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Debe el Estado responder por la muerte de un policia que en funciones sufrió un accidente de transito que causó el deceso

PoliciaMultaPartes: G. M. E. y otro c/ Fisco de la Pcia. Bs. As s/ daños y perjuicios

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 27-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88849-AR | MJJ88849 | MJJ88849

Responsabilidad del Estado por la muerte de un policía en un accidente de tránsito, mientras se dirigía a cumplir una misión encomendada.

Sumario:

1.-Se mantiene la responsabilidad del Estado provincial por la muerte de un agente policial durante un accidente de tránsito, mientras se trasladaba a velocidad excesiva a una misión, pues más allá de que el conductor del vehículo no era el chofer del trabajador fallecido (sino otro agente policial, de jerarquía inferior), no asiste razón a la recurrente en cuanto -incluyendo en el ámbito del art. 1113 del Código Civil una eximente de responsabilidad que la norma no prevé- señala que el hecho de que la persona dañada fuese superior jerárquico del dependiente por el cual el principal debe responder enerva la responsabilidad refleja prevista en el primer párrafo del citado precepto legal.

2.-Incluso concediendo que los agentes no tenían los cinturones puestos y viajaban a una velocidad excesiva, en el caso no resultó probado que dichas circunstancias hubieran tenido virtualidad para romper el nexo causal entre el siniestro y el daño, esto es, la accionada no ha logrado acreditar (prueba indudablemente a su cargo, en tanto fue quien alegó la eximente de la culpa de la víctima) que de haberse colocado la víctima el cinturón de seguridad y viajado el móvil policial a la velocidad reglamentaria, el accidente no hubiera ocurrido o sus consecuencias hubiesen sido menores.

3.-La hipotética circunstancia de que el dependiente hubiera vulnerado normas o desoído eventuales directivas que pudieran habérsele impartido no alcanza para desactivar la responsabilidad refleja del principal, desde que el hecho de que el dependiente se haya extralimitado en sus labores no excusa la responsabilidad del principal si el daño se produjo con motivo de aquéllas, por lo que la responsabilidad indirecta del principal surge aun cuando el empleado haya obrado sin órdenes del patrón o, si se quiere, abusando de sus funciones, si con motivo de éstas se ha producido el hecho dañoso.

4.-Corresponde revocar la sentencia impugnada en cuanto resolvió que las coaccionantes carecen de legitimación para reclamar la reparación de los daños y perjuicios derivados de la muerte de su padre, pues mal pudo el juzgador sostener que las hijas del trabajador fallecido no estaban legitimadas para demandar en virtud de lo que prescribe el art. 18 de la ley 24557, ya que habiéndose fundado la acción indemnizatoria entablada contra el Fisco provincial en las normas del derecho común, dicho precepto no resulta aplicable a la pretensión, debiendo analizarse la legitimación de las coactoras con arreglo a lo que prescriben los arts. 1078 , 1084 y 1085 del CCiv., que habilitan expresamente a los herederos necesarios del muerto a reclamar la reparación de los daños morales y materiales derivados del fallecimiento.

5.-Corresponde declarar parcialmente procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada, decretando la inconstitucionalidad de la ley 14399 y, en consecuencia, revocando la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que aplicó para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse conforme la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación.

Fallo:

Dictamen de la Procuración General:

El Tribunal del Trabajo N°2 de La Plata, por mayoría, acogió parcialmente la demanda de indemnización por daños y perjuicios derivados del fallecimiento de J. D.G. , dependiente de la Policía local, incoada por G. J.P. , por derecho propio y en nombre y representación de su hija menor de edad, y M. E.G. , esposa e hijas, respectivamente del occiso, contra la Provincia de Buenos Aires y Provincia A.R.T. S.A. (v. fs. 225/236 vta.).

Contra dicho modo de resolver se alzaron ambas partes -por apoderado- mediante sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 241/248 vta. y 250/266 vta.), cuya vista a esta Jefatura de Ministerio Público es conferida por V.E. en fs. 276.

I. Recurso parte actora de fs. 241/248:

La apelante sostiene que la sentencia en crisis quebranta los arts. 10 y 11 de la Constitución local, toda vez que el tribunal que la dictó hizo una errónea aplicación del art. 18 de la ley 24.557, en tanto remite al art. 53 de la ley 24.241 a los fines de determinar la legitimación activa en el marco de la ley de infortunios laborales 24.557.

Concretamente se agravia porque considera que el rechazo de la legitimación activa respecto de las hijas del causante dispuesta por el a quo configura una errónea aplicación de la ley y la doctrina, toda vez que la remisión que efectúa el art. 18 de la LRT lo es en relación a una norma que regula el beneficio jubilatorio, estableciendo el orden de prelación en que concurrirán los derechohabientes para percibir dicho beneficio, lo cual tiene una entidad totalmente distinta al resarcimiento por daño moral que su parte había solicitado en autos.

Entiende la parte que, con dicho proceder, el sentenciante de grado desconoció el art.1078 del Código Civil, en tanto confiere legitimación a los herederos forzosos, sean ascendientes o descendientes, sin que ello implique una exclusión.

En mi opinión, la queja es de recibo.

En efecto, como puede advertirse del escrito inicial, las promotoras del pleito plantearon la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 para luego canalizar su reclamo indemnizatorio a través de los arts. 1109 y 1113 del C.C. (v. fs. 53 vta.), en cuyo contexto la temática relacionada con la legitimación para actuar en demanda de reparación integral por daños y perjuicios, se halla regulada por el art. 1078 del C. Civil.

Por su lado, el sentenciante de origen, luego de indagar acerca de la pretendida responsabilidad civil del principal en la producción del daño, hizo lugar a la aludida tacha constitucional impulsada por la accionante, abriendo así el proceso al trazado jurídico con soporte en el derecho común propuesto en la demanda (v. fs. 232).

Con apoyo en tales premisas, tengo para mí que le asiste razón a la recurrente en tanto se agravia e impugna el segmento del decisorio que desestimó la legitimación activa de las descendientes del policía fallecido, sobre la base de lo regulado en los arts.18 de la ley 24.557 y 53 de la ley 24.241, lo cual, en mi criterio, constituye una extrapolación inadmisible en el concreto marco normativo en que, como vimos, se desarrollaba la litis.

En la tarea interpretativa de un sistema regulatorio referido a la reparación de los infortunios laborales ya derogado, pero cuyas conclusiones considero aún aplicables al sub lite habida cuenta la analogía de ambos regímenes respecto del tratamiento dispensado a la legitimatio ad causam de los causahabientes del trabajador fallecido, así como de los presupuestos de hecho que motivaron dicho pronunciamiento en la casación, esa Suprema Corte dijo que «Reclamados en la demanda los rubros indemnizatorios por daños material y moral con sustento en los preceptos del Código Civil, la cuestión tiene que juzgarse sobre la base de lo dispuesto en los arts. 1084 y 1085 de dicho cuerpo legal, porque sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 1079 del Código Civil, que sienta un principio general referido a todos los delitos, los arts. 1084 y 1085 citados, son preceptos de carácter particular que, por referirse a una situación límite, como es el fallecimiento de una persona, establecen una indemnización especial sobre la base de un daño que, por la índole del hecho generador y las consecuencias que normalmente causa la muerte de una persona integrante de la familia, la ley presume, mientras no se demuestre lo contrario, teniendo derecho a ampararse en ella los herederos necesarios de la víctima (conf. causa Ac. 45.717, sent. del 25-VIII-1992) (conf. causa L. 68.615, sent. del 30-V-2001).

Por los motivos brevemente expuestos, aconsejo a V.E. que haga lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que dejo examinado.

II. Recurso parte demandada de fs. 250/266 vta.

La presente queja se apontoca en la denuncia de violación por parte de la sentencia en crisis de los arts. 11 ap. 4.b, 15, 18 y 39 inc. 1° de la ley 24.557; 622, 623, 1101, 1102 y cctes.del C.C.; 7, 8 y 10 de la ley 23.928, modificada por el art. 4 de la ley 25.561; resolución 414/99 de la S.R.T.; 44 inc. d) de la ley 11.653; 17 y 18 de la C.N.; 11, 15 y 31 de la C.P. Alega absurdo.

Sostiene, en síntesis, que el tribunal a quo ha realizado una errónea valoración de la prueba.

Manifiesta que su parte había probado con claridad la eximente de responsabilidad por culpa de la víctima, quebrando el nexo causal de responsabilidad civil extracontractual que le endilgara la contraria en los términos del art. 1113 del C.C.

Se agravia, asimismo, por la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557 y afirma que en dicho tramo del resolutorio el sentenciante de grado incurrió en absurdo, así como en violación de la doctrina legal que dimana de los fallos «Castro» (L. 81.216 del 22-X-2003) y «Abaca» (L. 80.735 del 7-III-2005), entre otros.

Alega que es improcedente la acumulación de indemnizaciones dispuesta en autos, donde se condenó a la A.R.T. a abonar la indemnización prevista en la ley 24.557 y al Fisco la reparación civil en forma íntegra.

Sostiene que resulta arbitraria la aludida tacha constitucional dispuesta en la especie, toda vez que, de la comparación económica realizada por el a quo entre ambos regímenes reparatorios, se demuestra que la indemnización contemplada en la ley especial es superadora de la que le hubiere correspondido a la accionante en el marco de la reparación integral que regula el derecho común.

Se agravia, también, por la declaración de inconstitucionalidad, realizada de oficio por el a quo, en relación con el pago en forma de renta periódica regulado en el art. 15 inc.2 de la ley 24.557, al afirmar que ha sido mal interpretada la doctrina legal que impera sobre el tópico, donde se establece que el reproche constitucional halla justificativo en aquellos casos en que el marco fáctico lo amerita, pero no en supuestos como el de autos donde el propio tribunal interviniente rechazó el reclamo en concepto de lucro cesante por considerar inexistente, conforme las circunstancias de hecho meritadas, el perjuicio patrimonial que el óbito del trabajador pudiere haber ocasionado a su familia.

Manifiesta que no correspondía condenar a la demandada al pago de la compensación dineraria prevista en el art. 11 ap. 4 inc. «a» de la ley 24.557, puesto que, desde una mirada coherente y armónica del sistema normativo, declarada como lo fue la inconstitucionalidad del pago en forma de renta periódica, consecuentemente, la controvertida compensación de pago único debía caer.

La quejosa arguye, también, contra lo decidido en la sentencia de grado en orden a la tasa de interés aplicable al capital de condena, toda vez que, según sostiene, dicha tasa de interés activa contraría la doctrina legal elaborada por V.E.en los precedentes que cita.

Finalmente, se agravia e imputa absurdo a lo dispuesto por el a quo en relación con la pretensión indemnizatoria articulada en concepto de lucro cesante.

Fundamenta la queja en este aspecto mediante la alegación de que el Tribunal del Trabajo no aplicó, o lo hizo erróneamente, la ley 13.201 relativa al régimen policial bonaerense, al calcular una reparación sobre la hipotética proyección de la futura carrera del causante.

Añade que en este punto el vicio de absurdo se configura toda vez que el decreto ley 13.201 dejó de lado el criterio objetivo en que se basaba la escala de ascensos policiales, adoptando, en cambio, un criterio subjetivo en el cual se tiene en cuenta la capacidad del agente, su disposición al trabajo, etc.

En mi opinión, el recurso no debe prosperar.

Ello así, en primer lugar, pues considero que el Tribunal a quo interpretó y aplicó correctamente los lineamientos fijados por V.E. en los precedentes «Castro» (L. 81.216 del 22-X-2003) y «Abaca» (L. 80.735 del 7-III-2005), entre otros.

En efecto, del cotejo realizado en relación a las respuestas económicas que ofrecen los regímenes reparatorios en juego, el Tribunal del Trabajo concluyó que surgía claramente que la indemnización por pérdida de chance y la derivada del daño psíquico consagrados en favor de la parte actora con sustento en las normas del derecho civil, marginada de la reparación establecida en la ley especial -en referencia al art. 1078 del Cód. Civil-, tornaba a ésta como gravemente insuficiente, con afectación constitucional del bien jurídico protegido, como lo es, en la especie, la integridad psicofísica de la derechohabiente del trabajador fallecido (v. fs.232).

Frente al resultado así obtenido en la instancia ordinaria, tengo para mí pues que no se verifica en la especie el pretendido desacople entre el fallo en crisis y la doctrina legal que gobierna la temática cuestionada, antes bien, y como ya lo anticipara, el sentenciante de origen realizó una correcta aplicación de la doctrina legal creada por el cimero Tribunal provincial en los precedentes «Castro» (L. 81.216 del 22-X-2003) y «Abaca» (L. 80.735 del 7-III-2005), entre otros, sin incurrir en tal faena, como denuncia la apelante, en vici o de absurdo alguno.

Tampoco le asiste razón a la apelante en cuanto expresa agravios vinculados con la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 inc. 2 de la LRT.

Ello así, toda vez que el pronunciamiento en tal sentido se alinea con aquella doctrina legal de V.E. que establece que corresponde descalificar la validez constitucional de la norma en cuestión si las circunstancias de la causa revelan que el sistema de pago a través de una renta vitalicia no brinda satisfacción al objetivo reparador que la norma predica, a la vez que impide al beneficiario el ejercicio de un ámbito de libertad constitucionalmente protegido, en el que se inserta la formulación de su proyecto de vida (conf. S.C.B.A., causa L. 97.421, sent. del 12-X-2011).

Por su lado, idéntica suerte adversa deben seguir los agravios dirigidos a la tasa activa de interés moratorio aplicado al capital de condena, fundados en la presunta violación de la doctrina legal sobre el tema, ello sin perjuicio de los puntuales motivos que, por mayoría, guiaron al a quo a adoptar la decisión impugnada.

Efectivamente, la posición de este Ministerio Público sobre dicho asunto, históricamente alineado -por compartirlo- con el criterio rector de V.E. elaborado a partir los casos «Zgonc» (Ac. 43.858) y «Cuadern» (Ac.43.448), ambos pronunciamientos de fecha 21/V/1991, ha evolucionado a partir de un nuevo enfoque de la compleja problemática que encierra el tema, cuyos fundamentos fueron expresados in extenso en sendos dictámenes pronunciados con fecha 31 de mayo de 2010 en las precedentes nomenclados como C. 105.824 «Pervieux» y C. 101.845 «Domínguez», a cuyos contenidos remito en honor a la brevedad.

Tampoco merecen ser oídos, según entiendo, los agravios en torno al rubro pérdida de chance propiciado en la sentencia en crisis.

En efecto, el a quo fundó el decisorio en tal aspecto en la abrupta interrupción de la carrera del causante en la fuerza policial, que al cabo de veintiséis años de servicio lo contaba en sus filas con el grado de capitán, según el escalafón instaurado por la ley 13.201, teniendo por delante la posibilidad de continuarla hasta llegar al grado de superintendente (art. 32 dec. 3326/04) (v. fs.231 vta.).

La quejosa endilga absurdo a dicha conclusión, pues considera que la norma en cuestión consagra un criterio subjetivo de ascensos, emplazado en un esquema piramidal en el que no ascienden todos al máximo escalafón, sino el más apto para el cargo.

Añade que la pérdida de chance era imposible de comprobar en relación al causante, toda vez que la única certeza consistía en que el trabajador había fallecido con el cargo de capitán al frente de una Jefatura de Policía, por lo que -concluye- mal podían hacerse proyecciones acerca del rango que podía alcanzar el occiso en la carrera policial en caso de prestar servicios hasta su jubilación ordinaria.

Ahora bien, de los párrafos transcritos se advierte, sin hesitaciones para mí, que el intento revisor canalizado por la vía del absurdo, lejos de lograr su cometido, abona el razonamiento seguido por el a quo para reconocer el rubro en cuestión, pues, conforme enseña la doctrina legal que impera en la materia, «En el caso de la pérdida de «chance» lo reparable es el beneficio esperado como probabilidad perdida, probabilidad que es tal en cuanto se basa en lo que de ordinario sucede. Podemos entonces identificar el daño padecido. No se trata de la pérdida de futuros ingresos sino del cercenamiento de la razonable probabilidad de contar con ellos en el futuro» (conf. S.C.B.A., causa L. 67.443, sent. del 30-VIII-2000), de modo que en la hipótesis fáctica de la decisión adoptada por el Tribunal del Trabajo en nada obstaba el criterio subjetivo para los ascensos policiales regulados por la ley 13.201, alegado por la apelante.

Por los motivos brevemente expuestos, aconsejo a V.E.que acoja el primero y rechace el segundo de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley que dejo examinados.

Así lo dictamino.

La Plata, 24 de octubre de 2012 – Carlos Arturo Altuve

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 27 de agosto de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Hitters, Pettigiani, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 116.597, «G. , M. E. y ot. contra Fisco de la Pcia. Bs. As. Daños y perjuicios».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial La Plata acogió parcialmente la demanda promovida, imponiendo las costas en un 58% a la codemandada «Provincia A.R.T. S.A.» y en el 42% restante a la Provincia de Buenos Aires (fs. 228/236 vta.).

La parte actora (fs. 241/248 vta.) y Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (fs. 250/266 vta.), dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, concedidos por el citado tribunal a fs. 271 y vta.

Oído el señor representante del Ministerio Público Fiscal (fs. 277/283 vta.), dictada la providencia de autos (fs. 284) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ª. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada a fs. 250/266 vta.?

2ª. ¿Lo es el deducido por la actora a fs. 241/248 vta.?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El tribunal del trabajo hizo lugar -por mayoría- a la acción interpuesta por G. J. P. contra «Provincia A.R.T.S.A.» y la Provincia de Buenos Aires, condenando a aquélla a pagarle el importe de $ 230.000 (en concepto de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557) y a ésta la suma de $ 166.000 (en concepto de diferencia entre dichas prestaciones y la reparación integral de daños y perjuicios), por las consecuencias derivadas de la muerte del señor J. D. G. -quien fuera en vida esposo de la señora P. -, ocurrida a raíz del accidente de trabajo que sufrió el día 26-IX-2006, mientras se encontraba desempeñando tareas bajo dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ordenó calcular los intereses moratorios que devengaron los rubros indicados con arreglo a la tasa activa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En cambio, desestimó las pretensiones deducidas por las coactoras M. A. G. y M. E. G. -hijas del trabajador fallecido- por entender que carecían de legitimación para accionar.

1. En lo que concierne a la aseguradora de riesgos del trabajo («Provincia A.R.T. S.A.»), el juzgador, tras especificar que la esposa del trabajador fallecido debía considerarse derechohabiente, en los términos del art. 18 ap. 2 de la ley 24.557, la condenó a pagarle las prestaciones establecidas en los arts. 15 ap. 2 ($ 180.000) y 11 ap. 4 «c» ($ 50.000) del referido cuerpo normativo.

Resolvió que la primera de esas prestaciones debía ser abonada en un único pago, declarando -de oficio- la inconstitucionalidad del citado art. 15.2 de la ley 24.557, en cuanto prescribe que debe ser cancelada bajo la modalidad de renta de pago mensual. Fundó dicha decisión en la doctrina legal de esta Suprema Corte que identificó (L. 82.724, «M., N. M.», sent. de 7-III-2007; L. 79.722, «Fernández», sent. de 27-XI-2006), en la inteligencia de que, en el caso, dicha forma de pago no satisface la finalidad para la cual fue instituida, contradiciendo los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional (sent., fs.228 vta./229 vta.).

2. En lo que respecta al empleador (Provincia de Buenos Aires), el a quo juzgó configurada -en los términos del art. 1113 del Código Civil- la responsabilidad civil objetiva que la actora le atribuyó en el escrito de inicio.

Consideró probado que el siniestro laboral (que se produjo cuando, dirigiéndose a efectuar una diligencia que le fuera encomendada, el vehículo en el cual se trasladaba -conducido por otro agente policial- embistió la parte frontal del acoplado de un camión, falleciendo el señor G. a raíz de los golpes recibidos) ocurrió tanto por la utilización de una cosa de propiedad de la patronal que tenía incorporado un factor de riesgo (el móvil policial), cuanto por el accionar de un dependiente de ella (el agente Aloma, quien conducía el rodado), verificándose así dos de los factores de atribución de responsabilidad contemplados en el citado art. 1113 del ordenamiento civil.

Destacó que, a contrario de lo que sostuvo el Fisco provincial, la hipotética circunstancia de que el trabajador no hubiese tenido puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente no resultaba suficiente para interrumpir -ni siquiera parcialmente- el nexo causal entre el siniestro y el daño, máxime cuando el tercero al que dicha coaccionada le endilgó la presunta responsabilidad por el acaecimiento del accidente (el conductor del camión contra el que se estrelló el vehículo policial) ni siquiera fue imputado en la causa penal sustanciada con motivo de la muerte de G. , en la cual sí lo fue -como presunto autor del delito de homicidio culposo- el agente Aloma, conductor de la camioneta policial, circunstancia que -precisó- situaba el caso en la hipótesis de la responsabilidad refleja por el hecho del dependiente, sin que pudiera sostenerse en modo alguno la eximente del hecho del tercero por el que no se debe responder.Aclaró asimismo que, por la referida condición de dependiente de la accionada del sujeto que conducía el móvil, aun cuando el mentado proceso penal no había concluido al momento de la sentencia, no existía obstáculo para pronunciarse sobre la responsabilidad civil de la demandada, sin riesgo de transgredir los arts. 1101 y 1102 del Código Civil.

Luego, puesto a determinar y cuantificar el importe de la indemnización de daños y perjuicios, el a quo puntualizó, en primer lugar, que la muerte del señor G. no le provocó a la accionante un perjuicio patrimo nial a título de lucro cesante que debiera ser resarcido por fuera de la tarifa. Tras aclarar que el régimen legal aplicable a la víctima (ley 13.236) le hubiera permitido jubilarse una vez cumplidos los treinta años de servicio, disponiendo a favor de la viuda un haber previsional equivalente al 120% de la última remuneración devengada por el trabajador, estableció que dicha faceta del daño debía considerarse razonablemente cubierta con la indemnización tarifada de $ 230.000.

En cambio, consideró que el empleador codemandado debía responder por los rubros «pérdida de chance» y «daño moral», los cuales, a criterio de la mayoría del tribunal de grado, debían ser resarcidos por encima de la tarifa prevista en la ley especial.

En lo que respecta a la «pérdida de chance», consideró que la abrupta interrupción de la carrera policial del señor G.sucedida con motivo del accidente -dado que revistaba como capitán, teniendo por delante la posibilidad de continuarla, ascendiendo a inspector, comisionado y superintendente- debía ser indemnizada, cuantificando su importe en la suma de $ 66.000.

En lo atinente al daño moral, ponderando que -de un lado- el rubro no está previsto en la ley 24.557 y -del otro- el evento impactó en la salud psíquica del grupo familiar, por lo que correspondía traducirlo en una reparación económica, condenó a la patronal a abonarle a la actora la cifra de $ 100.000.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el importe de ambos rubros no alcanzaba a ser compensado por el importe de las prestaciones tarifadas previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, juzgó que la reparación sistémica resultaba «gravemente insuficiente», con afectación del bien jurídico protegido -la indemnidad psicofísica del trabajador-, razón por la cual declaró la inconstitucionalidad de la eximición de responsabilidad consagrada en el art. 39.1 de la ley 24.557 y condenó al empleador a pagar la suma de $ 166.000 en concepto de saldo entre la reparación integral y la indemnización especial (sent., fs. 229 vta./232).

3. Por último, en lo que respecta a los intereses, el órgano jurisdiccional de grado resolvió también por mayoría- que, a partir de la fecha del accidente, los intereses moratorios devengados por el capital de condena debían calcularse con arreglo a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Especificó que, más allá del criterio que emana de la doctrina legal establecida por esta Corte en el caso L. 94.446, «Ginossi» (sent. de 21-X-2009), existe un elemento de juicio que no fue ponderado en el citado precedente, cual es que en la causa Ac. 77.434, «Banco Comercial Finanzas S.A.» (sent.de 19-IV-2006) se resolvió que los honorarios de los abogados devengarán intereses a la mentada tasa activa del banco público local, soluciones que, confrontadas, revelan una manifiesta iniquidad, verificándose una injusticia incontestable que soslaya tanto que los trabajadores son sujetos de preferente tutela constitucional cuanto el principio de justicia social consagrado en el art. 39 ap. 3 de la Constitución provincial.

Sobre esa base argumental resolvió que los créditos a cargo de ambas coaccionadas debían devengar intereses calculados con arreglo a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires (sent., fs. 232/233 vta.).

II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aries denuncia absurdo y violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte, así como de los arts. 11 ap. 4 «b», 15, 18 y 39.1 de la ley 24.557; 622, 623, 1101, 1102, 1112 y 1113 del Código Civil; 7, 8 y 10 de la ley 23.928; 4 de la ley 25.561; 44 inc. «d» de la ley 11.653; 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (fs. 250/266 vta.).

Plantea los siguientes agravios:

1. En primer lugar, cuestiona la sentencia en cuanto declaró configurada la responsabilidad civil del Estado provincial en los términos del art. 1113 del Código Civil (fs.254/257 vta.).

Alega que, al proceder de ese modo, el juzgador incurrió en absurdo, habida cuenta que resulta fácil apreciar que, en el caso, se ha probado la eximente de responsabilidad por culpa de la víctima, cuya conducta quebró el nexo causal entre el accidente y el daño.

Destaca, en ese sentido, que el trabajador era jefe de la Comisaría de Pehuajó, por lo que poseía evidentes conocimientos acerca de las normas de seguridad vial, razón por la cual no debió circular sin tener colocado el cinturón de seguridad, máxime cuando -siendo superior jerárquico del agente que conducía el vehículo policial- debió indicarle que se había excedido de la máxima velocidad permitida, exceso por otra parte innecesario, desde que no iban persiguiendo a ningún criminal, ni debían realizar una acción que demandara urgencia alguna.

Refiere que, según se desprende de las pericias efectuadas en la causa penal, los ocupantes del vehículo no tenían los cinturones de seguridad colocados y circulaban a una velocidad de 99,8 kilómetros por hora, cuando la máxima permitida en el lugar era de 60, todo lo cual evidencia que el daño no puede ser imputado al empleador, desde que fue un producto directo de la negligencia y/o imprudencia de la propia víctima, en tanto los incumplimientos señalados rompieron el nexo de causalidad entre el siniestro y los perjuicios por los que se reclama en autos.

Desde otro ángulo, afirma lacónicamente que, a contrario de lo que expresó el a quo, la responsabilidad civil del presunto autor del delito no podía ser evaluada hasta tanto fuese condenado en el juicio penal, por lo que mal pudo declararse configurado el supuesto de la responsabilidad por el hecho del dependiente.

2. Objeta también la declaración de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557 (fs. 257 vta./260).

Afirma que el juzgador ha aplicado erróneamente la doctrina legal establecida por esta Corte en las causas «Castro c/ Dycasa» (sent.de 22-X-2003) y «Abaca c/ Cyanamid» (sent. de 7-III-2005), declarando en abstracto la invalidez del precepto indicado y ordenando una improcedente acumulación de indemnizaciones, al haber condenado a la aseguradora de riesgos del trabajo a pagar la reparación tarifada y al Estado provincial la indemnización civil en forma íntegra.

Alega que, como lo precisó el juez que votó en minoría en la sentencia, el tribunal efectuó erróneamente la comparación económica entre ambos resarcimientos, toda vez que, en el caso, la reparación tarifada ($ 230.000) es superior a la civil ($ 166.000). En consecuencia, el tribunal debió limitarse a condenar a la aseguradora a pagar la primera de las sumas indicadas, mas no acumular ambos resarcimientos, lo que genera un enriquecimiento indebido de la actora.

Siendo ello así -explica- debe dejarse sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557, toda vez que el juzgador no tuvo por comprobada la irrazonabilidad de la indemnización tarifada, por lo que mal pudo condenar al empleador a pagar la reparación integral bajo el argumento abstracto de la «grave afectación del derecho de indemnidad».

3. Critica la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 ap. 2 de la ley 24.557 y la consecuente decisión de condenar a la aseguradora de riesgos del trabajo a abonar, en un único pago, la prestación allí establecida (fs. 260/263 vta.).

a. Manifiesta que, en la especie, el tribunal descalificó la norma indicada sin que la actora haya aportado elemento alguno tendiente a demostrar que, de aplicarse la modalidad de pago en renta, se encontraría menguado su nivel de ganancia.

Agrega que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en el caso «Milone», sent. de 26-X-2004) y esta Suprema Corte (en la causa L. 79.722, «Fernández», sent. de 27-XI-2006) declararon la invalidez del indicado mecanismo de pago, entre ambos casos y el sub lite existen diferencias que no pueden ser desconocidas.Así -dice- en el primero de esos precedentes se trataba de un taxista que perdió un ojo, por lo que no podía reinsertarse laboralmente, mientras que en el segundo nos encontramos frente a un accidente fatal donde quien accionó fue la viuda del trabajador fallecido; en cambio, en la especie, la viuda del causante (mujer aún joven, con su capacidad laborativa intacta) cobra una pensión móvil del 120% del mejor sueldo que percibía su difunto esposo, previendo la normativa respectiva una beca para los hijos menores hasta completar los estudios secundarios, todo lo cual demuestra -en su criterio- que no se verifican en autos los extremos que ameritan la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 ap. 2 de la ley 24.557.

b. Subsidiariamente plantea que, en caso de que se confirme la condena a abonar en un único pago la prestación prevista en el precepto citado, debe dejarse sin efecto la procedencia del adicional previsto en el art. 11. 4 «c» de dicho cuerpo legal.

Ello así, porque este último deviene operativo sólo en caso de que la indemnización por muerte se pague a través del sistema de renta vitalicia. Alega que, tal como surge de los considerandos del decreto 1278/2000, dicha «compensación de pago único» está prevista únicamente para complementar las prestaciones que se pagan mediante el sistema de renta, no estando destinadas a aumentar la cuantía de la reparación.

Luego -concluye-, declarada la inconstitucionalidad del pago en renta, cae necesariamente la procedencia del adicional de pago único.

4. Se queja de la tasa de interés que el a quo dispuso aplicar al capital de condena (fs. 263 vta./265 vta.).

Expresa que, al aplicar la tasa activa, el tribunal violó la doctrina legal establecida por esta Corte, entre otras, en la causa L. 94.446, «Ginossi» (sent.de 21-X-2009), en la cual se determinó que los intereses deben ser calculados con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, aduce que mal pudo tenerse en cuenta, para fundar este tramo del fallo, el interés que eventualmente correspondería aplicar al crédito por honorarios de los letrados, pues ello implicaría prejuzgar el incumplimiento de la sentencia por parte del Estado provincial.

Más adelante, al contestar el traslado conferido por esta Corte a fs. 294 y vta. con motivo de la sanción de la ley 14.399, plantea la inconstitucionalidad de la mentada normativa local, en el entendimiento de que, al haber abordado una materia correspondiente a la esfera exclusiva del Poder Legislativo nacional, vulnera los arts. 1, 5, 31, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la Carta Magna federal (fs. 298/301).

5. Finalmente, cuestiona que se haya ordenado resarcir la «pérdida de chance» (fs. 265 vta./266).

Asevera que, al considerar que dicho rubro debía ser reparado en virtud de que el policía fallecido hubiera podido ascender a las categorías superiores del escalafón, el tribunal aplicó erróneamente la ley 13.201, cuyo «espíritu legislativo» ha dejado de lado el criterio objetivo en que anteriormente se basaba la escala de los ascensos policiales, adoptando un criterio subjetivo que tiene en cuenta la capacidad del agente, su desempeño y su disposición personal, por lo que no todos ascienden al máximo escalafón, sino solamente el más apto para el cargo.

Dice que la pérdida de chance es imposible de comprobar, en tanto no es posible saber si el causante iba a lograr los ascensos en cuestión, sino que lo único que puede saberse con certeza es que cesó con el cargo de capitán a cargo de una Jefatura de Policía, por lo que no es posible hacer apreciaciones respecto a qué puesto podría haber ascendido hasta la jubilación ordinaria.

III. El recurso debe prosperar parcialmente.

1.En primer lugar, debo señalar que el agravio destinado a objetar la responsabilidad civil del empleador que el tribunal juzgó configurada con apoyo en el art. 1113 del Código Civil no resulta atendible.

a. Inicialmente, es menester destacar que el argumento basado en un supuesto apartamiento por parte del tribunal del trabajo de la prejudicialidad que establecen los arts. 1101 y siguientes del Código Civil (ver rec., fs. 257 in fine) debe ser desestimado de plano, toda vez que se apoya en la circunstancia de que no sería posible condenar al empleador por el hecho del dependiente (conductor del vehículo policial) mientras no se deslindara la responsabilidad penal de este último, soslayando que la condena a pagar la indemnización de daños y perjuicios halló fundamento, no sólo en dicho supuesto de responsabilidad refleja (art. 1113, primer párrafo, Código Civil), sino también en el relativo a que el daño fue causado por el riesgo de una cosa (el móvil policial) de propiedad de la patronal (art. 1113, segundo párrafo in fine, Código Civil), encuadrando asimismo en esta hipótesis autónoma de responsabilidad (ver sent., fs. 229 vta./230), que ninguna relación podía guardar con la sustanciación de la causa penal en la que se juzgaba la eventual responsabilidad criminal del compañero del trabajador muerto que conducía el vehículo.

En ese sentido, ha resuelto esta Corte que la incidencia de la relación de causalidad no viene impuesta por la cosa juzgada de la sentencia penal, razón por la cual lo prescripto en el art. 1103 del Código Civil no obstaculiza sin más la jurisdicción del sentenciante civil para valorar la responsabilidad de los intervinientes en el accidente, a la luz de las reglas de la reparación integral. En consecuencia, desde la órbita de la responsabilidad objetiva por el riesgo creado, las conclusiones establecidas en la instancia de grado devienen incólumes si la recurrente no demuestra que, por imperio de lo normado en el art.1113, segundo párrafo del Código Civil, el juzgador haya incurrido en absurdo valorativo respecto de la eximente culpa de la víctima (conf. causa C. 103.448, «Valentini», sent. de 30-V-2012). Lo que torna el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley insuficiente (art. 279, C.P.C.C.).

b. Tampoco logra la quejosa derribar la conclusión sentencial relativa a que se configuró en el caso la responsabilidad civil del empleador.

(i) Liminarmente, cabe señalar que el agravio es insuficiente, porque la recurrente no ha cuestionado de manera eficaz el fallo en cuanto se declaró verificada la responsabilidad refleja del Estado provincial por el hecho del dependiente (art. 1113, primer párrafo, Código Civil).

En relación a este tópico, señala que no se le puede endilgar responsabilidad al empleador por el hecho del dependiente en virtud de que G. era transportado por su chofer, es decir, por un inferior jerárquico al que podía impartirle órdenes sobre la forma de manejo del rodado (debiendo indicarle, en su caso, que bajara la velocidad), máxime cuando no existía ninguna urgencia que debiera atenderse con premura (fs. 256 vta.).

Argumentos que -adelanto- no conmueven los fundamentos sobre los que se apoya esta parcela de la sentencia.

Por un lado, más allá de que el conductor del vehículo no era el chofer del trabajador fallecido (sino otro agente policial, de jerarquía inferior), lo cierto es que no asiste razón a la recurrente en cuanto -incluyendo en el ámbito del art.1113 del Código Civil una eximente de responsabilidad que la norma no prevé- señala que el hecho de que la persona dañada fuese superior jerárquico del dependiente por el cual el principal debe responder enerva la responsabilidad refleja prevista en el primer párrafo del citado precepto legal.

A todo evento, la hipotética circunstancia de que el dependiente hubiera vulnerado normas o desoído eventuales directivas que pudieran habérsele impartido, no alcanzaría de todos modos para desactivar la responsabilidad refleja del principal, desde que -como lo ha declarado esta Corte- el hecho de que el dependiente se haya extralimitado en sus labores no excusa la responsabilidad del principal si el daño se produjo con motivo de aquéllas, por lo que la responsabilidad indirecta del principal surge aun cuando el empleado haya obrado sin órdenes del patrón o, si se quiere, abusando de sus funciones, si con motivo de éstas se ha producido el hecho dañoso (conf. causas Ac. 63.479, «Custidiano», sent. de 16-II-2000; Ac. 57.194, «Santillán», sent. de 20-XI-1996; Ac. 37.744, «Jara Badilla de Margarit Olivares», sent. de 29-III-1988; entre otras).

Por el otro, tampoco es cierto que la diligencia policial que había sido encomendada a los agentes -y en cumplimiento de la cual se produjo el accidente que causó la muerte de G. – careciera de urgencia y de relevancia susceptibles de justificar la velocidad a la cual circulaban.

Antes bien, la misión en cuestión tenía una importancia notoria, habida cuenta que, según se desprende del expediente administrativo del Ministerio de Seguridad agregado por cuerda, los policías accidentados estaban trabajando -en cumplimiento de directivas ordenadas en el marco de la investigación penal sustanciada por la U.F.I.n° 3 del Departamento Judicial La Plata- sobre una denuncia en la cual un ciudadano señaló haber visto al señor Jorge Julio López (que, como es de público conocimiento, había desaparecido el día 18-IX-2006, pocos días antes de ocurrido el accidente de marras) en una estación de servicio de la zona (ver expte. adm. cit, especialmente, fs. 72/84). Tanto es ello así que, como lo precisó el a quo, el propio Estado provincial ahora recurrente reconoció -mediante la resolución 1490/2008 del Ministerio de Seguridad- que el fallecimiento de G. resultaba «imputable al servicio por haberse producido como consecuencia directa e inmediata del ejercicio de la función policía como un riesgo específico de ésta» (vered., fs. 225 vta./226).

Por ello la responsabilidad civil de la accionada ha de permanecer firme, toda vez que, al no haber logrado desvirtuar la responsabilidad refleja que le corresponde asumir por el hecho del dependiente -factor atributivo autónomo que quedaría incólume aun cuando, en el mejor escenario para la accionada, se declarase procedente la crítica dirigida a desvirtuar el restante supuesto de responsabilidad objetiva que el juzgador tuvo por configurado (responsabilidad derivada del riesgo de la cosa de propiedad del empleador, art. 1113, segundo párrafo in fine, Código Civil)- la suerte adversa del agravio no habría de modificarse.

(ii) Con todo, los argumentos que introduce la impugnante tampoco lucen eficaces para demostrar los errores que imputa al tribunal en cuanto consideró probado el vínculo causal entre el accidente provocado por el riesgo de la cosa y la muerte del señor G. , y descartó que la conducta de la víctima hubiera interrumpido ese nexo (sent., fs. 229 vta./230).

Cuadra recordar que -con arreglo a la doctrina de esta Corte- tanto establecer la relación de causalidad entre el siniestro y el daño provocado (conf. L. 105.288, «B., R. N.», sent. de 6-VI-2012; C. 107.242, «Robledo», sent. de 14-IV-2010; C. 103.081, «Acosta», sent. de 26-II-2009; L. 83.118, «S.V., J.», sent. de 9-V-2007; Ac. 92.568, «Fernández», sent. de 23-XI-2005; Ac. 65.735, «Costa», sent. de 15-VI-1999; Ac. 65.195, «Rochón», sent. de 10-XI-1998) cuanto determinar la existencia de «culpa» de la víctima de un accidente susceptible de interrumpirla (conf. causas L. 103.984, «Müller», sent. de 12-X-2011; C. 105.169, «Cruz», sent. de 2-VII-2010; Ac. 94.094, «Cottini», sent. de 5-IV-2006; entre otras) son cuestiones que -en tanto dependen de la valoración de circunstancias de hecho cuya ponderación está reservada a los jueces de grado- resultan, en principio, ajenas a la revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo.

Para más, lo relevante para descartar la tesis de la recurrente es que -incluso concediendo que los agentes no tenían los cinturones puestos y viajaban a una velocidad excesiva- en el caso no resultó probado que dichas circunstancias hubieran tenido virtualidad para romper el nexo causal entre el siniestro y el daño. En otras palabras: la accionada no ha logrado acreditar (prueba indudablemente a su cargo, en tanto fue quien alegó la eximente de la culpa de la víctima) que de haberse colocado G. el cinturón de seguridad y viajado el móvil policial a la velocidad reglamentaria, el accidente no hubiera ocurrido, o sus consecuencias hubiesen sido menores, hipótesis estas que el a quo descartó expresamente como interruptivas de la relación de causalidad (ver fs.230) y que -a contrario de lo que parece sugerir la impugnante- tampoco surgen acreditadas en la causa penal, prueba a la que de manera insistente se aferra la quejosa con la finalidad de evidenciar el absurdo.

En ese contexto, más allá de lo opinable que pueda resultar el tópico, no ha logrado la interesada acreditar el absurdo que invoca, toda vez que precisamente- la decisión que pueda resultar opinable no alcanza, en el ámbito de los cuestionamientos que remiten a cuestiones cuyo análisis se encuentra, por regla, reservado a los jueces de grado, para ingresar a revisar lo juzgado a la luz de la doctrina del absurdo (conf. causa L. 112.708, «Kraft Foods Argentina S.A.», sent. de 6-XI-2012, y sus citas). Es el omiso obrar probatorio lo que sella su suerte adversa en esta parcela.

c. A tenor de lo señalado, ha de permanecer firme la decisión del tribunal en cuanto juzgó configurada la responsabilidad civil del empleador por la muerte del trabajador accidentado.

2. El agravio dirigido a cuestionar la sentencia en cuanto consideró como daño resarcible a la pérdida de chance tampoco puede prosperar.

a. Como fue señalado, el a quo entendió que la abrupta interrupción de la carrera policial del señor G. sucedida con motivo del accidente -dado que revistaba como capitán, teniendo por delante la posibilidad de continuarla, ascendiendo eventualmente a inspector, comisionado y superintendente- debía ser indemnizada (sent., fs. 231 vta.).

b.La quejosa cuestiona ese tramo del fallo alegando -de un lado- que, con arreglo a la normativa vigente no todos los policías ascienden al máximo escalafón, sino solamente el más apto para el cargo, y -del otro- que la pérdida de chance es imposible de demostrar, en tanto no se puede comprobar si el causante iba a lograr los ascensos en cuestión, sino que lo único que puede saberse con certeza es que cesó con el cargo de capitán a cargo de una Jefatura de Policía, por lo que no es correcto hacer apreciaciones respecto de a qué cargo podría haber ascendido hasta alcanzar la jubilación ordinaria.

c. Tales argumentos no logran conmover la decisión en crisis.

(i) El hecho, por demás evidente, de que no todos los agentes policiales acceden al máximo escalafón en modo alguno resulta suficiente para impedir que se haya configurado la pérdida de chance, máxime cuando el tribunal aclaró expresamente que eran varias (y no sólo la más alta) las categorías superiores a las que el causante podría haber eventualmente aspirado en el desarrollo de su trayectoria profesional, a la postre truncada por el accidente de trabajo que le provocó la muerte.

(ii) A su vez, el planteo fundado en que no existe certeza acerca de si el causante iba a lograr realmente los ascensos en cuestión, sino que lo único comprobable empíricamente es el cargo que ostentaba al momento de la muerte, resultando imposible conocer a qué puestos podría haber ascendido hasta la jubilación ordinaria (rec., fs.265 vta.), desconoce la propia esencia del rubro resarcitorio bajo análisis, destinado a reparar, precisamente, la oportunidad o probabilidad (y no ya la certeza) de un beneficio económico o ganancia futura que se ha visto frustrada por el accionar antijurídico del dañante.

En ese sentido, ha declarado esta Corte que con la expresión «pérdida de una chance» se indican todos los casos en los cuales el sujeto afectado podía realizar un provecho, obtener una ganancia o beneficio, o evitar una pérdida, lo que fue impedido por el hecho antijurídico de un tercero, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría o no producido, pero que, evidentemente, ha cercenado una expectativa, es decir, la probabilidad de una ventaja (conf. causas C. 101.593, «Díaz», sent. de 14-IV-2010; Ac. 91.262, «Delmoro», sent. de 23-V-2007). Como se resolvió en este último fallo, en lo que respecta a la existencia de un daño cierto como requisito para ser resarcible, se ha ampliado el punto de referencia al abarcar también la certeza de la oportunidad de un beneficio, malograda por un hecho lesivo, supuesto en el cual se habla de pérdida de la «chance», ubicándose el concepto en una zona intermedia entre los daños reales y los daños imaginarios (conf. C. 101.593, «Díaz», cit.).

Más específicamente, en lo que respecta al resarcimiento de los daños derivados de infortunios de trabajo, ha resuelto este superior Tribunal que resulta indemnizable a título de chance la pérdida de la oportunidad de progresar y, consiguientemente, de obtener beneficios económicos dentro de la especialidad para la cual el actor se encontraba apto (conf. causa L. 43.649, «Reinoso», sent. de 6-III-1990), debiendo tenerse presente que lo que se indemniza es la «chance» misma y no la ganancia o la pérdida que era el objeto de aquélla (conf. L. 44.497, «Alba Villarroel», sent.de 21-VIII-1990). Luego, en el caso de la pérdida de «chance», lo reparable es el beneficio esperado como probabilidad perdida, ya que no se trata de la pérdida de futuros ingresos, sino del cercenamiento de la razonable probabilidad de contar con ellos en el futuro (conf. causas L. 67.443, «D., C.», sent. de 30-VIII-2000; mi voto en L. 81.957, «S., B», sent. de 27-XII-2006).

3. Debiendo permanecer inmodificadas tanto la configuración de la responsabilidad civil del empleador, cuanto la determinación de la indemnización de daños y perjuicios efectuada en la sentencia, debe igualmente confirmarse la decisión del tribunal en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557 y condenó a la patronal a abonar al actor la diferencia entre el importe de la reparación integral y la suma que se condenó a pagar a la aseguradora de riesgos del trabajo en concepto de las prestaciones dinerarias de la ley especial.

Ello así, pues -a contrario de lo que sostiene la quejosa- no advierto que la sentencia haya transgredido la doctrina legal establecida en la causa L. 80.735, «Abaca» (sent. de 7-III-2005) ni, mucho menos, que se haya obligado a la accionada a pagar una «doble indemnización» (rec., fs. 257 vta./260).

No logra la recurrente evidenciar que el tribunal haya efectuado erróneamente la comparación económica entre la indemnización de daños y perjuicios y el importe de las prestaciones previstas en la ley 24.557.

Más allá de que el voto que orientó la mayoría adolece -en la parcela bajo análisis- de ciertas imprecisiones conceptuales que podrían inducir a confusión sobre sus alcances, lo cierto es que, en definitiva, culminó invalidando la eximición de responsabilidad prevista en el art. 39. ap.1 de la ley especial al considerar acreditado que el importe de la reparación tarifada (que ordenó abonar a la aseguradora) no resultaba suficiente para resarcir la totalidad de los daños que la muerte del trabajador accidentado le produjo a la actora, condenando al empleador a pagar, exclusivamente, el saldo entre ambos resarcimientos, tal como lo exige la doctrina legal de esta Corte sobre la materia debatida.

Así, tras determinar en primer lugar el importe de la indemnización tarifada a cargo de la aseguradora ($ 230.000, fs. 229 vta.) y recordar la fórmula matemática con apoyo en la cual se suele calcular el resarcimiento civil por daño material (fs. 230 y vta.), el tribunal -teniendo en cuenta las particularidades del régimen legal aplicable a los agentes policiales- consideró que el lucro cesante no podía ser cuantificado en el caso con arreglo a dicho mecanismo, por lo que concluyó que esa faceta del daño quedaba «razonablemente cubierta con la indemnización tarifada de $ 230.000» (sent., fs. 231 y vta.).

Acto seguido, tras resolver que también se acreditaron los rubros «pérdida de chance» (cuantificado en $ 66.000) y daño moral (presupuestado en $ 100.000), procedió a efectuar el control de constitucionalidad del art.39.1 de la ley 24.557, destacando que, en tanto estos últimos importes no alcanzaban a ser cubiertos por la tarifa, ésta resultaba «gravemente insuficiente», afectando la indemnidad de la actora, por lo que correspondía descalificar la validez del precepto indicado.

De ello se colige que, si bien es cierto que el juzgador no respetó el orden lógico que debió haber transitado para realizar el análisis constitucional (toda vez que debió presupuestar en primer lugar la reparación integral, discriminando el importe correspondiente a cada uno de los rubros que la integran, para posteriormente determinar la cuantía de la indemnización tarifada y finalmente comparar globalmente ambos resarcimientos), no lo es menos que -en definitiva- juzgó acreditada la insuficiencia resarcitoria de la ley especial, en tanto apenas alcanzaba para cubrir el lucro cesante, quedando desprovistas de toda reparación los restantes capítulos del daño resarcible (pérdida de chance y daño moral).

En esa inteligencia (que no ha sido frontalmente cuestionada por la recurrente) no asiste razón a la quejosa en cuanto denuncia la violación de la doctrina legal (alegando que el juzgador descalificó la norma en abstracto, en tanto no tuvo por comprobada la insuficiencia de la tarifa), ni cuando sostiene que se la condenó a pagar dos indemnizaciones.

Por un lado, porque de la propia doctrina legal que la quejosa (repitiendo sin mayores innovaciones lo señalado en idéntico sentido por el juez que votó en disidencia, ver fs. 234) reputa transgredida («Abaca»), surge que «en caso de verificarse la insuficiencia de las prestaciones de la ley especial ante el daño acreditado, al extremo que alguna de sus facetas ha quedado sin reparar [que es lo que, pre cisamente, el juzgador tuvo por acreditado en la especie] la inconstitucionalidad del art. 39 ha de imponerse para garantizar la supremacía constitucional» (conf. causa L. 80.735, «Abaca», cit.), lo que demuestra que -como bien lo señala el representante del Ministerio Público a fs.281 y vta.- no ha mediado una incorrecta aplicación de esa doctrina.

Por el otro, porque -en rigor- sólo se ordenó pagar al empleador el saldo ($ 166.000) de la reparación integral no cubierta por la indemnización tarifada ($ 230.000, que se puso a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo), criterio que también se adecua a la doctrina legal de este superior Tribunal (conf. causa L. 87.394, «V. d C., M. C.», sent. de 11-V-2005, entre muchas).

En consecuencia, ante la ineficacia del embate para desvirtuar el razonamiento plasmado en la sentencia, el agravio debe ser desestimado.

4. La crítica destinada a atacar la declaración de inconstitucionalidad del mecanismo de pago en renta previsto en el art. 15 ap. 2 de la ley 24.557 es igualmente inatendible.

a. La cuestión ha sido resuelta por esta Corte, entre otras, en la causa L. 115.435, «Celie» (sent. de 4-VI-2014, con voto del doctor Negri al que presté mi adhesión), sustancialmente asimilable en el punto al caso bajo examen, desde que en dicho precedente se confirmó la sentencia dictada por el mismo tribunal interviniente en autos en cuanto había invalidado el precepto legal en cuestión, desechando agravios idénticos a los que el fisco provincial (también recurrente allí) ha vuelto a deducir en la especie.

En consecuencia, habré de reiterar, en cuanto resulten pertinentes, los argumentos entonces vertidos.

(i) No asiste razón a la recurrente en cuanto postula que, en tanto las circunstancias fácticas verificadas en el caso no se asimilan a las tenidas en cuenta tanto por la Corte federal como por esta Suprema Corte para descalificar la validez constitucional de la indicada forma de pago prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo, corresponde revocar la sentencia en cuanto ordenó a la accionada saldar en un único pago la prestación dineraria por muerte del trabajador.

En primer lugar, cabe destacar que este Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del indicado mecanismo de pago no sólo en el precedente que identifica la impugnante (L.79.722, «Fernández», sent. de 22-XI-2006), sino también, en múltiples causas posteriores, en las que como ocurrió en aquel caso, y así quedó igualmente evidenciado en la especie- se demostró que el pago fraccionado de la prestación mediante renta periódica desnaturaliza la finalidad para la cual fue concebida, no constituyendo una respuesta idónea para proteger de modo integral al trabajador accidentado o a sus derechohabientes, contradiciendo de esa forma los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional (conf. causas L. 108.621, «Rosales», sent. de 19-IX-2012; L. 98.929, «Escobar de Debans», sent. de 5-IX-2012; L. 104.576, «Manrique Obregón» y L. 103.175, «Canteros», ambas sents. de 7-III-2012; L. 102.987, «C., I.», sent. de 14-XII-2011; L. 103.467, «E., R.», sent. de 26-X-2011; L. 97.421, «M., R.», sent. de 12-X-2011; L. 95.744, «Toscano», sent. de 14-VII-2010; L. 89.989, «S., M.», sent. de 16-IV-2008; L. 82.784, «M., N.», sent. de 7-III-2007).

Otro tanto ocurre con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que el criterio establecido en el precedente «Milone» (sent. de 26-X-2004) también fue reiterado en numerosos casos posteriores por el alto Tribunal (conf. causas T.168.XLI, «Torales, Gustavo Ramón c/ Provincia ART», sent. de 29-V-2007; S.461.XLII, «Suárez Guimbard, Lourdes c/ Siembra A.F.J.P. S.A.», sent. de 24-VI-2008; A.2486.LXL, «A. , A. R. p/ sí y en representación de sus hijos menores N. A. y M. O. M. A. c/ Siembra AFJP», sent. de 24-VI-2008; G.852.XLIV, «Gioia, Gustavo Américo c/ Consolidar A.R.T.», sent. de 18-X-2011; G.331.XLVI, «Galeano González, Pedro Nolasco c/ Futura A.F.J.P.», sent.de 5-III-2013).

De ello se colige que -a contrario de cuanto postula la recurrente- no fueron sólo las específicas circunstancias fácticas verificadas en dichos dos precedentes («Milone» y «Fernández») las que llevaron a este Tribunal y a la Corte Federal a descalificar la validez constitucional de la normativa impugnada, sino que la misma solución se ha aplicado en todos aquellos casos en los que resultó demostrado que el sistema de pago en renta viola los derechos constitucionales del trabajador accidentado o de sus derechohabientes.

(ii) Como lo señalé al sufragar en las causas L. 103.467, «E., R.» y L. 98.929, «Escobar de Debans» (cits.) las consideraciones expuestas en el citado caso «Milone» llevaron al alto Tribunal en el precedente «Suárez Guimbard» (sent. de 24-VI-2008) a juzgar inconstitucional el sistema de pago mensual receptado en el art. 15.2 de la Ley de Riesgos del Trabajo (conf. dec. 1278/2000), norma objeto de debate en el presente litigio.

En este último caso, la Corte nacional reiteró que la indemnización de pago periódico para respetar las mandas constitucionales debe «consagrar una reparación equitativa (.) que resguarde el sentido reparador in concreto», lo contrario implicaría no dar cumplimiento al mandato orientado a «asegurar» una condición de labor equitativa (art. 14 bis, Const. nac.), por lo que, en ese contexto, la norma examinada resulta censurable ya que «por su rigor» se desinteresa de la concreta realidad sobre la que debe obrar (consid. 2°).

Tuvo en miras que las incapacidades derivadas de accidentes laborales llevan usualmente al trabajador -y en su caso, a su familia- a una «profunda reformulación de su proyecto de vida», para lo cual la indemnización se presentará como un dato relevante, por lo que, de ser inadecuada, puede añadir una nueva frustración (consid.3°).

Recordó -nuevamente, remitiendo a «Milone»- que respecto del sistema originario previsto en la ley 24.557, hubo de señalarse que éste «reducía drásticamente el universo de opciones que le permitirían al trabajador reformular su proyecto de vida, en tanto le impedía absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único, aun cuando fueran más favorables a las víctimas» (consid. 4°).

Concluyó que el sistema de renta periódica conduce a un pago mensual que «no da satisfacción al objetivo reparador que la norma predica», a la vez que impide a los beneficiarios (los derechohabientes del trabajador) el ejercicio de «un ámbito de libertad constitucionalmente protegido» en el que se inserta la formulación del «proyecto de vida» (consid. 7°).

Luego, resultando que en el caso bajo examen (en el que la viuda del trabajador, madre de dos hijas, ha quedado desamparada tras la muerte de su esposo, padeciendo incluso algunas alteraciones patológicas de carácter psíquico; vered, fs. 227) también ha quedado evidenciado que el mecanismo de pago en renta de la indemnización por fallecimiento transgrede los derechos constitucionales de la actora, la crítica debe ser desestimada.

(iii) No obsta a la conclusión antedicha, la circunstancia de que -a partir de la reforma introducida por el decreto 1278/2000, aplicable al caso- la Ley de Riesgos del Trabajo le garantice a la víctima el derecho a percibir, además de la renta periódica, una prestación complementaria de pago único (arts. 11 ap. 4 «c», 15 ap. 2 y 18 ap. 1, ley 24.557, texto según decreto 1278/2000).

Tal como lo resolvió esta Corte en las citadas causas L. 103.467, «E., R.» y L.115.435, «Celie» -en la línea con la jurisprudencia establecida por la Corte federal en los referidos casos «Suárez Guimbard», «Gioia» y «Galeano González»-, no sanea la disvaliosa situación de la accionante el hecho de que en la sentencia de grado se le haya reconocido el derecho a percibir la prestación adicional de pago único incorporada por el decreto 1278/2000.

Como lo ha destacado recientemente el alto Tribunal, no obstante que los derechohabientes del trabajador fallecido hayan percibido la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11 de la ley 24.557, el régimen indemnizatorio de renta periódica «no satisface el objetivo reparador que la norma predica, e impide a quienes reclaman en un pago único el capital depositado, el ejercicio de un ámbito de libertad constitucionalmente protegido, en el que se inserta la formulación de su proyecto de vida, ya modificado traumáticamente por la muerte del trabajador» (conf. C.S.J.N., in re «Galeano González», sent. de 5-III-2013, ap. III párrafo 3° del dictamen de la Procuración General, al que, en esa parcela, adhirió la Corte por unanimidad; ver consid. 3° de la sentencia suscripta por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni y Argibay).

b. En lo que respecta al agravio subsidiario, tampoco asiste razón a la accionada en cuanto reclama que para el caso de confirmarse la declarada inconstitucionalidad del art. 15 ap. 2 de la ley 24.557- se revoque la condena a abonar la indicada prestación complementaria de pago único contemplada en el art. 11 ap. 4 inc. «c» del mismo cuerpo normativo.

Ello así, porque -como lo resolvió esta Corte en la causa L. 115.435, «Celie»- no existe obstáculo alguno que impida a la actora cuestionar la validez constitucional de la parcela de la normativa que conculca sus derechos constitucionales (en el caso, art. 15 ap.2 de la ley 24.557, en cuanto impone el pago de la prestación allí establecida en forma de renta), amparándose, al mismo tiempo, en el segmento de dicho cuerpo legal que la beneficia (en la especie, art. 11 ap. 4 «c» de la ley 24.557, que consagra el derecho a una prestación complementaria de pago único).

Una cosa son los elementos o parámetros que deben tenerse en cuenta para cuantificar la prestación, y otra muy distinta la forma de pago en que dicha prestación ha de efectivizarse. Luego, la circunstancia de que se haya descalificado esta última no empece a que deban respetarse las pautas fijadas por la ley 24.557 par a la determinación del importe de las prestaciones allí establecidas (conf. causa L. 104.576, «Manrique Obregón», sent. de 7-III-2012).

En consecuencia, la invalidez constitucional del art. 15 ap. 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo no puede traer aparejada la eximición de abonar la prestación prevista en el art. 11 ap. 4 «c» de dicho cuerpo legal.

c. En virtud de lo expuesto corresponde confirmar la decisión sentencial en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 15 ap. 2 de la ley 24.557 que dispone el pago en forma de renta de la prestación dineraria allí establecida- y condenó a la aseguradora de riesgos del trabajo a abonar a la actora (además de dicha indemnización, en un único pago) la prestación complementaria establecida en el art. 11 ap. 4 «c» de dicho cuerpo legal.

5. En cambio, debe prosperar el agravio relativo a la tasa de interés.

a. El pronunciamiento sobre el agravio que al respecto contiene el recurso debe tener presente la sanción de la ley provincial 14.399 (B.O., 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653. Ello, en función del planteo efectuado por el impugnante (v. fs. 298/301) al contestar la vista conferida por esta Corte a fs.294 y vta., en el que cuestiona la validez constitucional de aquella normativa y solicita su inaplicabilidad en el caso.

b. La ley 14.399 fija la tasa para el cálculo de los intereses que deberán adicionarse al monto total de la condena en los procesos laborales. En concreto, dispone la aplicación del «. promedio de la tasa activa» establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.

De los fundamentos del proyecto se desprende que, al margen de su incorporación en el régimen procedimental, con su sanción se ha procurado contemplar un aspecto sustancial, no adjetivo, concerniente a los derechos del trabajador dependiente. Se establece así una tasa por considerarla más adecuada a los intereses implicados en la relación de trabajo. Ello explica la mención que en los fundamentos de la iniciativa se hace al plenario de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata de fecha 30 de agosto de 2001 y a la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99.

c. Por sus características, la norma es de aplicación inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigencia -esto es, el 21-XII-2012- respecto de aquellos créditos laborales cuyo reconocimiento resulte aún materia de controversia, conforme surge del art. 3 del Código Civil, en línea con el criterio del tribunal (conf. causas L. 35.909, «Góngora de Carrizo»; L. 35.251, «Mantuano»; L. 35.908, «Silvero de Sequeira»; todas con sent. de 4-XI-1986, en «Acuerdos y Sentencias», 1986-III-580). Así, esta Corte declaró aplicable la ley 23.928 (B.O., 28-III-1991) aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (conf. Ac. 37.456, » I.B.M. Arg. S.A.», sent. de 22-X-1991), en igual línea, a los hechos in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción (art. 3, cit.; conf. causas Ac. 63.091, «Fisco de la Pcia. de Bs. As.», sent. de 2-VIII-2000; Ac.49.095, «Cánepa», sent. de 12-IV-1994) y, en especial, una vez entrada en vigencia de la aludida norma nacional para definir, precisamente, la tasa de interés (conf. Ac. 43.448, «Cuadern, Daniel c/ Sagedico S.A. s/Cobro de australes» y Ac. 43.858, «Zgonc, Daniel Roberto y ot. c/ Asociación Atlético Villa Gesell s/Cobro de australes», ambas sents. de 21-V-1991).

Ante la subsistencia de la mora a la fecha de la entrada en vigor de la ley 14.399, sus efectos habrían de regir esta litis, por lo que se impone dirimir el planteo de inconstitucionalidad introducido por la demandada.

d. Según se dijo, la ley local aludida establece el accesorio del capital que procede en los litigios laborales como reparación por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria finalmente reclamada en juicio.

Hasta su puesta en vigor tenía aplicabilidad la directiva general emergente del primer párrafo del art. 622 del Código Civil, en cuanto dispone: «El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar» y la interpretación que en torno a ello ha sostenido este Tribunal.

e. Sabido es que en esta materia la doctrina de la Corte, a partir de la sanción de la ley 23.928, aplica la denominada tasa pasiva en ausencia de acuerdo de partes y de interés legal (conf. causas Ac. 49.987, «Magnan», sent. de 16-VI-1992; Ac. 43.448, «Cuadern» y Ac. 43.858, «Zgonc», ambas sents. de 21-V-1991; Ac. 38.680, «Reyes», sent. de 28-IX-1993), criterio que fue ratificado en el precedente L. 94.446, «Ginossi» (sent. de 21-X-2009) y que no ha sido alterado por el abandono del sistema de convertibilidad (ley 25.561; conf.»Ginossi», cit.).

En tales condiciones, la evaluación constitucional de la ley 14.399 exige discernir si una norma local como la mencionada puede válidamente regular aspectos de una relación jurídica del derecho común; y, en todo caso, si se trata de una de las «leyes especiales» a las que se hace referencia en el art. 622 del Código Civil. Anticipo una respuesta negativa.

f. No cabe duda que la ordenación jurídica de las relaciones del trabajo es un ámbito cuya legislación, de orden común, las provincias han delegado al Estado federal, privativo del Poder Legislativo de la Nación (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs., Const. nac.; Fallos 320:1344; 311:1795; 275:254; 256:215, entre otros). Tampoco que, en ese campo, ha de incluirse precisamente el tramo que la ley 14.399 viene a regular: el relativo a los efectos de la mora en el cumplimiento de la obligación pecuniaria emergente del contrato de trabajo y su resarcimiento mediante la aplicación de los intereses. Ello revela la incompatibilidad entre la normativa provincial enjuiciada y la atribución de competencias constitucional prevista en la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, Const. nac.).

Para más, tampoco podría encuadrar en el supuesto del segundo párrafo del art. 622 del Código Civil, dispositivo que prevé la sanción por inconducta procesal, ya instituido en el ámbito laboral por la Ley de Contrato de Trabajo (art. 275, L.C.T.).

g. Nada obstaría en términos constitucionales a que se incorporare una disposición sustantiva, de contenido análogo al que en este pleito se cuestiona. Probablemente ello sería valorado positivamente en el marco de las relaciones laborales, como instrumento de protección de la parte más débil de ese vínculo y desincentivo a la morosidad patronal en el reconocimiento de los derechos materiales de los trabajadores.

Ahora bien, una normativa que apuntare a ese objeto debería provenir del Congreso de la Nación, pues así lo impone la Constitución (art. 75 inc.12, Const. nac.).

h. Cuando lo ha entendido pertinente, en otras materias de derecho común, el legislador nacional ha ejercido la atribución de establecer una tasa legal. Por ejemplo, en el art. 565 del Código de Comercio, respecto de la tasa activa, sobre cuyos contornos esta Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones (conf. causas C. 101.538, «Eduardo Beraza S.A.», sent. de 14-IX-2011; C. 94.239, «Candiano», sent. de 30-VI-2010; Ac. 78.860, «Sinigagliese», sent. de 30-VI-2004; Ac. 57.803, «Banco de la Provincia de Buenos Aires», sent. de 17-II-1998; Ac. 61.335, «Río Paraná S.A.», sent. de 18-XI-1997; Ac. 59.006, «Debiazzi», sent. de 10-XII-1996; Ac. 55.593, «Ugarte y Compañía S.A.», sent. de 14-VI-1996; Ac. 55.356, «Tecnocom San Luis S.A.», sent. de 4-IV-1995; Ac. 51.259, «Banco de la Provincia de Buenos Aires», sent. de 20-XII-1994).

En cambio, en cuestiones laborales, no ha destinado una regla para abordar la cuestión aquí tratada, pese a que ha reglado otros tópicos, como, v.gr., los efectos de la calificación de la conducta del empleador y de la mora en el cumplimiento de determinadas obligaciones, por incorporación directa en el régimen general del contrato de trabajo (art. 275, L.C.T.; ley 26.696, respecto del art. 15), o por conducto de leyes especiales (art. 2, ley 25.323; 9, ley 25.013).

i. Es dable reiterar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que estos aspectos jurídicos sustanciales corresponden a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los Códigos de fondo establecen al respecto ya que, al haber delegado en la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que la contradigan (Fallos 311:1795, con sus propias citas; 308:2588; 303:1801; 275:254; 269:373; 235:571; 226:727; 176:115).

En materia laboral se constata un ejemplo claro de descalificación de una norma provincial (la ley 9497 de la Provincia de Santa Fe) destinada a regular un instituto de aquellas relaciones jurídicas materiales, como es la jornada de trabajo (Fallos 308:2569).

j. Todo lo expuesto revela que la ley provincial objetada en autos se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia exclusiva del Congreso de la Nación.

Por ello, la ley 14.399 deviene inconstitucional y no es aplicable en el caso.

k. Una reflexión final:

En el caso, el trabajador fallecido se desempeñaba para la Administración provincial.

Si bien es claro que la regulación del empleo público es materia no delegada al Estado nacional y, por ende, se rige por las disposiciones locales (arts. 121 y 122, Const. nac.; conf. causas B. 66.336, «Riestra», sent. de 9-X-2013; B. 62.706, «De Micheli», sent. de 18-IV-2012), no lo es menos que en este litigio se pretende -y se ha reconocido en la sentencia de grado- el cobro de una indemnización con fundamento en una legisla ción nacional, que deviene aplicable también a quien se desempeña en la administración pública, habiéndose sustanciado -conf. los arts. 4 inc. 1, ley 12.008 y 2, ley 11.653- ante el fuero laboral.

Cabe agregar que, al incorporar la ley 14.399 una norma al régimen adjetivo laboral provincial (art.48, ley 11.653) que fija los intereses en ese tipo de procesos, el legislador no actuó reglamentando los aspectos sustantivos de la relación de empleo público.

Lo expuesto permite descartar todo argumento fundado en aquella competencia reservada a los poderes provinciales, pues en el caso ella no está en juego, lo que conduce a mantener la solución aquí abordada en orden a la inconstitucionalidad de la ley 14.399.

l. A la vez, la ausencia de pacto en lo que respecta a los intereses determina la plena vigencia en autos de la doctrina legal en la materia, elaborada por esta Corte en uso de las facultades que el art. 622 confiere a la judicatura, y por tanto, en el caso, los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civil) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcance a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561 y 622, Cód. Civil; conf. causas L. 94.446, «Ginossi», sent. de 21-X-2009; Ac. 92.667, «Mercado», sent. de 14-IX-2005; L. 80.710, «Rodríguez», sent. de 7-IX-2005; L. 79.789, «Olivera», sent. de 10-VIII-2005; L. 87.190, «Saucedo», sent. de 27-X-2004; L. 88.156, «Chamorro», sent. de 8-IX-2004; L. 79.649, «Sandes», sent. de 14-IV-2004; L. 75.624, «Taverna», sent. de 9-X-2003; L. 77.248, «Talavera», sent. de 20-VIII-2003; L. 76.276, «Vilchez», sent. de 2-X-2002; Ac. 68.681, «Mena de Benítez», sent. de 5-IV-2000; Ac. 72.204, «Quinteros Palacio», sent. de 15-III-2000; Ac. 57.803, «Banco de la Provincia de Buenos Aires», sent.de 17-II-1998).

Corresponde entonces hacer lugar en este tramo al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, casar la sentencia en lo que concierne a la tasa activa de interés que el tribunal del trabajo declaró aplicable, debiendo los autos volver a la instancia de origen a fin de que se efectúe una nueva liquidación conforme lo expuesto.

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, declarar la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 y revocar el pronunciamiento exclusivamente en cuanto dispuso la aplicación de una tasa de interés diferente a la que establece la doctrina legal de esta Corte.

Los autos han de volver al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Costas de esta instancia por su orden atento a la procedencia parcial del recurso (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

Adhiero al voto del doctor Soria, destacando que, para sostener el acogimiento de la única parcela de la impugnación que prospera, y que versa sobre la tasa de interés moratorio, remito a las razones y consideraciones que, mediante mi adhesión al sufragio del doctor Genoud, expuse en la causa L. 90.768, «Vitkauskas» (sent. del 13-XI-2013).

Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto del doctor Soria, pues como sostuve en las causas L. 103.467, «E., R. G.» (sent. del 26-X-2011) y L. 82.724, «M., N. M.» (sent. del 7-III-2007), que, teniendo en cuenta lo manifestado por la Corte Suprema nacional en la causa «Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ acc., Ley 9688» (sent. del 26-X-2004) y también cabe adunar el precedente S.461.XLII, «Suarez Guimbard» (sent.del 24-VI-2008) de dicho máximo Tribunal, la innegable gravitación que -más allá de lo que pueda sostenerse sobre su eventual aptitud vinculatoria- cabe reconocerle en todo caso, atento su ubicación en la cúspide del ordenamiento judicial (arts. 5, 108, 123 y 127, Const. nac.), razones de celeridad y economía procesal me llevan a adoptar el criterio allí abrazado respecto del régimen de pago a través de una «renta periódica» y, en consecuencia, confirmar la declaración de inconstitucionalidad del art. 15.2 de la ley 24.557.

Asimismo, habré de manifestar que con respecto al tratamiento relativo a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.399, decisión que comparto, me circunscribo a lo que se condice con el tenor de mi adhesión parcial al desarrollo argumental similar efectuado por la doctora Kogan en la causa L. 108.142, «Díaz», y que también he expuesto en la causa L. 102.210, «Campana» (ambas sents. del 13-XI-2013), a las cuales me remito por razones de brevedad.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. En lo que interesa para resolver la presente cuestión, el tribunal desestimó las acciones deducidas por A. G. y M. E.G. , en cuanto le habían reclamado a la Provincia de Buenos Aires la reparación de los daños derivados de la muerte de su padre -J. D. G. -, ocurrida como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 26-IX-2006.

Lo hizo por entender que, con arreglo a la norma que regula la legitimación de los familiares del trabajador fallecido por un infortunio laboral -art. 18 de la ley 24.557, que prescribe que se considerará derechohabientes a «las personas enumeradas en el art.53 de la ley 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas»- sólo la coactora P. -viuda del operario fallecido- estaba legitimada para accionar (art. 53 inc. «a» de la ley 24.241), careciendo de legitimación sus hijas, por lo que correspondía rechazar la demanda por ellas deducida (sent., fs. 228 vta. y 236).

II. Contra dicha decisión, las mentadas coaccionantes dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncian absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 18 de la ley 24.557 y 10 y 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; así como también de la doctrina legal que citan (fs. 241/248 vta.).

En lo sustancial, cuestionan la conclusión sentencial relativa a que las hijas del trabajador carecen de legitimación para reclamar la indemnización por los daños derivados de la muerte de su padre.

Aducen que la sentencia es absurda y arbitraria, toda vez que el juzgador basó su decisión en la normativa de la ley 24.557, ignorando que las accionantes reclamaron la reparación del daño material y moral ocasionado por la muerte de su padre, ocurrida cuando se encontraban en plena etapa de desarrollo intelectual y personal, quedándose sin su soporte afectivo y económico.

Añaden que la remisión que efectúa la Ley de Riesgos del Trabajo a la norma que regula los beneficios previsionales no resulta aplicable al reclamo de daños y perjuicios deducido en autos, que tiene una entidad totalmente distinta al de una pensión. Dicen que no puede desconocerse el derecho a obtener la reparación integral por la muerte de un miembro de la familia, habida cuenta que el dolor se extiende a todos ellos, especialmente en el caso, donde ha quedado demostrado el notorio daño moral padecido por las hijas del trabajador, que de la noche a la mañana perdieron a su padre.En ese contexto -explican- lo resuelto constituye una verdadera iniquidad, pues parece arribarse a la conclusión de que la ley determina que el dolor ante la pérdida sólo existe para la esposa de la víctima, con exclusión de sus hijas.

Expresan que la sentencia desconoce el art. 1078 del Código Civil, que legitima a los herederos forzosos tanto ascendientes como descendientes-, sin contemplar exclusión alguna. Tanto es así -precisan- que esta Corte ha resuelto incluso que los padres tienen derecho a reclamar un resarcimiento por daño moral aun cuando no sean herederos forzosos en concreto, lo que ha sido ratificado por la Corte nacional en los fallos que identifica, en tanto ha declarado que la discriminación que consagra el art. 18 de la ley 24.557 es inconstitucional.

Refieren, asimismo, que en la causa L. 84.059, «Álvarez», este Tribunal resolvió que la ley 18.037 vulnera el principio de reparación integral del daño de todas las personas que se han visto afectadas.

Concluyen señalando -en síntesis- que la solución consagrada en el art. 18 de la ley 24.557 no es adecuada para regular el perjuicio que se intenta reparar mediante la pretensión deducida en autos (daños causados a las hijas por la muerte de su padre), que en nada se condice con la posibilidad de reclamar una pensión, objeto extraño a lo aquí reclamado que tuvo en cuenta el legislador al momento de redactar el art. 53 de la ley 24.241.

III. El recurso debe prosperar.

1. Asiste razón a las recurrentes en cuanto señalan que -al considerar que las hijas del trabajador fallecido no estaban legitimadas para reclamar la reparación de los daños derivados de la muerte de su padre- el tribunal de grado aplicó erróneamente al caso la norma del art. 18 de la ley 24.557.

2. En el escrito de inicio las actoras reclamaron (juntamente con su madre, quien actuó por derecho propio y en representación de su hija menor M. A.G.), la reparación integral de los daños derivados de la muerte de su padre. Fundaron la demanda dirigida contra el empleador (la Provincia de Buenos Aires) en el art. 1113 del Código Civil, peticionando una indemnización de los daños y perjuicios -materiales y morales- que les ocasionó el fallecimiento de su progenitor (ver demanda, fs. 42 vta. y 47/51).

3. Como quedó seña lado, el a quo desestimó la acción deducida por las hijas del trabajador, en el entendimiento de que el art. 53 de la ley 24.241 (norma a la que remite el art. 18 de la ley 24.557, que define quienes son los derechohabientes habilitados a reclamar las prestaciones allí previstas en caso de fallecimiento del trabajador), excluye a los hijos el derecho a obtener el resarcimiento, resultando desplazados por la viuda.

4. Tal como señalan las impugnantes -y así lo ha dictaminado también la Procuración General a fs. 278/279- el error que porta el indicado razonamiento sentencial es evidente.

En efecto, mal pudo el juzgador sostener que las hijas del trabajador fallecido no estaban legitimadas para demandar en virtud de lo que prescribe el art. 18 de la ley 24.557, toda vez que -habiéndose fundado la acción indemnizatoria entablada contra el Fisco provincial en las normas del derecho común- dicho precepto no resulta aplicable a la pretensión, debiendo analizarse la legitimación de las coactoras con arreglo a lo que prescriben los arts. 1078, 1084 y 1085 del Código Civil, que habilitan expresamente a los herederos necesarios del muerto (condición que revisten las hijas del causante; art. 3565, Cód. Civil) a reclamar la reparación de los daños morales y materiales derivados del fallecimiento.

En ese sentido, ha resuelto esta Corte que reclamados en la demanda los rubros indemnizatorios por daño material y moral con sustento en los preceptos del Código Civil- la cuestión tiene que juzgarse sobre la base de lo dispuesto en los arts.1084 y 1085 de dicho cuerpo legal, en cuyo marco los hijos de la víctima del infortunio están legitimados para reclamar el resarcimiento por el fallecimiento de aquélla (conf. causas L. 77.894, «T. d. M.», sent. de 3-IV-2008; L. 68.615, «Raggio», sent. de 30-V-2001).

Por lo demás, lo expuesto surge indiscutible no sólo de las indicadas normas del Código Civil, sino también del propio texto del art. 18 de la ley 24.557, cuyo apartado segundo dispone expresamente que las personas enunciadas en el art. 53 de la ley 24.241 «se considerarán derechohabientes, a los efectos de esta Ley» (art. 18 ap. 2, L.R.T., texto según D.N.U. 1278/2000; el destacado es propio). De ello se colige sin hesitación que -en tanto la definición de derechohabientes allí plasmada sólo está destinada a regir en el ámbito de la ley 24.557- la aplicación de la indicada normativa pudo haber justificado, en la mejor hipótesis para la demandada, el desplazamiento de las hijas del trabajador de la legitimación para acceder a las prestaciones de la ley especial (cuestión sobre la que no cabe emitir opinión aquí, en tanto no ha sido materia del recurso), mas no así su exclusión del derecho de reclamar la reparación integral de los daños con apoyo en las normas del Código Civil.

En ese sentido, resulta ilustrativo traer a colación lo resuelto en el citado precedente L. 68.615, «Raggio» (sent.de 30-V-2001), en el cual esta Corte revocó la sentencia del tribunal del trabajo que -siguiendo un razonamiento similar al explicitado por el a quo en la especie- rechazó la acción civil incoada por los hijos del trabajador fallecido como consecuencia de un infortunio laboral por entender -erróneamente- que carecían de legitimación para actuar con arreglo a lo que disponía la ley de accidentes de trabajo.

En efecto, habiendo reclamado allí los dos hijos del operario muerto la reparación integral -con sustento en las normas de derecho común- de los daños morales y materiales derivados del accidente que provocó la muerte de su padre, el tribunal, sin pronunciarse sobre los presupuestos de hecho invocados para sustentar la demanda, la desestimó en la inteligencia de que, con arreglo a la normativa previsional (art. 38, ley 18.037) -a la que remitía la ley de accidentes de trabajo aplicable al caso (ley 9688) para definir quienes debían ser considerandos como derechohabientes del trabajador-, carecían de legitimación para formular el reclamo (conf. causa L. 68.615, cit., ap. 5 del voto preopinante del doctor de Lázzari, al que adhirieron todos los Ministros intervinientes).

Impugnada dicha decisión por los hijos del trabajador mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esta Corte lo declaró procedente y revocó la sentencia, señalando, como anticipé, que reclamados en la demanda los rubros indemnizatorios por daño moral y material con sustento en las normas del Código Civil- la cuestión debía juzgarse sobre la base de lo normado por los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, teniendo derecho a amparase en la presunción de daño ocasionado por el deceso allí contemplada, el cónyuge sobreviniente y los herederos necesarios de la víctima, razón por la cual -sentenció este Tribunal- «Va de suyo entonces, que los hijos mayores de edad de la víctima del infortunio están legitimados para reclamar el resarcimiento por el fallecimiento de aquélla» (conf. causa L. 68.615, cit., ap.6 del voto del doctor de Lázzari, con adhesión unánime del resto de los colegas votantes).

Ello es lo que ocurre en el caso de autos: el tribunal aplicó erróneamente la norma de la ley especial de accidentes de trabajo que regula la legitimación para acceder a la indemnización tarifada por ella prevista (en aquel caso, el art. 38 de la ley previsional 18.037, al que remitía la ley 9688; en éste, el art. 53 de la ley previsional 24.241, al que remite el art. 18 de la ley 24.557), para definir si los hijos del trabajador se encontraban o no habilitados para reclamar una reparación integral de daños y perjuicios, ignorando que esta cuestión -como quedó dicho- debe ser resuelta por aplicación de las normas del Código Civil, en cuyo contexto la legitimación de los hijos del trabajador fallecido para reclamar un resarcimiento por los perjuicios derivados de la muerte de su padre es incuestionable (arts. 1078, 1084 y 1085 del Código Civil).

Lo expuesto se refuerza si se tiene en cuenta que en la ya citada causa L. 77.894, «T., d. M.» (sent. de 3-IV-2008), esta Corte confirmó la sentencia dictada por el tribunal del trabajo que, frente a un caso con aristas muy similares al presente (reclamo de daños y perjuicios deducido por la esposa y el hijo de un agente provincial fallecido cuando el móvil en el que se dirigía a cumplir una orden de servicio colisionó), condenó al Estado provincial a resarcirlos, señalando, con cita de lo resuelto en el precedente L. 68.615, «Raggio», que -en tanto los herederos necesarios de la víctima tenían derecho a ampararse en las normas de los arts. 1084 y 1085 del Código Civil- la circunstancia de que el hijo del trabajador fallecido hubiera alcanzado la mayoría de edad no obstaba a la procedencia de un reclamo similar al que ha sido incoado en la especie (conf. causa L. 77.894, «T., d M.», cit., ap. IV, punto B. 5.del voto en primer término del doctor Hitters, al que presté mi adhesión).

Ergo, por aplicación de dicha doctrina legal correctamente invocada en el dictamen del representante del Ministerio Público para pronunciarse a favor de su procedencia, ver fs. 278 vta./279- cabe acoger el embate y dejar sin efecto la sentencia en cuanto desestimó la demanda deducida por las hijas del causante.

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia atacada en cuanto resolvió que las coactoras A. G. y M. E. G. carecían de legitimación para reclamar la reparación de los daños y perjuicios derivados de la muerte de su padre.

La causa debe volver al tribunal de grado a fin de que -debidamente integrado por otros jueces, y previa renovación de los actos procesales que considere necesarios- se pronuncie sobre la acción deducida teniendo en cuenta lo que aquí se ha resuelto.

Costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Hitters, Pettigiani y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora y se revoca la sentencia impugnada en cuanto resolvió que las coaccionantes A. G. y M. E. G. carecen de legitimación para reclamar la reparación de los daños y perjuicios derivados de la muerte de su padre. Las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida (art.289, C.P.C.C.).

Respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada, se lo declara parcialmente procedente, se decreta la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que aplicó para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse conforme la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación. Las costas se imponen en el orden causado, atento la procedencia parcial del recurso (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que -con otra integración, y previa renovación de los actos procesales que considere necesarios- se pronuncie sobre la acción de daños y perjuicios deducida por A. G. y M. E. G. y practique una nueva liquidación de los intereses con arreglo a lo que aquí se ha decidido.

Regístrese y notifíquese.

DANIEL FERNANDO SORIA

JUAN CARLOS HITTERS

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

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