fbpx

La empresa demandada debe indemnizar a la actora por la reimpresión de su tarjeta de crédito entregada a un tercero quien la utilizó

shutterstock_64945411Partes: Jiménez Claudia Daniela c/ Metroshop S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 9-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-90529-AR | MJJ90529 | MJJ90529

La empresa demandada debe indemnizar a la actora por la reimpresión de su tarjeta de crédito entregada a un tercero quien la utilizó, teniendo en cuenta la denuncia de extravío de DNI realizada por la demandante. 

Sumario:

1.-Para que se genere la culpa deben mediar cinco requisitos: (i) hecho del agente, positivo o negativo; (ii) violación del derecho ajeno; (iii) perjuicio efectivo, es decir, daño; (iv) nexo causal entre el daño y la consecuencia, y (v) imputabilidad.

2.-El nexo causal es el elemento que vincula el daño directamente con el hecho e indirectamente con el factor de imputabilidad subjetiva o de atribución objetiva del daño.

3.-Resulta necesario establecer un nexo de causalidad entre el efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad, sin que para ello alcance con comprobar que un hecho ha sido antecedente de otro: para que sea su causa eficiente es menester que tenga, por sí y objetivamente considerado, la virtualidad de producir semejante resultado.

4.-Para que una responsabilidad pueda ser declarada y atribuida a una persona como sujeto pasivo del deber resarcitorio, no es suficiente que se haya comprobado la existencia de un daño y también la existencia de un hecho imputable al autor por culpa o dolo, o de un hecho dotado por la ley de la calidad suficiente para constituir un factor atributivo de responsabilidad a una persona determinada: faltaría aún que este hecho aparezca como habiendo sido la causa del daño, pues es evidente que esta exigencia es condición indispensable para que el perjuicio le sea atribuido a la persona en cuyo ámbito de actuación o autoridad éste se produjo.

5.-Probada la existencia del hecho generador de la responsabilidad, es indispensable demostrar la relación causal entre ese hecho y el daño para poder hacer efectiva la obligación de indemnizar que el autor contrae a favor de su víctima. De allí que en el sistema de la responsabilidad civil se enuncie como un elemento o presupuesto esencial la relación de causalidad, pues de otro modo se estaría atribuyendo a una persona el daño causado por otra o por la cosa de otro.

6.-Tanto en el ámbito de la responsabilidad contractual como en el campo de los hechos ilícitos, el resarcimiento del daño moral es procedente (CCiv. 522 y 1078 ), bien que con perfiles propios.

7.-Las expresiones utilizadas por el CCiv. 522 podrá , índole del hecho generador , y circunstancias del caso , en realidad son pautas que persiguen como finalidad un mayor afinamiento del criterio del magistrado, para evitar que se llegue a situaciones disvaliosas, como lo sería precisamente, si llegara a admitirse automáticamente, ante el sólo incumplimiento contractual, el daño moral.

8.-La facultad que al juez le concede el art. 522 del CCiv. debe ser apreciada con rigurosa mesura, analizando detenidamente la índole del hecho generador de la responsabilidad y demás circunstancias concurrentes, dado que de ordinario en el ámbito contractual lo que resulta afectado no es más que el interés patrimonial.

9.-El resarcimiento por daño moral está dirigido a compensar los padecimientos, molestias y angustias sufridas por la víctima de la injuria en el plano espiritual, a consecuencia de un incumplimiento imputado al deudor.

10.-El hecho de que la actora nunca perdió su tarjeta de crédito sino su documento nacional de identidad; que no obstante ello, una persona que no pudo ser habida, utilización mediante del documento extraviado solicitó de la demandada, y obtuvo, la emisión de un nuevo plástico que utilizó, generando así débitos que fueron cargados a la cuenta de la iniciante; que inmediatamente ésta por dos veces formuló reclamos ante la demandada, que lejos de haber sido atendidos con prontitud, aparejaron el envío de un primer aviso de mora, son hechos suficientes para generar en la demandante un agravio emocional que fue mucho más allá de una simple molestia.

11.-No es menester realizar mayor esfuerzo para tener por configurada la lesión moral por sí misma y, por ende, hemos de concluir que nos hallamos ante una prueba in re ipsa, es decir, que surge inmediatamente de los hechos, que su vinculación no se encuentra sujeta a cánones estrictos, y que no es, por lo tanto, necesario aportar prueba directa sobre tal padecimiento.

12.-El artículo 165 del Código Procesal coloca a los jueces en posición dificultosa, pues la determinación de un monto con el que resarcir el demérito espiritual será necesariamente discrecional y hasta podrá ser arbitraria (véase que no es insólito que el legislador remita al arbitrio del juez: así el CCiv. 660 in fine ). Ocurre que al legislador le resulta inaceptable que una persona probadamente dañada quede sin indemnización por carencias probatorias respecto de su monto y, por tanto, manda fijarlo judicialmente. Mas en tal hipótesis el juez debe actuar con prudencia suma, de modo de no convertir la indemnización en un lucro (En el caso, se admitió una indemnización en concepto de daño moral por la suma de pesos 1500 ).

13.-Es muy posible y altamente probable que de ese actuar discrecional no resulte un monto que coincida exactamente con el del daño sufrido por la víctima del incumplimiento, pero de todos modos la norma del art. 165 del CPCCN., lo que pretende es otorgar alguna indemnización al sujeto dañado, y no la exacta e integral indemnización que se correspondería a un daño de monto suficientemente acreditado.

14.-El hecho de que algunos de los pedidos indemnizatorios de la actora fueran admitidos por sumas inferiores a las pretendidas o aún denegados, no obsta a que la parte demandada deba soportar las costas del proceso en virtud del principio objetivo de la derrota establecido por el CPCCN. 68, 1° párr.

15.-En los reclamos por daños y perjuicios, las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del demandante hayan progresado parcialmente en relación con la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos.

16.-Si se trata de indemnizar también los sentimientos de impotencia, incertidumbre y angustia que cabe suponer sufrió la actora frente al evidente destrato que le dispensó la demandada frente sus reclamos, habiendo aquella intentando infructuosamente demostrar ante la accionada la realidad de la situación por la que estaba atravesando, chocando con la displicente actitud de ésta, que no sólo no ajustó su obrar al deber de información que le imponía el art. 4 de la Ley 24.240, sino que -además- soslayó la oportunidad más clara que tuvo a su alcance para evitar -o por lo menos disminuir- sin dilaciones el daño que le estaba provocando, tal ilegítima incertidumbre, sumada a la ya referida descalificación personal y al destrato padecido, deben merecer una indemnización acorde con tales circunstancias, por lo que corresponde fijar el monto en concepto de daño moral $15.000, con más los intereses previstos en la ponencia que antecede (del voto en disidencia de la Dra. Julia Villanueva ). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 9 días del mes de octubre de dos mil catorce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: «JIMÉNEZ, CLAUDIA DANIELA C/ METROSHOP S.A. S/ ORDINARIO» (Expte. N° 5.507/2010; Juzg. 23, Sec. 46), en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: doctores Garibotto, Machin y Villanueva.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 289/95?

El Señor Juez de Cámara, doctor Juan Roberto Garibotto dice:

I. La litis y la sentencia de primera instancia.

En apretada síntesis, este litigio versa sobre lo siguiente.

i. Claudia Daniela Jiménez, quien oportunamente había denunciado el extravío de su documento nacional de identidad, demandó ser indemnizada de los daños y perjuicios -daño moral y pérdida de la chance- que, según adujo, le causó Metroshop S.A. cuando decidió reimprimir una tarjeta de crédito a su nombre que, utilizada fraudulentamente por un tercero, generó ciertos débitos cuya refacturación y restitución de lo que dijo haber sido cobrado en más también requirió.

Si bien la emisora del plástico reconoció la existencia del contrato que le vinculó con la actora, negó la responsabilidad que le fue atribuida.

ii. La primer sentenciante hizo lugar parcialmente a la demanda, condenó a Metroshop S.A. a pagar a la iniciante, como resarcimiento del daño directo, $ 1.500 con más intereses y a refacturar el resumen de gastos, y distribuyó por su orden las costas derivadas del proceso.

La sra.Juez halló probado (i) que la actora, el 8 de mayo de 2008, denunció el extravío de su documento nacional de identidad y que poco después, el día 30, igual cosa hizo ante el Ministerio Público contra quien hubiere solicitado a nombre de ella dos préstamos a Metroshop S.A.; (ii) basada en el contenido de la causa penal que se labró por derivación de esa última denuncia, la emisión por Metroshop S.A. de una tarjeta shopping n° 9518223101 el 15 de mayo de 2008, la existencia de dos recibos de entrega de los montos correspondientes a sendos mutuos, ambos contratos y los cupones correspondientes cuyas firmas, luego de periciadas, se demostró que no corresponden a la aquí actora; (iii) que ésta impugnó los resúmenes de gastos emitidos los días 23 de mayo y 24 de junio de 2008; y (iv) que todo ello fue corroborado mediante pericia contable realizada sobre los libros de comercio llevados por Metroshop S.A.

Analizó también la magistrada, cuanto se desprende de los informes crediticios correspondientes a la actora, cuyo contenido describió.

Sustentada en todo ello y basada en la profesionalidad de la actividad comercial desplegada por la demandada, la a quo juzgó que ésta actuó con negligencia cuando decidió emitir y entregar un nuevo plástico, recordó que la actora había extraviado su documento nacional de identidad y no la tarjeta de crédito que le había sido provista por Metroshop S.A. y, por ello, consideró también que la demandada incumplió lo previsto en la cláusula 16° del contrato.

Sentado ello, la sra. Juez analizó la procedencia del pretendido resarcimiento.

(i) En lo que concierne al daño directo, la sra. Juez encuadró tal cuestión en la norma de la ley 24.240:10 bis, último párrafo; encontró que si bien la actora formuló sendos reclamos en junio y julio de 2008, la demandada no los sustanció incumpliendo de tal modo lo previsto en la cláusula 8° del contrato; bien que tuvo demostrada en el resumen de cuenta emitido el 10 de septiembre de 2008, la existencia de un débito por $ 329 y de una nota de crédito por reversión de $ 332,28.

Valoró el lapso que corrió desde la impugnación formulada el 10 de junio de 2008 hasta que Metroshop S.A. decidió aquella reversión; también advirtió que la actora había sido informada en situación 1 «normal» desde el 30 de mayo hasta el 30 de julio de 2008, y en situación 2 «riesgo bajo» al 30 de agosto de 2008; consideró que las calificaciones más gravosas que posteriormente fueron informadas respecto de la iniciante por diversos entes crediticios carecen de relación de causalidad con lo obrado por la defendida; y por ello juzgó que sólo durante un mes la actora vio menoscabado su derecho como consumidora.

Con esa base fijó la indemnización derivada de esa irregular actuación en la suma de $ 1.500.

(ii) Empero, no hizo lugar al resarcimiento pretendido en concepto de daño moral, por considerar que ninguna prueba directa de ese demérito fue aportada a la litis.

A ello la a quo agregó que el único testimonio sobre el extremo no aludió al estado anímico de la pretensora, y que en definitiva fue ella quien extravió su documento nacional de identidad.

(iii) E igual temperamento adoptó la sra. Juez en lo que concierne a la pérdida de la chance, en tanto no halló vínculo causal entre lo actuado por Metroshop S.A. y la imposibilidad en que se halló la iniciante de obtener un préstamo personal para viajar a Canadá para capacitarse y lograr de tal modo un mejor futuro laboral.

En tales términos la sentencia fue pronunciada.

II. El recurso.

Apeló la demandante (fs. 297), quien expresó los agravios de fs.307/12 que fueron respondidos por Metroshop S.A. en la pieza de fs. 332/7.

i. Respecto del denominado daño directo, se quejó de que sólo por el lapso de un mes se hubiere juzgado que su derecho como consumidora se halló menoscabado.

Sostuvo que la responsabilidad atribuida a la demandada es cuestión que se halla firme, por ende, que Metroshop S.A. actuó con negligencia en tanto no observó las medidas de seguridad a su cargo, excedió los plazos para que se pronunciara sobre las impugnaciones a las cuentas y en el interín proporcionó información crediticia, e invocación mediante de la norma de la ley 24.240: 42 concluyó que la suma que por el rubro se fijó «carece de los presupuestos de resarcimiento integral y justo» (sic).

ii. Se agravió del rechazo del rubro daño moral.

Adujo que la norma del cciv 522 establece la procedencia del resarcimiento de que se trata según la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso sin exigir la prueba de la existencia de un daño físico o psicológico, volvió sobre la responsabilidad que de lo actuado recayó sobre la demandada, y se agravió de que fuera responsabilizada por el extravío de su propio documento nacional de identidad.

Afirmó que su buen nombre y honor se vieron perjudicados, que debió soportar las consecuencias de las demoras en que incurrió su oponente, que en los sucesivos resúmenes de gastos fueron incluidos débitos improcedentes, y que todo ello le generó angustia, incertidumbre e inseguridad.

iii. Lo propio hizo en lo que se refiere a la pérdida de la chance.

Criticó la forma con que fue valorada la totalidad de la información crediticia, adujo que fue Metroshop S.A.quien primariamente brindó información concerniente a su persona como deudora, dijo que su intención de obtener un préstamo personal en mira a una mejora de su futuro laboral fue contemporánea con los hechos acaecidos, que tal cosa se corroboró con prueba testimonial y, basada en todo ello aseveró que fue la defendida quien, por el modo en que obró, frustró ese emprendimiento.

iv. Se quejó, por fin, de la forma en que fueron distribuidas las costas derivadas del pleito y postuló que éstas sean puestas, en su totalidad, a cargo de la demandada.

III. La solución.

Ha adquirido firmeza, pues no medió recurso de la defensa, cuanto fue juzgado en la sentencia de grado sobre la responsabilidad que corresponde atribuir a Metroshop S.A.

Sin embargo, el pronunciamiento no satisfizo a la actora quien, básicamente, se agravió por considerar exigua la suma que en concepto de daño directo fue fijada en la sentencia de grado, se quejó de la desestimación de los restantes rubros resarcitorios -pérdida de la chance y daño moral- y, por fin, de la forma en que las costas fueron impuestas.

En ese orden tales cuestiones serán tratadas.

i. Sobre lo primero -monto fijado como reparación del daño directo-, veo que la recurrente no ha rebatido el argumento central sobre el que fincó la sentencia, esto es, que con sustento en el episodio que motivó este litigio sólo durante un mes Metroshop S.A. cursó información errónea respecto de la apelante, que en virtud de ello fue categorizada en situación 2 «riesgo bajo» al 30 de agosto de 2008, y que las restantes calificaciones de que fue objeto -4 «riesgo alto» y 5 «irrecuperable»- provinieron de dos diversas entidades (Italcred S.R.L. y Fideicomiso Financiero Asset Recovery 2°) y abarcaron un período posterior (v. fs.174/6 y 190/6).

Así las cosas, la sola argución referida a la exigüidad de la suma indemnizatoria fijada en el pronunciamiento de grado no alcanza para decidir su elevación.

(i) En primer lugar, por cuanto no ha sido controvertido aquel argumento fundante de la solución.

Y, en segundo término, porque entonces y frente a la ausencia de crítica idónea, hemos de concluir que la suma que fue establecida resulta acorde y alcanza para resarcir el demérito provocado por la demandada.

En el aspecto examinado, pues, debemos concluir que el recurso se halla desierto.

(ii) Bueno es recordar, al hilo de lo expuesto, que en una expresión de agravios no basta el quantum discursivo sino la qualitae razonativa y crítica. No alcanza el disentimiento con la sentencia, pues disentir no es criticar al punto que el recurso debe bastarse a sí mismo.

Esto es así, pues tanto los disensos subjetivos como la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de modo distinto de lo apreciado por el juez, si bien constituyen modalidades propias del debate dialéctico, no lo son de la impugnación judicial.

Por el contrario, la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que el juez de la primera instancia basa su pronunciamiento y la indicación de las circunstancias fácticas y razones jurídicas en virtud de las cuales el apelante tacha de equivocadas las conclusiones del fallo, son presupuestos esenciales para que el acto procesal intentado configure una auténtica expresión de agravios, de lo que se sigue que discutir el criterio de valoración judicial sin apoyar la oposición o dar base jurídica a un enfoque distinto, no es expresar agravios (esta Sala, «Mach, Luis Osvaldo c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.», 30.12.09; íd., «Agua Va S.A. c/ Danone Argentina S.A.» , 30.4.10; íd., «Friedrichs, Jorge Walter c/ Macrelli, Roberto», 15.6.10; íd., «Alquivial S.R.L.c/ Balpego S.A.», 6.5.11; íd., «Vera, Guillermo Antonio c/ Ford Credit Cía. Financiera S.A.» , 13.5.11; íd., «Salem Ini, Moisés Eduardo c/ Casa Hodara S.A.», 3.11.11; íd., «Bipolar S.R.L. c/ Aeropuertos Argentina 2000 S.A.» , 13.3.12; íd., «Ramos, Marcelo Fabián c/ Citibank N.A.», 2.10.12; íd., «Scovenna, Eduardo Rodolfo c/ Plan Rombo S.A.», 11.12.12; íd., «Ghirardi, Alberto César c/ Borello, Rubén Alberto» , 26.2.13; íd., «Wainer, Sergio Claudio c/ Cleona S.A.» , 25.3.13, íd., «Ventura, José Alfredo c/ Universidad Nacional de Buenos Aires» , 21.10.13; íd., «T.V. Sat S.M. Andes S.R.L. c/ DirecTV Argentina S.A.», 19.11.13; íd., «Ventre, José Luis c/ Fideicomiso Laverc», 17.7.14, entre muchos otros).

ii. Igual argumentación que la expuesta al comienzo del cap. i. de este Consid. III me lleva a proponer la desestimación del agravio referido a la denegada indemnización de la chance perdida.

Esto, porque aún teniendo por cierto que la actora no pudo obtener un préstamo personal para viajar a Canadá con la finalidad de perfeccionar el uso del idioma inglés y lograr de tal manera mayor capacitación (así lo dijo ella y lo declaró el testigo Bernardo Javier Agostino en fs. 169/70, respuestas a las 3°, 4°, 5° y 6° preg. del interrogatorio de fs. 167, 1° repreg. de la defensa, y respuesta a las 8° y 9° preg. del interrogatorio de fs.168; aunque aquí debo decir que ese testigo dijo saber tal cosa sólo por comentarios recibidos de boca de la demandante, con lo cual su testimonio es de poca relevancia -cpr 456-), aún así resulta que ninguna prueba documental se anejó a la litis que demuestre en qué momento la ahora quejosa solicitó el aludido préstamo ni ante quién, sencillamente porque nada de esto fue explicado cuando la demanda fue ampliada ni le fue preguntado al mencionado Agostino.

La orfandad probatoria del extremo es notable.

Va de suyo que la sola argución plasmada en la pieza mencionada, referida a que «Al momento de la ocurrencia de los hechos descriptos.» (cfr. ampliación de demanda, fs. 43, ap. 4°, 1° oración) no alcanza para ligar cronológicamente la conducta que se reprochó a Metroshop S.A. con aquel pensado y luego frustrado periplo al exterior del país, demostrado como quedó que durante sólo un mes ésta cursó información errónea acerca de la situación financiera de la actora (recuerdo: «riesgo bajo») y que fueron otras entidades quienes así lo hicieron poco después, agravando esa calificación (como «riesgo alto» e «irrecuperable»).

Y, principalmente, tampoco sirve para evadir las consecuencias de la ausencia de información acerca de ante quién se solicitó el mencionado préstamo y, eventualmente, cuál fue la razón por la que finalmente no se concedió.

A esta altura de la ponencia tres cosas he de señalar.

(i) La primera, que un elemental deber de colaboración que recae sobre las partes de todo proceso obliga a éstas mencionar al Tribunal, a través de formas positivas, cuáles han sido las reales circunstancias a fin de que la litis pueda trabarse sobre pautas de verdad que posibiliten el dictado de una sentencia justa (CSJN, Fallos 178:223, 186:64; esta Sala, «Alquivial S.R.L. c/ Balpego S.A.», 6.5.11; íd., «Marcala S.A. c/ Rodó Hogar S.A.» , 5.3.13; también CNCom A, «Casa Petchere c/ Bonfilio y Cía. S.A.», 17.11.71; íd.»El Bohío S.R.L. c/ Efren S.A.», 20.10.82; Sala B, «López, Héctor c/ Alberto J. Armando S.A.», 5.7.74; íd., «Kaplan, Mario c/ Besprovan, Daniel», 17.9.85; Sala D, «Automotores San Telmo S.A. c/ Cía. de Seguros Unión de Comerciantes S.A.», 16.6.87; íd., «Nuevo Merlín S.A. c/ Cassalone Hnos. S.R.L.», 19.6.92; íd., «IBM Argentina S.A. c/ Astilleros Corrientes S.A.», 9.3.98).

(ii) La segunda, que como es sabido, la carga procesal de probar es la actividad encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante, dado que el juez realiza, a expensas de los elementos probatorios aportados a la causa la reconstrucción de los hechos invocados, descartando aquéllos que no hayan sido objeto de demostración en la medida necesaria.

En términos llanos, la carga de la prueba es una circunstancia de riesgo según la cual quien no prueba los hechos que invoca pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis; es una noción procesal que contiene la regla del juicio por la cual se le indica al juez cómo debe fallar, cuando se encuentran en el proceso pruebas que le dan certeza sobre los hechos en los que debe fundamentar su decisión e, indirectamente, establece a cuál de las partes le interesa acreditar esos mismos hechos para evitarse consecuencias desfavorables.

Ergo, negada la situación fáctica por el contradictor, la distribución de la carga probatoria se impone a quien ha afirmado los hechos constitutivos de la pretensión (esta Sala, «Gas San Justo S.A. c/ Presa, Florentino», 22.3.91; íd., «Aboso, Jorge c/ Myusso, Carlos», 18.11.91; íd., «Amin Zicanelli, Silvia c/ Charcas 3387 S.A.», 5.2.93; íd., «San Fernando Cía. Financiera S.A. c/ Burdet, Eduardo», 25.3.93; íd., «Esi-Sit S.A. c/ Manso, Eduardo», 21.4.94; íd., «Kerofix S.R.L.c/ Mariano Acosta S.A.», 6.6.94; íd., «Bellini, Gabriel c/ Lee, José», 26.5.95; íd., «Bugallo, Orlando c/ Capalbo, Javier», 16.6.95; íd., «La Holando Sudamericana Cía. de Seguros S.A. c/ Pareaqui S.R.L.», 19.6.98; íd., «Siep S.A. c/ Benito Roggio e Hijos S.A.», 15.2.05; íd., «Fábrica de Implementos Agrícolas S.A. c/ Kohler Company», 31.5.05; íd. «Sedler Horacio c/ Frassia Luis A.»; 6.4.10; íd. «Botte, Armando Horacio c/ Adro S.A.», 6.4.10; íd. «Visor Enciclopedias Audiovisuales S.A. c/ The Walt Disney Company de Argentina S.A.», 24.6.11; íd., «Stop Car SA c/ Liderar Compañía General de Seguros S.A.», 27.12.13; íd., «Landini, Nora Lidia c/ Search S.A.» , 15.5.14).

(iii) Y la tercera, que entonces resulta que no se ha demostrado la existencia de relación de causalidad entre aquella inconducta en que probadamente incurrió la demandada respecto de la apuntada frustración del viaje que la actora, según adujo, programó.

Sólo, pues, alcanza con recordar que unánimemente, tanto en legislación, cuanto en doctrina y jurisprudencia, se exigen una serie de condiciones indispensables para que la responsabilidad en general haga surgir el deber de indemnizar.

Enseña Colombo (en «Culpa Aquiliana», pág. 121 y sig., ed. T.E.A., Buenos Aires, 1947), que para que se genere la culpa deben mediar cinco requisitos: (i) hecho del agente, positivo o negativo; (ii) violación del derecho ajeno; (iii) perjuicio efectivo, es decir, daño; (iv) nexo causal entre el daño y la consecuencia, y (v) imputabilidad.

El nexo causal es el elemento que vincula el daño directamente con el hecho e indirectamente con el factor de imputabilidad subjetiva o de atribución objetiva del daño.

Resulta entonces necesario establecer un nexo de causalidad entre el efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad, sin que para ello alcance con comprobar que un hecho ha sido antecedente de otro:para que sea su causa eficiente es menester que tenga, por sí y objetivamente considerado, la virtualidad de producir semejante resultado.

En esa línea, el autor citado señala que para que una responsabilidad pueda ser declarada y atribuida a una persona como sujeto pasivo del deber resarcitorio, no es suficiente que se haya comprobado la existencia de un daño y también la existencia de un hecho imputable al autor por culpa o dolo, o de un hecho dotado por la ley de la calidad suficiente para constituir un factor atributivo de responsabilidad a una persona determinada: faltaría aún que este hecho aparezca como habiendo sido la causa del daño, pues es evidente que esta exigencia es condición indispensable para que el perjuicio le sea atribuido a la persona en cuyo ámbito de actuación o autoridad éste se produjo (v. Colombo, op. y loc. cit.).

También esta Sala ha discurrido por ese carril: en lo que concierne al asunto aquí examinado, ha sido juzgado que probada la existencia del hecho generador de la responsabilidad, es indispensable demostrar la relación causal entre ese hecho y el daño para poder hacer efectiva la obligación de indemnizar que el autor contrae a favor de su víctima (esta Sala, «Fernández, Vicente c/ Tavella y Cía. S.A.», 17.12.83; íd., «Random S.A. c/ Química Estrella S.A.», 22.7.85; íd., «Container Leasing S.A. c/ Schenker Argentina S.C.A.», 23.8.85; íd., «Funes, Víctor c/ Banco de Entre Ríos», 16.6.87; íd., «Waisman, Jorge c/ Goldfarb, Bernardo», 8.3.89; íd., «Moore Hnos. S.A. c/ Gaviña, María», 18.8.89; íd., «Mazzati, Oscar c/ Editorial Tempo S.A.», 5.10.89; íd., «Noel, Alejandro c/ Banco Hipotecario S.A.» , íd., «Il Sapore S.R.L. c/ HSBC Bank Argentina S.A.», 10.10.13; íd., «Santa María y Cía. S.A.c/ Toyota Argentina S.A.», 27.12.13; íd., «Natalini, Eliana Grisel c/ Auchán Argentina S.A.», 27.12.13; íd., «Sica, Ricardo Héctor c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires» , 29.4.14).

De allí que en el sistema de la responsabilidad civil se enuncie como un elemento o presupuesto esencial la relación de causalidad, pues de otro modo se estaría atribuyendo a una persona el daño causado por otra o por la cosa de otro.

i ii. Sí, empero, hallo procedencia al recurso en lo que se refiere al pretendido resarcimiento del daño moral.

Veamos.

(i) Tanto en el ámbito de la responsabilidad contractual como en el campo de los hechos ilícitos, el resarcimiento del daño moral es procedente (cciv 522 y 1078), bien que con perfiles propios.

Las expresiones utilizadas por el cciv 522 «podrá», «índole del hecho generador», y «circunstancias del caso», en realidad son pautas que persiguen como finalidad un mayor afinamiento del criterio del magistrado, para evitar que se llegue a situaciones disvaliosas, como lo sería precisamente, si llegara a admitirse automáticamente, ante el sólo incumplimiento contractual, el daño moral.

La facultad que al juez le concede la norma citada debe ser apreciada con rigurosa mesura, analizando detenidamente la índole del hecho generador de la responsabilidad y demás circunstancias concurrentes, dado que de ordinario en el ámbito contractual lo que resulta afectado no es más que el interés patrimonial.

Precisamente, el resarcimiento por daño moral está dirigido a compensar los padecimientos, molestias y angustias sufridas por la víctima de la iniuria en el plano espiritual, a consecuencia de un incumplimiento imputado al deudor.

(ii) Así vista esta cuestión y más allá de cómo fue informada la actora por Metroshop S.A.(lo recuerdo, en situación 2 «riesgo bajo»), ese solo hecho unido a que ella nunca perdió su tarjeta de crédito sino su documento nacional de identidad; que no obstante ello, una persona que no pudo ser habida, utilización mediante del documento extraviado solicitó de la demandada, y obtuvo, la emisión de un nuevo plástico que utilizó, generando así débitos que fueron cargados a la cuenta de la iniciante; que inmediatamente ésta (en junio de 2008, v. fs. 6 y 7, piezas reservadas en el sobre de documentación correspondiente a este expediente) por dos veces formuló reclamos ante Metroshop S.A. que lejos de haber sido atendidos con prontitud, aparejaron el envío de un primer aviso de mora (hacia fines de julio de ese año; v. fs. 11, también reservada), son a mi juicio hechos suficientes para generar en la demandante un agravio emocional que fue mucho más allá de una simple molestia.

No es menester, pues, realizar mayor esfuerzo para tener por configurada la lesión moral por sí misma y, por ende, hemos de concluir que nos hallamos ante una prueba in re ipsa, es decir, que surge inmediatamente de los hechos, que su vinculación no se encuentra sujeta a cánones estrictos, y que no es, por lo tanto, necesario aportar prueba directa sobre tal padecimiento (esta Sala, «Jakim, Horacio c/ Amparo, Cía. Argentina de Seguros S.A.», 21.9.92; íd., «Cortés, Vicente c/ Guini, Héctor -Automóviles Barracas-«, 22.6.93; íd., «Schmiegelov, María c/ Asoc. Mutual de Psicólogos», 6.6.94; íd., «Von Scheidt, Gustavo c/ Sluman, Carlos» , 3.12.10; íd. «Navarro de Caparrós, Aída del Valle c/ Suizo Argentina Cía. de Seguros S.A.», 20.12.10; íd., «Gorrini, Gustavo Adrián c/ Mercantil Andina Cía. de Seguros S.A.» , 3.10.11; íd., «Durontó, Guillermo Vicente c/ Visa Argentina S.A.», 1.6.12; íd., «Brunetti, Ricardo Hugo Esteban c/ Banco do Brasil S.A.» , 4.10.12; íd., «Alessandri, Nélson c/ J.B.Inversora S.A.» , 8.11.12; íd., «Besutti, Marino c/ El Comercio Cía. de Seguros a prima fija S.A.» , 5.3.13; íd., «Albiñana, Jorge Alberto c/ Guido Guini S.A.», 10.6.14; cfr. Bustamante Alsina, Jorge, en «Equitativa reparación del daño no mensurable», publ. en LL. 1990-A-654).

(iii) Juega en la especie la norma del cpr 165.

Y es con tal sustento normativo que, según mi parecer, atendiendo a lo que en la causa resultó demostrado, resulta prudente fijar como resarcimiento del rubro en cuestión la suma de $1.500.

Dicho monto engrosará con intereses que habrán de computarse de la forma y con los alcances fijados en la sentencia de grado (en el Consid. 1, último párrafo).

(iv) Resta mencionar que aquel precepto coloca a los jueces en posición dificultosa, pues la determinación de un monto con el que resarcir el demérito espiritual será necesariamente discrecional y hasta podrá ser arbitraria (véase que no es insólito que el legislador remita al arbitrio del juez: así el cciv 660 in fine). Ocurre que al legislador le resulta inaceptable que una persona probadamente dañada quede sin indemnización por carencias probatorias respecto de su monto y, por tanto, manda fijarlo judicialmente. Mas en tal hipótesis el juez debe actuar con prudencia suma, de modo de no convertir la indemnización en un lucro.

Es entonces muy posible y altamente probable que de ese actuar discrecional no resulte un monto que coincida exactamente con el del daño sufrido por la víctima del incumplimiento, pero de todos modos dicha norma lo que pretende es otorgar «alguna» indemnización al sujeto dañado, y no la exacta e integral indemnización que se correspondería a un daño de monto suficientemente acreditado (esta Sala, «Ingeniería Garbe c/ Conelmec S.R.L.», 22.9.95; íd.»Gaudiosi, Gerardo c/ BankBoston N.A.» , 10.11.09; íd., «González Arrascaeta María Eloisa c/ Scotiabank Quilmes S.A.», 19.3.10; íd., «Potasz, Daniel c/ Oviedo Diego Héctor», 4.2.11; íd., «Devoto, Patricia Rita c/ Banco Societe Generale S.A.», 8.4.11; íd., «Vera, Guillermo Antonio René c/ Ford Credit Compañía Financiera» , 13.5.11, íd., «Luchetta, Daniel Mario c/ Banco Santander Río S.A.», 19.8.11; íd., «Torre, Juan Manuel c/ Guini S.A.» , 9.9.11; «Garac, José c/ Ford Argentina S.A.», 4.6.12; íd., «Gabriel, María Verónica c/ Multifinanzas Cía. Financiera S.A.», 25.9.12; íd., «Alessandri, Nelson c/ J.B. Inversora S.A.» , 8.11.12; íd., «Stamati, Héctor Gustavo c/ Visa Argentina S.A.», 7.5.13; íd., «LM Sistemas Lumínicos S.A. c/ HSBC Bank Argentina S.A.», 25.6.13; íd., «Ferrufino Coronel, Gualberto c/ Vitún S.A.», 13.8.13; íd., «Palumbo, Guillermo Gabriel c/ Ford Argentina S.C.A.», 3.6.14; íd., «Ventre, José Luis c/ Fideicomiso Laverc», 17.7.14).

iv. Y también encuentro atendible al último de los agravios que la actora expresó.

Pues lo cierto y concreto es que la deducida es una demanda resarcitoria, que la responsabilidad que se atribuyó a Metroshop S.A.fue probada y juzgada, y que en alguna medida la pretensión ha progresado.

Visto así este asunto, a mi juicio cupo que las costas derivadas del litigio fueran impuestas en su totalidad a la demandada, en tanto vencida en lo principal.

Cabe señalar que el hecho de que algunos de los pedidos indemnizatorios de la actora fueran admitidos por sumas inferiores a las pretendidas o aún denegados, no obsta a que la parte demandada deba soportar las costas del proceso en virtud del principio objetivo de la derrota establecido por el cpr 68, 1° párrafo.

Así lo ha decidido esta Sala en reiterados precedentes.

En efecto, este Tribunal ha juzgado que en los reclamos por daños y perjuicios, las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del demandante hayan progresado parcialmente en relación con la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (in re: «Enrique R. Zenni y Cía. S.A. c/ Madefor S.R.L.», 14.2.91; «Martín, Oscar C. c/ Toyoparts S.A.», 11.2.92; «Levi, Raúl Jacobo c/ Garage Mauri Automotores», 23.3.94; «Laya Marta Encarnación c/ Román S.A.», 16.7.99; «Crystal Clean S.R.L. c/ Representación de Comunicaciones S.A.», 26.3.02; «Flores, Carlos A. c/ Banco Río de la Plata S.A.», 8.7.05; «Noel, Alejandro F. c/ Banco Hipotecario S.A.», 4.6.10; «Alfonso, Liliana B. c/ La Nueva Coop. de Seguros Ltda.», 8.10.10; «Romano, Claudia A. c/ General Motors de Argentina S.R.L.», 24.6.10; «Kolevitch, Nilda B. c/ Llano, Raúl A.», 12.4.12; «Garac, José c/ Ford Argentina S.A.», 4.6.12).

A lo expuesto corresponde añadir que Metroshop S.A. solicitó, en oportunidad de contestar la demanda, el rechazo íntegro de la acción deducida (v. fs.106/9) y que no se advierte configurado un supuesto de pluspetición inexcusable que justifique apartarse del criterio expresado.

IV. La conclusión.

Propongo, pues, al Acuerdo que estamos celebrando, estimar parcialmente el recurso introducido por la actora y modificar, en consecuencia, la sentencia de grado, con el efecto de condenar a Metroshop S.A. a pagar a aquélla, además de la suma fijada en el pronunciamiento de grado y del monto que debe serle restituido, $1.500 con más intereses que habrán de calcularse según lo dispuesto en el pronunciamiento recurrido, en concepto de resarcimiento del daño moral. Todo ello con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (cpr 68: 1° y 279).

Así voto.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara doctor Eduardo R. Machin adhiere al voto anterior.

Disidencia parcial de la Dra. Villanueva:

Comparto en un todo el voto del Dr. Garibotto.

Mi disenso se acota al monto sugerido en concepto de daño moral, que lo encuentro en verdad muy reducido.

De lo que se trata es de indemnizar el padecimiento -que sin duda el distinguido magistrado ha tenido por probado- que sufrió la actora por la descalificación personal implícita en la publicación de falsos datos a su respecto.

Y se trata de indemnizar también los sentimientos de impotencia, incertidumbre y angustia que cabe suponer sufrió aquélla frente al evidente destrato que le dispensó la demandada frente sus reclamos.

La señora Jiménez intentó infructuosamente demostrar ante «Metroshop» la realidad de la situación por la que estaba atravesando (v. formularios agregados a fs. 6/7), chocando con la displicente actitud de ésta, que no sólo no ajustó su obrar al deber de información que le imponía el art. 4 de la ley 24.240, sino que -además- soslayó la oportunidad más clara que tuvo a su alcance para evitar -o por lo me nos disminuir- sin dilaciones el daño que le estaba provocando.

Es decir:»Metroshop» no sólo emitió a favor de un extraño una tarjeta que estaba a nombre de la actora y cuyo extravío jamás había sido denunciado, sino que, utilizada esa tarjeta por ese extraño, requirió a la actora el pago de los consumos por éste realizados, según temperamento que observó en más de una ocasión, ignorando por completo los justificados reclamos que la demandante le había presentado.

Esa ilegítima incertidumbre, sumada a la ya referida descalificación personal y al destrato padecido, deben merecer una indemnización acorde con tales circunstancias, por lo que propongo al Acuerdo hacer lugar a la pretensión que en tal sentido fue esgrimida en la demanda y fijar el monto en cuestión en la suma -allí indicada- de $15.000, con más los intereses previstos en la ponencia que antecede.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Eduardo R. Machin, Juan R. Garibotto, Julia Villanueva (en disidencia parcial). Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala «C».

Rafael F. Bruno

Secretario

Buenos Aires, 9 de octubre de 2014.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve estimar parcialmente el recurso introducido por la actora y modificar, en consecuencia, la sentencia de grado, con el efecto de condenar a Metroshop S.A. a pagar a aquélla, además de la suma fijada en el pronunciamiento de grado y del monto que debe serle restituido, $1.500 con más intereses que habrán de calcularse según lo dispuesto en el pronunciamiento recurrido, en concepto de resarcimiento del daño moral. Todo ello con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (cpr 68: 1° y 279).

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Eduardo R. Machin

Juan R. Garibotto

Julia Villanueva

(en disidencia parcial)

Rafael F. Bruno

Secretario

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: