la legislación nacional en el caso “Pinturas y Revestimientos” dejando claro el modelo normativo planteado en la Reforma constitucional de 1994; la Corte también se expidió respecto de una temática harto reiterada en la actualidad como lo es la demora en la dilucidación de las causas, por lo que en “Pedraza” determinó la competencia de las cámaras locales para entender sobre apelaciones en materia previsional; por último se observa un concepto ya añejo y relativizado por la mayoría del arco laboralista como es la locación de servicios, siendo que en “Zarlenga” se pone de manifiesto con gran locuacidad lo contradictorio que resulta el término en torno a la dignidad humana.

Cada uno de los fallos descriptos a continuación, pueden ser consultados para conocer en profundidad el contenido de las sentencias así como también conocer material académico, normativo y jurisprudencial relacionado como Microjuris Argentina acostumbra brindar.

Tope indemnizatorio: la Corte declaró arbitraria la inconstitucionalidad de oficio

Mansilla Carlos Eugenio c/ Fortbenton Ca. Laboratorios S.A. y otros s/ despido MJJ84698

Sabido es para el amplio espectro de abogados laboralistas, especialistas en la materia y académicos, que el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece en su segundo párrafo un tope a la base de cálculo para la determinación de la indemnización por despido.

Ahora bien, al margen de que la inconstitucionalidad de lo dispuesto se trate de modo habitual como algo acabadamente conocido y superado -pues se ha de enseñar incluso en lo que respecta a nociones básicas del derecho del trabajo-, no obsta ello a que se produzcan notorias falencias en las presentaciones judiciales vinculadas con la temática, tal el caso de “Mansilla, Carlos Eugenio c/ Fortbenton Co. Laboratories S.A. y otros s/ despido”.

En la causa mencionada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo, que había declarado de oficio la inconstitucionalidad del tope ya citado sin presentación al respecto por parte del trabajador. Así, los ministros Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt, Elena Highton Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, afirmaron que en el fallo apelado se tuvo por ignorado que “la plataforma fáctica del debate reclamaba considerar que el actor, al demandar, propuso la aplicación de un tope determinado”.

Lejos queda entonces la intención de hacer valer, por justo que fuere, una medida convencional de los tribunales si la misma no fue solicitada oportunamente, en tanto la Corte sostuvo que el Tribunal de alzada tuvo por concedido algo que el propio interesado había resignado con anterioridad conforme a la normativa vigente, trasponiendo “el campo de actuación que le es propio, sustituyéndose en la voluntad de una de las partes, con la consecuente alteración del balance procesal, en detrimento de la contraria”.


Protección de créditos: el privilegio de ser trabajador

Pinturas y Revestimientos aplicados S.A. s/ quiebra MJJ85149

Por estricta aplicación del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, el Tribunal Supremo a nivel nacional otorgó primacía a lo establecido en el Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo, por sobre lo dispuesto en la Ley de Concursos y Quiebras.

En el caso, se aplicó el criterio definido en el convenio internacional entrado en vigencia en 1995, ratificado por la Ley 24.285, que versa sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, a raíz de lo cual, fue rechazada la pretensión de la AFIP tendiente a detentar el mismo carácter de acreedor que un trabajador que obtuvo sentencia favorable en un juicio tras haber sufrido un accidente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con siete integrantes en aquel entonces, sostuvo acertadamente que lo dispuesto por el Convenio antes citado no revestía un carácter meramente programático, y por ello “el crédito del trabajador debe estar resguardado por un privilegio que lo coloque en un plano superior al de los demás créditos privilegiados, en especial, a los del Estado y a los de la Seguridad Social”.


Seguridad Social: a problemas urgentes, medidas drásticas

– Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ Acción de Amparo MJJ85556

Lo referido a la seguridad social, excede ciertamente y de manera compleja lo atinente a la cuestión jurídica, puesto que su relación con la ancianidad y lo social -entendido como asistencia en casos razonablemente desafortunados-, lleva a concebir una noción de celeridad y eficacia del fuero que no se condice con la realidad actual.

A raíz de lo dicho, se ha discutido respecto a qué tribunal debía entender en las apelaciones de sentencias previsionales que hubieren sido dictadas por juzgados federales en las provincias, cuestionamiento que encontró respuesta en sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así las cosas, quienes entienden en tales apelaciones, han de ser las Cámaras Federales locales.

El fallo tiene lugar en ocasión de determinar la competencia en torno a una causa iniciada por un pensionado contra la ANSES para la obtención del pago de haberes retroactivos a la fecha de su solicitud administrativa. La contienda se hubo planteado entre la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y la Cámara Federal de la Seguridad Social, siendo que la Cámara tucumana se declaró incompetente arguyendo el principio de especialidad, en tanto no se especializaba en cuestiones previsionales. Por su parte, la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó la competencia con base en el art. 18 de la Ley 24.463, que claramente establece como que actuará como alzada en los casos previstos en el artículo 15 de la Ley 24.463, en demandas de conocimiento pleno.

Entre múltiples cuestiones de índole puramente jurídica, se deja ver expresamente el real motivo de la asignación de competencia: el colapso de la justicia previsional. Los magistrados en conjunto afirmaron, no obstante lo determinado por la normativa vigente, que el decisorio debía entenderse “en el marco de colapso en que se encuentra la Cámara Federal de la Seguridad Social debido a la sobrecarga de expedientes”.

Según lo dicho, se sentenció que la Cámara de la Seguridad Social dejaría de intervenir en grado de apelación contra los pronunciamientos previsionales, y en consonancia con el criterio social con que inicia esta reseña refirieron a una aguda crisis que sitúa a la CFSS “en la imposibilidad de brindar el servicio de justicia que merece nuestra sociedad en materia de derechos alimentarios que hacen a la subsistencia misma” siendo que, “la crítica situación señalada impacta directamente en uno de los grupos vulnerables que define nuestra Constitución -los jubilados- que no logran obtener respuestas de los jueces cuando efectúan un reclamo en torno a su prestación previsional, de neto carácter vital y alimentario”.


La locación de servicios, una “conducta inconstitucional”

Zarlenga Andrea Verónica c/ Rickson S.A. y otros s/ despido MJJ86456

La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, declaró inconstitucional la “locación de servicios”, concordando con preceptos básicos que denotan la contrariedad que implica para con la dignidad humana, y referenciando que se daría lugar a la cosificación del ser humano en caso de dar asidero a tal cuestión.

No obstante la existencia de cantidad de jurisprudencia que establece que la locación de servicios ha caído en desuso, se dio lugar aquí a la Constitución Nacional en tanto el art. 14 bis establece que “el trabajo no es una mercancía y que goza de la protección de las leyes entrando”.

En su voto, la Dra. Estela Ferreirós afirmó de modo contundente que “la fuerza del trabajo –material o inmaterial- mediante contraprestación numeraria que es el objeto de la llamada locación de servicios, nos pone frente a un contrato en el cual está siempre presente, y en primer término, el hombre, o sea la condición humana, aun cuando existe subordinación jurídica de este trabajador con respecto al empleador”.

Lo destacable de la sentencia, no trata solo de la declaración de inconstitucionalidad mencionada, sino que se introducen datos precisos sobre el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial –que data de 1995- en el que se eliminaba la locación de servicios. Finalmente, se afirma que el sostenimiento de la locación de servicios como tal, implica necesariamente una muestra de atraso histórico y social.

Por ello, en el fallo se puso énfasis en destacar que si el trabajador, “ya sea en el ámbito público o privado ha firmado un contrato de ese tipo corresponde sea considerado en la verdadera situación jurídica que le cabe”. Los jueces afirmaron que en esos casos “prevalece el principio de primacía de la realidad y esa realidad muestra que es un trabajador en relación de dependencia, que es protagonista de un contrato de trabajo”. Sin distinción de ámbito, englobando lo privado y lo público, se afirmó que “la suscripción de esos contratos constituye un verdadero acto de fraude en el sentido técnico-jurídico de la figura y por tanto son firmados tratando de burlar el orden público laboral. Resultan por lo menos, inoponibles al trabajador debiendo ser desplazada la legislación que se pretende aplicar, por la legislación laboral que es la que verdaderamente corresponde”.

(*) Abogado, UBA. Periodista. Especializando en Derecho del Trabajo, UBA. Coordinador de Laborjuris, suplemento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Microjuris.

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