Debe indemnizarse a la actora por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del ataque sexual por el cual fue condenado penalmente.

DemandaPartes: B. P. N. c/ A. V. E. s/ ordinario por daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy

Sala/Juzgado: III

Fecha: 22-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88916-AR | MJJ88916 | MJJ88916

Se hizo lugar a la demanda, por lo que se condenó al demandado a indemnizar a la actora por los daños que le ocasionó al haberla atacado sexualmente – delito por el que fue condenado en sede penal- pues la existencia del hecho quedo debidamente probada, y corresponde que el accionado responda por el ilícito civil derivado del delito penal. 

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al actor por los daños y perjuicios que le ocasionó a la accionante al haberla sometido sexualmente, pues el hecho quedó probado en la respectiva causa penal -en la que el demandado fue condenado-, debiendo responder el mismo por el ilícito civil derivado de un delito criminal (art. 1102 CCiv.).

2.-La incontestación de la demanda autoriza a considerar reconocidos por la accionada los hechos afirmados por la actora y auténtica la prueba con ella presentada (arts. 919 del CCiv., 300 inc. 1º y 197 del CPC.), de tal modo, corresponde en el caso dar por cierta la agresión sexual que denuncia haber sufrido la demandada por el actor así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que sucedió; tales extremos se encuentran, además, acreditados en autos con las constancias del expediente penal agregado como prueba, en el que se investigó la conducta del demandado y que concluyó con la condena a seis años de prisión en tanto autor penalmente responsable del delito de abuso sexual (art. 119 tercer párrafo del CPen.), siendo dicha sentencia confirmada por el Superior Tribunal de Justicia encontrándose firme y consentida, constituyendo, por tanto y respecto a esta litis cuestión prejudicial sobre la que no cabe volver (art. 1102 del CCiv.).

3.-El daño material derivado de las lesiones físicas y psicológicas padecidas y la necesidad de su tratamiento médico y psicológico resultan acreditados con la historia clínica obrante en autos.

4.-Acreditadas las lesiones físicas, los gastos de asistencia médica y de insumos de farmacia se presumen y deben integrar, por tanto, la cuenta indemnizatoria, porque es bien sabido que no todos esos gastos son cubiertos por el servicio público asistencial de salud.

5.-Deben incluirse en los daños materiales los gastos necesarios para la asistencia psicológica de la víctima y que también deben presumirse porque es de toda evidencia que el abuso sexual está directamente ligado al abuso emocional y porque así resulta del diagnóstico concretado por la Lic. en psicología que asistió a la víctima en el mismo Hospital mientras estuvo internada, refiriendo dicha profesional que la actora padecía angustia, miedo, insomnio, nerviosismo, ansiedad persecutoria que ameritaban continuar con atención psicológica.

6.-El accionado deberá indemnizar a la actora por el daño moral padecido, pues tratándose de delitos contra la libertad sexual, éste no requiere prueba alguna, sino que surge in re ipsaloquitur de la naturaleza y gravedad del ultraje y su evidente potencialidad para producir serio quebranto en el ámbito espiritual de la víctima, afección a su equilibrio psíquico y emocional, angustia, miedos, desconfianza, vergüenza, en fin, grave sensación de vulnerabilidad y de pérdida de la libertad sexual con todo lo que ello conlleva y que, por evidente, no requiere mayor fundamentación.

Fallo:

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 22 días del mes de agosto de dos mil catorce, los Sres. Jueces de la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Dres. ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO, NORMA BEATRIZ ISSA y CARLOS MARCELO COSENTINI, bajo la Presidencia de la primera de los nombrados, vieron el Expte. Nº B-184414/08: “ORDINARIO POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS:

B., P. N. C/ A., V. E.”.

La Dra. ALEJANDRAMARIA LUZ CABALLERO dijo:

1. A fs. 6/7 se presenta el Dr. Aldo Hernán Lozano en representación de la, para entonces, menor de edad P. N. B., a mérito de las facultades derivadas del poder general para juicios conferido por la progenitora de ésta, Sra. S. M. B., agregado a fs.

1/2 de autos. En tal carácter, promueve demanda ordinaria por daños y perjuicios en contra del Dr. V. E. A., a quien solicita se condene a indemnizar a su mandante por los derivados del abuso sexual del que fuera víctima su mandante y culpable el demandado.

Al relatar los hechos del caso, afirma que el 12 de septiembre del año 2007, siendo horas 20:00 aproximadamente, V. E. A. invitó con engaños a su mandante a dar un paseo en su automóvil marca Peugeot 504 por la ciudad de Palpalá. Para entonces, aquel tenía 56 años de edad y ésta, 17. Otra menor, de nombre M., los acompañaba. Al llegar, su mandante se bajó del auto para comprar helados. Al regresar, la otra joven ya no estaba. Luego, en el trayecto de regreso a esta ciudad, el demandado tomó el camino que lleva a un finca y frenó en un paraje oscuro, sometiendo sexualmente a la actora. Después, la amenazó y la dejó cerca de su domicilio. Anoticiada la madre de lo sucedido radicó la denuncia en sede policial. La menor fue asistida en el Hospital San Roque, en el que permaneció internada seis días.Estaba embarazada y la agresión sexual puso en riesgo la gestación.

La demanda fue ampliada con el escrito de fs. 18/23 en el que su promotor reitera ese relato y precisa los rubros por cuya indemnización reclama: daño físico, psicológico y moral. Cita derecho y ofrece prueba.

2. Corrido el traslado de la demanda, el accionado no compareció a contestarla, pese a estar debidamente notificado de ella, conforme consta a fs. 35 vta de estos autos. A pedido de la actora (fs. 36) se hizo efectivo el apercibimiento con el que fuera emplazado, teniéndose por contestada la demanda en los términos del art. 298 del C.P.C., declarándose su rebeldía y designando en su representación al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes (fs. 37), proveído del que se le notificó en el domicilio real a fs. 45 vta. En ese carácter, compareció al proceso la Dra. Elsa Rosa Bianco (fs. 40) desconociendo, por no constarle, los hechos invocados por la actora.

3. Agregado que fue el expediente penal en el que se investigó la conducta del demandado por los hechos que son comunes a la presente causa, se llamaron los autos para resolver. Luego, y como medida para mejor proveer, se requirieron los informes solicitados por la Sra. Defensora de Ausentes confirmándose con las respectivas respuestas que el último domicilio registrado por el demandado tanto ante la Justicia Electoral como en la Policía de la Provincia es aquel en el que se lo notificó de la demanda (calle … del Barrio San Pedrito de esta ciudad).

4. A fs. 94 me avoqué como Presidente del trámite de esta causa y, tras quedar integrado el Tribunal, corresponde, sin más, dictar sentencia.

4.1. Como se sabe, la incontestación de la demanda autoriza a considerar reconocidos por la accionada los hechos afirmados por la actora y auténtica la prueba con ella presentada (arts. 919 del Cód. Civil, 300 inc. 1º y 197 del C.P.C.; L.A. Nº 25, Fº 120/129, Nº 49; L.A.Nº 38, Fº 544/44, Nº 224). De tal modo, corresponde en el caso dar por cierta la agresión sexual que denuncia haber sufrido la demandada por el actor así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que sucedió.

Tales extremos se encuentran, además, acreditados en autos con las constancias del Expte. Nº 242/10 agregado como prueba, en el que se investigó la conducta del demandado y que concluyó con la condena a seis años de prisión en tanto autor penalmente responsable del delito de abuso sexual (art. 119 tercer párrafo del Cód.

Penal) (fs. 187/189 causa penal), en perjuicio de la actora de estos autos por el hecho por cuyos daños ésta acciona (fs. 382/397). Esa sentencia fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (Expte. 8157/11) y se encuentra firme y consentida, constituyendo, por tanto y respecto a esta litis cuestión prejudicial sobre la que no cabe volver (art. 1102 del Cód. Civil).

Estamos, entonces ante el supuesto de ilícito civil derivado de delito criminal por el que el demandado debe responder conforme lo prevén los arts. 1086, 1088 y ctes. del Cód. Civil.

4.2. Establecido así el factor de imputación de responsabilidad del demandado, y encontrándose acreditado el hecho ilícito, corresponde analizar los daños y perjuicios por cuyo resarcimiento se demanda.

a) El daño material derivado de las lesiones físicas y psicológicas padecidas y la necesidad de su tratamiento médico y psicológico resultan acreditados con la historia clínica obrante en el Expte. Nº B-180.309/07, caratulado: “CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PRUEBAS …” (fs. 25/43), el informe del médico de la Policía de la provincia agregado a fs. 8 del expediente penal y el de la licenciada en psicología de fs. 166 de esa misma causa. De ello surge que, a consecuencia del abuso sexual padecido, la actora ingresó al Hospital Pablo Soria donde permaneció internada desde el 13 al 19 de setiembre de 2007.Como es sabido, acreditada las lesiones físicas, los gastos de asistencia médica y de insumos de farmacia se presumen y deben integrar, por tanto, la cuenta indemnizatoria sin que obste a ello el hecho de que la

atención haya sido dispensada en el Hospital San Roque, porque es bien sabido que no todos esos gastos son cubiertos por el servicio público asistencial de salud.

Deben incluirse en este rubro los gastos necesarios para la asistencia psicológica de la víctima y que también deben presumirse porque es de toda evidencia que el abuso sexual está directamente ligado al abuso emocional y porque así resulta del diagnóstico concretado por la Lic. en psicología que asistió a la víctima en el mismo Hospital mientras estuvo internada. En efecto, a fs. 19 de la medida cautelar refiere la profesional interviniente que la actora padecía angustia, miedo, insomnio, nerviosismo, ansiedad persecutoria que ameritaban continuar con atención psicológica.

En ejercicio de la facultad que dimana del art.47 del C.P.C., pondero este rubro en la suma de treinta mil pesos ($ 30.000), calculada a valores actuales.

No hay prueba que acredite la incapacidad física permanente que se invoca en la demanda, ni pérdida de la capacidad laboral de la víctima, por lo que tales tópicos del rubro que tratamos, deben desestimarse.

b) También deberá el accionado indemnizar a la actora por el daño moral padecido.

Es que, tratándose de delitos contra la libertad sexual, éste no requiere prueba alguna, surge in re ipsaloquitur de la naturaleza y gravedad del ultraje y su evidente potencialidad para producir serio quebranto en el ámbito espiritual de la víctima, afección a su equilibrio psíquico y emocional, angustia, miedos, desconfianza, vergüenza, en fin, grave sensación de vulnerabilidad y de pérdida de la libertad sexual con todo lo que ello conlleva y que, por evidente, no requiere mayor fundamentación.

En el caso, para su cuantificación, corresponde meritar las circunstancias personales de la víctima, su corta edad al momento del hecho (17 años), la contrastante madurez del

victimario (56 años), la violencia de la agresión que pone en evidencia el informe del médico forense, la particular vulnerabilidad de la víctima por el embarazo que cursaba, el consecuente temor de su afección a causa de la agresión, el dolor físico padecido, los días en que debió estar internada, y la necesidad de futuros tratamientos médico y psicológico, considero justo fijar este rubro en la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000), calculada a valores actuales.

Propongo en consecuencia establecer como capital indemnizatorio a favor de la actora y a cargo del demandado, la suma de $ 230.000.

c) En tanto esa suma fue cuantificada con criterio actual, los intereses devengados por ese capital desde que ocurrió el hecho (13 de setiembre de 2007) y hasta la de la presente sentencia serán calculados aplicando la tasa del ocho por ciento (8%) anual, conforme los lineamientos trazados por el S.T.J.para deudas de valor (“Castro c/ Martínez” en L.A. 54, Fº 910/917, Nº 242) y el criterio adoptado por esta Sala en su consecuencia. Estos ascienden, entonces, a la suma de sesenta y nueve mil pesos ($ 69.000).

En razón de ello, la cuenta indemnizatoria comprensiva de capital e intereses asciende a la suma de doscientos noventa y nueve mil pesos ($ 299.000) que es la que postulo establecer como monto de condena a cargo del demandado y a favor de la actora, a pagar en el término de diez días.

Sólo para el caso de incumplimiento, ese importe devengará desde el presente y hasta el efectivo pago, intereses que se calcularán conforme la tasa activa, cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Tal el criterio del S.T.J. en el precedente citado y en Zamudio c/ Achi (L.A. 54 Fº 673/678 Nº 235).

4.3. Por aplicación del principio general de la derrota, las costas deberán ser soportadas por el demandado en su condición de vencido (art. 102 del C.P.C.).

4.4. En cuanto a los honorarios profesionales, por aplicación de las disposiciones de la ley de aranceles Nº 1687, tomando como base el monto del juicio, considerando la naturaleza y complejidad del asunto, el resultado obtenido, el mérito de la defensa apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo (art. 4) la participación de los letrados que en forma sucesiva asistieron a la actora (art. 3) y con ajuste a la escala del art. 6, estimo los que corresponden a los Dres. … y … en las sumas de quince mil quinientos pesos ($ 15.500) y diez mil pesos ($ 10.000) respectivamente. En ambos casos, más el impuesto al valor agregado, de corresponder.

En caso de mora, esos importes devengarán desde el presente y hasta el efectivo pago igual interés al previsto para el capital.

Tal es mi voto.

La DRA.NORMA BEATRIZ ISSA dijo:

Que conforme la deliberación a la que fueron sometidas las cuestiones analizadas en el primer voto, por compartir sus fundamentos y conclusiones, adhiero a él pronunciándome en el mismo sentido.

El DR. CARLOS MARCELO COSENTINI dijo:

Que adhiero al primer voto, por compartir las consideraciones y conclusiones expuestas que fueron objeto de detenida deliberación.

Por lo expuesto, la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial,

RESUELVE.

1. Hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por P. N. B. y, en su mérito, condenar al demandado V. E. A. a pagar a aquella la suma de doscientos noventa y nueve mil pesos ($ 299.000) comprensiva del capital e intereses calculados a la fecha del presente.

2. Disponer que, en caso de mora, el monto de la condena devengará intereses que se calcularán aplicando la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el presente y hasta el efectivo pago.

3. Imponer las costas a la vencida.

4. Regular los honorarios profesionales de los Dres. … y … en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente, más el impuesto al valor agregado, de corresponder.

5. Disponer que, en caso de mora, los honorarios profesionales regulados devengarán desde el presente y hasta el efectivo pago los mismos intereses previstos para el caso de mora en el pago del capital.

6. Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula y hacer saber a C.A.P.S.A.P. y a la Dirección General de Rentas.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s