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Responsabilidad de la locadora del inmueble en el que los hijos de los actores sufrieron quemaduras al tomar contacto con un montículo de desechos agrícolas.

shutterstock_118289278Partes: A. C. A. y otros c/ Cooperativa Agrícola de Santo Tome ltda y or i sativa S.H. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 21-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-90123-AR | MJJ90123 | MJJ90123

Responsabilidad de la locadora del inmueble en el que los hijos de los actores sufrieron quemaduras al tomar contacto con un montículo de desechos agrícolas.

Sumario:
1.-Cabe mantener la responsabilidad de la codemandada por las quemaduras sufridas por los hijos de los actores al tomar contacto con un montículo de desechos agrícolas, pues si bien ésta era la arrendadora del inmueble en el que se desarrollaba la explotación industrial, se convino en el contrato que la arrendataria debía contratar un seguro de responsabilidad para cubrir hechos como el ocurrido, y que la recurrente asumió el deber de contralor respecto del pago en tiempo y forma de dicho seguro, como también se reservó la facultad de rescindir el contrato y exigir el pago, con más daños.

2.-Procede la extensión de la responsabilidad a la arrendadora de inmueble, ya que no sólo asumió como dueña del predio el deber de controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la arrendataria, sino incluso no llegó a desprenderse totalmente de la guarda material de la cosa, al haberse reservado parte de las instalaciones.

3.-El lugar en el que se produjo el siniestro era de fácil acceso, en el que existe un montículo de desechos que puede ser utilizado como abono para la gente de la zona y en el que aún no podían terminar de extinguir un incendio que hace meses se había iniciado; por ello, no cabe desentender al titular o guardián de este lugar, por el peligro ínsito que conllevaba el ingreso al que negligentemente se expuso a niños que por la edad son curiosos y deseosos de aventuras.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil catorce, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chaín, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº C02 – 15582/7, caratulado: «A. C. A. Y S. J. E. Y A. G. M. Y A. I. A. C/ COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTO TOME LTDA Y OR I SATIVA S.H S/ DAÑOS Y PERJUICIOS». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chaín.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

I.- A fs. 1223/1239 la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, confirmó la sentencia de mérito de primer grado que condenó a las codemandadas Cooperativa Agrícola de Santo Tomé Limitada y Ori-Sativa SH a abonar un 50% de la indemnización que los accionantes (Sres. C. Aníbal A. y J. Ester Suárez por sí y en representación de sus hijos G. M. A. e I. Aníbal A.) reclamaron para reparar los daños sufridos en oportunidad de que los menores tomaron contacto con un montículo de desechos agrícolas que les provocaron serias quemaduras en el cuerpo. También hizo lugar al recurso de apelación deducido por los actores, reconociendo el deber de los codemandados de indemnizar el daño psicológico, como daño patrimonial futuro, que fijó en $9.600 para G. A. y $14.400 para Aníbal I. A.Finalmente, admitió parcialmente el recurso deducido por los codemandados, reduciendo la suma fijada en concepto de daño moral a una igual a la que se les reconoció por daño material.

II.- Contra dicho pronunciamiento, la codemandada Cooperativa Agrícola Santo Tomé Limitada interpuso a fs. 1256/1260 el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en examen, cuestionando la atribución de responsabilidad a su parte por los daños que fueron causados en el siniestro a raíz de una actividad industrial que, según expresa, no desarrolla, explota, ni le reporta ganancia alguna, sino que la lleva a cabo quien le arrienda un inmueble de su propiedad, razón por la cual reviste la calidad de tercero por quien no debe responder. También cuestiona la procedencia y cuantía de los rubros pérdida de chance y daño moral y la condena en costas.

III.- La vía de gravamen se dedujo dentro del plazo, impugna una sentencia definitiva y el depósito económico fue satisfecho. Las quejas que porta el memorial, empero, son inidóneas como expresión de agravios pues incumplen la carga de rebatir todos los fundamentos en los cuales se basan las particulares conclusiones de la sentencia.

IV.- Efectivamente. En primer lugar, advierto que en lo que respecta a la responsabilidad que la Cámara imputa al recurrente en su calidad de dueño del inmueble en el que se produjo el siniestro que le causó daños a los menores representados por sus padres, la sentencia recurrida arriba firme al Superior Tribunal.

El Juez de primer grado encuadró el siniestro en el supuesto previsto en el art. 1.113 del Código Civil que prevee una responsabilidad indistinta frente a la víctima:del dueño o guardián, lo que le posibilita dirigir su acción por el todo contra cualquiera de éstos.

Explicitó que si bien la separación de los vocablos «dueño» y «guardián» mediante la conjunción disyuntiva «o», gramaticalmente sirve para denotar la existencia de juicios de valor independientes que entre sí se rechazan, estableciendo la alternatividad, la interpretación correcta del artículo citado es que la responsabilidad de ambos sujetos es concurrente (salvo excepciones), ya que son obligados in solidum (o sea que cada uno responde por un título distinto).

Aclaró que si bien en el caso, en el contrato, por el cual la recurrente dió en arrendamiento un predio de su propiedad a la firma Ori Sativa SH, se convino en la cláusula séptima que la arrendataria debía contratar un seguro de responsabilidad para cubrir hechos como el ocurrido, también corresponde tener en cuenta que por la cláusula novena la arrendadora asumió el deber de contralor respecto del pago en tiempo y forma de dicho seguro, como también se reservó la facultad de rescindir el contrato y exigir el pago, con más daños.

Este fundamento fue avalado por la Alzada, que refirió a la necesidad de efectuar una interpretación global del contrato, del que surge la extensión de la responsabilidad asumida por la arrendadora que hoy recurre ante esta instancia, la que no sólo asumió como dueña del predio el deber de controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la arrendataria, sino incluso no llegó a desprenderse totalmente de la guarda material de la cosa, al haberse reservado parte de las instalaciones.

El recurrente reduce la impugnación a la afirmación de su calidad de dueño del predio, ajena a la de dueño de la explotación de la actividad industrial e invoca la cláusula séptima por la que se pactó la contratación del seguro, sin efectuar mención alguna a la novena que lo involucra.Entonces, de este modo con una queja que ataca sólo parcialmente el fundamento jurídico sobre el cual los pronunciamientos anteriores sustentaron su deber de responder ante el siniestro ocurrido, cabe concluir que en esencia no ha sido rebatido y se mantiene incólume.

V.- Algo similar sucede con la queja respecto de la atribución de un 50% de responsabilidad a los padres en el acaecimiento del siniestro, porcentaje que califica el recurrente de escueto, pero sin referirse a las consideraciones tenidas en cuenta por la Alzada para confirmar la decisión del a quo. El tribunal ha evaluado que en el lugar no sólo ingresaron los niños, sino que del expediente penal se pudo constatar que otras personas también lo hicieron, debido a que no están bien determinados los límites y no existe un cerramiento perimetral, ni carteles indicativos. Es decir, se trata de un lugar de fácil acceso, en el que existe un montículo de desechos que puede ser utilizado como abono para la gente de la zona y en el que aún no podían terminar de extinguir un incendio que hace meses se había iniciado. En este marco fáctico, la Alzada estimó que no cabía desentender al titular o guardián de este lugar, por el peligro ínsito que conllevaba el ingreso al que negligentemente se expuso a niños que por la edad son curiosos y deseosos de aventuras. El recurso apunta a las razones que se ha tenido en cuenta para imputar parte de la responsabilidad del hecho a los padres, sin impugnar las que se ha considerado para compartirla con los demandados.

Ergo, deviene inadmisible por falta de técnica recursiva.

VI.- Por otro lado, deviene inaudible el agravio referido al modo en que ha sido calculado el monto reconocido en concepto de «pérdida de chance», en tanto y en cuanto la decisión del juez de primera instancia que estableció el procedimiento a seguir para su fijación no fue recurrida, sino tan sólo objetado el porcentaje de incapacidad adoptado a dichos efectos.De este modo, el Superior Tribunal no puede válidamente atender esa cuestión, fruto de una reflexión tardía sin violentar la seguridad jurídica y el derecho de propiedad ínsitos en la cosa juzgada.

VII.- A su turno, este Superior Tribunal respecto del daño moral sólo admite recurso extraordinario cuando la cuantía asignada aparezca irrazonable, por lo escandalosamente alta o lo ridículamente baja. Ello así, porque su evaluación es tarea delicada, en la medida que el dinero no cumple una función valorativa exacta, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia (confr. Sent. 42 del 22/05/13 dictada en el Expte. Nº 46947/5 caratulado «A. Vicente de Jesús c/ Ramón Salvador Alfonzo s/ daños y perjuicios» y Sent. N° 2 del 06/02/14 dictada en el Expte. 11563/8 caratulado «SANCHEZ JORGE MILIAN C/ VERON FEDERICO ALCIDES Y OTROS S/ SUMARIO»).

En este marco, el recurrente se ha limitado a decir que el monto resulta ambiguo y poco claro, sin un mínimo desarrollo argumental al respecto y como tal deviene insuficiente para habilitar la presente instancia, en tanto y en cuanto sólo demuestra, nuevamente, mera discrepancia subjetiva con el criterio del a quo.

VIII.- Finalmente; respecto de las costas, el Código Procesal Civil y Comercial correntino ha adoptado en su artículo 68 el hecho objetivo de la derrota como principio para su imposición. Se trata del clásico criterio expuesto por CHIOVENDA, conforme al cual la actuación de la ley en el proceso judicial no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor la sentencia tiene lugar (citado por FENOCHIETTO-ARAZI, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», T. I, pág.280 y ss.).

Y por el mismo principio, la circunstancia de que se confirme la distribución de la responsabilidad por el evento dañoso en un 50% a la víctima y el 50% restante a los codemandados no necesariamente tendrá como efecto la imposición de las costas de esta instancia por su orden, como pretende la recurrente. Debe tenerse presente que si bien la parte actora ha visto reducida con la sentencia de Alzada en importante medida su pretensión, la derrota de la codemandada ha sido mayor. Nótese, en efecto, que al recurrir la sentencia no solamente cuestionó la magnitud de lo reclamado, sino todo andamiento a la pretensión, al sostener que el hecho dañoso ocurrió por exclusiva culpa de la víctima y negando que su parte tuviera relación alguna con la cosa riesgosa.

IX. Por las consideraciones expuestas, y si este voto resultase com-partido con la mayoría necesaria de mis pares, corresponderá declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la codemandada Cooperativa Agrícola de Santo Tomé Ltda. (fs . 1256/1260), con costas a la recurrente vencida y pérdida del depósito económico. Regulando los honorarios de la letrada que respondió la impugnación de la parte actora, doctora María de los Angeles Ordenavía en el 30% (art. 14 ley 5822) de los aranceles que se fijen por la labor profesional cumplida en primera instancia en nombre de la parte demandante, en la condición de monotributista. Sin regulación de honorarios para el letrado de la recurrente por lo inoficioso de la labor cumplida (art. 34 inc 5 e del CPCC).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

1°) Declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la codemandada Cooperativa Agrícola de Santo Tomé Ltda. (fs. 1256/1260), con costas a la recurrente vencida y pérdida del depósito económico.

2°) Regular los honorarios de la letrada que respondió la impugnación de la parte actora, doctora María de los Angeles Ordenavía en el 30% (art. 14 ley 5822) de los aranceles que se fijen por la labor profesional cumplida en primera instancia en nombre de la parte demandante, en la condición de monotributista. Sin regulación de honorarios para el letrado de la recurrente por lo inoficioso de la labor cumplida (art. 34 inc 5 e del CPCC).

3°) Insértese y notifíquese.

Fdo. Dres. Guillermo Semhan – Fernando Niz – Alejandro Chaín.

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