Responsabilidad del conductor del automóvil que embistió al actor, quien conducía despacio y con pleno domino del rodado.

shutterstock_53338096Partes: Bataglia Blanca R. c/ Quintanilla Hernán M. y o. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Sala/Juzgado: 6ta nom.

Fecha: 19-may-2014

Cita: MJ-JU-M-89792-AR | MJJ89792 | MJJ89792

Responsabilidad del conductor del automóvil que embiste a la bicicleta del actor quien conducía por su derecha, despacio y con pleno dominio del rodado.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda de daños y perjuicios intentada por la conductora de una motocicleta embestida por el automóvil del demandado, en virtud de la responsabilidad objetiva que le corresponde al conductor del automotor, pues éste a fin de eximirse de responsabilidad, debe acreditar las eximentes del art. 1113 del CCiv. o la general de caso fortuito o fuerza mayor, mas aún en el caso en que se trata de una colisión con un bicicleta, donde el riesgo mayor se verifica en el automotor, lo que no sucedió en el caso.

2.-Toda vez que no consta en autos prueba alguna que permita dar por cumplida la carga de alguna eximente de responsabilidad por parte del demandado, conductor del rodado embistente del biciclo conducido por el actor, consolidando este entendimiento no ya solamente el criterio impuesto por la norma del artículo 1113 y la doctrina citada así como las pruebas testimoniales, sino el reconocimiento mismo que formuló el demandado al absolver posiciones de que conducía el actor su bicicleta por el carril derecho, despacio y con pleno dominio de su rodado, es decir acorde las claras pautas fijadas en las Ordenanzas 6543/98 y 7513/03 debe reparar los perjuicios causados. (artículo 9 inc. c).

3.- Habiéndose acreditado que la actora resultó lesionada como consecuencia del accidente, no solo ya de las declaraciones brindadas por las partes y testigos en sede prevencional y demás constancias médicas agregadas al sumario penal, sino que resulta determinante el informe pericial elaborado por el perito médico oficial, que efectúa una clara síntesis de los antecedentes de la causa, para luego explicar en sus consideraciones que la actora como consecuencia del accidente sufrido padece de secuelas de fractura fijándose en un 20% del valor total vida su incapacidad parcial y permanente, debe indemnizarse la incapacidad cuantificándose prudencialmente el daño teniéndose presentes las características personales de la víctima.

4.-Debe indemnizar el daño psíquico causado si del informe de la experta no atacado por las partes en autos, surge que la actora sufre de un cuadro de depresión moderada derivado de un desorden de stress postraumático, con lo que determina una incapacidad parcial y permanente del 18%, estimándose prudencialmente su monto.

5.-Debe fijarse para el daño moratorio una promedio entre las tasas pasiva y activa de mercado a los fines de fijar la tasación del daño por mora que estatuye el CCiv. , reparado, con fundamento, precisamente en las normas protectivas constitucionales mencionadas, y en la falta de asentimiento de la víctima que es forzada contra su voluntad a sufrir un daños, resultando injusto que se recepte la validez de tasas punitorias contractuales superiores a la compensatoria y se pretenda, frente a un hecho que violenta la integridad psicofísica o el patrimonio de una persona, derivado de un delito penal o un delito o cuasidelito civil limitar la reparación moratoria a una tasa compensatoria por el uso del capital.

6.-Es aplicable para el capital que fue debidamente actualizado una tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha del hecho ilícito y hasta la fecha que otorga para el pago esta sentencia, desde que resulta ser la única justificable debido a que el monto del capital fue debidamente recompuesto a la fecha de hoy, como consecuencia de ello se eliminó el efecto inflacionario que podría existir si se tomara como punto de partida para el cálculo del rubro el monto del capital histórico, es decir, a la fecha del hecho y el interés a otorgar debe tener por finalidad únicamente reparar la demora en el pago. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Klebcar)

Fallo:

ROSARIO, 19 de mayo de 2014 T° 107 F° 148 N° 1207

Y VISTOS: Los presentes caratulados:

“BATAGLIA BLANCA ROSALÍA C/QUINTANILLA, HERNÁN MARIO y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS ” Exp te. CUIJ N° 21-00186963-6, de los que resulta:

Que a fs. 5/11 la Sra. BATAGLIA, BLANCA ROSA, titular 6.210.846, a través de apoderada legal, interpone formal demanda de daños y perjuicios contra el Sr. HERNÁN MARIO QUINTANILLA, Titular DNI N ° 23.061.558 en su calidad de conductor del rodado marca Ford modelo F100, Dominio WYS-374.

Relata la letrada que su mandante en esa fecha, siendo las 09.45 hs aproximadamente, fue embestida en su costado derecho mientras circulaba en su bicicleta por calle Ovidio Lagos con sentido Sur-Norte, aquello más precisamente al traspasar la intersección con la calle 24 de Septiembre. Se indica que el embistente incurrió en un obrar negligente e imprudente, sin contar con el pleno dominio de su rodado. Indica que fruto del impacto la Sra. Bataglia voló varios metros y sufrió lesiones, consistentes en fractura de platillo izquierdo y peroné de pierna izquierda, esto amén de contusiones en todo el cuerpo; asimismo tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, siéndole colocados dos tornillos de 6.5 mm. Se reclama el resarcimiento de los daños físicos, moral y psicológico con más los gastos médicos en que tuvo que incurrir. Ofrece como pruebas confesional, pericial mecánica, médica, psicológica y contable, informativa, instrumental, documental, reconocimiento de documental y testimonial. Solicita se cite en garantía a la empresa “Liderar Compañía General de Seguros S.A.”. Concluye solicitando se haga lugar a la demanda con costas.

La citada en aquel carácter comparece, acata la citación, contesta demanda con reserva de derechos, todo a fs. 25/32.En cuanto su contestación de demanda formula negativa general y puntual de los dichos de la actora, y si bien primero niega el hecho, luego al efectuar su relato sobre la verdad de los acontecimientos termina, en definitiva, reconociendo su existencia aunque con divergencias sobre la dinámica propuesta así como negando las responsabilidades atribuídas. Desconoce la procedencia de los rubros reclamados resarcir. En concreto sostiene que el demandado circulaba por la calle 24 de Septiembre a velocidad reglamentaria, con pleno dominio de su rodado y atento a las contingencias del tránsito, en dichas circunstancias al llegar a la intersección con calle Ovidio Lagos y tras corroborar que contaba con el paso expedito emprende la maniobra de cruce de la mano que tiene como dirección el sentido Sur-Norte, fue embestido por la actora quien se conducía en su bicleta. Endilga a Bataglia violación de su prioridad de paso y daños al rodado.Ofrece pruebas informativa, confesional, pericial mecánica, médica y psicológica, con expreso desinterés en la producción de pericial contable. y solicita el rechazo con costas.

En cuanto al demandado, Hernán Mario Quintanilla, su rebeldía fue declarada a fs. 38 mediante auto N°1691 del 28 de Junio de 2010, el que se notificó debidamente tal como surge de cédula agregada a fs. 42. Así es que corresponde hacer efectivo a su respecto el apercibimiento contenido en el art. 143 CPCC, resultando por tanto, aplicable la presunción iuris tantum de reconocimiento de los hechos invocados por la parte actora en sustento de su pretensión.

Sin embargo, corresponde indicar que aunque la norma no efectúa distingos, la misma se aplicará solo en materia de derechos disponibles y no cuando está en juego el orden público, aclarándose que, si el actor invoca un hecho constitutinvo en el que funda la pretensión manifiestamente ilícita o carente de sustento legal, el silencio guardado por el demandado no involucra el reconocimiento de tal hecho constitutivo.De esta forma, el reconocimiento de los hechos expuestos al demandar no implica, per se el progreso de la pretensión sino que la demanda solo ha de prosperar en la medida que dichos hechos sean ajustados a derecho. Aclarado el correcto alcance que se le otorga a la incotestación de la demanda es atinente advertir que habiendo comparecido y contestado aquella la citada en garantía resulta de aplicación la clara doctrina legal que entiende:”.repercute el aprovechamiento de la labor del litisconsorte diligente, para con el litisconsorte negligente, ya que la actividad defensiva y probatoria del otro litisconsorte permite al tribunal llegar a la verdad jurídica que, por su no fragmentabilidad en el caso,opera como desvirtuante de la presunción contraria al negligente que acarrea el art. 143 CPCC”1 Celebrada la audiencia de vista de causa fijada mediante Auto N°2304 del 05/8/2013, habiéndo desistido las partes de toda aquella prueba que no consta agregada en autos, y practicados los alegatos de rigor, es que los presentes autos quedan en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO: Que el hecho ilícito que dio origen a los presentes motivó con anterioridad, su investigación en sede penal, generándose el sumario caratulado “Quintanilla, Hernán s/LCAT”, Sumario N° 2556/05, el que se tramitó por ante el Juzgado en lo Penal Correccional de la 9° Nominación de Rosario, cuyas copias certificadas obran a fs. 192/247 y 263/319 de autos. Dicha causa finalizó con el dictado del Auto N° 3809 T° 60 F° 479, del 19/12/2.012 mediante el cual se resolvió el archivo de las actuaciones por prescripción de la acción penal de conformidad a lo establecido en los arts. 62 inc.2° y 67 del Código Penal así como 200 del Código Procesal Penal vigente a esa fecha.

Este Tribunal Colegiado ha resuelto reiteradamente, siguiendo doctrina y jurisprudencia mayoritaria, que ante resoluciones como la mencionada que impiden promover la acción penal o continuarla, donde no ha mediado pronunciamiento del Juez Penal sobre los distintos elementos del delito, corresponde al Juez Civil evaluar y pronunciarse sobre el ilícito a los fines de la reparación del daño, si correspondiere, reconociendo la trascendencia probatoria de aquellas actuaciones penales en la causa civil.

Tras corroborar entonces que no existe el impedimento previsto por el artículo 1101 del Código Civil, es pertinente avocarse al análisis del acontecimiento que diera lugar al presente proceso y al dictado de la sentencia correspondiente.

En cuanto a la legitimación de las partes intervinientes. Corresponde indagar en torno a la legitimación de las partes para actuar en autos en su carácter de actor o demandado, por ser una cuestión de orden público, control que aunque aquellas no lo hubieran requerido igualmente le corresponde efectuar al Tribunal aún de oficio atento ser un presupuesto estructural de la relación jurídico procesal; dicho análisis oficioso se sustenta en su íntima vinculación con una adecuada conformación del proceso y por ende del dictado de una sentencia útil. En este sentido es unánime la doctrina y jurisprudencia, siendo de aplicación la doctrina emitida en autos por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I “Calvagna c. Empresa de Transporte General Manuel Belgrano s.Daños y Perjuicios” Causa 247/2.007.

Legitimación activa: La Sra. Bataglia se encuentra debidamente legitimada para revestir tal calidad, lo dicho ya que alega haber resultado lesionada a causa del siniestro denunciado.

Legitimación pasiva: El demandado resulta estar legitimado para intervenir en su carácter de conductor del rodado denunciado en la fecha y lugar del siniestro, lo que surge ya del parte preventivo ( fs.264) así como de sus propias declaraciones en aquella causa; debe sumarse a lo dicho la no negativa al respecto formulada por la citada en garantía al contestar demanda en estos autos.

Sobre el hecho alegado: Tal como se expuso en los vistos de esta sentencia, la citada en garantía primero negó la existencia del hecho en sí más luego ofreció su versión de aquel, con lo que no queda mas que entender que ha reconocido su existencia aunque difiere en lo que hace a su mecánica, por lo dicho es que corresponde analizar el material probatorio rendido en autos para dilucidarla.

Del sumario penal antes referido se extrae que en el pertinente parte preventivo de fs. 264 consta la ocurrencia del siniestro en el lugar referido así como el detalle de los vehículos intervinientes -los que fueron trasladados a la Comisaría competente junto al Sr. Quintanilla- y la inexistencia de huellas de derrape o frenada. A fs. 271 se encuentra la declaración del imputado Henrán Mario Quintanilla, quien en lo esencial expuso: “.en el día de la fecha las 09.45 hs. yo iba circulando por la calle 24 de Septiembre con dirección al Oeste y cuando llego a Lagos no veo a nadie cruzo el carril sur-norte de Lagos con intención de girar por esta hacia el sur y cuando llego a la altura del cantero central de repente una bicicleta que venia por Lagos hacia el norte y pese a aplicar los frenos no pude evitar colisionarla y esta mujer cayó al piso con la bicicleta”.

A su vez a fs. 276 consta la declaración de la aquí actora, quién, tal como expuso en demanda, manifestó: “Que en fecha 28/07/05, siendo aproximadamente las 09.50 hs.Yo iba circulando en mi bicicleta marca Elcitur color celeste por calle Ovidio Lagos con dirección al norte y en circunstancias en que ya había pasado la bocacalle soy colisionada por una chata (sic) que venía por 24 de septiembre, haciéndome caer al piso resultando con lesiones.”.

Existen en la misma causa dos declaraciones testimoniales brindadas por el Sr. Osvaldo Omar Demarco (fs. 278) y la Sra. Luisa Rosa Delgado (fs.279). El primeramente enunciado manifestó: “.yo iba circulando en mí bicicleta por calle Ovidio Lagos con dirección al norte y algunos metros más adelante iba circulando una mujer en bicicleta también por Lagos al norte y cuando esta mujer ya había cruzado la bocacalle es colisionada por una chata (sic) que circulaba por 24 de septiembre con dirección al Oste y cae pesadamente al piso.”. La testigo a su vez indicó: ” veo venir por Lagos al norte a una mujer en bicicleta y en eso veo también que venía una chata (sic) por 24 de septiembre al oeste, y esta colisiona a la mujer cuando ya había pasado la bocacalle, tirándola cerca del cantero central. Que la bicicleta venía por el lado derecho de la arteria”.

Pasando a las demás pruebas reunidas, corresponde analizar el informe del Ingeniero Mecánico designado como perito oficial en autos, quien acompañó junto a su informe fotografías y gráficos del lugar del accidente, fs. 169/175. Debe destacarse que en lo que hace a la dinámica siniestral si bien sus respuestas siempre fueron brindadas en potencial, no contradice el relato brindado por la actora y corroborado por los testigos. En concreto concluye:”El 28 de julio del año 2005, aproximadamente las 9 horas y 50 minutos en instantes en que la bicicleta modelo dama rodado 26 color celeste conducida por Blanca Rosalía Bataglia, (que previamente circularía sobre Ovidio Lagos desde el norte hacia el sur), se encontraría cruzando la calle 24 de septiembre habría sido colisionado por la pick up marca Ford modelo F100, dominio WYJ-374, conducida por Hernán Mario Quintanilla, (que previamente circularía por calle 24 de septiembre desde el este hacia el oeste), y que en esos momentos se encontraría cruzando la mano sur-norte de Avenida Ovidio Lagos.

Como consecuencia de la colisión la ciclista habría perdido el equilibrio cayendo al suelo con su bicicleta”. Expresamente dice que no puede determinar las velocidades de los vehículos intervinientes por no existir huellas de frenada o derrape.

Al rendir posiciones el demandado Quintanilla negó haber conducido desatento o de manera no diligente, así como haber efectuado maniobras apresuradas y que fruto de la colisión la actora volara varios metros, (posiciones 1°, 3°, 4°); a su vez reconoció que la actora circulaba por el carril derecho de la mano con sentido sur-norte de la calle Ovidio Lagos, todo esto despacio y con dominio de la bicicleta, posición 2°. Se debe agregar que leída que le fue su declaración en sede penal rectifcó aquella en cuanto a que ahora sostiene que el afirmó que el iba a seguir derecho y no a doblar a su izquierda para tomar la calle Ovidio Lagos con sentido al Sur.

Es menester puntualizar que en respaldo de esta nueva versión solo se cuenta con sus propios dichos, los que claramente benefician su situación en esta causa, consecuencia de lo dicho y dado la carencia de otros elementos objetivos que permitan desacalificar el contenido de su declaración en sede prevencional es que en plena aplicación de máximas de lógica jurídica y experiencia judicial llevan a desechar esta nueva versión propuesta al absolver posiciones, lo que encuentra respaldo en la clara doctrina legal sentadaen fallo de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Sala I integrada , la que en fallo del 13/11/1998 en autos “Heitz, Gastón” sostuvo “.las versiones inmediatas y espontáneas de los hechos suministradas en sede policial deben prevalecer sobre las efectuadas tiempo después con motivo del litigio”.

La enunciada es toda la prueba rendida en autos en lo que hace al hecho y su dinámica, motivo por el cual se entiende que ambos ocurrieron tal como expuso el perito.

Sobre la responsabilidad: Corresponde entonces, analizar la responsabilidad que puede caberle a la parte demandada en virtud de los hechos referidos. En este sentido se analizará la misma en orden a los dos factores de atribución alegados, en función de la necesaria consideración completa de los argumentos defensivos conforme doctrina judicial consagrada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario Sala III, in re:

“Bobadilla, Aída c/ Fandino Angel, 31-3-2004”.

En orden a la res ponsabilidad objetiva, corresponde al conductor del automotor, a fin de eximirse de responsabilidad, acreditar las eximentes del artículo 1.113 del Código Civil o la general de caso fortuito o fuerza mayor, mas aún en el caso en que se trata de una colisión con un bicicleta, donde el riesgo mayor se verifica en el automotor. En este sentido ha indicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “.en los accidentes de tránsito en los que intervienen el conductor de un automotor y quien circula en una bicicleta resulta aplicable lo dispuesto en el párr. 2 del art.1113 del CCiv., por lo que ante el riesgo de la cosa compete al primero, para exonerar su responsabilidad, la acreditación de la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder”2; útil es saber también que jurisprudencialmente se sostiene que, en casos de accidentes de tránsito, la bicicleta no es asimilable al peatón, pues aquélla detenta un alto grado de riesgo tanto para su conductor como para terceros al constituir una máquina que circula mediante dos ruedas en la que el equilibrio, la fragilidad y versatilidad de maniobra y a menudo la imposibilidad de control, hacen que resulte una cosa riesgosa o peligrosa cuando circula por calles de tránsito automotriz indiscriminado.3 El máximo tribunal provincial ha establecido claramente que al imputarse este tipo de responsabilidad, a los actores les bastaba con acreditar “.la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero o el caso fortuito con aptitud para quebrar tal nexo.”4, con lo que queda a cargo de la parte demandada probar las pretendidas eximentes, siempre recordando que el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación exige que dicha culpa atribuida a la víctima este dotada de las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor para poder interrumpir aquel nexo causal.5 Avalan este criterio las notas de distintos doctrinarios, los que en concreto enseñan: “En atención a lo que queda dicho, los actores solo debían acreditar el perjuicio por ellos sufrido y la intervención de la cosa que lo produjo o, lo que es lo mismo, la relación de causalidad puramente material entre el vehículo del cual se trata y el daño.Ello es así en la medida en que sobre el creador del riesgo gravita una presunción de adecuación causal, que solo puede ser desvirtuada si se acredita la intervención de una causa ajena; vale decir, el hecho de la víctima, de un tercero por quien no tenga el deber jurídico de responder o, en fin, el caso fortuito o la fuerza mayor”6. Útil es recordar que “.la prueba del hecho de la víctima, en tanto causa de exoneración del responsable,debe ser aportada por este en forma certera e indubitada, sin que sea suficiente con la simple duda acerca del modo en que sucedieron los hechos”7.

Se anticipa que no consta en autos prueba alguna que permita dar por cumplida tal carga a la demandada, consolidando este entendimiento no ya solamente el criterio impuesto por la norma del artículo 1113 y la doctrina citada así como las pruebas testimoniales, sino el reconocimiento mismo que formuló el demandado al absolver posiciones en torno a que Bataglia venía conduciendo la bicicleta por el carril derecho, despacio y con pleno dominio de su rodado, es decir acorde las claras pautas fijadas en las Ordenanzas 6543/98 y 7513/03 (artículo 9 inc. c).

Responsabilidad subjetiva:Al estar involucrada una ciclista en el siniestro es necesario analizar el marco normativo vigente en nuestra ciudad, Ordenanzas 6543/98 y 7.513/03 De la prueba rendida en autos cabe considerar que, son varias las reglas de conducción que el demandado no ha respetado; ante todo es errado el criterio que propuso la citada en garantía acerca de haber contado con prioridad de paso por provenir desde la derecha; es que está obviando la misma que no nos encontramos ante una intersección cualquiera sino la de una calle de una sola mano de circulación (24 de Septiembre) frente a una calle o avenida de doble mano con cantero central divisorio (Ovidio Lagos).

Corresponde acudir al plexo normativo vigente en la materia, y así corroborar que la ordenanza 6543/98 en su artículo 37 al tratar sobre las prioridades de paso establece: “Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. La prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero a la misma. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta y sólo se pierde ante: a) La señalización específica en contrario. En el caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía no semaforizadas la prioridad de la principal podrá establecerse a través de la señalización específica. Esta señalización no es necesario colocarla en todas las encrucijadas sobre la vía principal”.

Es criterio reiteradamente sostenido por este Tribunal el entender que no cabe duda alguna de que ante circunstancias fácticas como las planteadas en autos, el conductor demandado hubo de perder la prioridad de paso que creyó poseer al llegar a la intersección con la calle Ovidio Lagos, arteria que se probó conforme inspección ocular, croquis y dictamen pericial mecánico, cuenta con dos carriles de circulación y cantero central divisorio. Lo dicho no es solo el criterio de este Tribunal sino que se lo debe entender válidamente como doctrina legal puesto al particular expresamente se ha pronunciado la Excma.Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial a través de su Sala 4° integrada en autos “Gigena, Eduardo Gaspar c. Pcia. De Santa Fe s.

Daños y Perjuicios” Expte. N°303/10.

No es intención sobreabundar en la argumentación doctrinaria que respalda el criterio propuesto, pero es utilidad transcribir el razonamiento formulado en el fallo citado ya que sin dudas conduce a la comprensión de la esta sentencia. La Sala interviniente afirma: “Distribución de la responsabilidad. En cuanto a la prioridad de paso, en razón de la mayor importancia de la vía (Bv. Avellaneda) por la que circulaba el patrullero, con relación a calle Garibaldi por la cual circulaba el fallecido; el tribunal afirmó que la ordenanza no define qué debe entenderse por mayor importancia y que además se exige una señalización que no existe, por lo cual la regla es la del primer párrafo: la prioridad del que arriba al cruce por la derecha. Con relación a la mayor importancia de la vía, es cierto que la ordenanza no la define, pero ésto no puede llevar a desconocer esa previsión legal, debiendo el tribunal integrar esa norma; en este caso, no cabe ninguna duda que, cualquiera sea el criterio que se adopte, Bv. Avellaneda, por donde circulaba el patrullero, es la vía de mayor importancia.

Se trata de un boulevard con dos carriles de circulación orientado de Norte a Sur con circulación en ambos sentidos, contando cada carril con un ancho de aproximadamente 6,50m. y un cantero central de aproximadamente 6m, con columnas de alumbrado por ambos lados; frente a una calle común como es Garibaldi con un solo sentido de circulación Oeste Este (fs. 11, 13, 29 sumario penal). Así , ordena resignar aquella alegada cuando quien proviene desde la derecha llega a la encrucijada con una vía de mayor jerarquía o principal.

Asimismo, en dicho artículo se trata sobre la pérdida de prioridad cuando se va a girar, con lo que estas dos circunstancias sellan la suerte del demandado.A todo efecto la norma citada reza: “Art. 37 Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. La prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero a la misma. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta y sólo se pierde ante: a) La señalización específica en contrario. En el caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía no semaforizadas la prioridad de la principal podrá establecerse a través de la señalización específica. Esta señalización no es necesario colocarla en todas las encrucijadas sobre la vía principal (.) La notoria diferencia de importancia entre ambas vías no podía pasar desapercibida para nadie. La más elemental prudencia, imponía detener la marcha antes de comenzar a cruzar. La señalización que exige el tribunal, tampoco esta prevista en la norma que la prevé como una posibilidad y no como una condición: “…podrá establecerse a través de la señalización específica. Esta señalización no es necesario colocarla en todas las encrucijadas sobre la vía principal.” (art. 37 O. 6543/98). Entonces, la prioridad de paso que reconoce el tribunal a favor del occiso, es contraria al texto expreso de la ley, al imponerle una condición que la ley no exige, invirtiendo la solución legal. La regla de que la prioridad de paso la tiene el que accede a la encrucijada por la derecha reconoce en este caso una excepción que opera a favor de la demandada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 punto a) de la ordenanza de tránsito local”.

Por otra parte, en autos se ve probado, conforme los dichos del demandado en sede prevencional, el hecho que éste pretendía doblar a la izquierda para dirigirse en sentido Norte-Sur es de aplicación asimismo otra de las causales previstas como de pérdida de la prioridad, así es que el artículo 37 en su inc. g) 3 indica:”Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía”. Lo dicho se complementa con la Ordenaza 7513/03, la que al tratar sobre la prioridad y protección del ciclista por parte de los conductores de automotores determina: “Artículo 15 inc. a) Los conductores de automotores deberán respetar prioridad de paso a las bicicletas en los siguientes casos: a) Al girar a la derecha o a la izquierda para entrar en otra vía”.

A su vez el el artículo 35 inciso b y su homónimo 39 inciso b de la ley nacional de tránsito, impone un estándar jurídico al disponer como obligación ineludible de los conductores “En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito”, estándar no cumplido por quien guiaba el rodado. Indudable resulta que Quintanilla no cumplía con los estandares de conducción fijados y pretendidos por la norma, lo que llevo a que su obrar generara una consecuencia disvaliosa. El más leve toque o roce a un ciclista puede terminar en resultados mucho peores que el de autos, he ahí justamente el porqué de las previsiones legales. Se reitera que las propias palabras del demandado, quién expresamente reconoció el haber tocado a la actora conducen a ver configurado un obrar imprudente, sin “cuidado ni prevención”, en atención a las condiciones de tiempo modo y lugar (art.902 del Código Civil).

De esta forma, echando mano a lo ya dicho en cuanto se tiene por probada la existencia del hecho como su mecánica, es que se debe considerar inmerso al demandado en el tipo subjetivo previsto en el artículo 1.109 del C.C., así como en el objetivo fijado en el artículo 1.113 del mismo cuerpo legal.

La condena se hace extensiva a la citada en garantía en la medida del contrato del seguro y en los términos del artículo 118 de la Ley 17.418.

Rubros reclamados resarcir.

Inpacidad sobreviniente: En autos se acreditó que la Sra. Bataglia resultó lesionada como consecuencia del accidente, esto surge no solo ya de las declaraciones brindadas por las partes y testigos en sede prevencional y demas constancias médicas agregadas al sumario penal (fs. 289/301), sino que resulta determinante el informe pericial elaborado por el perito médico oficial, Dr. Daniel A Cucchiara, el que a fs. 255/256 efectúa una clara síntesis de los antecedentes de la causa, para luego explicar en sus consideraciones que la actora como consecuencia del accidente sufrido padece de secuelas de fractura de platillo tibial derecho, el que es compatible con el siniestro en estudio; de esta forma en las conclusiones se fija en un 20% del valor total vida su incapacidad parcial y permanente.

Para cuantificar el daño producido, deben tenerse presentes las características personales de la víctima (C.S.J.P.S.F, 29.12.1993, in re “Suligoy, Nancy Rosa Feruglio de y Otros c. Provincia de Santa Fe”, en A. y S., tomo 105, págs. 171 y ss.), en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación, para el supuesto de que realizara tareas remuneradas si lo hacía o no en relación de dependencia. Asi se acreditó que la actora al momento del siniestro tenía cincuenta y cinco años de edad.En cuanto a si trabajaba o no, el tribunal considera que esto no ha quedado claramente acreditado ya que la testigo Santiasero en audiencia de vista de causa indicó con claridad: “.ella tenía un trabajo, creo que hacía zapatos para chicos, y la fábrica cerró, y por eso la indemnizaron, que al momento del accidente estaba cobrando en cuotas.”, a su turno la testigo Leonardi dijo: “Ahora no trabaja, antes si”.; asimismo ha tramitado declaratoria de pobreza.

Sabido es que ante la imposibilidad de la restitutio in natura (artículo 1083 del Código Civil), la misma ha de ser integral, comprensiva, no solo la imposibilidad actual y futura de trabajar, sino en cuanto a sus potencialidades como ser humano, su afección desde las dimensiones social, cultural, en suma su proyecto de vida. En este sentido la jurisprudencia ha dicho que “La reparación por daño actual o futuro se aplica a la incapacidad permanente, sea parcial o total. Pero cuando es parcial el damnificado es acreedor además, por la mengua de su capacidad laboral, a una reparación que teóricamente le compense el menor ingreso (comprendiendo los que puede presumirse normales) lo que tiene absoluta pertinencia aunque la víctima continúe trabajando y en su ubicación laboral no hubiere sufrido perjuicios, pues su aptitud laboral está disminuida y en el mismo trabajo, para hacer lo mismo, el esfuerzo es mayor…Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas en forma permanente esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física es en sí mismo un valor indemnizable, debiéndose tener en cuenta las circunstancias personales de la víctima, la entidad de las secuelas, su edad, condición social, la afectación o limitación a su vida de relación, entre otros elementos”.8 Conforme lo expuesto, normas citadas y lo previsto en el artículo 245 del CPCC, se fija en la suma de pesos noventa y ocho mil ($98.000)

Daño Moral:Solicita la actora resarcimiento por el daño moral sufrido en razón de las lesiones recibidas y sus secuelas, rubro que igualmente ha de ser concedido ya que no puede dudarse que ello ha comprometido las afecciones más íntimas de la actora si partimos del concepto que define a tal figura, así la profesora Zavala de González expone que se trata de “una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” A su vez al momento de considerar la reparación de este daño es deber efectuar una correcta ponderación de las circunstancias ya que “el principio de individualización del daño requiere que la valoración del daño moral compute atentamente todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva (la índole del hecho lesivo y de sus repercusiones), como las personales o subjetivas de la propia víctima…también interesa la personalidad de la víctima y su receptividad particular”.9 Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral.

En efecto, ambas resarcen perjuicios de distinta naturaleza e, hipotéticamente puede concebirse el un o sin el otro.Es así que se ha entendido que “A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste”.10 Sobre el tema en cuestión ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “Ya se ha señalado entre nosotros con relación a la cuantía del resarcimiento del daño moral, que: “De nada vale sostener, por un lado, que debe resarcirse a la víctima, para luego, a la hora de determinar el monto de la indemnización, hacerlo con una suma puramente simbólica, sin entidad alguna, que nada compensa (.)”; muy por el contrario, a la víctima le interesa recibir una suma dineraria que tenga alguna entidad, jerarquía o importancia.”11, lo cual sugiere, en última instancia, la necesidad de un límite mínimo: no debe ser irrisoria. Con similares lineamientos pero más concretamente se ha destacado asimismo que “Nada autoriza a excluir al daño moral del principio de la reparación plena y del régimen predeterminado de imputación de consecuencias que consagra el Código Civil, al que está indisolublemente ligado.

La regulación específica del daño moral que contienen los arts.522 y 1078 del Código Civil, en modo alguno permiten inferir su apartamiento de los principios generales de la reparación”; criterio éste reafirmado por la propia Corte Suprema, al decidir que el pronunciamiento que estableció la indemnización del daño moral sufrido por el actor en unas sumas “que no cubren mínimamente los requerimientos de la prudencia en la determinación del perjuicio causado (.) ha establecido su cuantía en términos que desvirtúan el principio de la reparación integral propio de la materia en examen, razón por la cual no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales.”12

En cuanto a los daños psíquicos, este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse en el sentido de que carece de autonomía y que este detrimento puede tener proyecciones -potencialmente- en el daño material o en el daño espiritual (cfr.Zavala de González, Matilde, “Daños a la persona, Integridad psicofísica. Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1990, p.225), es decir, que el daño en comentario no constituye un tercer género, distinto del material y el moral, sino que se subsume en el moral, salvo que se constituya en grado tal que implique una afección patrimonial determinada.

Funda esta postura el considerarlo como una patología que actúa a título de factor agravante del menoscabo espiritual, (que el daño moral es en si mismo), pues éste resulta más serio si también afecta la normalidad del siquismo; y además, como origen eventual de perjuicios económico.13 Expuesto esto, es deber acudir al informe de la experta no atacado por las partes en autos, informe que determina que la Sra.

Bataglia sufre de un cuadro de depresión moderada derivado de un desorden de stress postraumático, con lo que determina una incapacidad parcial y permanente del 18%. Respectp a las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto “la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante”.14 Acorde lo expuesto, y de conformidad al artículo 245 del C.P.C y C, se hace lugar es rubro por la suma de pesos veinte mil ($20.000).

Gastos médicos no documentados:Respecto de los gastos médicos y colaterales -en el caso-, prosperará a pesar de no haber arrimado constancia alguna de las erogaciones, por cuanto, un acontecimiento como el que le tocara protagonizar, siempre produce gastos relacionados con el mismo que en modo alguno pueden ser previstos y siempre se producirán como lo son distintos estudios médicos, análisis, interconsultas, gastos de movilidad, farmacéuticos y los demás mencionados, de las cuales -como se indicó- no posee acreditación, pero cuyo reconocimiento es de estilo. Se fija como resarcimiento por este rubro la suma de pesos cuatro mil ($4.000).

Intereses De conformidad con lo dispuesto por el art. 622 y cc del Código Civil, y lo peticionado por las partes corresponde determinar la tasa de interés que operará como reparadora del daño moratorio.

En efecto, fijado el monto dinerario imputable al valor asignado a la obligación de reparar el daño, en los términos del artículo 1083 del Código Civil, corresponde determinar la tasa de interés aplicable a la mora.

Recordemos que “el interés moratorio constituye la forma específica de indemnización por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria, o sea que, en principio reemplaza a los daños y perjuicios que corresponden en el caso de incumplimiento de otras clases de obligaciones” (TRIGO REPRESAS Felix, COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén “Código Civil Comentado”, Obligaciones Tomo I, de. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2006). En consecuencia, la tasa representa la reparación por el daño derivado de la mora, no un interés compensatorio por el uso del capital. En el mismo sentido, Elena I. Higton (“Intereses, clases y punto de partida”, en Revistad e Derecho Privado y comunitario 2001-2, de. Rubinzal Culzoni, Págs.83 y ss), indica que “.los intereses pueden ser compensatorios o retributivos y moratorios o punitorios; los primeros son los que se pagan por el uso del un capital ajeno y los segundos en concepto del perjuicio sufrido por el acreedor por el retardo incurrido por el deudor en el cumplimiento de sus obligaciones.Es decir que según su función económica, los intereses se dividen en compensatorios y punitorios. Los primeros, al pagarse por el sudo del capital, resultan independientes de la culpa o dolo del deudor. Los segundos, a título de sanción, constituyen una clausula penal mediante la cual se pretende indemnizar el daño sufrido por la demora.El interés moratorio está dado por el resarcimiento que debe pagar el deudor por el cumplimiento extemporáneo de su obligación de dar una suma de dinero. Los intereses punitorios o moratorios surgen como sanción resarcitoria y se originan en la mora del deudor.Técnicamente, cuando los intereses moratorios se han pactado, se los denomina punitorios”. En consecuencia, la tasa representa la reparación por el daño derivado de la mora, una sanción por el incumplimiento, no un interés compensatorio por el uso del capital. La tasa determinada habitualmente por el Tribunal, (el promedio de las tasas activa y pasiva del Nuevo Banco de Santa Fe SA sumado), implica la aplicación del promedio de dos tasas de mercado a los fines moratorios. El hecho que una de ellas, la activa, para la entidad bancaria incluya en sí misma la tasa de ganancia, los costos e incluso una hipotética tasa inflacionaria -la cual no está explícitamente determinada- no implica enriquecimiento indebido en cabeza del acreedor, desde que, como se ha dicho, la tasa fijada no tiene por fin compensar un uso voluntario del capital sino reparar el daño moratorio. Este argumento, ya de por sí incuestionable, se potencia en el caso de los daños referidos a la salud, donde se ve afectada la integridad psicofísica de la persona. Allí se ve afectado el derecho a la salud.Dicho derecho tiene la calidad de Derecho Humano y su protección se encuentra consagrado con rango constitucional (artículo 75 incisos 22 y 23 de la Constitución nacional; artículos 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos -pacto de San José de Costa Rica-; artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 1 de la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre). Es función de los Jueces, dentro de su jurisdicción y competencia, como integrantes de uno de los poderes del Estado contribuir, en cumplimiento de la manda constitucional a la efectividad de los Derechos Humanos consagrados en la misma. En tal sentido se ha dicho que “Toda esta normativa marca una clara tendencia proteccionista del hombre considerado como una integridad física, psíquica y moral. Sin embargo es importante tener presente que la importancia de los derechos radica en que puedan hacerse efectivos. Porque los derechos como construcción social ‘no son más que lo que la realidad hace con ellos y uno de los retos de este siglo en tornarlos eficaces.” (Calcaterra, Marcela: “El Derecho a la Salud como expresión de uno de los Derechos Humanos más elementales”, en “Derechos Humanos y teoría de la Realidad”, editado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Santa Fe 2003). Cobra, entonces un sentido claro la disposición del artículo 1083 del Código Civil, en cuanto impone como principio, la restitutio in natura, y secundariamente su indemnización. En el caso de la afección a la integridad psicofísica de las personas, la restitución al estado anterior de las cosas deviene imposible, por ello se indemniza dinerariamente. Por su parte la indemnización del daño moratorio en el caso del impacto negativo sobre el patrimonio del acreedor, tiene, asimismo raigambre constitucional, en tanto y en cuanto se funda en la protección del derecho de propiedad.

En tal sentido ha dicho la jurisprudencia:”Los intereses deben computarse desde la fecha del hecho, porque en la responsabilidad extracontractual la mora se produce en el mismo momento del evento dañoso.Por ello los intereses deben calcularse desde allí”. C6°CC Córdoba, 30/07/2009, “Cecato, Franco Emmanuel C/ CIudad de Córdoba SACIF y otros – Ordinario – Daños y Perj. – Accidentes de Transito – Expte . n ° 732202/36”. WebRubinzal danosacc37.r79; “Según la doctrina legal vigente en el fuero a partir del fallo plenario: “Samudio de Martínez, Ladislaa c./ Transportes Doscientos Setenta S.A. s./ Daños y Perjuicios”, la tasa de interés que corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, es la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Como dicha doctrina legal es de aplicación inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (arg. art. 3, Código Civil) y no se advierte que -en el caso- la aplicación de la tasa de interés implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido, debe disponerse que las sumas a las que la sentencia condena, deberán ser abonadas dentro del plazo establecido, con más los intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables. (Del voto en disidencia del Dr. Zannoni.): Dening, Carlos Horacio y otro vs. Transportes Atlántida S.A.C. y otros s. Daños y perjuicios – CNCiv.

Sala F, 2/03/2010.WebRubinzal danosacc37.r91; “La tasa pasiva no cumple en la actualidad su función de reparar el daño padecido por el acreedor a raíz del retardo del deudor en el cumplimiento de la obligación, pues no satisface lo que presumiblemente hubiera obtenido de haber recibido el capital en tiempo propio, el lucro perdido al no poder aplicar ese capital a una inversión que genere la renta pertinente”.”La obligación de resarcir el daño contractual o extracontractual tiene naturaleza de obligación de valor. La deuda de valor permite la adecuación de los valores debidos y su traducción en dinero al momento del pago. Dicho proceso, que puede contemplar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, se orienta a mantener incólume el valor debido. Nada obsta a que la deuda de valor pueda también generar intereses, compensatorios o moratorios, según los casos, los que deben calcularse sobre el valor actualizado. La actualización de la deuda de valor obedece al mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, en tanto los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado”: CCC Lomas de Zamora, Sala I, 01/09/2009, Ojeda Daniel Félix C/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca S/ Daños y Perjuicios WebRubinzal danosacc37.r80WebRubinzal danosacc37.r81.

Nuestro más alto tribunal provincial in re:

“ECHEIRE, Pilar contra MACHADO, Marcelo y otros -Daños y perjuicios- (Expte. 105/10)” (Expte. C.S.J. Nro 482, año 2010). A y S t 241 p 143-146. “. el Tribunal rechazó la queja interpuesta por el codemandado Luis Adolfo Semino y la Caja Popular de Tucumán (aseguradora), confirmando la sentencia de baja instancia que -a su turno- había hecho lugar a la pretensión indemnizatoria de la actora motivada por el accidente ocurrido el 13.06.2001 al colisionar el colectivo de la linea n° 143, en el cual circulaba como pasajera, con el vehículo de referencia.Le agravia asimismo, que en el pronunciamiento impugnado se convalidó, en lo relativo a la causal de que hubo apartamiento expreso al texto de la Ley 25561 y la Ley 23298 y artículo 622 del Código Civil, el fallo de baja instancia que había repotenciado los valores indemnizables fijándolos a la fecha de la resolución aplicándoles además -sostiene- tasas moratorias y conminatorias.

Seguidamente, le achaca a los Juzgadores que al fijar la tasa promedio activa y pasiva mensual sumada y el doble de dicha tasa en caso de incumplimiento de sentencia, violó expresamente las Leyes 23928 y 25561 (art. 42 inc. 3, L.O.P.J.), que prohíben indexar, repotenciar y actualizar todo tipo de deuda.los jueces de baja instancia fijaron el rubro indemnizatorio a la fecha de la sentencia, junto con la tasa promedio activa y pasiva mensual (en concepto de intereses moratorios) y el doble de la misma (en concepto de intereses punitorios) y, sabido es, que dicho tópico configura una cuestión de índole fáctica y procesal, en principio ajena a la instancia extraordinaria, y si bien ello no constituye óbice para invalidar lo resuelto cuando, con menoscabo del derecho de propiedad, el Tribunal ha fundado la decisión de modo insuficiente, sin reparar en que el resultado económico a que arriba no se corresponde en forma objetiva y razonable con los valores en juego y se ha desentendido de las consecuencias patrimoniales de su fallo, en el caso concreto la ponderación de los rubros y la aplicación de las tasas respectivas no lucen irrazonables ni confiscatorias como para merecer reproche constitucional.

En relación a este punto, el máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido que lo concerniente a la aplicación de las tasas de interés queda al libre albedrío de los jueces, “. con arreglo a la realidad vivida y con el solo valladar de no caer en absurdo.” (Fallos 317:507; 323:2122, y más recientemente “Banco Comafi S.A.contra Cardinales”, Fallos 326:244), resultando así el tema ajeno a la vía intentada. Por lo demás, tampoco se acredita el efecto distorsionante de la realidad económica y que la prohibición de la Ley de Convertibilidad esto es, indexar, resulte burlada a partir de intereses desmedidos, máxime cuando el tema involucrado obedece a procesos esencialmente cambiantes que reclaman la búsqueda por parte de los tribunales de justicia de instrumentos idóneos a fin de proteger adecuadamente la concreta vigencia de los derechos constitucionales comprometidos, tanto del deudor como del acreedor”; y en igual sentido in re:

Gómez Santos P. T. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ cobro de pesos laboral 23-feb-2011. MJ-JU-M-64015-AR | MJJ64015 | MJJ64015: “En segundo lugar, también deben rechazarse los reproches esgrimidos en relación a la tasa de interés activa aplicada, y ello por cuanto, no obstante el esfuerzo desarrollado por la quejosa a fin de convencer sobre la procedencia de los mismos, lo cierto es que lo decidido en el punto no aparece como ilógico o irrazonable, sino enmarcado en suficiente motivación por lo que, en este aspecto, la impugnación también traduce sólo la disconformidad de la quejosa con la labor desarrollada por los jueces, sin que pueda considerarse acreditadas las causales de arbitrariedad que alega al respecto. Así, mediante la imputación consistente en que los jueces se apartaron del texto legal que la recurrente estima aplicable -las leyes 25.561 y 25.563, y Ordenanza municipal nro.11.022-, no convence que la determinación de aquel índice para el crédito objeto de este juicio implique ese apartamiento ni que se esté ante un procedimiento de indexación del mismo que vulnere su derecho de propiedad, pues no logra desmerecer lo razonado en la sentencia en cuanto a que “estamos en un período que se caracteriza por una inflación alta”, lo que acarrea la demanda de aumentos nominales en los salarios (de alrededor del 20%), y que, en definitiva, la accionada no había acreditado que la tasa aplicada resulte irrazonable e imprudente, conforme los motivos aportados. A su vez, debe destacarse que para arribar a esta conclusión la Cámara se sustentó en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Banco Sudameris contra Belcam S.A. y otra”, Fallos 317:507), criterio reiterado en “Piana c. INPS – Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles” , Fallos 3232122, y “Banco Comafi S.A. c. Cardinales, Miguel y otros”, del 25.02.03, y recepcionado por esta Corte provincial en diversos fallos (“Gómez, Sixto”, A. y S. T. 117, pág. 405; “Pusterla”, A. y S. T. 227, pág. 206; “Lacasa”, A. y S. T. 227, pág. 211; Del Predo A. y S. T. 235, pág.423), en cuanto a que en materia de aplicación de las tasas de interés “.la existencia de caso constitucional podrá configurarse no por la índole de la materia -tasa de interés- que se pretenda traer a esta Corte, sino si se dan los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de inconstitucionalidad local.En suma, no merece reproche constitucional lo decidido en el punto en el pronunciamiento impugnado”.

Nótese la incongruencia de verificar en la realidad que quien con pleno dominio de la autonomía de su voluntad contrae verbigracia un préstamo bancario, acepta la fijación de un interés punitorio, que excede en mucho la mera compensación por el uso del capital, pero, si la misma persona resulta lesionada contra su expresa voluntad, agredida en su integridad psicofísica o en sus bienes, el monto de capital asignado se sujeta a un criterio estrictamente monetario, como si hubiera graciosamente negociado el hecho ilícito sufrido. En suma, se beneficia más -en el ejemplo propuesto- el Banco -en el marco de la autonomía de la voluntad-, que la víctima quien ha sido sometida al daño contra su voluntad. Esta última reflexión nos muestra que la tasa de interés pura prioriza cuestiones estrictamente económicas frente al ser humano, centro de la preocupación del Derecho, dándose de bruces con el paradigma protectorio: “El paradigma protectorio tutela a los débiles y su fundamento constitucional es la igualdad. Los textos vigentes regulan los derechos de los ciudadanos sobre la base de una igualdad abstracta,a sumiendo la neutralidad respecto de las asignaciones previas del mercado. Superando la visión de los códigos decimonónicos, el Proyecto considera a la persona concreta por sobre la idea de un sujeto abstracto y desvinculado de su posición vital.El proyecto busca la igualdad real, y desarrolla una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética d ellos vulnerables.”: LORENZETTI, Ricardo Luis, en la presentación del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2012.

En este esquema, la función de la tasa de interés establecida en estos obrados, desde la fecha del hecho, tiene una finalidad múltiple:a) Evitar un enriquecimiento indebido en cabeza del deudor, el cual se produciría, dado que, de fijarse una tasa “pura” o meramente la “pasiva” de mercado, se impondría por vía de la fuerza de los hechos al acreedor la obligación -indebida- de financiar al deudor, se compelería a aquel a aceptar de buen grado la mora entendiendo la falta antijurídica de pago por parte del deudor como un uso del dinero del acreedor en virtud de un otorgamiento voluntario lo que no es correcto, ya que no se cumpliría con la finalidad reparadora impuesta por el artículo 622 CC-. Producida la afección al derecho, el deudor debe repararlo con premura. La dilación en el cumplimiento de su obligación implica aumentar la afección directa a la víctima. Tanto el deudor, como su asegurador, éste último por su obligación contractual- han de asumir la reparación en forma inmediata. Incluso en la hipótesis de que el acreedor no aceptare la estimación del monto indemnizatorio, y recibiera el pago a cuenta, o plantearan la consignación de la correspondiente indemnización, salvada la hipótesis de imposibilidad de cumplir por falta de colaboración del deudor. b) Una función moralizadora, en cuanto tiende a evitar un premio indebido para una conducta socialmente reprochable y c) dado que nos encontramos frente a una deuda reclamada judicialmente, “debe existir un plus por mínimo que sea que desaliente el aumento de la litigiosidad” (conf.: Cámara Nacional Civil en pleno en autos: Samudio de Martínez, Ladislao v. Transporte Doscientos Setenta S.A., sentencia del 20/04/2009).

A mayor abundamiento, cabe destacar que el monto indemnizatorio fijado a los fines de la reparación de daños y perjuicios constituye una deuda de valor que determina el Tribunal al sentenciar.- En ese momento puede fijar un monto igual, menor o mayor al pretendido conforme la prueba producida. De todos modos no podemos desconocer la realidad del proceso inflacionario.Ello indica que, si la ponderación del valor vida realizado al momento de la sentencia es mayor que el que se hubiera realizado al momento del accidente, como consecuencia de dicho proceso inflacionario, la fijación de la tasa referida -como se indicó- no implica condenar dos veces por la misma cosa.

Por un lado tenemos el monto indemnizatorio “capital”, y por otro la reparación del daño moratorio como prístinamente indica la jurisprudencia reseñada. Aún en la hipótesis que sea mayor al momento de la sentencia que el que hubiera sido fijado ubicándose abstractamente a la fecha del hecho, igualmente corresponde fijar la tasa referida dada la calidad de Derecho Humano que la integridad psicofísica de la persona representa. El fallo supra transcripto -que comparto- es claro en cuanto a que nada obsta a que la deuda de valor pueda también generar intereses, los que deben calcularse sobre el valor actualizado dado que -como se afirma- la actualización de la deuda de valor obedece al mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, en tanto los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado. La primacía de la protección de los derechos constitucionales ha sido ratificado por nuestro más alto Tribunal Nacional en el caso “Pardo” (Recursos de hecho deducidos por la Defensora Oficial de P. C. P y la actora en la causa P. H. P. y otro c/ D. C., L.

A. y otro s/ art. 250 del C.P.C. 6-dic-2011 MJ-JU-M-70425-AR | MJJ70425 | la que ha de ser realizada con una fijación de intereses moratorios, cuando son requeridos en la demanda, acordes a la entidad del derecho afectado.

Entendemos que tal requerimiento no puede ser cumplido con la fijación de una tasa nominal que no repara el daño moratorio derivado del incumplimiento del deudor, constituido en tal carácter a la fecha del hecho.La fijación de la tasa combinada activa y pasiva se encuentra investida de racionalidad, a tenor de los fallos de nuestro más alto Tribunal Provincial reseñados, y esa razonabilidad, fundada en los argumentos detallados, no se encuentra en la tasa pasiva.

En suma, entendemos que en el caso de responsabilidad extracontractual el “daño moratorio” se presenta como un tercer género, frente al material y al moral, que ha de ser reparado, con fundamento, precisamente en las normas protectivas constitucionales mencionadas, y en la falta de asentimiento de la víctima que es forzada contra su voluntad a sufrir un daños, resultando injusto que se recepte la validez de tasas punitorias contractuales superiores a la compensatoria y se pretenda, frente a un hecho que violenta la integridad psicofíscia o el patrimonio de una persona, derivado de un delito penal o un delito o cuasidelito civil limitar la reparación moratoria a una tasa compensatoria por el uso del capital.

En consecuencia, se fija un promedio entre las tasas pasiva y activa de mercado a los fines de fijar la tasación del daño por mora que estatuye el Código Civil. El tema de los componentes de dicha tasa no han de influir en la decisión, desde que, como se ha dicho, lo que se establece es la reparación del daño moratorio.

En virtud de todo lo dicho, desde la fecha del hecho, y hasta el plazo para el pago del monto derivado de esta sentencia, el interés aplicable será equivalente al promedio entre la tasa activa (promedio mensual efectiva para descuento de documentos a treinta días) y la tasa pasiva (promedio mensual efectivo para plazo fijo a treinta días según índice diarios) sumada, conforme índices del Nuevo Banco de Santa Fe SA.

Operado el vencimiento referido ut supra indicado y hasta el momento del efectivo pago,el capital puro de condena devengará un interés equivalente al doble de la tasa referida precedentemente.

Los honorarios que se fijaren por la actividad profesional, siguiendo lo resuelto por la Excma.Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala II de Rosario, in re: “Freschi, Alberto -Sucesores- c/ Provincia de Santa Fe s/ Demanda Ordinaria” (expte. N° 52/12), l devengarán un interés moratorio, vencido el plazo para el pago de esta sentencia, equivalente al ocho por ciento (8%) anual.

Costas. En estos obrados, de conformidad con su resultado, las costas corresponde se le impongan al vencido (art. 251 CPCCSF).

Por todo lo expuesto, normas legales citadas, artículo 505 del Código Civil y actuaciones que se tienen a la vista El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual número Seis de la ciudad de Rosario RESUELVE:

1 – Hacer lugar a la demanda instaurada en autos y, en consecuencia, condenar al Sr. HERNÁN MARIO QUINTANILLA titular DNI N° 23.061.558 para que en el término perentorio de diez días, abone, con más los honorarios e intereses explicitados en los considerandos a la Sra. BLANCA ROSA BATAGLIA, titular DNI N° 6.210.846, la suma de pesos doscientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos ($252.662), integrados por la de pesos ciento veintidós mil en calidad de capital ($122.000) y la de pesos ciento treinta mil seiscientos sesenta y dos ($130.662) en concepto de intereses 2 – Imponer las costas del pleito conforme lo expresado en los considerandos.

3 – Hacer extensivos los efectos de esta sentencia a la aseguradora citada en garantía “Liderar Compañia General de Seguros S.A”.

4 – Regular los honorarios profesionales de los letrados intervenientes en autos de conformidad a lo normado en el Art. 8 de la Ley 6.767 y mods., y atento determinarse en este acto que el 100% del honorario de tabla supera el tope del artículo 505 de código civil, adecuarlos proporcionalmente los de la Dra. Adriana María Ungaro en la cantidad de 60,75 Jus, equivalentes a la suma de $ 39.473; los de los Dra. Lorena Quiroga, en la cantidad de (.) equivalentes a la suma de ($.); los del Perito Médico Legista Dr. Daniel A.Cuchiara en la cantidad de (.) equivalentes a la suma de ($.), los de la Perito Psicóloga Sra. María Marcela Castellarin en la cantidad de (.) equivalentes a la suma de ($.) y los del Perito Ingeniero mecánico, Sr. Luis M. Aiello en la cantidad de (.), equivalentes a la suma de ($.). Dése vista de los mismos a Caja Forense y a la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe.

No encontrándose las partes para la lectura de la sentencia, notifíquesela por cédula. Insértese, Déjese copia y notifíquese a Caja Forense.

DR. GUSTAVO A. ANTELO

JUEZ

DRA. MÓNICA KLEBCAR

JUEZ

DR. HORACIO ALLENDE RUBINO

JUEZ

Secretaria Dra. SILVIA GIMENEZ DISIDENCIA PARCIAL DE LA DRA. KLEBCAR. Disiento con mis distinguidos colegas en dos ítems. El primero referido a los intereses establecidos para el capital. Este rubro tiene por finalidad únicamente sancionar la falta de pago oportuno y siendo que el capital otorgado por los rubros daño físico, daño moral y gastos médicos, fueron debidamente actualizados a la fecha de la sentencia, por lo que debe aplicársele una tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho ilícito y hasta la fecha que otorga para el pago esta sentencia.

Esta tasa es la única justificable debido a que el monto del capital fue debidamente recompuesto a la fecha de hoy, como consecuencia de ello se eliminó el efecto inflacionario que podría existir si se tomara como punto de partida para el cálculo del rubro el monto del capital histórico, es decir, a la fecha del hecho.Sólo en ese caso se justificaría aplicar una tasa activa o promedio entre activa y pasiva (que tienen un componente destinado a enjuagar la pérdida del valor adquisitivo del dinero). Por tanto, si el capital ha sido debidamente integrado, reparado, y actualizado a la fecha de la sentencia por la suma acogida en los rubros individualizados previamente, el interés a otorgar debe tener por finalidad únicamente reparar la demora en el pago.

Y es que, en rigor “el fenómeno de la inflación no tiene ninguna gravitación sobre el momento inicial del curso de los intereses; …porque la actualización del capital y la imposición de intereses responden a dos objetiv os distintos: una a compensar la depreciación sufrida por la moneda, la otra a resarcir el perjuicio originado por la privación temporaria del capital, perjuicio que existe lo mismo con desvalorización que sin ella.”15 Adoptar una tasa de interés diferente a la que propongo llevaría a producir un enriquecimiento indebido en favor de la parte actora en detrimento del deudor, ya que sin lugar a dudas se estaría condenado a abonar dos veces la misma cosa. Por todo ello es que corresponde aplicar una tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho ilícito. Así, “si se reajusta el monto del crédito en función de la pérdida experimentada por la moneda durante el tiempo transcurrido, se originaría un enriquecimiento sin causa, cuando sobre ese monto así incrementado se vuelve a calcular una tasa de interés que incluye ese plus que se estimó para recomponer el capital inicial.”16 La tasa de interés que propugno fue receptada por nuestro Máximo Tribunal17 y por nuestra Corte Suprema en “Suligoy”18 y por nuestra Sala Civil y Comercial N° 2 de Rosario19. Asimismo, la Sala Civil y Comercial N° 1 de Rosario20 y la Sala Civil y Comercial N° 3 de Rosario.

Dra. MONICA KLEBCAR

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