Indemnizan al conductor de una motocicleta como consecuencia de la caída de un árbol ubicado en una vereda.

shutterstock_41462359Partes: Loose Rolando Martin contra GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. medica)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: 2

Fecha: 7-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90382-AR | MJJ90382 | MJJ90382

Se condena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños y perjuicios sufridos por el conductor de una motocicleta como consecuencia de la caída de un árbol ubicado en una vereda.

Sumario:

1.-Resulta responsable el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los daños ocasionados a un motociclista tras la caída de un árbol situado en una vereda, toda vez que la autoridad pública tiene el deber de preservar la seguridad de las personas y de los bienes, por ello falta de realización configura un supuesto de omisión en el ejercicio de la función administrativa, en tanto su regular cumplimiento interesa tanto a aquél como a los bienes colectivos tutelados, puesto que el deber de control y mantención a cargo del GCBA tiene como finalidad, entre otras, evitar la producción de daños a terceros.

2.-Debe desestimarse el planteo defensista incoado por el estado local relativo a que la víctima habría asumido la responsabilidad de los daños que sufridos por la caída de un árbol ubicado en una vereda pública, al elegir como medio de transporte un vehículo peligroso, atento que, sin perjuicio de la naturaleza de cosa riesgosa de la moto en que se transportaba, el reclamante no ha intervenido ni siquiera concausalmente en la ocurrencia del hecho ni en la producción de los daños generados, máxime cuando tampoco ha invocado la demandada que el actor circulara de modo incorrecto por la vía pública.

3.-Corresponde desestimar el pedido de indemnización por daño emergente interpuesto por el actor, toda vez que no ha cumplido con la carga de acreditar los gastos realizados por la reparación de su moto.

4.-Debe rechazarse el rubro desvalorización del rodado puesto que el mismo no procede automáticamente, sino que la desvalorización debe ser probada, sea por peritaje u otros elementos de convicción que demuestren el menor valor a raíz de las secuelas del hecho.

5.-Debe hacerse lugar al reclamo de lucro cesante correspondiente a un año durante el cual la víctima no pudo desempeñar las tareas de mensajería en moto y de reparaciones y mantenimiento que realizaba habitualmente, toda vez que, atento que el actor realizaba trabajos informales, mal puede requerírsele una acreditación mayor a la producida, bastando a fin de hacer lugar a la petición, las coincidentes declaraciones de los testigos y la razonabilidad de las cifras que el requirente refiere haber percibido antes del accidente por las labores que realizaba.

6.-Corresponde abonar a la víctima de un accidente en la via publica, dentro de los treinta días de consentida la sentencia, una indemnización que no supere el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno, ello así, dado que por su origen, naturaleza alimentaria, y las sumas que excedan de dicho límite quedaran sometidas a lo establecido en los arts. 399 y 400 del CCAyT, es decir, al procedimiento ordinario de ejecución de las sentencias condenatorias contra el Estado local.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 07 noviembre de 2014.-

VISTOS los autos indicados en el epígrafe para dictar sentencia de los que RESULTA: 1. A fs. 1/35 se presenta el letrado Fernando Fabián Winitzky en representación de Rolando Martín Loose y promueve demanda de daños y perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de $ 634.636,50 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más sus intereses y costas. 1.1. Refiere que el 15 de mayo de 2000, aproximadamente a las 17,30 horas circulaba con su moto Honda 125 CC dominio BQP322, por la Av. Figueroa Alcorta entre Casares y Sarmiento, en sentido norte, cuando un añoso árbol que se encontraba en la vereda derecha cayó imprevistamente sobre él provocándole serios daños tanto en su persona, como al vehículo. Explica que se trata de un árbol de grandes dimensiones, correspondiente a la especie leguminosa, con un diámetro de eje de 1,10 metros, y una altura estimada en 20 metros. También destaca que a nivel de la plantera se observaba un ahuecamiento de 70 cm. de diámetro, que sería el causante de la falta de estabilidad del árbol, y que la médula del eje principal del mismo se encontraba corchosa, situación que estima producto de alguna patología. Continúa su relato diciendo que Loose quedó atrapado y aprisionado por las ramas del árbol, y que fue socorrido por el agente de la Policía Federal Argentina Francisco José Erazun de la Comisaría 17ma., y luego por un móvil del SAME que lo trasladó al Hospital Fernández. El funcionario policial también se ocupó de convocar a Defensa Civil para que retiraran el árbol que obstruía cinco de los siete carriles de la Avenida Figueroa Alcorta. Manifiesta que ingresó al hospital con diagnóstico de traumatismos:de cráneo -sin pérdida de conocimiento-, de tórax y de miembro superior izquierdo -con herida y deformidad-. Luego de realizarle estudios diagnósticos varios, le administraron medicación analgésica y le indicaron tratamiento quirúrgico para la fractura expuesta que presentaba en el húmero izquierdo. La cirugía se realizó luego de 16 días de internación y se le colocó un “clavo endomedular acerrojado aterogrado” bajo anestesia general. Permaneció internado hasta el día 5 de junio del mismo año, cuando fue externado con evolución postoperatoria favorable y sin complicaciones. Relata a continuación que el 14 de julio de 2000 le realizaron un estudio electromiográfico “cuyo informe concluye con registros compatibles con lesión de los troncos primario superior principalmente y medio en forma secundaria del lado izquierdo del tipo axonotmesis moderada a severa con actividad denertatoria actual y compromiso de ramas proximales”. Agrega que a ese estudio se sumó el examen físico “donde se observa importante atrofia de los músculos de la región del hombro izquierdo que conlleva a la disminución de la movilidad de la articulación glenohumeral con la definitiva e irreversible pérdida de la función del miembro superior izquierdo”. 1.2. El apoderado de la actora continúa afirmando que el Gobierno de la Ciudad tiene a su cargo la obligación y el deber de velar por la seguridad en la vía pública y de constatar y vigilar que los árboles se encuentren en excelentes condiciones a los efectos de no provocar daños a las personas y a las cosas.Así, sostiene que resulta evidente la responsabilidad del demandado en el caso de autos, “ya que si hubiese cumplido con sus responsabilidades este hecho jamás hubiese ocurrido”. Agrega también que la responsabilidad del Gobierno local por la caída de un árbol situado a la vera de una calle pública se funda en el dominio público que tiene respecto de las aceras y calles públicas y, “por accesión, sobre las arboledas que están físicamente adheridas a la tierra pública”. Concluye que el caso debe encuadrarse en el supuesto de riesgo o vicio de la cosa previsto en el artículo 1113 del Código Civil. 1.3. A continuación reseña los daños y perjuicios cuya reparación solicita. En primer lugar, y con relación a los perjuicios sufridos por la moto de su propiedad, reclama se le restituya el daño emergente que estima en $ 2.816,50, integrados de la siguiente manera: $ 254 de gastos de reparación, $ 737,50 en concepto de desvalorización venal, y $ 1.825 por la privación del vehículo durante el lapso de un año. Asimismo peticiona se le abone el lucro cesante, ya que según explica, Loose se desempeñaba al momento del accidente realizando mensajería en forma particular (oficio vulgarmente denominado como de “motokero”). Agrega, al respecto que la ganancia que el accionante obtenía por tal tarea oscilaba entre los $ 40 y $ 50 diarios. Así, al haberse visto privado de prestar esos servicios durante 52 semanas como consecuencia del estado en que había quedado la moto, estima la suma a restituirle por tal rubro en $ 11.700 ($45 por 5 días a la semana durante 52 semanas). Luego aborda los daños padecidos por el actor en su persona, y estima los gastos por tratamiento médico (quinesiología) en $ 2.600, por medicamentos en $ 3.000, y gastos varios sin comprobantes (traslados, propinas, acompañantes, etc.) en $ 1.000.También reclama en concepto de gastos de tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación futuros, la suma de $ 18.840. Seguidamente se refiere al rubro lucro cesante por las lesiones físicas, ítem que divide en dos partes: actual y futuro. Con respecto al primero explica que durante los fines de semana Loose realizaba changas de pintura y albañilería, por los que percibía una suma semanal de $ 50. De tal suerte que al momento de la interposición de la demanda habría dejado de percibir por tales tareas, la suma de $ 5.200. También manifiesta que más allá del lucro cesante derivado del no uso del vehículo, al momento de la demanda su tarea como “motokero” se había visto afectada por la condición física y psíquica resultante del accidente, lo que lo obligó a disminuir su ritmo de trabajo. Así, expresa que desde que se reintegró a sus tareas -luego de transcurrido un año del accidente-, sólo pudo ganar entre $ 15 y $ 20 diarios, y calcula las pérdidas sufridas en un año en $ 7.152. Por otra parte estima la frustración de ganancias futuras por las dos actividades que realizaba al momento del accidente en $ 380.328. Para llegar a dicho monto, explica, tuvo en cuenta que Loose tenía 26 años al momento de la interposición de la demanda, computó una vida laboral útil hasta los 65 años, y tomó como base los parámetros delineados para el rubro lucro cesante referido en el párrafo precedente. Agrega a su reclamo la suma de $ 12.000 en concepto de pérdida de chance, ya que, según explica, como consecuencia del accidente Loose perdió la posibilidad de firmar un contrato para repartir folletería por una retribución mensual de $ 1.200, durante un año. Finalmente, justiprecia la incapacidad sobreviniente en la suma de $ 90.000 y el daño moral padecido en $ 100.000. 1.4. Funda en derecho, ofrece prueba y formula reserva del caso federal. 2.A fojas 60/79 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contesta la demanda, solicitando su rechazo y la imposición de costas a la actora. 2.1. Luego de una serie de negativas específicas y genéricas, afirma que el hecho que constituye la base del reclamo es un supuesto de caso fortuito, ya que según manifiesta, el día 15 de mayo de 2000 fue un día de “fuertes vientos y lluvias procediéndose a la intervención de 408 árboles y 899 brazos y ramas en el ámbito capitalino.”. Agrega que de haber sucedido la caída del árbol tal como se invoca en la demanda sobre la moto del actor, “el acontecimiento se debió a un CASO FORTUITO” y que por tal razón su parte se encuentra eximida de responder. Afirma que no existe relación de causalidad entre el hecho descripto en la demanda y el daño ocasionado al actor. Asimismo señala que la moto es considerada una máquina peligrosa, que exige un nivel de diligencia y prudencia superior al corriente. Por tal razón, señala, “estamos ante la exclusiva responsabilidad del conductor por su propio hecho y por el riesgo que entrañaría el conducir una cosa peligrosa”. Con relación a la estimación de los daños, afirma la demandada que la pretensión de la actora configura una pluspetición inexcusable que no puede prosperar, ya que lo contrario configuraría una situación de enriquecimiento sin causa. Asimismo, y sin perjuicio del rechazo genérico antes reseñado, cuestiona de manera pormenorizada cada uno de los rubros reclamados. 2.2. El Gobierno demandado también pide la citación como tercero en los términos del artículo 88 del Código CAyT de la empresa AEBA S.A., quien según manifiesta tenía, a la fecha del suceso de autos, a su cargo el mantenimiento y corte de los árboles del Parque Tres de Febrero. 2.3. Funda en derecho, cita jurisprudencia, ofrece prueba y plantea cuestión federal. 3.A fojas 120/123 se presenta la firma AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires S.A., contesta la citación de tercero y solicita su rechazo. Niega que tuviera a su cargo el corte, mantenimiento o cuidado de los árboles del Parque Tres de Febrero, o de ningún otro árbol de la ciudad y manifiesta que la única vinculación mantenida con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto del parque referido fue por el corte de césped y limpieza de residuos arrojados en el lugar. Agrega que a partir del dictado de la ordenanza 44.779 la preservación, cuidado, mantenimiento y poda del arbolado urbano se encuentra a cargo de la ex Dirección General de Parques y Paseos, luego denominada Dirección General de Espacios Verdes, Departamento de Arbolado Urbano. Refiere también que toda la normativa posterior dictada en la materia ratifica lo expuesto en cuanto a que “una dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la encargada de los árboles de la Ciudad de Buenos Aires”. Acompaña documental, ofrece prueba y deja planteado el caso federal. 4. Producidas las prue bas ofrecidas por las partes, éstas han hecho uso de su derecho de alegar a fojas 496/499 y 500/504. Finalmente cabe señalar que a tenor del auto de fojas 505, y encontrándose firme el decisorio de fojas 506, las presentes se encuentran en condiciones de dictar sentencia. Y CONSIDERANDO:

I. SUSTENTO FÁCTICO 1. Prueba documental. 1.1. A fojas 30/43 obra agregada la documental acompañada por la parte actora, consistente en:a) un presupuesto de reparación de moto y otro de repuestos de vehículos; b) un informe efectuado por el médico legista Mario Alberto Sierra, en el que se concluye que Loose presenta una “disfuncionalidad de miembro superior izquierdo con compromiso axonal de Plexo braquial secular a fractura expuesta de diáfisis de húmero izquierdo corregida con osteosíntesis que lo incapacita en un 40%”; c) constancias de atención emitidas por el Hospital Fernández; y d) certificado de importación de la moto Honda CG125 Titán. 1.2. A fojas 49/51 obra un informe psicodiagnóstico suscripto por la Psicóloga Leticia Andrea Boto, en el que se diagnostica “síndrome de estrés postraumático en grado moderado 20%”, y se recomienda tratamiento psicológico dos veces por semana durante al menos un año. 1.3. A fojas 224/225 obra copia certificada de la historia clínica del Hospital Fernández perteneciente a Loose, en la que se da cuenta de la internación e intervención quirúrgica invocadas por el actor en la demanda. 1.4. A fojas 426 obra el resultado de un estudio electroneurofisiológico realizado al actor en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del GCBA, en el que se concluye que Loose padece un compromiso de “grado severo y en continuidad del N. circunflejo izquierdo, de características crónicas, sin signos de denervación y con escasos signos de reinervación”. 1.5. A fojas 427 y 428/429 obran sendos certificados de discapacidad emitidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En el primero de ellos consta que Loose padece una incapacidad laboral parcial y permanente del 76%. 2. Prueba informativa. 2.1. A fojas 163 la empresa ACME contesta el oficio que le fuera remitido, y expresa que el presupuesto de fojas 30, por $ 564 para la reparación de la moto “es auténtico, a los valores de plaza”. 2.2.A fojas 192 la firma “Motos Aldo”, en respuesta al oficio cursado dice que “el presupuesto de fojas 254 es auténtico por la suma de $ 254 es auténtico”. 2.3. A fojas 214 obra la contestación de oficio de la Dirección General de Higiene Urbana del GCBA en la que se informa que la empresa AEBA S.A. “no tenía a su cargo el cuidado, detección de árboles enfermos, como así tampoco el mantenimiento del arbolado urbano de ninguna zona de la Ciudad de Buenos Aires.” 2.4. A fojas 215/223 obra el informe del Servicio Meteorológico Nacional del que surge que el 15 de mayo “se registraron precipitaciones por 74 mm., y ráfaga máxima de viento de 71 km. por hora”. El organismo aclara que las precipitaciones acontecidas ese día “no revisten carácter extraordinario según las estadísticas (1991-2000) para el mismo mes”. 2.5. A fojas 265/269 la Dirección de Arbolado Urbano del GCBA contesta oficio diciendo que ni siquiera tuvo conocimiento de la caída del árbol, y que no se registra el retiro de la rama del árbol alrededor de la fecha mencionada. 3. Prueba testimonial. 3.1. A fojas 149 declaró la testigo Olga Calixta del Valle Escalada, quien manifiesta trabajar como telefonista en la empresa de mensajería en la que prestaba funciones el actor. Afirma que Loose como consecuencia del accidente se vio obligado a reducir la cantidad de viajes que podría realizar por día para la mensajería, y que además perdió la posibilidad de firmar un contrato adicional por el cual iba a percibir $ 1.000 por mes. 3.2.A fojas 150 presta declaración el testigo Alejandro Aníbal Otero, convocado a pedido de AEBA S.A., quien manifestó que la firma no tenía incumbencia en el cuidado y poda de árboles, y que mediante la licitación 14/97 se le concedió “la tarea de recolección de residuos y limpieza de vía pública y como tarea adicional lo que era limpieza y corte de césped de espacios verdes dentro de la zona 2”. 3.3. A fojas 166 declara el testigo Hernán Marcelo Sebastián Alvarez, quien manifiesta que conoce a Loose porque se lo presentó un amigo común. Afirma que antes del accidente “iban a jugar a la pelota dos a tres veces por semana, a veces hacíamos natación”, y que luego del hecho el actor no pudo volver a realizar ninguna de esas actividades. 3.4. A fojas 180 declara el testigo Gonzalo Martín Vázquez, quien explica que antes del accidente Loose lo ayudaba con trabajos de electricidad y mantenimiento en general, “que era muy eficiente pero después del accidente no pudo trabajar más”. Señala también que por esas tareas el actor percibía una suma que rondaba los $ 60 por fin de semana. 3.5. A fojas 257 declara el testigo Daniel Jorge Poemirón, quien manifiesta haber realizado trabajos de albañilería y pintura junto con el actor. Refiere que después del accidente Loose no pudo volver a trabajar con él. Agrega que una vez lo llamó porque necesitaba gente, y que “era imposible, lo único para lo que me servía era para tomar mate, porque el brazo no lo podía mover. Realmente no se podía usar para los trabajos que hacía antes revocar las paredes, hacer la pintura . y bueno, después de ese día no lo llamé más”. También aclara que el actor cobraba entre 50 y 60 pesos por fin de semana, y dice saber que es padre de tres hijas menores. 3.6.A fojas 258 declara el testigo Elio Ramón Cepeda, quien manifiesta ser vecino del barrio donde vive el actor. Afirma que antes del accidente Loose era una persona activa, trabajadora, hacía deportes, se esforzaba por tener “casi dos trabajos”, estudiaba. Compartía con él changas de albañilería los fines de semana y ganaba entre 50 y 60 pesos por fin de semana. Agrega que después del accidente Loose “se convirtió en una persona no activa . Cabizbajo, no volvió a la actividad laboral, ni deportiva tampoco . Cambió un cien por ciento Dejó el estudio, el deporte. Dañado espiritualmente y mentalmente también”. También señala que el actor es padre de tres niñas menores. . 4. Prueba pericial. 4.1. Pericia de ingeniero agrónomo. En el informe obrante a fojas 186/207, el ingeniero agrónomo Edmundo Berardo Gallo Candolo, señala que el árbol en cuestión era una tipa, que integraba un conjunto de árboles que se encuentra en la misma vereda, “que fueron plantados entre 95 y 120 años antes del año del siniestro”. Agrega que son ejemplares que pesan más de 4.000 kg, que “en caso de lluvia el peso aumenta por el mojado; también se ablanda el suelo donde las raíces se agarran” y que “en caso de presentarse un fuerte viento y con poco reparo (por no existir edificaciones cercanas como en el caso que nos ocupa) y con anclaje debilitado por cuestiones sanitarias la caída de ese ejemplar es más previsible. Si se presenta con lluvias aumenta esa probabilidad”. Agrega que según lo informado por el propio Gobierno demandado, la Dirección General de Espacios Verdes no había realizado algún tipo de controles sobre el árbol antes de su caída.Finalmente señala que la referida Dirección “parecería no contar . con profesionales idóneos, o no contar con los elementos suficientes para controlar los 400.000 ejemplares distribuidos en la ciudad”. Asimismo, en el informe ampliatorio de fojas 271/273, el experto señala que en una nota periodística aparecida una semana después del accidente, el entonces Director de Arbolado Urbano de la Ciudad, aseguró que ” . muchas veces los árboles tienen problemas porque quedaron en medio de una ciudad que se desarrolló sin pensar demasiado en ellos . que el pavimento dificulta la absorción del agua y los departamentos hacen que se ladeen hacia la calle, a veces hasta quebrarlos . “. 4.3. Pericia psicológica. La perito psicóloga Patricia Olga Sandra Arreseigor, en su informe de fojas 313/328 concluyó que Martín R. Loose presenta un cuadro de trastorno de la personalidad “compatible con R.V.A.N. (Reacción Vivencial Anormal Neurótica), con manifestaciones obsesivas y fóbicas .l. con una incapacidad del 10%”. Al respecto afirma que “Si bien los mencionados rasgos existían en la personalidad del actor, es importante señalar la incidencia del hecho traumático como potenciador y factor desencadenante de la patología actual . junto con estos factores de predisposición, su estructura poseía mecanismos de defensa que le permitían manejarse adecuadamente en las diferentes áreas de su vida. Al surgir un hecho traumático se produce un desajuste en el equilibrio logrado anteriormente instalándose el cuadro diagnosticado. Era de esperar que de no haber surgido el hecho traumático, la homeóstasis lograda en el psiquismo del actor continuase. Actualmente el precario equilibrio logrado por el Sr. Loose es en detrimento de su yo, que se ha empobrecido . presenta una percepción conciente de perjuicio y sufrimiento”. Asimismo recomienda que el actor realice un tratamiento psicoterapéutico sostenido en el tiempo, como mínimo un año, con una frecuencia semanal, estimándose un costo aproximado de 60 pesos por sesión. 4.3. Pericia médica.A fojas 456/460 obra el informe pericial suscripto por el Médico integrante de la Dirección de Medicina Forense del Poder Judicial de la CABA, Dr. Agustín Iglesias Diez. En él el facultativo afirma que las lesiones padecidas por Loose “se traducen en una incapacidad parcial y permanente del 40%”, que “la realización de actividades de pinturería, albañilería, electricidad, colocación de ventiladores de techo o cambios de lámparas quemadas puede verse seriamente dificultada por la incapacidad que padece el paciente”, y que también es factible “la afectación en su vida de relación, laboral, familiar, de esparcimiento, sexual y en cuanto a su proyección personal y futuro”. 4.4. Pericia mecánica. A fojas 274 se declaró la n egligencia en la producción de la prueba pericial mecánica que había sido ofrecida por la demandada Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4.5. El plexo probatorio precedentemente relacionado permite tener por cierto que el día 15 de mayo de 2000, mientras circulaba por la Avenida Figueroa Alcorta entre Casares y Sarmiento, el actor fue embestido por un árbol de grandes dimensiones, del género tipa, que se desprendió del suelo y cayó sobre él, provocándole una serie de daños en su persona, y también en la moto de su propiedad en la que circulaba (constancias de la causa 45.222 que fuera remitida ad effectum videndi et probandi por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional nro.9, según nota obrante a fojas 160). Como consecuencia del suceso, Loose debió ser internado en el Hospital Fernández con diagnóstico de politraumatismo (de cráneo, de tórax y de miembro superior izquierdo). También se encuentra acreditado que luego de 16 días de internación debió ser sometido a una intervención quirúrgica para tratar la fractura expuesta que presentaba en el húmero izquierdo, que debió permanecer internado cinco días más, y que como consecuencia del accidente padece una secuela crónica, consistente en una “atrofia de los músculos de la región del hombro izquierdo, con disminución de la movilidad de la articulación glenohumeral, y con pérdida definitiva e irreversible de la función del miembro superior izquierdo” (historia clínica del Hospital Fernández obrante a fojas 224/225, informe del médico legista Mario Sierra obrante a fojas 32/33 y dictamen del Dr. Agustín Iglesias de la Dirección de Medicina Forense del Consejo de la Magistratura obrante a fojas 456). Igualmente con las testimoniales obrantes en autos se ha probado que a la fecha del accidente Loose tenía 24 años, trabajaba con su moto en una empresa de mensajería, que los fines de semana hacía changas de pintura, albañilería y electricidad, que estudiaba computación, que tenía a su cargo la manutención de sus tres hijas menores de edad, que practicaba deportes, y que luego del suceso su vida laboral, social, y de relación se vio seriamente afectada (declaraciones testimoniales de Olga Calixta del Valle Escalada, obrante a fojas 149, de Marcelo Sebastián Alvarez obrante a fojas 166, de Gonzalo Martín Vázquez obrante a fojas 180, Daniel Jorge Poemirón obrante a fojas 257 y de Elio Ramón Cepeda obrante a fojas 258). II. PLANTEO SUSTANCIAL. 1. La responsabilidad del Estado local.Despejado que ha sido el sustento fáctico de autos, corresponde puntualizar el themae decidendum en la liza, por lo que primigeniamente se efectuarán ciertas precisiones en torno al marco conceptual sobre el que discurrirá la cuestión a estudio para luego determinar si se presentan en el sub examine los presupuestos de la responsabilidad. A fin de determinar la responsabilidad generadora de la obligación estatal de reparar aquéllos se resumen en: 1) la existencia de daño o lesión resarcible; 2) la imputación del hecho, acto, u omisión al Estado; 3) el factor de atribución; y 4) una relación de causalidad adecuada . La concurrencia de estos cuatro presupuestos configura la responsabilidad que dará lugar a la consiguiente indemnización. De allí que la investigación destinada a establecer la responsabilidad estatal debe comenzar por analizar la existencia de una lesión resarcible. De ser así, debe estudiarse bajo qué título se imputa la conducta, hecho u omisión que causaron el daño y si es atribuible por su actuación lícita o ilícita, especificándose si este obrar determinó el daño, y qué porción de la masa total de daños se le asigna, problema que concierne a la relación de causalidad. 1.1. En primer término entonces, debe verificarse un detrimento patrimonial antijurídico, ello es que la persona que lo sufra no tenga el deber jurídico de soportarlo, es decir, que “no existan causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que se trate”, principio recordado por García de Enterría y Fernández en su tratado. A su vez este daño, debe ser patrimonialmente valuable, efectivo (no debe ser eventual ni conjetural) y especial (que exceda las cargas públicas comunes que la generalidad debe soportar). En tales condiciones se configura lo que la doctrina -“alentada por el prurito académico de la especialidad de las instituciones jurídico-administrativas” – modernamente describe como lesión resarcible.Ésta se configura en el subjudice a través de las constancias probatorias antes reseñadas -en particular, informe de perito médico de fojas 456/460, copia de historia clínica de fojas 224/225, estudio electroneurofisiológico de fojas 427, certificados de discapacidad de fojas 427 y 428/429, declaraciones testimoniales de fojas 149, 166,190, 257 y 258-, las que dan cuenta de la existencia de los daños ocasionados en la persona y la moto del actor por la caída del árbol ocurrida el 15 de mayo de 2000. 1.2. A su vez, se exige la imputación del hecho, acto u omisión al Estado. Es decir, se requiere un mecanismo jurídico para atribuir a un sujeto determinado la obligación de reparar el daño, y entre otros se distinguen los siguientes títulos o modalidades de ejecución: a) la pertenencia a la organización administrativa; b) la titularidad de la empresa en cuyo seno se sufrió el perjuicio; c) la titularidad estatal de la propiedad del elemento que produjo el daño; y d) el riesgo creado por la administración. Asimismo la imputación puede ser directa, indirecta o subsidiaria, en razón del sujeto que cometió el acto. En autos el actor atribuye la responsabilidad al GCBA por ser “quien tiene a su cargo la obligación y el deber de velar por la seguridad en la vía pública y de constatar y vigilar que los árboles se encuentren en excelentes condiciones a los efectos de no provocar daños a las personas y a las cosas. . La responsabilidad del GCBA por la caída de un árbol situado a la vera de una calle pública se funda en el dominio público que el GCBA tiene respecto de las aceras y calles públicas.. El GCBA es dueño y guardián de los árboles situados en el radio urbano sobre calles y aceras públicas, debiendo responder por la caída y daños que en consecuencia causen”. La atribución de responsabilidad proviene entonces de la titularidad estatal de la cosa que produjo el daño, la cual representa un accesorio del dominio público . En razón de ello, es el GCBA quien debe tomar las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y cosas que podrían resultar dañadas por bienes que pertenecen, o son accesorios del dominio público. Coincidente con la imputación al gobierno de la obligación de reparar al actor, la ordenanza nº 44.779 (BM 18.793), vigente al momento del acaecimiento del hecho dañoso establecía que “se entiende por arbolado público a todos los ejemplares arbóreos y arbustivos existentes en lugares pertenecientes al dominio público municipal” (art. 2), declarando al arbolado como servicio público y patrimonio natural y cultural de la Ciudad de Buenos Aires (art. 3). Asimismo, fijaba que “la Dirección General de Parques y Paseos tomará las medidas necesarias para la conservación del arbolado público, conforme a las normas técnicas para su adecuado manejo y conservación. A tal fin realizará inspecciones periódicas a los efectos de detectar enfermedades o daños con la supervisación de un ingeniero forestal o agrónomo como técnico responsable” (art. 10). Precisaba a su vez, que las tareas de eliminación, poda, corte de ramas y raíces de los árboles se podrán realizar “sólo cuando sea necesario garantizar la seguridad de personas y/o bienes, la prestación de un servicio público; la salud de la comunidad y/o la conservación o recuperación del arbolado público” (art. 6). En definitiva, el uso y goce de los bienes del dominio público por los particulares importa la correlativa obligación de la autoridad respectiva de colocarlos en condiciones de ser utilizados sin riesgos.En el caso a examen, se advierte que el ordenamiento vigente al momento del hecho, igual que en la actualidad la ley 1556, impone al GCBA la vigilancia, mantenimiento y custodia de los elementos que circundan las vías de tránsito, cual es el caso de los árboles. De acuerdo a ello, la falta de cuidado y atención del arbolado público por parte del GCBA, atenta contra el deber de seguridad y generará la responsabilidad consiguiente como factor de atribución, como se analizará en el punto siguiente. 1.3. Al analizar el factor de atribución, se determina por qué debe responder el Estado, si lo es por actividad lícita o ilícita, en tal sentido algunos autores diferencian los supuestos de responsabilidad objetiva de la subjetiva. Se ha destacado que en la actividad ilícita se responsabiliza a la administración por el cumplimiento anormal de la función, o por cumplir de un modo irregular los deberes y obligaciones impuestos por el ordenamiento jurídico, supuesto denominado “falta de servicio”, concepto jurídico indeterminado cuya concreción remite a los standards de rendimiento medio del servicio de que se trate . La autoridad pública tiene el deber de ejercer sus funciones esenciales a fin de preservar la seguridad de las personas y de los bienes. El incumplimiento de ese deber, la no realización de lo indispensable para preservar aquellos bienes, configura en el sublite un supuesto de omisión en el ejercicio de la función administrativa. El daño resultante genera la consecuente responsabilidad . Se debe destacar, en este sentido, que el GCBA debe contar con información precisa en relación al estado de los ejemplares arbóreos de dominio público que se encuentre en peligro de derrumbe motivado por las condiciones metereológicas desmejoradas. En efecto, del dictamen del perito ingeniero agrónomo se desprende que “el árbol en cuestión era una tipa, que en la misma vereda hay otros árboles de la misma especie con una altura de 25 metros, diámetro de hasta 95 cm.y copa de hasta 22 metros, y q ue de los 8 árboles, dos presentan rastros de inestabilidad, con inclinación peligrosa en caso de viento norte. También surge que el GCBA no había realizado ningún tipo de control sobre el árbol con anterioridad al accidente, dato que surge de la constancia emitida por el GCBA agregada a fojas 202”. (informe pericial de fojas 186/189). Asimismo, del informe del Servicio Meteorológico Nacional surge que el 15 de mayo se registraron precipitaciones por 74 mm., y ráfaga máxima de viento de 71 km. por hora, y que las precipitaciones acontecidas ese día “no revisten carácter extraordinario según las estadísticas (1991-2000) para el mismo mes” (fojas 215/223). En definitiva, se configura en autos la falta de servicio en cabeza de titular del dominio público como título atributivo del deber de reparación, de conformidad a la norma de reenvío que significa el art. 1112 del Cód. Civil. Al respecto la jurisprudencia tiene dicho en un caso similar al subjudice, que la otrora Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires era responsable del accidente “acaecido por la caída de un árbol sobre un automóvil estacionado, en razón de que a la misma le incumbe el cuidado y conservación de los espacios vegetales que se hallan en la vía pública, como así su oportuno corte o extracción cuando pueden ofrecer algún peligro.” . Bien cabe concluir pues, que cuando un ciudadano se ve afectado por un irregular cumplimiento de las obligaciones a cargo del órgano administrativo pertinente, se configura la responsabilidad del mismo. Ello así, en tanto su regular cumplimiento interesa tanto a aquél como a los bienes colectivos tutelados, puesto que el deber de control y mantención a cargo del GCBA tiene como finalidad, entre otras, evitar la producción de daños a terceros . 1.4.Finalmente debe verificarse la existencia de una relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido, condición indispensable para que pueda atribuirse a aquélla el deber de resarcir el daño. En definitiva se trata de determinar la idoneidad del hecho para producir el perjuicio según la experiencia común; o sea si posee una especial aptitud para producir el efecto lesivo. Sólo en estos casos (causalidad adecuada) puede decirse, con rigor, que la actividad tomada en consideración constituye la causa eficiente, la causa próxima del daño, la causa verdadera . 1.4.1. En torno a la necesaria verificación de la relación de causalidad entre el hecho y el daño, cabe recordar que la acción antijurídica no es punible si no media entre el hecho imputable y el daño una relación o nexo de causalidad; el daño es el efecto del obrar antijurídico imputable que reviste, en consecuencia, el carácter de causa. Este presupuesto constituye el enlace, nexo o vínculo físico entre un hecho antecedente (que sirve de causa) y un resultado consecuente. No se duda en el caso a examen de que el vehículo sufrió daños, sino de la relación causal que es menester acreditar para que haga nacer la responsabilidad de la demandada. En tal sentido, se ha señalado que “la relación causal exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño:éste debe haber sido causado por aquélla” . En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha dicho que “si bien los sistemas o normas sobre los distintos tipos de responsabilidad tienden a defender, en su caso, al damnificado, no conlleva a una desnaturalización del sistema de pruebas ni a la existencia de responsabilidades automáticas cuando el hecho y la causa no aparecen probados” . Y ello es así debido a que “. debe exigirse a la actora la efectiva comprobación de la existencia de un vínculo de causa a efecto entre la culpa y el daño” . Ello por cuanto “. en este ámbito de la responsabilidad el análisis que permite establecer sus presupuestos no puede desentenderse de la necesidad de verificar con precisión no sólo el daño experimentado sino además la relación de causalidad. Es indispensable, en este sentido, determinar si las consecuencias fueron producidas por actos o hechos imputables al demandado, o por el riesgo de la cosa de su propiedad o bajo su guarda, vale decir, la relación causal cuya demostración incumbe a la actora en todos los casos, no como un vínculo solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho” . Ello es también presupuesto ineludible para que operen las presunciones objetivas de responsabilidad consagradas legalmente . 1.5. Lo expuesto lleva a concluir pues en la existencia de responsabilidad del GCBA, con relación a los daños sufridos por el actor. Por lo tanto los planteos de la demandada relativos a la eximición de responsabilidad de su parte en razón de que los hechos sub examine habrían ocurrido como consecuencia de un caso fortuito, no habrán de tener acogida favorable. En efecto, tal como lo señalara la Sala III de la Cámara del fuero, la eximente del artículo 514 del Código Civil se configura ante eventos que no han podido preverse o que, previstos, no han podido evitarse.”Es decir que el hecho fortuito debe superar la aptitud normal de previsión que es dable exigir y poseer tal envergadura que sea imposible de evitar (conf. Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 7ª ed., p. 117, puntos 110 y 111; Llambías, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, t. I, p. 234, puntos. 190 y 191 y Código Civil Anotado, t. II-A, p. 125; CNCiv., Sala A, ED, 90: 302)” . En el caso de autos, se encuentra acreditado que las lluvias del día 15 de mayo de 2000 no superaron el promedio previsible para la época del año (informe del Servicio Meteorológico Nacional de fojas 215/223), y que en la misma cuadra donde tuvo lugar el suceso hay otros árboles de la misma especie del caído sobre el actor, que “presentan rasgos de inestabilidad, con inclinación peligrosa en caso de viento norte”, y que a pesar de ello “el GCBA no había realizado ningún tipo de control sobre el árbol con anterioridad al accidente” (informe pericial de fojas 186/189). 1.6. Por último, corresponde desestimar también el planteo defensista relativo a la culpa de la víctima quien según la demandada habría asumido la responsabilidad por el suceso al elegir como medio de transporte un vehículo peligroso. Al respecto cabe señalar que sin perjuicio de la naturaleza de “cosa riesgosa” de la moto, el reclamante no ha intervenido ni siquiera concausalmente en la ocurrencia del hecho ni en la producción de los daños generados. Tampoco ha invocado la demandada que el actor circulara de modo incorrecto por la vía pública, de suerte que pudiera atribuírsele algún tipo de responsabilidad. Ergo, acreditada la relación de causalidad entre el daño y la omisión en el ejercicio de la función administrativa, finalmente se habrá de tener por responsable de los daños al GCBA, en tanto la irregular prestación de sus obligaciones no protegió los bienes del particular. 2. La responsabilidad de la firma AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires S.A.Al contestar la citación como tercero cursada a pedido del Gobierno demandado, el representante de la firma AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires S.A. niega toda responsabilidad en el hecho sub examine (vide fojas 120/123). También niega que la empresa tuviera a su cargo el corte, mantenimiento o cuidado de los árboles del Parque Tres de Febrero, o de ningún otro árbol de la ciudad y manifiesta que la única vinculación mantenida con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto del parque referido fue por el corte de césped y limpieza de residuos arrojados en el lugar. Agrega que a partir del dictado de la ordenanza 44.779 la preservación, cuidado, mantenimiento y poda del arbolado urbano se encuentra a cargo de la ex Dirección General de Parques y Paseos, luego denominada Dirección General de Espacios Verdes, Departamento de Arbolado Urbano. Señala también que el único vinculo que tiene con el Gobierno demandado es la concesión del servicio de recolección domiciliaria de residuos, barrido y limpieza en la zona 2 de la Ciudad, que le fuera atribuída mediante licitación 14/97. Sus dichos son ratificados por la Dirección General de Higiene Urbana del GCBA, cuya Directora General afirma, en la contestación de oficio obrante a fojas 214, que ” . dentro de los servicios contratados, en la licitación N° 14/97, NO se encontraba el del cuidado, detección de árboles enfermos, como así tampoco el mantenimiento del arbolado urbano de ninguna zona de la Ciudad de Buenos Aires”, y que conforme la referida licitación, ” . la Empresa AEBA S.A. tenía contratados los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos, barrido y limpieza de calles, limpieza de sumideros y anexos y servicios extraordinarios”. De lo expuesto se desprende palmariamente que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha logrado demostrar las afirmaciones vertidas al contestar la demanda, respecto de la responsabilidad de la firma AEBA S.A.en cuanto al cuidado, mantenimiento y conservación del arbolado público de la Ciudad y/o del árbol cuya caída provocó los daños que se reclaman en autos. Muy por el contrario, como se destacara supra, un organismo del propio Gobierno contradice esas afirmaciones, al expresar que dentro de los servicios contratados a AEBA S.A. “NO se encontraba el del cuidado, detección de árboles enfermos, como así tampoco el mantenimiento del arbolado urbano de ninguna zona de la Ciudad de Buenos Aires”. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo del Gobierno demandado relativo a la responsabilidad de la citada como tercero en los hechos de autos. II. Justiprecio del resarcimiento pretendido. Sentadas las conclusiones anteriores, y no desvirtuado probatoriamente por el GCBA su responsabilidad en el cumplimiento de su función, ni la causalidad que la une al hecho dañoso, resta evaluar la cuestión de la extensión del resarcimiento. A los fines de un ordenado tratamiento de los rubros peticionados por la actora, se procederá a analizar los en el orden y denominación seguido por aquélla. 1. Daños materiales sufridos por el vehículo. En primer lugar, solicita el actor en concepto de indemnización por el daño emergente la suma de $ 254 por gastos de reparación de la moto, $ 737,50 en concepto de desvalorización venal, y $ 1.825 por la privación del vehículo durante el lapso de un año. Cabe señalar que la única prueba relativa a los gastos de reparación de la moto producida en autos consiste en dos presupuestos emitidos por dos empresas, que en tanto sólo refieren a componentes genéricos del vehículo, y no dan constancia de una efectiva reparación, ni del efectivo desembolso de las sumas liquidadas. Por otra parte, ambas constancias, emitidas mucho tiempo después de ocurrido el hecho, difieren en los ítems a reparar, lo que torna aún más incierto el reclamo sobre este rubro.En consecuencia, y no habiendo cumplido el demandante con la carga de acreditar el extremo invocado, corresponde desestimar el reclamo en este sentido. Lo mismo ocurre con el reclamo relativo a la supuesta desvalorización del rodado. Es que este rubro no procede automáticamente, sino que la desvalorización debe ser probada, sea por peritaje u otros elementos de convicción que demuestren el menor valor a raíz de las secuelas del hecho. Por lo tanto el reclamo en punto a este rubro no recibirá favorable acogida por el tribunal. En cuanto a la privación del vehículo durante un año, destaco que no se ha probado en autos ni los daños sufridos por el vehículo, ni menos aún, que como consecuencia del accidente haya quedado inutilizado durante un año. Por tal razón, el reclamo se desestima. Las consideraciones antes expuestas son aplicables al reclamo de $ 11.700 en concepto de lucro cesante, ya que en la medida en que no se han acreditado los daños al vehículo ni la imposibilidad de utilizarlo, no puede hacerse lugar al rubro reclamado. 2. Daños sufridos por la persona 2.1. Respecto al rubro del acápite, peticiona el actor en primer término que se le abonen los gastos en que dice haber incurrido, correspondientes a tratamiento médico y de quinesiología, medicamentos y otros gastos sin comprobantes (traslados, propinas, acompañantes, etc.). Una vez más corresponde rechazar el reclamo, en tanto ninguno de los supuestos gastos invocados ha sido acreditado en autos. A tal fin considero suficiente las consideraciones vertidas en el apartado precedente referentes a la carga probatoria que pesa sobre quien invoca un daño, a las que me remito en mérito a la brevedad. 2.2. En cuanto a los gastos futuros, solamente habrá de acogerse el reclamo relativo a los gastos de tratamiento psicológico, dado que no se encuentra acreditada en autos la necesidad de tratamiento médico, ni tampoco de una eventual operación para la extracción de clavo.En consecuencia, y conforme lo dictaminado por la perita psicóloga designada en autos, quien indicó la realización de “tratamiento psicoterapéutico sostenido en el tiempo, como mínimo un año, con una frecuencia semanal, estimándose un costo aproximado de 60 pesos por sesión” , corresponde justipreciar la suma indemnizatoria pertinente en la suma de $ 3.120. 2.3. También reclama el peticionario que se le abone el lucro cesante correspondiente a un año durante el cual no pudo desempeñar las tareas de mensajería en moto y de reparaciones y mantenimiento que realizaba habitualmente, el que estima en la suma de $ 12.352. Para justificar su pedido explica que durante los fines de semana realizaba changas de pintura y albañilería, por las que percibía una suma semanal de aproximadamente $ 50, de tal suerte que al momento de la interposición de la demanda habría dejado de percibir por tales tareas, la suma de $ 5.200. Asimismo refiere que al momento de la demanda su tarea como “motokero” se había visto afectada por la condición física y psíquica resultante del accidente, que lo obligó a disminuir su ritmo de trabajo. Así, expresa que desde que se reintegró a sus tareas -luego de transcurrido un año del accidente-, sólo pudo ganar entre $ 15 y $ 20 diarios, y calcula las pérdidas sufridas en un año en $ 7.152. Sentado lo expuesto, y dado que este rubro tiene por objeto indemnizar el quebranto patrimonial que representan las ganancias dejadas de percibir, y que tenga relación causal con el acciden¬te, adelanto que habré de hacer lugar al reclamo en este sentido, en tanto se encuentra suficientemente probada la situación invocada por el actor.En efecto, la testigo Olga Calixta del Valle Escalada dio cuenta de que Loose “trabajaba de motoquero de lunes a viernes, por la mañana y la tarde y eventualmente a la noche, que luego del accidente disminuyó su rendimiento a 3 a 5 viajes diarios, y que iba a firmar un contrato con YPF, y que percibiría 1.000 por mes durante un año” (declaración testimonial de fojas 149). A su turno, el testigo Gonzalo Martín Vázquez explicó que antes del accidente Loose lo ayudaba con trabajos de electricidad y mantenimiento en general, que era muy eficiente y que después del accidente no pudo trabajar más, y que ganaba aproximadamente $ 60 por fin de semana (fojas 150), en tanto que Daniel Jorge Poemirón refirió que hacía changas de electricidad y pintura con Loose y que ” Después del accidente lo volvió a llamar porque necesitaba gente. Loose intentó trabajar pero no pudo lo único para lo que me servía era para tomar mate, porque el brazo no lo podía mover” (fojas 257). Por su parte Elio Ramón Cepeda, explicó que antes del accidente Loose era una persona activa, trabajadora, hacía deportes, se esforzaba por tener “casi dos trabajos”, y que además estudiaba. Refirió también el testigo que Loose compartía con él changas de albañilería los fines de semana por las que ganaba entre 50 y 60 pesos por fin de semana y que después del accidente “se convirtió en una persona no activa . Cabizbajo, no volvió a la actividad laboral, ni deportiva tampoco.” (declaración de fojas 257/258). A las coincidentes declaraciones de los testigos que depusieron en la causa debe agregarse la razonabilidad de las cifras que el actor refiere haber percibido antes del accidente por las tareas que realizaba. Nótese que el actor realizaba trabajos informales, por lo que mal puede requerirse al reclamante una acreditación mayor que la que se ha producido en autos, bastando a fin de hacer lugar a la petición, las probanzas antes reseñadas.En consecuencia, corresponde hacer lugar al reclamo de lucro cesante por la suma de $ 12.352. 2.4. También reclama la frustración de ganancias futuras por las dos actividades que realizaba al momento del accidente, y las estima en $ 380.328. Para llegar a dicho monto, considera la pérdida de ganancias futura en la suma de $ 9.752 por año -utilizando el mismo cálculo que se detallara en el segundo párrafo del presente apartado-, y computa 39 años de vida laboral útil (desde los 26 años de edad hasta los 65). Agrega a su reclamo la suma de $ 12.000 en concepto de pérdida de chance, ya que, según explica, como consecuencia del accidente Loose perdió la posibilidad de firmar un contrato para repartir folletería por una retribución mensual de $ 1.200, durante un año. Al respecto, cabe señalar que la pérdida de chance ha sido definida como “. la pérdida de la posibilidad de un beneficio probable futuro, integrante de la facultad de actuar del sujeto en cuyo favor de la esperanza existe. Privarlo de esa esperanza, conlleva un daño aún cuando pueda ser dificultoso estimar la medida de este daño, porque lo perdido, lo frustrado, en realidad es la chance y no el beneficio esperado como tal. El daño por pérdida de chance u oportunidad de ganancia consiste en que el perjudicado pierde la posibilidad o expectativa de conseguir o tener un bien, material o inmaterial” . Sentado lo expuesto, cabe señalar que los extremos invocados por el actor se encuentran acreditados mediante la abundante y coincidente prueba testimonial colectada en autos, y que por tratarse de tareas informales, no puede exigirse al reclamante una prueba distinta que la rendida durante el proceso. En cuanto al contrato que dice haberse frustrado, cabe destacar que la veracidad de los dichos del demandante en tal sentido queda confirmada por la declaración de la testigo Olga Calixta del Valle Escalada, conforme se reseñara supra, en el apartado 4.2.En consecuencia, corresponde hacer lugar al reclamo correspondiente a los rubros pérdida de ganancias futuras y pérdida de chance, por la suma total de $ 392.328. 2.5. Reclama el actor la suma de $ 90.000 en concepto de incapacidad sobreviniente. Cabe señalar que el rubro reclamado se constituye por la afectación, impedimento o disminución en grado apreciable de las facultades, capacidades, habilidades y aptitudes del individuo, para el desarrollo y desenvolvimiento conforme sus condiciones particulares, en todos los aspectos de la vida de la persona. Encuadra dentro de las previsiones del daño directo a la persona, sus derechos o facultades que efectúa el art. 1068 del Código Civil. La indemnización comprende el resarcimiento de todos aquellos aspectos que hacen a la pérdida de capacidades y potencialidades -tanto de origen psíquico como físico- de la persona íntegramente considerada. En consecuencia corresponde considerar que de la pericias practicadas en autos se desprende que el actor padece, como consecuencia del hecho sub examine, una incapacidad física parcial y permanente del 40% (pericia médica de fojas 456/460) y una incapacidad psíquica del $ 10.000 (experticia psicológica de fojas 321/328). Asimismo, resulta fundamental, a los efectos de la evaluación del rubro reclamado, las consideraciones vertidas por el perito médico, cuando menciona “la afectación en su vida de relación, laboral, familiar, de esparcimiento, sexual, y en cuanto a su proyección personal y laboral a futuro” y las “limitaciones importantes para la práctica de deportes y para conducir vehículos” (fojas 456/460). Del mismo modo, son importantes las conclus iones de la perito psicóloga cuando habla de sentimientos de minusvalía e inadecuación al no poder continuar siendo el sostén económico de la familia, así como de sentimientos de minusvalía e inadecuación, e incapacidad de proyectarse en el futuro (fojas 321/328). En definitiva, el cuadro descripto lleva a concluir que la suma de $ 90.000 estimada por el reclamante en concepto de indemnización por la incapacidad sobreviniente, resulta ajustada a derecho. 2.6.Finalmente, solicita el reclamante la suma de $ 100.000 en concepto de daño moral. Aquí cabe recordar que el daño moral se ha definido como aquel “. menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso” . El perjuicio se desarrolla en el ámbito de la esfera íntima de la persona y su agravio se verifica ante la afectación de intereses no patrimoniales considerados principales en la vida del sujeto, lo que se traduce en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del suceso dañoso y como consecuencia de éste, resulta anímicamente perjudicado. El dolor moral comprende y se refleja en el padecimiento, la tristeza, el sufrimiento por la disminución física y psíquica reveladas a raíz del hecho dañoso El resarcimiento de este tipo de daño no intenta ponerle un precio al dolor sino suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas. Intenta compensar el conjunto de frustraciones experimentados en todos los aspectos de la vida cotidiana en razón de las secuelas de la lesión injustamente sufrida e incluso la pérdida del placer o privación de satisfacciones. A su vez, se ha señalado que “. el daño moral no requiere de la producción de una prueba directa; se lo tiene por configurado ante la razonable presunción de que el ilícito lesionó el equilibrio espiritual de una persona” . Ahora bien, en el caso de autos no puede negarse que el hecho dañoso provocó padecimientos espirituales, penas, angustias y afección en los sentimientos del señor Loose, y que dicho sufrimiento debe ser resarcido.En cuanto a la fijación del monto corresponde tener presente que “.el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante, para luego fijar una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a una recta ponderación de las diversas características que emanen del proceso” . Así, se tendrán en cuenta los padecimientos sufridos por la internación, y la intervención quirúrgica, sino, fundamentalmente la grave afectación de la calidad de vida del actor provocada por las lesiones y secuelas que fueron previamente detalladas. De esta forma, en atención a las condiciones personales de Rolando Martín Loose, el sufrimiento padecido, la índole de la lesión y la naturaleza de los intereses afectados, se estima prudente fijar por este concepto la suma de $ 100.000. 3. Monto de la condena. En virtud de todo lo expuesto, la obligación de reparar los daños y perjuicios asciende a la suma total de quinientos noventa y siete mil ochocientos pesos ($597.800) integrados de la siguiente manera: a) tres mil ciento veinte pesos ($3.120) en concepto de gastos por tratamiento psicológico; b) doce mil trescientos cincuenta y dos pesos ($12.352) en concepto de lucro cesante, c) trescientos noventa y dos mil trescientos veintiocho pesos ($392.328) en concepto de frustración de ganancias futuras y pérdida de chance; d) noventa mil pesos ($ 90.000) en concepto de indemnización por la incapacidad sobreviniente, y e) cien mil ($100.000) en concepto de daño moral. 4. Intereses. Las sumas adeudadas generarán intereses desde la fecha del evento dañoso ocurrido el 15 de mayo de 2000 hasta la fecha de su efectivo pago, los que serán calculados de conformidad con la doctrina sentada por la Cámara del fuero en el plenario “Eiben”. 5. Carácter alimentario de la indemnización.Por otra parte, y en atención a que el resarcimiento reconocido tiene por objeto restaurar el daño sufrido en la salud integral, física y psíquica de la actora, cabe concluir que la indemnización constituye en el caso un crédito de carácter alimentario. Máxime si se tiene en consideración que se trata de una delicada situación provocada por la omisión atribuible a dependientes de la accionada a resultas de la cual el actor ha visto seriamente afectada su capacidad física, con pérdida total de la movilidad del brazo izquierdo. En consecuencia, toda vez que la totalidad del monto de condena, por su origen, constituye un crédito de naturaleza alimentaria, la suma que no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno deberá ser abonada en los términos previstos en el artículo 395, 2º párrafo del CCAyT, dentro del plazo de treinta días de consentida o ejecutoriada la presente. Las sumas que excedan de dicho límite se encuentran sometidos a lo establecido en los artículos 399 y 400 del CCAyT, es decir, al procedimiento ordinario de ejecución de las sentencias condenatorias contra el Estado local cuyo objeto es la obligación de dar sumas de dinero. Por todas las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la demanda incoada por Rolando Martín Loose contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y condenar a éste a abonar al actor la suma de quinientos noventa y siete mil ochocientos pesos ($597.800), con más los intereses de conformidad a lo dispuesto en el punto 4., en la forma y plazo previstos en el punto 5. 2º) Rechazar la pretensión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de hacer extensiva la responsabilidad a la firma AEBA S.A. 3º) Imponer las costas al Gobierno vencido de conformidad con lo dispuesto en el art. 62 del CCAyT. 4º) Diferir la regulación de los honorarios profesionales intervinientes en autos para el momento en que exista liquidación aprobada en autos. Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría, y oportunamente archívese.

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