Responsabilidad del Estado provincial por las lesiones sufridas por una alumna de una escuela pública durante el recreo.

shutterstock_246359869Partes: L. V. A. c/ Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ ordinario – otros

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: Septima norminacion

Fecha: 21-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-90111-AR | MJJ90111 | MJJ90111

Responsabilidad del Estado provincial por las lesiones sufridas por una alumna de una escuela pública durante el recreo. 

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que condenó al Estado provincial por las lesiones sufridas por una alumna de una escuela pública durante el recreo, pues es claro que la travesura de un niño no es algo absolutamente imprevisible, por el contrario, es usual que ello suceda; además, en las condiciones en que ocurrió tampoco era inevitable e insuperable de haberse adoptado las diligencias apropiadas a las circunstancias del caso, alertando o vedando la utilización de la escalera por el riesgo que ello significaba.

2.-Resulta inadmisible el argumento según el cual la indisciplina de un compañerito de la víctima es un hecho inevitable e imprevisible, en tanto no refuta el desarrollo del magistrado en cuanto refiere al deber vigilancia de las autoridades, docentes, auxiliares entre otros para evitar actos de indisciplina, y con mayor razón en horas de recreo.

3.-La ley no considera a la educación como una actividad riesgosa ni peligrosa, sino que impone a quien presta el servicio de modo organizado (sea un ente público o privado), el deber de prestarlo sin producir daños; así, el establecimiento educacional es garantía de todo lo que le sucede al alumno y de todo lo que hace allí, mientras esté bajo la autoridad educativa, salvo la prueba del caso fortuito.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil catorce, siendo las 11:00horas, se reúnen en acuerdo público los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación Dres. María Rosa Molina de Caminal, Jorge Miguel Flores y Rubén Atilio Remigio bajo la presidencia de la primera de los nombrados y en presencia de la Secretaria autorizante, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados “L., V. A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – ORDINARIO – OTROS” (Expte. 2552037/36)venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de Alta Gracia, en los que por Sentencia Número Uno de fecha Tres de Febrero de Dos Mil Catorce (fs.369/389), se resolvió: “1) Acoger la demanda incoada por los Sres. L. A. L. y E. M. R. en nombre y representación de su hija menor de edad V. A. L. en contra del Gobierno de la Provincia de Córdoba a abonar a los primeros nombrados en la forma y alcances previstos en el Considerando la suma de pesos doscientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y dos con cincuenta y seis ($247.862,56) en concepto de pérdida de chance futura; la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500) en concepto de daño emergente; la suma de pesos once mil cien ($11.100) por gastos de cirugía estética reparadora y la suma de pesos veinticinco mil ($25.000) en concepto de daño moral, todo con más sus intereses respectivos a calcular a la tasa y del modo dispuesto en el respectivo considerando. 2) Imponer las costas al demandado, Gobierno de la Provincia de Córdoba por resultar vencida (art. 130 CPCC), regulando los honorarios profesionales del Dr.Federico Javier Bossi en la suma de ($.) de los peritos intervinientes José Luis Moretti Médico especialista en Cirugía plástica, Carlos Eleazar Garzón Perito Médico Psiquiatra, y perito Francisco Alberto Hampartzounian Médico Especialista en Medicina Laboral y en ortopedia y Traumatología en la suma de ($.). Al Ingeniero José Esteban García especialista en Higiene y Seguridad del Trabajo en la suma de pesos seis mil setecientos noventa con ochenta ($6790,80). PROTOCOLÍCESE y HÁGASE SABER

Previa espera de ley el Tribunal se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

1.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto? 2.-¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.De acuerdo al sorteo de ley practicado el orden de emisión de los votos es el siguiente: Dres.Jorge Miguel Flores, Rubén Atilio Remigio y María Rosa Molina.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. JORGE MIGUEL FLORES, DIJO:

1.- La sentencia de primera instancia declara la responsabilidad del establecimiento educativo perteneciente al Estado Provincial por la lesión sufrida por V. A. L. , alumna del primer año del nivel secundario del IPEM Nº 97 INDEPENDENCIA de la ciudad de Alta Gracia, en oportunidad de que al intentar bajar una pequeña escalera es desestabilizada (empujada y se le pone la traba) por otro alumno asistente del establecimiento; hecho que provocó los daños que se condenan a pagar.

2.- La parte demandada se agravia en virtud de que el a-quo ha rechazado el “caso fortuito” alegado por ella, señalando el error en la apreciación de los hechos dado que la indisciplina de un compañerito de la niña -según dice- es inevitable e imprevisible; agregando, que aun cuando existiera una autoridad para cada alumno en un recreo, es imposible impedir que uno de ellos cometa una travesura como la sucedida. Sintetizado en esos términos el único agravio de la demandada, no es ocioso resaltar el correcto encuadre que realiza el fallo con relación al carácter de la responsabilidad impuesta por la norma contenida en el art. 1117 CC (modif.por ley 24.830) que vino a regular un caso de responsabilidad objetiva, creando una garantía fundada en el riesgo de empresa. No es que la ley considera a la educación como una actividad riesgosa ni peligrosa, sino que la ley impone a quien presta el servicio de modo organizado (sea un ente público o privado), el deber de prestarlo sin producir daños. Así, el establecimiento educacional es garantía de todo lo que le sucede al alumno y de todo lo que hace el alumno allí, mientras esté bajo la autoridad educativa, salvo la prueba del caso fortuito. En efecto, la nueva redacción del art. 1117 sólo menciona el caso fortuito como causa eximente. Y en ese sentido no cabe al órgano jurisdiccional ingresar en el debate sobre la bondad de un sistema de eximente excesivamente hermético, donde el establecimiento educativo parece responder por todo, aun por aquellos acontecimientos que entran en el regular desarrollo de la vida escolar. Esa discusión es ajena a la función decisoria de los jueces quienes deben someterse a la ley. De tal modo, sólo nos queda remitirnos a determinar si en la configuración del hecho lesivo materia del presente juicio, actuó como desencadenante causal el caso fortuito -única causa de exención de responsabilidad del establecimiento escolar-. Como primera medida es interesante poner de manifiesto que la demandada se limita en esta sede a denunciar su desacuerdo contra la conclusión de la sentencia en base a un razonamiento o deducción bastante simple, cual es, que la indisciplina de un compañerito de la víctima es un hecho inevitable e imprevisible. Con esa base, es claro que la expresión de agravios padece de insuficiencia técnica al no refutar el desarrollo del magistrado en cuanto refiere al deber vigilancia de las autoridades, docentes, auxiliares entre otros para evitar actos de indisciplina; y con mayor razón en horas de recreo. De ello nada señala ni refuta. No obstante he de señalar lo siguiente:el C.C. (en el art.514) define el caso fortuito como aquél que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse; y es claro que la travesura de un niño (en el recreo) no es algo absolutamente imprevisible, por el contrario, es usual que ello suceda; además, en las condiciones en que ocurrió puede decirse que tampoco era inevitable e insuperable de haberse adoptado las diligencias apropiadas a las circunstancias del caso alertando o vedando la utilización de la escalera por el riesgo que ello significaba. Sin orden ni vigilancia la educación es imposible de concretarse. Justamente, el titular del establecimiento educativo, que aduce el caso fortuito como eximente (conforme el art. 1117 CC), es quién debía probar la existencia de ese hecho y que reúne los caracteres mencionados. En todo caso, al ser una excepción dentro de la norma, en caso de existir dudas sobre si estamos en presencia de un caso fortuito o no, se debe mantener la responsabilidad del propietario del establecimiento. A título meramente ilustrativo, resulta de toda utilidad remitir a la reseña jurisprudencial que se observa en LL 2010-E-15, donde el autor describe un sinnúmero de pronunciamientos que descartan considerar como caso fortuito a varios infortunios que suceden en los colegios con frecuencia por ser los riesgos propios de la actividad educativa, se mencionan: caídas de alumnos al correr, juegos bruscos en los patios de colegios, juegos que se desarrollan en las aulas aun estando de recreo, las heridas producidas por los alumnos al arrojarse objetos contundentes, entre otros; destacándose, como corolario, que “cuando los padres transmiten provisoriamente la guarda a las autoridades escolares lo hacen en función de entregarles el cuidado y contralor de los menores.Al quedar bajo la autoridad educativa, la vigilancia está en su dirección y aquellos depositan la seguridad en la confianza que da toda institución educativa”. Y, más allá de que la demandada -como decía supra- no ha producido ninguna prueba para obtener la liberación de responsabilidad por el caso fortuito, el fallo también sustenta la responsabilidad en las falencias de las escaleras 1, 2 y 3 del Edificio, provisorias y de precaria construcción, que las tornan inseguras (art. 1113), remitiéndose a la pericia técnica sobre Higiene y Seguridad obrante a fs. 273 (llevada a cabo por el Ingeniero José Esteban García). La falta de crítica o embate contra este segundo fundamento de la decisión de responsabilidad, cierra toda posibilidad revocatoria al respecto, por tratarse de un fundamento autónomo que por sí sostiene la decisión de responsabilidad. Consecuentemente, me pronuncio en sentido negativo al interrogante que inquiere sobre la procedencia del recurso de apelación de la parte demandada.

3.- Concerniente a la apelación adhesiva deducida por la parte actora, considero que la misma debe ser atendida. La queja esta circunscripta al rechazo de la pretensión por resarcimiento de los gastos destinados al tratamiento psicológico, indicando que la decisión responde a un yerro de las consultas de la causa por parte de la Juez, dado que en la ampliación de la pericia a fs. 261 se dictamina en relación a la necesidad y costo del tratamiento psiquiátrico. Efectivamente, de la pieza indicada como de la pericia de fs. 247/252, se sigue la necesidad del tratamiento psicoterapéutico, con medicación por persona experta es decir, con título habilitante, con psicofármacos eventuales a razón de una (1) sesión por semana durante un año, con costo aproximado a los ocho mil pesos.De tal guisa corresponde ampliar la condena por la suma indicada, con más intereses a computarse desde la fecha del siniestro, pues si bien es cierto que se alude a gastos patrimoniales indirectos futuros, no es menos cierto que la pericia vino a determinar -simplemente- el costo de un tratamiento terapéutico que debió llevarse a cabo a partir del mismo momento del hecho lesivo; allí comenzó a repercutir en la personalidad de la afectada, circunstancia que -según el propio sentido común indica- exigía un tratamiento terapéutico inmediato, aun cuando la pericia refiera a pagos por tratamientos a realizar (al no haberse -a esa fecha- efectuado terapia alguna). El hecho de que no se haya reali zado aún el tratamiento, no autoriza a considerar que la demora en el resarcimiento surge a partir de la pericia o de la sentencia; sería confundir determinación del daño con su exigibilidad. Se trata entonces de un daño cierto y determinado desde el mismo momento de la afectación lesiva. Voto por el acogimiento de este recurso, con costas por su orden en atención al reconocimiento expreso de la demandada al yerro cometido por el Tribunal de primera instancia. Así, adviértase que la materia de la apelación adhesiva se origina en un error del tribunal, sin que la apelada haya adoptado resistencia alguna a la pretensión de su contraria. Y si bien es cierto que por encontrarse en mora respecto de la obligación principal perseguida en el juicio no merece exoneración de costas, debiendo considerarse culpable de la reclamación judicial, no es menos que se ha juzgado que dicha interpretación no puede hacerse extensiva a la alzada donde la culpa se juzga de modo autónomo en estricta vinculación con la promoción y sustanciación de la demanda recursiva (v. L.L. 1999 – D-807, J.Agrupada, caso 14.051). Esto así, y siendo que la apelada no ha dado motivo alguno para la interposición del recurso de apelación de la parte actora, desde que la omisión de pronunciamiento no es imputable a su parte, corresponde establecer las costas por su orden.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL, DR. RUBÉN ATILIO REMIGIO, DIJO:

Adhiero al voto precedente de mi estimado y distinguido Colega, con la siguiente salvedad:

La posición del demandado en todo el pleito (primera y segunda instancia) ha sido por su irresponsabilidad civil, alegando caso fortuito, lo que es rechazado. Inclusive al contestar la demanda produjo una profusa negativa de todas y cada una de las alegaciones de la actora, obligándola así a litigar.

De tal guisa, el reconocimiento expreso de la demandada al yerro cometido por el Órgano Jursdiccional, refiere sólo a que “no advirtió la ampliación del informe obrante a fs. 261 de autos, porque de haberlo realizado es posible que hubiera resuelto el rubro de otra manera. De todas formas el Estado Provincial ha expresado agravios en autos que ratifico en todo su contenido, por lo que el rubro en cuestión no cambia en nada el cuestionamiento efectuado por el Estado Provincial” (fs. 427 vta.). Así las cosas, ésta sola circunstancia no es suficiente para eximirla de costas, atento su carácter de perdidosa (art. 130, C.P.C.). En efecto, reconoce el yerro del “a quo” solamente respecto a la omisión de valorar la ampliación del informe pericial pertinente, pero ratifica su postura respecto a la irresponsabilidad (la que a la postre no es de recibo) y es más, expresamente admite “que el rubro en cuestión no cambia en nada el cuestionamiento efectuado por el Estado Provincial”, por lo que debe cargar con las costas correspondientes.

Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:

LA SRA. VOCAL DRA. MARÍA ROSA MOLINA DE CAMINAL DIJO:

1.- Adhiero al voto del Sr. Vocal Dr. Jorge Miguel Flores, expidiéndome en idéntico sentido.

2.- Sobre el punto en que formula disidencia el Sr. Vocal Dr.Rubén Atilio Remigio, procedo a fundar mi voto (art. 382 CPC). En el subexamine vemos que la materia de agravio ha sido derivada de una omisión involuntaria del Tribunal, sin que la apelada haya generado la misma. La resistencia de la demandada obra fundada en su pretensión eximitoria por no haber sido -supuestamente- responsable del hecho, lo que motivara la imposición de costas por su recurso, rechazado. Ahora bien, en punto a la ampliación de informe de fs. 261, la demandada expresamente reconoce que se trató de un yerro. Y si bien es cierto que por encontrarse en mora respecto de la obligación principal perseguida en el juicio no merece exoneración de costas, debiendo considerarse culpable de la reclamación, no es menos que se ha juzgado que dicha interpretación no puede hacerse extensiva a la alzada donde la culpa se juzga de modo autónomo en estricta vinculación con la promoción y sustanciación de la demanda recursiva (v. L.L. 1999 – D-807, J. Agrupada, caso 14.051). Esto así, y siendo que la apelada no ha dado motivo alguno para la interposición del recurso de apelación, desde que la omisión de ponderación del informe ampliatorio no obedece a actos de su parte, corresponde establecer las costas por su orden por la apelación adhesiva.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. JORGE MIGUEL FLORES, DIJO:

Corresponde:

1.- Rechazar el recurso de apelación de la demandada, confirmando la declaración de responsabilidad en su contra; con costas, a cuyo fin se establecen los honorarios del Dr. Federico Javier Bossi, por los trabajos en la alzada, en el 36% del punto medio de la escala del art. 36 de la ley arancelaria vigente.

2.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por vía adhesiva por la parte actora, en consecuencia se dispone la ampliación de la condena por la suma de ocho mil pesos ($ 8.000) en concepto de gastos de tratamiento psicológico, con más los intereses moratorios a computarse desde la fecha del siniestro.Costas en la alzada por su orden en función del reconocimiento expreso de la contraria al yerro cometido por el órgano jurisdiccional.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL, DR. RUBÉN ATILIO REMIGIO, DIJO:

Dejando a salvo mi criterio expuesto al responder a la anterior cuestión, queda conformada la parte resolutiva, según mayoría (art. 382, C.P.C.).

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA.MARÍA ROSA MOLINA DE CAMINAL, DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribadas por el Sr. Vocal Dr. Jorge Miguel Flores, votando en consecuencia en idéntico sentido.

Por el resultado de la votación que antecede y por mayoría,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar el recurso de apelación de la demandada, confirmando la declaración de responsabilidad en su contra; con costas, a cuyo fin se establecen los honorarios del Dr. Federico Javier Bossi, por los trabajos en la alzada, en el 36% del punto medio de la escala del art. 36 de la ley arancelaria vigente.

2.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por vía adhesiva por la parte actora, en consecuencia se dispone la ampliación de la condena por la suma de ocho mil pesos ($ 8.000) en concepto de gastos de tratamiento psicológico, con más los intereses moratorios a computarse desde la fecha del siniestro. Costas en la alzada por su orden.

Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación firman los Sres. Vocales.

  1. Muy interesante la Sentencia expedida por el Tribunal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cordoba Argentina., en donde se hace justicia y condena a una Escuela Pública del Estado por las lesiones sufridas por una alumna en la hora de recreo., todo debido a la falta de control de las autoridades educativas; aunque en forma personal opino que también debió incluirse en la demanda a los padres del menor que originó la indisciplina.

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