No procede la reinscripción del nombre de hermanos con distinto apellido paterno, por el de la madre en primer término

shutterstock_45483118Partes: P. S. D. c/ E. N. y otros s/ autorización

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 2-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-90185-AR | MJJ90185 | MJJ90185

No procede la reinscripción del nombre de los menores que siendo hermanos tienen distinto apellido paterno, por el de la madre en primer término, pues no se probó que los niños sufrieran algún tipo de desequilibrio psíquico o emocional por el solo hecho de portar un apellido distinto uno del otro.

Sumario:

1.-No corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 4 , 5 y 6 de la Ley 18.248 toda vez que el hecho de que que exista una reglamentación de carácter obligatorio para su definición que establezca que en los casos de reconocimiento simultaneo de los hijos debe anotarse en primer término el nombre del padre, no resulta irrazonable (art. 28 CN.), ni violatorio de lo prescripto por el art. 16 de la CN. (del voto del Dr. Carlos Alfredo Bellucci por sus fundamentos – mayoría).

2.-Corresponde confirmar el rechazo del pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 4, 5 y 6 de la Ley 18.248 puesto que el nombre es comprensivo del derecho a ser individualizado, y tiene también elementos de derecho público que imponen el deber de llevar el nombre y le otorgan algunos de sus caracteres como el de la llamada inmutabilidad, por lo tanto, su cambio voluntario o caprichoso, atenta contra el interés social, al facilitar la confusión de los individuos, en contra de los propios intereses de la colectividad que exigen una individualización cierta y permanente de las personas (del voto del Dr. Carlos Alfredo Bellucci por sus fundamentos – mayoría).

3.-Toda vez que no se observan cumplidos los justos motivos determinados por el art. 15 de la Ley 18.248 para que el nombre pueda ser modificado pues la acción ha sido entablada por la madre por sí y no en representación de los menores que son a quienes asiste hoy su derecho-deber a tal atributo de la personalidad, por lo que el pedido trasluce un capricho, que aunque sea respetable, no es susceptible de ser custodiado por el ordenamiento (del voto del Dr. Carlos Alfredo Bellucci por sus fundamentos – mayoría).

4.-No resulta suficiente para justificar el cambio del nombre el hecho de que los niños que son hermanos posean distinto apellido ya que ello no empece ni dificulta que se consideren una familia, y por lo tanto, la pretensión de la progenitora incidiría en forma negativa en su identidad personal (del voto del Dr. Carlos Alfredo Bellucci por sus fundamentos – mayoría).

5.-Más allá del cuestionamiento que pueda efectuarse en cuanto a si el art. 5 de la Ley 18.248 resulta actualmente sustentable frente al principio de igualdad y no discriminación contemplado por el art. 16 de la CN., no corresponde la declaración de inconstitucionalidad toda vez que a pesar de que el fin de la actora es honrar a la madre , no puede soslayarse que están principalmente en juego los derechos de los niños cuyo apellido es el que se intenta modificar (del voto del Dr. Carlos A. Carranza Casares por sus fundamentos – mayoría).

6.-Toda vez que no se ha acreditado la existencia de un justo motivo como para avalar la declaración de inconstitucionalidad esgrimida por la madre respecto del art. 15 de la ley 18.248, que en la actualidad importa un tardío cuestionamiento, -cuando sus hijos ya han recorrido un importante tramo de la vida-, de la normativa que en su momento acató, el pedido resulta improcedente (del voto del Dr. Carlos A. Carranza Casares por sus fundamentos – mayoría).

7.-Teniendo en cuenta su finalidad y la función que el nombre desempeña, debe ser en principio inmutable, por lo tanto, la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 4, 5 y 6 de la Ley 18.248 resulta improcedente (del voto de la Dra. Beatriz A. Areán por sus fundamentos – mayoría).

8.-Puesto que no se ha demostrado que los niños sufran o hayan sufrido algún tipo de desequilibrio psíquico o emocional por el solo hecho de portar un apellido distinto del que lleva su hermana mayor, no corresponde acceder al cambio de nombre que la madre solicita (del voto de la Dra. Beatriz A. Areán por sus fundamentos – mayoría).

9.-Dado que no se ha acreditado ningún bienestar ni beneficio a dos criaturas que, de un día para otro, cambian su lugar en la lista de asistencia, al reemplazar su apellido de nacimiento por otro que puede dar lugar a chanzas de sus condiscípulos, y siendo que de todos modos, siempre quedará a los interesados, si desearan llevar el apellido materno, solicitarlo ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas desde los dieciocho años (arts. 4 y 5 de la Ley 18.248 o normativa que esté vigente para ese entonces), no corresponde admitir el cambio que se pide en este momento (del voto de la Dra. Beatriz A. Areán por sus fundamentos – mayoría).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de septiembre de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la sala “G” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “P S D C/ E N Y OTROS S/ AUTORIZACION”, respecto de la sentencia de fs. 188/194, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: CARLOS ALFREDO BELLUCCI- CARLOS A. CARRANZA CASARES- BEATRIZ A. AREÁN.-

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Bellucci dijo:

I.- La peticionante relató que es madre de tres hijos, A A P, D J E y L P G, y requirió se modifique el nombre de los dos últimos. Explicó que fue ella y no los progenitores de los niños, quien asumió principalmente las responsabilidades de la crianza, y considera que es tiempo de “honrar a la madre”.- Por ello solicitó se decrete la inconstitucionalidad de los artículos 4, 5 y 6 de la ley 18.284 que entiende, vulneran su derecho a la igualdad ante la ley e identidad.- Además señaló que los niños concurren a establecimientos educativos siendo hermanos con distintos apellidos, por lo que entiende que hay “justos motivos” en los términos del art. 15 de tal norma para modificar el nombre.- En suma, solicitó se realice una nueva inscripción de sus hijos menores de edad con su apellido en primer término y se adicione el de sus progenitores si así lo desearen.-

II.- La sentencia que luce a fs. 188/194 rechazó ambos planteos y, como era de esperarse, no satisfizo a la peticionante quien la apeló.-

En su memorial, que obra a fs.241/245 y no mereció respuesta, se queja porque entiende que la juez de grado no analizó su reclamo en forma concreta, sino que formuló consideraciones genéricas para justificar el trato discriminatorio para la mujer que -pregona- dispensan los artículos tachados de inconstitucionalidad y que omitió considerar los artículos y fallos que acompañó para ilustrar su posición.-

Entiende que no tuvo en cuenta el deseo de su hijo de modificar su nombre ni que su hija es muy chica para comprender el alcance del acto, por ello no expresó su deseo en la audiencia.-

La Defensora de Menores de Cámara dictaminó a fs. 257/258 solicitando se decrete la deserción del recurso ya que las argumentaciones ensayadas no constituyen crítica concreta y razonada del fallo apelado. Sin perjuicio de ello, observó que la petición deducida obedece a un deseo personal de la madre más que al interés de sus representados que se sienten identificados con sus apellidos paternos y guardan relación con sus progenitores o familiares de los mismos.-

El Sr. Fiscal ante esta alzada se pronunció a fs. 264/265 y consideró que la actora no acreditó que la distinción que realizan los art. 4, 5 y 6 de la ley 18.248 resulte discriminatoria para la mujer y los niños, y que las afirmaciones dogmáticas formuladas no resultan suficientes para hacer lugar a la tacha que se persigue.-

III.- En forma liminar debo recordar que la Sala ha dicho reiteradamente que del juego armónico de los arts. 265 y 266 del Código Procesal se desprende que el memorial debe contener una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado, puntualizando cada uno de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan (conf. r. 21.988, del 5-5-86; r. 23.105, del 18-8-86; r. 31.959, del 4-9-87; r. 77.856, del 8-10-90; r. 81.284, del 11-2-91; r. 135.005, del 13-8-93; r. 169.518, del 24-4-95, r.243.770, del 16-4-98; o r-250.058, del 13-7-98; r.444.226, del 28-11-05; r.451.496, del 27-3-06; r. 463.668, del 11-12-06; entre muchos otros).-

Bajo tales pautas se concluye con facilidad que el memorial bajo lupa de examen no es idóneo para sostener la apelación, ya que tal como advirtieran los representantes del Ministerio Público, en lugar de contraponer fundamentos jurídicos a los empleados en la decisión recurrida, la recurrente se limita a formular vacuas afirmaciones y soslaya hacerse cargo de los dados por la “a-quo” para arribar a la conclusión que intenta acidiosamente rebatir.-

Sin perjuicio de ello, echando mano al criterio amplio con que esta tríada jurisdiccional gusta en examinar los mohines que vienen a ser considerados, en preservación del legítimo ejercicio del derecho de defensa y teniendo particular consideración de la sensibilidad del tema que se plantea, intentaré dar respuesta a las cuestiones planteadas.-

a) de la inconstitucionalidad.-

Como fuera expresado por todos los intervinientes en estas actuaciones, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como “última ratio” del orden jurídico (conf. C.S.J.N. Fallos 315:923).-

Se trata de una atribución que sólo debe utilizarse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (C.S. Fallos 316:2624), y en tanto no exista otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Ley Fundamental si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de menor jerarquía (C.S., noviembre 23-1989, Mitivie, Carlos M. c. Estado Argentino -M.de Defensa- Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiro y Pensiones Militares, Fallos 312:2315).-

Para ello, el interesado en que se declare la invalidez de una ley, debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo gravamen, y debe probar además que ello ocurre en el caso concreto (C.S.J.N. Fallos 310:211; 314:495).-

Estos extremos no pueden considerarse satisfechos cuando -como en la especie- la fundamentación efectuada no reúne los requisitos mínimos que son exigibles en estos casos (C.S.J.N., V.61, “Videla Cuello, Marcelo s/ suc. c/ La Rioja Pcia. de s/ daños y perjuicios” , sentencia del 27 de noviembre de 1990).-

La juez ha ponderado correctamente que la reglamentación establecida en los mencionados artículos no se aparta en forma manifiesta del texto constitucional ni resulta violatoria de lo prescripto art. 28 de la ley fundamental.-

La Sala ya ha dicho que el nombre, que bien puede ser descripto como el derecho-deber de identidad (cf. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Parte General, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, t. I, p.321), comprende, precisamente, una prerrogativa vinculada con la concreción del derecho a la identidad (sea sólo en su dimensión estática o también en la dinámica), conjugada con un imperativo de orden público atinente a la necesidad de la identificación de los ciudadanos (cf. Fernández Sessarego, Carlos, Derecho a la identidad personal, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 123 y ss.; Gil Domínguez, Famá, Herrera, Derecho Constitucional de Familia, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 840 y ss.).-

Confluyen un interés privado, personal y subjetivo con un interés social (cf. Fayt, Carlos Santiago, El nombre: un atributo de la personalidad, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1996, pág. 23; Acuña Anzorena, Arturo, Consideraciones sobre el nombre de las personas, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1961 (Monografías Jurídicas.53), pág.13). Así se ha señalado que, de un lado, es comprensivo del derecho a ser individualizado, mientras que de otro, tiene también elementos de derecho público que imponen el deber de llevar el nombre y le otorgan algunos de sus caracteres como el de la llamada inmutabilidad. De allí que su cambio voluntario o caprichoso, atentaría contra el interés social, al facilitar la confusión de los individuos, en contra de los propios intereses de la colectividad que exigen una individualización cierta y permanente de las personas. (cf. C.N.Civ., sala G, L. 488.604, del 4/3/08, voto de la sra. juez Areán y sus citas y L. 533.328, del 2/10/09 del voto Dr. Carranza Casares a los que adherí).-

Entonces, que exista una reglamentación de carácter obligatorio para su definición que establezca que en los casos de reconocimiento simultaneo de los hijos debe anotarse en primer término el nombre del padre, no resulta irrazonable (art. 28 CN), ni violatorio de lo prescripto por el art. 16 de la CN., y tal como fue puesto de manifiesto por la “a quo”, no corresponde a este Tribunal evaluar la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador.-

Los artículos periodísticos aportados por la apelante que refieren a posibles modificaciones a la “ley del nombre” y al tratamiento de la cuestión en otras legislaciones no hacen más que reforzar esta conclusión.- El orden público está constituido por el conjunto de principios fundamentales en los que se cimienta la organización social.- Se trata de una noción fluida y relativamente imprecisa en cuanto a su contenido concreto (Conf. LLambias, Jorge. Joaquin op.cit, pág,. 163 y ss), por lo tanto, variable en distintas sociedades y tiempos, por lo que resulta lógico que se reformule su contenido a través del departamento de Estado pertinente.- Sin embargo, ello no autoriza a este Tribunal arrogarse atribuciones que no son dadas, sino vedadas por la ley Suprema, en tanto y cuanto las atribuye a otro de los poderes estaduales.-

En orden a estas consideraciones y los demás fundamentos dados por la “iudex” y el sr. Fiscal ante esta alzada, corresponde la confirmación de este aspecto del fallo cuestionado.-

b) de los “justos motivos” invocados como fundamento de la petición.-

Esta Sala hace tiempo sostiene que los “justos motivos” determinados por el art. 15 de la ley 18.248, han de entenderse como que derivan en serio agravio material o espiritual para los interesados, o por lo menos que la dificultad alegada reúna tanta razonabilidad que a simple vista sea ésta s usceptible de comprobación; coincidentes por otra parte con el principio de inmutabilidad antes enumerado (conf. CNCiv, esta Sala G, “in re” “Dziewezo Polski, Daniel c. Bass, Adrian.” del 22/04/1998 Publicado en: LA LEY 1998-E , 420 , DJ 1998-3 , 824 , cita online: AR/JUR/1077/1998).-

Y no se observa, en este caso, que tales circunstancias se encuentren abonadas. En primer término, no es superfluo señalar que la acción ha sido entablada por la madre por sí y no en representación de los menores que son a quienes asiste hoy su derecho-deber a tal atributo de la personalidad.- El pedido trasluce un capricho, que aunque sea respetable, no es susceptible de ser custodiado por nuestro ordenamiento.-

En efecto, la menor L P G expresó que “le gusta llamarse así” circunstancia que es desmerecida por su madre en el memorial.Además la peticionante tergiversa los dichos de su hijo D, quien al recibir la explicación del Defensor de Menores de la otra instancia acerca de que podían cambiarse los nombres que provocan incomodidad o cargadas contestó que no lo sabía, mientras la peticionante afirma que tal frase refería a que el apellido “P” puede resultar favorable a tales burlas. El joven, por el contrario, manifestó ser conciente de tal situación que sus compañeros le van a decir “que se te E el pis” y si bien dijo que quería cambiar su apellido explicó que eso se debía a que “cuando los padres se separan, la que te mantiene más es la mamá” y que su progenitor no conoce su intención.- Esto denota que el niño supedita su deseo personal al de su madre, circunstancia que entiendo, no debe ser avalada por este pretorio (del acta de audiencia de fs. 141).-

Tampoco resulta suficiente para justificar el cambio que obedece a que los niños que son hermanos poseen distinto apellido ya que ello no empece ni dificulta que se consideren una familia, y tal como resaltó la anterior juzgadora, la pretensión de la progenitora -de ser acogida- incidiría en forma negativa en su identidad personal.-

En suma, entiendo que el fallo debe ser confirmado y así lo propongo al cónclave. Sin costas, atento a la forma en que se decide, la ausencia de contestación de la expresión de agravios y el carácter oficioso de la actuación de los representantes de los ministerios públicos.-

Tal es mi fundada convicción y por ello así lo voto.-

El Señor juez de Cámara Doctor Carlos A. Carranza Casares dijo:

Más allá del cuestionamiento que pueda efectuarse en cuanto a si el art. 5 de la ley 18.248 resulta actualmente sustentable frente al principio de igualdad y no discriminación contemplado por el art. 16 de la Constitución Nacional, el art. II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art.7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el art. 26 el acto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los arts. 1 y 15 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cf. C.N.Civ., sala I, “L.C. y otro s/ recurso directo”, del 24/4/14), lo cierto es que en el presente existen suficientes elementos de prueba que indican que es innecesario acudir al estudio de la “ultima ratio” del orden jurídico (Fallos:333:447; 331:2068; 330:2981).-

Ello así, porque entiendo que a pesar de que la actora ha promovido el presente juicio por derecho propio con el objeto de “honrar a la madre”, no puede soslayarse que están principalmente en juego los derechos de los niños cuyo apellido es el que se intenta modificar, derechos que son los que en definitiva deben gravitar para resolver la cuestión.-

Ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse (Fallos: 328:2870); éste debe ser tutelado por sobre otras consideraciones (Fallos 335:888).-

La atención principal al interés superior del niño a que alude el art. 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos por lo que, frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870).-

De la reseña del acta de la audiencia de fs. 141 en la que fueron escuchados los niños (art.12 de la Convención), efectuada en el voto precedente y de lo expresado por el Defensor de Menores e Incapaces que asistió a tal acto (ver fs. 178/179) se desprende, además de los inconvenientes que les podría provocar el cambio de apellido por las connotaciones a las que allí se hace referencia, que tal modificación requerida por la progenitora afectaría el derecho de identidad (art. 8 de la Convención) de los hijos de trece y casi ocho años, pues precisamente ellos “han conformado su identidad con su apellido paterno” como destaca su representante legal complementario (fs. 178 vta.).-

No se ha acreditado la existencia de un justo motivo como para avalar la pretensión esgrimida por la madre (art. 15 de la ley 18.248), que en la actualidad importa un tardío cuestionamiento -cuando sus hijos ya han recorrido un importante tramo de la vida- de la normativa que en su momento acató (fs. 93 y 95).-

La impronta del superior interés del niño ha signado el derrotero del derecho tan profundamente, que modernamente la noción misma de patria potestad se define más allá de los derechos de los padres (cf. Lacruz Berdejo, Sancho Rebullida y Rivero Hernández, Elementos de Derecho Civil IV – Derecho de Familia, 30 ed., Vol. 21, ed. Bosch, Barcelona, 1989 , cap. XIII “La patria potestad”), y se construye principalmente de cara a la formación integral, protección y preparación del hijo para la vida. Ergo, es menester que aquellas medidas referidas a la familia sean zanjadas o, cuando menos, integren en su elaboración a la regla ‘favor filii’, el denominado ‘mejor interés’ (cf. Fallos:331:941).-

Los tribunales están obligados a atender primordialmente interés superior del niño, sobre todo cuando es doctrina de la Corte Suprema que garantizar implica el deber de tomar las medidas necesarias para remover los obstáculos que pudiesen existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la Convención, debiendo los jueces, en cada caso, velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente bajo su jurisdicción (Fallos: 334:913 331:2691 ).-

Estas breves consideraciones me inducen a coincidir con la solución propiciada por el distinguido par que preside este acuerdo.-

La Señora Juez de Cámara Doctora Beatriz A. Areán dijo:

Se ha definido al nombre como la designación exclusiva que corresponde a cada persona (Conf. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil – Parte General, Tomo I, pág. 293). El apellido es, en cambio, la designación común a todos los miembros de una familia, que cada individuo lleva en razón de pertenecer al grupo al que corresponde ese apelativo (Conf. Belluscio-Zannoni, Código Civil y Leyes complementarias, comentado, anotado y concordado”, Tomo I, pág .370).

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el apellido es el nombre de familia con que se distinguen las personas. Identifica al grupo familiar, pero cuando se lo vincula al nombre de pila, determina la identificación del individuo (Conf. Llambías, ob. cit., pág. 304). “El apellido constituye una prerrogativa personal como elemento necesario del estado de las personas que contribuye a integrar la personalidad como parte inherente al estado de familia” (Conf. Bonnecasse, Julien, “Elementos de derecho civil”, Tomo I, pág. 303, núm.245, México, 1945, citado por Zannoni, su voto en CNCivil, Sala A, 12/03/1985, LL, 1986-B, 472).-

Si se toma la expresión “nombre” genéricamente como comprensiva del nombre de pila y el apellido, punto de vista de su naturaleza jurídica, predomina entre nosotros la teoría que lo considera como un atributo de la personalidad y, a la vez, como una institución de policía civil, en otros términos, como un derecho-deber de identidad, ya que tiende a proteger tanto derechos individuales como los que la sociedad tiene en orden a la identidad de las personas (conf. Belluscio-Zannoni, ob. cit., pág. 386; Orgaz, Alfredo, “Personas Individuales”, pág. 219: Borda, Guillermo, Parte General, Tomo I, pág. 334; CNCiv., sala C, del 22/2/78, LL, 1978-D, 226, id. Sala A, 26/06/1979, LL, 1979-C, 427; id. Sala I, 03/04/1997, LL, 1997-E, 290; id. Sala J, 09/05/2002, La Ley Online, Id. Sala G, 09/02/2001, LL, 2001-E, 500; id., id. 22/04/1998, LL, 1998-E, 420).-

Es el nombre un atributo de la personalidad humana y, por su función, el medio de identificación e individualización de las personas. La interacción humana, en sus distintos niveles, requiere que se distingan y diferencien los unos de los otros y una de las formas de lograr ese fin se obtiene a través del nombre. De ahí que, además de ser una prerrogativa personal, satisface un interés de la sociedad. Confluyen un interés privado, personal y subjetivo con un interés social (Conf. Fayt, Carlos, El nombre un atributo de la personalidad, pág. 23, Acuña Anzorena, Arturo, Consideraciones sobre el nombre de las personas, pág.13).-

La ley 18.248 adoptó, sin duda, esa tesis ecléctica en cuanto considera que el nombre es tanto un atributo de la personalidad como una institución de policía civil, por ser, por un lado, elemento integrante de la personalidad del hombre como elemento de identificación, comprensivo de su derecho a ser individualizado, mientras que, por otro lado, tiene también elementos de derecho público, que imponen el deber de lle var el nombre y le otorgan algunos de sus caracteres como el de la inmutabilidad (Conf. Belluscio-Zannoni, ob. cit. pág. 386).

Por lo tanto, teniendo en cuenta su finalidad y la función que el nombre desempeña, debe ser en principio inmutable. “Su cambio voluntario o caprichoso, atentaría contra el interés social, al facilitar la confusión de los individuos, en contra de los propios intereses de la colectividad, que exigen una individualización cierta y permanente de las personas” (Conf. Acuña Anzorena, ob. cit. pág.17).-

Este principio es recogido por el art. 15 de la ley 18.248 cuando expresa: “Después de asentados en la partida de nacimiento el nombre y apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución judicial, cuando mediaren justos motivos”.-

La palabra “inmutabilidad” no tiene en este tema el rígido valor que aparenta, y que algunos quisieron atribuirle como reacción contra la tesis de libertad sin restricciones de adoptar o cambiar de nombre “según plazca” al interesado. “Alude a la inmutabilidad por acto voluntario y autónomo del individuo. En función de la naturaleza jurídica que se le reconoce al nombre, “la fijeza, la estabilidad que se predica con la palabra “inmutabilidad”, hace que el nombre cumpla correctamente sus fines de individualización e identificación de las personas a través del tiempo y del espacio. Su alteración arbitraria acarrearía el desorden, la inseguridad de los derechos, la irresponsabilidad en el cumplimiento de los deberes y las obligaciones, lo que significaría nada menos que desembocar en el caos social” (Conf.Pliner, Adolfo, El dogma de la inmutabilidad del nombre y los “justos motivos” para cambiarlo, LL 1979-D, 276).-

Es decir que la inmutabilidad implica que el nombre no se puede cambiar salvo excepciones restringidas y ello es así por razones de seguridad, como las destacadas precedentemente. El art. 15 de la ley 18.248 autoriza el cambio de nombre cuando existiesen justos motivos, debiendo éstos ser siempre de interpretación restrictiva. El cambio sólo debe autorizarse cuando existan causas muy serias. El nombre no puede modificarse por razones meramente sentimentales (Conf. Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil – Parte General, 2007, LexisNexis, Lexis Nº 9202/010772).-

Es muy difícil formular un concepto general que alcance a comprender la vasta gama de motivaciones que pueden llevar a una persona a cambiar su prenombre o su apellido, a intentar supresiones, adiciones, modificaciones, etcétera. El juez debe juzgar los móviles en cada caso, ponderando la seriedad y legitimidad de los invocados. Muchas veces también debe tratar de percibir las causas reales que se ocultan bajo los pretextos que se exhiben (Conf. Pliner, Adolfo, El dogma de la inmutabilidad del nombre y los “justos motivos” para cambiarlo, LL 1979-D, 276).-

Ha dicho la sala en anterior composición (conf. r. 288.177, del 31/5/83 y sus citas) y reiterado más recientemente en composición parcialmente diferente a la actual, que el principio de inmutabilidad del nombre reside en que la función individualizadora exige que permanezca unido inseparablemente a la persona. “Y las excepciones que se hagan, en consecuencia, tienden a que cumpla correctamente con sus fines de individualización e identificación de las personas a través del tiempo; el prudente arbitrio judicial conduce a ello, en la medida que la ley no enumera -siquiera a título ejemplificativo-, los justos motivos para sustituir o suprimir el apellido total o parcialmente” (Conf.CNCivil, Sala G, 22/04/1998, LL, 1998-E, 420).-

Resulta procedente cambiar un apellido cuando éste ha sido deshonrado, pero tan restrictiva debe ser la evaluación de esos “justos motivos”, que hasta se ha entendido que es menester que tal deshonra resulte pública, de tal manera que la sola mención del apellido evoque el hecho desdoroso. Debe tratarse de un hecho notorio, que haya impresionado profundamente el medio social en que se produjo, y que por sus características torna repugnante su recuerdo. Si ello no se ha demostrado, aunque se considere probado que el padre no le pasaba alimentos al hijo y se desentendió de él, ello no es suficiente para lograr la supresión del apellido paterno, pues el incumplimiento de este tipo de obligaciones, en principio, únicamente habilita la vía judicial para lograr su satisfacción (Conf. CNCivil, Sala B, 25/04/1986, JA 986-IV, 715).-

Llambías cita varios fallos en los que se consideró procedente el cambio del apellido por haber sido deshonrado, entendiendo que ello ocurre cuando el padre ha cometido delitos infamantes (Conf. Llambías, ob. cit., pág. 332, nota 149 y sus citas).-

En algún caso excepcional puede acreditarse que el uso del apellido paterno comprometa el equilibrio psíquico o emocional de los hijos en medida tal que justifique el cambio. Pero para la procedencia de tal supuesto excepcional se requiere prueba fehaciente de los hechos que lo configuran, pues concordantemente con lo resuelto por la sala, ante el criterio restrictivo que impera en materia de supresión de nombres debe alegarse prueba suficientemente convincente para llevar al ánimo del juzgador la certeza respecto de la viabilidad del reclamo, y ello debe ser así por cuanto se trata de un derecho-deber que escapa a la autonomía de la voluntad de los particulares interesados y de un aspecto de la policía civil, en la que el Estado por medio de sus órganos jurisdiccionales tiene activa participación” (Conf.CNCivil, Sala C, 19/11/1996, LL, 1997-F, 776).-

En autos no se ha producido prueba alguna tendiente a demostrar que los niños D Y E y L P G sufran o hayan sufrido algún tipo de desequilibrio psíquico o emocional por el solo hecho de portar un apellido distinto del que lleva su hermana mayor.-

El primero acaba de cumplir trece años y la niña está próxima a alcanzar los ocho años, o sea que se encuentran en plena etapa escolar y de integración a grupos sociales propios de la edad, como compañeros de juegos y prácticas deportivas.-

No creo como juez, como madre ni como docente que ha dedicado muchas horas al estudio y práctica de la Psicología Pedagógica -más allá del tiempo transcurrido y de los cambios operados en la sociedad-, que se genere ningún bienestar ni beneficio a dos criaturas que, de un día para otro, cambian su lugar en la lista de asistencia y, lo que es más, para reemplazar su apellido de nacimiento por otro que puede dar lugar a chanzas de sus condiscípulos.-

De todos modos, siempre quedará a los interesados, si desearan llevar el apellido materno, solicitarlo ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas desde los dieciocho años (arts. 4 y 5 de la ley 18.248 o normativa que esté vigente para ese entonces hoy un tanto lejano). Por todos los fundamentos expuestos y los que surgen de los votos precedentes, coincido también con la solución por ellos propiciada. Con lo que terminó el acto.-

Y VISTOS

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal y la Sra. Defensora de Menores ante esta alzada, SE RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia en todo cuanto decidió y fue motivo de no atendibles quejas.Sin costas, atento a la forma en que se decide, la ausencia de contestación de la expresión de agravios y el carácter oficioso de la actuación de los representantes de los ministerios públicos. II.- Atento lo que surge de la lectura del memorial de agravios a fs. 242 “in fine”, se recomienda que vueltos los autos a la instancia de grado, se los remita a la sra. Defensora de Menores e Incapaces a fin de que proceda conforme lo establece el art. 255 del Código Civil T.O. según ley 23.264, de corresponder. III.- Una vez regulados los emolumentos devengados a favor de los sres. profesionales que dieron asistencia en la litis, serán fijados los pertenecientes a las tareas aquí llevadas a cabo.- IV.- Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sujeta a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal.- Regístrese, notifíquese por secretaría y a los citados funcionarios en sus despachos. Oportunamente, cúmplase con la acordada 24/13 CSJN y devuélvase.-

Carlos Alfredo Bellucci

Carlos A. Carranza Casares(con aclaración)

Beatriz A. Areán (con ampliación)

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