Es responsable el Estado provincial por haber certificado erróneamente el deceso de la gemela de la actora en la maternidad de hospital público en el que había nacido.

CertificadoPartes: C. P. M. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 23-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-88708-AR | MJJ88708 | MJJ88708

Responsabilidad del Estado provincial por haber certificado erróneamente el deceso de la gemela de la actora en la maternidad perteneciente al hospital público en el que había nacido. 

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida contra el Estado provincial por haber certificado erróneamente el deceso de la gemela de la actora en la maternidad perteneciente al hospital público en el que había nacido, habiéndose comprobado que la hermana gemela que se dio por muerta fue entregada a una tercera persona como producto de su parto, mientras a la madre biológica de la accionante se le entregó una niña fallecida.

2.-Existe relación de causalidad directa entre el hecho que hizo creer a toda la familia que una de las gemelas había muerto y los daños alegados por la actora, así como que su legitimación para reclamar el agravio moral es también absolutamente clara en calidad de damnificada directa, siendo el agravio principal el haber sido separada de su hermana gemela.

3.-La actora no reclama por el ataque a un bien propio que fue indirectamente afectado por el mal que se causó a su hermana, tampoco invoca que su tranquilidad, salud física o sus afecciones legítimas se vieron conculcadas por el daño que se le infligió a su gemela; por el contrario, invoca y prueba -como surge de la pericia psicológica- que la sustracción o expropiación» de su hermana gemela afectó gravemente a su identidad.

4.-La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social.

5.-Si bien la identidad entraña una importancia especial durante la niñez, pues es esencial para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, pues se encuentra en constante construcción y el interés de las personas en conservar su identidad y preservarla no disminuye con el paso de los años.

6.-El derecho a la identidad biológica de un sujeto no sólo se construye, en sentido vertical a partir de la relación paterno-filial, sino también en sentido horizontal, básicamente por el reconocimiento de los vínculos de la persona con sus hermanos, y mucho más en el caso de los hermanos gemelos, en el que el vínculo fraterno es mucho más fuerte y diferente, y genera no sólo la identidad estática sino la dinámica de cada uno de los hermanos.

Fallo:

En Mendoza, a los veintitrés días del mes de setiembre de dos mil catorce reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sres. Jueces de esta Excma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributario, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos N°83854/50363 «C. P.M. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ d y p.» originarios del Decimo Quinto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 171 por la parte actora contra la sentencia de fs.158/161.

Llegados los autos al Tribunal se ordenó expresar agravios a la apelante lo que se llevó a cabo a fs.182/192.

Corrido traslado de los fundamentos del recurso interpuesto a la contraparte, contesta la el Gobierno de la Provincia a fs. 198/203 y a fs. 207 Fiscalía de Estado.

A fs. 227/228 dictamina el Sr. Fiscal de Cámaras, con lo que queda la causa en estado de resolver.

Practicado el sorteo de ley quedó establecido el siguiente orden de estudio: Dres. Mastrascusa, Staib, Colotto.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del CPC, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN:

¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN:

Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA MASTRASCUSA DIJO:

I. Contra la sentencia de fs. 158/161, que desestimó la demanda interpuesta por la Sra. P.M. C. contra el Gobierno de la Provincia por daños y perjuicios derivados de la desaparición de su hermana gemela al momento de su nacimiento, a la que finalmente encontró a los 30 años de edad, deduce recurso de apelación la parte actora solicitando la revocatoria de la sentencia y el acogimiento de la demanda.

Al fundar su recurso se agravia en primer lugar por cuanto la Sra.Juez pese a las constancias de la causa y de su expediente conexo, no reconoce el carácter de víctima a la actora y por ello le niega su derecho a la indemnización. Señala lo que establece el art. 1078 del Código Civil y aclara que la acción fue ejercida iure proprio por los daños directos ocasionados por la demandada aM. P. C.

Estima que la Sra. Juez a quo reduce los hechos a la sustracción de la gemela de la actora y no advierte que ese mismo hecho provocó la violación del derecho a la identidad de la accionante.

Asimismo señala que si la única víctima fue M. L. C.no se entiende por qué razón en los autos conexos la misma juez admitió la indemnización de los padres de ella.

En segundo término se agravia del desconocimiento del ordenamiento jurídico en su conjunto que ampara el derecho a la indemnización de la actora en el que se ha incurrido en la sentencia.Realiza una enumeración de estos derechos (derechos del niño a su identidad, a la preservación de sus relaciones familiares, a una vida digna, a la protección frente a la actuación arbitraria de los poderes públicos, etc) a los que analiza a la luz de la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacando que ésta última cuando se refiere al deber del Estado de preservar la integridad de la familia, se refiere a la familia extensa, es decir a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano.

Destaca igualmente que el derecho a la identidad de los niños en la interpretación de la CIDH comprende el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia.

Cita en todos los casos, las normas constitucionales, convencionales y legales que establecen los derechos violados en el presente caso.

Cita también casos jurisprudenciales afines.

Luego se refiere a las normas pertinentes de la ley provincial 6354 y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.

Concluye que la sentencia yerra al considerar que P.M. C. no es víctima directa, pues desconoce el derecho que ella tenía de vivir con su familia y que al ser violado ha alterado también su derecho a la identidad.

Sostiene también que la sentencia carece de coherencia y produce un escándalo jurídico al haber admitido antes y por el mismo hecho el daño moral directo causado a los padres de la gemela sustraída, reconociendo con ello legitimación a algunos miembros de la familia y negándoselos a otros de manera antojadiza, siendo que en el caso la separación de las hermanas gemelas también constituye un hecho ilícito por el que el Estado debe responder.

Se refiere luego a que la sentenciante aplicando erróneamente el art.1078 del Código Civil ha imputado a su parte no haber reclamado su inconstitucionalidad, siendo que si lo creía necesario, debió hacerlo de oficio, tal como surge de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que analiza.

Finalmente se agravia por cuanto la Sra. Juez a quo para negar toda posibilidad reparatoria a la actora termina por desconocer toda autonomía al daño psicológico, identificándolo con el daño moral, siendo que su mandante, conforme a la pericia producida en autos padece como consecuencia de los hechos ilícitos aquí discutidos un grave padecimiento psíquico y una incapacidad de esta índole del 13,5%.

Señala que critica este argumento en forma subsidiaria y sólo para el caso que no se entendiera a su mandante como víctima directa.

Cita jurisprudencia sobre el carácter resarcible del daño cuando es permanente, y sobre la facultad de los jueces para encuadrarlo en el marco jurídico correspondiente como daño material cuando así se presenta.

Expresa que aún cuando no se admitiera el daño moral, sólo por este rubro el monto de la demanda estaría justificado. Se refiere a los parámetros que toma para ello.

A fs. 198/203 la parte demandada contesta el recurso solicitando su rechazo por las razones que doy por reproducidas en mérito a la brevedad. A fs. 207 adhiere Fiscalía de Estado.

II. En primer lugar cabe consignar que tal como lo expresa la Sra. Juez de la instancia precedente en la sentencia impugnada, debe tenerse por cierto que «el día 28 de abril de 1.974 la Sra. I. del V. F. fue asistida por parto doble en el Hospital Emilio Civit de esta ciudad y que luego de haber dado a luz fue dada por muerta una de las recién nacidas, son equivalentes a los hechos comprobados en los autos nros. 83.760, caratulados «C., M. L. y Ots. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ D.y P.», originaria de este Tribunal. En la sentencia dictada sobre la base de la certeza fáctica derivada de la prueba reunida se concluyó también que el estado provincial era responsable por haberse certificado erróneamente el deceso de la gemela en la maternidad perteneciente al Hospital Público en el que tres días antes había nacido.»

Cabe también destacar que en dichos autos se comprobó que la hermana gemela que se dio por muerta fue entregada a la Sra. B. R. como producto de su parto, mientras a la Sra. I. del V. F., madre biológica de la accionante, se le entregó una niña fallecida.

El hecho (cuyas causas se desconocen) no fue conocido sino cuando treinta años después otra hermana advirtió la existencia con vida de la hermana supuestamente fallecida por su enorme parecido con la aquí actora de modo totalmente casual, se realizó el estudio de ADN, y los sucesivos juicios de filiación y daños y perjuicios.

En estos autos, la demandada ha reconocido estos hechos y no ha negado la existencia de responsabilidad objetiva del Estado.Sin perjuicio de ello negó la legitimación de la actora para reclamar daño moral así como la relación de causalidad entre el agravio que afirma haber sufrido y el hecho principal.

La sentencia, sólo se centró, como argumento decisivo para el rechazo de la acción, en la falta de legitimación de la accionante.

Adelanto que estimo que existe relación de causalidad directa entre el hecho que hizo creer a toda la familia C.que una de las gemelas había muerto y los daños alegados por la actora, así como que su legitimación para reclamar el agravio moral es también absolutamente clara en calidad de damnificada directa.

Me explicaré a continuación.

Como se dijo, y aún sin que se sepan las causas, el hecho ilícito consistió en que la madre de la actora tuvo un parto doble, y el Hospital le informó que una de las dos recién nacidas había fallecido, entregándole, además de la niña sobreviviente (hoy la aquí actora), el cadáver de otra que no era su hija, de modo que las hermanas nacidas en el mismo parto (y que además eran gemelas, hecho que nadie ha negado) vivieron separadas durante treinta años, una de ellas en completo desconocimiento de la situación y la otra con la información de que su gemela no había sobrevivido.

El agravio principal por el que la actora pide indemnización es el haber sido separada de su hermana gemela.

Este es el hecho generador del daño.

En los autos N° 83.760 «C.M. L. y ots. c/ Provincia de Mendoza» originarios del mismo juzgado y venidos también a esta Cámara, la Srta. M. L. C. reclamó indemnización por el daño moral sufrido por ella al ser separada de su familia y al habérsele negado su propia identidad.Sus padres, también reclamaron daño moral por haber sufrido por la creencia de la muerte de una de sus hijas, y luego de treinta años conocer que la misma estaba viva y había desarrollado su vida hasta ese momento «arrancada» de su familia biológica.

El caso presenta claramente un supuesto de un ilícito o injusto dañoso que constituyendo un solo hecho, genera una variedad de damnificados directos e indirectos. Es el caso de los llamados ilícitos pluriofensivos.

El hecho es uno sólo, la «extracción» de una persona de su familia biológica mediante el artificio (culposo o doloso) de darla por muerta. El impacto de este hecho tiene diferentes manifestaciones en diferentes personas del núcleo familiar e impacta de manera directa en los derechos subjetivos de cada uno de ellos.

En este caso no hay una sola víctima, por el contrario hay varias. N o sólo fue víctima de la desafortunada maniobra del hospital la niña que fue entregada a otros padres, sino que también lo fueron sus padres a quienes les manifestaron que su hija había fallecido y también lo fue su hermana gemela, quien sufrió un grave daño en su identidad al perder a su hermana.

La sentencia apelada estimó que la actora no estaba legitimada para reclamar el resarcimiento del daño moral por cuanto entendió que la única víctima del hecho era la hermana sustraída, y que en consecuencia, la Srta. P.M. C., sólo revestía el carácter de damnificada indirecta alcanzándole la restricción del art. 1078 del Código civil.

Como más arriba he afirmado lo contrario, esto es, que estimo que la Sra. P.M. C.es víctima directa del hecho ilícito acaecido, lo que interesa es indagar cuándo hay daño directo y cuándo hay víctima de un hecho o acto ilícito.

La única restricción genérica relativa al resarcimiento del daño moral es la que requiere un daño directo en la persona que lo reclama, entendiéndose por tal que el ilícito haya hecho sufrir a la persona, molestándole en su seguridad personal o en el goce de sus bienes o hiriendo sus afecciones legítimas conforme a la descripción del artículo 1078 antes de la reforma de la ley 17711.

Es damnificado directo quien sufre un daño directamente en las cosas de su dominio o posesión o en su persona, derechos o facultades (art. 1068, Cód. Civ.).

En materia de daño moral la diferencia entre damnificado directo e indirecto reposa en la incidencia que tenga el hecho ilícito en relación con el interés conculcado. En otras palabras, damnificado directo es quien sufre como víctima un daño a un interés propio y personal, mientras que el damnificado indirecto es quien sufre un daño a título personal por un hecho ilícito que tuvo por sujeto pasivo a un tercero.

La diferencia entre damnificados directos e indirectos deviene de la forma en que el hecho dañoso los afecta. En el caso de los segundos lo hace por vía de reflejo o «rebote», por mediar una conexión objetiva entre la situación de ese sujeto y la del damnificado directo, motivada en que el bien o interés de éste satisface también y de algún modo un bien o interés de aquél.

La doctrina y la jurisprudencia han discutido desde la reforma del art.1078 del Código Civil sobre el punto existiendo diferentes posturas.

Pero la mayoría de ellas toman como ejemplo los hechos ilícitos que produjeron la muerte o lesiones a la integridad física situaciones en los que la víctima directa es claramente identificable y discuten en torno de los familiares agraviados moralmente por tales hechos.

No se trata en el caso de autos de alguien que haya sufrido una lesión física o la muerte en forma efectiva. No se advierte cómo tales situaciones que son las invocadas por la doctrina en forma recurrente para señalar como víctima a quien sufrió el daño físico y como damnificados indirectos a quienes sufrieron por tal circunstancia pero en forma refleja pueda aplicarse al presente caso.

Tampoco nos encontR. frente a un ilícito que pueda confundirse con la muerte u homicidio de una persona, por lo cual la limitación a los herederos forzosos respecto de la indemnización del agravio moral es de ninguna relevancia.

Ni siquiera es el caso recogido por la jurisprudencia y la doctrina del reclamo de la madre y los hermanos de unas niñas que fueron víctimas del abuso sexual de su padre (Ver en este sentido fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala II (CCivyComAzul) (SalaII) ~ 20110310 ~ A.M.A. c. F.N.R., con nota de Graciela Medina «Daño moral de la madre y del hermano por abuso sexual cometido por el padre a sus hijas» en: RCyS2011VI, 49).

Aún en el supuesto de lesiones físicas, se ha pronunciado la jurisprudencia y parte de la doctrina a favor de considerar damnificados directos a los padres del hijo que resultara con una gran incapacidad del hecho ilícito, y también en el caso de la esposa por la gran incapacidad del marido (este último recogido de la jurisprudencia española por Rivera, Julio César, Legitimados para demandar la indemnización de daños en Revista: Revista de Derecho de Daños Tomo: 1998 3.Accidentes de tránsito III.).

Un voto en minoría de un fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires ilustra, sin perjuicio de tratarse de un caso de lesiones físicas de un hijo, con claridad como un hecho ilícito puede ser pluriofensivo, el que por su claridad me permito transcribir: «El carácter directo de su damnificación no puede ser abolido por la unicidad del hecho dañoso, como erróneamente propone el recurrente. Un hecho puede dañar directa y moralmente a más de una persona: esto es lo ocurrido aquí. Cualquiera haya sido la intención del legislador al establecer el límite que ha impuesto en el art. 1078 del Código Civil, lo cierto es que al intérprete le cabe siempre la posibilidad (y hasta el deber) de una renovada lectura. Más aun cuando la justicia del caso lo reclama. La palabra directo en castellano significa inmediato, sin intermediarios: y surge de la reconstrucción de los hechos, que llega firme a esta instancia, el inmediato y sin intermediarios daño moral infligido a los padres. No se puede razonar como si la ley hubiese dicho: «la acción por indemnización por daño moral sólo competerá al damnificado por el daño material». Este no es su contenido. Lo que la ley dice es: «la acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo.». Y el damnificado directo es el que por sí mismo sufre el daño moral. No es el lastimado en lo físico sino el directamente lastimado en sus afectos. Daño material y moral concurren, pero uno no es el componente ontológico del otro. Son apenas concomitantes. De otro modo no sería posible la acción autónoma por daño moral, sin un daño material al que asociarse, ni una independencia cuantitativa de los respectivos resarcimientos. (Del voto del Dr. Negri «C. L. A y otra c. Hospital Zonal de Agudos General Manuel Belgrano y otros s/daños y perjuicios S.C.B.A.16/05/2007, DJ 2007II , con notas aprobatorias de ECHEVESTI, Carlos A., «Una sentencia inscripta en quadrata monumentale», JA, 2007III, pp. 46 y 56; AGOGLIA, María M., «Ampliación de la legitimación activa de los damnificados indirectos por daño moral», LA LEY, 2007F, 72, 4; BORAGINA, Juan Carlos y MEZA, Jorge Alfredo, «Daño moral; legitimación de los damnificados indirectos», LA LEY, 2007D, 371; RITTO, Graciela B., «La equidad y el rol de los jueces dinamizando el Derecho de Daños. Un fallo ejemplificador que consagra la inconstitucionalidad del art. 1078 del CC», LLBA, 2007869; SEXE, Pedro Marcelo, «Naturaleza de la responsabilidad del Estado por mala praxis médica y el daño moral (en la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires)», LLBA, 2007876; LOPEZ BRAVO, Marisa Gabriela, «La nueva visión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto al art. 1078 del Código Civil», LLBA, 2007504 y DJ, 2007II, 453., con nota de Roberto A. Meneghini; LA LEY 2007C , 671, con nota de Roberto A. Meneghini; DJ 2007II , 680, con nota de Matilde Zavala de González; LA LEY 16/07/2007 , 5, con nota de Juan Carlos Boragina; Jorge Alfredo Meza; LA LEY 2007D , 372, con nota de Juan Carlos Boragina; Jorge Alfredo Meza; LA LEY 07/09/2007 , 5, con nota de Matilde Zavala de González; LA LEY 2007E , 345, con nota de Matilde Zavala de González; LLBA 2007 (setiembre) , con nota de María M. Agoglia; LA LEY 2007F , 73, con nota de María M. Agoglia; LLP 2008 (marzo) , 260, con nota de María M. Agoglia; Cita Online: AR/JUR/1277/2007).

No desconozco que la mayoría de la doctrina, especialmente la Dra. Matilde Zavala de González critican esta interpretación del art. 1078 del C.C.aferrándose a ejemplos referidos a la víctima de lesiones a su integridad física que es el caso del fallo citado y a los casos de muerte.

Sin embargo, no se entiende cómo podría explicarse la cuestión cuando un mismo hecho, sin provocar incidencia alguna en la integridad física o en el patrimonio de nadie, provoca directa y sencillamente daño moral en uno o más ofendidos.

Tampoco puedo entender cómo se hacen listados de supuestos característicos de daño moral que no incluyen lesiones a los atributos de la personalidad protegidos por el ordenamiento jurídico en su conjunto y muy especialmente por las convenciones internacionales de derechos humanos y por nuestra Constitución (véase en este sentido la enumeración de Jorge Mayo en su artículo «El daño moral. Los diversos supuestos característicos que lo integran» en RDD «Daño Moral», Rubinzal Culzoni,1999, pags. 179 y sigs, que sólo considera manifestaciones del daño moral a: a) dolor físico y dolor moral, este último reflejado en la pena, tristeza y sufrimiento; b)daño a la vida de relación como privación de satisfacciones y goces ordinarios de la vida; c) daño psíquico; d) daño estético; e) perjuicio juvenil; f) perjuicio sexual.

Este tipo de clasificación sólo revela la confusión existente entre el derecho o bien lesionado y las repercusiones que semejante ataque acarrea. La calificación del perjuicio no coincide necesariamente con la actividad dañosa ni con el bien atacado u objeto de la lesión, sino con el resultado o consecuencia de la acción u omisión del agente (cfr. Mosset Iturraspe, «Daño Moral, noción, crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona , en RDD «Daño Moral», Rubinzal Culzoni,1999, pags.7 y sigs.).

Hace tiempo ya un reconocido doctrinario señaló en este sentido «Oportunamente hemos tenido asimismo ocasión de participar de la tesis mayoritaria de nuestra doctrina autoral y jurisprudencial, conforme a la cual la indemnización en concepto de daño moral acordada a la víctima directa o indirecta no tiene carácter de «sanción» en el sentido de pena privada, sino un carácter «satisfactorio». Por ello, dentro de esta corriente que confiere carácter resarcitorio a la indemnización por daño moral, es posible considerar de manera independiente la situación de cada víctima, para el supuesto de presentarse varios damnificados directos o indirectos reclamando indemnización por daño moral derivado de un mismo hecho ilícito, y concederse por ende sumas distintas a cada una de ellas. Por lo demás, consideR. también que tal reparación por daño moral constituye una reclamación autónoma, por lo que la misma no puede ser considerada como un apéndice del daño moral, como lamentablemente es dable advertir de modo expreso o implícito en algunas decisiones judiciales (cf. nuestro trabajo: «La reparación del daño moral», «Anales» de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, t. XXV, Año 1986, p. 269 y siguientes)» (Andorno, Luis, Legitimación activa «Iure proprio» amplia de los herederos por reclamo de daño moral indirecto» Andorno, Luis Publicado en: LA LEY 1998E , 193 • Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III , 349 ).

Esta aseveración implica aceptar que un hecho pluriofensivo puede convertir en víctimas a más de un sujeto pasivo así como que también pueden concurrir otros damnificados indirectos.

En esta causa, no se trata de una lesión física que pueda hacer que la identificación de la víctima sea inmediata y única.Hay un ataque simultáneo a numerosos bienes jurídicos que acarrea distintos menoscabos en la persona de distintos integrantes de la familia que en definitiva sufrió el ataque.

La actora no reclama por el ataque a un bien propio que fue indirectamente afectado por el mal que se causó a su hermana. No invoca que su tranquilidad, salud física o sus afecciones legítimas se vieron conculcadas por el daño que se le infligió a su gemela.

Por el contrario, invoca (y prueba como surge de la pericia psicológica) que la sustracción o «expropiación» de su hermana gemela afectó gravemente a su identidad.

Es necesario tener en consideración para enfocar correctamente el problema que la protección integral de la familia contenida en el art. 14 bis, está reforzada aún más a partir de la reforma de 1994 con la incorporación de instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 6; Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 16.3; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 10.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 23.1; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 17.1).

Esta protección, como ha sostenido la parte apelante incluye a todos los familiares cercanos no sólo al vínculo biológico de padres e hijos, sino también al de los hermanos.

El artículo 11.2 de la Convención dispone que: «Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en este sentido que «… en virtud del artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en su familia [Cfr. Opinión Consultiva OC17/02, supra nota 149, párr. 71;Caso Chitay Nech y otros, supra nota 98, párr.156, y Caso De la Masacre de las Dos Erres, supra nota 150, párr. 188.], y en especial los niños y niñas, dado que la familia tiene un rol esencial en su desarrollo.» (Caso contreras y otros vs. EL SALVADOR, sentencia de 31 de agosto de 2011)

El derecho a la identidad, por otra parte es un derecho implícito. Así lo ha sostenido la CIDH cuando dijo en el mismo fallo que «el Tribunal ha reconocido que el derecho a la identidad no se encuentra expresamente contemplado en la Convención Americana. No obstante, el artículo 29.c de este instrumento establece que «.Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de [.] excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno». Al respecto, la Corte ha utilizado las «Normas de Interpretación» de este artículo para precisar el contenido de ciertas disposiciones de la Convención, por lo que indudablemente una fuente de referencia importante, en atención al artículo 29.c) de la Convención Americana y al corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo constituye la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que reconoció el derecho a la identidad de manera expresa. En su artículo 8.1 señala que «Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas». De la regulación de la norma contenida en la Convención sobre Derechos del Niño se colige que la identidad es un derecho que comprende varios elementos, entre ellos, se encuentra compuesto por la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, incluidos en dicho articulado a modo descriptivo mas no limitativo.De igual forma, el Comité Jurídico Interamericano ha resaltado que el «derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana» y es un derecho con carácter autónomo, el cual posee «un núcleo central de elementos claramente identificables que incluyen el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho a las relaciones familiares». En efecto, es «un derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la comunidad internacional en su conjunto, que no admite derogación ni suspensión en los casos previstos por la Convención Americana». En consecuencia, en las circunstancias del presente caso y en atención al contexto de los términos de la Convención Americana, interpretados a la luz del artículo 31 de la Convención de Viena, el Tribunal estima que el conjunto de las violaciones a los derechos establecidos en la Convención Americana que fueron analizados constituyen una afectación al derecho a la identidad, el cual es inherente al ser humano, y se encuentra estipulado expresamente en la Convención sobre los Derechos del Niño.»

La Corte se apoyó también para sostener este aserto en que «el artículo 8 del Convenio europeo «protege un derecho a la identidad y al desarrollo personal, y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior». Así, la vida privada incluye aspectos de la «identidad social y física del individuo». (Caso contreras y otros vs. EL SALVADOR, sentencia de 31 de agosto de 2011)

También ha sostenido que «esta Corte ha establecido previamente que «el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso.Es así que la identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Asimismo, es importante resaltar que, si bien la identidad entraña una importancia especial durante la niñez, pues es esencial para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, pues se encuentra en constante construcción y el interés de las personas en conservar su identidad y preservarla no disminuye con el paso de los años. Además, el derecho a la identidad puede verse afectado por un sinnúmero de situaciones o contextos que pueden ocurrir desde la niñez hasta la adultez» (Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 29, Caso Vélez Loor, supra nota 13, párr. 69, Caso contreras y otros vs. EL SALVADOR, sentencia de 31 de agosto de 2011)

La Corte ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas (Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, Punto Resolutivo Cuarto; Caso Gelman, supra nota 16, párr. 133, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 97, párr. 235) . En el fallo Contreras vs. El Salvador dijo expresamente: «Aunado al reconocimiento estatal, la Corte observa que de las declaraciones y el peritaje recibidos (supra párrs. 30 y 31) se desprende que los familiares de las víctimas vieron en una medida u otra su integridad personal afectada por una o varias de las situaciones siguientes:(a) sufrieron afectaciones psíquicas y físicas; (b) una alteración irreversible de su núcleo y vida familiares que se caracterizaban, entre otros, por valiosas relaciones fraternales;…. Las circunstancias descritas han provocado una afectación que se prolonga en el tiempo… *caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 114;Caso Gelman, supra nota 16, párr. 133, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 97, párr. 240.* (Caso contreras y otros vs. EL SALVADOR, sentencia de 31 de agosto de 2011).

En el fallo «Fornerón c. Argentina», la CIDH dijo que «las relaciones familiares y los aspectos biológicos de la historia de una persona, particularmente de un niño o una niña, constituyen parte fundamental de su identidad, por lo que, toda acción u omisión del Estado que tenga efectos sobre tales componentes, puede constituir una violación del derecho a la identidad» (Corte IDH, caso «Fornerón e hija v. Argentina», sent.del 27/4/2012, 113, http://www.csjn.gov.ar/.)

En doctrina se habla de un aspecto estático (verdad biológica) y otro dinámico (verdad biográfica, histórica del estilo indi vidual y social del sujeto) del derecho a la identidad .

CSJN se refirió en extenso sobre el derecho a la identidad en el resonado caso «Muller» del 13/11/1990, en especial, el voto en disidencia de Petracchi que en el considerando 12º puso de manifiesto que «La identidad es representada como un verdadero y propio derecho personalísimo cuyo contenido está delimitado (.) por tener el sujeto caracteres propios, que lo hacen diverso a los otros e idéntico sólo a sí mismo», o sea que la persona tiene «la titularidad de un derecho, que es propiamente el de ser ella misma, esto es, tener una propia verdad individual». (CSJN, 13/11/1990, «Muller, Jorge s/ denuncia», ED, 141268 y LL, 1991B, 473)

En el derecho nacional, la importancia de la relación familiar fraterna se ha desarrollado mayormente en función de la discusión sobre el art. 323 del Código civil, en cuanto impide la subsistencia del vínculo biológico del adoptado por adopción plena con su familia biológica, en especial con sus hermanos. En función de la obvia necesidad de permitir que tal vínculo fraterno subsista se ha declarado la inconstitucionalidad de la norma (Superior Tribunal de Justicia de La Pampa in re C., S. E. c. Herederos de B., R. M. s/ filiación y daño moral • 05/12/2013, LLPatagonia 2014 (junio) , 261 Con notaM. Rodríguez Iturburu. Cita online: AR/JUR/99786/2013; Sup. Corte Just. Santa Fe, 30/11/2004, «L., A. K.», LLLitoral 2005439, con nota de Mirta H. MANGIONE MURO. También en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Lexis Nexis, 2005II113, con nota de Marisa HERRERA.). En otros casos se ha optado por la adopción simple a fin de impedir el efecto del art. 323 respecto de los hermanos (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E. Partes: R., L.27/05/2010 ABELEDO PERROT Nº: 70067354 ).

El derecho a la identidad biológica de un sujeto no sólo se construye, en sentido vertical a partir de la relación paternofilial, sino también en sentido horizontal, básicamente por el reconocimiento de los vínculos de la persona con sus hermanos, y mucho más en el caso de los hermanos gemelos, en el que el vínculo fraterno es mucho más fuerte y diferente, y genera no sólo la identidad estática sino la dinámica de cada uno de los hermanos.

La perito psicóloga señala: «Cuando uno de los hermanos gemelos fallece al nacer, o siendo pequeño, o se cree que ha fallecido como sucedió en el caso que se investiga el hermano que sobrevive lo percibe de una manera muy especial. Lo siente como si le hubiesen arrancado una parte de sí mismo, como si le faltara un trozo, porque ha desaparecido un fragmento de sí mismo. A esta emoción se le superponen los sentimientos de culpa, por haber sobrevivido (¿Por qué yo sí y ella no? ¿Murió para que yo existiera?). Este tipo de sentimientos deben haber acosado a P. C., desde que tuvo noción del supuesto fallecimiento de su hermana gemela. Ella insiste que desde muy pequeña presintió que su hermana gemela estaba viva y dice que sufría cuando la otra padecía peripecias en la vida. Sin duda, sus deseos, su extrañeza debido a la situación tan traumática, sus sentimientos de culpa la hicieron añorar permanentemente, a lo largo de su vida a su gemela…»

Mas adelante agrega «Los hermanos gemelos, homocigotos (gestados a partir una misma célula huevo) comparten un mismo código genético. En consecuencia son idénticos desde el punto de vista genético….Luego como los gemelos son idénticos genéticamente, son absolutamente parecidos, tanto en cuanto a los rasgos físicos, como en lo que respecta a la personalidad y a la predisposición hereditaria para adquirir enfermedades. Se dijo absolutamente parecidos, pero no iguales.La ubicación en el útero materno no es la misma. Tampoco el intercambio madrehijo a través del cordón umbilical, ni las calidades nutricias que recibe cada uno. Eso determina que, a pesar de poseer la misma carga genética cada ser humano sea distinto de los demás e idéntico sólo a si mismo…Existe una comunicación especialmente profunda entre gemelos cuando se crían juntos, porque además de compartir el código genético comparten la relación con los padres y con toda la familia, tienen exactamente la misma edad, los juegos, el mismo estilo de vida. Todo esos, más los grandes parecidos, los hace tener una relación muy profunda y peculiar.».

Me parece indudable que de ello surge con precisión que la injerencia arbitraria e injusta provocada por el hecho de haber sido arrancada su hermana gemela de la vida de la actora ha provocado en ella una gran pérdida de identidad y desarrollo familiar y social, así como emociones y sentimientos de culpa, tristeza, abandono, soledad, etc., también descriptos por la perito que en nada se relacionan con los sufrimientos o padecimientos de la hermana sino con los propios intereses espirituales y personales de la aquí actora.

A ello estimo que hay que agregar que la pérdida de la hermana gemela también influyó en lo que la experta llama la «díada madrehijo (que se define como la íntima unión que se confrma en el momento del nacimiento del bebé y que es esencial para el desarrollo de la salud mental del mismo durante el primer año de vida), señalando la experta que la de P.M. con su madre se conformó con graves fallas.Estas fallas en principio están referidas también al hecho ilícito que es motivo de esta acción, pues como lo señala la perito, los padres estaban también afectados, habían perdido una hija, tenían sus propios conflictos, y estas dificultades paternas perturbaron su relación con P.

Además de estos sentimientos de pérdida, añoranza, soledad y abandono, la perito ha indicado también que uno de los factores estresantes que contribuyó a agravar y modular la enfermedad de fuerte componente genético que afecta a la actora (trastorno bipolar) fue la creencia de la muerte de su hermana gemela la que pervivió por 26 años, así como también lo fue el encuentro con ella siendo ambas adultas (ver fs. 82). Ha inclusive señalado que dentro de la incapacidad que tiene en los diferentes períodos de la enfermedad, un 13, 7 % es atribuible a este factor.

Estas afectaciones de la actora en su identidad, tranquilidad familiar y desarrollo normal de su vida no pueden sino constituir un daño moral directo que debe ser resarcido.

En subsidio, y si no se acordara con lo expuesto en torno a que la actora en este juicio es una víctima directa del hecho, al igual que sus padres y su hermana, no parece razonable permitir que la restricción del art. 1078 del Código Civil, impida la reparación de su daño moral, debiendo declararse de oficio la inaplicabilidad al presente caso de la limitación allí establecida para el damnificado directo.

En el caso no es obstáculo que la actora no lo haya peticionado al trabarse la litis en primera instancia, tanto por cuanto en esa oportunidad ella no entendió que se tratara de una damnificada indirecta, tanto por cuanto, invocada la cuestión de la constitucionalidad por la sentenciante, la petición se realizó en la Alzada, en subsidio, y con posibilidades amplias de debate en segunda instancia.

Igualmente lo permite la jurisprudencia citada por el Sr. Fiscal de Cámaras.Pero más aún este Tribunal ha sostenido desde antiguo que nuestro ordenamiento jurídico provincial impone a los jueces la declaración de inconstitucionalidad de oficio, pues todo el ordenamiento jurídico desde una visión sistemática (que no puede negarse ha seguido la Corte Provincial y la Corte Nacional en la mayoría de sus fallos) debe basarse en la Constitución bajo pena de ser excluida de ella conforme a los arts.31 de la Constitución Nacional y 48 de la Constitución de Mendoza. De todos modos, si bien la doctrina de la Corte de la Nación hace muchos años restringía esta posibilidad, luego admitió la facultad de los jueces de pronunciarse en forma oficiosa sobre la constitucionalidad de las normas inferiores cuando el ordenamiento público provincial así lo imponía (Corte Suprema de Justicia de la Nación • 13/09/1988 • Fernández Valdez, Manuel G. • La Ley Online) que es precisamente lo que ocurre con el art. 48 de la Constitución de Mendoza. Luego se extendió a otros numerosos casos (Corte Suprema de Justicia de la Nación • 19/08/2004 • Banco Comercial Finanzas (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/quiebra • LA LEY 22/11/2005, 5, con nota de Bárbara Figueira; Christian J. Musitani LA LEY 2005F, 453, con nota de Bárbara Figueira; Christian J. Musitani LA LEY 30/08/2004, 5 DJ 20043, 115 IMP 2004B, 2896 LA LEY 2005B, 842, con nota de Fernando N. Bonina Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Administrativo Julio Rodolfo Comadira, 622 JA 2005III, 44).

Ello en consecuencia impide toda objeción sobre la etapa del proceso en que la actora haya pedido la inaplicabilidad del art. 1078 del Código Civil.

No ignoro las serias razones que han motivado a destacada doctrina y jurisprudencia a sostener a todo trance la constitucionalidad de la norma, pero en definitiva estimo que hoy en día ya no puede negarse que tal limitación viola derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales incorporados a la Constitución en el art.75 inc. 22 de la misma, así como normas originarias de la parte general de declaración de derechos y garantías que interpretadas a la luz de tales tratados y de las modificaciones del ordenamiento jurídico vigente hacen imposible mantener en ciertas situaciones la limitación que en abstracto prescribe la norma.

No creo que el análisis de la cuestión pueda realizarse en esta instancia judicial sólo desde el punto de vista de las exigencias éticas (sea de la moral social o de la moral crítica) pues esa tarea corresponde a los legisladores. En cambio los jueces sólo podemos aplicar la ley o dejar de aplicarla cuando por alguna razón grave la misma se ha tornado inconstitucional. Ello sin perjuicio de que en el análisis de tal aspecto (sobre todo en el estudio del con tenido material de la norma en cuestión) haya necesariamente que hacer referencia a aspectos éticos, contenidos en la misma Constitución y en el ordenamiento jurídico en su conjunto y que deben ser apreciados desde el punto de vista de los principios y derechos fundamentales en aquella consagrados.

La interpretación de una norma debe hacerse en primer lugar «desde la Constitución», más que nunca hoy en día, pues nuestra Constitución ha ampliado extensamente el programa de vida de nuestra comunidad nacional, integrando entre sus cláusulas y con igual jerarquía a los Tratados Internacionales de Derechos humanos que amplían el conjunto de valores, declaraciones , normas, instituciones, standards éticos y políticos, los instrumentos para equilibrar el ejercicio de los derechos y el funcionamiento del poder.En definitiva, hoy más que nunca debe recurrirse a la interpretación de las normas a la luz de un muy novedoso conjunto de principios de la más alta jerarquía y que no permiten mantener una concepción puramente «legalista» de la interpretación del derecho, debiendo los jueces en consecuencia hacer un esfuerzo integrador de tales principios y reglas en un marco histórico y jurídico distinto a aquel en el que muchas de las normas inferiores fueron creadas.

Los argumentos genéricos por los que se viene sosteniendo la inconstitucionalidad de la limitación del art. 1078 del Código Civil que compartimos son numerosos:

a)La limitación conspira contra el principio de la reparación integral del daño y el derecho de integridad personal, comprensivo de la faz espiritual, resultando «una iniquidad y una falta jurídica grave que los damnificados indirectos puedan reclamar sólo los daños ocasionados a su patrimonio» (conf. plenario CNCiv «Fernández s/El Puente, La Ley, 1995A, 136) y en cambio verse privados de todo resarcimiento por grandes sufrimientos espirituales, cuando de ninguna manera en la Constitución se hace prevalecer el derecho de propiedad o los derechos patrimoniales por sobre los derechos de la personalidad. el derecho a la reparación del daño se encuentra consagrada por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; contamos por de pronto con lo que estatuye el art. 21 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: «Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa». Paralelamente, el art. 5 del mismo cuerpo supralegal ampara el derecho a la integridad personal al expresar que «Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral».

b)La norma resulta discriminatoria, frente a gravámenes de igual naturaleza (como los previstos en el segundo párrafo), violando los preceptos constitucionales de protección familiar (arts. 14 bis tercer párrafo y 16 de la C. N.; arts. 17, 27, 29 y cc. del Pacto de San José de Costa Rica; arts.10 y 23 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

c)La solución que preconiza el art. 1078 del Código Civil, atento su irrazonabilidad, lo que conforma violación de lo dispuesto en el art. 28 de la Constitución Nacional. El art. 14 de la Carta Magna dispone que los habitantes gozan de sus derechos «conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio» y el art. 28 establece: «Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. En este sentido cabe destacar que Existe consenso en que el motivo por cual el legislador sólo otorgó legitimación activa al damnificado directo fue el tratar de evitar una «catarata de pleitos» que condujeren a la ruina del obligado. Sin embargo no se impide la misma eventual cantidad de reclamos si lo atacado es el patrimonio. La situación se torna inequitativa para daños exclusivamente de tipo moral mientras resulta ilimitada para daños patrimoniales. El modelo de la norma resulta así también irrazonable. A ello debe agregarse que es el Juez quien debe evaluar las diferentes circunstancias del caso para pronunciarse sobre la envergadura y naturaleza de los intereses invocados.

d)Desde una interpretación sistemática la norma resulta irrazonable e incongruente con el art. 1079, que legitima ampliamente a los damnificados indirectos por daños patrimoniales, sin que dicho artículo haya sido modificado por la doctrina. Igualmente resulta incoherente frente al art. 522 del C. Civil que no prevé la limitación para los daños derivados de la responsabilidad contractual y mucho más aún frente al art. 29 inc.2 del Código Penal que expresamente establece que «La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba.»

Estas razones generales sumadas a las particularidades propias del caso así como a la naturaleza del ataque a bienes consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos hacen que en el caso la limitación a la reparación del daño moral de los damnificados indirectos (en este caso la hermana de la supuesta única víctima) se torne inaplicable.

Siendo ello así estimo necesario pasar a la cuantificación del daño, resultando innecesario el análisis de los demás agravios.

Si se atiende a los montos otorgados como indemnización por el daño moral de los padres en los autos N°83.760 «C.c/ Provincia de Mendoza, modulados en función de la pérdida comparativa del signo monetario la suma reclamada de $150.000 es inferior a la suma otorgada a aquellos en la época de la sentencia recaída en estos autos (marzo de 2009)

Si a ello se suma que el daño moral comprende no sólo los sufrimientos señalados más arriba y relatados por la perito designada, sino también a la influencia de este factor estresante en el daño psíquico de la actora, estimo que la indemnización debe establecerse en la suma de $150.000 fijada a la sentencia de primera instancia, debiendo calcularse los intereses moratorios a la tasa del 5% anual desde el 28/4/1974 hasta la fecha de la sentencia de primera instancia y desde allí en adelante a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

El recurso en consecuencia, progresa en su totalidad.

Sobre la primera cuestión voto entonces por la afirmativa

Sobre la primera cuestión el Dr. Colotto adhiere al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA MASTRASCUSA DIJO:

VI.Las costas de Alzada deben ser impuestas a la parte demanda apelada.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. Colotto adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta :

SENTENCIA:

Mendoza, 23 de setiembre de 2014

Y VISTOS:

El acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

I. Admitir el recurso de apelación articulado por la parte actora y en consecuencia modificar la parte dispositiva de la sentencia recaída en estos autos, la que definitiva dispondrá:

«1|) Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra. P.M. C. contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza, y en consecuencia condenar a éste último a pagar a la primera dentro de los diez días de quedar firme la presente resolución, la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) con más los intereses establecidos en los fundamentos de la presente resolución.»

«II. Imponer las costas a la parte demandada apelada».

«III. Regular los honorarios de los Drs. Alfredo Guevara Escayola, Pablo Salinas, Diego Monteleone, Alicia Estela Barrilli, Pedro García Espetxe y Eliseo J. Vidart en las respectivas sumas de ($.), ($.), ($.), ($.), ($.) y ($.) sin perjuicio de los complementarios que correspondan (arts. 2, 3, 4, 13 y 31 Ley 3.641).

II. Imponer las costas de Alzada en el orden causado.

III. Regular los honorarios de los Dres. Hugo Monteleone, Alicia E. Barrilli y Pedro García Espetxe en las sumas ($.), ($.) y ($.) respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder (arts.2,3,4,13, 15 y 31 LA).

Notifíquese y bajen.

Dra. Graciela MastrascusaDr. Gustavo Colotto

Juez de Cámara Juez de Cámara

Constancia: Se deja constancia que la presente es suscripta por dos de Ministros integrantes de la cámara, atento a que el Dr. Alberto Staib ha cesado en sus funciones, por haberse acogído a los beneficios jubilatorios. (art 141 II del CPC).

Dra. Alejandra Iacobucci

Secretaria de Cámara Interina

Dra. Graciela MASTRASCUSA

Juez de Cámara

Dr. Gustavo Alejandro COLOTTO

Juez de Cámara

Dra. Alejandra Iacobucci

Secretaria de Cámara Interina

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