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Falta de prueba de las secuelas que dice tener el trabajador como consecuencia del accidente de trabajado alegado

CertificadoLaboralPartes: Fernández Carlos A. c/ I.M.A.I. S.A. s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 23-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-90501-AR | MJJ90501 | MJJ90501

Rechazo de la demanda del trabajador tendiente a obtener un resarcimiento por las secuelas de un accidente laboral sino aportó ninguna probanza destinada a acreditar la existencia del mismo y de las circunstancias que permitirían responsabilizar al empleador.

Sumario:

1.-Corresponde acoger el recurso d apelación deducido por la demandad y la citada en garantía y rechazar la demanda interpuesta por un reclamo de accidente laboral sufrido en cumplimiento de sus tareas toda vez que la sola existencia del daño no puede -sin más- considerarse como consecuencia de la intervención de la cosa sino que, sin perjuicio de las circunstancias especiales que deben meritare por la naturaleza misma del trabajo y su interrelación con las cosas, no debe dejarse de lado que si la vinculación fue con una cosa inerte no es dable presumir sin más el riesgo de la cosa, ni que fuera apta para repotenciar, recrear o aumentar la posibilidad de daño.

2.-La prueba de la relación de causalidad entre el daño y la cosa de la que se sirvió el trabajador o la naturaleza misma del trabajo, es mayor cuando el reclamo por las consecuencias disvaliosas se funda, como en el caso, tratándose de un infortunio laboral, en las disposiciones del CCiv., teniendo a su disposición el actor el régimen especial, más benigno para el trabajador en cuanto amplía la responsabilidad patronal.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J.M.

Macagno, Beatriz A. Abele y Alejandro A. Román, para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por las partes demandada y la citada en garantía contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de esta ciudad, en los autos caratulados: «Expte. N° 121 – año 2012 – FERNANDEZ, Carlos Alberto c/ I.M.A.I. S.A s/ Cobro de Pesos – Laboral».- Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr.Román; segundo, Dr. Macagno; tercera, Dra. Abele.- Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.: ¿Es nula la sentencia apelada? 2da.: En caso contrario ¿es ella justa? 3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión, el Dr.Román dijo:

1. De los antecedentes de la causa, en lo que aquí concierne, surge que la sentencia cuestionada hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr.

Carlos Alberto Fernández contra la empresa «I.M.A.I. S.A.» en reclamo por un accidente laboral sufrido en cumplimiento de sus tareas (fs. 282/301). En consecuencia, condena a la empleadora a abonar al actor los rubros e intereses que tiene dicho en los considerandos, con expresa imposición de costas.

Asimismo, rechaza las excepciones de falta de acción, falta de legitimación pasiva y cosa juzgada administrativas interpuestas por «Prevención A.R.T. S.A.» y acepta la citación en garantía efectuada por la demandada, condenándola en la medida del seguro contratado, con costas.

2. Contra esa decisión, se alzan tanto la parte demandada como la aseguradora citada en garantía. Ambas interponen recursos de nulidad y apelación (fs. 304 y 306, respectivamente), los que se conceden oportunamente (fs.305 y 307). De esta manera queda este Tribunal en condiciones de intervenir.

La empresa «I.M.A.I. S.A.» presenta sus agravios a fojas 320/325 de autos.

Luego, hace lo propio y adhiere a los anteriores la firma «Prevención ART S.A.» (fs. 330/333). Seguidamente, la parte actora contesta todos los agravios anteriores (fs. 335/339). Y, por último, la empleadora fija su posición con respecto a los agravios expresados por la aseguradora (fs. 353/354).

3. Ahora bien, no obstante el planteo recursivo por nulidad observo, primero, que ninguna de las partes disconformes con la sentencia lo reiteran o fundamentan en esta instancia; y, segundo, que no existen vicios que hagan procedente una declaración nulificatoria de oficio.

Por lo tanto, mi respuesta a esta cuestión es negativa.

A la misma cuestión, los Dres. Macagno y Abele dijeron que votaban en idéntico sentido que el Dr.Román.- A la segunda cuestión, el Dr.Román dijo:

1. La empleadora se queja de los siguientes puntos de la sentencia: a) que, se haya considerado demostrada la existencia de un accidente de trabajo; b) que, se estimara que el trabajo actuó como agravante de la dolencia del actor; c) que, conceptualizando la dolencia como una enfermedad-accidente, condene al pago del total de la incapacidad y no solamente de la parte que habría sido provocada por el trabajo; d) que, se haya estimado que intervino una cosa riesgosa en la provocación del daño; que, se aparte, sin fundamentos, de los peritajes y condene en base a un porcentaje de incapacidad 3 veces superior al dictaminado por éstos.

Así, se agravia porque el A quo consideró acreditada la existencia de un accidente laboral, en base a los dichos del perito médico Dr. De Azcuénaga y a otros indicios. Cuestiona esa evaluación porque el perito indicado, no se fundó en un conocimiento directo de los hechos, sino únicamente en los dichos del actor, por lo que sus conclusiones sobre la existencia de un accidente no pueden tomarse en cuenta.Arguye que el propio reclamante ha dado distintas versiones del accidente, que el Juzgador no tuvo en cuenta al dictar la sentencia, ya que señaló en las medidas cautelares que había «resbalado sobre un balde de 20 litros y al intentar evitarlo experimentó un intenso dolor» (fs. 36vto. de las medidas cautelares) y, al interponer esta demanda, que el accidente ocurrió al bajar la pulidora de la zorra (fs. 5 vta.). Sostiene que la prueba del accidente correspondía al actor y que le agravia que el A quo ni siquiera haya analizado las diferentes versiones que aquél dio sobre el supuesto hecho, las que demuestran que el mismo no existió, o no ocurrió en la forma que describe el actor.

Afirma que las tareas habituales del trabajador no le demandaban esfuerzos físicos importantes, según constancias de la causa de las que se desprende que de la descripción de hechos que hizo el actor se extrae que la tarea habitual no requería de esfuerzos físicos, los que (en el mejor de los casos, según su relato) eran realizados sólo ocasionalmente cuando debía trasladar la máquina pulidora a otros lugares. Critica que nada de esto fue tenido en cuenta por el Juzgado de baja instancia quien en base a los que denominó «indicios», concluyó que «lo determinante» para provocar el daño fue «la exposición prolongada a dicho agente (levantamiento o desplazamiento de objetos inertes), lo que fue preparando el organismo del actor para finalmente producir la hernia detectada» (1° párrafo de fs. 399). Y, concluye que es evidente que el sentenciante de baja instancia se equivocó al considerar que las tareas fueron determinantes en la lesión del actor, pues las constancias de la causa y, en especial la confesión del actor, demuestran lo contrario.

Asimismo, indica que el sentenciante de anterior grado razonó que si el actor tenía una incapacidad esta debió ser causada por el trabajo, y que se fundó para ello en una serie de indicios que consideró graves y concordantes.Al respecto, considera que de admitirse el razonamiento del juzgador en el sentido de que si la empresa denuncia el hecho ante la ART lo estaría admitiendo y se pondría así en la situación de que si tiene dudas no lo denuncie para que no pueda considerarse una admisión del mismo. Añade que le agravia que el Juzgador haya considerado como otro indicio el hecho de que, supuestamente, no se acreditaron patologías preexistentes o alguna predisposición del trabajador, cuando de los peritajes realizados surge claramente que el Sr. Fernández tenía una patología de base previa.

Por otra parte, sostiene que le agravia que el A-quo estimara que el trabajo actuó como agravante de la dolencia del actor y que se considere probado el nexo causal, sin pondear que en el ámbito del derecho civil sólo resultan indemnizables las causas originadas en el trabajo, descartando la reparación de las concausas. Entiende que al no poder establecerse cuál podría ser el grado atribuible al trabajo y cuál a las dolencias preexistentes, las mismas debieron distribuirse por partes iguales, es decir 50% a cada una, y sólo repararse en la medida de la concausa laboral.

Seguidamente, en tercer lugar, afirma que le agravia que el Juez, conceptualizando la dolencia como una enfermedad-accidente, condene al pago del total de la incapacidad y no solamente de la parte que habría sido provocada por el trabajo. Y, discrepa que se admita que intervino una cosa riesgosa en la producción del daño.Al respecto, señala que la «cosa» con la que se habría lesionado el actor fue una máquina pulidora o el piso, tratándose en ambos casos de una cosa inerte; y aduce que correspondía al actor demostrar la intervención de una cosa riesgosa en el daño ya que la calidad de riesgos no se presume por la sola existencia del daño.

Cita jurisprudencia y antecedentes de autos en apoyo a sus postulaciones.

Por último, se queja de que el A-quo se aparte sin fundamentos de los peritajes y condene en base a un porcentaje de incapacidad tres veces superior al determinado por aquéllos. Aduce que de conformidad con lo sostenido por el Dr. Calvet, el actor está en condiciones de realizar las mismas tareas que cumplía antes del hecho que denunció como dañoso.

Considera que si la incapacidad laboral debe evaluarse teniendo en cuenta no sólo la incapacidad física sino cómo repercute la misma en su vida laboral, el Inferior no pudo dejar de valorar que según lo dictaminado por el perito. Agrega que no puede obviarse que el Dr. Calvet dictaminó una incapacidad definitiva del 9%, mientras que el D. De Azcuénaga sostuvo que la misma era del 13,82%, no habiendo razón para llegar a una invalidez del 35% como lo hizo el A-quo. En ese sentido, expresa que le agravia el monto de la condena del rubro incapacidad sobreviniente, fijado en $ 110.000, sin dar explicaciones de cómo llega a dicho monto.

Realiza y detalla un cálculo de la indemnización por incapacidad sobreviniente y concluye que el monto no debería superar los $ 16.725.Asimismo, critima la estimación del importe fijado en concepto de daño moral, el cual considera que no podría ser superior a los $ 5.000.

Termina criticando la tasa de interés fijada por el A-quo, la que se aparta de la constante jurisprudencia de esta Cámara y pide se aplique la tasa promedio entre la que percibe y la que paga el Banco de la Nación Argentina.

2. A su turno, la citada en garantía «PREVENCIÓN ART S.A.» adhiere a los agravios expresados por la empleadora, haciendo suyos los mismos, y considerando acertadas las consideraciones vertidas.

Seguidamente, procede a exponer sus propias objeciones en relación a la sentencia recurrida. En ese sentido, destaca que el decisorio ha incurrido en un grave error procedimental al hacer extensiva la demanda a la aseguradora del riesgo del trabajo; y, cuestiona que se la condene como parte en el litigio cuando ha sido citada como tercero coadyuvante, razón por la cual entiende que la sentencia en este punto es ultra petita, pues desconoce lo esgrimido claramente por las partes en su s respectivas pretensiones.

También se queja que se haya considerado que el trabajador presente una dolencia que pueda ser atribuida a sus tareas como dependiente, pues las tareas que realizaba no significaban ningún esfuerzo físico ya que eran cumplidas sentado, con una herramienta de peso moderado y que el traslado de la misma se realizaba con los medios técnicos y de seguridad que permitían hacerlo sin esfuerzo.

Refiere luego a las periciales médicas producidas en la causa de las cuales se desprende que la patología que presenta el actor resulta de base inculpable.En definitiva, alega que este tipo de patologías no está contemplada en la Ley de Riesgos del Trabajo que deriven en una causa inculpable propia de la predisposición del actor a sufrir alguna dolencia y que por ello no se la puede condenar a reparar una dolencia extra sistémica, por exceder la cobertura que la misma brinda en el marco de aquella ley.

Se queja, además, tanto de que el A quo se aparte de la incapacidad fijada en las propias periciales realizadas, como que no se ponderaron factores concausales ya que en alguna medida la predisposición orgánica contribuyó a la supuesta afección.

Se agravia, también porque se entendió que el régimen legal de riesgos del trabajo no se aplicaba al caso por lo que nunca pudo hacer extensiva la condena ni siquiera en la medida del seguro, ya que no existe cobertura de seguro alguno fuera de tal régimen legal.

Por último,y, discrepa con la postura asumida por el Juez al analizar el daño y su reparación, por la carencia de precedentes locales que avalen tal postura de apartarse caprichosamente de las determinaciones de incapacidad aportadas por las pericias médicas. En este aspecto califica a la sentencia como arbitraria.

3. Al ingresar al tratamiento del recurso y luego de analizar con detenimiento la sentencia impugnada, las actuaciones que le precedieron y la queja de los recurrentes, adelanto que no coincido con los argumentos expuestos por el Sr. Juez de la instancia anterior y la solución a la que arriba. Por ello, entiendo que debe ser modificada su decisión por los argumentos que señalaré a continuación.En el escrito de demanda el actor solicitó ser indemnizado de las secuelas incapacitantes derivadas de un accidente de trabajo con fundamento en la normativa del Código Civil.

En esa presentación declara que el infortunio ocurre cuando estaba bajando de una máquina de zorra la pulidora que usa para sus tareas como soldador momento en el que «sintió un fuerte tirón en la cintura, con intenso dolor». En suma, describió una enfermedad accidente. Ahora, cuando -como ocurre en el caso- el actor funda su reclamo en las disposiciones de la ley civil es necesaria la prueba de encontrarse reunidos los requisitos exigidos por las normas cuya aplicación se pretende, ya que, si se prescindiera de esa exigencia desaparecería toda diferencia entre el régimen de la ley especial -que asegura al trabajador una indemnización tarifada pero amplía el campo de responsabilidad patronal- y el de la ley común -que, a la inversa, no impone límites a la reparación pero restringe el margen de responsabilidad (v. CSJN, «Giménez c. Prefectura Naval Argentina», del 28.08.1987, en Fallos: 310:1449; «O’Mill c. Provincia del Neuquén», del 19.11.1991, en Fallos 314:1505).

En el caso de autos, la empleadora destaca que el actor dio tres versiones distintas sobre el accidente sobre el cual reclama lo que la lleva a dudar de la verosimilitud del acaecimiento del mismo.Frente a ello, lo cierto es que el actor no aportó ninguna probanza destinada a acreditar la existencia del accidente en cuestión y de las circunstancias que -según su postura- permitirían responsabilizar al empleador en ellos términos del derecho común.

No suple esa omisión la enumeración de normas legales que imponen obligaciones al empleador o a la aseguradora de riesgos del trabajo en materia de higiene y seguridad, pues el interesado no menciona y, sobre todo, no justifica de qué modos ellos habrían incidido en la producción del daño, toda vez que -reitero- el actor no acreditó las circunstancias del mentado accidente.

El propio Juez advierte que «.no existen en el caso testigos presenciales del evento del día 4 de diciembre de 2004.» (fs. 289). Ahora, el A quo identifica al levantamiento (o desplazamiento) de objetos inertes como el único agente de riesgo al que estuvo expuesto el actor durante el tiempo de su vinculación con la empresa como determinante en la preparación -por su exposición prolongada- del organismo del actor para producir la hernia detectada.

Disiento con ese argumento. Para llegar a esa conclusión no es suficiente no tener otra explicación plausible pues, como referí antes, no alcanza -cuando no hay ningún otro elemento probatorio- para suplir la omisión de acreditar las circunstancias que rodearon el infortunio; véase, a título ejemplificativo, que tampoco hay prueba que demuestre que existieran deficientes condiciones de seguridad en las que aquél laboraba.

Desde luego que no desconozco que de acuerdo a la doctrina sentada por el Más Alto Tribunal de la Nación (cf. «Nobriega c. YPF», del 30.08.1988; «O’Mill c. Provincia del Neuquén», citado supra; «Posse c. Provincia del Chubut» del 01.12.1992; «Choque Sunahua c.Emege SA» del 11.05.1993; entre otros) es necesario valorar la incidencia que en relación a las cosas que debió manipular el damnificado pudieron tener las posturas adoptadas por éste, para recién entonces proceder a calificar la cosa como riesgosa.

Este criterio, por otra parte, es el que ha adoptado la Corte Suprema de esta Provincia en la causa «Gómez c. Petrus» (A. y S., T. 110, pág. 336) donde se juzgó que «Debe efectuarse una ponderación razonada del grado de incidencia que pudo tener la tarea desempeñada por el actor respecto del accidente sufrido, porque es propio de la naturaleza del trabajo físico una relación necesaria de las cosas».

Asimismo, allí se mencionó que «.la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en las demandas emergentes de las relaciones de trabajo, los perjuicios no pueden dejar de asociarse con las tareas que cumplía el trabajador» (Fallos: 307:1316), sin que pueda desecharse una pretensión sin el debido examen de las labores desarrolladas y de las circunstancias en que se cumplieron (Fallos: 306:352; 307:622)» y, en concordancia, en autos «Peger c. Sancor Coop. Unidas Ltda» (A. y S., T. 122, pág. 359 y sgtes). Pues bien, aún cuando entonces -reitero- no está acreditado el percance que dice el actor haber sufrido, en atención de los lineamientos jurisprudenciales citados quisiera destacar que: el trabajador admite que el 90% de su tarea la cumplía de sentado y sin realizar esfuerzos importantes, de donde es difícil extraer de allí la realización de tareas de esfuerzo en forma repetitiva y permanente. Máxime, cuando de las declaraciones testimoniales de los Sres. López, Solari y Lovera (obrantes a fs. 182 a 184) se desprende que las pulidoras se trasladaban en carros o «zorras» y que nunca se manipulaban en forma individual sino entre dos personas. También que el Sr. Carlos Fernández era -a la época- jugador de fútbol a nivel competitivo (escrito inicial, punto referido al «daño moral», fs.10). Además, de que de la pericia médica que se le realizara en las medidas cautelares (anexas por cuerda) surge que el dependiente tiene un sobrepeso que también pudo haber influido como desencadenante de la supuesta dolencia o como agravante de la misma.

Es decir, no puede deducirse que la actuación de la cosa en el caso concreto haya tenido un papel causal en la producción del daño.

4. En definitiva, a la luz de la jurisprudencia referida y de las constancias de la causa, resulta claro que en autos el actor no ha logrado acreditar suficientemente los presupuestos de la acción promovida. La sola existencia del daño no puede -sin más- considerarse como consecuencia de la intervención de la cosa sino que, sin perjuicio de las circunstancias especiales que deben meritare por la naturaleza misma del trabajo y su interrelación con las cosas, no debe dejarse de lado que si la vinculación fue con una cosa inerte no es dable presumir sin más el riesgo de la cosa, ni que fuera apta para repotenciar, recrear o aumentar la posibilidad de daño.

Esta exigencia es aún mayor cuando el reclamo por las consecuencias disvaliosas se funda -tratándose de un infortunio laboral- en las disposiciones del Código Civil, teniendo a su disposición el actor el régimen especial, más benigno para el trabajador en cuanto amplía la responsabilidad patronal.

Lo que he expresado es -en mi opinión- determinante para acoger la apelación planteada. Por lo tanto y para concluir ante la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto, mi respuesta es negativa.

Propongo admitir los recursos y revocar la sentencia, estableciendo que las costas de ambas instancias sean soportadas por la parte actora (art.101, C.P.L.). Así voto.

A esta segunda cuestión, los Dres.Macagno y Abele dijeron que, haciendo suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Dr.Macagno, votaba en igual sentido.

A la tercera cuestión, el Dr.Román dijo que:

Como consecuencia del estudio realizado a las cuestiones anteriores, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Acoger los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y la citada en garantía y rechazar la demanda. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, por resultar vencida en su posición. 3) Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en la baja instancia.

Así voto.

A esta tercera cuestión, los Dres.Macagno y Abele dijeron que votaban en el mismo sentido que lo propuesto por el Dr.Román.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Acoger los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y la citada en garantía y rechazar la demanda. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, por resultar vencida en su posición. 3) Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en la baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Beatriz A.Abele

Juez de Cámara

Héctor R.Albrecht

Secretario

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