Responsabilidad del chofer que trasladaba mercadería de propiedad de un tercero haciendo extensivos los efectos de la acción civil derivada del homicidio culposo de la víctima

camionPartes: V. G. s/ homicidio culposo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario

Sala/Juzgado: I

Fecha: 12-may-2014

Cita: MJ-JU-M-88412-AR | MJJ88412 | MJJ88412

El chofer que trasladaba mercadería de propiedad de un tercero e intento disuadir a quienes querían sustraerle el camión debe ser considerado dependiente haciendo extensivos los efectos de la acción civil derivada del homicidio culposo de la víctima al propietario del vehículo codemandado.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia en la parte que rechazó la acción civil respecto del tercero codemandado toda vez que el a quo entendió que no era civilmente responsable si de los hechos y pruebas surge que el disparo fue efectuado por el encartado en ocasión del reparto de mercadería de propiedad del tercero civilmente responsable debiendo ser concebido como dependiente según los arts. 43 y 1113 del CCiv., estableciendo por ende que posee legitimación pasiva y deber de responder por los daños ocasionados ya que se trataba de un chofer de reparto.

2.-La relación de dependencia civil que requiere el art. 1113 -1ª.pte.- del CCiv. entre los requisitos esenciales que conducen a extender la responsabilidad del autor al principal como tercero civilmente responsable, no se identifica con la subordinación laboral sino que es mucho más extensa y es de su esencia la posibilidad de dar órdenes o instrucciones acerca de cómo deben cumplirse las funciones en interés de quien las da, lo que se traduce en la facultad de dirigir, vigilar, intervenir en la conducta de otro, la existencia de alguien que mande y otro que obedezca; y que es irrelevante que el trabajo sea ocasional, transitorio o permanente, que se reciba o no remuneración, que el dependiente haya sido elegido o no por el comitente o que esté vinculado a éste por un contrato pues es suficiente que el encargo derive de una situación de hecho.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 12 días del mes de mayo de dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa seguida a V. G., argentino, soltero, nacido en Rosario (Provincia de Santa Fe) el 26 de abril de 1985, hijo de Alejandrino y de Julia Saracho, domiciliado en calle Viamonte 2988 de Rosario, con instrucción primaria completa, prontuario Nº 1.459.437 IG de la UR II, DNI Nro. 31.339.217 por el delito de Homicidio culposo;- Expte. Nro. 1614/07 del Juzgado de origen, registrado por ante la Mesa General de Entradas y Movimiento de la Excma. Cámara de Apelación en lo Penal bajo el Nro. 790/13 y en trámite por ante esta Sala Primera-; y estudiados los autos, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

I.- ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

II.-QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN CONSECUENCIA?

Practicado el sorteo dispuesto por la ley, resultó el siguiente orden de votación: Jueces de Cámara, Dres. Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati e intregado con el Dr. Daniel Acosta.-

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. ALFREDO IVALDI ARTACHO DIJO:

La sentencia nro. 5695 del 20 de diciembre de 2012 dictada por la Sra. Jueza en lo Penal Correccional nro. 1, Dra. Georgina Depetris, declara a G. V., autor penalmente responsable del delito de Homicidio Culposo, condenándolo a la pena de tres años de prisión cuyo cumplimiento se declara en suspenso y las costas del proceso (arts. 26, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 84 1° parte del C.P: y 167, 168, 297 y 402 del CPP).

Asimismo, respecto de la cuestión civil la mencionada sentencia:

1.Hace lugar a la demanda incoada por Marcela Arce, Verónica Noemí Galván, Débora Natalia Galván y Vanesa Soledad Galván, CONDENANDO AL IMPUTADO a pagar dentro del término de diez días a Marcela Carmen Arce la suma de pesos doscientos treinta y dos mil ciento cincuenta y tres ($ 232.153,00) y a Verónica Noemí Galván, Débora Natalia Galván y Vanesa Soledad Galván, la suma de pesos ciento cincuenta mil a cada una de ellas ($150.000,00 c/u) en concepto de los rubros de daño material y moral discriminados en los considerandos, con más los intereses explicitados en los mismos, con costas a la demandada (arts., 29 del CP, 1109, 1069, 1078, 1079, 1084, 1085, arts. 251 del CPCC y 168 del CPP);

2. Rechaza la demanda incoada por Marcela Arce, Verónica Noemí Galván, Débora Natalia Galván y Vanesa Soledad Galván contra DISTRIBUIDORA ANDINA S.A.

Contra este último punto del pronunciamiento interponen recurso de apelación los actores civiles y, concedido que fuera el mismo, queda abierta la instancia de alzada y expresa agravios a través de los defensores Dres. Calcaterra y Di Pietro.

Se imputa al encartado haber provocado la muerte de Oscar Galván a consecuencia de disparos efectuados con el arma de fuego pistola marca Hi-Power calibre 9 mm nro.420764, en circunstancias en que tratando de evitar el robo de mercaderías transportadas en el camión de reparto de bebidas de la empresa Andina SA marca Chevrolet 610 dominio VMK-119 que conducía, se encontrara en el estribo izquierdo del vehículo trenzado en lucha con tercera persona no individualizada en autos que se disponía a abordarlo, y disputando la tenencia momentánea del arma de fuego que portaba, lucha producto de la cual se efectuara de manera involuntaria el disparo que impactara en la víctima que se hallaba en el interior de su vivienda ubicada en Virasoro 3680 de Rosario, produciéndose su muerte, habiendo actuado con imprudencia y violación de los deberes a su cargo en razón de haber efectuado además otros disparos previos con la finalidad de dispersar a los numerosos sujetos que intentaban concretar el robo aludido. Conducta cometida a las 13 hs del 31 de diciembre de 2004.

I.- La parte actora civil se agravia de la resolución citada en tanto no hace lugar a la demanda incoada contra Distribuidora Andina S.A. Menciona que el pronunciamiento se se apoya en una errónea interpretación del derecho aplicable por cuanto interpreta erróneamente la expresión «dependiente» tal y como es empleado en la norma civil, apartándose del criterio interpretativo sostenido por toda la doctrina y jurisprudencia.

Invoca que el a quo infiere de las declaraciones testimoniales conclusiones ajenas a la realidad poniendo en evidencia una absoluta arbitrariedad por lo que realiza reserva constitucional.

Se agravia de la errónea interpretación del alcance de la noción de «dependiente» empleada por el art. 43 CC. En tal sentido, expresa que consideró la magistrada a quo que G. V. debió haber estado vinculado a Distribuidora Andina SA por medio de una relación laboral, doctrina que se encuentra superada en nuestros días. Cita doctrina y jurisprudencia. Hace incapié en que la noción de dependiente empleada en la norma civil es mucho mas amplia que la empleada en el derecho laboral en virtud del bien jurídico protegido.Considera que, más allá del requisito contractual, la vinculación jurídica también puede fluír de vinculaciones de hecho, meramente ocasionales y gratuitas. Aduce que esta interpretación es la correcta ya sea que se encuentre el fundamento jurídico de la responsabilidad regulada en el art. 43 C.C y su concordante 1113 C.C en la teoría del riesgo creado o en la teoría de la ampliación de la esfera de acción del principal o en la teoría de la violación del deber de garantía.

Concluye que la responsabilidad de Distribuidora Andina S. A. por el hecho dañoso realizado por V. no deriva de que éste fuera su «empleado» en términos de derecho laboral, sino que era su «dependiente» en el sentido de que operaba como una personal que trabajaba en beneficio de Distribuidora Andina SA, repartiendo sus productos, custodiándolos, siguiendo una hoja de ruta establecida por la empresa al momento en que los camiones salían de su establecimiento.

V. no era un empleado contratado directamente por Distribuidora Andina SA sino que era empleado de un fletero y como tal, se apersonaba cada mañana en la sede de la distribuidora, cargaba el camión de López o lo acompañaba a éste a retirar la mercadería, recibía instrucciones de cómo realizar el reparto que eran impartidas por la Distribuidora y realizaba cobros y rendía cuentas por lo percibido en beneficio de Distribuidora Andina SA y esta empresa, tenía pleno conocimiento de la relación jurídica existente entre su fletero (a quien lo unía una relación contractual estable y exclusiva) dado que los empleados de la empresa conocían al hoy condenado penalmente, hasta por su nombre de pila.

Se agravia asimismo de la condena en costas en tanto dispone eximir a Distribuidora Andina SA del pago de las costas y afirma que, debiendo extenderse la condena civil a dicha sociedad, esta última deberá ser condenada solidariamente con V.al pago de la totalidad de los gastos, honorarios y los aportes proporcionales que impone la ley.

Asimismo se agravia de la errónea interpretación del alcance de la noción de relación de dependencia laboral empleada por la ley 20744. Argumenta en tal sentido que, si bien Distribuidora Andina SA no empleó de manera directa a V., en los términos de una típica relación laboral del art. 4 ley 20744, la misma ley dispone que las obligaciones asumidas por el empleador (Germán López) a favor del empleado (V.) se extienden a quien en definitiva se benefició con su labor (Distribuidora Andina SA), por expresa disposición de los arts. 29 y ss de la ley 20744.

Plantea reserva constitucional por sentencia arbitraria.

II.- Corrido que le fuera el traslado para contestar los agravios precedentes, la defensa del imputado sostiene que la defensa no ha recurrido la sentencia, ni en la cuestión penal, ni en la civil como tampoco ha adherido al recurso interpuesto. Agrega que, de acuerdo con el actor civil, cabe el deber de responder de Distribuidora Andina SA.

III.- Corrido que le fuera el traslado para contestar los agravios precedentes, el representante de Distribuidora Andina SA, señala que la responsabilidad de su representado civilmente queda excluída porque no se da el supuesto de extensión de responsabilidad a que se refiere el primer párrafo del art. 1113 ni del 43 del CC, ante la inexistencia de una relación de dependencia entre su representada y el sindicado como autor del hecho. Señala en consecuencia, que el recurso debe ser rechazado.

Argumenta que desde el punto de vista de las normas civiles, se encuentra probado que a) entre Distribuidora Andina SA y Guillermo López existió una relación comercial; b) que V. era chofer de uno de los camiones de Lopez, quien sostuvo siempre que V.y Silva eran empleados suyos; c) que la carga una vez salida del depósito era responsabilidad del fletero y cualquier otra derivación de responsabilidad realizada por éste último hacia su empleado V., no es producto de la relación comercial y por tanto, Distribuidora Andina SA es ajena a la misma. Señala que en los agravios se hizo referencia a que V. disparó el arma a los fines de defender las mercaderías de Distribuidora Andina SA, como una forma de hacer extensiva la responsabilidad a la co-accionada, dueña de la carga transportada; d) que la tarea de Distribuidora Andina SA se agotaba con la carga de la mercadería en los camiones del fletero y era éste el que organizaba el reparto de acuerdo a su conveniencia y con sus propios vehículos; e) que las declaraciones de V. y Silva que en forma confusa y ambigua realizaron ante la preventora en el sentido de ser empleados de Distribuidora Andina SA , cayeron por su propio peso a lo largo de las evidencias acumuladas en autos; g) No se dan los presupuestos que configura la relación de dependencia, ellos es económica, técnica y jurídica a los fines de poder concluir la existencia de una relación de trabajo entre G. V. y Distribuidora Andina SA. Además Distribuidora Andina no tenía poder disciplinario respecto del fletero ni de su empleado; h) no había zona asignada por parte de Distribuidora Andina SA, sino que la misma surgía de la guía de ruta de las mercaderías a entregar y de los fleteros que se presentaren en el día a ofrecer sus servicios; i) ni V., ni Silva le reclamaron a Distribuidora Andina SA en ningún momento ni en forma extrajudicial ni en forma judicial los pretendidos derechos laborales que alega la actora que existieron.

Agrega que su contradictor invoca una serie de normas laborales que extienden la responsabilidad del empleador hacia otros sujetos con los cuales se encuentra vinculado. Puntualiza al respecto que la norma del art.29 LCT regula las empresas de servicios eventuales y es una norma tuitiva de los derechos del trabajador. Analiza seguidamente el art. 29 bis de la LCT y menciona que la solidaridad que dicha norma regula solamente se limita a obligaciones estrictamente laborales y, respecto de los arts. 30 y 31 de la LCT que son normas que protegen única y exclusivamente los derechos del trabajador y la de los organismos de la seguridad, únicos sujetos legitimados para reclamarlos en un proceso.

Plantea reserva constitucional por sentencia arbitraria.

IV.- Que de lo resuelto en la sentencia correccional (fs. 780 y ss.) sólo queda en pie para esta apelación la impugnación de la actora civil contra el rechazo de la demanda promovida contra «Distribuidora Andina S.A.» por la concubina y las tres hijas de la Oscar Galván, víctima éste de homicidio culposo (84 CP) perpetrado por G. V., quien fuera penal y civilmente condenado por ese hecho en el mismo pronunciamiento.

El fallo de mención, repetimos, en cuanto a la responsabilidad penal y civil de V. como único autor material del hecho, no ha sido atacado, habiendo por ende adquirido firmeza.

Quedó así establecido, con los efectos extrapenales previstos en el art. 1102 del CP, que el 31/12/04 a las 13.40 hs. aproximadamente V., con el empleo imprudente de una pistola 9 mm Hi Power -x cuya adquisición ilegal y portación inautorizada ya fue condenado el 10/5/10 por el J.Sentencia N° 2-, en el contexto de un intento de robo por terceros de mercadería que transportaba y distribuía en el camión Chevrolet 610 VMK-610 perteneciente a Guillermo G. López, efectuó varios disparos disuasivos con el arma, impactando uno de los proyectiles contra Oscar Galván, quien estaba en el acceso de su vivienda de Virasoro 3680, a raíz de lo cual luego muere en el HECA donde era asistido (así del fallo de grado a fs. 792vta.y ss., y ccs.). También cobró cosa juzgada la demanda que viabiliza el aquo contra el propio V., interpuesta por los mismos familiares del occiso (fs. 803vta. y ss y ccs.).

V.- En síntesis, y en base a consideraciones de hecho y derecho expresadas a fs. 797 y ss. la sentencia rechaza la demanda instaurada contra Distribuidora Andina S.A. como tercero civilmente responsable, y cuya mercadería (bebidas) repartía V. al momento del hecho, al evaluar que éste no era su «dependiente» según los arts. 43 y 1113 del CC, estableciendo por ende que carece de legitimación pasiva y su coetáneo deber de responder por los daños ocasionados. El fallo sí en cambio estima concurrente la relación de empleo de V. -como chofer de reparto- respecto a Guillermo Germán López, en su supuesta calidad de fletero contratado por D. Andina S.A., en una relación laboral del condenado penal que por ende -según se concluye- no alcanzaba como empleadora a ésta última, codemandada en el sub-lite.

VI.- Analizados los agravios de la apelante, el escrito de responde, el fallo impugnado y todas las constancias de autos estimo que es ajustado revocar el pronunciamiento en el extremo civil apelado en el caso y hacer lugar a la demanda perseguida por el recurrente.

En este sentido la doctrina señala que la «relación de dependencia» civil que requiere el art.1113 -1ª.pte.- del CC, entre los requisitos esenciales que conducen a extender la responsabilidad del autor al principal como tercero civilmente responsable, «no se identifica con la subordinación laboral» sino que es mucho más extensa -«la comprende y excede»-; se sostiene que es de la esencia de la dependencia civil la posibilidad de dar órdenes o instrucciones acerca de cómo deben cumplirse las funciones en interés de quien las da, lo que se traduce en la facultad de dirigir, vigilar, intervenir en la conducta de otro, la existencia de alguien que mande y otro que obedezca; y que es irrelevante que el trabajo sea ocasional, transitorio o permanente, que se reciba o no remuneración, que el dependiente haya sido elegido o no por el comitente o que esté vinculado a éste por un contrato «pues es suficiente que el encargo derive de una situación de hecho», ejemplificándose con el amigo a cargo de la casa del dueño ausente que al efectuar reparaciones daña el bien del vecino (Kemelmajer de C. – Parellada, en «Responsabilidad Civil», dir.: Mosset Iturraspe, coord.: Kemelmajer de C., p. 336 y ss., Ed. Hammurabi, 1992). Este es el criterio dirimente para la resolución del subexamine, lo que supera el criterio laboralista y el examen de la legislación del trabajo que se propone a la alzada, permitiendo prescindir de su tratamiento, toda vez que la pauta de subordinación que también sigue doctrina también muy autorizada, como Zabala de González, en pos de una adecuada protección a la víctima damnificada, excede el marco de los recaudos fijados por una relación laboral regular o no, amparando así a la pretensión resarcitoria rechazada en baja instancia.

En igual orden se ha expedido la jurisprudencia, vgr., en el caso «Jollada, Oscar N. c. Rithner, Heriberto A» (C.Apel.Civ.Com.Morón, S.II, 20/02/2003, LLBA2003, 891 – AR/JUR/1184/2003). En el mismo un hombre fue herido de bala en un tiroteo ocurrido entre un repartidor de productos lácteos y quienes intentaron robarlo; la víctima demandó al repartidor, al propietario del camión utilizado en el reparto, a la empresa fabricante de los productos y a la sociedad controlada por ésta que organizaba el reparto; la demanda fue admitida porque el juez consideró que el repartidor obró con culpa por más que no se encuentre probado que el disparo provino de su arma, y consideró a las codemandadas empleadoras del repartidor. Así se dijo que «la dependencia de la que habla el art. 1113, primera parte del Cód. Civil, debe interpretarse con amplitud, es decir que resulta suficiente que el poder de impartir órdenes o instrucciones sea meramente virtual, de modo entonces que es indiferente la permanencia o no de las prestaciones de servicios puesto que puede establecerse accidental u ocasionalmente. : «Dentro del concepto legal de dependencia no sólo están comprendidos los empleados que prestan habitualmente sus servicios al principal, sino también todas las personas vinculadas a él en relación de subordinación permanente, propia de una relación de trabajo, sino que cubre una sujeción ocasional, temporaria parcial para uno o varios asuntos determinados» (confr. CNCiv., sala D, 16/10/63, LA LEY, 113-41). no resulta imprescindible que exista un contrato laboral o una locación de servicios ya que ella no alude a empleados, obreros, etc. sino a dependientes en sentido amplio de la palabra, como así tampoco resulta importante la ausencia de onerosidad ya que aún la dependencia es factible en actos desinteresados. Por otra parte no se requiere que el comitente sea propietario o guardián de los medios empleados por el dependiente.» .

VI.- Dentro de esta interpretación amplia que se le brinda a la hipótesis de responsabilidad refleja del art. 1113 CC, el caso que nos ocupa brinda sobrada evidencia para quedar atrapado en la misma.Visualiza este tribunal que, a contrario de lo que concluye la magistrada de grado, sí media material probatorio suficiente para deducir que al momento del hecho V. satisfacía los recaudos exigidos para ser tenido -como mínimo- como un «dependiente» en los términos de la ley civil respecto a la demandada «Distribuidora Andina S.A.» y a la cual, por ende, corresponde extender el deber de responder por los daños provocados por aquél.

Que desde el primer momento de su presentación espontánea ante la preventora policial (informativa de fs. 5), Guillermo Germán López, persona a la que el fallo erróneamente sindica como comitente y potencial responsable civil del accionar de V.-, expuso que es propietario del camión Chevrolet que conducía este último al momento del suceso -titularidad registral que se confirma con el informe dominial a fs. 84-; refirió que V. «trabaja en la distribuidora» como chofer de reparto, si bien tras cartón señala que «es empleado mío»; da cuenta que al día del hecho él (Lopez) se levantó para ir a trabajar a la distribuidora como de costumbre tras pasar a buscar a V. y a Lucas (Lucas Héctor Silva), los que «también trabajan allí» (en D. Andina SA), al igual que otro muchacho que también aporta su vehículo para hacer los repartos (Jorge). Declaró «que al llegar a la distribuidora me asignan para mi camión dos zonas de reparto y para la chata de Jorge otra zona de Gálvez».

En su indagatoria judicial a fs. 103 -con asistencia de su abogado defensor- ratificó plenamente lo antes depuesto, ampliando que si a los choferes le roban «yo se lo tengo que descontar del sueldo, lamentablemente esto es así porque a mi también la empresa me lo descuenta».

En el posterior testimonio judicial de fs. 402/3 (en fase del plenario), López refiere que él tenía una especie de sociedad de hecho (Logística Total) que duró poco y se disolvió enseguida, y a partir de la cual aportaban sus vehículos:»éramos lo fleteros de la empresa Andina», siendo que así trabajaban junto con sus supuestos socios de hecho que aportaba un vehículo para flete cada uno: Cristian (Cristian G. Casañas) y Cristian Javier Baldelli, quien es su cuñado (marido de la hermana de López, y que a fs. 75 entregó el camión de López a la policía que lo requería para su secuestro) y a quien el propio López alude que «yo lo hice entrar a trabajar a la Distribuidora». Indica que su padre (José Germán López) también trabó una relación laboral con Andina S.A. desde que el mismo Guillermo Germán (el hijo) entró a trabajar en esa empresa. En cuanto a la modalidad de trabajo de V. -del quien afirma era empleado suyo a diciembre de 2004- dijo que el mismo lo que hacía «era entrar temprano a las 5 de la mañana en el depósito de la empresa Andina, se presentaba la mercadería en palés, la cual había una planilla que detallaba lo que cada camión tenía que cargar, te entregaban unas boletas en las cuales se detallaban las calles y los clientes que habían que entregar la mercadería, luego había que venir cuando terminaba el reparto, ir a la empresa a entregar la plata, esta rutina era de los días lunes a sábados, los domingos no trabajamos».

Que a su turno, el condenado G. V. en su declaración policial a fs.16/7 (4 días después del hecho), manifestó acerca del punto de interés que «yo trabajo como chofer de reparto de gaseosas y bebidas para la empresa Andina»; que el hecho se produjo mientras desarrollaba esas tareas manejando el camión de Guillermo López, conduciendo el vehículo, en un día en que laboraba junto a Lucas (Silva) como acompañante «quien también trabaja para la empresa Andina». Da cuenta que los disparos que produjo con la pistola que extrajo al tiempo del suceso fue cuando detectó que sujetos que habían subido al camión desde atrás querían llevarse mercadería que habían tirado al piso de la calle y también cuando luego forcejeo con otro joven que intentó quitarle la pistola.

En la indagatoria de fs. 97/8 V. ratifica lo dicho ante la policía y amplía en cuanto a que «el arma la compré por seguridad, porque si a nosotros nos roban nos descuentan el dinero de nuestro sueldo», precisando que «hace aproximadamente dos años que trabajo para la misma empresa».

Todo ello es nuevamente ratificado por el mismo V. casi cuatro meses después en su indagatoria ampliatoria de fs. 259.

Por su lado, Lucas Víctor Silva, el compañero de reparto de V. al día del hecho, policialmente expuso a fs. 18/9 que también trabaja de empleado en la empresa D. Andina S.A. , al igual que G. (V.). En la indagatoria de fs. 100/1 Silva ratifica todo lo antes manifestado, reiterando que «cuando nos robaban a la plata la teníamos que poner nosotros…. porque somos empleados», y que «en esta empresa hace aproximadamente un año y medio que trabajo». Luego, con escuetas respuestas, en la testimonial de fs.355 producida en el plenario a más de cinco años del hecho, expuso primero que «…Andina era empresa que yo trabaja pero en negro no tenía ningún papel firmado pero con López también, con el camión de López que era el flete», señalando que no hacía «nada dentro de la empresa pero afuera sí», que trabajaba sólo con los camiones pertenecientes a López y que a diciembre de 2004 era empleado de éste.

A fs. 76 depuso Cristian Javier Baldelli (cuñado y aludido socio de hecho de López y Casañas), quien da cuenta respecto a V. que no sabía si era empleado o conocido de López o si éste lo levantaba directamente de la puerta de Andina SA para hacer los fletes, y si bien a fs. 172 lo refiere como chofer de López; confirmó que es la empresa la que les asigna las zonas donde se realizan los pedidos a distribuir, aludiendo a los fleteros como «responsables naturales» de ciertas zonas asignadas por Andina. A fs. 411 vta. el testigo Giacometti, empleado de la demandada, dijo que Baldelli trabajó en Andina hasta el año 2009.

Por su lado Miguel Angel Briozzo (fs. 416/8), que efectuaba tareas de transporte para Andina, dijo que nunca estuvo claro en su situación frente a la empresa si era su dependiente o no: «cuando convenía se era empleado y cuando no, no», que en los horarios que trabajaba para la demandada «nos decían que no podíamos llevar en nuestro camión los productos que no fuera de ello» y que «había que llevar lo recaudado a Andina antes de las 15 hs. que cerraran los bancos».

A su turno Angel M. Velardez relató a fs.451 que fue fletero de Andina, la cual «le daba el trabajo y yo la repartía, había un pequeño contrato porque yo junto con Muñoz teníamos un grupo de camiones y nos hacíamos cargo de un grupo de choferes»; que así trabajó unos dos años haciendo repartos para Andina y que «luego me retiré solo por mis propios medios, no me echaron… había un porcentaje por las mercaderías, más se vendía, más se cobraba». A fs. 68 depuso Miguel Angel Muñoz, dando cuenta, al señalar que trabajaba desde hace 3 años como fleteros de la Distribuidora de bebidas Andina S.A., que lo hacía en una modalidad continua y con zona de reparto exclusiva asignada por esa empresa.

Que así las cosas, surge del caso que protagonistas centrales del hecho originario (como el condenado V. y su compañero Silva), refieren que trabajaban para la demandada, aùn cuando lo hacìan como durante el hecho de origen, al comando del camión de López. Este también alude a una situación similar, que rebasa a los fines del presente el mero cuadro descriptivo del sitio físico o el beneficiario final de las tareas que aquéllos desenvolvían, incluso a pesar que el propio López a la par señala que V. tenía con él una dependencia laboral directa, lo que otro material pone en severas dudas como situación limitativa de la responsabilidad de la demandada. Esto último ocurre cuando -reitero- son V.y Silva los que en forma inicial, espontánea y creíble concuerdan que ambos trabajan para Andina; Silva incluso explicita que era un empleado «en negro» de la empresa; otro fletero ajeno a este conflicto (Briozzo) remite como tal su calidad de trabajador o no de Andina a las fluctuantes conveniencias de la distribuidora; también Verardez refiere y verbaliza prácticamente una relación directa, laboral y exclusiva con la distribuidora que supera el marco de un servicio de fletes tercerizados hacia personas independientes de la que , en verdad, aparece como un comitente. El fallo recurrido prescinde de lo expuesto por los testigos de mención, parcializa su lectura o en forma inconsistente la realiza en contra de lo que razonablemente debería concluirse.

1. – En este punto no puede soslayarse que en un contexto de testimonios múltiples y polifacéticos, también declararon en autos personas a favor de la teoría del caso sostenida por la demandada, como Eduardo Jesús Tacconi (404/7, Gerente de Ventas de D.Andina S.A.), Rubén Antonio Luraschi (presidente de la demandada, fs. 511), o sus empleados Emilio P. A. Costa (con 30 años de la antigüedad en la firma, fs. 409/410) y Hugo Omar Giacometti (fs. 411). Sin embargo, este conjunto no logra desvirtuar los fuertes elementos de convicción que en contrario destaca esta Sala, apareciendo, por la posición que todos ellos detentan, como testimonios de atendibilidad altamente restringida.

2. Se advierte entonces que la dotación de V.-Silva al dìa del hecho perpetrado por el primero eran empleados por Andina S.A. para que repartan su mercadería en su interés y beneficio, sin registro formal («en negro» como informó explìcitamente Silva), haciéndolo con el camión de Lòpez en una tarea de encargo para la distribución en forma continua por seis días a la semana, en horarios establecidos, en zonas organizadas y asignadas por la empresa, con prohibición de atender a otros distribuidores, realizando además las cobranzas que luego previo al cierre bancario debían rendir ante la demandada.Esto resulta así, más allá la existencia o no de una relación laboral de dependencia.

Desde la perspectiva de quienes aportaban su camión de reparto (como Guillermo Germàn Lòpez), el material aportado con la pericia contable producida a fs. 647/8 y ss. también apoyan las conclusiones a las que el tribunal arriba. Se verifican facturaciones al año 2004 por fletes a «Andina» realizadas por Cristian G. Casañas (inscripto ante Afip como socio de hecho de Lòpez: fs. 585, y operando como monotributista bajo el nombre de «Transporte de Carga») con numeraciones y fechas excluyentemente continuas siempre a favor la demandada (sf. 627 y ss.), lo que da cuenta de la exclusividad con que trabajaban para èsta. Lo mismo ocurre con «Flete El Tata» de Graciela M.Aguirre (fs. 636 y ss.), Fletes de Elena Norma Spoto (fs. 658 y ss.), el testigo Angel Mario Verardez (fs. 666 y ss.) y, en especial, por «Transportes Lòpez de Jose Germàn Lòpez» (fs. 647 y ss), quien es el padre de Guillermo Germán López (dueño del camión que manejaba el condenado V.), el que como destacamos dijo que su progenitor había ingresado laboralmente a «D.Andina SA» al mismo tiempo que él empezó a trabajar, lo que se reproduce màs intensamente con Cristian Javier Baldelli (cuñado de Lòpez, quien dijo: «yo lo hice entrar a trabajar a la Distribuidora»), y muestras las estrechas relaciones estables que afincaba Lòpez con la accionada. En este orden, es muy factible que esta modalidad de facturación -supuestamente entre firmas independientes-, oculte la intención de soslayar la registración laboral de simulados «fleteros» como verdaderos empleados de la demandada y no como unidad comercial independiente.-

X.- De esta forma, se concluye que entre el autor del suceso (V.) y la apelada «Distribuidora Andina S.A.», al momento del hecho, existía una relación de dependencia con los alcances del art. 1113 -1ª.pte.- y 43 del Código Civil, sin que la relación entre ésta y Guillermo G.López -dueño del camión que manejaba V.- pueda subsumirse en el concepto legal de «fletero» tal como procura la apelada como mecanismo para fracturar la subordinación verificada. Además y conforme al sub-lite y las circunstancias señaladas en el presente, el suceso lesivo se produjo con inescindible vinculación con las tareas encomendadas. Todo ello torna a la accionada civilmente responsable de los daños ocasionados por su dependiente, por lo que corresponde desarticular el rechazo de la demanda dispuesto (pto. 3 a fs. 808). Conforme lo solicita el impugnante a fs. 874vta. debe entonces revocarse la sentencia en lo respectivo, haciendo lugar a la demanda, en aras del principio del congruencia, con idéntica extensión en rubros y montos indemnizatorios a los impuestos contra V. por la sentencia de grado, los que aparecen adecuados y sin cuestionamientos ante la alzada. Con costas de ambas instancias a la vencida.

Debe aclararse, que las obligaciones emanadas de esta sentencia y de la dictada por la Justicia Correccional contra V., como también se señaló en el fallo civil cit.sup., no son solidarias sino concurrentes o «in solidum». El art. 1122 del Cód. Civil dispone expresamente que «las personas damnificadas por dependientes pueden perseguir directamente ante los tribunales civiles a los que son civilmente responsables del daño, sin estar obligados a llevar a juicio a los autores del hecho». En casos como el que nos ocupa, cuando se lleva a juicio al dependiente y al principal ambos «son responsables por el total», pero sin que la responsabilidad sea una propiamente solidaria, sino «in solidum» (Borda, Guillermo A., «Trat.Der.Civ. Oblig.», t. II, p. 284; Salas, Acdeel E., «Cód.Civ. y normas complem.», t. I, p. 622), y ello así pues los diversos deudores responden por el total de la prestación, «pero la causa o razón de la deuda es diferente» (Compagnucci del Caso, Rubén H., «Obligaciones que nacen de hecho ilícitos» en Bueres, Alberto J., Highton, Elena I., «Cód.Civ. y normas complem., análisis doctrinario y jurisprudencial», t. 38, p.167). En símil orden, en cuando a que en tales obligaciones los vínculos que unen al acreedor con cada deudor, son totalmente independientes ha sido sostenida por la jurisprudencia (Juba sumario B950065, CCiv. y Com. Dolores, causa 66647 RSD-225-91 del 19/12/91). Por ende debe aclararse que el cumplimiento de las obligaciones que emanen de los fallos dictados podrá ser exigido totalmente a cualquiera de los condenados, con los alcances de los arts. 1122 y 1123 del Cód. Civil.

En consecuencia y de acuerdo a lo analizado, a la primera cuestión voto por la negativa -por la revocación- con los alcances señalados supra.

A LA MISMA CUESTIÓN LOS DRES. CARINA LURATI DIJO: que comparte la conclusión a la que arriba el colega preopinante Dr. Alfredo Ivaldi Artacho y, por iguales fundamentos y a fin de evitar inútiles repeticiones, vota en el mismo sentido.

A LA MISMA CUESTION EL DR. DANIEL ACOSTA DIJO: estudiados los autos, y atento a la existencia de dos votos precedentes totalmente concordantes, me abstengo de emitir opinión en virtud del artículo. 26 de la L.O.P.J.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN LOS DRES. IVALDI ARTACHO, LURATI Y ACOSTA DIJERON: que conforme al resultado de la votación corresponde revocar la sentencia apelada en lo que fuera materia de recurso y hacer lugar a la demanda de acuerdo a lo pronunciado, con costas.

Por tanto, la Sala I integrada de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario;

FALLA: Revocando la sentencia apelada en el extremo civil que fuera materia de recurso, haciendo lugar a la demanda incoada por Marcela Arce, Verónica Noemì Galván, Dèbora Natalia Galván y Vanesa Soledad Galván, extendiendo hacia «Distribuidora Andina S.A» la condena civil impuesta a G. V. (sentencia 5695 del 20/12/12 en el proceso 1614/07 del J.Correccional N° 1 de Rosario) , condenándola, como tercero civilmente responsable en los términos del art.1113 -1a.pte.-, 43, 1122 y 1123 del CC, a pagar a Marcela Carmen Arce la suma de doscientos treinta y dos mil ciento cincuenta y tres pesos (232.153 $) -comprensiva del daño material (152.253 $) y daño moral (80.000 $)- y a Verónica Noemí Galván, Débora Natalia Galván y Vanesa Soledad Galván la suma de ciento cincuenta mil pesos (150.000 $) a cada una de ellas -comprensiva del daño material (50.000 $) y el daño moral (100.000 $)-, todo más un interés equivalente al promedio entre la tasa activa (promedio mensual efectivo para descuento de documentos a 30 días) y la tasa pasiva (promedio mensual efectivo para plazo fijo a 30 días según índices diarios), sumada, del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., desde el día del hecho y hasta los 10 días de notificada la presente, plazo vencido el cual, hasta su efectivo pago, se devengará un interés equivalente al doble de la tasa señalada, imponiendo las costas de ambas instancias a la vencida (arts. 29 del CP, 43, 1113, 1122, 1123 y ccs. del CC, y 168 CPP y cc. del CPCiv.).

Regulándose los honorarios profesionales de los Dres. Abate, Calcaterra y Di Pietro por sus trabajos en esta alzada en la mitad de la estimación que se hiciere de los mismos en primera instancia.

Insértese, agréguese copia, hágase saber y bajen.-

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