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Empresa de turismo no debe devolver lo cobrado en exceso a los extranjeros por la compra de un paquete turistico

AvionPartes: Asociación Protección. Const. Del Mercado Común del Sur c/ Derudder Hermanos – Rotamund Unión Transitoria de Empresas s/ sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 14-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89705-AR | MJJ89705 | MJJ89705

No existió violación a lo dispuesto por el art. 8 de la Ley 24.240 por parte de la empresa de turismo cuando las tarifas promocionales cobradas a los usuarios no tienen en consideración la nacionalidad sino su lugar de residencia, no debiendo devolver lo cobrado en exceso a los extranjeros.

Sumario:

1.-No existió violación a lo dispuesto por el art. 8 bis de la Ley 24.240 cuando las tarifas promocionales cuestionadas no tuvieron en consideración la nacionalidad de los usuarios sino su lugar de residencia pues dicha norma no contiene ninguna prohibición con base en cuál sea la residencia de tales usuarios. Nótese que, al preverse del modo en que lo fue, quedó claro que un extranjero que residiera en la Ciudad de Buenos Aires podría acceder a esas tarifas con descuento; y que, en sentido contrario, un argentino que hiciera lo propio fuera del país, no podría gozar de tal beneficio, lo cual habilita a rechazar el reclamo de la actora.

2.-No es posible de antemano descartar que una interpretación literal de la disposición del art. 8 bis de la Ley 24.240 pueda no ser viable en todos los casos, dado que, si se verificara un supuesto en el que esa residencia hubiera sido utilizada arbitrariamente como criterio diferenciador, podría llegarse a la conclusión de que el prestador incurrió – bien que encubiertamente- en la aludida infracción. Pero ello presupondría probar que, al así actuar -esto es, al establecer diferencias justificadas sólo por el lugar residencia- el prestador anuló arbitrariamente el reconocimiento de la igualdad de oportunidades que para todos los usuarios o consumidores, sea cual fuere su nacionalidad, busca tutelar la norma.

3.-No parece arbitrario que promociones o descuentos practicados en un servicio de turismo sean otorgados a quienes con su esfuerzo colaboran, a través del pago de impuestos, en la conservación de los atractivos más importantes de la ciudad y así parece ratificarse a la luz del hecho de que el cuadro de tarifas promocionales o especiales cuestionado se inscribió dentro de la política de acción social que el GCBA promovió en beneficio de sus vecinos y ello, con mayor razón, si se atiende a las prevenciones que la norma ha despertado en el plano doctrinario, en el que se ha destacado que su generalizada aplicación en todos los casos podría llegar a impedir el acceso de los consumidores locales al goce de los productos y riquezas naturales de nuestro país.

4.-El hecho de que, al efectuar la promoción a favor de los vecinos de la ciudad, se ha aplicado un criterio que parece razonable, cual es el de alentar a quienes, por vivir aquí, no portan el mismo interés que los extranjeros en que la ciudad les sea mostrada, dado que, a diferencia de éstos, aquéllos pueden conocerla por sí solos, de a poco, y en cualquier tiempo. Ello conduce a la aludida conclusión, esto es, que es razonable otorgar a ese segmento de consumidores locales un precio que les resulte más atractivo, lo cual, de su lado, y paradójicamente, coadyuvaría a mantener la sustentabilidad del servicio en tiempos de bajo ingreso turístico, redundando así en un beneficio a los extranjeros, que son los más interesados en el mantenimiento de tal servicio.

5.-Al ser innominados los tickets respectivos, no existiría forma de devolver a los usuarios extranjeros -por ser inviable su identificación- las sumas que habrían pagado en exceso. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 14 días del mes de octubre de dos mil catorce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos «ASOCIACION PROTECCION CONS. DEL MERCADO COMUN DEL SUR c/ DERUDDER HERMANOS-ROTAMUND UNION TRANSIT. DE EMPRESAS s/ SUMARISIMO» (Expediente N° 28.826.10; Com. 11, Sec. 22) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9), Juan Roberto Garibotto (8) y Eduardo Roberto Machin (7).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 721/734?

A la cuestión propuesta, la señora juez Julia Villanueva dijo:

I. La sentencia apelada.

Mediante el pronunciamiento de fs. 721/734, el señor juez de grado rechazó la demanda promovida por Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur contra Derudder Hermanos S.R.L. y contra Rotamund S.R.L.a efectos de obtener que las demandadas fueran condenadas a devolver a los usuarios allí indicados, todas las sumas de dinero que, según adujo la actora, habían sido indebidamente cobradas a éstos -por el solo hecho de ser extranjeros- en ocasión de venderles pasajes para paseos urbanos.

Tras ponderar el peritaje contable y otros elementos reunidos en la causa, el magistrado arribó a la conclusión de que no había existido ninguna práctica discriminatoria en la percepción de las tarifas cuestionadas.

Consideró que, por el contrario, las demandadas habían aplicado una política de discriminación «positiva» dirigida a diferentes extractos de usuarios, respondiendo a escalas promocionales o especiales que, siguiendo políticas de acción social desarrolladas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habían sido aprobadas por éste al adjudicar a las nombradas el servicio en cuestión mediante licitación pública.

Impuso las costas del proceso a la actora por haber resultado sustancialmente vencida.

II. El recurso.

La sentencia fue apelada por la actora a fs. 752, quien expresó agravios a fs. 754/769, los que fueron contestados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fs. 773/779 y por Derudder Hermanos S.R.L. y Rotamund S.R.L. a fs. 781/787, respectivamente.

La apelante considera que el señor juez de grado efectuó una errada delimitación del tema a decidir, como así también un análisis incorrecto e incompleto de las pruebas reunidas en la causa.

pública, sin hacerse cargo de que la reforma incorporada por la ley 26.361 a la ley 24.240 -que introdujo en ésta el art.8 bis que impide practicar frente a los extranjeros la discriminación cuestionada en autos- había sido posterior a dicha contratación.

Sostiene que, dado ello, las tarifas hubieran debido readecuarse a efectos de respetar esa norma o, en su caso, gestionarse y obtenerse la autorización prevista como excepción en la misma disposición.

Señaló que el señor juez a quo no sólo realizó una equivocada interpretación del peritaje contable producido en autos, sino que omitió ponderar el expediente administrativo de la Dirección de Defensa del Consumidor, de cuyas constancias surge el reconocimiento expreso de las demandadas de su obrar ilegítimo.

Finalmente, solicita la modificación del régimen de costas dispuesto en la sentencia impugnada.

1. Como surge de la reseña efectuada, la asociación actora sostuvo que los usuarios extranjeros del servicio prestado por las demandadas habían pagado una tarifa más elevada que la que le había sido cobrada a los usuarios locales de ese servicio.

Solicitó, entonces, que las prestadoras devolvieran a los nombrados las sumas que les habían cobrado de más, petición que fundó en el hecho de que, al así proceder, aquéllas habían violado la prohibición establecida en el art. 8 bis de la ley 24.240.

Pues bien: las contendientes se encuentran de acuerdo en cuanto a la configuración de varios de los aspectos que integran la plataforma fáctica de la presente litis.

En tal sentido, no resulta controvertido que el servicio denominado «bus turístico» que presta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue adjudicado a las demandadas mediante licitación pública llevada a cabo por el Gobierno de esta ciudad.

Tampoco lo está que en los términos de esa licitación se encontraba previsto el cuadro tarifario que aplicarían las accionadas, ni que éstas efectivamente cobraron las tarifas así aprobadas.

Lo debatido, en cambio, es si existió o no violación del art.8 bis de la ley

24.240 -incorporado por ley 26.361- en cuanto prohíbe establecer entre consumidores extranjeros y locales diferenciación alguna en materia de precios.

El interrogante respectivo fue respondido en forma negativa por el señor juez de la anterior instancia, lo cual generó los agravios traídos a consideración de la Sala en los términos recién vistos.

2. A mi juicio, la sentencia debe ser confirmada, pues, contrariamente a lo sostenido por la quejosa, no encuentro que se haya configurado el ilícito de que se trata.

Por lo pronto, es del caso destacar que, aun cuando se atribuyera relevancia (que, a mi juicio, no la tiene) a la documentación acompañada por la apelante, esa documentación fue desconocida tanto por las demandadas, como por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que su autenticidad haya sido probada.

A ello se agrega que, de todos modos, de las constancias de fs. 346 vuelta y 396/397 surge que el cuadro tarifario cuestionado no hizo siquiera la más mínima referencia a los usuarios extranjeros, sino que, en cambio, estableció tarifas promocionales para los jubilados y pensionados residentes en la República Argentina y para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa diferenciación, según mi ver, no importó -como se pretende- efectuar

implícitamente la aludida discriminación negativa.

Así lo juzgo, en razón de que las tarifas promocionales mencionadas no tuvieron en consideración la nacionalidad de los usuarios, sino su lugar de residencia.

No hubo, entonces, violación del citado art. 8 bis de la ley 24.240, que ninguna prohibición establece con base en cuál sea la residencia de tales usuarios (Leiva Fernández, Luis F. P., «La ley 26.361 de afuera hacia adentro», Sup. Esp. Reforma de la Ley de defensa del consumidor, abril 2008, pág.67, AR/DOC/911/2008).

Nótese que, al preverse del modo en que lo fue, quedó claro que un extranjero que residiera en la Ciudad de Buenos Aires podría acceder a esas tarifas con descuento; y que, en sentido contrario, un argentino que hiciera lo propio fuera del país, no podría gozar de tal beneficio, lo cual habilita a rechazar el reclamo de la actora.

Es verdad que la falta de mención en la citada norma del «lugar de residencia» podría no autorizar siempre la solución que aquí se propicia.

Es decir: no es posible de antemano descartar que una interpretación literal de la disposición pueda no ser viable en todos los casos, dado que, si se verificara un supuesto en el que esa residencia hubiera sido utilizada arbitrariamente como criterio diferenciador, podría llegarse a la conclusión de que el prestador incurrió – bien que encubiertamente- en la aludida infracción.

Pero ello presupondría probar que, al así actuar -esto es, al establecer diferencias justificadas sólo por el lugar residencia- el prestador anuló arbitrariamente el reconocimiento de la igualdad de oportunidades que para todos los usuarios o consumidores, sea cual fuere su nacionalidad, busca tutelar la norma.

A mi juicio, esto último debe ser descartado en el caso.

Por lo pronto, no me parece arbitrario que promociones o descuentos practicados en un servicio de esta naturaleza sean otorgados a quienes con su esfuerzo colaboran, a través del pago de impuestos, en la conservación de los atractivos más importantes de la ciudad.

Así parece ratificarse -según criterio administrativo que no ha sido cuestionado- a la luz del hecho de que el cuadro de tarifas promocionales o especiales cuestionado se inscribió dentro de la política de acción social que el GCBA promovió en beneficio de sus vecinos.

Ello, con mayor razón, si se atiende a las prevenciones -que se comparten- que la norma ha despertado en el plano doctrinario, en el que se ha destacado que su generalizada aplicación en todos los casos podría llegar a impedir el acceso de losconsumidores locales al goce de los productos y riquezas naturales de nuestro país (Pérez Bustamente, Laura, «La reforma de la ley de defensa del consumidor», Sup. Esp. Reforma de la Ley de defensa del consumidor 2008 (abril), pág. 109, AR/DOC/908/2008).

Dos argumentos más, esta vez de orden práctico, me convencen de la pertinencia de la solución propuesta.

Me refiero, por un lado, al hecho de que, al efectuar la mencionada promoción a favor de los vecinos de la ciudad, se ha aplicado un criterio que parece razonable, cual es el de alentar a quienes, por vivir aquí, no portan el mismo interés que los extranjeros en que la ciudad les sea mostrada, dado que, a diferencia de éstos, aquéllos pueden conocerla por sí solos, de a poco, y en cualquier tiempo.

Esto me conduce a la aludida conclusión, esto es, que es razonable otorgar a ese segmento de consumidores locales un precio que les resulte más atractivo, lo cual, de su lado, y paradójicamente, coadyuvaría a mantener la sustentabilidad del servicio en tiempos de bajo ingreso turístico, redundando así en un beneficio a los extranjeros, que son los más interesados en el mantenimiento de tal servicio.

A ese argumento, como dije, cabe agregar otro adicional, que se vincula con el hecho de que, lo que la actora ha pretendido, en rigor, es el dictado a su favor de una sentencia de cumplimiento imposible, dado que, al ser innominados los tickets respectivos, no existiría forma de devolver a los usuarios extranjeros -por ser inviable su identificación- las sumas que habrían pagado en exceso.

No obsta a la solución propuesta, claro está, que, frente a la intimación cursada por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, las demandadas hayan procedido a readecuar las tarifas del servicio.

Esa decisión voluntaria de las nombradas no releva a la Sala de la necesidad de evaluar si hasta ese entonces se había o no producido el ilícito pretendido, desde que, como surge de las posiciones que las partes han sostenidoen el pleito, sobre la configuración de esa pretendida ilicitud fincó el disenso.

3. Finalmente, señalo que, según mi ver, igual suerte debe correr el agravio de la apelante vinculado a las costas.

No encuentro razón objetiva alguna que habilite a alterar la solución que sobre este aspecto fue dispuesta en la primera instancia, máxime cuando, como es bien sabido, la imposición de los gastos causídicos al vencido no es una sanción, sino un temperamento basado en la necesidad de que éste resarza los daños de aquel que sin fundamento alguno se vio obligado a litigar.

IV. La conclusión.

Por las razones hasta aquí expuestas propongo al Acuerdo rechazar la apelación examinada y confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia. Costas a la actora por haber resultado vencida (art. 68 del Código Procesal).

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara, doctores Juan R. Garibotto y Eduardo R. Machin, adhieren al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Eduardo R. Machin, Juan R. Garibotto, Julia Villanueva. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal

Sala «C».

Rafael F. Bruno Secretario

Buenos Aires, 14 de octubre de 2014.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve rechazar la apelación examinada y confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia. Costas a la actora por haber resultado vencida (art. 68 del Código Procesal). Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Eduardo R. Machin

Juan R. Garibotto

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno Secretario

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