Ilegitimidad del cerramiento de una calle pública efectuada por vecinos del barrio, a fin de evitar el ingreso de delincuentes

Calle-cerradaPartes: Martinez Nicosia Cecilia y otros c/ Racconto Alberto s/ acción amparo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Cuarta

Fecha: 22-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89257-AR | MJJ89257 | MJJ89257

Ilegitimidad del cerramiento de una calle pública efectuada por vecinos del barrio, a fin de evitar el ingreso de delincuentes.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la acción de amparo deducida, pues los accionantes no podían cerrar con una reja una calle pública, en primer lugar porque al pertenecer al dominio público del estado municipal carecían de facultades para restringir el uso común de la misma; y en segundo lugar porque con ello obstruían la servidumbre real de tránsito de los lotes que tienen acceso a dicha vía, y que dan cuenta las copias de las escrituras de transferencia de dominio que corren agregadas.

2.-La adquisición del derecho de uso especial o privativo de los bienes del dominio público requiere indispensablemente un acto expreso del Estado, en cuyo mérito ese derecho resulte otorgado o reconocido; por ello, no detentando los amparistas un permiso de uso especial respecto de la calle pública en cuestión, les estaba vedado proceder a su cierre como lo hicieron por cuestiones de seguridad delictiva, dado que con ello impidieron el uso de la calle a todo individuo, incluído obviamente el accionado, que pretendiere ingresar o egresar a la misma desde o hacia el inmueble lindante de propiedad de éste último.

3.-El accionado ha tomado una serie de medidas de seguridad para evitar incursiones delictivas de personas ajenas al barrio, por lo que ha desaparecido el temor de los accionantes a ser víctimas de actos de inseguridad en manos de delincuentes que se introdujeran por el descampado contiguo, ya que este fue perimetrado y cuenta con personal de seguridad las 24 horas; en consecuencia, no habiéndose mantenido la situación que diera fundamento al amparo, proteger la seguridad personal y familiar contra ilegítimas incursiones exteriores , resulta clara la improcedencia del mismo.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce, siendo las doce horas, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva estos autos Nº 50.677/251.272, caratulados “MARTINEZ NICOSIA, CECILIA Y OTS. C/RACCONTO, ALBERTO P/ACCION AMPARO”, originarios del Juzgado Civil, Comercial y Minas del Tribunal de Gestión N° 1, venidos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 516/535 por la Dra. Cecilia N. Martínez Nicosia por sí y en representación de los actores, en contra de la resolución de fs. 495/505.

Practicado a fs. 632 el sorteo establecido por el Art. 140 del Código Proce-sal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Dres. Ábalos, Leiva y Sar Sar.

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 160 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión:

¿Debe modificarse la sentencia en recurso?

Segunda cuestión:

¿Costas?

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Sil-vina Ábalos, dijo:

I. Llega en apelación la sentencia que glosa a fs. 495/505, por la cual el señor Juez “a quo” rechaza la demanda de amparo promovida a fs. 92/101, con imposición de costas.

A fs. 516 y sgtes. la parte actora funda el recurso de apelación y solicita la revocatoria del fallo que impugna, en el sentido que se acoja el amparo.

A fs. 613 y sgtes. contesta el demandado, Sr. Alberto Racconto y pide la deserción del memorial y, en subsidio, el rechazo de los agravios, quedando la causa a fs. 631 con autos para sentencia.

II. PLATAFORMA FACTICA.

A fs.92/101 y vta., se presentan interponiendo acción de amparo los Se-ñores Cecilia Martínez Nicosia, Julio Gómez Orellano; Marcos Krochik; Gladys Sidanelia Bravi; Armando Surballe; Jorge Luis Britos; Alberto Carlos Istok; Marina Daniela Di Stefano; Raúl Daniel Burgos; Patricia Miriam Fernández; Alejandro Ernesto Posca; Sergio Leonardo Salas; Juan Carlos Correa; Guillermo Alberto Carrió; Diego Martínez Palau; Fabiana Agustina Redmond; Rosario Bobillo y Hernán Caramia, en calidad de vecinos del Barrio Raíces I, solicitando que por aplicación del art. 43 de la Constitución Nacional, se haga lugar a la acción con el objeto de proveer a la seguridad personal de los actores y sus familias, en el barrio conocido como Barrio Raíz (o Barrio Don Lisandro), ubicado en El Challao, Las Heras, amenazadas por las injustas injerencias del Señor Alberto Luis Racconto.

Agregan que pretenden que se ordene al Señor Alberto Luis Racconto, que cese, interrumpa o evite cualquier acción dirigida a retirar o derribar la alam-brada instalada por los vecinos para proteger la seguridad personal y familiar contra ilegítimas incursiones exteriores.

Expresan que se encuentra afectada la seguridad personal de los habitantes del Barrio Raíz, especialmente de aquéllos cuyas viviendas lindan con la calle conocida como número 1 (continuación de la calle Dr. Perinetti de Capital); que la seguridad personal incluye la protección de la vida y la salud de los habitantes del barrio, y la protección de sus bienes contra los peligros que entrañan para ellos las incursiones de maleantes desde el exterior del Barrio, sin ningún control posible que no sea un obstáculo a su libre circulación; que los derechos amenazados están previstos con carácter constitucional en los artículos 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención de los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), de la ley 26.061, en protección de la seguridad personal de los niños del Barrio; en el art.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al referirse a las vías de hechos, hacen presente que los Señores Alberto Racconto y Oscar Femenia, su socio, en forma personal o en conjunto, o bien utilizando figuras jurídicas como la empresa Acotur S.A., o bien “Conjunto habitacional Pórtico del Sol”, vienen realizando distintos emprendimientos comerciales en la zona del Challao, entre las calles conocidas como Avenida Acceso Aeropuerto (ex Ruta Prov. N° 99), al sur, calle número 1(continuación de calle Dr. Perinetti de Capital), al oeste, calle Regalado Olguín al Norte y calle Número 7 al este; que dentro de esa zona se encuentra el Barrio Raíz, en el que habitan los actores y familias sobre calle N° 1, y que fue conocido inicialmente como “Barrio Don Lisandro” (por la empresa Don Lisandro S.A., también propiedad de ese grupo); que una ampliación del barrio se realizó a un par de cuadras abajo, denominada Raíz II, y una segunda ampliación otro par de calles al este, llamado Raíz III. Hacia el Este, los Señores Racconto y Femenía construyeron una propiedad horizontal.Hacia el norte del Barrio Raíz, los mentados se encuentran construyendo un segundo barrio privado denominado “Pórtico del Sol”.-

Aclaran asimismo que la calle N° 1, es hacia el Oeste, la primera calle pública del Barrio Raíz, y corre desde la Avenida Acceso Aeropuerto, unos tres-cientos metros con dirección Sur a Norte, terminando en un descampado desér-tico, con flora nativa, gran cantidad de piedras, un importante desnivel hacia el este, y mucha oscuridad en las noches; que entre el final de la calle N° 1 y la Re-galado Olguin, que corre perpendicularmente al norte, hay unos mil metros de terreno irregular e inhóspito que sirve de pasadera y ocultamiento a maleantes, y que entre la calle N° 1 del Barrio y la calle Avenida Champagnat, que corre paralela al Oeste, hay unos trescientos metros de campo sin cierres, ni alambrados ni iluminación.-

Declaran que más allá de obras de canalización, defensas aluvionales y tendidos de electroducto que se han apreciado en la zona, por fuera del Barrio y en lo que se denominará “Pórtico II”, la empresa que reconoce como titulares a los Señores Racconto y Femenia ha perturbado la tranquilidad interna del Barrio Raíz con la circulación de vehículos de gran porte:camiones de tres, cuatro y cinco ejes, topadoras, excavadoras, etc., y de gran cantidad de personas desconocidas que trabajan en la obra.-

Sostienen que hace más de diez años, luego de inaugurarse el Barrio Raíz, sus vecinos fueron objeto de permanentes incursiones por ladrones de po-ca monta, oportunistas y rateros; que con posterioridad se produjeron hechos de mayor violencia; que para 1998, aproximadamente, se construyó un paredón al final de la calle N° 1, con apoyo municipal, el que aparentemente pisaba el terreno colindante, resultando una solución bastante adecuada, ya que muy rara vez los maleantes la traspusieron; que esta situación de cierre continuó pacíficamente durante años, hasta que el predio vecino fue adquirido por el del Señor Racconto, quien derribó en el mes de julio del 2.013 la pared, alegando que se encontraba enclavada medio metro (algo así) dentro de su propio terreno, lo que lo autorizaba a su derrumbe y que le impedía el ingreso de camiones, lo que a criterio de los amparistas sería falso, ya que el nuevo emprendimiento Pórtico II, cuenta con un ingreso principal por calle pública N°. 7.-

Denuncian que el accionado sumió al Barrio Raíz en una situación de absoluta desamparo, haciendo uso de su aparente derecho de propiedad, innecesariamente, ya que cuenta con un ingreso bien construido y delimitado a solo seiscientos metros de allí.

Señalan que el 3 de Agosto un grupo de vecinos de la zona iniciaron la construcción, esta vez sobre calle pública, de un nuevo alambrado, con carac-terísticas de enrejado, al final de la calle N° 1 y fuera de los límites del fundo de los Señores Racconto y Femenía; que el alambrado se enclavó unos cincuenta centímetros desde el límite final de la calle hacia el interior del Barrio, sin inte-rrumpir la circulación vehicular hasta el final del Barrio.-

Reconocen que sobre calle N° 1, se está instalando un tendido de media tensión que, no respeta las normas de seguridad eléctrica; que han deducido oposición al EPRE; que un técnico de EDEMSA verificó la defensa puesta por los vecinos y explicó que le pedirían a la empresa de Racconto que pasara el tendido eléctrico (aún en construcción), por debajo de la reja, ya que la línea proyectada puede tenderse subterráneamente.-

Manifiestan que día 8 de agosto se presentaron en el lugar dos técnicos: uno el Señor Orellano u Orellana, conocido representante de la empresa del Señor Racconto y otro del EPRE; que en presencia del Sr. Escobar, el primero expresó que sería retirado el alambrado puesto por los vecinos y la luz municipal instalada en el exterior del Barrio para iluminar el campito ya que impedían el cruce del tendido eléctrico, y que frente al peligro de que el Señor Racconto cumpla con esa amenaza a la seguridad vecinal, y dentro de los diez días de imponerse los vecinos de tal peligro, por vías de hecho, peticionan la intervención del Tribunal.

A fs. 287, se presenta el Dr. Marcelo J. Salvatore por el accionado Alberto Luís Racconto, contesta la demanda y opone falta de legitimación activa.

Asevera que los actores invocan como derecho, la seguridad personal para los habitantes del Barrio Raíz y en particular la seguridad de aquellos cuyas viviendas lindan con la calle conocida como N° 1(actualmente calle Perinetti), sin que hayan acreditado ser propietarios de las viviendas colindantes a la calle Pe-rinetti o inquilinos o comodatarios.

Admite que su representado es el propietario del inmueble ubicado con frente a la que en los planos se denomina calle Pública N° 1(actualmente Perinetti); que la compra, se inscribió bajo la matrícula folio real 345.521, y corresponde a la denominada fracción “A” y que el frente de dicho inmueble es a través de la calle pública N°1, es decir la calle bloqueada por los amparistas; que la escritura acomp añada por los actores, agregada a fs.25 de autos no corresponde al mismo inmueble, sino a la fracción “E”, que es el fundo dominante de la servidumbre de paso que grava la fracción “A” (fundo sirviente), cuyo único acceso es a través de la calle pública N° 1 obstaculizada ilegalmente.-

Indica que EDEMSA ha dispuesto que el tendido eléctrico debe realizarse por calle Perinetti y que es necesario antes de dar inicio a las obras que esté libre de obstáculos la calle; que el fraccionamiento realizado por su representado es plenamente ajustado a la normativa vigente cuyo cumplimiento exigió el Municipio de Las Heras; que su parte tiene el derecho de transitar libremente para ingresar a su terreno que como surge de los planos arrimados al proceso por los propios actores, tiene ingreso por la calle pública número 1, de la cual los actores con la excusa de la seguridad se apropiaron en forma ilegítima; que se sienten propietarios de una calle pública que, pertenece al dominio público y es la que permite el acceso al inmueble de propiedad de su representado.-

Pone de manifiesto que la calle Perinetti o calle pública n° 1, no se trata de un pasillo comunero de indivisión forzosa adquirido por los propietarios, como sucede en algunos barrios privados, sino de una calle pública cuyo cierre impide a su representado el tránsito libre, además del ejercicio de su derecho de propiedad y de ejercer una industria lícita, como sería la urbanización del terreno.-

Impugna la vía elegida en cuanto no se satisfacen los requisitos exigidos por el art. 4° del dec. ley 2589/75; que fue deducido fuera del plazo legal, venciendo éste el 15 de Agosto del año 2.013; que no ha habido de su parte ningún hecho u omisión ilegítimos o arbitrarios, habiendo los actores al colocar la reja sobre la calle pública No.1 impedido el ingreso a la propiedad de su mandante.-

Insiste que los amparistas denuncian su calidad de “vecinos” sin aportar mínimamente una prueba al respecto, ni tampoco han probado hechos de inseguridad.-

Producidas las pruebas, se dicta sentencia.

III. LA SENTENCIA RECURRIDA.

El “A Quo”, entiende que debe referirse en primer lugar a la impugnación de la legitimación sustancial activa, en cuanto el demandado sostiene que no se acredita la condición o calidad de los actores, para ejercer su acción de amparo.-

Señala el Iudex que no es suficiente con enunciar determinada calidad, sino que la misma debe ser claramente acreditada en oportunidad de presentarse a estar a derecho; máxime en el caso en el que se presentan ejerciendo su pretensión un número de personas, concluyendo que los amparistas han planteado su demanda sin acreditar el vínculo de vecinos, por lo que rechaza la acción.-

IV. LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SU CONTESTACION.

Que al expresar agravios, los accionantes estiman que la falta de legitima-ción no debió analizarse desde el punto de vista que los auto-definidos lo eran en términos de propietarios, locadores o comodatarios, sino si ellos revestían la condición de “perjudicados” por las injustas agresiones del accionado, a partir de una amenaza concreta (y luego reconocida en el juicio) de querer quitar el obstáculo.-

Entienden que el demandado más allá de aseverar que le son des-conocidos los amparistas, no niega que existe un conflicto entre Alberto Racconto y los vecinos del Barrio Raíz; que el conflicto se inicia con el derrumbe de un paredón y se mantiene cuando los vecinos construyen un enrejado; que en ningún momento niega su voluntad de destruir la reja; surgiendo en opinión de los recurrentes, del responde de la demanda una serie de reconocimientos tácitos de los hechos invocados en la demanda.-

Critica la interpretación dada respecto del valor de la “denuncia” del domi-cilio real contenida en el art.165-I CPC, los efectos que tienen la constitución del mismo (denuncia conforme al art. 21 del CPC) y el concepto de domicilio “real” que es dónde una persona vive y que se conserva por la sola intención de no cambiarlo (arts. 89 y 99 del C.C.); y que si el demandado pretendía que los domicilios denunciados, no eran reales, podía acusar su falsedad.-

Señala que el atributo del domicilio no requiere de un certificado en parti-cular, exigiendo la sentencia cuestionada, una acreditación mayor a la prevista en el art. 165.1, tampoco siendo suficiente la actuación de la notaria que acredita las identidades de los accionados y sus domicilios reales.-

Denuncia que en el pronunciamiento se ha omitido el análisis de las constancias de autos, de las que surge que los actores son vecinos del barrio. Así la Escritura No. 21, de fecha 5/8/2013 da cuenta del domicilio de los amparistas y de su condición de vecinos, cumpliendo la notaria con la disposición el art. 1.001 del C.C., no habiendo sido anulada ni redargüida de falsedad (ver fs. 86); de la declaración de fs. 328; de las copias de EDEMSA corridas a fs. 338 y del informe de organismo de fs. 333; de los dichos del Ingeniero López que da cuenta haber participado de reuniones con los vecinos por el derrumbe de la pared (fs. 370); y de la carta documento remitida por Acotur al Dr. Martínez Palau en su domicilio en el propio Barrio Raíz I.-

Estima que ningún análisis serio podría hacerse sin presumirse que quie-nes instalaron el enrejado son vecinos del lugar, y que los únicos que podrían tener conflicto con el demandado son los vecinos.-

Menciona que el conflicto con el demandado por la apertura de la zona surge de las declaraciones de fs. 317, 370 y del informe de fs. 333, como que los actores instalaron la reja, del acta protocolar de fs.86, por lo que los apelantes estiman que se encuentra probada su carácter de legitimados activos de la acción deducida.-

A fs. 613 y sgtes. contesta los agravios el Dr. Marcelo J. Salvatore en repre-sentación del demandado.-

Arguye que los recurrentes solo manifiestan disconformidad con el fallo recurrido, sin demostrar concretamente cuál es el error del Inferior; que han intro-ducido en esta Instancia cuestiones novedosas, tales como la existencia de derechos difusos o colectivos, postulando que en virtud de la protección de dichos derechos se revoque la sentencia en cuestión, como asimismo que la única calidad que debían probar los accionantes, era la de ser quienes habían puesto la reja que resultara amenazada por el demandado, cuando al deducir la acción, los amparistas invocaron su condición de vecinos de la calle pública, pretendiendo en esta instancia cambiar el eje de la discusión.-

Indican que los actores debían probar la legitimación, lo que no hicieron; que la carga procesal de cumplir con el art. 165 inc. 1 del CPC nada tiene que ver con la situación de autos; y que la constatación notarial de fs. 86 no certifica que los amparistas vivieran en la calle pública N°. 1; el escribano no manifiesta haber concurrido al domicilio de los amparistas y certificar que viven ahí, por lo que éste sólo hace una descripción de la colocación de la reja, sin mencionar ni hacer una mínima referencia a quienes viven en la calle pública, no pudiendo tampoco ser presumida la legitimación.-

Subsidiariamente y para el caso que se entendiese formalmente procedente la defensa de los derechos de incidencia colectiva, igualmente el argumento central del amparo era la condición de vecinos de la calle pública N° 1, condición que sostuvo el Juez que no está probada.-

V.LA NORMATIVA APLICABLE Y ANALISIS DEL CASO.-

A).- Agravios mínimos.-

Atento a lo peticionado por la apelada en la contestación del recurso, se recuerda que en orden a valorar la suficiencia de la expresión de agravios debe seguirse un criterio amplio que armonice con el respeto del derecho defensa en juicio y con el sistema de la doble instancia adoptada por la ley, mas sin que esa flexibilidad llegue a un extremo tal que, en los hechos, se traduzca en la deroga-ción lisa y llana de los recaudos exigidos por la ley formal.

Para medir la suficiencia o insuficiencia de una expresión de agravios, el “sentido común” es quizás, la piedra de toque en todo campo de la materia pro-cesal que no se encuentra total y acabadamente limitada (donde incluimos tam-bién este tema), por lo que a su luz debe analizarse la idoneidad del escrito de expresión de agravios” (PEYRANO, Jorge “Compendio de reglas procesales en lo civil y comercial, pág. 155).

Asimismo se ha sostenido que “la deserción del recurso de apelación concedido libremente se produce cuando el apelante no presentó la expresión de agravios dentro del plazo de diez días, o lo que es lo mismo, cuando esa presentación fue extemporánea; o cuando el apelante no efectuó la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que consideraba equivocadas, o se remitió exclusivamente a presentaciones anteriores. Conviene recordar que en caso de duda acerca de la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse por un criterio amplio, que es el que más armoniza con el ejercicio irrestricto del derecho constitucional de defensa en juicio; o lo que es lo mismo, que la deserción del recurso de apelación por insuficiencia del contenido del escrito de expresión de agravios debe ser interpretada restrictivamente, en tanto acarrea una pérdida de derechos” (KIELMANOVICH, Jorge, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentario art.266, Lexis Nº 9220/008127).

En este caso, se aprecia que no es viable la pretensión de la recurrida, en el sentido que se declare desierta la apelación, pues su lectura pone de manifiesto que, en el peor de los supuestos, le son aplicables los precedentes a tenor de los cuales “debe desecharse de plano la declaración de deserción del recurso cuando existe un mínimo de agravio, con lo que la instancia se abre, debiendo interpretarse restrictivamente, de donde la duda sobre la insuficiencia de la expresión de agravios no autoriza a declarar desierto el recurrimiento” (Confr. L.S. 151:164).

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha dicho: a) “Un recurso deb e ser declarado desierto, cuando las consideraciones desarrolladas resultan inconducentes, subjetivas y carentes del debido sustento jurídico”; b) “En caso de duda acerca de la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse por un criterio amplio, que es el que más armoniza con el ejercicio irrestricto del derecho constitucional de defensa en juicio; o lo que es lo mismo, que la deserción del recurso de apelación por insuficiencia del contenido del escrito de expresión de agravios debe ser interpretada restrictivamente” (SCJMza, Sala I, 29/07/2.011, expte. N° 100.943, “Fiscalía de Estado en J: 213.843/12.538 Daldi, José Luis c/Coop. De Viv. Y Urb. El Triángulo Ltda. P/Ejecución Cambiaria s/Inc. Cas.”).

Que así las cosas, se estima que la pretensión recursiva viene habilitada desde el punto de vista formal, no advirtiendo razones de suficiente magnitud que justifiquen una declaración de deserción, como pide al contestar agravios, la parte apelada.

B).- Domicilio. Medios probatorios. Apreciación.-

1).-El domicilio real de las personas, es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios (art.89 del C.C.).-

El domicilio es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos; y el domicilio real es el fija-do por la ley como asiento jurídico de la persona, tomando en cuenta para su de-terminación el lugar de la residencia efectiva.

Según la mayor parte de nuestra doctrina, así como de la extranjera, dos son los elementos del domicilio real. Uno objetivo, constituido por el asiento prin-cipal de la familia o de los negocios de la persona; y el otro subjetivo, que consiste en el ánimo o intención de permanecer en el lugar.-

Hay quienes se han pronunciado porque la intención no constituye ele-mento necesario del domicilio, pues, si bien nuestro Código alude varias veces a ella, la intención que se toma en cuenta es la que se manifiesta en hechos con-cretos, en actos exteriores.-

Cualquiera que sea el criterio que se adopte para la determinación del domicilio real, el de la doctrina tradicional, que requiere la residencia habitual (elemento objetivo) y el ánimo o intención de permanecer en ese lugar (elemento subjetivo), o el de la corriente que entiende que la intención no constituye elemento necesario, lo cierto es que no parece aconsejable ni prudente manejarse en el plano de las puras intenciones, por lo común ocultas, a menos que se traduzcan en hechos o en circunstancias de más asequible interpretación (BELLUSCIO-ZANNONI. “Código Civil”. To. 1. Ed. ASTREA, pág. 413 y sgtes).-

Siendo la naturaleza del domicilio un hecho jurídico, ninguna limitación existe en materia probatoria, por lo que puede acreditarse por cualquier medio, merituándose la relevancia de cada medio probatorio según las circunstancias del caso (BUERES-HIGHTON. “Código Civil” 1. Ed. Hammurabi, pág.491/492).

Las declaraciones orales o escritas de una persona cuyo domicilio está en cuestión son prueba admisible de su intención de residir en un lugar, si se las hace antes de haberse iniciado la controversia, pero deben ir acompañados de actos que las confirmen, pudiendo tenerse en cuenta las declaraciones hechas por el individuo cuyo domicilio se cuestiona en diversos actos en que aparece otorgando escrituras públicas. También se han admitido la prueba testimonial y los informes policiales (BELLUSCIO-ZANNONI. Ob. cit., pág. 416/417).

2).- Que los accionantes se presentan en su carácter de vecinos de la zo-na, que construyeron sobre el final de la calle pública No. 1, un alambrado con características de enrejado, a fin de procurar la seguridad personal de los habi-tantes del Barrio Raíz, y particularmente de aquellos cuyas viviendas lindan con la calle conocida como I, continuación de la Calle Perinetti de Capital.-

Al comparecer denuncian sus respectivos domicilios reales, todos ellos si-tos en Barrio Raíz, algunos en Manzana A, B y D.-

Al contestar la demanda, el accionado opone falta de legitimación pasiva, arguyendo que los actores sostienen que son los titulares de las viviendas que colindan con calle Perinetti, situación que su parte desconoce, y que tendrían que haberlo acreditado de alguna manera (títulos de propiedad, contrato de locación, boleta de servicios), habiendo precluído la oportunidad procesal para hacerlo (ver fs. 279/280).-

A los efectos de determinar si los accionantes han probado o no su carácter de vecinos del Barrio Raíz, lindantes con la calle conocida como I, resulta oportuno efectuar un relevamiento de los diversos elementos probatorios que obran en la causa.-

Así a fs. 86 y sgtes.obra Acta declarativa y de constatación solicitada por los vecinos del Barrio “Raiz I”, Escritura N°. 21, quienes comparecen y se identifi-can ante la Notaria intervinientes como Gladys Sidanelia Bravi, DNI 20.444.003, casada, domiciliada en Manzana A Casa 2; Jorge Luis Britos, DN 20.803, casado, domiciliado en Manzana A Casa 7; Raúl Daniel Burgos, DNI 20.112.130, casado, domiciliado en Manzana A Casa I; Guillermo Carrió, DNI 20.452.696, divorciado, domiciliado en Manzana B casa 13; Miguel Alejandro Escobar DNI 20.809.611, divorciado, domiciliado Manzana B Casa I; Julio Mariano Gómez Orellano, DNI 24.770.303 y Cecilia Natalia Martínez Nicosia, DNI 27.300.590, casados entre sí y domiciliados en Manzana A Casa 8, Alberto Carlos Istok DNI 27.270.293 casado domiciliado en Manzana A, Casa 4; Diego Adrián Martínez Palau, DNI 18.167.857, casado domiciliado en Manzana B Casa 14; Alejandro Ernesto Posca DNI 29.386.444 soltero, domiciliado en Manzana B Casa 15 y Sergio Leonardo Salas DNI 18.447.689, domiciliado Manzana A, casa 3.-

A continuación los comparecientes declaran en su carácter de vecinos del Barrio Raiz I, del Distrito El Challao, Departamento Las Heras, cuyos inmuebles dan con frente a la calle Publica No 1, entre otras cosas, que con el resto de los vecinos, restablecieron un cerco divisorio con el fundo inculto, con la finalidad de proteger a sus personas y bienes restableciendo las condiciones de seguridad.

Que la Notaria constituída en el lugar indicado como calle pública No.1 del Barrio “Raiz I”, con frente a las casas N°. 1 de la Manzana A y N°. 1 de la Manzana B, constata la existencia de una reja divisoria entre el Barrio Raíz I y el terreno inculto que lo rodea; que la misma ha sido emplazada sobre terreno de la calle Pública número 1, entre los ingresos vehiculares a los inmuebles identificados como Manzana A casa I del señor Raúl Daniel Burgos y Manzana B Casa I del Señor Miguel Alejandro Escobar; y que está emplazada al final de la calle pública, que tiene como límite norte un terreno baldío completamente abierto, sobre el que no existe ningún control, ni tampoco se encuentra cercado con ningún elemento que impida la circulación desde el exterior del mismo.-

A fs. 328 el testigo Miguel Alejandro Escobar, más allá que fuera tachado por ser uno de los solicitantes del acta notarial de constatación ut supra indicada, al contestar por las generales de la ley, expresa que “Si conozco a Cecilia Natalia Martínez Nicosia es vecina del barrio vive sobre la calle 1 con su esposo y sus dos hijos chicos. Si conozco a Julio Gómez Orellano es vecino del barrio, vive sobre la calle 1 con su esposa y sus dos hijos. Si conozco a Marcos Krochik tam-bién es vecino, vive sobre la calle 1 con su esposa y sus hijos. Si conozco a Gladys Sidanelia Bravi, también es vecina del barrio y vive sobre la calle 1 junto a su esposo y sus hijos. Si conozco a Armando Surballe es vecino del barrio y vive sobre la calle 1 también con su familia, su esposa y sus hijos. Si conozco a Jorge Luis Britos también es vecino del barrio y vive con su familia en la calle 1. Si co-nozco a Alberto Carlos Istok, también vive sobre la calle 1 con su esposa y sus dos hijos pequeños. No conozco a Marina Daniela Di Stefano.Si conozco a Raúl Daniel Burgos también es vecino y vive frente a mi casa sobre la calle 1 con su esposa y sus hijos. No estoy seguro de conocer a Patricia Miriam Fernández creo que es la esposa del Sr. Burgos, la verdad que no sé. Si conozco a Alejandro Ernesto Posca también es vecino y vive sobre la calle 1. Si conozco a Sergio Leo-nardo Salas también es vecino del barrio, vive sobre la calle 1 con su esposas y sus hijos. Si conozco a Juan Carlos Correa, vive también en el mismo barrio so-bre la calle 1. Si conozco a Guillermo Alberto Carrió también es vecino del barrio y vive sobre la calle 1 con sus hijos. Si conozco a Diego Martínez Palau, es vecino del barrio y vive sobre la calle 1 con su esposa y sus hijos. Si conozco a Fabiana Agustina Redmond porque es vecina del barrio y vive sobre la calle 1 con su esposo y sus hijos. Si conozco a Rosario Bobillo también vive sobre la calle 1 en el barrio con su esposo y sus hijos. No conozco a Hernán Caramía. Si conozco a Alberto Luis Racconto, sé de quién se trata, sé quién es, es amigo de la familia de mi esposa, han viajado juntos ellos, lo conozco sólo de vista”.-

A fs. 333/354 corre copia fiel del expte. administrativo de Reclamo EPRE M-385/13 iniciado el 5/8/2013, a instancia de los vecinos del Barrio Raíz, Sra. Bravi, con domicilio M A C 2; Sergio Salas, con domicilio en MA C3; Diego Martí-nez Palau con domicilio MB C14; Alejandro E.Posca con domicilio en MB C15; Miguel Escobar con domicilio MB C1; Damián Mozza con domicilio en M5 C12; Alberto Carlos Istok con domicilio en MA C1; Julio Gómez y Cecilia Martínez Ni-cosia, con domicilio en MA C2; Marcos Krochik; Guillermo Carrio con domicilio en MB C13; Raúl Burgos con domicilio MA C1; Yanzón Roberto con domicilio en M A C7, Roberto Bobillo con domicilio en M B C9, Hernán Caramía con domicilio en M B C9, entre otros.-

En lo concerniente a los dichos del testigo Hugo Alberto López (ver fs. 370 y sgtes.), al manifestar que desconoce a los amparistas, con excepción del Sr. Martínez Palau por ser funci onario del gobierno policial, carece de relevancia su posterior afirmación que llevó a cabo reuniones con los vecinos del Barrio Raíz, ello en razón que no puede identificar a los actores en dicho calidad.-

3).- Ahora bien, en el Acta declarativa y de constatación solicitada por los vecinos del Barrio “Raiz I”, Escritura N°. 21, los comparecientes declararon sus domicilios como estado civil.-

Debe destacarse que estos datos fueron suministrados a la escribana, por lo que ésta no está obligada a verificar su exactitud, de modo que de ellos no da fe que sean verdaderos (BORDA, Guillermo A. “Tratado de Derecho Civil”. Parte General. To. II, 13 a Edición actualizada por Guillermo J. Borda. Ed. LA LEY, pág. 225). Tampoco puede dejar de mencionarse que cuando la Notaria declara que son personas de mi conocimiento conforme al art. 1.002 inc. a) del C.C. (ver fs. 86), ello no significa que la fe de conocimiento se extienda a datos como el estado civil, domicilio, vecindad (SANTOS CIFUENTES-SAGARNA. “Código Civil” To. II. 3er Edición actualizada y ampliada. Ed. LA LEY, pág.223/225)

En cambio si da fe, porque es un hecho por ella constatado, lo concerniente a que la reja fue emplazada sobre terreno de la calle Pública número 1, entre los ingresos vehiculares a los inmuebles identificados como Manzana A casa I del señor Raúl Daniel Burgos y Manzana B Casa I del Señor Miguel Alejandro Escobar, por lo que el primero de los nombrados, Sr. Burgos, con la actuación notarial ha acreditado su carácter de vecino del Barrio, y frentista a la calle Pública N° 1.-

Si bien no puede llegarse a la misma conclusión en relación a los restantes amparistas, la declaración de sus domicilios ante la Escribana Publica, hecho éste que tuvo lugar con anterioridad al inicio de esta causa, es un elemento a tener en cuenta. Si a ello le sumamos los dichos del testigo Escobar, que al responder por las generales de la ley, da cuenta que la casi totalidad de los actores son vecinos del Barrio Raiz I, y que habitan en distintas viviendas sobre la calle I; la presentación, que la mayoría de los hoy accionantes hicieron ante el EPRE de fecha 5/8/2013, oponiéndose al tendido de una línea de 13,2 Kv que pasa por enfrente de sus viviendas; y en especial que dicho organismo, reconociéndoles la calidad de vecinos, dio curso a la oposición y emitió un informe al respecto (ver fs.354); todo ello permite tener por acreditado que los presentantes se domicilian sobre Calle Pública N°.1 o próximo a ella, de lo que surge su condición de vecinos del Barrio Raíz I.-

Más aún, las normas del sentido común y la experiencia diaria, nos indican que quienes sufragaron el costo de la colocación de la reja como los honorarios de la escribana que constató la existencia de la misma, son, como afirman los amparistas, los vecinos del Barrio Raíz I, cuyas viviendas se encuentran próximas al lugar en que fue emplazada la reja.-

Dudar de tal extremo, o llegar a argumentar que al no haber probado los accionantes su carácter de propietarios, locadores o comodatarios de inmuebles, habilitaría a que el amparo lo podría llegar a iniciar una persona que vive en calle San Martín de Capital o en el Barrio Dalvian, resulta un razonamiento un tanto absurdo, ello en razón que la lógica nos indica, que nadie va a hacerse cargo del costo de una reja con la finalidad de obtener mayor seguridad y protección, si no habita en el lugar próximo a aquella.-

Por otra parte la accionada, se limitó tan sólo a manifestar que desconocía que los actores fueren vecinos del Barrio, sin negar categóricamente dicho ex-tremo ni menos que habitasen en los domicilios denunciados, por lo que la apre-ciación de las probanzas a que se ha hecho referencia a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 207 del CPC), llevan a hacer lugar a la queja, y tener a los amparistas por legitimados para efectuar el reclamo bajo análisis.-

B).- Hecho sobreviniente. Amparo. Improcedencia.-

1).- Ha de recordarse que la Corte Suprema de Justicia en forma reiterada ha sostenido que las decisiones en los juicios de amparo deben atender a la si-tuación existente al momento de ser dictadas (Fallos:247:466; 249:555; 250:346; 269:31; 292:140 y 300:844, entre otros) y, en general, las sentencias de la Corte Suprema han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dicten, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario (CN. “Franco, Carlos Hernán”. Fecha 19/05/1988.Publi-cado en: La Ley Online .Cita Fallos Corte: 311:787 .Cita online: AR/JUR/2516/1988; “Zhang, Hang c/Estado Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. Fecha 23/10/2007. LA LEY 15/11/2007, 7 • DJ 2007- III, 1116 .Cita Fallos Corte: 330:4554. Cita online: AR/JUR/ 6753 /2007).-

En estas actuaciones, existen dos hechos sobrevinientes. Uno de ellos, es que luego de dictado el pronunciamiento en crisis, no obstante la existencia de una medida de no innovar, el accionado derribó la reja; y otro, que éste cerró todo el perímetro del terreno descampado contiguo a los amparistas con un cierre pe-rimetral, surgiendo de la Inspección judicial, que el mismo está confeccionado con caños metálicos de color verde y tejido alambrado sobre una base de cemento; que el cierre perimetral norte cuenta con personal de seguridad las 24 horas que custodian el Barrio Pórtico del Sol, en sus dos etapas, contando dicho cierre como el situado al este con un sistema de alarma en el caso que fuere violentado (ver fs. 628).-

2).- Corresponde ponderar, en primer término, si el amparo fue deducido dentro del plazo de caducidad previsto en el art. 13 del Dec-Ley No. 2589/75.-

Los actores manifiestan que el día 8 de agosto se presentaron en el lugar dos técnicos:uno el Señor Orellano u Orellana, conocido representante de la empresa del Señor Racconto y otro del EPRE; expresando el primero que sería retirado el alambrado puesto por los vecinos y la luz municipal instalada en el exterior del Barrio para iluminar el campito ya que impedían el cruce del tendido eléctrico, tomando aquellos dicha amenaza, como el “dies a quo” para peticionar la intervención del Tribunal.-

La parte accionada, más alla de estimar que el “dies a quo” lo constituirían otros hechos, ya sea la reunión celebrada el 26 de Julio, o el 2 de agosto cuando el amparista Julio Gómez Orellano solicita el desarchivo del expediente; o el 5 de agosto cuando se labra el acta de constatación de la reja (ver fs. 283); lo concreto es que no niega expresamente que el 8 de agosto del 2.013, el representante del Sr. Racconto, hubiere transmitido su intención de retirar el alambrado.-

El art. 168 de nuestro código de forma prescribe que en la contestación de la demanda, el demandado deberá “reconocer o negar categóricamente los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompaña-dos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidas cuyas copias se acompañen, pudiendo estimarse su silencio o sus respuestas ambiguas o evasivas como reconocimiento de la verdad de los hechos, de la autenticidad de los documentos o de su recepción.” (inc. 1), debiendo además “especificar con claridad y precisión los hechos que invoque como fundamento de su defensa”(inc. 4).-

“La contestación no debe dejar duda alguna sobre la admisión o negación del hecho; de ahí que no sean admisibles contestaciones ambiguas, obrepticias u oscuras, las cuales podrán ser apreciadas por el juez como “reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos”., “con mayor razón si se trata de hechos en cuya producción concurrió el demandado (“hechos personales”) o que tuviere una obligación de conocerlos” (CARLO CARLI, “La demanda civil”, Ed.LEX, pág. 254) y “al demandado incumbe por lo tanto la carga de expedirse en forma explícita, clara y circunstanciada acerca de cada uno de los hechos contenidos en la demanda.” “La negativa genérica e indeterminada no satisface el requisito legal.” (PALACIO, Lino Enrique, “Tratado de Derecho Procesal Civil”, To. VI, Ed. Abeledo-Perrot, pág. 158/159; Cám. 2da. Civ., Com. y Minas, L.A. 88-463; Cám. 1era. Civ., Com. y Minas, L.A. 170-155; CNCiv, SalaB, “Brom, Gerardo C. c. Riva S.A”, LA LEY, 1997-C, 948).-

Por lo tanto, no habiendo negado el amparado que el 8/8/2.013, el Sr. Orellana u Orellano amenazó a los vecinos con retirar la reja, se entiende que la acción fue incoada en tiempo y forma.-

3).- Entrando a la meritación del tema de fondo, los actores afirman que la colocación de la reja al finalizar la Calle No. 1, tuvo como fin proteger la seguridad personal y familiar de los habitantes del Barrio Raíz, en especial las viviendas situadas en la Calle No. 1, contra incursiones de maleantes desde el exterior del Barrio, que ingresan sin ningún control a través del terreno baldío completamente abierto que linda con calle Pública No. 1.-

Pues bien, no es un hecho objeto de discusión que el Barrio “Raíz I” que habitan los amparistas no es un barrio privado, club de campo o una urbanización cerrada con fines residenciales, supuestos éstos que se caracterizan por el cerramiento del complejo como así también por el hecho que las calles y espacios de circulación interna son de propiedad exclusiva del complejo mismo (SAUCEDO, Ricardo J. “Los clubes de campo como urbanizaciones cerradas con fines residenciales”. Fecha: 10/11/2010. Publicado:SJA 10/11/2010.Citar ABELEDO PERROT Nº: 0003/015192).-

Ello tan es así que el ente municipal informa que si bien los inspectores que han operado la zona desde el año 1.998, manifiestan que conocían la exis-tencia de los cierres efectuados en el límite norte de la calle del barrio, señalan que los mismos debieron efectuarse necesariamente en conjunto o con la anuencia de ambos actores involucrados, es decir los vecinos y la empresa. (ver fs. 424)-

En igual sentido el testigo Hugo Alberto López, empleado de la Municipali-dad de las Heras, manifiesta que el municipio no consintió la construcción de la pa red en la calle No. 1 del Barrio Raíz, que era una construcción de antigua data, y que de acuerdo a los antecedentes, plano de mensura, la continuación de la calle pública es una servidumbre de paso por lo que debía estar abierta (ver fs. 370 y sgtes.).-

No se desconoce que el propietario puede encerrar sus heredades con paredes, fosos o cercos, sujetándose a los reglamentos policiales (arts. 2508 y 2516 del C.C.); y que los puentes, caminos y cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares en terrenos que les pertenezcan, son del dominio privado de los particulares, aunque los dueños permitan su uso y goce a otros (art. 2348 del C.C); sin embargo en el sub-examen estamos ante el supuesto del cerramiento de una calle pública.-

Cabe recordar que las calles constituyen un bien del dominio público del Estado, en este caso, el Estado de la Municipalidad de Las Heras, a los términos de los Arts. 2339, 2340 inc. 7 y 2344 del C. Civil.-

Así el uso de dominio público se clasifica en dos principales grupos: uso común o general y uso especial, privativo o exclusivo.

Los usos comunes son los que pueden realizar todos los hombres por su sola condición de tales, sin más requisitos que la observancia de las disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas por la autoridad.Es el uso que le corresponde al público en general, a todos los habitantes, por ejemplo el uso que todo habitante puede realizar de calles, caminos, plazas, etc.-

El sujeto del uso común es la colectividad en su conjunto y no el individuo reconocido; el individuo actúa como miembro del conjunto social pero en forma anónima. Asimismo el uso común generalmente es gratuito y por excepción pue-de no serlo, cuando es necesario, por ejemplo, abonar una suma de dinero para ingresar a un museo o paseo público.

Por el contrario, el uso especial es el que únicamente pueden realizar aquellas personas que hayan adquirido la respectiva facultad conforme al orde-namiento jurídico correspondiente. Se trata de un uso exclusivo, privativo, que ejercen personas determinadas. El uso especial, ya sea bajo forma de permiso o concesión, generalmente es oneroso.-

La adquisición del derecho de uso especial o privativo de los bienes del dominio público requiere indispensablemente un acto expreso del Estado, en cuyo mérito ese derecho resulte otorgado o reconocido (UGOLINI, Daniela. “Regulación y protección de espacios públicos”. Fecha: 2001. Publicado: RDA 2001-203.Citar ABELEDO PERROT Nº: 0027/000015).-

No detentando los amparistas un permiso de uso especial respecto de la calle Pública No. 1, les estaba vedado proceder a su cierre como lo hicieron, da-do que con ello impidieron el uso de la calle a todo individuo, incluído obviamente el accionado, que pretendiere ingresar o egresar a la misma desde o hacia el inmueble lindante de propiedad de éste último.-

Por otra parte, y aún cuando aparezca más que obvio, perteneciendo la calle No. 1 al dominio público del Municipio, sólo éste podía ordenar su cerramiento o limitar su transitabilidad, y no los amparistas.-

La solución a que se arriba no varía por el hecho que el ingreso del emprendimiento Pórtico del Sol II, sea por calle pública No. 7 (ver fs. 428), dado que esto no altera el carácter de público de la calle No.1.-

Otro dato relevante surge de la compulsa del plano de mensura y fraccionamiento N° 03 35653, correspondiente al inmueble de titularidad del Sr. Alberto Luis Racconto, contiguo al Barrio Raiz I. Se observa que allí se consigna que la continuación de la Calle Pública N° 1, es un acceso comunero de indivisión forzosa, el cual podrá ser ofrecido en donación a la Municipalidad. Se agrega que sobre dicho Acceso Comunero de Indivisión Forzosa se generará una servidumbre de paso a favor de las parcelas colindantes con Nom. Catastral N°. 000035, 000036, 000037 y Polígono E. (ver fs. 111); habiéndose constituído mediante Esc. N°. 14 pasada por ante la Esc. María Marta Boulin, de fecha 12/5/2011 la servidumbre real de tránsito (predio sirviente) sobre el acceso comunero de indivisión forzosa N°.1, para dar salida a y desde calle pública N°. 1 y N°.2 a las fracciones “E”, reg. matr. 333181/3 y “C”, reg. Matric. 345484/3 (ver fs. 82/84, matrícula No. 345521).-,

Va de suyo que los accionantes no podían cerrar con una reja la Calle N°. 1, en primer lugar porque al pertenecer al dominio público del estado municipal, carecían de facultades para restringir el uso común de la misma; y en segundo lugar porque con ello obstruían la servidumbre real de tránsito, de los lotes de la Fracción E, del inmueble registrado en Matr. 333181/3 y de la Fracción “C” de inmueble inscripto en la Matr. N°. 345521, que tienen acceso a la calle Pública N°. 1, y que dan cuenta las copias de las escrituras de transferencia de dominio que corren agregadas a fs. 123/278), razones éstas que por sí permitirían el re-chazo del remedio procesal en tratamiento.-

4).- Sin perjuicio de ello, un argumento más avala la improcedencia del recurso.-

Aseveran los accionantes que al tirar abajo el Sr.Racconto la pared que se construyó al final de la calle pública 1, los últimos días del mes de Julio del 2.013, y que los protegía de los maleantes que ingresaban desde el exterior, aquel sumió al Barrio Raíz en una situación de absoluto desamparo, lo que los obligó el 3/8/2013 a iniciar la construcción de un nuevo alambrado con características de enrejado, al final de la calle N°.1 y fuera de los límites del fundo de los Sres. Racconto y Femenía.-

Debe mencionarse que a fs. 404 obra informe del Comisario P.P. Jefe Unidad Investigativa Departamental Capital que da cuenta que no obran constancias que la Unidad Fiscal haya dado intervención ante alguna denuncia, como así tampoco se ha recepcionado de alguna otra Dependencia u Organismo, información sobre hechos delictivos ocurridos en los meses de Julio y Agosto del corriente años (2.013) en el Barrio Raíz e inmediaciones; lo que coincide con lo manifestado por el por el Comisario General P.P. Lic. Omar R. Mondejas M., en cuanto no se han registrado hechos de intentos de robo, presencia de sujetos sospechosos, ni enfrentamientos con armas de fuego en las inmediaciones del B. Raíz durante los meses de julio y Agosto del año 2.013 (ver fs. 415).-

Párrafo especial merece la tacha del testigo Miguel Alejandro Escobar, que participó en la construcción de la reja según surge del acta de constatación de fs. 86; se domicilia en el Barrio Raíz sobre la calle Pública No. 1, y su casa es la última y linda con el terreno baldío o descampado (ver fs.328 y sgtes.); ya que si bien es cierto que no dedujo la acción en curso, sin duda detenta un marcado interés en que el resultado del pleito le sea favorable a los demandantes, ya que él también se beneficiará con ello; lo que hace presumir que sus dichos carecen de veracidad, máxima cuando éstos y en especial en lo que respecta a los su-puestos actos de violencia, se contraponen al resto de las pruebas producidas, lo que habilita a acoger la incidencia de tacha.-

Ergo y en principio, las probanzas reseñadas demuestran que no se produjo incremento alguno del supuesto accionar delictivo, los días en que la Calle Pública N°. 1, permaneció sin el cerramiento.-

No obstante ello, y aún colocándonos en la posición más favorable a los recurrentes, ello es, que tuviéramos por cierto que al encontrarse abierta la Calle Pública N°. 1, que da al terreno descampado de propiedad del accionado aumen-taron los hechos vandálicos, cabe señalar que esta situación se ha visto modificada, en beneficio de los amparistas, dado que el accionado no sólo cerró todo el perímetro del terreno con caños metálicos de color verde y tejido alambrado sobre una base de cemento; sino que además contrató personal de seguridad las 24 horas sobre el límite norte, que custodian el Barrio Pórtico del Sol, en sus dos etapas, contando dicho cierre como el cierre este, con un sistema de alarma en el caso que fuere violentado (ver fs.628).-

No puede dudarse que a través de estas medidas, ha desaparecido el te-mor de los accionistas a ser víctimas de actos de inseguridad en manos de delin-cuentes que se introdujeran por el descampado contiguo, ya que este fue perimetrado y cuenta con personal de seguridad las 24 horas.-

En consecuencia, no habiéndose mantenido la situación que diera funda-mento al amparo, “proteger la seguridad personal y familiar contra ilegítimas incursiones exteriores”, resulta clara la improcedencia del mismo.-

VI) En conclusión, debe rechazarse el recurso de apelación planteado por los amparistas, con costas a su cargo, confirmándose la sentencia en razón de los fundamentos dados en esta Instancia. ASI VOTO.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Clau-dio Fabricio Leiva y la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar, dijeron:

Que por lo expuesto precedentemente por el miembro preopinante, adhie-ren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Abalos, dijo:

Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas de Alzada deben ser soportadas por los actores apelantes vencidos (Arts. 35 y 36 del C.P.C.).

Sobre la misma y segunda cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio Fabricio Leiva y la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar, dijeron:

Que por las mismas razones adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar sentencia definitiva, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Mendoza, 22 de octubre del 2014.

Y VISTOS:

Por las razones expuestas, el Tribunal

RESUELVE:

1°)No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 516/535 por la Dra. Cecilia N. Martínez Nicosia por sí y en representación de los actores contra la sentencia de fs. 516/535, la que se confirma en virtud de los argumentos dados en esta Instancia; agregándose como punto V).- Hacer lugar al incidente de tacha sustanciad o en la audiencia de fs. 328 y sgtes., con costas a cargo de los incidentados. Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto existan elementos para su estimación.

2º)Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (Arts. 35 y 36 del CPC).

3°)Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.-

CÓPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

MSA/EG/5004

Dra. María Silvina Ábalos

Juez de Cámara

Dr. Claudio F. Leiva

Juez de Cámara

Dra. Mirta Sar Sar

Juez de Cámara

Dra. María José Puertas

Secretaria

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s