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La prosecución del juicio ejecutivo aún en violación del fuero de atracción concursal, es una clara manifestación del interés del acreedor en interrumpir la prescripción del crédito

Derecho (2)Partes: Bellver Zambini Ricardo contra Aguazul S.A. s/ incidente de verificación tardía

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 5-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-89860-AR | MJJ89860 | MJJ89860

Se considera que la prosecución del juicio ejecutivo, aún en violación del fuero de atracción concursal, es una clara manifestación del interés del acreedor de interrumpir la prescripción del crédito.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto por la incidentista y revocar la sentencia que considera prescripto su crédito porque la prosecución del juicio ejecutivo demuestra un claro interés por parte del acreedor en mantener su crédito, al margen de la violación al fuero de atracción concursal.

2.-Debe considerarse que hay mala fe procesal por parte de la concursada cuando, a pesar de realizar diversas presentaciones en el juicio ejecutivo, planteó la prescripción de la verificación del actor por haber transcurrido dos años desde la apertura del concurso.

Fallo:

ACUERDO

En la ciudad de La Plata, a 5 de noviembre de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 110.222, «Bellver Zambini, Ricardo contra Aguazul S.A. Incidente de verificación tardía».

ANTECEDENTES

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata confirmó el fallo de primera instancia que admitió la excepción de prescripción opuesta por la concursada y, en consecuencia, rechazó el incidente de verificación tardía promovido por Ricardo Gabriel Bellver (fs. 268/272 y 329/333).

Se interpuso, por la apoderada del incidentista, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 346/354).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 14 del Departamento Judicial de Mar del Plata desestimó el incidente de verificación tardía iniciado por Ricardo Bellver Zambini contra la empresa concursada «Aguazul S.A.», por considerar que se encontraba prescripto el crédito insinuado en razón de haber transcurrido el plazo de dos años establecido por el art.

56 de la ley 24.522 (fs. 268/272).

Apelada esta resolución por el accionante, la Cámara del fuero departamental -Sala I-, confirmó dicha sentencia (fs. 329/333).

Frente a este pronunciamiento la apoderada del incidentista deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 346/354), en el que alega la violación de los arts.16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 3986 y 3989 del Código Civil y de la doctrina legal emanada de esta Suprema Corte (v. fs. 350/353 vta.).

II. El recurso prospera. a) En el caso, la parte actora expuso que el 19 de octubre de 2000 inició la ejecución del crédito reclamado a la concursada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose dictado sentencia el 6 de septiembre de 2001 (el 18 de octubre de 2001 se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra ese pronunciamiento). Luego, el 19 de febrero de 2002, «Aguazul S.A.» solicitó la aplicación de la ley 25.563, decretándose la suspensión del trámite del juicio ejecutivo (fs. 348).

El 13 de agosto del mismo año fue recibido en ese expediente, el oficio librado por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 14 del Departamento Judicial de Mar del Plata, informando que el 5 de junio de 2002 se había dispuesto la apertura del concurso preventivo de «Aguazul S.A.».

Durante el año siguiente -hasta el día 21 de noviembre de 2003- se continuaron realizando presentaciones en el juicio ejecutivo que tramita en la justicia nacional, con motivo del planteo de inconstitucionalidad de las normas de emergencia económica que fuera allí efectuado (fs. 348 vta./349 y 145/182).

(El 22 de mayo de 2003 se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 del decreto 214/2002 y en consecuencia, se dispuso llevar adelante la ejecución en dólares estadounidenses -v. fs.219/222-, decisión que fue apelada y cuyo memorial de agravios fue acompañado el 17 de noviembre de 2003). b) La recurrente considera que la sentencia de Cámara, al declarar la prescripción de la acción verificatoria por haberse cumplido el plazo bienal desde la solicitud de apertura del concurso preventivo (la presentación en concurso fue el 6-V-2002 y el incidente fue incoado el 2-VI-2004; fs. 330/332 vta.), vulnera los arts. 3986 y 3989 del Código Civil, así como la doctrina legal de este Tribunal que establece que la naturaleza del término que prevé el art. 56 de la ley 24.522 es de prescripción y que, por ende, el plazo puede ser suspendido o interrumpido (fs. 350 y ss.).

Asimismo, denuncia la infracción del criterio sentado en la causa «Reversat» (C. 93.969, sent. del 2-VII-2008; v. fs. 352 vta./353), donde se dijo que:

«. la prosecución -hasta su finalización- del proceso judicial individual mantenido entre insinuante y concursado, iniciado con anterioridad a la presentación de éste en concurso preventivo, importó la incuestionable intención del primero de avanzar en el reconocimiento del crédito invocado, y si bien ello implicó asimismo la manifiesta vulneración de la regla del fuero de atracción contenida en el art. 21 de la ley 24.522, más allá del análisis sobre la eficacia de los actos jurídicos procesales llevados a cabo ante el juez sobrevinientemente incompetente -cuestión ajena a la litis-, resulta inobjetable la aptitud de tales actos para mantener interrumpido el término de prescripción previsto en el art.

56 sexto párrafo de la ley 24.522 ., pues aún ante juez incompetente (art. 3986, Cód. Civil), o aún cuando la demanda fuere defectuosa o nula, demuestra su diligencia quien la interpone (nota de Vélez Sarsfield al art. 3986, Cód. Civil)». c) Al ponderar los hechos planteados en las presentes actuaciones y observar que los mismos guardan una gran semejanza con los tratados en la causa mencionada (C.93.969, «Reversat», cit.), entiendo que la doctrina legal invocada resulta aplicable en la especie y que, por lo tanto, el fallo atacado debe ser dejado sin efecto (art. 289, C.P.C.C.).

En efecto, la ejecución hipotecaria articulada por el incidentista fue iniciada antes de la apertura del concurso de «Aguazul S.A.» y, pese a que con posterioridad a la comunicación efectuada por el juez del concurso continuó el trámite del proceso ejecutivo en violación del fuero de atracción (art. 21, ley 24.522), lo cierto es que este proceder importa una clara manifestación de la voluntad de mantener interrumpido el curso de la prescripción (art. 3986 y su doctrina, Cód. Civil).

Tal conclusión es acorde además con la interpretación del instituto de la prescripción liberatoria, la que -como he indicado en otras oportunidades- debe ser de aplicación restrictiva, porque ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho (conf. mis votos en las causas Ac. 43.779, sent. del 2-X-1990, «Acuerdos y Sentencias», 1990- III-539; Ac. 58.776, sent. del 16-XII-1997, D.J.B.A. 154- 163; Ac. 92.457, sent. del 22-VIII-2007).

Añado también que no resulta posible soslayar -como advirtiera el doctor Pettigiani en la causa «Reversat» (C. 93.969, cit.)- que en el sub lite, luego de que la empresa «Aguazul S.A.» se presentara en concurso preventivo, su apoderado continuó realizando diversas presentaciones en el expediente de la ejecución hipotecaria (v. fotocopias certificadas de fs. 146, 149/151, 165 y 170/173, correspondientes a los autos «Bellver, Ricardo G. c/ Aguazul S.A. s/ ejecución hipotecaria»). Frente a tal conducta, desconocer la intención del señor Ricardo Gabriel Bellver de mantener vigente el reclamo del crédito constituye una circunstancia que se opone a la buena fe procesal (art. 34 inc. 5 ap. d., C.P.C.C.).

III.Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la sentencia que admitió la excepción de prescripción opuesta por la concursada, debiendo el tribunal de grado expedirse sobre la cuestión de fondo. Las costas se imponen a la concursada vencida (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Soria, Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la cuestión planteada también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada que admitió la excepción de prescripción opuesta por la concursada, debiendo el tribunal de grado expedirse sobre la cuestión de fondo. Las costas se imponen a la concursada vencida (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

El depósito previo efectuado (fs. 361/362), deberá restituirse al interesado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

DANIEL FERNANDO SORIA

HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

CARLOS E. CAMPS

Secretario

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