Empleada de CONICET es condenada a pagar sumas de dinero por no regresar al país finalizada la capacitación en el exterior

DineroPartes: C.O.N.I.C.E.T. (Expte. 7073/00) c/ Drittanti Lila Noemí s/ proceso de conocimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 24-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89386-AR | MJJ89386 | MJJ89386

Se condenó a una empleada del CONICET al pago de sumas de dinero por no haber regresado al país una vez completada la licencia para realizar una capacitación en el exterior, en infracción al estatuto que enmarca la relación laboral con la actora.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la demandada al pago de sumas de dinero por infracción a la normativa vigente en el estatuto del C.O.N.I.C.E.T., toda vez que la accionada no ha regresado al país una vez completada la licencia que se le otorgara para realizar una capacitación en el extranjero, como estima que debía haber procedido, según el texto de la normativa aplicable -art. 31 del Estatuto mencionado-. De la hermenéutica del estatuto en cuestión surge que, resulta ajeno a la esfera decisoria del beneficiario establecer cuándo va a regresar al país para cumplir con la obligación asumida, o hacer depender ello de si su formación fue completada al momento de finalización de la licencia.

2.-La demandada debe abonar sumas de dinero por infracción a la normativa vigente en el estatuto del C.O.N.I.C.E.T., teniendo en cuenta que, con la hermenéutica propuesta, la recurrente propicia librarse de las consecuencias negativas ocasionadas por su decisión de no regresar al país, pretendiendo sólo recibir los beneficios que la norma habilita, pero sin asumir la responsabilidad y cargas que le caben a quienes incumplan el régimen dispuesto, previstas por la propia norma, que la demandada debió conocer al momento de solicitar la licencia y cuya invalidez constitucional no alega.

3.-Ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas oportunidades, que un razonable parámetro interpretativo debe descartar una visión aislada, inconexa o bien parcializada de la norma cuyos alcances se analizan, debiendo sopesarse el modo en que éstas se incardinan en un sistema normativo en el cual se hallan engarzadas, y con el cual guardan coherencia y mantienen la debida complementación y armonización, como parte de una estructura sistemática que debe ser considerada en su totalidad, lo cual descartaría que la inteligencia atribuida a una de tales disposiciones -en el caso, el art. 31 del estatuto de las carreras- altere el equilibrio del conjunto, dado por el bloque de legalidad que reglamenta las misiones y fines de la autoridad administrativa.

4.-Corresponde aplicar la tasa pasiva promedio del BNA para el cálculo sobre el capital de condena, cabe destacar que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 622 del CCiv., en caso de que los accesorios no se hubiesen convenido al constituirse la obligación, o no se encuentren fijados por una ley especial, los jueces determinarán el interés que debe abonar el deudor moroso. En una afín hermenéutica con lo dispuesto en la norma citada, se ha expedido el Máximo Tribunal, al señalar que la determinación de la tasa de interés, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre de dos mil catorce, reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer del recurso de apelación interpuesto en autos: «C.O.N.I.C.E.T. (Expte. 7073/00) c/ Drittanti, Lila Noemí s/ proceso de conocimiento»; respecto de la sentencia obrante a fs. 679/683, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

La Dra. María Claudia Caputi dijo:

I.- Que, a modo de presentación de la causa y del objeto litigioso, cabe precisar que las partes del presente expediente, en lo que aquí interesa, estuvieron vinculadas entre sí por medio de la relación de empleo público que mantenían, y, en el entendimiento de que la señora Lila Noemí Drittanti había incumplido las obligaciones derivadas de dicho vínculo, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (en lo sucesivo C.O.N.I.C.E.T.) la demandó por el cobro de sumas de dinero.

Como punto de partida, conviene recordar que la demandada revistaba en el cargo de «Investigador Científico Tecnológico» del C.O.N.I.C.E.T. (Investigador Adjunto), contexto en el cual se le había otorgado licencia con goce de haberes durante el período comprendido entre el 15/05/1997 y el 15/05/1999, y, sin goce de sueldo desde el 15/05/1999 hasta el 15/05/2000, de acuerdo con lo previsto por el art. 18, inc. g, puntos 2 y 3, del Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, aprobado por la ley nº 20.464. Cabe aclarar que -según los dichos de la actora-, durante parte del último período señalado, la demandada había percibido igualmente su salario, hasta el día 31/12/1999.

Esencialmente, el reproche que el C.O.N.I.C.E.T.dirige a su ex Investigadora Científica Técnica, radica en no haber regresado ésta al país una vez completada la licencia que se le otorgara para realizar una capacitación en Francia, como estima que debía haber procedido, según el texto de la normativa aplicable (art. 31 del Estatuto mencionado).

II.- Que en este contexto, a fs. 679/683 se hizo lugar a la demanda, condenándose a la señora Drittanti al pago de las sumas reclamadas por la actora, y que resulten de la liquidación que se deberá practicar, con más los accesorios que se devenguen, los que se ordenaron calcular conforme la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, desde que cada suma fue percibida. Finalmente, y como corolario de tal solución, se impusieron las costas a la vencida, conforme el principio rector en la materia (vide, en especial, fs. 683).

Para así decidir, en primer lugar, se dio tratamiento a la defensa de prescripción opuesta por la demandada, resolviendo el rechazo de la misma, atento a la subsunción del caso en las previsiones del art. 4023 del Código Civil, que establece un plazo de prescripción de diez años, y por interpretarse que no había transcurrido aquel lapso temporal a la fecha de interposición de la demanda de autos. Cabe aclarar que este punto ha arribado firme a estos estrados.

Por otra parte y, en cuanto al fondo del conflicto, se tuvo en cuenta lo establecido en el art. 31 del estatuto de las carreras supra citado, en cuanto dispone que el personal que haga uso de alguna de las licencias con goce de sueldo a que se refieren los arts. 18 (inc. g) y 28 (inc. b), quedará comprometido a regresar al país y mantener residencia en el mismo por un período igual al triple del tiempo que duró la licencia, con un mínimo de un año, a partir de la fecha de regreso.Asimismo, dicho artículo prevé que en el caso de que el personal infringiese tal compromiso, podrá ser sancionado con exoneración, sin perjuicio de la devolución al organismo de las retribuciones y cualquier otra ayuda adicional percibida con motivo de la referida licencia.

En este orden de ideas, se destacó que la demandada no había desconocido en forma alguna que la situación de la investigadora se encontrase subsumida en los términos de dicha normativa.

Sentado lo anterior, se puso de resalto que, contrariamente a la interpretación que la señora Drittanti pretendía atribuir a la disposición en cuestión, era evidente que, en la inteligencia más razonable de la norma, el regreso al país se debe producir en forma inmediata a la finalización de la licencia. Se añadió que, de otro modo, quedaría sin explicación en razón de qué autorización o régimen el beneficiario podría permanecer en el extranjero, relevado de su obligación de concurrir a cumplir con sus tareas habituales en el organismo.

Además, se consideró que los fundamentos de la obligación que se impone a los beneficiarios son absolutamente razonables, sopesándose a tal efecto que todo el esfuerzo que para el país implica la manutención de una persona en el exterior para que pueda formarse, se vea recompensado cuando ésta regrese y pueda desarrollar y aplicar en el país todos los conocimientos adquiridos. Se subrayó que tal es la obligación que se asume, y que la misma no se encuentra sometida a ninguna condición futura e incierta, ni es una obligación de la que pueda liberarse cumpliendo con otra diversa:debe regresar al país.

Bajo tal hermenéutica, se interpretó que únicamente en caso de incumplimiento de dicha obligación, nace la de devolver las sumas percibidas, puesto que, al no existir forma alguna de compeler a la persona a que regrese, sólo restaría imponer una sanción que, por un lado, disuada al obligado de incumplir y, si ello igualmente ocurriese, sirva de resarcimiento al Estado, por haber invertido sumas de dinero en una persona cuyos conocimientos adquiridos en el exterior no serán aprovechados por los ciudadanos.

En suma, se entendió que resulta ajeno a la esfera decisoria del beneficiario establecer cuándo va a regresar al país para cumplir con la obligación asumida, o hacer depender ello de si su formación fue completada al momento de finalización de la licencia (como pretende la accionada).

Finalmente, en cuanto al monto del reclamo, se precisó que las constancias aportadas respecto del expediente administrativo, obrantes en la presente causa, no habían sido desconocidas por la demandada, por lo cual cabía estar al contenido de las planillas agregadas a fs. 102/107, de las cuales surgen las sumas adeudadas, abonadas por la actora durante el período de licencia con goce de haberes, así como las pagadas durante el lapso en que se hizo uso de licencia sin goce de remuneraciones.

III.- Que, bajo tales condiciones, la causa arriba a estos estrados a fin de tratar el recurso deducido por la demandada (fs. 686) contra tal decisorio, cuestionando tanto lo relativo a la cuestión principal, así como diversos aspectos que -de confirmarse el pronunciamiento recurrido- surgirían en torno de la correcta cuantificación y alcance de los intereses adeudados sobre el capital de condena, y se cuestiona, asimismo, la tasa que se ordenó aplicar a los mismos.

IV.- Que, en cuanto a las cuestiones planteadas por la demandada en la expresión de agravios que obra a fs.695/696, cabe precisar que dicha parte objeta el pronunciamiento recurrido en lo que hace al fondo de la cuestión en debate, con relación a la interpretación que se hace en la sentencia de grado, de los términos del art. 31 del estatuto aprobado por la ley 20.464.

En este sentido, adujo que de la letra del artículo citado, no surge en forma expresa ni tácita, que debería haber retornado al país inmediatamente de haber concluido el período de licencia, por lo cual, la interpretación del Tribunal a quo, resultaría -a su entender- arbitraria. Alegó que el artículo no tiene el alcance que le atribuye el decisorio apelado, y que en modo alguno su parte adoptó la decisión de no retornar al país, sino que volvería a cumplir su obligación, una vez completado en su totalidad el estudio de grado para el que fue designada, lo que -según sus dichos- redundaría en beneficio del interés general, tanto del C.O.N.I.C.E.T. como del suyo propio.

Arguyó que no es exacto que, ante el incumplimiento de la obligación de regresar al país, sólo queda imponer una sanción que sirva de resarcimiento. Invocó, en este sentido, que en muchos casos análogos, el Estado ha adoptado la decisión de permitir a los científicos la continuidad de la especialización hasta su culminación en el exterior, y los ha eximido de responsabilidad y de reintegrar lo percibido durante su licencia. Indicó que, el hecho de que en su caso se haya decidido no otorgar dicha dispensa, constituye una actitud arbitraria, en total contraposición con la política adoptada en la mayoría de los casos de científicos en el exterior.

Reiteró que, del texto del art.31 del estatuto, no se advertía, en modo alguno, que el mismo dispusiera expresamente la fecha de regreso en que el personal con licencia debería volver al país, pero que sí, en cambio, establece que, a su regreso, se deberá permanecer en el país y reanudar sus funciones en la entidad. Por ende, agregó, la norma no puede interpretarse en perjuicio del trabajador, puesto que, la licencia no es otorgada para que el investigador descanse, sino para que intensifique sus estudios en el exterior y traiga los aportes de los conocimientos adquiridos a su país de residencia.

Concluyó, de lo expuesto, que no puede imponerse que el trabajador deba volver al país en determinado tiempo, cuando, por un lado, la norma no lo dispone y, por otra parte, el espíritu de dicha norma es focalizarse en el mayor conocimiento y expansión científica.

Manifestó que, en el pronunciamiento recurrido, se intentaba endilgarle una conducta aprovechadora por haber percibido una licencia con goce de haberes en un período en que el país se encontraba en crisis, sin tener en cuenta que una ley había autorizado dicha licencia. Señaló que, al contrario de lo allí dispuesto, siempre había entendido que a su regresó debía trabajar en e l C.O.N.I.C.E.T., en reintegro de la licencia que le había sido concedida, y, que en virtud de tal creencia, se había puesto a disposición de la mencionada institución, a su inmediato regreso al país.

En definitiva, solicitó que se revoque el fallo apelado, con base en la hermenéutica que propone.

Como segunda cuestión, en cuanto a los intereses aplicables a las sumas reclamadas en autos, se agravió de que se hayan ordenado calcular con base en la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central.En tal sentido, explicó que considera que dicha tasa es abusiva, y que debe tenerse en cuenta que se trata de una persona trabajadora, que no ha lucrado con las sumas que se le reclaman y que, además, la actora no ha solicitado la aplicación de una tasa de interés tan elevada.

En suma, propone que se ordene que los accesorios sean calculados conforme la Tasa de interés pasiva del Banco Nación.

Asimismo, requirió que se tenga en cuenta que las sumas que se reclaman en la demanda ponderan intereses, por lo cual, dado que se encuentra vedado el anatocismo, solicitó que, en caso de mantenerse la condena, se disponga expresamente que es por las sumas percibidas sin sus intereses calculados en la demanda, sino que serán aplicables aquellos que surjan de la sentencia de Cámara.

Adicionalmente, y, para el hipotético e improbable caso de que se desestimen los agravios vertidos, apeló la imposición de costas determinada en la sentencia de la anterior instancia, en virtud de considerar que se encontraba con legítimo derecho a concluir su estudio de grado en el exterior, para una vez concluido, retornar a cumplir con su obligación en este país. Por lo expuesto, solicitó se deje sin efecto la imposición de costas y, sólo en caso de que se mantenga la resolución dictada en autos, se impongan las costas por su orden.

Finalmente, hizo reserva del caso federal, en los términos del art. 14 de la ley 48, a efectos de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

V.- Que, a modo de advertencia genérica sobre los planteos traídos a esta instancia, y en lo relativo a los agravios dirigidos a cuestionar el fondo del asunto discutido, cabe observar que los mismos traducen una mera discrepancia del criterio del Magistrado a quo, y distan de contener el estudio acabado de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.De este modo, el memorial en examen a lo largo de las tres carillas que lucen a fs. 695/696, carece de una crítica suficiente, concreta y razonada de lo resuelto.

Esta falencia es trascendente, en tanto se ha definido a la expresión de agravios como un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal, por lo cual su forma le impone claridad expositiva, para facilitar el estudio de los planteos vertidos (conf. Carlos Eduardo Fenochietto – Roland Arazi, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado», ed. Astrea, Buenos Aires, T. I, 1987, págs. 834/836).

En suma: los planteos traídos a esta Sala carecen de poder convictivo suficiente para revocar lo resuelto en la instancia anterior, toda vez que sólo trasuntan meras discrepancias con lo dispuesto, y se limitan a repetir los argumentos que fueron vertidos al contestar la demanda. Ciertamente, como se ha reiterado en el plano jurisprudencial, la operación de criticar es muy distinta a la de disentir. En efecto: la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación de la decisión que se objeta, con miras a demostrar los errores jurídicos y fácticos que ésta pudiere contener; mientras que, por el contrario, disentir implica meramente exponer que no se está de acuerdo con aquélla. Bajo esta comprensión, no alcanza para revertir lo dispuesto, el sostenimiento de una opinión diversa o alternativa a la expresada en la sentencia atacada, de por sí insuficiente para demostrar que ésta porte vicios que acarreen su invalidez o que conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso (cfr. esta Sala, in re, «Barroso, Cirilo Ciro c/E.N. – Mº Defensa – F.A.A. – Ley 23.848 – Dto. 1244/98 s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.», expte. nº 8.014/2008, sent.del 10/04/2014).

VI.- Que, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, y como modo de resguardar la defensa en juicio de la demandada, habrán de analizarse los planteos vertidos en la apelación deducida. En dicho cometido, en primer lugar, resulta oportuno recordar lo dispuesto en las normas aplicables al caso sub examine.

En esta línea, cabe precisar que, por medio del decreto-ley n° 1291/58, que dispuso la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, se estableció, como fundamentos de su constitución:

– «[q]ue resulta de primordial interés nacional coordinar y promover las investigaciones científicas en cuanto las mismas pueden contribuir al adelanto cultural de la Nación en sus más diversos aspectos; como asimismo a resolver problemas vinculados a la seguridad nacional y a la defensa del Estado; – que es de vital interés el desarrollo de las investigaciones científicas en cuanto estas propenden al mejoramiento de la salud pública, a la más amplia y eficaz utilización de las riquezas naturales, al incremento de la productividad industrial y agrícola, y en general al bienestar colectivo; – que conviene propender a la coordinación de la labor de los distintos centros e institutos de investigaciones, a fin de evitar en lo posible, toda nociva dispersión de medios y de esfuerzos, y también asegurar la colaboración metódica y permanente de los hombres de ciencia en la solución de múltiples problemas nacionales; – que las funciones enunciadas no pueden cumplirlas íntegramente y por sí solas las universidades y demás instituciones oficiales y privadas que existen en la actualidad, dada la magnitud de los recursos que exigen los modernos métodos de la investigación científica y la complejidad de los problemas de su organización en el plano nacional; – que resulta aconsejable instituir un organismo cuya misión específica consista en promover, coordinar y orientar las investigaciones que se realicen en el campo de la ciencia pura y aplicada.» Con una afín comprensión, el art.1º del Decreto 1661/96, que estructura las misiones y funciones, conducción, gestión y control de las actividades del organismo actor, establece que éste «. tendrá por misión el fomento y ejecución de actividades científicas y tecnológicas.». Paralelamente, es relevante que el art. 19 del citado decreto prevea que la gestión del C.O.N.I.C.E.T. deberá estar dirigida a -entre otros fines-, «. asegurar que toda asignación de fondos respete el criterio de calidad, mérito y pertinencia por encima de toda otra consideración» (cfr. inc. b-, art. 19, dto. 1661/96).

Asimismo, el art. 2 del Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, establece: «[l]a Carrera del Investigador (.) tiene por objeto: a.- favorecer la plena y permanente dedicación de los investigadores a la labor científica y tecnológica original; b.- garantizar el estímulo a todas las áreas científicas y tecnológicas que sean de interés nacional; c.- considerar armónicamente la investigación científica y tecnológica; d. fomentar la transferencia de los resultados de la tarea técnico científica a la sociedad.» Por su parte, en cuanto al régimen de licencias, el art. 18, inc. g, establece, en lo pertinente, que son derechos del personal: «[s]olicitar licencia con goce total o parcial de haberes, o sin ellos, por algunas de las siguientes razones: (.) 2.- cumplir breves estadías en centros avanzados de la especialidad a fin de permitirle efectuar observaciones y/o consultas, enterarse de nuevos métodos de trabajo y objetivos similares; 3.- hacer uso de una beca o ayuda similar del C.O.N.I.C.E.T. o de otra institución nacional, extranjera o internacional, para la realización de tareas que a juicio del C.O.N.I.C.E.T. sean de interés real y directo para la labor científica o tecnológica del agente o para el perfeccionamiento de su formación (.)».

En este orden, el art.28 dispone que, con respecto a licencias: «b. los investigadores (.) tendrán derecho a un año de licencia con goce de sueldo, después de cada seis años de ejercicio efectivo de la dedicación exclusiva y de permanencia consecutiva en el país. Las licencias previstas en los puntos 1 y 2 del inciso g, del artículo 18, no interrumpirán dicho período.» Además, establece que «(.) si el lugar de trabajo propuesto es fuera de su lugar habitual de residencia podrá hacer uso de una beca de investigador formado del C.O.N.I.C.E.T. o una beca, ayuda, retribución, etc., de otra institución.» Por su parte, en el acápite titulado «Deberes Generales para todo el Personal», el art. 30 dispone, en lo que aquí importa, que «[e]n adición a los deberes impuestos por el Estatuto del Personal Civil de la Nación, las leyes, decretos y resoluciones especiales, el personal incorporado al presente régimen tendrá las siguientes obligaciones generales: a. conocer y cumplir las disposiciones de este Estatuto y demás disposiciones dictadas por autoridad competente (.)».

VII.- Que, de la reseña normativa efectuada en el considerando que antecede, se desprende que no asiste razón a la peticionante en su planteo construido en torno de la cuestión de fondo.

En efecto, no se encuentra controvertido en autos que la señora Drittanti había hecho uso del régimen de licencias previsto en la normativa a la que estaba sujeta, gozando de los efectos que le otorgaba dicho beneficio. Asimismo, tampoco fue motivo de debate, el hecho de que la recurrente no había regresado al país al finalizar la licencia -obligación que se deduce del mismo ordenamiento que regula el régimen citado-, y que no se a legaron motivos contundentes que respaldasen su decisión. Sin embargo, la demandada pretende que se la exima de la sanción de exoneración y la consecuencia derivada de ella:restituir los sueldos percibidos con motivo de la referida licencia.

En ese sentido, con la hermenéutica propuesta, la recurrente propicia librarse de las consecuencias negativas ocasionadas por su decisión de no regresar al país, pretendiendo sólo recibir los beneficios que la norma habilita, pero sin asumir la responsabilidad y cargas que le caben a quienes incumplan el régimen dispuesto, previstas por la propia norma, que la demandada debió conocer al momento de solicitar la licencia y cuya invalidez constitucional no alega.

A mayor abundamiento, se debe tener presente que, como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas oportunidades, un razonable parámetro interpretativo debe descartar una visión aislada, inconexa o bien parcializada de la norma cuyos alcances se analizan, debiendo sopesarse el modo en que éstas se incardinan en un sistema normativo en el cual se hallan engarzadas, y con el cual guardan coherencia y mantienen la debida complementación y armonización, como parte de una estructura sistemática que debe ser considerada en su totalidad (cfr. arg. Fallos, 322:1699 ; 330:1785 , 2800; 331:1234 , entre muchos otros), lo cual descartaría que la inteligencia atribuida a una de tales disposiciones -en el caso, el art. 31 del estatuto de las carreras- altere el equilibrio del conjunto, dado por el bloque de legalidad que reglamenta las misiones y fines de la autoridad administrativa.

En otras palabras, la norma citada debe ser puesta en contexto con las disposiciones que regulan orgánicamente el funcionamiento del C.O.N.I.C.E.T. Así las cosas, el sistema de licencias por el cual se otorgó tal beneficio, no debería ser concebido aisladamente del sentido y misión del organismo actor que, valga señalarlo, es la autoridad de aplicación de la política pública en materia de ciencia y tecnología de nuestro país.

De tal modo, aquel sistema de licencias no admite ser interpretado como la instrumentación de una liberalidad concedida a título personal a determinados agentes públicos.Antes bien, el aludido beneficio debe ser enfocado bajo el entendimiento de que lejos de constituir un fin en sí mismo, traduce un medio para un elevado fin de interés público, enmarcado en una política de inserción científico-técnico de la Argentina, expresada entre los fundamentos que se tuvieron en cuenta para el dictado de la norma de creación del C.O.N.I.C.E.T., según lo ya reseñado supra, en el considerando VI. Lo expuesto descarta una interpretación que convalide lo pretendido por la demandada, habida cuenta de que reposa en una concepción que enervaría el logro de los fines de interés general y bien común cuya gestión ha sido encomendada a la autoridad mencionada.

En todo caso, no empece a esta perspectiva el agravio basado en el diverso tratamiento supuestamente conferido a otros investigadores o científicos del C.O.N.I.C.E.T. En efecto, en Fallos, 310:943 (considerando 9º), la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que no se vulnera la garantía de igualdad por el hecho de, eventualmente, existir otros situaciones análogas a las que se analicen y que se hallen en aparente infracción, puesto que, la transgresión normativa en la que posiblemente se hallasen aquéllos terceros, no puede justificar el apartamiento de la norma en el caso de la recurrente, habida cuenta de que el agravio sólo se configura si la desigualdad emana del texto mismo de la disposición legal, más no de la interpretación que le haya dado la autoridad encargada de hacerla cumplir (C.S.J.N., Fallos:297:480; 300:65; 302:315; y 310:943).

Como corolario de lo expuesto, los fundamentos que anteceden resultan suficientes para sellar negativamente la suerte del recurso interpuesto por la demandada, por lo que corresponde confirmar la sentencia apelada, en cuanto al fondo de la cuestión debatida.

VIII.- Que, sentado lo anterior, cabe dar tratamiento a la queja sustentada con relación a la tasa de interés que se ordenó aplicar, en el pronunciamiento de grado, para el cómputo de los accesorios, esto es: la pasiva promedio que publica mensualmente el B.C.R.A. (cfr. sexto párrafo del considerando 6º).

Al respecto, resulta pertinente comenzar recordando que la actora no había propiciado, en el escrito de demanda, el empleo de una tasa determinada, a los efectos del cálculo de los intereses que hubieran de devengarse (ver fs. 2/7), pedido que tampoco fue efectuado al momento de alegar.

En las condiciones descriptas, cabe destacar que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 622 del Código Civil, en caso de que los accesorios no se hubiesen convenido al constituirse la obligación, o no se encuentren fijados por una ley especial (se observa, en tal sentido, que ni el Estatuto ni otras normas conexas, contienen previsiones al respecto), los jueces determinarán el interés que debe abonar el deudor moroso. En una afín hermenéutica con lo dispuesto en la norma citada, se ha expedido el Máximo Tribunal, al señalar que la determinación de la tasa de interés, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa (C.S.J.N., en Fallos: 317:507).

Aclarado lo anterior, cabe tener presente, sobre el punto, que la demandada se encontraba vinculada al C.O.N.I.C.E.T.por medio de una relación de empleo público, como trabajadora de tal instituto, y, si bien es cierto que no cumplió con su obligación de regresar al país al momento de finalizar la licencia, parece ajustado a derecho que las sumas que deba restituir sean compensadas mediante la aplicación de la tasa pasiva promedio que abona el Banco de la Nación Argentina. Esta solución, coincide con la decidida en casos análogos, en los cuales se ordenó aplicar dicha tasa (cfr. Sala III, in re, «E.N. (C.O.N.I.C.E.T.) Resols. 1431 y 1432/91 y 896/92 c/ Evans John Martin s/ proceso de conocimiento» , causa nº 25.681/03, sent. del 16/03/2010).

IX.- Que, por otra parte, y en orden al planteo relativo al anatocismo que se produciría en el caso de ser confirmado, sin más, el pronunciamiento recurrido, cabe precisar que de los términos del fallo apelado, y del mecanismo de aplicación de la tasa de interés (v. esp. fs. 683), surge que se ordenó pagar a la actora las «.sumas reclamas [sic, se entiende que quiso expresar: «reclamadas»] con más sus intereses .» que se mandaron calcular del modo que se indica en resto del párrafo sexto del Considerando 6º del decisorio apelado.

Respecto de este agravio, cabría advertir que, en principio, de una lectura detenida de los términos del decisorio de fs. 679/683 y del pasaje en el que describe el mecanismo de aplicación de la tasa de interés -ver en especial fs. 683-, lo correcto sería deducir que la condena recaída en autos no autoriza un supuesto de anatocismo. En todo caso, se advierte que en el escrito de inicio se habían consignado como sumas reclamadas las resultantes de una liquidación que contenía tanto capital como asimismo intereses (los cuales alcanzan la cifra de $ 6.318,76, sobre un total reclamado de $ 51.526,46, cfr. fs. 114/120, volcada también en el informe pericial contable de fs.626/627vta.; dichos intereses fueron computados hasta el 30/11/2005, es decir unos once meses antes de la interposición de la demanda). Por consiguiente, cabría deducir que no corresponde capitalizar éstos últimos, o devengar sobre los mismos nuevos intereses.

Se observa, en tal sentido, que el cálculo de los accesorios que corresponde ordenar es el resultante sobre cada suma percibida, agregándose entonces los intereses a la tasa indicada en este pronunciamiento (cfr. considerando VIII, supra), calculada desde las fechas de cada una de tales percepciones, circunstancia que, de seguirse, descartará toda posibilidad de indebida capitalización de intereses y subsiguiente devengamiento de éstos sobre el resultado de dicha capitalización, alternativa que ciertamente, como se adelantó, cabría evitar.

En definitiva, sin desconocerse que lo resuelto no luce erróneo, y en aras de atender la prevención de la recurrente y así brindar mayor precisión al alcance de la condena recaída en autos, con miras a despejar de tal modo inconvenientes en la etapa de ejecución de sentencia, se estima plausible establecer el criterio contrario a toda forma de anatocismo, fijándose por ello las pautas ya señaladas, lo cual deja establecido el alcance de aquella.

X.- Que, en torno al agravio dirigido a cuestionar la imposición de costas fijada en la anterior instancia, atento a que la demandada resultó sustancialmente vencida en el pleito, no se advierten razones que justifiquen apartarse del principio rector en la materia (art. 68, primer párrafo del C.P.C.C.N.), por lo que corresponde mantener lo decidido en dicho punto.

Por su parte, en cuanto a las costas de esta Alzada, cabe precisar que, en atención al modo en que se resuelve, las mismas deberán ser soportadas en un 90% a cargo de la demandada, y en el 10 % restante a cargo del C.O.N.I.C.E.T., según la estimativa proporción en la que prosperan las pretensiones de cada litigante (arts. 71 y 279 del C.P.C.C.N.).

En las condiciones descriptas, propongo:1º) desestimar la apelación de la demandada en cuanto a la procedencia sustancial de la acción; 2º) hacer lugar al recurso en lo que respecta a la tasa de interés sobre el capital de condena y, consecuentemente, disponer que se aplique la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina, estableciéndose que los intereses sobre el capital adeudado sean computados conforme lo precisado en los considerandos VIII y IX de la presente; 3º) mantener la imposición de costas de la instancia anterior, y disponer que las de esta instancia sean distribuidas en un 90% a cargo de la demandada, y en el 10% restante a cargo de la a ctora (arts. 71 y 279 del C.P.C.C.N.). ASI VOTO.

Los Dres. José Luis Lopez Castiñeira y Luis M. Márquez adhieren al voto precedente.

En atención al resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1º) desestimar la apelación de la demandada en cuanto a la procedencia sustancial de la acción; 2º) hacer lugar al recurso en lo que respecta a la tasa de interés sobre el capital de condena y, consecuentemente, disponer que se aplique la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina, estableciéndose que los intereses sobre el capital adeudado sean computados conforme lo precisado en los considerandos VIII y IX de la presente; 3º) mantener la imposición de costas de la instancia anterior, y disponer que las de esta instancia sean distribuidas en un 90% a cargo de la demandada, y en el 10% restante a cargo de la actora (arts. 71 y 279 del C.P.C.C.N.).

Regístrese, notifíquese, hágase saber la vigencia de la acordada Nº 4/07 de la C.S.J.N. y, oportunamente, devuélvase.

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

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