La defensa fundada exclusivamente en el extravío o hurto de los documentos y la consecuente denuncia policial, no afecta la validez de los cheques ejecutados como título de crédito.

shutterstock_11766931Partes: Mielniczuk Materiales S.R.L. c/ Sadelar S.R.L. s/ Ejecutivo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 14-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-89770-AR | MJJ89770 | MJJ89770

La defensa fundada exclusivamente en el extravío o hurto de los documentos y la consecuente denuncia policial, no afecta la validez de los cheques ejecutados como título de crédito, en tanto no se advierte el incumplimiento o ausencia de requisitos formales que condicionen la habilidad de éste.

Sumario:

1.-La defensa fundada exclusivamente en el extravío o hurto de los documentos y la consecuente denuncia policial, no afecta la validez de los cheques ejecutados como título de crédito, en tanto no se advierte el incumplimiento o ausencia de requisitos formales que condicionen la habilidad de éste. Admitir una solución contraria conduciría a privar a esos documentos de un efecto propio de los títulos de crédito cual es su aptitud ejecutiva, sin base legal que así lo sustente.

2.-Indagar sobre las razones por las cuales la accionante resultó portadora de los cheques en ejecución implicaría ingresar en el análisis causal de la cuestión, lo cual está vedado en el juicio ejecutivo, cuyo marco de conocimiento se concentra en el examen de las formas extrínsecas de esos cheques (conf. cpr 544: 4 ).

3.-Si bien nuestra legislación legitima el rechazo de cheques por el girado ante la denuncia de su extravío o sustracción (arg. ley 24.452: 5 ), lo cierto es que tal circunstancia no constituye impedimento legal al progreso de su ejecución judicial.

4.-Si los cheques ejecutados fueron obtenidos mediante un acto fraudulento, ello podrá ser objeto de investigación en el proceso penal, pero su promoción no es óbice para rechazar el juicio ejecutivo.

5.-La directiva contenida en el cciv 1101 resulta, como principio, inaplicable en procesos de ejecución, pues la sentencia que se dicte no reviste el carácter de definitiva, al ser viable su revisión por el cauce previsto por el artículo 553 del Código Procesal. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 14 de agosto de 2014.

1. La ejecutada apeló la resolución de fs. 154/155 que desestimó la excepción de inhabilidad de título y el pedido de suspensión del trámite deducidos en fs. 85/89 y mandó llevar adelante la ejecución hasta hacer al acreedor íntegro pago del capital reclamado, con más los intereses devengados y las costas del proceso.

Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 157/162 y respondidos en fs. 164/165.

2. Liminarmente cabe señalar que la pieza fundante del recurso no contiene una crítica concreta y razonada del veredicto de grado, de conformidad con lo que estatuye el cpr 265.

En efecto, repárase que los dichos de la quejosa constituyen una mera reiteración de las alegaciones vertidas en oportunidad de oponer la excepción de inhabilidad de título sub examine -en franca violación a lo establecido por el código de rito-, y se enderezan a reflejar un mero criterio discrepante que desatiende un adecuado tratamiento de las cuestiones específicamente consideradas por el Juez a quo, omitiéndose desarrollar una autosuficiente línea argumental que confiera sustento a la pretensión recursiva.

Tal circunstancia resulta suficiente para concluir por la desestimación de la apelación.

3. Pero aun soslayando tal óbice formal lo cierto es que la solución no variaría. Ello es así, pues:

(i) La defensa fundada exclusivamente en el extravío o hurto de los documentos y la consecuente denuncia policial, no afecta la validez de los cheques ejecutados como título de crédito, en tanto no se advierte el incumplimiento o ausencia de requisitos formales que condicionen la habilidad de éste (conf. esta Sala, 12.207, «Acebal, Otilio Federico c/ Cows & Bulls S.A.s/ ejecutivo»). Admitir una solución contraria conduciría a privar a esos documentos de un efecto propio de los títulos de crédito cual es su aptitud ejecutiva, sin base legal que así lo sustente.

Por lo demás, indagar sobre las razones por las cuales la accionante resultó portadora de los cheques en ejecución implicaría ingresar en el análisis causal de la cuestión (esta Sala, 3.9.09, «Cambón, Mario c/ Trascopier S.A. s/ ejecutivo»); lo cual está vedado en este juicio ejecutivo, cuyo marco de conocimiento se concentra en el examen de las formas extrínsecas de esos cheques (conf. cpr 544: 4).

Y si bien nuestra legislación legitima el rechazo de cheques por el girado ante la denuncia de su extravío o sustracción (arg. ley 24.452: 5), lo cierto es que tal circunstancia no constituye impedimento legal al progreso de su ejecución judicial.

Es que si los cheques ejecutados fueron obtenidos mediante un acto fraudulento, ello podrá ser objeto de investigación en el proceso penal, pero su promoción no es óbice para rechazar el juicio ejecutivo.

Todo lo cual impone concluir por la desestimación de los agravios esgrimidos en tal sentido.

(ii) Igual suerte correrá el pedido de suspensión del trámite de la presente causa.

La directiva contenida en el cciv 1101 resulta, como principio, inaplicable en procesos de ejecución como el sub lite, pues la sentencia que se dicte no reviste el carácter de definitiva, al ser viable su revisión por el cauce previsto por el cpr 553 (conf. Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias – análisis de Doctrina y Jurisprudencia, T. 3-A, págs. 310/311, Buenos Aires, 2005); cuestión sobre la que existe profusa jurisprudencia de este fuero mercantil (esta Sala, 28.9.11, «Hernández, Marcos Javier c/ Minaberry, Carolina s/ ejecutivo»; íd., 1.11.07, «Andura, Claudio Roberto c/ Consorcio de Propietarios Vidt 1727/33 s/ ejecutivo»; íd., 3.10.07, «Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Inkwil S.A.s/ ejecutivo»; íd., 22.5.07, «Volkswagen Cía. Financiera S.A. c/ North Waden S.A. y otros s/ ejecutivo»; íd., 9.2.07, «López, Jorge Hugo c/ Blanco, Juan Carlos s/ ejecutivo»; íd., 15.6.87, «Melis, Juan c/ Donato, Vicente s/

ejecutivo»; íd., 21.4.95, «Iglesias, Néstor c/ Resta, Cristian s/ ejecutivo»; íd., Sala A, 31.8.95, «Wilde, Angélica c/ Casa Rivoli S.A. s/ ejecutivo»; íd., 5.5.98, «Vidal Otero c/ Emanuel Isaac s/ ejecutivo»; íd., 11.5.06, «Viviendas Monumental S.A. c/ Bennardis, Francisco José y otro s/ ejecutivo»; Sala C, 30.10.86, «Lococo, José c/ Caso, Roberto s/ ejecutivo»; íd., 9.2.90, «Eiroa, Eduardo c/ Díaz, Héctor s/ ejecutivo»; íd., 30.6.94, «Kasakoff c/ Cayetano Gerli s/ ejecutivo»; íd., Sala E, 15.9.89, «Fernández, Raúl c/ Montalto, Juan s/ ejecutivo»; íd., 23.2.95, «Di Mundo, María c/ Marotta, Carlos s/ ejecutivo»; entre muchos otros).

Ninguna circunstancia extraordinaria ha sido invocada por la recurrente que habilite a este Tribunal apartarse del principio ut supra descripto; razón por la cual fatal resulta concluir por la inviabilidad del planteo.

Ello, claro está, sin perjuicio de lo que quepa decidir ante la eventualidad de que la ejecutada acuda a la vía prevista en el cpr 553.

4.Finalmente, en cuanto al agravio inherente a la imposición de las costas, destácase que el cpr 558 establece el principio objetivo de la derrota como parámetro para dirimir la cuestión en el juicio ejecutivo, normativa que para este tipo de procesos no prevé excepciones a tal principio.

En efecto, el citado artículo manda imponer las costas, sin excepción, a la parte vencida, de manera que no recibe aplicación lo preceptuado en el segundo párrafo del art. 68 del código de rito (conf. esta Sala, 4.2.08, «Banco General de Negocios S.A. c/ Martínez, Sebastián y otro s/ ejecutivo»; íd., CNCiv. Sala F, LL 1983-B, pág. 245; CNFed. Civ. Com.Sala 2, causa n° 6504, «CNAS c/ Empresa Constructora Vicente Módica SA», del 3.3.89; íd. Sala 3, causa n°5041 del 22.9.93).

En esa línea interpretativa se ha dicho que el objeto del proceso ejecutivo es una sentencia de condena. Si ésta se obtiene, objetivamente no existe otro vencido que el ejecutado puesto que se dispone hacer lugar a la ejecución en su contra (Carlos J. Colombo-Claudio M. Kiper, Código procesal civil y comercial de la nación, anotado y comentado, Buenos Aires, 2006, T. V, pág, 285, parág. 4 y jurisp. cit. en notas 1014, 1015 y 1016), opinión compartida por otras autorizadas voces autorales (Carlos E. Fenochietto, Código procesal civil y comercial de la nación, anotado, comentado y concordado con los códigos provinciales, Buenos Aires, 1999, T. 3, págs. 135/136, parág. 2; Osvaldo A. Gozaíni, Código procesal civil y comercial de la nación, comentado y anotado, Buenos Aires, 2002, T. III, pág. 170, apartado 3.2., tercer párrafo).

5. Por todo lo expuesto, la Sala RESUELVE:

Rechazar la apelación de fs. 157/162; con costas a la recurrente vencida (conf. cpr 558).

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1°) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 173/174.

Pablo D. Heredia

Gerardo G. Vassallo

Juan José Dieuzeide

Horacio Piatti – Prosecretario Letrado

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