Condenan a agente penitenciario por el delito de imposición de vejámenes en concurso ideal con lesiones leves al infligir padecimientos físicos a un interno.

CarcelPartes: L. J. C., C. R. E. s/ delito c/ libertad

Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén

Fecha: 11-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90139-AR | MJJ90139 | MJJ90139

Se condenó al agente penitenciario acusado de haber inflijido padecimientos físicos a un interno considerando tal proceder como constitutivo del delito de imposición de vejámenes en concurso ideal con lesiones leves.

Sumario:

1.-Cabe condenar al imputado -en el caso, un agente penitenciario- en orden al delito de imposición de vejaciones en concurso ideal con lesiones leves (arts. 54 , 89 , 144 bis inc. 3 del CPen.), pues ni el denunciante -interno privado de su libertad en un establecimiento carcelario-, ni ningún otro testigo, o aún un agente penitenciario, han relatado lesiones o padecimiento en el cuerpo o salud de la víctima en forma previa al incidente sujeto a sentencia; prueba de ello es que se dirigía con normalidad al sector de Talleres para agregarse a sus ocupaciones habituales. El sentido común, la lógica, la psicología y la experiencia precedente, permiten sostener que el damnificado salió en condiciones psico – físicas normales del pabellón de alojamiento para registrar recién las lesiones certificadas solo después del fatídico encuentro con el encartado en un sitio fuera de la vista de todos.

2.-Vejar significa tanto como molestar, perseguir, maltratar o hacer padecer a una persona. Toda vejación, que puede ser física o moral, es ilegítima. Un acto de estas características es antirreglamentario, de acuerdo con el art. 18 de la Constitución Nacional. La ley se refiere a todo trato humillante que mortifique moralmente a la persona, atacando su sentimiento de dignidad o al respeto que merece como tal y con el que espera ser tratada. Para algún doctrinario, un insulto proferido a un preso constituye una vejación. El vejamen puede ser físico y que es un fin en sí mismo, encaminado a producir la humillación o denigración de la víctima; el acto vejatorio se endereza a mortificar moralmente a quien lo sufre e importa un menoscabo a la dignidad de la persona contra la cual se dirige, sin que resulte relevante el móvil que lo haya guiado (en el caso, se condenó a un agente penitenciario en orden al delito de imposición de vejaciones en concurso ideal con lesiones leves).

3.-Se veja para humillar, avergonzar o agraviar. La vejación constituye un fin en sì misma mientras que los apremios son medios para un fin: lograr algo de la víctima. A su vez, el adjetivo legal que califica el apremio pone de manifiesto que ciertas medidas de carácter apremiante son legales. Pero esas medidas legales se convierten en ilegales cuando no están justificadas de hecho (en el caso, se condenó a un agente penitenciario en orden al delito de imposición de vejaciones en concurso ideal con lesiones leves).

Fallo:

En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los 11 días del mes de noviembre

del año dos mil catorce se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén integrado por el Dr. Orlando COSCIA como Presidente y los Sres. Vocales Dr. Eugenio KROM y Dr. Armando Mario MARQUEZ, asistidos por el Sr. Secretario Dr. Victor Hugo CERRUTI para dictar sentencia en los autos caratulados “L. , J. C. ; C. , R. E. s/delito c/la libertad”, Expte. N° FGR 83000864/2012/TO1, originaria N° 24/2007 del registro de la Fiscalía Federal de Primera

Instancia de Neuquén, que fuera seguida contra: J. C. L. , de nacionalidad argentina, identificado con DNI N° nacido el en Centenario, provincia del Neuquén, hijo de (HH d) y de de estado civil casado, con estudios secundarios completos, de ocupación empleado del Servicio Penitenciario Federal, domiciliado en de la ciudad de

Centenario, provincia del Neuquén, asistido por los Sres. Defensores Oficiales, Dr. Nicolás GARCÍA como Defensor Oficial, y Dr. Pablo MATKOVIC como Co-Defensor; y RAUL E. C. , de nacionalidad argentina, identificado con DNI N‘ nacido el nacido el en La Pintada, Departamento de Collón Cura, Pcia. del Neuquén, hijo de d) y de deieHHa (mu, de estado civil casado, con estudios universitarios, de profesión licenciado en enfermería, con domicilio real en el de esta ciudad capital, bajo la asistencia técnica del Sr. Defensor de confianza, Dr. C. A. VACCARO (Matrícula Federal CSJN T° 111 F° 854) Concurrió además al debate el Sr. Fiscal General Subrogante, Dr. Adrián GARCÍA LOIS.

En la requisitoria de elevación a juicio (fs. 307/12) la Fiscal de grado Dra. María Cristina BEUTE, atribuyó a J. C. L.”.que en ocasión de desempeñar sus funciones como agente penitenciario integrante del Cuerpo de Requisa de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal, impuso apremios ilegales al detenido Agripinio Rubio, cuya guarda se le había encomendado, el día 27 de abril del año 2007, a las 08:50 horas en instalaciones de la Unidad mencionada, ubicada en la ciudad de Neuquén. El hecho fue perpetrado cuando los internos del Pabellón 2 Alto se dirigían a trabajar al sector de talleres, mientras se encontraban en la fila para salir de la zona denominada ‘La T’, ocasión en que el agente L. separó al interno Agripinio Rubio y, apoyándolo contra una de las paredes, le propinó cachetadas en la cara, golpes de puño en la zona abdominal y un golpe con la rodilla en la zona de la cintura, hecho que le produjo una lesión equimótica en la región dorsal y, como consecuencia, un cuadro de hematuria de menos de una semana de duración.”

Al imputado RAUL E. C. , se le atribuyó el hecho de “.haber falseado ideológicamente el libro de enfermería de la Unidad Penitenciaria Federal N° 9, asentando que el día 27 de abril del año 2007, el interno Agripino Rubio no poseía lesiones visibles, ello al salir de la Unidad hacia la Defensoría Federal a las 11 horas, circunstancia que resulta históricamente falsa, por cuanto al momento de labrarse la constancia el interno había sufrido las agresiones referidas en el apartado precedente y presentaba una lesión equimótica en la región dorsal. Por otra parte, se le imputa haber omitido denunciar las violencias ejercidas sobre Agripino Rubio, de las que tomó conocimiento al momento de examinar al interno y advertir las lesiones, es decir, el 27 de abril de 2007 a las 11:00 hs., teniendo la obligación legal de realizarla.”.

La Sra. Fiscal de grado entendió que la conducta desplegada por J. C. L. resultaba constitutiva del delito previsto en el art. 144 bis, inc.3 del CP, que concurre idealmente con el delito reprimido por el art. 89 del CP (art.

54 CP).

Mientras que respecto de RAUL E. C. , el hecho detallado resultaba constitutivo del delito previsto en los arts. 293 y 277 apartado 1, inc. d, con el agravante del inc. 3 d del Código Penal que concursan materialmente entre sí (art.

55 CP).

Las partes al formular sus alegatos en la audiencia de

debate no plantearon cuestiones preliminares. Seguidamente y en prieta síntesis, se extractan sus posiciones.

El Dr. GARCIA LOIS, en representación del Ministerio Público Fiscal, afirmó que el hecho endilgado a J. C. L. se encontraba debidamente acreditado con la prueba producida durante el debate. Sin embargo, entendió que debía realizar una especificación en cuanto a la tipificación legal. Explicó que el hecho imputado debía calificarse como aplicación de vejaciones, en lugar de apremios ilegales; ello, en concurso ideal con lesiones leves (cfr. Art. 144 bis inc. 2° y art. 89 del CP). En consecuencia, solicitó se aplique al nombrado L. la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, con la inhabilitación especial prevista en el art. 20 bis del CP en su condición de funcionario público y las costas del proceso.

Con relación al encartado R. E. C. , consideró que no había certeza suficiente sobre la comisión del hecho que se le endilga, motivo por el cual debía primar el principio in dubio pro reo. En consecuencia, solicitó su ABSOLUCIÓN, sin costas.

A su turno, la Defensa del incuso C. , ejercida por el Dr. VACCARO, adhirió al planteo de la Fiscalía.

Por su parte, el Defensor Oficial Dr. GARCÍA en primer lugar solicitó la absolución de su asistido L. , por no haber pruebas suficientes y por haberse visto afectado el derecho de defensa en virtud de la nueva calificación legal escogida por la Fiscalía.En segundo lugar, solicitó se lo absuelva por el delito de aplicación de vejaciones por el que acusó la Fiscalía (en función de no haberse acreditado en el debate la afectación a la libertad que requiere esta figura legal) y que en función del delito de lesiones leves que subsistiría, se declare su prescripción o su insubsistencia; declarando, en definitiva, la absolución de su asistido L. .

Cumplido el proceso de deliberación establecido en el artículo 396 del CPPN, el Tribunal conforme lo autoriza el

segundo párrafo del artículo 398 del ordenamiento ritual efectuó el sorteo surgiendo el siguiente orden para la votación: Dr. COSCIA, Dr. MÁRQUEZ y Dr. KROM. Se estableció

para resolver el caso el planteamiento de las siguientes

cuestiones:

PRIMERA: ¿Existieron los hechos; fueron sus autores los imputados?

SEGUNDA: ¿Qué calificación legal cabe asignarles?

TERCERA: ¿Qué sanción les corresponde; deben cargar con las costas procesales?

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Existieron los hechos; fueron sus autores los imputados?

El Dr. COSCIA dijo:

Estas actuaciones se originaron el día 27 de abril del año 2007, a raíz de un llamado telefónico de Agripinio RUBIO, detenido en la Unidad N° 9 del SPF, con asiento en esta ciudad, hacia la Fiscalía Federal de Primera Instancia local, para denunciar que había sido golpeado por personal de requisa mientras se dirigía a los talleres de formación laboral, registrando golpes en la cara y en la espalda. Solicitaba ser revisado por un médico y radicar denuncia de lo acontecido (fs. 1).

A consecuencia de ello, se dispuso su traslado hacia la Fiscalía Federal de Primera Instancia en la misma fecha. También se ordenó que Agripino Rubio fuera revisado por el médico de la PFA Dr. WASHINGTON FUNES, tarea cumplida el 29 de abril de ese mismo año (fs. 15).

En la Fiscalía Federal Rubio denunció al empleado de la Unidad 9 del SPF de apellido L., alias “El Potro”, integrante del Grupo Requisa, ubicado normalmente en la puerta que se conoce como “T” en el ámbito interno. Ese día siendo las 8.30 hs. los sacaron a todos para ir a trabajar. Cuando estaban saliendo del pasillo, lo saluda a L. y el empleado le pregunta por qué no se había afeitado; se tocó la cara y le pidió disculpas explicándole que se había olvidado. Seguidamente L. le dijo “siempre lo mismo pedazo de salchichón, vení para acá”; lo hizo ingresar al pasillo, lo puso contra la pared y le pegó trompadas con su puño en la espalda. Agregó que como trató de defenderse las costillas que ya tenía fracturadas en el costado derecho desde diciembre de 2004, L. le pegó una piña muy fuerte en la parte del costado izquierdo seguido de un rodillazo en la cintura. Luego de eso, tuvo que levantarse como estaba y L. le ordenó que corriera. Como consecuencia de esto, no fue a los talleres y fue reintegrado al pabellón. Añadió que recibió amenazas verbales por parte de L. y otros agentes. Expresó que tenía dolores en el cuerpo, mucho dolor en la espalda, en la parte de los riñones. Manifestó que por comentarios en la Unidad sabe que L. es una persona muy violenta, que tiene conocimientos de artes marciales. Por último, agregó que antes de salir para la Fiscalía lo habían llevado a enfermería, le hicieron sacar toda la ropa y lo revisó un enfermero llamado C. “esto tampoco es normal”. (cfr. Fs. 8).

Producidas y agregadas al legajo una serie de medidas probatorias ordenadas por la Fiscalía Federal de Primera Instancia en el marco de la averiguación preliminar llevada adelante por ese Ministerio (art. 196, 2° párrafo del CPPN;

fs. 17, 19/57, 74, 87, 91, 93/103, 104, 120), fueron remitidas las presentes actuaciones al Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad, a fin de recibírsele declaración indagatoria A L. y a C. . Posteriormente fueron procesados y requeridos a juicio imputándosele a J. C. L.la conducta constitutiva del delito previsto en el art. 144 bis, inc. 3 del CP, que concurre idealmente con el delito reprimido por el art. 89 del CP (art. 54 CP). Respecto de RAUL E. C. , el hecho achacado resultaba constitutivo del delito previsto en los arts. 293 y 277 apartado 1, inc. d, con el agravante del inc. 3 d del Código Penal que concursan materialmente entre sí (art. 55 CP).

En virtud de un mejor orden metodológico analizaré en primer lugar el hecho imputado al encartado L. y luego, el que fuera achacado a C. .

HECHO ENDILGADO AL IMPUTADO J. C. L. :

En indagatoria durante la instrucción se le imputó a L. el siguiente hecho: “en fecha 27 de abril de 2007,

aproximadamente a las 8:30 horas, qui en se desempeñaba el día del hecho como Auxiliar de la Sección Requisa de la Unidad N° 9 del S.P.F., en ocasión en que Agripino Rubio, detenido alojado en dicha Unidad, se trasladaba por el pasillo de la Planta Baja, en la zona denominada ‘la T’, formando parte de una fila de internos, lo separó de la fila y lo golpeó injustificadamente, aplicándole cachetadas, golpes de puño en la espalda y al costado izquierdo y un golpe con la rodilla a la altura de la cintura. Los golpes le produjeron a la víctima lesiones equimóticas en la zona lumbar izquierda y región lumbosacra y hematuria” (cfr. Fs. 195/96).

Defensa material/técnica: Durante el debate el imputado L. se prestó al acto indagatorio. El incuso negó el hecho imputado, y explicó en lo sustancial de su deposición, que su tarea en el Sector “T” de la Unidad 9 era la de llavero, que el tenía las llaves de las cuatro puertas en el sector.Que la orden que tenían en ese Sector de la Unidad 9 -para darle paso a los internos hacia los talleres-, era que estuvieran afeitados, con el pelo corto y bien aseados; que el interno que no estaba en condiciones no ingresaba y debía reintegrarse al pabellón. Que esa era la modalidad de funcionamiento en el Sector donde se desempeñaba, especificando que era la requisa la encargada de devolver al interno al pabellón. Negó que los internos lo apodaran “el potro” en la unidad.

Elementos de prueba y valoración:

I)En audiencia de debate y en relación con el hecho recriminado a L. , se agregó como prueba de cargo al

expediente el informe de la Fiscalía Federal de Neuquén de fs. 1 y vta.; el informe médico legal de fs. 15/vta.; fotocopias de informes de la Unidad 9 del SPF de fs. 19/56; actuaciones judiciales de fs. 60/69 que fueron acumuladasa la presenteb causa; informes de la Unidad 9 del SPF de fs. 89 y 93/94; croquis obrante a fs. 118; fotocopias del libro de novedades del pabellón Nro. 2 planta alta de la Unidad 9 del SPF, de fs. 151/65; informe médico de fs. 252/54; informes del Registro Nacional de Reincidencia respecto de L. obrante a fs. 290/92, 362, 392, 508 y 533; informes previstos en los arts. 26 y 41 del CP de fs. 295/96 y 518/20 respecto de L. ; informes remitidos por la Unidad 9 del SPF obrantes a fs. 489/91; declaración del testigo Darquier obrante a fs. 592, la declaración del testigo Washington Funes obrante en el acta de fojas 602/03, el informe socio ambiental presentado por la Defensa Oficial del imputado L. obrante a fs. 614/16 de las presentes actuaciones, y la declaración testimonial de De Los Santos de fs. 218. En ocasión de prestar declaración testimonial, el denunciante Agripinio RUBIO relató en debate lo sucedido el 27 de abril de 2007, ratificando lo denunciado en la instrucción a fs. 8.Dijo en debate en sus partes más salientes que “. Recuerda que ese día a la mañana, los sacaron como lo hacían normalmente a los ocho menos cuarto, ocho menos diez, del pabellón donde se encontraba alojado- pabellón 2 Alto de la U- 9. Eran conducidos con absoluta normalidad, nunca había existido incidentes de esa naturaleza. Si bien los golpes eran normales, apúrese, sáquese la ropa rápido, una cachetada, camine con las manos atrás, una cachetada, pero ya estaba acostumbrado a lo que adentro de la cárcel le llaman el “verdugueo diario”. Que iban en columna a donde trabajan y cuando llegan al Sector de la “T”, que es el corazón de la Unidad 9, se encuentra -cree- con el agente Medina, que éste le llamó la atención porque se había olvidado de afeitarse a la mañana, que era una de las reglas que se utilizaba normalmente, que si uno no estaba bien afeitado no podía salir a trabajar. Que él había pasado todos los controles anteriores con normalidad, que eran: uno a la salida del pabellón, uno al ingreso al portón de circulación normal y el último control era antes de ingresar a la “T”. Cuando ingresa a la “T” estaban Medina y L. , y le preguntan porque no se había afeitado y le contesta que no se afeitó porque se había olvidado y le pegaron una cachetada, en un primer momento fue una situación normal. Sacaron al resto de los internos que iban con él, que eran más o menos 12 o 15 los que salían en ese momento. Lo dejan a él en ese sector, y se desencadena una agresión que no entendió. Lo empiezan a golpear hasta que se cayó al suelo y cuando cae al suelo lo volvieron a patear.Recuerda haber recibido un par de

rodillazos en la espalda y una patada más cuando estaba en el suelo y por instinto se arrolló en el suelo, le pegaron una par de golpes más, lo levantaron de los pelos lo colocaron contra la pared, pasaron aproximadamente dos o tres minutos, cuando pregunto porque había sido no le dieron ningún tipo de explicación. Luego lo reintegraron al pabellón, no salió a trabajar y se volvió. Agrego además a preguntas del fiscal “. dijo que L. y Medina le pegaron, que Medina era el otro empleado que estaba con él, cree que era Medina el que estaba con L. . Medina era la persona que venía con ellos que los había ido a buscar al pabellón y L. estaba en la “T”. Dijo que vio a L. golpearlo y lo sintió. Dijo que el apodo de L. era “el potro.”. Puntualizó en su declaración en debate que “.cuando regresó al Pabellón, estaba el encargado Gutiérrez, con algún grado de parentesco con L. , él venía rengueando, muy maltrecho, y él le pregunto qué le había pasado y le refirió lo que le había pasado en ese momento en la “T” y le dijo “bueno, bancatelá” y él le respondió “que esta no se la bancaba”, que no había hecho nada y que no tenía porqué pegarle, y le manifestó que iba a hacer la denuncia, regresó al pabellón y se comunicó con la fiscalía federal, con el Dr. Darquier, y dos horas después fue llevado a la fiscalía.”.

La declaración brindada por Rubio ante el plenario resulta coincidente en su gran mayoría y en las partes que aquí más importan no sólo con la denuncia formulada ante la Fiscalía Federal local, sino también con la testimonial prestada en la Fiscalía Federal de Zapala (ver fs. 08 y 116/118, respectivamente).

Como fundamento a cuanto llevo dicho agrego los testimonios de BLANCO, CABRAL PÉREZ, CÁCERES, y DE LOS SANTOS (fs.218 incorporada por lectura). En esto coinciden sus relatos: en ocasión de marchar en fila en horas de la mañana hacia el Sector “T” de la Unidad con destino a los talleres, L. apostado en el sector separó a RUBIO de la fila porque no estaba afeitado, dando paso al resto de los internos. Rubio permaneció en el lugar siendo reintegrado al pabellón cinco minutos después de haber salido con el resto de sus compañeros (según constancias de fs. 155, ratificada en debate por el testigo Gutiérrez, agente del SPF). Luego, algunos, dijeron haberse enterado de la golpiza que le propinara “el potro L. “.

Nótese que ni el denunciante, algún otro testigo, o aún un agente penitenciario, han relatado lesiones o padecimiento en el cuerpo o salud de Rubio en forma previa al incidente sujeto a sentencia; prueba de ello es que se dirigía con normalidad al sector de Tallares para agregarse a sus ocupaciones habituales. De forma tal que el sentido común, la lógica, la psicología y la experiencia precedente, me llevan a afirmar que Rubio salió en condiciones psico – físicas normales del pabellón de alojamiento para registrar recién las lesiones certificadas solo después del fatídico encuentro en sitio fuera de la vista de todos en su parte más crítica, (tema sobre el que volveré más abajo) con el suboficial L. .

En tanto, las lesiones de Rubio aparecen corroboradas por los informes médicos de los galenos FUNES, HEREDIA y BANIC llamados a la causa. Todos ellos declararon en audiencia ratificando las conclusiones oportunamente informadas a la investigación.

El Dr. Funes reconoció su firma y ratificó el contenido del certificado obrante a fs. 15, explicando que RUBIO padecía en ese momento una “lesión equimótica de unos 5 cm.superficial y de origen traumático, en región lumbar izquierda, palpándose una zona dolorosa perilesional; se destaca otra ubicada en la región lumbosacra con iguales características también sintomáticas a la palpación”.

Agregó además, que la lesión puede ser compatible con un golpe de puño o rodillazo o cualquier elemento romo.

Por su parte, el doctor J. C. HEREDIA, médico del Servicio Penitenciario Federal, también reconoció su firma y ratificó el contenido de las constancias obrantes a fs. 42 y 47. Explicó las características de la equimosis y afirmó no poder precisar el tiempo de evolución de la lesión debido a distintos factores, tales como pueden ser las diversas entidades de los golpes.

A su turno, el doctor Marcos José BANIC, perito del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, en la modalidad de videoconferencia, ratificó el informe producido a fs. 252/254, aclarando que el mismo fue elaborado conforme a las constancias que le habían sido remitidas. Dijo que no se puede determinar el momento en que se produjo el hecho que desencadenó la hematuria, porque no deja ningún signo que permita determinar la data de su producción; que el golpe de puño o de rodilla tiene entidad suficiente para producir una hematuria, aunque no pudo determinar el origen de la misma en el caso concreto, más allá de la información que le fuera arrimada.

Todos esos profesionales coincidieron en afirmar que los golpes de puño o de rodillas pueden ser un mecanismo adecuado para originar una equimosis, y que de acuerdo a la intensidad o fuerza del golpe -condicionado además por la amortiguación eventual del mismo, si la persona estuviera arropada o no, etc.- podía desencadenar micro o macro hematurias (sangre en orina) en quien la sufre. Así las cosas, bien puede decirse que la versión del encartado L.aparece carente de sustento frente a los testimonios analizados y demás prueba anexadas a la causa.

Ante al plenario el imputado refirió que al momento del hecho sólo se dedicaba a abrir y cerrar puertas en el sector “T” de la Unidad. Los testigos Rubio, Cabral Pérez y Blanco, precisamente lo ubicaron en el día y hora del suceso en ese

sector. A fs. 55 -incorporada por lectura al debate- luce un informe de la División de Seguridad Interna de la Unidad 9 del S.P.F. donde consta que el día 27 de abril de 2007 el Ayudante Principal J. C. L. se desempeñaba como Auxiliar de la Sección Requisa.

II) Con los elementos arrimados al debate, no cabe duda alguna del encuentro que el día 27 de abril de 2007 se produjo en el interior de la U9 entre el agente L. , hoy imputado, y el detenido Agripino Rubio. Y tampoco puede dudarse de las

circunstancias que rodearon ese encuentro, es decir, que en oportunidad en que los internos se encontraban encolumnados a los fines de salir hacia talleres, L. se acercó a la fila y recriminó a Rubio no estar afeitado, separándolo inmediatamente de sus compañeros.

Así, el resto salió hacia el patio que lleva a los talleres, mientras que Rubio quedó junto con el empleado L. y otro agente, aunque ya no a la vista de los demás internos, cosa que dijeron estos de forma coincidente.

En igual orden las constancias de registros del penal dan cuenta del horario en que los internos salieron a trabajar, del retiro de Rubio de esa fila, y de su reenvío al pabellón (cfr. Fs. 155 incorporada por lectura). Ahora bien, a partir de este complejo cuadro probatorio, contamos con el testimonio de la víctima, quien refirió haber sido golpeado por L. en ocasión y razones ya expuestas.Ante la audiencia pública agregó Rubio que se encontraba otro agente del SPF, de nombre “Medina”, aunque de ello no pudo dar mayores precisiones.

Pues bien, a la hora de valorar sus manifestaciones juradas, no puedo perder de vista algunas cuestiones que entiendo principales y por tanto de necesaria consideración: han sido expresadas por un sujeto que ha dejado una imagen de poseer una personalidad compleja, con múltiples facetas en su forma de comunicarse, ciertamente algo conmovido en el ánimo por verse testificando ante su victimario aunque sin demostrar signos de amedrentamiento, de narrativa larga y con tendencia a la dispersión, con nivel socio cultural por arriba de la media normal y capacidad de jactarse de poseer amplia experiencia en la vida en el penal, con conocimiento de rutinas y reglamentos de la Unidad.

Pero estos tópicos, no menores por cierto, tampoco pueden hacerme perder de vista que al momento del hecho este hombre estaba privado de libertad en un establecimiento Federal

calificado como de “Máxima Seguridad”, y que se avino a presentarse ante la autoridad judicial en condición de

damnificado por una ilicitud cometida en su contra por un penitenciario en ocasión de funciones en el mismo

establecimiento de su alojamiento, agente que tenía tanto en lo general como en la emergencia estudiada guarda disciplinaria sobre él (claro está, como otros muchos empleados), según funciones y contexto, guarda que preservó directa o indirectamente incluso aún después de la denuncia efectuada en su contra.

Ello conlleva a una cuidada evaluación y valoración de sus afirmaciones, a propósito de la delicada imputación efectuada y que soporta el sospechado.

Y es que la declaración de la víctima adquiere un valor preponderante en virtud de las asimétricas situaciones de los involucrados: uno tiene y ejerce el poder -L. – y otro –

RUBIO- le toca ceñirse estrictamente a cuanto dispone el agente.Poder que llega incluso a retirar de la vista del resto de la población al denunciante para ejecutar, dentro y fuera de la legalidad, cuanto decida sobre el otro sujeto pasivo.

Aquel relato de Rubio, ajustado en condiciones de tiempo y

lugar al material probatorio adunado de forma legal al legajo, adquiere completitud y coherencia con las certificaciones de los médicos que han intervenido, y con las constancias emitidas por el enfermero Pacheco. Constataciones realizadas por la noche de esa misma fatídica jornada y al día siguiente respectivamente, sin solución de continuidad.

De manera tal que aun cuando se ha intentado restarle

valor a los dichos de la víctima por tratarse de un testimonio único y calificado según se dijo en debate, los restantes

elementos no hacen sino apuntalar sus manifestaciones de forma completa y armónica, derribando la presunción de inocencia que por imperio legal se encuentra dispensada a favor de todo imputado.

Así, conforme la secuencia del suceso y la actitud asumida por L. al separar del grupo a Rubio, no llama la atención que el resto de los internos que se desplazaban en fila por el pasillo hacia el Sector “T”, no pudieran observar el momento en que “el potro” L. -así llamaban los internos al incuso- le propinara los golpes que denunciara Rubio. Maniobra común en ilicitudes cometidas dentro de ámbitos carcelarios, claro está, como fuera materia de atención en párrafos anteriores, a partir de la desigual posición entre víctimas y victimarios, todo lo cual -teóricamente- aparece utilizado como mecanismo de impunidad en acciones de este tipo.

Pero ese retiro de Rubio de la fila por parte de L. , fue advertido por otros internos que luego de ello, continuaron con su marcha hacia los respectivos talleres. Fue el testigo Cáceres quien aseguró haber escuchado ruidos que primero dijo parecer cachetazos, aunque luego, llamativamente, dijo que también podrían tratarse de pies descalzos desplazándose sobre el piso.Pero sea como fuere, dejando de lado que según entiendo la aparente contradicción es sólo sobre conjeturas, esos ruidos provenían del lugar a donde L. había llevado a Rubio luego de la reprimenda por no haberse afeitado, al separarlo del grupo e impedirle que continúe hacia los talleres.

En consecuencia, de las declaraciones del denunciante, de las testimoniales brindadas por internos del penal, de los informes médicos policiales y forenses, de la documental anexada, se acredita sin lugar a dudas, la materialidad del suceso y la autoría responsable de L. , en las circunstancias de tiempo, modo y lugar antes reseñadas, según relato del Fiscal General, suceso ese que declaro hecho definitivo de este proceso y del cual postulo la responsabilidad del enjuiciado. Mi voto.

Resta ahora evaluar la conducta recriminada al coimputado C. .

HECHO ENDILGADO AL IMPUTADO A R. E. C. .

Durante la etapa de investigación de los presentes autos, al imputado C. se le atribuyó en la indagatoria el hecho de que en “fecha 27 de abril del año 2007, aproximadamente a las 11:00 horas, fecha en que se desempeñaba como Ayte. de 3ra., prestando servicios como enfermero de guardia en el Servicio de Asistencia Médica de la Unidad N° 9 del S.P.F., insertó

declaraciones históricamente falsas en el Libro de enfermería de dicho Servicio en las novedades correspondientes al

mencionado día, que consignan que el interno Agripino Rubio no

presentaba lesiones visibles el día y hora indicados al ser

examinado. Asimismo se le imputa haber omitido denunciar las agresiones recibidas por Agripino Rubio y que le produjeron las lesiones que presentaba el 27/04/07 a las 11:00 horas, obligación a su cargo en virtud de lo preceptuado por el Art. 177 CPPN, en su doble carácter de funcionario público y auxiliar de la salud” (cfr. Fs. 197/201 y copias obrantes a fs.493/94).

Durante la audiencia de debate no se prestó al acto indagatorio, ordenándose la incorporación por lectura de su declaración prestada ante el Juzgado Federal de fs. 200/201, quedando incorporada la misma omitiendo su transcripción por evidentes razones de economía procesal.

En los alegatos finales, el Sr. Fiscal General consideró inexistentes probanzas en la causa que acreditaran el hecho atribuido al incuso C. de forma concluyente y fuera de toda duda razonable. Por tal razón, se abstuvo de acusar, solicitando la absolución del imputado en aplicación del art. 3° del CPPN.

Visto entonces el requerimiento de absolución formulado por el Dr. GARCÍA LOIS, el que aparece suficientemente fundado al reclamar la absolución del encartado, entiendo operada en autos la pérdida de jurisdicción de este organismo en relación al hecho sometido a debate, por haber declinado el acusador la facultad de perseguir penalmente a RAUL E. C. en el caso concreto (arts. 3, 65, 69, 393 y concordantes del código adjetivo; 18 y 120 de la Constitución Nacional).

Este escenario invalida toda intervención jurisdiccional por expresa manda constitucional (conf. art. 18 C.N.), tema sobre el cual la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que:”El Tribunal no puede condenar si el fiscal, durante el debate, solicitó la absolución del imputado” (Fallos 320:1891) y que “En materia criminal la garantía consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales” (Fallos 325:2019 y 318:1234).

Esta doctrina emana de los precedentes “TARIFEÑO” (Fallos 325:2019); “GARCIA” (Fallos 317:2043); “CATTONAR” (Fallos 318:1234); “CASERES” (Fallos 320:1891); y “MOSTACCIO” (Fallos 327:120); y es la que considero aplicable al caso que me ocupa, a fin de salvaguardar el debido proceso legal y el mayor ejercicio del derecho de defensa del imputado.

En el mismo sentido, resolvió este Tribunal en los autos “ALONSO” (Sentencia N° 12/2013); “AYBAR” (Sentencia N° 30/2013); “BUSTOS-NAVARRO” (Sentencia N° 35/2013) y “CAMPOS – RÍOS” (Sentencia N° 28/2014) entre otras.

En ese lineamiento y ante la falta de acusación fiscal, María Angélica GELLI en su comentario al art. 18 de la CN, expresa que: “El principio constitucional de la defensa en

juicio de la persona y los derechos requiere, en materia penal, la pertinente acusación previa a la condena” y que: “La

exigencia de acusación, como forma sustancial de todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin

que tal requisito contenga distingo alguno respecto de quien la formula” -comentario art. 120- , (María Angélica GELLI,

Constitución de la Nación Argentina -Com entada y Concordada-, p.320 y 585, Tomo I y II, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2011).

En ese sentido y por los motivos antes expuestos, a fin de resguardar los principios y garantías que pesan sobre el

encartado, propongo al cuerpo que lidero absolver a R. E. C. por los hechos por los que fuera requerido a

juicio atento a la falta de acusación fiscal, libre de

imposición de costas. (Art. 3, 402, 530 y 531 C.P.P.N.; Art. 18 C.N.). MI VOTO.

El Dr. ARMANDO M.MARQUEZ dijo:

Por compartir los fundamentos del primer voto, presto mi

adhesión al mismo.

El Dr. EUGENIO KROM dijo:

Que coincido con el detallado análisis efectuado por el colega

del primer voto, adhiriendo al mismo.

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué calificación legal cabe asignarle?

El Dr. ORLANDO A. COSCIA dijo:

Conforme fuera resuelto el primer interrogante, corresponde aquí establecer qué calificación legal cabe asignarle al hecho atribuido al imputado J. C. L. .

En su alegato final el Sr. Fiscal General subrogante Dr. GARCÍA LOIS, consideró que el hecho traído a debate debía encuadrarse como “vejaciones” (art. 144 bis inc. 3° CP) en concurso ideal con el delito de lesiones leves (art. 89 CP). Esto en defecto de la calificación de “apremios ilegales” en concurso ideal con lesiones leves tal como había sido tipificado el hecho en el requerimiento de elevación a juicio (art. 144 bis inc. 3° del CP, cfr. Fs. 307/12).

Para decidir esa modificación sostuvo que el término “apremios ilegales” implica actos infringidos con el designio que la víctima haga o deje de hacer algo; supuesto que consideró no comprobado en el caso en estudio. Decía justamente que los golpes fueron ocasionados como consecuencia de la falta de Rubio (no estar afeitado), como “correctivo ilegal”. Así consideró que la imposición de vejaciones resulta ser el encuadre típico que mejor se ajusta a los hechos ventilados (cfr. Art. 144 bis inc. 3° del CP).

Por contrapartida, el titular de la Defensa Pública Oficial Dr. Nicolás GARCÍA interpretó que la modificación del encuadre legal era sorpresiva violentando el principio de congruencia procesal y, a partir de éste, el derecho de defensa de su asistido. Continuó su razonamiento diciendo que para acreditar la comisión del delito de imponer vejaciones, debe probarse la humillación sufrida por la víctima, o cualquier otra forma de lesionar el bien jurídico libertad, protegido por la norma.Insistió en que esto no fue debidamente acreditado en autos, motivo por el cual no puede condenarse a su asistido por ese delito; subsistiendo -en todo caso- el delito de lesiones leves, que, según argumentó, se encontraría prescripto. En subsidio, solicitó se declarara la insubsistencia de la acción penal por las lesiones leves en función de haberse vencido el plazo razonable. En consecuencia, solicitó la absolución de su defendido.

Planteada la cuestión, me abocaré en primer lugar a tratar los argumentos vertidos por el Sr. Defensor Oficial.

Del análisis de la primera declaración indagatoria de J. C. L. (fs. 195/96), el procesamiento (fs. 255-I/61), su confirmación parcial por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Gral. Roca (fs. 279/vta.) y el requerimiento de elevación a juicio (fs. 307/12), se desprende que el hecho imputado al nombrado se mantuvo incólume en cada uno de esos actos.

En consecuencia, afirmo fuera de toda duda razonable, luego de efectuado el concienzudo repaso del conjunto de hechos históricos fijados (indagatorias, procesamiento, requisitoria, auto de elevación a juicio, y acusación en debate) que “. fácticamente hay homogeneidad entre la imputación efectuada en la instancia de investigación y aquella que fuera objeto de requerimiento de elevación a juicio por parte del fiscal.”. (CCFP, Sala II, 2008/11/04, autos “HUVILLER, Héctor A.”, del voto del Sr. Juez Guillermo J. Yacobucci).

La modificación del tipo de “apremios ilegales” hacia “vejaciones” carece de entidad suficiente para afectar el principio de congruencia, ya que no ha colocado en crisis el relato de los hechos históricos impuestos al encartado. En este sentido, este Tribunal tuvo oportunidad de expedirse sobre el tópico en autos “NACIMIENTO” (Expte. N° 820 – F° 100 – Año 2012) cuando se dijo que “También, desde hace mucho tiempo se viene insistiendo, que entre la acusación intimada (originaria o ampliada) y la sentencia debe existir correlación con el episodio histórico recreado.Extremo que impedirá, sin mayor hesitación, el dictado de una sentencia de condena por un evento diverso de aquel anunciado como imputación formulada (“ne est iudex utra petita partium”; ver “Derecho Procesal Penal”, R. W. ABALOS, t. 3, pág. 345 y ssgts.). Desde ese lugar de análisis ha insistido la doctrina en asegurar que ‘son requisitos de una sentencia válida la indagatoria, el procesamiento, la requisitoria de elevación a juicio y la correlación entre esta última y la condena’ (op. cit AVALOS). De allí que la labor sentenciante debe preservar como norte del contradictorio el eje construido entre la requisitoria de remisión a juicio y la solicitud de condena efectuada por el Ministerio Fiscal en debate. La sentencia habrá de explicar y describir los hechos objeto de subsunción legal, so riesgo en caso de así no hacerlo, de crear una norma para el caso concreto sin correlación con el suceso histórico preestablecido por la investigación (.).” (Sentencia N° 43/2013).

De ello se desprende que la actual postulación fiscal no constituyó una modificación de la plataforma acusatoria con virtualidad para afectar el principio de congruencia, sino tan solo una asignación de significado jurídico legal a la misma conducta dentro del mismo tipo penal.

Así resuelta de manera negativa la pretensión del Sr. Defensor Oficial, corresponde ingresar al análisis de las otras temáticas propuestas al decisorio.

Repasando lo expresado he tenido por acreditado en el acápite precedente el suceso enrostrado a L. , que tuviera como víctima al interno Rubio. Conducta calificada por el representante del Ministerio Público Fiscal en su alegato final como constitutiva del delito de vejaciones que concurren con lesiones leves (art. 144 bis, inc. 3°; 89 y 54 del CP).

En la tarea de asignar significado jurídico legal final al caso, creo necesario realizar algunas consideraciones explicadas por la mejor doctrina.

En este sentido, D’Alessio afirma que “(.) para Donna, vejar significa tanto como molestar, perseguir, maltratar o hacer padecer a una persona. Toda vejación, que puede ser física o moral, es ilegítima.Un acto de estas características es antirreglamentario, de acuerdo con el Art. 18 de la Constitución Nacional. La ley se refiere a todo trato humillante que mortifique moralmente a la persona, atacando su sentimiento de dignidad o al respeto que merece como tal y con el que espera ser tratada. Para Soler, un insulto proferido a un preso constituye una vejación. La jurisprudencia ha entendido que el vejamen puede ser físico y que es un fin en sí mismo, encaminado a producir la humillación o denigración de la víctima; el acto vejatorio se endereza a mortificar moralmente a quien lo sufre e importa un menoscabo a la dignidad de la persona contra la cual se dirige, sin que resulte relevante el móvil que lo haya guiado” (D’Alessio, Andrés J., Director; “Código Penal de la Nación comentado y anotado”; La Ley; Bs. As.; 2011; Tomo II, págs. 427/28).

En el mismo sentido, los autores Tarrio y Huarte Petite sostienen que “(.) vejar es humillar a una persona. Se trata de un agravio de carácter moral, si bien puede exteriorizarse a través de actos físicos (por ejemplo, golpes, cachetadas aplicadas a una persona, hacerla andar desnuda, obligarla a

cierto tipo de ejercicios o carreras, insultarla, ridiculizarla). En cambio con los apremios, que pueden

desarrollarse a través de iguales medios físicos o morales, se busca una finalidad especial, lo que marca la principal diferencia con las vejaciones. El objeto buscado es obtener una confesión, el retiro de una denuncia, algún dato para el esclarecimiento del hecho. En conclusión, se veja para

humillar, avergonzar o agraviar. La vejación constituye un fin en si misma (.) Los apremios son medios para un fin: lograr

algo de la víctima. A su vez, el adjetivo legal que califica el apremio pone de manifiesto que ciertas medidas de carácter apremiante son legales (.). Pero esas medidas legales se convierten en ilegales cuando no están justificadas de hecho.” (Tarrio, Mario C.; Huarte Petite, Alberto J.; “Torturas, detenciones y apremios ilegales”; Ed. Lerner; Bs. As.; Pág.62/63)

A partir de esta distinción conceptual se colige que mediante los apremios ilegales se pretende compeler a la víctima para que haga, diga o se abstenga de hacer o decir algo; mientras que las vejaciones constituyen un fin en sí mismas, afectando primariamente la dignidad de la persona para luego, a todo evento, involucrar su incolumnidad física.

Y aquí quiero detenerme en algunas cuestiones que considero de mucho interés plasmar para el tema decidendum y cuanta implicancia del mismo se deriva.

En este sentido, del relato de RUBIO, BLANCO, CÁCERES, CABRAL PEREZ y DE LOS SANTOS, se advirtió que el trato denigrante al interno formaba en ese tiempo parte de un estilo

relacional violento y por ende “normalizado” del agente

penitenciario al detenido. Algo similar a cuanto ocurre con la “violencia doméstica o de género” normalizada en la retina familiar y que así aparece en los relatos que la práctica

forense nos muestra.

La habitualidad de “cachetadas” o “toques”, como se les

llama en la jerga carcelaria según nos ilustrara el juicio, grafican con solvencia el constante -y por cierto trágico- proceso de humillación al que era sometido el interno. Denigración internalizada en las personas privadas de libertad, claro está ante la ilegal propuesta del uniformado. Recuérdese que al decir de RUBIO estos actos eran parte del “verdugueo permanente.”, pero según quiso dar a entender al p lenario la víctima, este evento había transcendido lo que era común y

soportable en la Unidad 9 de ese tiempo.

Visto el escenario desde un lugar criminológico, dicho esto con humildad y respeto por esa ciencia, cuanto arriba se expone, grafica el fenómeno de “naturalización de la violencia institucional” sin otra explicación posible. Todo una vergüenza, todo una tragedia, toda una falta de Estado en un

tema tan sensible e importante como es la custodia de personas

privadas de libertad.

Por otro lado y volviendo al tema convocante, este delito requiere condiciones propias y especiales en los sujetos

activos y pasivos.Quedó acreditado en autos, tanto la condición de funcionario público de L. -empleado del SPF, en ejercicio de funciones-, como la calidad de Rubio detenido

alojado en ese sistema penitenciario Federal al momento del hecho, a disposición de juez competente.

Por último, y con relación a las lesiones leves se ha dicho que “(.) Se considera que lesiona quien causa un daño en el cuerpo o en la salud de otro, es decir que altera la estructura física o menoscaba el funcionamiento del organismo del sujeto pasivo” (D’Alessio, Andrés J.; Ob. Cit.; Tomo II, pág. 76). Dicha circunstancia fue debidamente acreditada en la presente, como se analizó al tratar la primera cuestión traída a deliberación.

Por los motivos expuestos, coincido con la calificación legal propuesta por el Dr. GARCÍA LOIS. De esta manera, propongo al acuerdo que los hechos endilgados a J. C. L. sean calificados como imposición de vejaciones en concurso ideal con lesiones leves en calidad de autor (cfr. Art. 45, 54, 144 bis inc. 3° y Art. 89 del CP).

Finalmente, entiendo que los fundamentos desarrollados y temperamento que se propone al Acuerdo que lidero, por su derivación lógica, resultan suficientes para dar por rechazados los restantes planteos arrimados por el Defensor de Oficio en su alegato. MI VOTO.

El Dr. ARMANDO MARIO MARQUEZ dijo:

Arribo a igual conclusión que el Sr. Juez de primer voto, prestando mi adhesión.

El Dr. EUGENIO KROM dijo:

Que por coincidir sustancialmente con las consideraciones desarrolladas en el voto del magistrado que lidera el acuerdo, adhiero a la solución propuesta para esta temática.

TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué sanción le corresponde; debe cargar con las costas procesales?

El Dr. Orlando COSCIA dijo:

El Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición a J. C. L. de una pena de dos (2) años de prisión de ejecución condicional, la inhabilitación especial prevista en el art. 20 bis del CP y las costas del proceso.Asimismo, solicitó se remitan testimonios a la Fiscalía Federal de Primera Instancia a fin de que se investigue el delito de falso testimonio en el que habría incurrido el testigo CÁCERES.

Habiendo sido comprobado el hecho imputado y determinada su calificación legal, me abocaré al análisis de las sanciones a aplicar al imputado L. , conforme los parámetros mensurativos de los artículos 40 y 41 del Código Penal y los principios Constitucionales, todo según pedimento del Sr. Fiscal General.

La determinación del quantum de la sanción penal a aplicar a una persona es una tarea sumamente delicada. En este sentido, he sostenido que “De tal suerte, es incuestionable que la sanción no puede abandonar carriles de racionalidad y necesidad. Lo primero, por imperio de la Constitución Nacional (art. 1°) que no deja exento al acto Judicial como expresión de gestión pública del respeto a la ley superior al exigirle ‘fundamentación’ en el dictado de los actos de gobierno. Lo segundo, porque cualquier alternativa contraria reingresaría y autorizaría en el sistema penal a la ‘venganza’ como fundamento de una eventual sanción.” (Coscia, Orlando A.; Colección “Conferencias y ensayos”. Pena natural. Opúsculo para su entendimiento en el ámbito de la Ley Penal; PubliFadecs; Gral. Roca, 2001; pág. 13).

Sobre el principio de proporcionalidad de las penas, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: “. la proporcionalidad de la pena no puede resolverse en fórmulas matemáticas sino que sólo exige un mínimo de razonabilidad para que la conminación pueda ser aceptada en un estado de derecho.” (CSJN, causa 6491, “Pupelis, María Cristina y otros s/robo a con armas”, rta. El 14/05/91).

Asimismo, rige en nuestro ordenamiento legal el principio de humanidad de las penas, según el cual estas no pueden ser crueles, ni degradantes, ni pueden trascender la lesión del acto, es decir, deben ser racionales (cfr. arts. XXVI de la D.A.D.H.; art. 10 del PIDCyP; art. 5.1 de la CADH; cfr.Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).

Dicho esto y a fin de definir la sanción penal a aplicar a J. C. L. , tengo en cuenta como atenuantes, su formación y extracción socio cultural; los informes de abono (fs. 294/96 y 517/20); su edad; su condición de padre de familia y, no con menor importancia, el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho y dictado de la presente sentencia. En particular, mensuro la falta de antecedentes penales (fs. 362, 508 y 533), y el hecho de haberse mantenido siempre a

derecho a lo largo del proceso.

En sentido adverso valoro como agravantes la naturaleza, modalidad y grado de afectación al bien jurídico tutelado.

En función de lo expuesto y en consideración de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, racionalidad, humanidad y trascendencia mínima de las penas, resulta ajustado a derecho imponer a J. C. L. la PENA de UN (1) AÑO y SEIS (6) MESES de PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, INHABILITACIÓN ESPECIAL para ejercer cargos públicos por TRES (3) AÑOS y las costas del proceso, en virtud de los delitos por los que está siendo juzgado (arts. 26, 27, 27 bis, 45, 54, 89, 144 bis inc. 3 del CP; arts. 530, 531, 533 del CPPN; todos con sus concordantes y afines).

Teniendo en cuenta las circunstancias referidas, entiendo que la modalidad de ejecución condicional de la condena solicitada por el Dr. GARCÍA LOIS es apropiada. Ello, a fin de evitar exponer a J. C. L. al riesgo del encierro por corto tiempo. A la vez es de esperar que la pena funcione como advertencia para apartarlo de un futuro accionar delictivo.

En consecuencia, deberá dar cumplimiento a las siguientes reglas de conducta por un el término de DOS (2) AÑOS:1) Fijar domicilio e informar cualquier cambio al tribunal; 2) Prestar trabajos gratuitos a favor de la comunidad, en entidad a proponer por el enjuiciado, en días, horarios y tareas a convenir con el responsable de la institución seleccionada, por el término de dos (2) años y en un total de 100 (cien) horas, con obligación de adjuntar constancias de cumplimiento al señor juez de ejecución penal; y 3) Someterse al cuidado y fiscalización de la Dirección de Población Judicializada. Ello, bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena otorgada, conforme el art. 27 bis del Código Penal.

En cuanto a la pena de inhabilitación prevista en el art. 20 bis del CP que fue solicitada por el Sr. Fiscal General, diré que su aplicación no corresponde. Ello, en tanto la propia letra del Código de fondo indica que procede cuando esa clase de pena no estuviera expresamente prevista en el tipo legal (art. 20 bis primer párr.).

En este caso el mismo art. 144 bis CP prevé explícitamente la pena de inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Proceder conforme la solicitud del Sr. Fiscal implicaría en este caso, la imposición de una doble inhabilitación, mixturación no autorizada por la ley de fondo e interpretación de doctrina. Por lo tanto, se procederá la imposición de la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos prevista en el Art. 144 bis del CP, desechándose la prevista en el art. 20 bis del C.P.

Finalmente, en cuanto a la remisión de las actuaciones correspondientes para que se investigue el delito de falso testimonio que habría incurrido R. Omar CÁCERES, diré que no advierto la contradicción que señala el Sr. Fiscal General.

El testigo reiteró ante el plenario que luego que Rubio fuera apartado de la fila escuchó ruidos, tal y como lo había afirmado al prestar declaración testimonial ante la Fiscalía de Primera Instancia a fs. 84.Lo que el Fiscal entiende como una falsedad en su relato, en realidad no lo es. Puesto que se trata de apreciaciones que realiza el testigo a partir de los ruidos escuchados, no puede sostenerse y menos aún configurarse falsedad testimonial sobre dichas conjeturas.

No advierto, en consecuencia, que R. Omar CÁCERES haya

incurrido en contradicciones que ameriten la remisión de testimonios al Ministerio Público Fiscal. De esta manera, propongo al acuerdo no hacer lugar a dicho pedido del Dr. GARCÍA LOIS. MI VOTO.

El Dr. ARMANDO MARIO MÁRQUEZ dijo:

Que comparto los fundamentos expuestos por el colega que

lidera el acuerdo, por lo que adhiero a su voto.

El Dr. EUGENIO KROM dijo:

Que por coincidir sustancialmente con las consideraciones desarrolladas en el voto del magistrado que lidera el acuerdo, adhiero a la solución propuesta para esta temática.

Por todo lo expuesto, luego de cumplidas las etapas procesales pertinentes y conforme lo que resulta de la votación efectuada, por unanimidad el

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE NEUQUEN

FALLA:

PRIMERO: CONDENAR a J. C. L. , de nacionalidad

argentina, titular del DNI dHHHH de demás condiciones personales obrantes en autos; por ser autor penalmente responsable de los delitos de imposición de vejaciones en concurso ideal con lesiones leves por los que fuera acusado y que tuviera como víctima al Sr. Agripino Rubio, a la PENA de UN (1) AÑO y SEIS (6) MESES de PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, la INHABILITACIÓN ESPECIAL para ejercer cargos públicos por TRES (3) AÑOS y las costas del proceso (arts. 26, 27, 27 bis, 45, 54, 89, 144 bis inc. 3 del CP; arts. 530, 531, 533 del

CPPN; todos con sus concordantes y afines).

SEGUNDO: IMPONER a J. C. L. por el plazo de DOS (2) AÑOS las siguientes reglas de conducta:1) Fijar domicilio e in formar cualquier cambio al tribunal; 2) Prestar trabajos gratuitos a favor de la comunidad, en entidad a proponer por el enjuiciado, en días, horarios y tareas a convenir con el responsable de la institución seleccionada, por el término de dos (2) años y en un total de 100 (cien) horas, con obligación de adjuntar constancias de cumplimiento al señor juez de ejecución penal; y 3) Someterse al cuidado y fiscalización de la Dirección de Población Judicializada.

TERCERO: HACER SABER a J. C. L. que en caso de no dar cumplimiento a las reglas consignadas en el punto segundo, se revocará la condicionalidad de la pena otorgada, conforme el art. 27 bis del Código Penal.

CUARTO: ABSOLVER de culpa y cargo a RAUL E. C. , de

nacionalidad argentina, titular del DNI de demás

condiciones personales obrantes en autos, en orden a los delitos previstos de falsedad ideológica y omisión de denuncia en concurso material entre sí (Arts. 55, 293 y 277 ap. 1, inc. d, con el agravante del inc. 3° “d”, todos del CP) por los que fuera acusado, por falta de acusación fiscal, sin costas (arts. 3, 402, y 530 del CPPN).

QUINTO: Regístrese, notifíquese. Firme que sea el fallo

practíquense las comunicaciones de rigor, comuníquese al Servicio Penitenciario Federal, y remítase al Juez de Ejecución Penal. Oportunamente archívese la causa.

Ante mi:

Dr. Víctor H. CERRUTI

Secretario T.O.C.F. NEUQUEN

NOTA: El Dr. Eugenio KROM no firma por encontrarse en uso de licencia por compensación de feria judicial, habiendo participado de la deliberación (arg. art. 14 Acordada N° 34/77 CSJN, art. 109 del R.J.N. y art. 399 segundo párrafo CPPN). CONSTE.-

Dr. Víctor H. CERRUTI

Secretario T.O.C.F. NEUQUEN

REGISTRADO BAJO N° /14

SENTENCIAS

Dr. Víctor H. CERRUTI

Secretario T.O.C.F. NEUQUEN

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