Suspensión para el abogado que consintió la contratación de abogados para que representen y legitimen despidos encubiertos

shutterstock_136826309Partes: G. A. P. L., J. L. P. A., A. M. A. y V. L. D. s/ denuncia

Tribunal: Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados

Sala/Juzgado: II

Fecha: 23-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89259-AR | MJJ89259 | MJJ89259

Suspensión del ejercicio de la profesión para el abogado que, como socio y administrador de una sociedad civil profesional destinada al ejercicio de la abogacía, consintió la contratación de abogados para que supuestamente representaran y legitimaran los despidos encubiertos como acuerdo de desvinculación, y contra el pago de una exigua suma en relación a la antigüedad que reconocían.

Sumario:

1.-Si el abogado denunciado sabía positivamente que su cliente no había concurrido para concordar un despido con la empleadora y, sin embargo no brindó el más mínimo asesoramiento al trabajador, ello configura una falta de ética en el proceder de aquel, pues debió abstenerse de formalizar el acuerdo antes que poner en riesgo los intereses del trabajador que decía representar.

2.-Las manifestaciones del abogado denunciado, cuando invocó no haber participado en los hechos que originaron la denuncia ante el Tribunal de Disciplina, lejos se encuentran de eximirlo de su responsabilidad por los hechos expuestos en estas actuaciones, habida cuenta que éste reconoció expresamente su carácter de titular de dicho Estudio, o, lo que es lo mismo, su carácter de integrante de la sociedad civil que lo explota, resultando sencillamente impensable que quien reviste el carácter de titular de un bufete profesional dedicado a la abogacía, y además se desempeña como administrador del mismo desde su misma constitución, pueda desconocer lo que acontece en su seno, por mas dimensiones que pueda tener el inmueble ocupado por el Estudio o por mas que integren el mismo un gran número de profesionales del derecho.

3.-No se trata, el abogado denunciado, de cualquier socio de la sociedad civil que integra, cuando su nombre figura en la denominación social en primer lugar, esto es, antes de los otros cuatro socios fundadores, en un orden que no se corresponde con el orden alfabético.

4.-Corresponde disponer una sanción disciplinaria al abogado que, como socio y administrador de una sociedad civil profesional destinada al ejercicio de la abogacía, consintió una maniobra en perjuicio de terceros, llevada a cabo en el estudio jurídico, que no podían escapar a su control, concretada a través del agrupamiento de los trabajadores por regiones, haciéndolos viajar a todos ellos, de ida y vuelta en el día, más de 1.400 kms. (en el caso Bahía Blanca) hacinados en una combi y compelirlos de esta manera a suscribir un acuerdo en el estudio jurídico que representaba la patronal; en contratar abogados para que supuestamente representaran y legitimaran los despidos encubiertos como acuerdo de desvinculación, y contra el pago de una exigua suma en relación a la antigüedad que reconocían.

5.-A tenor de lo dispuesto por el art. 902 del CCiv., en cuanto dispone textualmente que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de esos hechos , no puede constituir una excusa que lo libere de toda responsabilidad, la circunstancia de que uno de los socios y administradores de la sociedad civil profesional dedicada al ejercicio de la abogacía, el hecho de que éste alegue desconocer lo que sucedía en su Estudio.

6.-No obsta a la responsabilidad de quien integra y administra una sociedad profesional dedicada al ejercicio de la abogacía, el hecho de que existan otros socios u otros administradores de la misma, pues la circunstancia de que hubieren otros responsables por la misma ilegítima actuación no exime a cualquiera de ellos por las consecuencias de esa manera de proceder.

7.-Constituyen principios generales, en materia de administración societaria, que todo administrador de sociedades, sean éstas civiles o comerciales, responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o en ocasión de sus funciones, respondiendo también por los daños que causen sus dependientes o las cosas (art.43 del CCiv.) y que por conducta culpable del administrador o socio debe entenderse toda acción u omisión, debiendo entenderse por omisión aquella conducta que infrinja el deber de colaboración que debe esperarse de él y que perjudique a la sociedad.

8.-Mal puede el abogado denunciado, quien ha reconocido desempeñar el cargo de administrador de la referida sociedad civil, manifestar que ignoró los gravísimos hechos ocurridos en su Estudio y que su ignorancia sobre los mismos justifica la eximición de toda responsabilidad por las consecuencias de los mismos.

9.-Corresponde aplicar al socio de una sociedad civil profesional dedicada al ejercicio de la abogacía, lo dispuesto por el artículo 54 tercer párrafo de la Ley 19.550 y extenderle las consecuencias de una actuación llevada a cabo en el estudio jurídico, que constituyó un recurso para violar las leyes laborales, el orden público, la buena fe del trabajador y frustrar los derechos de éste como tercero ajeno a la referida sociedad profesional.

10.-A nadie puede sorprender y menos agraviar que las consecuencias de una actuación encuadrada en lo dispuesto por el art. 54, tercer párr. de la Ley 19.550 puedan ser trasladados o imputados en forma directa a la persona de quien reviste el carácter de socio de dicha entidad, y que, con su omisión, hizo posible esa maniobra, siendo por último conclusión de toda evidencia que lo expuesto en dicha norma, en el sentido de imputar al socio, controlante o quien hizo posible, las consecuencias de la actuación mencionada la misma, todo lo cual autoriza la imputación de las sanciones disciplinarias correspondientes a los socios que integran, como en el caso, una sociedad profesional compuesto por abogados.

11.-La formación de un laudo laboral no supone un acto puramente formal o evento social, al que se asiste para suplir la necesidad de que el instrumento cuente con la rúbrica de un abogado. Por el contrario, la seguridad jurídica del acto y el orden público laboral se garantizan con el adecuado asesoramiento brindado al trabajador y con el correcto análisis de los rubros que integran la liquidación que forma parte del acuerdo para que la misma se ajuste a derecho. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2014

Y VISTA

La presente causa disciplinaria en trámite por ante la Sala II del Tribunal de Disciplina, en la que se analiza la conducta profesional de los Dres. G. A. P. L. (Tº . Fº .); J. L. P. A. (Tº . Fº .); A. M. A. (Tº . Fº .) y V. L. D. (Tº . Fº .).

RESULTA:

1.- Estos actuados se inician con motivo de la comunicación efectuada por la Sala VII de la Cámara Laboral en virtud de los hechos que tuvieron lugar durante la sustanciación de los autos “D. D., L. A. c/ Santander Río Servicios S.A. s/ Diferencia de salarios”.

En la resolución que, como prueba de cargo se agrega a fs. 2/7, la Alzada Laboral señaló: “.

II.- En la primera instancia la Sra. Juez ‘a quo’ otorgó validez al acuerdo de desvinculación suscripto entre las partes con fundamento en el art. 241 L.C.T. por considerar que ‘de una lectura detallada del acuerdo en cuestión, se desprende que se ha dado entero cumplimiento con los requisitos formales previstos en la norma para la validez del acto. Es decir, se ha instrumentado ante la autoridad administrativa del trabajo y en presencia del aquí reclamante’.

La recurrente aduce que la sentenciante ha hecho aplicación de la letra fría de la Ley efectuando un análisis sesgado de la litis sin considerar que el acuerdo en cuestión se encuentra viciado de nulidad en tanto constituyó la espuria maniobra perpetradas por las demandadas en los pedidos masivos de audiencias que efectuó ante el SECOSE, agrupando a los trabajadores por regiones y haciéndolos viajar ida y vuelta en el día más de 1.400 kms.(en el caso Bahía Blanca) hacinados en una combi y compelirlos de esta manera a suscribir un ‘acuerdo’ en el estudio jurídico que representaba la patronal, en contratar abogados para que supuestamente representaran y ‘legitimaran’ los despidos encubiertos como acuerdo de desvinculación, y contra el pago de una exigua suma en relación a la antigüedad que reconocían.

Considera que la situación suscitada responde a los intereses de la demandada quien se valió de la complicidad de los funcionarios del SECOSE, letrados contratados por las mismas y pagados por ellas y el estudio de abogados que las representan al efecto de la desvinculación urdida de los trabajadores, trasladando al actor y a sus compañeros de su lugar de trabajo (Bahía Blanca) hasta el estudio de los Dres. P. A. y Asociados sito en capital federal, donde pergeñaron y consumaron los distratos.

III.En efecto, en primer término la prueba de testigos (ver P. L. a fs. 209, Rivero a fs. 485 y Pierucci a fs. 487) da noticia cierta que el Sr. D. D. era supervisor de las demandadas, que controlaba cuentas de distintas sucursales sitas en la zona de Bahía Blanca, tres Arroyos, Viedma, Srta. Rosa y Cnel. Suárez. Que llegó una orden de despido en la sucursal de bahía Blanca y las zonas de influencia que supervisaba el actor, que fue una desvinculación masiva, que el actor junto con otros compañeros de trabajo tuvieron que trasladarse a Capital Federal a un estudio de abogados cerca de Plaza San Martín donde los anoticiaron a todos del despido a nivel nacional, les dieron un sobre con una serie de papeles, entre los cuales se hallaba un cheque de pago con el monto que le asignaron a cada uno y un acuerdo que si no firmaban no se les entregaba el cheque.

También de dicha prueba puede comprobarse la existencia de un letrado patrocinante de los trabajadores (Dr. P. L.) quien confirmó que los acuerdos se celebraron en el estudio de P. A.con la presencia de un conciliador del SECOSE, estudio jurídico que representaba los intereses de la parte demandada, dando cuenta además de la inexistencia de documentación del actor como origen del reclamo. Otro dato relevante es que la confección del acuerdo ya estaba impreso, esto es, fue confeccionado en el estudio jurídico mencionado, dando cuenta el Dr. P. L. de haber suscripto alrededor de 600 o 700 convenios de igual tenor y que ‘.no recuerda haberle brindado ningún asesoramiento al actor para la firma del acuerdo.que la empresa con el empleador era quienes negociaban los términos económicos del acuerdo, que les decían que si no querían firmar podían hacer juicio.’

En consecuencia, la prueba de testigos acredita la existencia de despidos masivos de empleados de la demandada y, en el caso particular, el actor éste no fue asistido con un patrocinio letrado propio de manera que sus derechos recibieran la tutela correspondiente que la ley laboral prevé. También compruebo que no resulta acorde a la ley la circunstancia de que el actor junto con otros compañeros de trabajo hayan sido trasladados desde Bahía Blanca a la Capital Federal para suscribir un acuerdo en el estudio jurídico que patrocina los intereses de las accionadas, circunstancia que permite sin dificultad deducir la falta de imparcialidad habida en el mentado acuerdo; máxime como el mismo ya se hallaba preimpreso y los trabajadores debían firmarlo contra entrega de un cheque por un valor que, sin duda, unilateralmente fijó la demandada.

Otro dato que sorprende de la lectura misma del acta de celebración del convenio en cuestión.es que el actor siendo supervisor de cuentas de las accionadas, desempeñándose en varias sucursales de las mismas en el interior del país, se asiente y se pretenda tener como válida la manifestación del requirente de percibir como mejor remuneración en el último año de servicio (2007) la de $ 556,21, siendo en cuenta de público y notorio los salarios mínimos vigentes para esa época.

Ahora bien, considerando la gravedadde los hechos comprobados en la Litis, en virtud de la declaración de P. L. (fs. 209), en especial en tanto reconoce haber intervenido en centenares de acuerdos que se habrían tramitado ante el SECOSE, que lo hizo formalmente representando a los actores pero percibiendo honorarios por parte de Santander Río Servicios, y dado que afirma que dichos acuerdos se habrían celebrado en un estudio jurídico, lo que revela que la Conciliadora que suscribió el acuerdo por el SECOSE no estaba en el domicilio oficial de dicho Servicio, he de proponer se notifique al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.”

II.- A fs. 17 la Unidad de Instrucción solicita en primer término al Tribunal que requiera mediante oficio la copia de la declaración testimonial brindada por el letrado P. L. en el proceso laboral, lo que así se realiza a fs. 18.

A fs. 27/28 se remite copia de la mentada declaración en donde el letrado P. L. señala que: “.el acuerdo se firmó, si mal no recuerda ya que pasó mucho tiempo, en el ESTUDIO P. A., que dicho estudio representaba a las demandadas.que dicho acuerdo se firmó ante un conciliador del SECOSE. Que al dicente no le fue exhibida ninguna documentación del actor como origen del reclamo QUE LA CONFECCION DEL ACUERDO YA ESTABA IMPRESO Y LO CONFECCIONABA EL ESTUDIO P. A. QUE EL DICENTE ACLARA QUE FACTURÓ SUS HONORARIOS A SANTANDER RIO SERVICIOS. Que EL dicente suscribió alrededor de 600 o 700 convenios de igual tenor. QUE EL DICENTE NO RECUERDA HABERLE BRINDADO NINGÚN ASESORAMIENTO AL ACTOR PARA LA FIRMA DEL ACUERDO.QUE LA EMPRESA CON EL EMPLEADO ERAN QUIENES NEGOCIABAN LOS TERMINOS ECONOMICOS DEL ACUERDO.”.

III.- A fs. 36/37 la Unidad de Instrucción, en virtud de los antecedentes reunidos propicia el traslado de los cargos respecto del letrado G. A. P. L. al considerar que su conducta podrían vulnerar “prima facie” lo normado en los arts. 10 inc. a) y 44 incs.g) y h) de la Ley 23.187 y arts. 10 inc. a) y 19 incs. a), d) y g) del Código de Ética. En cuanto al letrado P. A. la Unidad estima que su conducta podría haber vulnerado lo normado en los arts. 6 inc. e) y 44 incs. g) y h) de la Ley de Colegiación y arts. 10 inc. a) y 12 del Código de Ética.

IV.- A fs. 38 el Tribunal requiere el expediente SECOSE donde intervino como requirente el trabajador D. D.; informe a Santander Río Servicios S.A. respecto de todos los expedientes donde habría intervenido el letrado P. L. y solicita a la Unidad de Instrucción que formule dictamen respecto del letrado A. M. A., quien también intervino en el cuestionado acuerdo.

A fs. 45 el SECOSE informa que las actuaciones administrativas obran en el SeCLO, razón por la cual a fs. 46 se libra oficio a dicha dependencia ministerial. Finalmente a fs. 52 el SeCLO remite los antecedentes requeridos, los cuales corren por cuerda.

A fs. 54 la Unidad de Instrucción manifiesta que no habrá de pronunciar dictamen respecto del letrado A. por cuanto las actuaciones fueron remitidas para que se investigue la conducta de P. L. y P. A.

V.- A fs. 55/56 el Tribunal pondera que los hechos que dieron origen a la formación del sumario en despacho tuvo varios letrados involucrados, la conciliadora interviniente Dra. V. L. D.; el Dr. A. M. A. apoderado de Santander Rió Servicios S.A.; el letrado P. L., representante del trabajador y el abogado P. A. titular del estudio donde se habría realizado el acuerdo.

En función de ello que corre traslado Al Dr. P. L. por encontrarse “prima facie” vulneradas las normas contenidas en los arts. 6 incs. a) y e) y 44 incs. e), g) y h) de la Ley 23.187 y arts. 6; 10 inc. a) y g); 19 incs. a), d), f), g) y h) del Código de Ética; a los Dres. A. y P. A.se corre traslado por encontrarse “prima facie” vulneradas las normas contenidas en los arts. 6 incs. a) y e); 10 inc. a) y 44 incs. e), g) y h) de la Ley 23.187 y arts. 6; 10 inc. a) y g); 12; 19 incs. a) del Código de Ética y, respecto de la letrada D. se corre traslado por encontrarse vulneradas las normas de los arts. 6 incs. a) y e) y 44 incs. e) g) y h) de la Ley 23.187 y arts. 6, 10 inc. a) y 22 inc. a) del Código de Ética y se disponen los traslados.

VI. a) A fs. 101/107 se presenta la Dra. V. L. D. y opone en primer término la excepción de incompetencia señalando que ella actuó como conciliadora laboral y no lo hizo en ejercicio de la profesión de abogado.

Aclara que existe un sistema de sumarios administrativos para investigar el desempeño de los conciliadores a través del Ministerio de Justicia y aclara que el conciliador no asesora ni representa a las partes como un abogado en ejercicio de su ministerio.

Subsidiariamente la letrada formula defensa y señala que la resolución del Tribunal, por la que se dispone correr traslado, carece de precisión; aclara que las imputaciones éticas se encuentran dirigidas a los abogados que intervinieron en el acto y no a ella que lo hizo como conciliadora. Sostiene que del voto de la Sala VII se desprende que el vocal preopinante de modo unilateral concluyó que el acuerdo se formalizó en el estudio del Dr. P. A. y que no existe ninguna prueba que acredite dicho extremo, por el contrario la letrada afirma que el acuerdo se instrumentó en las oficinas del SECOSE sitas en Rivadavia 1447/1451 en presencia de los Dres. A. y P. L.; ella sólo se limitó a leer los términos del mentado acuerdo y las partes lo suscribieron.

Desde esa perspectiva la letrada solicita que se aplique el principio “in dubio” en su favor.

VI. b) A fs. 108/116 se presenta el Dr. P.L., recusa con causa a la Dra. M. A., por haber trabajado en su estudio entre los años 2000 y 2002, y opone además la excepción de prescripción señalando que los hechos que dieron inicio al sumario ocurrieron a partir de su declaración testimonial en el expediente laboral, lo que tuvo lugar el día 28 de octubre de 2010, mientras que las actuaciones disciplinarias se iniciaron el día 6 de noviembre de 2012.

En lo que respecta a la defensa de fondo el letrado señala que en el año 2004 conoció a la Sra. Celia Nicrosini que era empleada de Orígenes AFJP y Santander Río Servicios y fue así que conoció a empleados de capital federal y del interior del país, durante años asistió varios reclamos ante el SECOSE y allí conoció también al Dr. Agustín Gasquet apoderado de las firmas.

Señala que cuando prestó declaración testimonial dijo no recordar el lugar donde se realizó el acuerdo y luego, al revisar los sorteos de audiencias, se dio cuenta que todo se instrumentó en las oficinas del SECOSE y acordó el cobro de sus honorarios directamente con la empleadora, razón por la cual formalizó un acuerdo global con la empleadora en virtud de la cantidad de acuerdos que se formalizaran.

Dice el letrado que el audiencista no escuchó bien lo que él dijo en punto al asesoramiento que debía brindar a los clientes, el nunca afirmó que no asesoraba a los clientes que suscribirían el acuerdo. Indica que sus clientes eran asesorados por él en la medida que quisieran y añade que los acuerdos eran ajustados a derecho y fueron homologados por el SeCLO. Indica que el asesoramiento tiene como límite la decisión del cliente.

Niega haber violado las normas éticas y agrega que se podría estar afectando la garantía constitucional NE BIS INIDEM por cuanto en el sumario N° 24.903 tramitado ante esta misma Sala II ya se ponderó su actuar frente a un hecho similar.

A fs. 118 la Dra. A.formula el informe en los términos del art. 22 CPCCN y señala que no se encuentra alcanzada por la recusación planteada por el letrado P. L.

VI. c) A fs. 119/125 se presenta el Dr. A. y señala que no tuvo vinculación alguna con el expediente sustanciado ante la Sala VII de la Cámara del Trabajo; refiere que conoce al Dr. P. A. porque ambos son socios del bufete “P. A.; G.; B.; A. & M. de H. (h)”; plantea la nulidad del proceso por haber expirado el plazo máximo de duración de la acción disciplinaria que prevé el art. 12 del R.P.T.D.; plantea también la falta de legitimación pasiva señalando que la Unidad de Instrucción no ha emitido dictamen en su contra con relación a los hechos que se investigan y opone la excepción de prescripción en los mismo términos que lo indicado por el Dr. P. L. en ocasión de articular la excepción.

En lo que respecta a la defensa de fondo, el letrado señala que en el año 2007 suscribió el acuerdo de desvinculación del Sr. D. D., quien laboraba para Orígenes AFJP y la empresa le garantizaba un sueldo mínimo vital y móvil con más un porcentaje de comisiones sobre las afiliaciones, razón por la cual no se le podía liquidar un salario básico conforme al Convenio Colectivo.

En ese contexto se negoció un acuerdo con el Sr. D. D. y fue por ello que no existió un formulario preimpreso. Desconoce si el trabajador contrató al Dr. P. L., lo que si reconoce es que los honorarios los abonó su mandante.

Refiere que no ha violado la normativa ética y que a requerimiento de su cliente Santander Río Servicios, procedió a instrumentar un acuerdo ante el SECOSE en los términos previamente negociado entre las partes.

VI. d) A fs. 136/146 se presenta el Dr. P. A. recusando a la Dra. M. A.por ser letrada de la contraria en un proceso laboral donde él intervino y refiere que la Vocal de la Sala podría ser parcial en este sumario.

Al igual que el Dr. A., el letrado plantea la nulidad del proceso por haber expirado el plazo máximo de duración que prevé el art. 12 del R.P.T.D.; plantea la falta de legitimación pasiva por no haber intervenido en el acuerdo en estudio, dice no conocer ni al trabajador D. D.; ni a la conciliadora D., ni al letrado P. L. y opone la excepción de prescripción en los mismo términos que lo indicado por el Dr. P. L. en ocasión de articular la excepción.

Por no conocer a los involucrados, el letrado señala que no puede precisar donde se celebró el acuerdo de mentas y desconoce todo lo referido a los aspectos intrínsecos del instrumento en crisis.

Refiere que es apoderado de Santander Río Servicios S.A. pero no ha intervenido en el acuerdo de desvinculación del trabajador D. D.

Aclara que, luego de recibir el traslado de la denuncia en el presente sumario estuvo averiguando sobre los aspectos formales del vínculo que el trabajador tenía con la firma y llegó a la misma conclusión que el Dr. A., D. D. trabajaba para Orígenes AFJP y la empresa le garantizaba un sueldo mínimo vital y móvil con más un porcentaje de comisiones sobre las afiliaciones, razón por la cual no se le podía liquidar un salario básico conforme al Convenio Colectivo y, en virtud de ello no tiene nada más que agregar a la cuestión planteada.

VII.- A fs. 148 la Dra. A. procede a realizar el informe requerido por el Código Procesal y señala no encontrarse comprendida en la causa de recusación.

A fs. 149/150 rechaza los planteos recusatorios efectuados por el Dr. P. L. y P. A.respecto de la Vocal A.e y dispone el desarchivo de la causa disciplinaria N° 24903/24917 para resolver los restantes planteos.

A fs. 153/155 el Dr. P. A. interpone revocatoria respecto del rechazo de la recusación, la cual se rechaza a fs. 156.

A fs. 160/164 el Tribunal resuelve las excepciones opuestas por los letrados y difiere el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Dr. P. A. y el planteo de aplicación del principio “non bis in ídem” que realiza el Dr. P. L. y la excepción de prescripción.

VIII.- A fs. 174/175 se abren a prueba las actuaciones.

A fs. 229/230 obra el acta que da cuenta de la audiencia de vista que tuvo lugar en autos, en la cual los denunciados brindaron explicaciones y fijaron sus posiciones reeditando los dichos volcados en sus respondes.

En esa oportunidad declaró la testigo Mariana Cecilia Castro señalando que trabaja en el SECOSE; que la Dra. D. es su jefa; que tomó conocimiento que tiempo atrás hubo una audiencia en el SECOSE en los autos “D. D. c/ Santander Río Servicios” pero no recuerda los detalles del acto y añadió que no participa de las audiencias.

También prestó declaración el testigo Enrique Betemps quien se desempeña como abogado en el estudio “P. A.; G.; B.; A. & M. de H. (h)”; señaló que no participó del acuerdo entre el trabajador y la firma Santander Río Servicios.

Explicó que los empleados como D. D. se desempeñaban en la AFJP Orígenes y se los dejaba trabajar en otras empresas del grupo, pero cuando la AFJP se vende se debía dar fin a las relaciones laborales con Orígenes y con las otras empresas. Aclaró que el trabajador D. D.sólo cobraba comisiones por su labor en Santander Río Servicios.

Aclara que el pedido de la audiencia de Conciliación ante el SECOSE fue solicitado por el estudio, aunque luego se contradice señalando no recordar quien solicitó la audiencia; que no participó en la negociación que culminó con el acuerdo celebrado entre las partes y señala finalmente que la empresa Santander Río Servicios los instruyó de cómo instrumentar el acuerdo que ya habían negociado con los empleados.

Luego de la audiencia el letrado P. A. procedió a instar la prueba informativa ofrecida oportunamente, conforme los antecedentes que se agregan en autos.

IX. a) A fs. 265/371 alega la Dra. D. señalando que no existe acusación técnica a su respecto que especifique cuales son los artículos presuntamente vulnerados.

Sostiene que la sentencia que genera este sumario se inicia a consecuencia de la declaración imprecisa que brindó el Dr. P. L. quien manifestó que el acuerdo con el trabajador D. D. se efectuó en el estudio del Dr. P. A. con la presencia de un conciliador del SECOSE.

Indica que al presentar su descargo el Dr. P. L. señaló que luego de la declaración que brindó ha podido corroborar que el acuerdo se suscribió en el SECOSE y la letrada señala que la confusión del letrado pudo deberse a las similitudes edilicias de la entidad pública que se asemejan a la de un estudio jurídico.

Refiere que el Dr. A. y la testigo Castro han sido contestes también al señalar que el acuerdo se suscribió en las oficinas del SECOSE.

Culmina su alegato solicitando su absolución por aplicación del principio de presunción de inocencia a su respecto.

IX. b) A fs. 372/373 se presenta el Dr. A. M. A. y formula alegato.

Señala que no se ha demostrado que el Dr. P. L. haya sido contratado por su cliente – Santander Río Servicios S.A. -; que el acuerdo firmado entre las parte s haya violentado los intereses del Sr. D. D.y que él hubiera tenido conocimiento de tal circunstancia.

Sostuvo que no se conculcaron los intereses del trabajador, quien se desvinculó de la empresa en los términos del art. 241 del LCT; que el acuerdo se suscribió en la sede del SECOSE y el texto del documento se imprimió en el momento.

Finalmente insiste en oponer excepción de prescripción en los mismos términos vertidos en su descargo.

IX. c) A fs. 373bis/377 el Dr. P. A. alega y expresa que no tiene ni ha tenido trato con el Dr. P. L., con la Dra. V. L. D. ni con el trabajador L. A. D. D. y no hay prueba que lo vincule a ellos; no tuvo intervención en el acuerdo suscripto en el SECOSE.

Conoce al Dr. A. por cuanto ambos son socios de la Sociedad Civil “P. A., G., B., A. & M. de H. (h)” y entre sus clientes cuenta con Banco Santander Río S.A. y las sociedades vinculadas al mismo.

Desconoce los aspectos intrínsecos de acuerdo suscripto entre las partes que a la postre fue nulificado por la alzada Laboral.

Sin perjuicio de detallar los detalles de la relación laboral que el Sr. D. D. mantuvo con Orígenes AFJP empresa vinculada al Banco Santander Río S.A., el Dr. P. A. señala que ha sido ajeno a la cuestión venida a estudio.

Para concluir reedita la excepción de falta de legitimación pasiva y opone excepción de prescripción en los términos volcados en su responde.

El Dr. P. L. no alega, con lo cual las actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas,

Y CONSIDERANDO

1.- DE LA PRESCRIPCIÓN:

Toda vez que se han reeditado los planteos de prescripción resueltos a fs. 160/164 nada habrá de agregarse, debiendo estarse a lo allí resuelto.

2.- DEL PLANTEO DE NON BIS IN IDEM

En segundo término corresponde resolver el planteo de “non bis in ídem” realizado por el Dr. P.L., quien sostuvo que en la causa 24903 de los registros de esta Sala II se analizaron los mismos hechos por los cuales hoy nuevamente se pondera su desempeño profesional.

Debe señalarse que la aludida causa disciplinaria 24903 fue iniciada por comunicación de la Sala III de la Cámara Laboral en virtud de los hechos que tuvieron lugar durante la sustanciación de los autos “Arancel, Jimena c/ Orígenes Seguro de Retiro S.A. s/ Diferencias Salariales” y “Fajardo Nidia Noemí c/ c/ Orígenes Seguro de Retiro S.A. s/ Diferencias Salariales”

Por ende, los hechos resultan distintos y el planteo debe ser rechazado por cuanto esta Sala no habrá de volver a analizar los hechos ocurridos en el sumario 24903, sino que habrá de emitir opinión sobre el proceder del letrado P. L. respecto del acuerdo SECOSE realizado entre el trabajador D. D. y la firma Santander Río Servicios S.A.

Por todo lo expresado corresponde rechazar el planteo de “non bis in ídem”.

3.- DE LOS ANTECEDENTES

Conforme hemos visto, la Sala VII revocó la sentencia de Grado declarando la nulidad de acta de acuerdo laboral celebrado entre el Sr. D. D. y Santander Río Servicios S.A., cuya copia luce a fs. 28/29, mediante el cual se abonó al trabajador la suma de $ 5.774,41 cuando en realidad correspondía abonar $ 131.519,43, según surge del fallo en cuestión.

Ha considerado la Sala VII que el distrato del actor D. D. fue producto de un despido directo, pese a que se intentó generar un acuerdo con intervención de un conciliador del SECOSE por diferencias salariales, pretendiendo realizarse una maniobra tendiente a no reconocer los derechos irrenunciables del trabajador.

A los efectos de analizar la cuestión planteada desde el prisma ético y las responsabilidades de cada uno de los letrados, habremos de ponderar cada caso en particular.

4.- DE LA CONDUCTA DE LA DRA. D.

En primer término corresponde merituar la conducta de la Dra. V. L. D. quien intervino en el acuerdo que luce a fs.28.

En la audiencia de vista de causa la letrada D. señaló que su labor en el mentado acuerdo se orientó a verificar los datos de las partes y a preguntar cual era el objeto del reclamo. Aclaró que originariamente el requirente D. D. inició la acción peticionando el pago de diferencias salariales y comisiones adeudadas, aunque puntualizó que las partes “in situ” convinieron poner fin a la relación laboral y en ese acto el trabajador aceptó el cheque que el letrado de la requerida tenía en su poder, cartular que además se ajustó a las pretensiones del trabajador.

Ahora bien, en el contexto que se ha dado la firma del acuerdo la Dra. D. manifestó que se extinguió la relación laboral entre las partes en virtud del art. 241, según lo que ella ha plasmado en el acta, aunque no se entiende como es que si el trabajador instó la acción conciliatoria porque estaba reclamando diferencias salariales y comisiones, trasladándose así a Buenos Aires para negociar la suma que reclamaba, dejó de lado la pretensión; puso fin a la relación laboral y se alzó con el dinero que tenía previamente preparado el letrado de la demandada como contraprestación para concluir el vínvulo.

Repárese en un dato, no menor por cierto, y que permite demostrar que la realidad de los hechos empieza a tomar distancia de lo que refleja la documentación que se tiene a la vista. La letrada D. ha manifestado que las partes, luego de una negociación que mantuvieron convinieron que el reclamo laboral instado por el trabajador mutara y se extinguiera la relación laboral en función de lo normado por el art. 241 de la l.o. Sin embargo, este extremo se contrapone diametralmente con los dichos del Dr. Betemps quien declaró que la empresa Santander Río Servicios instruyó al estudio respecto de cómo instrumentar el acuerdo que “ya habían negociado con los empleados, antes de la audiencia del Sr. D.D.”.

Más allá de señalar que a esta altura no se tiene certeza siquiera de quien solicitó la audiencia ante el SECOSE (el trabajador concurrió sin saber cual era el motivo de la reunión según lo afirmado en el expediente laboral, el abogado del trabajador P. L. supuestamente gestionó personalmente la audiencia o fue la empresa requerida quien lo hizo, según declaró el Dr. Betemps) pero lo cierto es que nada se negoció en ese acto.

No surge un recibo de sueldo que permita demostrar cuanto ganaba el trabajador D. D., o cual era la fecha de ingreso. Datos mínimos que la Sra. Conciliadora debió constatar antes de celebrar el acuerdo de fs. 28/29. El magistrado señala en la sentencia que el trabajador era supervisor de tres jurisdicciones pero en el acta de fs. 28 se consigna que era “vendedor” dato que la conciliadora tampoco tuvo a la vista en la oportunidad de celebrarse el acuerdo.

La Dra. D. no tomó si quiera los mínimos recaudos para verificar si la información se ajustaba a la realidad e intervenir en el mentado acuerdo, limitándose a formular un concordato respecto de los derechos laborales del Sr. D. D. sobre la base falsa del 241, haciendo incurrir en error a la Autoridad de Aplicación, generando un acuerdo que a la postre se tornó nulo.

Nótese que en la sustanciación del proceso laboral recién se pudo demostrar la realidad del trabajador D. D., pues el actor pudo acreditar que trabajó para la demandada como supervisor de tres regiones con 7 años de antigüedad.

De conformidad a las consideraciones apuntada, debe traerse a colación el Voto del Dr. Rodríguez Brunengo, quien a fs.4 señala “.Otro dato que sorprende de la lectura misma del acta de celebración del convenio en cuestión.cuya nulidad pide el recurrente, es que el actor siendo supervisor de cuentas de las accionadas, desempeñándose en varias sucursales de las mismas en el interior del país, se asiente y se pretenda tener como válida la manifestación del requirente de percibir como mejor remuneración en el último año de servicio (2007) la de $ 556,21, siendo en cuenta de público y notorio los salarios mínimos vigentes para esa época.

Además también compruebo que se consigna como categoría laboral del actor la de “vendedor” cuando, como se vio, la testimonial producida dio noticia cierta de que era supervisor de cuentas de las accionadas. Por otro lado, también se afirma que D. D. reclamaba diferencias salariales y comisiones para luego rematar el acta con la manifestación de que las partes “.han decidido poner fin a la relación laboral en este acto, conforme reza el art. 241, ampliando su reclamo e incluyendo liquidación final.” (sic), para luego la requerida manifestar que abona al actor la suma de $ 5774,41 “.que imputa a los rubros antes mencionados.” (sic) suma global que impide apreciar concretamente a que rubros se esta refiriendo.

Por consiguiente al contrario de lo apreciado por la Sra. Juez “a-quo” el convenio en cuestión sí presenta serias falencias formales y sustanciales que vulneran seriamente los derechos del trabajador, con lo cual a pesar de haber sido homologado por la Dirección del SeCLO.en el mes de diciembre de 2007, no empece a su invalidación por medio de la nulidad solicitada habida cuenta la presencia de vicio cierto en la voluntad del trabajador dado que.Nótese que en el acta primeramente se puntualiza un reclamo por diferencia salariales para luego finiquitar el vínculo laboral del actor, circunstancia que desde la perspectiva de enfoque que brinda el principio rector de irrenunciabilidad le quita eficacia al negocio jurídico celebrado por las partes.”.

En consecuencia, la conducta de la Dra. D.vulneró lo normado en los arts. 6 incs. a) y e) y 44 incs. e) g) y h) de la Ley 23.187 y arts. 6, 10 inc. a) y 22 inc. a) del Código de Ética.

Ello así en medida que con su actuar cohonestó un acto jurídico viciado de nulidad mediante el cual se intentó perjudicar los derechos del trabajador.

Reforzando esta argumentación la resolución de la Sala VII de la Cámara Laboral a fs. 5 último párrafo ha sido más que elocuente al arrojar luz a la cuestión venida a estudio respecto del proceder de la Dra. D. en cuanto dispone la remisión de antecedentes a esta Institución señalando que “.considerando la gravedad de los hechos comprobados en la Lit is, en virtud de la declaración de P. L.en tanto reconoce haber intervenido en centenares de acuerdos que se habrían tramitado ante el SECOSE.y dado que afirma que dichos acuerdos se habrían celebrado en un estudio jurídico, lo que revela que la Conciliadora que suscribió el acuerdo por el SECOSE no estaba en el domicilio oficial de dicho Servicio.”

Todo letrado debe evitar que mediante su actuación profesional se constituyan actos jurídicos con aptitud para perjudicar los derechos irrenunciables de alguna de las partes, aún cuando estuviere en defensa del interés de la contraria, más aún si el ejercicio de su actividad profesional es a los fines de dotar al acto de la suficiencia formal necesaria para que el mismo pudiera ser homologado por la Autoridad de Aplicación.

Es evidente que no sólo actuó con indiferencia por los intereses del trabajador, sino que puso su cargo al servicio de una maniobra que tuvo como fin dotar de aparente legitimidad un acto absolutamente nulo y perjudicial para el dependiente, actuación que fue cumplida de manera deliberada y en clara complicidad con los demás consortes de la causa.

5.- DE LA CONDUCTA DEL DR. P. L.

En lo que respecta a la conducta del letrado P. L.debemos señalar que, como éste se ha negado a declarar en la audiencia de vista de causa, habremos de ponderar su desempeño, teniendo en cuenta la prueba de cargo y la defensa escrita que el matriculado brindó en el sumario en despacho.

Las derivaciones surgidas del peculiar acuerdo ponderado precedentemente no hubieran generado los efectos que se han ponderado, si el letrado P. L. se hubiera desempeñado con un mínimo de control y cuidado en el ejercicio de su ministerio.

Recordemos que en la declaración brindada por el abogado P. L. a fs. 27/27bis, éste señaló que: “.el acuerdo se firmó, si mal no recuerda ya que pasó mucho tiempo, en el ESTUDIO P. A., que dicho estudio representaba a las demandadas.que dicho acuerdo se firmó ante un conciliador del SECOSE. Que al dicente no le fue exhibida ninguna documentación del actor como origen del reclamo QUE LA CONFECCION DEL ACUERDO YA ESTABA IMPRESO Y LO CONFECCIONABA EL ESTUDIO P. A. QUE EL DICENTE ACLARA QUE FACTURÓ SUS HONORARIOS A SANTANDER RIO SERVICIOS. Que EL dicente suscribió alrededor de 600 o 700 convenios de igual tenor. QUE EL DICENTE NO RECUERDA HABERLE BRINDADO NINGÚN ASESORAMIENTO AL ACTOR PARA LA FIRMA DEL ACUERDO.QUE LA EMPRESA CON EL EMPLEADO ERAN QUIENES NEGOCIABAN LOS TERMINOS ECONOMICOS DEL ACUERDO.”. Es del caso señalar que dicho instrumento fue suscrito al pie por el propio letrado P. L. (ver fs. 27bis) el día 28 de octubre de 2010 prestando su conformidad a las manifestaciones volcadas frente al escribiente.

Estas manifestaciones vuelven a contrastar con la realidad de los hechos. Como vimos, la Dra. D. dijo que se negoció el acuerdo en el acto conciliatorio; el testigo Betemps señaló que el acuerdo entre la empresa Santander Río Servicios y D. D. estuvo previamente negociado y para traer más confusión al episodio el letrado P. L. sostuvo que no brindó asesoramiento al trabajador D. D.

Si bien ahora el letrado P. L.pretende desdecirse de la aludida declaración testimonial vertida en sede judicial, refiriendo que al volver a su estudio y revisar los sorteos de audiencias se dio cuenta que todo se instrumentó en las oficinas del SECOSE y que acordó el cobro de sus honorarios directamente con la empleadora – razón por la cual se suscribió un acuerdo global con la empleadora en virtud de la cantidad de acuerdos que se formalizaran -, cierto es que el letrado, frente a tamaña contradicción, no concurrió al Juzgado a brindar nuevas explicaciones del caso.

Pretender en la actualidad que este Tribunal de crédito a sus dichos y revierta la veracidad de la declaración brindada, resulta cuanto menos improcedente.

Según su propia declaración, el Dr. P. L. percibió $ 100 de parte de la empleadora, por el acuerdo de $ 51.000 pesos donde se presentó patrocinando al trabajador D. D. Los emolumentos percibido por el letrado de parte de la contraria equivalen al 0,2% del monto del acuerdo del Sr. D. D., en concepto de honorarios profesionales a favor del letrado.

Este dato resulta coincidente con la realidad y marca otro punto que permite acreditar la connivencia de todos los letrados que formaron parte del acuerdo, para perjudicar los derechos laborales del trabajador D. D. Véase que el Dr. P. L. hubo de admitir que intervino en más de 600 acuerdos y que sus emolumentos fueron pactados con Santander Río Servicios – representada obviamente por el estudio “P. A., G., B., A. & M. de H. (h)” – y ello queda efectivamente demostrado al tomar vista de las facturas que el letrado P. L. aportó a fs. 88/106 en la causa disciplinaria 24.903 que, como prueba de descargo, corre por cuerda a estos actuados.

También manifestó que sus clientes eran asesorados por él, “en la medida que quisieran” y añade que los acuerdos eran ajustados a derecho y fueron homologados por el SeCLO.No puede admitirse que un profesional del derecho permita que un lego negocie unilateralmente los términos de un acuerdo con los efectos nocivos que tuvo el mismo en los derechos del Sr. D. D.

Cabe agregar que la formación de un laudo laboral no supone un acto puramente formal o evento social, al que se asiste para suplir la necesidad de que el instrumento cuente con la rúbrica de un abogado. Por el contrario, la seguridad jurídica del acto y el orden público laboral se garantizan con el adecuado asesoramiento brindado al trabajador y con el correcto análisis de los rubros que integran la liquidación que forma parte del acuerdo para que la misma se ajuste a derecho.

El Dr. P. L. sabía positivamente que su cliente no había concurrido para concordar un despido con la empleadora y, sin embargo no brindó el más mínimo asesoramiento al trabajador D. D., por ende y ante tal desamparo legal respecto de su cliente, se ha configurado falta ética, toda vez que el denunciado debió abstenerse de formalizar el acuerdo antes que poner en riesgo los intereses del trabajador que decía representar.

En realidad el letrado concurrió al acuerdo con el único fin de rubricar el instrumento en crisis para darle validez jurídica al acto. Al igual que la conciliadora D., el letrado P. L. no controló los antecedentes laborales de D. D.; no lo asesoró y cobró los escasos honorarios que abonó la contraria, emolumentos que no se ajustan siquiera a las normas arancelarias.

En abono de lo expresado hasta aquí ya se puede tener una idea global de lo acontecido en función de los indicios colectados a lo largo del sumario.

Ha dicho Eduardo M. Jauchen en su obra “Tratado de la prueba en materia penal” (Ed.Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 2002) “la fuerza probatoria de la inferencia que permitan extraerse de un elemento probatorio se basa en la lógica empleada en el razonamiento, en la experiencia del juzgador y en el conocimiento profundo de todas las circunstancias de la causa.”

“Si bien generalmente se procura la obtención de indicios con relación al suceso objeto del proceso, también resultan útiles aquellos que puedan servir para inferir la comprobación de circunstancias relacionadas con el hecho mismo, develar alguna incógnita relevante, y puede referirse a la existencia de la materialidad del hecho como a la participación que el imputado pudo haber tenido en el mismo”.

Por ello, el actuar del letrado P. L. vulneró lo normado por los arts. 6 incs. a) y e) y 44 incs. e), g) y h) de la Ley 23.187 y arts. 6; 10 inc. a) y g); 19 incs. a), d), f), g) y h) del Código de Ética.

En ese orden de ideas resulta palmario que el Sr. D. D. concurrió – desde Bahía Blanca – al estudio de P. A.; en ese lugar lo aguardaba su letrado de ocasión P. L. quien no lo iba a asesorar salvo que el trabajador se lo pidiera y, como gesto desinteresado del letrado no le iba a cobrar honorarios ya que había pactado con la requerida el pago de una suma fija por cantidad de acuerdo celebrados con los ex trabajadores de la firma.

Quien más estuvo presente en el “meeting”? La Sra. Conciliadora V. L. D., quien sólo se limitó a “escuchar a las partes” y, a no ser que haya existido un monólogo del abogado de la requerida mucho no se habrá dicho, pues recordemos que el letrado P. L. dijo no haber asesorado al trabajador.

6.- DE LA CONDUCTA DEL DR. A.:

Sólo falta la presencia de la requerida para completar el cuadro dantesco y es allí cuando entra en escena el letrado A. M.A.

Como hemos visto, el acuerdo por el 241 es el mecanismo que pergeño la requerida para sustraerse al pago de las obligaciones laborales. Tengamos presente que si el trabajador D. D.o estaba reclamando diferencias salariales y comisiones impagas era porque había conflictividad laboral con Santander Río Servicios S.A.

El colega A. al parecer fue el gran negociador de la escena ya que representó como apoderado a Banco Santander Río Servicios S.A. y era el responsable de la cartera laboral dentro de la Sociedad Civil “P. A.; G.; B. A. & M. de H. (h)” para llevar adelante la tarea de resolver el conflicto suscitado con el Sr. D. D.

En la audiencia de vista de causa el letrado se explayó sobre la conflictividad laboral que tenía la empresa con los trabajadores. En el caso concreto del Sr. D. D., el Dr. A. expuso que a pedido del trabajador se inició proceso ante el SECOSE y añadió que se logró acordar con el Sr. D. D. la desvinculación con la Santander Río Servicios S.A. Explicó que el trabajador era “free lance”; que no cobraba remuneración básica y que sólo percibía comisiones cuando vendía.

Aclaró que la conciliación es un acto informal y que en el caso específico de D. D. no tenía la necesidad de contar con elementos objetivos del trabajador, ya que la desvinculación por acuerdo de partes se enmarcaba en el art. 241 de la l.o.

Visto así, a priori no quedaban dudas que el pago que realizó la requerida por intermedio del Dr. A., fue una especie de “gratifi cación”; un desprendimiento patrimonial unilateral; un gesto desinteresado y noble de la empresa Santander Río Servicios S.A.para un “vendedor free lance” que sólo cobraba comisiones cuando vendía.

Dicho de otro modo la conciliación versó, en apariencia, sobre la intención “espuria” y especulativa de alguien que prácticamente no trabajaba en relación de dependencia y pretendía obtener un beneficio económico con una acción laboral casi improcedente y la firma requerida por intermedio de su letrado apoderado le ofreció, sin tener elementos objetivos a la vista y en un ámbito “informal” – como lo describe el Dr. A. – formalizar un acuerdo en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo y, si bien no necesitaba pagar un solo peso, según palabras del letrado, al sólo efecto conciliatorio y como muestra de buena voluntad entregó al trabajador una suma de dinero cercana a los $ 6.000.

No era un mal negocio para el Sr. D. D. ¿o si lo era?

El Sr. D. D., vendedor “free lance” que sólo cobraba comisiones, era en verdad – como hemos visto – supervisor de cuentas de tres sucursales del interior del país con una antigüedad de 7 años en la empresa, detalle inadvertido para todos los concurrentes pero claro, quien lo iba a notar si el abogado de la requerida – Dr. A. -, so pretexto de defender los intereses de la empresa “no necesitaba antecedentes objetivos”; el letrado del trabajador Dr. P. L., no brindó asesoramiento a D. D., pues éste no se lo requirió y la Dra. D. sólo “escucho” a las partes y mutó el reclamo originario por diferencias salariales, por una finalización de vínculo laboral por decisión de las partes sin que el trabajador tenga derecho a reclamar nada de lo que en verdad se le adeudaba.

El letrado A., con su proceder, permitió que se dieran las condiciones necesarias para que se formulara un acuerdo totalmente peyorativo a los derechos laborales irrenunciables que tenía el Sr. D. D.y, de no haber sido por la voluntad de éste de llevar el tema a la Justicia del Trabajo nunca podría haberse encontrado con la indemnización que por derecho le correspondía.

Seguramente la empresa Santander Río Servicios S.A. realizó una evaluación costo-beneficio sabiendo que varios de los reclamos de sus ex-trabajadores quedarían impunes, pero basta solamente analizar los aspectos intrínsecos del acuerdo que firmó el Sr. D. D. para concluir que el letrado A. infringió los arts. 6 incs. a) y e); 10 inc. a) y 44 incs. e), g) y h) de la Ley 23.187 y arts. 6; 10 inc. a) y g); 12; 19 incs. a) del Código de Ética.

7.- DE LA CONDUCTA DEL DR. P. A.:

7.1. El Dr. J. L. P. A., al efectuar su descargo en las presentes actuaciones, dejó interpuesta la defensa de falta de legitimación pasiva, la cual funda en forma exclusiva, con el argumento de que no tuvo intervención directa en los hechos que se investigan y que no sabe nada del asunto. Concretamente manifiesta en su escrito de fs. 136 a 145 que “Opongo como de previo y especial pronunciamiento la excepción de falta de legitimación pasiva por cuanto el suscripto – como fuera categóricamente expuesto en el apartado II – no ha tenido intervención alguna en relación a los hechos que se refieren ocurridos”.

Sin embargo, en dicho escrito el Dr. J. L. A. reconoció sin ambages que es titular de la sociedad civil denominada “P. A.

, G., B., A. & M. de H. (h)”, cuyos integrantes se dedican al ejercicio profesional de la abogacía, y para ratificar lo expuesto, acompañó dicho abogado, a fs. 126 a 134 de estas actuaciones, copia del contrato social de dicha sociedad, de donde surge no solo que integra dicha entidad profesional con los abogados M. F. G., M. M. B., A. A. y J. A. M. de H. (h), sino también que desempeña, con todos ellos, el carácter de administrador de dicha sociedad (art.1), todo lo cual surge del referido contrato de sociedad, confeccionado por escritura pública de fecha 30 de Julio de 1996.

Este reconocimiento surge asimismo del contenido de su escrito de responde cuando, a fs. 136 vuelta de estas actuaciones ratifica su carácter de “titular” de dicha sociedad civil o Estudio, aunque deja expresamente a salvo que, a la fecha de presentación de dicho escrito, el 5 de diciembre de 2013, los socios de dicho ente profesional eran ya cuarenta y dos.

Esas manifestaciones lejos se encuentran de eximir al abogado J. L. P. A. de su responsabilidad por los hechos expuestos en estas actuaciones, habida cuenta que éste ha reconocido expresamente su carácter de titular de dicho Estudio, o, lo que es lo mismo, su carácter de integrante de la sociedad civil que lo explota, resultando sencillamente impensable que quien reviste el carácter de titular de un buffete profesional dedicado a la abogacía, y además se desempeña como administrador del mismo, desde su misma constitución, pueda desconocer lo que acontece en su seno, por mas dimensiones que pueda tener el inmueble ocupado por el Estudio o por mas que integren el mismo un gran número de profesionales del derecho.

Nótese asimismo que no se trata – el demandado, J. L. P. A. – de cualquier socio: su nombre figura en la denominación social en primer lugar, esto es, antes de los otros cuatro socios fundadores, en un orden que que no se corresponde con el orden alfabético.

Pero además de ello debe advertirse que, respecto de todas las circunstancias que originaron este expediente, no se trata de cuestiones carentes de importancia o que pudieran escapar al control de quien es socio y administrador de un estudio jurídico, pues ha sido suficientemente probado, en la sentencia dictada en sede laboral en los autos “D. D. L. A. contra Santander Río Servicios SA sobre diferencia de salarios”, dictada en fecha 19 de Octubre de 2012, y que motiva la denuncia efectuada por la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo (ver fs.2 a 7 de estas actuaciones) que en todo este episodio quedó palmariamente acreditado que desde el Estudio de titularidad, entre otros, del denunciado J. L. P. A., se urdió una ilegítima estrategia tendiente a vulnerar los mas elementales derechos laborales del actor, concretada a través del agrupamiento de los trabajadores de la demandada por regiones, haciéndolos viajar a todos ellos, de ida y vuelta en el día, más de 1.400 kms. (en el caso Bahía Blanca) hacinados en una combi y compelirlos de esta manera a suscribir un “acuerdo” en el estudio jurídico que representaba la patronal; en contratar abogados para que supuestamente representaran y “legitimaran” los despidos encubiertos como acuerdo de desvinculación, y contra el pago de una exigua suma en relación a la antigüedad que reconocían.

7.2. Todas estas conclusiones obran transcriptas en la sentencia laboral aludida, cuya vigencia y autoridad en cosa juzgada no se encuentra en discusión, pues no se ha acompañado en autos sentencia alguna de la Corte Suprema de Justicia de La Nación que la haya revocado o dejado sin efecto, debiendo recordarse que el tribunal laboral que tuvo a su cargo el dictado de la misma, dejó expresamente aclarado que “. la situación suscitada responde a los intereses de la demandada quien se valió de la complicidad de los funcionarios del SECOSE, letrados contratados por las mismas y pagados por ellas y el estudio de abogados que las representan al efecto de la desvinculación urdida de los trabajadores, trasladando al actor y a sus compañeros de su lugar de trabajo (Bahía Blanca) hasta el estudio de los Dres. P. A. y Asociados sito en Capital Federal, donde pergeñaron y consumaron los distratos.”

¿Puede entonces constituir una excusa que lo libere de toda responsabilidad al abogado P.A., dueño y administrador del Estudio Jurídico en donde todas esas actuaciones fueron concretadas, el hecho de que éste desconozca lo que pasaba en su Estudio?

La respuesta negativa se impone, y el artículo 902 del Código Civil, en cuanto dispone textualmente que “Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de esos hechos”, da respuesta negativa a ese interrogante.

A ello no obsta el hecho de que existan otros socios de la referida sociedad civil u otros administradores de la misma, pues el hecho de que hubieren otros responsables por la misma actuación descripta en autos no exime a cualquiera de ellos por las consecuencias de esa manera de proceder.

7.3. Pero además de ello, el abogado J. L. P. A. no ha acreditado absolutamente nada en el presente expediente que permita arribar a una solución que no fuere su plena responsabilidad por los hechos que han dado origen a la presente causa y, como hemos dicho, la circunstancia de que aquel no haya supuestamente participado personalmente en tales actos carece totalmente de virtualidad a los fines de arribar a una solución contraria, pues, se reitera, son hechos de una gravedad extrema que no pueden pasar desapercibidos por nadie que integre un estudio dedicado al ejercicio de la abogacía.

No debe al respecto olvidarse que, al momento de alegar (fs. 373 bis, vuelta), el abogado P. A., reconoció expresamente que el denunciado A. M. A. era su socio y ambos eran apoderados del Banco Santander y de todas las sociedades que conforman el mismo grupo económico (entre las cuales está la firma demandada), a quien – A. M. A.- se puede calificar como el gran negociador de la escena, ya que representó como apoderado al Banco Santander Río Servicios SA y era el responsable de la cartera laboral dentro de la sociedad civil profesional integrada por ambos, y quien, como si todo ello fuera poco, tuvo a su cargo la tarea de llevar adelante la tarea de resolver el conflicto suscitado con el Sr. D. D.

Se equivoca asimismo el abogado P. A., cuando afirma que, al no contar con convenio alguno que le permita verificar en que lugar físico se celebró el cuestionado “Acuerdo” del 22 de Noviembre de 2007 con el actor, Sr. De D., no le correspondía acreditar que dicho instrumento se celebró en lugar diferente al lugar donde funciona su Estudio Jurídico, olvidando que las actuaciones que han dado origen a la presente causa lo constituye una sentencia dictada por el tribunal de Alzada del fuero laboral de la Ciudad Autónoma de la Buenos Aires, que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, donde se tuvo por probado que el aludido convenio se firmó en el Estudio P. A. Es de toda obviedad que al ser tales los antecedentes de este expediente, era al Dr. P. A. quien correspondía acreditar que en ese lugar nunca se firmó acuerdo alguno y nada hizo sobre el particular. Al respecto, las nuevas y contradictorias afirmaciones del denunciado G. A. P. L. no aportan absolutamente nada a la causa, pues no parece verosímil que dicho letrado, al efectuar y suscribir la declaración obrante a fs. 27/28 de los presentes autos, y afirmar que “.El acuerdo se había firmado en el Estudio P. A., que dicho Estudio representaba a las demandadas., que dicho acuerdo se firmó ante un conciliador del SECOSE; que al dicente no le fue exhibida ninguna documentación del actor como origen del reclamo que la confección del acuerdo ya estaba impreso y lo confeccionaba el Estudio P.A.; que el dicente aclara que facturó sus honorarios a Santander Río Servicios; que el dicente suscribió alrededor de 600 o 700 convenios de igual tenor; que el dicente no recuerda haberle brindado ningún asesoramiento al actor para la firma del acuerdo y que la empresa con el empleado eran quienes negociaban los términos económicos del acuerdo.”, hoy se contradiga con tan terminantes declaraciones, resultando incongruente que ahora, en este proceso disciplinario, y no el referido juicio laboral, el abogado P. L. pretenda desdecirse de la aludida declaración testimonial refiriendo que al volver a su estudio y revisar los sorteos de audiencias, se dio cuenta que todo se instrumentó en las oficinas del SECOSE, brindando a este Tribunal una versión totalmente diferente a la expuesta en sede laboral, pues como ya hemos afirmado, resulta carente de toda seriedad que, ante esta “nueva constatación” de los hechos, no haya concurrido al Juzgado interviniente a los fines de brindar nuevas explicaciones. Pretender en la actualidad que este Tribunal de crédito a sus dichos y revierta la veracidad de la declaración brindada en un juicio cuya sentencia definitiva goza de los beneficios de la cosa juzgada, todo lo cual resulta cuanto menos inadmisible.

7.4. Finalmente, no se puede dejar pasar por alto que uno de los agravios expuestos por el denunciado P. A. – ver escrito de alegato, fs. 377 -, para obtener su pretendida desvinculación de los hechos que han dado lugar a esta causa, radica en sostener que “III. La denuncia iniciadora de la causa (sentencia de la Sala VII de la C.N.A.T.) no refiere a ningún acto personalmente llevado a cabo por el suscripto, efectuándose solo referencias a un estudio que se menciona con mi apellido, pero sin referir ni aseverar ninguna intervención llevada cabo en forma personal por el suscripto”, agregando de inmediato que “Si bien ejerzo como abogado desde el año 1981, desde hace mas de dos décadas llevo a cabo mi actividad como socio de la sociedad civil “P. A., G., B., A. & M. de H.( h )”, constituida con la finalidad de prestar servicios jurídicos en las distintas áreas del derecho y del quehacer profesional, que incluyen un asesoramiento y asistencia integral a quienes requieren los servicios del estudio profesional que se constituye por la misma”, para concluir afirmando que “La sociedad se rige por las disposiciones de los artículos 1648 y siguientes del Código Civil y por las normas del contrato constitutivo respectivo, el que fue incorporado al Registro 231 de la Capital Federal mediante escritura de fecha 30 de Julio de 1996, pasada ante el Escribano Raúl M. Vega Olmos, al folio 1376 del registro precitado, instrumentos que fueran incorporados a la causa en ocasión de presentar mi descargo.”.

He querido transcribir textualmente estas reflexiones del abogado P. A., pues mediante ellas éste pretende quedar afuera de las normas que rigen el ejercicio de la profesión de abogado, por el mero hecho de integrar una sociedad profesional, lo cual no solo es inexacto y desacertado, sino contrario al derecho vigente y al sentido común.

En primer lugar, constituyen principios generales, en materia de administración societaria, que todo administrador de sociedades, sean éstas civiles o comerciales, responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o en ocasión de sus funciones, respondiendo también por los daños que causen sus dependientes o las cosas (art.43 del Código Civil) y que por conducta culpable del administrador o socio debe entenderse toda acción u omisión (Borda Guillermo, “Tratado de Derecho Civil, Contratos, tomo II página 235; Salvat Raymundo, “Contratos”, tomo 2, nº 1437; Llambías y Alterini, “Código Civil Anotado”, tomo III-B página 532; ídem, art. 59 de la ley 19550 ), debiendo entenderse por omisión aquella conducta que infrinja el deber de colaboración que debe esperarse de él y que perjudique a la sociedad (Llambías Jorge Joaquín y Alterini Atilio, ob.cit. p. 532). De modo tal que mal puede el abogado P.A., quien ha reconocido desempeñar el cargo de administrador de la referida sociedad civil, manifestar que ignoró los gravísimos hechos ocurridos en su Estudio y que su ignorancia sobre los mismos justifica la eximición de toda responsabilidad por las consecuencias de los mismos.

Del mismo modo, y mirado desde la óptica de su carácter de socio y no de administrador, la solución no puede ser otra, pues así lo dispone el artículo 54 tercer párrafo de la ley 19550, aplicable por analogía a toda persona jurídica que revista el carácter de sujeto de derecho, al disponer que “La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar los derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados”.

En el particular caso de autos, la supuesta conducta omisiva de P. A. – aún para el caso de que este Tribunal comparta los argumentos en torno a su ajenidad con los hechos que fundan esta denuncia – constituye una “actuación” societaria, pues tales hechos se desarrollaron en el marco de la actividad de la sociedad y en el seno de su domicilio social, actuación que constituyó un recurso para violar las leyes laborales, el orden público, la buena fe del actor en el proceso tramitado ante la Justicia del Trabajo, don L. A. D.D. y frustrar los derechos de éste como tercero ajeno a la referida sociedad profesional, de modo que a nadie puede sorprender y menos agraviar, que las consecuencias o efectos de esa manera de proceder puedan ser trasladados o imputados en forma directa a la persona de quien, como el abogado J. L. P.A., reviste el carácter de socio de dicha entidad, y que, con su omisión, hizo posible esa maniobra, siendo por último conclusión de toda evidencia que lo expuesto en el artículo 54 tercer párrafo de la ley 19550, en el sentido de imputar al socio, controlante o quien hizo posible, las consecuencias de la actuación mencionada en dicha norma, autoriza la “imputación” de las sanciones disciplinarias correspondientes a los socios que integran, como en el caso, una sociedad profesional compuesto por abogados.

Con otras palabras y mas categóricamente, el Dr. P. A. debe ser sancionado por este tribunal, no por haber participado “personalmente” en alguna conducta reñida con la ética, sino por no haber hecho absolutamente nada cuando pudo hacerlo, y evitar de ese modo, una actuación reñida con el derecho y perjudicial para terceros. Debe entonces concluirse que, atento su carácter de abogado, constituye una evidente falta de ética y una violación a lo dispuesto por los artículos 6 incs. a) y e); 10 inc. a) y 44 incs. e), g) y h) de la Ley 23.187 y arts. 6; 10 inc. a) y g); 12; 19 incs. a) del Código de Ética, integrar y administrar una sociedad de abogados y no hacer absolutamente nada para evitar en su seno, la consumación de una actuación fraudulenta en perjuicio de terceros, que por su magnitud y trascendencia, jamás pudo desconocer.

Por las razones expuestas precedentemente, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- No hacer lugar al planteo del Dr. G. A. P. L. (Tº . Fº .) respecto de la aplicación del principio “non bis in ídem” a su respecto.

ARTÍCULO 2.- No hacer lugar a la falta de legitimación J. L. P. A. (Tº 20 Fº 104).

ARTÍCULO 3.- Aplicar a la Dra. V. L. D. (Tº . Fº .) cuyos demás datos personales, obran en estas actuaciones disciplinarias, conforme lo prescribe el art. 45 inc.d) de la Ley 23.187, la sanción de suspensión por el término de ( ) meses en el ejercicio de la profesión la que se hará efectiva a los 30 días de quedar firme la presente (art. 47 “in fine” de la referida Ley de Colegiación).-

ARTÍCULO 4.- Aplicar al Dr. G. A. P. L. (Tº . Fº .) cuyos demás datos personales, obran en estas actuaciones disciplinarias, conforme lo prescribe el art. 45 inc. d) de la Ley 23.187, la sanción de suspensión por el término de ( ) meses en el ejercicio de la profesión la que se hará efectiva a los 30 días de quedar firme la presente (art. 47 “in fine” de la referida Ley de Colegiación).-

ARTÍCULO 5.- Aplicar al Dr. A. M. A. (Tº . Fº .) cuyos demás datos personales, obran en estas actuaciones disciplinarias, conforme lo prescribe el art. 45 inc. d) de la Ley 23.187, la sanción de suspensión por el término de ( ) meses en el ejercicio de la profesión la que se hará efectiva a los 30 días de quedar firme la presente (art. 47 “in fine” de la referida Ley de Colegiación).-

ARTÍCULO 6.- Aplicar al Dr. J. L. P. A. (Tº . Fº .) cuyos demás datos personales, obran en estas actuaciones disciplinarias, conforme lo prescribe el art. 45 inc. d) de la Ley 23.187, la sanción de suspensión por el término de ( ) meses en el ejercicio de la profesión la que se hará efectiva a los 30 días de quedar firme la presente (art. 47 “in fine” de la referida Ley de Colegiación).-

ARTÍCULO 7.- Se deja constancia que el primer voto corresponde al Dr. Ricardo A. Nissen (cfr. art. 3 inc. e) R.P.T.D.), al que adhieren los restantes vocales que suscriben la presente, por idénticos fundamentos.

ARTÍCULO 8.- Se hace constar además que los Dres. Ricardo A. Nissen; Horacio Lamas / Eduardo Molina Quiroga y Mirta Torres Nieto / Mario A. De Ipola han escuchado en forma íntegra la cinta magnetofónica que registra la audiencia de vista de causa celebrada.

ARTÍCULO 9.- Regístrese, practíquense las notificaciones de estilo, hágase saber al Consejo Directivo y oportunamente archívese.

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