Negligencia por la publicación de la imagen del demandante marcada con un círculo indentificatorio, sin relación con lo que se estaba informando

shutterstock_131311583Partes: A. R. C. c/ Cuatro Cabezas SA (Punto Doc) y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 18-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90358-AR | MJJ90358 | MJJ90358

Existió negligencia por parte de la productora y de los periodistas que publicaron la imagen del demandante, marcándolo con un círculo identificatorio, sin relación alguna con lo que se estaba informando y sin atribuir su contenido a la fuente, máxime si la noticia no podía considerarse un asunto de interés público.

Sumario:

1.-Corresponde concluir que no aparece justificada la inserción de la imagen del actor en los flashes informativos pues no se lo relaciona con lo que se informaba y tampoco se menciona específicamente el porqué de su inclusión, por lo que la difusión de la imagen encuadra en las las normas contenidas en los arts. 31 , 33 y 35 de la Ley 11.723.

2.-Sin perjuicio de descartarse la intención de dañar o una conducta maliciosa de la parte de la demandada, cabe imputar el accionar como negligente en razón de no haberse atribuido directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial y dejando en reserva la identidad de los implicados, ni haciéndolo en el momento de difundir la información aludida.

3.-Corresponde admitir una conducta negligente de la parte demandada en lo que hace a la difusión de la imagen del actor, -marcándolo con un círculo indentificatorio sin relación alguna con lo que se estaba informando-, toda vez que afecta su intimidad y su derecho mismo a disponer de su imagen; máxime ante las expresiones de los periodistas relativas al cambio de situación patrimonial y episodios con un secretario presidencial que no fueron sustentados en la fuente correspondiente, y expresadas de manera muy liviana, sin indicar la conexión exacta, más allá de lo que podía inferirse.

4.-La publicación de la imagen del actor en el contexto del programa televisivo resultan agraviantes para la reputación del reclamante toda vez que fueron presentadas de manera no asertiva ni indicando el origen de tales afirmaciones, mediando, así, por parte de la productora y de los periodistas que conformaron el programa, una conducta descuidada o negligente en los términos del art. 1109 del CCiv.

5.-Corresponde que el caso se analice desde la óptica de los principios generales del derecho civil, -dolo o culpa en el accionar-, toda vez que en el escenario de un asunto privado, aparecen aspectos relacionados con negocios que involucran a otros funcionarios de gobierno pero en los que el programa no ahonda más que en su relación con ese caso privado y menos aún respecto del actor.

6.-Toda vez que se trata de un particular, -encuadrado por el programa televisivo como custodio de un presidente-, resulta aplicable la teoría de los actos propios , conforme la cual las partes no pueden contradecir en juicio sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, siendo inadmisibles las pretensiones que ponen al pretensor en contradicción con sus propios comportamientos anteriores jurídicamente relevantes.

7.-Puesto que lo que rodea a la historia es la participación de figuras públicas, no es el centro principal del programa su historia troncal, sino su escenario, y consecuentemente no corresponde admitir que se trató de una noticia de interés general, pues no perseguía demostrar más que el desamparo proclamado por una mujer ante el supuesto poder de otras personas, ejercido fuera del país, ni tampoco eran autoridades públicas o funcionarios públicos en esa jurisdicción.

8.-Corresponde ordenar la publicación condenatoria de la sentencia en forma sintética, a través del mismo medio empleado, toda vez que aunque la publicación de la sentencia evoque los sucesos relatados en la nota periodística que motivó el daño, lejos de limitarse a ello, se pronuncia sobre la ilicitud del proceder de los demandados, por lo que en esa medida cumple la función resarcitoria reclamada por la actora.

9.-Corresponde confirmar el monto concedido en concepto de daño moral teniendo en cuentas los dolores y sufrimientos espirituales que el hecho pudo haber provocado en el actor que fuera víctima de la difusión de su imagen sin haber prestado consentimiento expreso para ello; máxime siendo que fuera relacionado con el desarrollo de la historia que se informaba, difamándoselo con el episodio supuestamente acaecido con él.

Fallo:

Buenos Aires, a los días del mes de noviembre de 2014, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “A., R. C. c/ Cuatro Cabezas SA (Punto Doc) y otros s/ daños y perjuicios”

La Dra. Zulema Wilde dijo:

Contra la sentencia de fs. 724/740, se alzan la parte actora, quien expresa agravios a fs. 780/782, y las codemandadas Cuatro Cabezas S.A. -hoy Eyeworks Argentina S.A.- y O. L., quienes hacen lo propio a fs. 785/796. Corridos los traslados de ley pertinentes los mismos fueron evacuados a fs. 798/801 por el actor y a fs. 803/805 por las codemandadas. Con el consentimiento del auto de fs. 807 quedaron los presentes en estado de resolver.

I. La presente demanda fue interpuesta por el actor al considerarse calumniado al endilgársele los delitos de amenazas y de lesiones contra un tercero. Además se considera gravemente injuriado (v. fs. 29 vta) al imputársele la comisión de diversos delitos ligados a la corrupción, que directamente le fuera adjudicada al ex Presidente de la Nación Carlos Saúl Menem y sus secretarios privados R. H. y J. C. G., apareciendo su imagen al relatarse el caso de una madre que fuera separada de sus hijos, sosteniendo que se denosta su persona cuando se vierten expresiones como “hay gente con mucho poder. corrupción menemista. una historia de policías prófugos, negociados y el entorno menemista en su máximo esplendor .” (v. fs. 31).-

II. La sentencia en crisis sostiene que el relato troncal está referido a una situación particular, más el trasfondo muestra “hechos y conductas de quienes ejercían una función pública y los negocios económicos que los involucraban o a los que podían acceder por ese medio o encontrándose en ejercicio de esa función, si bien con la denuncia resulta una cuestión aparentemente de fondo.Es decir, claramente se conecta con una situación de interés general en los términos que precedentemente expuestos, respecto de la función de la prensa.-

Ahora bien, que se tratara de una cuestión de claro interés general -la cual brinda un contexto particular a cuánto se dice y difunde en el mismo, en orden a lo que aquí se discute- no significa, de todos modos, que resulte de aplicación la doctrina de la real malicia. No se trata de una cuestión netamente pública, ni el actor está involucrado en ella o es funcionario o figura pública” (v. fs. 730).

Mas dice textualmente “En el escenario de un asunto privado, aparecen aspectos relacionados con negocios que involucran a otros funcionarios de gobierno pero en los que el programa no ahonda más que en su relación con ese caso privado y menos aún respecto del actor.” (idem). De allí que el caso se analice desde la óptica de los principios generales del derecho civil -dolo o culpa en el accionar-.

En cuanto a los hechos se mencionan dos flashes de escasos segundos en el minuto cuatro, señalado con un circulo, sin relacionarlo con lo que se está informando; “no se menciona específicamente en ese momento ni se explica el porqué de su inclusión” (v. fs. 731).-

De allí que se encuadre la difusión de la imagen en las normas contenidas en los arts. 31, 33 y 35 de la ley 11.723, sosteniéndose que no esta incluido en ninguna de las excepciones que aquella enumera.-

De ello se concluye que no aparece justificada la inserción de la imagen del actor en ese contexto (v. fs.731 vta).

La forma como la denunciante conoce al actor identificándolo como parte del entorno del entonces Presidente de la Nación, era cierta, no se ahonda en el programa en esa investigación.

Del relato hecho en el minuto 13,50 entiende la sentencia dictada que es difamatoria “el episodio pugilístico con periodistas en una causa determinada que mencionan .” concluyendo que no se ha logrado probar la ocurrencia concreta del hecho y tampoco han tratado la información en la forma en que indica la doctrina “Campillay” (v. fs. 732vta).

En razón de no haberse atribuido directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados, ni haciéndolo en el momento de difundir la información aludida. También se descartan la intención de dañar o una conducta maliciosa, sino a una negligente.

Sin perjuicio que se considere que tiene importancia la forma de conectarse con un presidente a los fines de un negocio particular, “ya que no se sabe si afecta o no los dineros públicos y ellos puede y debe formar parte del debate público (v. fs. 735).-

Sin embargo, la sentencia afirma que la forma como ha sido difundido los antecedentes del actor “ha sido evidentemente negligente, descuidada en sus expresiones ya que se hace alusión a una situación patrimonial sin sustento documental alguno” (v. fs.735). Concretamente se rechaza la configuración de la calumnia por no haberse efectuado ninguna imputación de delito concreta (idem).-

“En suma, entonces, en lo que hace a la difusión de la imagen del actor, en aquellas porciones del programa en que se lo marca con un círculo identificatorio sin relación alguna con lo que se estaba informando (excluyendo las ya mencionadas) afectó, por una conducta negligente, su intimidad y su derecho mismo a disponer de su imagen; así como las expresiones de los periodistas relativas al cambio de situación patrimonial y episodios con un secretario presidencial que no fueron sustentados en la fuente correspondiente, y expresadas de manera muy liviana, sin indicar la conexión exacta, más allá de lo que podía inferirse, con la situación principal de la que trataba esa porción del programa, resultan de igual modo agraviantes para la reputación del reclamante y tampoco fueron presentadas de manera no asertiva ni indicando el origen de tales afirmaciones, mediando, así, por parte de la productora y de los periodistas que conformaron el programa, una conducta descuidada o negligente en los términos del art. 1109 del Código Civil” (v. fs. 735vta).-

III. La actora al fundar su expresión de agravios sólo se remite a dos cuestiones: la falta de pronunciamiento sobre una de las peticiones hechas en la demanda; la publicación de la sentencia condenatoria en el mismo programa televisivo o en un espacio de América TV, o por Internet o medio análogo a costa de los demandados y la elevación del monto indemnizatorio de la condena. En razón que las codemandadas presentadas a fs. 785 y sgtes.solicitan se revierta la sentencia dictada por razones de orden metodológico, cabe entrar a considerar en primer término sus agravios.

Las demandadas cuestionan que no se haya aplicado la doctrina de la real malicia, entendiendo que la fundamentación carecería de coherencia porque se sostiene que en el trasfondo desarrollado se advierten connotaciones claras para el ámbito público por la gestión de claro interés general, ya que involucra personajes relacionados con el ejercicio del gobierno del Estado.-

Aunque se considerara que efectivamente el relato realizado por la denunciante mostraría simplemente un tráfico de influencias, y que el actor constituiría la pieza fundamental para tomar contacto con quien fuera el Presidente de la Nación, ya que, conforme sostuvo el testigo A., el actor era un operador político y, consecuentemente, el trasfondo desarrollado resultaba de interés general. Mas lo trascendente era la historia particular del programa televisivo encarada, aunque colateralmente refiriera hechos y conductas de quienes ejercían una función pública, los negocios que los involucraban o como se podía acceder a ellos.

Este trasfondo era el accesorio para poner en escena lo que le acontecía a una madre en relación a sus hijos. No puede asimilarse trasmitir ideas que informar. Se trataba en nuestro caso de un programa que supuestamente investigaba hechos.

La información puede ser verdadera o falsa y se exige que los medios de difusión tengan una actitud hacia la verdad.

Aunque dentro del régimen republicano de gobierno la libertad de expresión tenga un lugar importantísimo, esa libertad obliga a proceder con decidida cautela, en materia de responsabilidades en su desenvolvimiento, por que el propósito no es asegurar la impunidad de la prensa (Fallos 119:231; 155:57; 167:121; 269:189)

En la búsqueda de la necesaria armonía entre el ejercicio del derecho a informar y los restantes derechos constitucionales como es el de la integridad moral y de honor de las personas (arts.14 y 33 de la Constitución Nacional) se ha desenvuelto la doctrina de la real malicia.

La Corte ha dicho que el honor de las personas no sólo puede verse afectado a través de los delitos de injurias o calumnias cometidos por medio de la prensa (art. 113 del Cód. Penal), toda vez que puede existir injustificada lesión a este derecho que resulte de un acto meramente culpable o aún del ejercicio abusivo del derecho de informar, razón por la cual el propietario o editor del periódico que da a conocer las falsas imputaciones no puede quedar exento al igual que cualquier habitante de la Nación de la responsabilidad civil emergente de dichos actos (art. 1109 del Cód. Civil) (Peralta Mariscal Leopoldo L. “La Protección del honor ante la difusión de informaciones: La Doctrina “Campillay”, Revista de Derecho Privado y Comunitario. Honor, Imagen e Intimidad. Año 2006-2, pág. 247).

Aquí no se trata de un funcionario o figura pública, el programa televisivo lo encuadra como custodio de un presidente y surge, como consecuencia de la prueba testimonial brindada, que es empleado administrativo del Senado, de modo que es un particular.-

Por lo que resulta aplicable la “teoría de los actos propios”, conforme la cual las partes no pueden contradecir en juicio sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, son inadmisibles las pretensiones que ponen al pretensor en contradicción con sus propios comportamientos anteriores jurídicamente relevantes.

Dicha doctrina importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se contradigan al efectuar un reclamo judicial. (Ver autos de esta Sala “Repetto, José M. D.C/ Club Náutico Hacoaj”, 30 de abril de 1996).

La derivación directa de este principio procesal consiste en la práctica, en impedir a un sujeto colocarse en el proceso judicial en contradicción con su conducta anterior jurídicamente relevante (conf. López Mesa, Marcelo J., “Doctrina de los Actos Propios en la Jurisprudencia”, pág. 45 y sus citas, Ed. De Palma).

La posibilidad de adecuar la petición primigenia, colisiona con sus propios actos, pues nadie puede variar de comportamiento injustificadamente, cuando ha generado en otros interesados una expectativa de comportamiento futuro, por aplicación del principio “venire contranfactum proprium nemo potest”.

Toda vez que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (CSJN, Fallos 290: 216; 310:1623; 311: 1695; 317: 524, entre muchos otros).

El carácter de asunto de interés público podría tomarse en consideración si quien demandare fuere uno de esos funcionarios públicos que hubiera sido involucrado en la información, pero no es este el caso.

El actor sólo supuestamente acercó a la denunciante a personas que tenían ese carácter, del cual el carecía.

Tampoco se trataba de una noticia sobre robo de bebés o tráfico de ellos como afirma el apelante; era una cuestión de guarda entre los padres de los niños, resuelta por un juez que tenía jurisdicción sobre la cuestión litigiosa.

Si los criterios de atribución de guarda de los hijos no coinciden en diferentes jurisdicciones por motivaciones sociológicas o de otro tipo, ello no significa que se trate de supuestos de robo o tráfico de bebés, ni permite suponer otras motivaciones distintas como las enunciadas en el programa.Es decir, que no hay tal incoherencia en la sentencia, la historia principal es la trasmisión de la frustración y dolor de una madre, porque la tenencia le fue otorgada a su marido o ex marido; que era el padre de los niños hasta que no se demuestre lo contrario por el órgano judicial competente.

Lo que rodea a la historia, es la participación, -conforme el relato-, de figuras públicas. Pero ese entorno, no es el centro principal del programa, su historia troncal, sino su escenario.

Consecuentemente no era una noticia de interés general por que no perseguía demostrar más que el desamparo proclamado por esta mujer ante el supuesto poder de otras personas, ejercido fuera del país. Ni tampoco eran autoridades públicas o funcionarios públicos en esa jurisdicción.

“La protección del honor de personalidades públicas debe ser atenuada cuando se discuten temas de interés público en comparación con la que se brinda a simples particulares. Este principio se funda, en primer lugar, a que las personalidades públicas tienen un mayor acceso a los medios periodísticos para rectificar las falsas imputaciones y que aquellas se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias. Por su parte este criterio responde al prioritario valor constitucional, según el cual debe resguardarse especialmente el más amplio debate respecto de las cuestiones que involucran a este tipo de personas, como garantía esencial del sistema republicano democrático” (Fallos 316:2416) (cfr. Rivera, Julio Cesar, La doctrina de la real malicia en la jurisprudencia de la Corte Suprema, comentario a Ramos Pandolfi, Amarilla, en Derecho Civil. Parte general, colección de análisis jurisprudencial, La Ley, Bs. As., 2003, págs.58 y sigtes).

No cabe la menor duda que un empleado administrativo desarrolle su trabajo donde lo desarrolle no es formalmente una personalidad pública, aunque tenga contacto con ellas.

En la tarea de informar que cumplen los órganos de difusión, no sólo es la actuación que les quepa cumplir con conocimiento de la falsedad sino, la despreocupación acerca de ella o la falsedad de la noticia (CSJN 29-9-98 en re “Mansilla” LL 1998-V-118).

Sin perjuicio de lo ya señalado, ésta expresión de agravios sólo ha insistido en el distinto encuadramiento sin atacar “el modo en que debe presentarse la noticia” (Zannoni, Eduardo P. y Biscaro Beatriz R., “Responsabilidad de los medios de prensa”, Ed. Astrea, Bs. As. 1993 págs. 162 y sigtes.).

En concreto, lo que resulta de la doctrina “Campillay” que fue citada en el fallo y no criticado, es qué el programa televisivo al emitir la información que podía afectar el honor de un particular debió para eximirse de responsabilidad, citar la fuente de la que obtuvo la información, lo que no hizo. Recién en estos autos se hace mención a las notas periodísticas de ámbito Financiero y Clarín.

Utilizar el tiempo de verbo potencial o dejar en reserva la identidad de la persona, en este caso, el actor, eran las otras dos posibilidades. Estas opciones las volvió a consignar la Corte en el caso “Bruno c/La Nación” del 23-8-2001 (LL 24-9-2001).

Las demandadas no cuestionaron que no identificaron las fuentes al tiempo que brindaron la información.

Por otra parte, si hubieran las partes demandadas invocado la fuente, necesariamente hubieran tenido que hacer una transcripción “fiel o idéntica de lo manifestado por aquella” (v. fallos S, N.A.c/ El Día del 5-2-2001, publicado por LL del 22-2-2001), lo que tampoco hicieron.

Aquí lo que bien marca el fallo cuestionado es la actitud desaprensiva en la forma de informar que tiene un evidente potencial difamatorio, por lo que nada cabe modificar en este aspecto.

IV. A lo señalado cabe agregar que la divulgación de la imagen del actor, debía contar con su consentimiento y ese consentimiento debía ser “expreso” (Villalba, Carlos y Lipszyc, Delia, Protección de la propia imagen, LL 1980 C-819) (art. 31 de la ley 11.730).

Tampoco se alegó, ni se encuentra probado algún supuesto de excepción al principio general, enumerados en el último párrafo del art. 31.

De modo que esa parte de la sentencia ha quedado firme ante la falta de cuestionamiento concreto. (Arts. 265 y 266 CPCCN).

“Los dichos referidos a la individualización de la persona, teniendo en cuenta que el Sr. A. estaba rodeado de otras personas” no implican una critica concreta y razonada de lo decidido. Más, de la testimonial brindada por el coordinador de la producción periodística al momento en que se desarrollo este pleito, surge que el actor era una persona que el público no conocía, lo que demuestra que no era una figura pública.

Nada se dice de las normas contenidas en los artículos citados de la ley 11.730 que reglan la situación de autos, en el aspecto señalado.

Lo consignado debe tenerse en consideración en razón de la carga impuesta por el art. 266 del Código de forma.

Por lo que cabe declarar desierto el recurso en este aspecto, ante la falta de cuestionamiento concreto.

V. En cuanto a la supuesta ausencia de imputación específica – porque a criterio del apelante no se discrimina ni diferencia quien es el responsable obligado al pago de la sentencia recaída – afirma que “la posibilidad de que responda el Sr. L.sólo puede representarse en el caso de que, personalmente, hubiese emitido dichos, opiniones o noticias motivo de reproche” (v. fs. 795).

Respecto a este punto, bastaría remitirse al alegato de ambos codemandados para comprobar que se encuentra expresamente reconocido que el Sr. L. fue quien relató que el Sr. “R. A. se hace cargo de algunas cosas que R. H. no puede hacerse cargo (comentando una trompada a A. D., ex director de ceremonial)” (V. fs. 684/684vta).

A fs. 685 se reitera que es la voz de O. L. en el programa, el que afirma que el actor era boxeador . etc.

De modo que es el propio apelante, el que reconoció expresamente haber difundido hechos e informaciones, que han sido motivo de reproche, por lo que sólo cabe declarar desierto el recurso en este aspecto.

VI. En cuanto al tema de la condena a la productora, a la alegación que no se la puede responsabilizar por las manifestaciones vertidas por los periodistas en un programa en vivo, bastaría remitirse a lo sostenido en la expresión de agravios. No se trata de disentir con lo puesto de relieve en la sentencia.

En primer lugar es dable recordar que la formulación de simples apreciaciones personales sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el “a-quo” respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción a los que arriba en la aplicación del derecho, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios.-

La misma para poder ser considerada como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.-

Por ello, en aquélla se deberá indicar puntualmente las deficiencias de la sentencia recurrida sin que las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, la remisión a escritos anteriores o el mero desacuerdo con lo resuelto puedan considerarse agravios en los términos exigidos por el art.265 y 266 del Código procesal Civil y Comercial de la Nación.-

El escrito de las partes codemandas de fs. 785/796vta. no constituye una expresión de agravios en los términos de los artículos citados, resultando solamente un mero desacuerdo con lo decidido por la Sra. Magistrada de la anterior instancia, por lo que propongo se desestime tal planteo declarando desierto el recurso articulado a fs. 746.

Cumpliendo con lo ordenado por la norma contenida en el art. 266 del CPCC de la Nación, cabe mencionar que no ha sido cuestionado que los periodistas estaban al tanto del a rmado, de los diferentes informes que se utilizarían en el programa, aclarando el testigo Brandy que “los periodistas que estarían en vivo, ya estaban al tanto de las investigaciones que saldrían al aire y puntualmente aclara en instancias anteriores a esta reunión si había materiales descartados” (fs. 549 vta.). Dicho testigo incluye también al codemandado L. manifestando que las investigaciones estaban a cargo de los productores periodísticos del programa que no recuerdan quienes eran y O. L. en particular que “salía al aire con la información más reciente”. En relación al demandado G. expresó que los diferentes informes eran discutidos antes de ser producidos por R. G., el testigo y la producción general de la Productora Cuatro Cabezas. Es decir que conformaban un equipo respecto del cual no se ha demostrado ni se ha aportado prueba alguna que demuestre que se encontraban ajenos a su armado y/o que fueron compelidos a aceptar su producción de una manera no consentida por ellos. (v. fs. 736).

De modo que todos los que intervenían constituían un equipo y los informes eran discutidos también por la productora Cuatro Cabezas, hoy Eyeworks Argentina S.A.

De modo que sólo cabe declarar desiertos los recursos de apelación interpuestos a fs. 794vta. y sigtes.

VII.En cuanto a la pluspetitio invocada y la imposición de costas debe consignarse en primer término que el recurso de nulidad debe fundarse en los defectos formales manifiestos y graves que la resolución judicial pudiera padecer independientemente de su contenido, y no en errores “in procedendo” que precedieron a su dictado, pues los mismos pudieron subsanarse por vía del incidente de nulidad, y en la instancia en que han sido cometidos. (Ver Morello – Sosa – Berizonce – Código Procesal Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación, comentados y anotados. T. III. Pág. 256. 1993. Abeledo Perrot).

Reiteradamente se ha sostenido que el recurso de nulidad se refiere a defectos propios de la sentencia, vinculado a requisitos de tiempo, forma y lugar, no a errores “in iudicando” sino “in procedendo”.

Ninguno de los supuestos yerros de la sentencia señalados por el apelante se refieren a vicios o defectos de formas que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, por lo que el planteamiento deberá ser rechazado.

Asimismo, la accesoriedad de este recurso lleva a que sólo pueda ser articulado contra resoluciones que sean susceptibles de ser objeto de apelación.

En este sentido, la jurisprudencia también ha sostenido reiteradamente que el recurso intentado no procede cuando los agravios pueden ser reparados a través de la apelación.

El error “in iudicando” no habilita al recurso de nulidad, por lo que no cabe más que rechazar lo articulado.

VIII. Asimismo, el memorial de agravios no cuestiona lo que se resolvió respecto a la acusación de pluspetitio a fs. 739vta/740. En lo decidido, se hace referencia al art. 72 del CPCCN.

Como ya se indicara, no sólo debía tomarse en consideración la pauta numérica sino también otros factores, lo que no mereció crítica alguna.

IX.Tampoco se rebatió, al tratarse del “daño moral”, que a pesar de la evidente desproporción, el actor pudo estimarlo con parámetros subjetivos y creerse con derecho a tal conducta.

Por lo que no cabe más que declarar también la deserción del recurso en estos aspectos.

X. La actora -como ya se pusiera de manifiesto- se agravia respecto a la falta de pronunciamiento en relación a la publicación de la sentencia condenatoria en el mismo programa o en caso de cese de sus emisiones, en un espacio por America TV, Internet y/o medios análogos.

Cabe mencionar que le fue ofrecido en su oportunidad el derecho a réplica, siendo rechazado el ofrecimiento por el accionante.

Este derecho le hubiera dado la oportunidad contemporáneamente de dar su versión de los hechos y no quedarse la audiencia sólo con la vertida en el programa televisivo.

Este derecho está regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 14, el cual estatuye lo siguiente:

“1.Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido

3. Para la efectiva protección de la honra y reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”

El art. 75 inc.22 de la Constitución Nacional le ha otorgado Jerarquía constitucional a esa norma.

De modo que el actor tenía la posibilidad de ejercerla y no lo hizo, si consideraba que la información difundida le causaba agravio.

En el caso concreto de autos, más allá de la omisión incurrida en la sentencia, debe entenderse que el reclamo debe ser acogido, siguiendo el criterio de la publicación en forma de síntesis del pronunciamiento dictado en el mismo medio a través del cual se produjo el agravio (conf. Pizarro, “Responsabilidad de los medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes”, pág. 305 y ss. Jurisprudencia y doctrina citadas, Ed. Hammurabi, Bs. As. 1991).

Aunque la publicación de la sentencia evoque los sucesos relatados en la nota periodística que motivó el daño, lejos de limitarse a ello, se pronuncia sobre la ilicitud del proceder de los demandados, por lo que en esa medida cumple la función resarcitoria reclamada por la actora. (Ver CNCiv., Sala “I”, “M., Z.M.E. c/ Editoral Perfil SA y otros s/ daños y perjuicios”, del 25/04/02, Rec. N° 1051233, Sumario N° 15178 de la base de datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, Boletín N° 3/2003).

Por otra parte, la sentencia contará con la publicación oficial obligatoria en los términos de la Acordada N° 15/13 de nuestra Corte Suprema, que asegura su publicidad en el Centro de Información Judicial (http://www.cij.gov.ar) que, como lo ha indicado ese tribunal en los considerandos de la acordada, se ha dispuesto “para el fiel y mejor conocimiento de la comunidad en general, sea accediendo directamente al sitio especialmente creado para ello como a la reproducción que de dichos fallos efectuaren los medios masivos de comunicación.”

Por lo que cabe hacer lugar al agravio articulado, ordenándose la publicación condenatoria de la sentencia en forma sintética, a través del mismo medio empleado – América TV -.

XI.En cuanto al daño moral, el actor solicita la elevación del monto indemnizatorio de $ 40.000, oportunamente concedido por este concepto.

En primer lugar, debe decirse que el daño moral se define como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas, y en general, toda clase de padecimientos, comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes.

Es dable recordar que la indemnización por daño moral no configura una sanción al ofensor sino la satisfacción de legítimos intereses de contenido extrapatrimonial que hacen a derechos inherentes a la persona, debiendo evaluársela con la apreciación objetiva del padecimiento, sin que configure fuente de indebido lucro.

Como ya sostuviera este Tribunal “si por reparación se entiende el restablecimiento del desequilibrio patrimonial y es de contenido pecuniario, los intereses que carezcan de ese contenido deben ser satisfechos, puesto que según el diccionario de la Real Academia, “satisfacer”, en una de sus acepciones, significa sosegar o aquietar una queja o un sentimiento, expresión acorde con el sentido de nuestra ley al otorgar a la víctima el derecho a reclamar la reparación, cualquiera sea el grado de reproche que genere la conducta del agente del daño, sin perjuicio de valorar a ésta como un elemento más para determinar la cuantía indemnizatoria” ( autos “Corzo de Torres, C.P. c/ Lumicot S.A.y otros s/sum” del 31.03.81).

En el caso concreto de autos, el actor fue víctima de la difusión de su imagen sin haber prestado consentimiento expreso para ello; con su relacionamiento con el desarrollo de la historia que se informaba, se lo difama con el episodio supuestamente acaecido con el.

El carácter agraviante de una información o denuncia deriva de la afección a la dignidad, reputación, honor, fama o decoro que goza el sujeto ante la comunidad, faltándose a los deberes que impone una conducta prudente y diligente, violándose el principio legal del “alterum non laedere” (arts. 1109 del Código Civil). (“Neustadt, Bernardo c/ Cavallo, Domingo Felipe s/ daños y perjuicios” – CNCIV – Sala D – Nro. de Recurso: D084589 – Fecha: 3-6-1998 .El Dial, CNCIV: 10093).

En cuanto al cuestionamiento de lo decidido respecto de los testigos y la apreciación de la verosimilitud de sus declaraciones es necesario hacer mención que no se trata de disentir, ni coincidir con las críticas formuladas, sino de hacer una crítica concreta y razonada de esa parte de la sentencia.

Debo coincidir con lo puesto de manifiesto en lo decidido, no sólo por que no es creíble la relación de causalidad atribuida al programa televisivo con la pérdida de los trabajos sino por que el lucro cesante debió ser acreditado por otros medios de prueba más idóneos si la actora se vio privada de beneficios económicos (arts. 356 y 377 CPCCN).

Ahora bien, teniendo en cuentas las consideraciones precedentemente reseñadas, dolores y sufrimientos espirituales que el hecho pudo haber provocado, así como se ha rechazado la acción en materia de calumnias por los delitos de amenazas y de lesiones, considero fruto de una prudente estimación, confirmar el monto concedido (Art. 165 CPCC).

En consecuen cia, doy mi voto para que:

I. Se modifique parcialmente la sentencia recurrida:

I.a) Condenando a la codemandada “América TV SA” a publicar en el mismo medio de emisión donde se reprodujo la nota que motivara el inicio de las presentes actuaciones, y en el mismo día y horario, un extracto y síntesis del fallo de primera instancia y su parte dispositiva, a su costa.

II. Se declare parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por los codemandados en la medida y alcance que surgen de los Considerandos IV, V, VI, VIII y IX de los presentes.

III. Se confirme la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

IV. Se impongan las costas de esta instancia a los codemandados Eyeworks Argentina S.A. y O. L., vencidos en lo principal (art. 68 CPCCN).

La Dra. Marta del Rosario Mattera adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-

La Dra. Beatriz A.Verón no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.)

Buenos Aires, noviembre de 2014.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida:

I. a) Condenando a la codemandada “América TV SA” a publicar en el mismo medio de emisión donde se reprodujo la nota que motivara el inicio de las presentes actuaciones, y en el mismo día y horario, un extracto y síntesis del fallo de primera instancia y su parte dispositiva, a su costa.

II. Declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por los codemandados en la medida y alcance que surgen de los Considerandos IV, V, VI, VIII y IX de los presentes.

III. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

IV. Imponer las costas de esta instancia a los codemandados Eyeworks Argentina S.A. y Omar Lavieri, vencidos en lo principal (art. 68 CPCCN).

V. Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.

La Dra. Beatriz A.Verón no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.)

Regístrese, notifíquese por cedula por Secretaría y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (Acordada N° 15/13 art.4°).-

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