Indemnización por el daño moral ocasionado al cliente del banco demandado ante la calificación en la base de datos como deudora irrecuperable

shutterstock_87109075Partes: Salinas María Liliana c/ Banco Columbia S.A. y ots. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 15-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88511-AR | MJJ88511 | MJJ88511

La reticencia del Banco a dar por cancelada la acreencia con fundamento en un error liquidativo no imputable a la actora que llevó a que VERAZ la mantuviera incluida en su base de datos como “deudora irrecuperable”, justifica la reparación del daño moral en función de la especial situación de vulnerabilidad del consumidor, quien vio frustrada su expectativa de satisfacción, proyectando sus efectos al plano de las afecciones legítimas. 

Sumario:

1.-Corresponde modificar parcialmente la sentencia recurrida que condenó en forma solidaria al banco y a la asociación mutual demandados, en tanto la juez a quo, sin brindar ninguna aclaración, incurrió en extralimitación, al condenar en concepto de daño moral por una suma ostensiblemente superior a la peticionada por la actora al demandar, sujeto a lo que más o menos” el tribunal decidiera de acuerdo a la prueba a rendirse en autos”, sin manifestar ninguna intención de incrementar el monto inicialmente peticionado.

2.-Omitida la acreditación correspondiente a la eximente prevista en el art. 40 de la Ley 24.240 de defensa del consumidor, por parte de quien tenía la carga de hacerlo, sólo es dable confirmar la condena expedida en forma solidaria con respecto a la asociación mutual -conjuntamente al banco codemandado- en la instancia de grado.

3.-La reticencia de la entidad bancaria a dar por cancelada la acreencia con fundamento en un error liquidativo no imputable a la actora que llevó a que VERAZ la mantuviera incluida en su base de datos como deudora irrecuperable , justifica la reparación del daño moral en función de la especial situación de vulnerabilidad del consumidor, pues el incumplimiento conlleva un plus que se relaciona con un conjunto de sentimientos depositados por el usuario -seguridad, previsión, confianza, etc.- y una expectativa de satisfacción cuya frustración proyecta sus efectos en el plano de las afecciones legítimas.

4.-Aunque los sucesos que motivaron la promoción del pleito se desarrollaron con anterioridad a la reforma producida por la Ley 26.361 – que, entre otras cosas, amplió el concepto de consumidor que contemplaba la Ley 24.240- lo cierto es que, conforme la anterior o la nueva perspectiva, igualmente resulta indiscutible que la actora reviste las condiciones exigibles para que rija, en su beneficio, la égida protectoria aludida

5.-En las relaciones de consumo, la falta de culpa no tiene ninguna virtualidad para configurar la causa ajena en general ni, particularmente, la culpa de la víctima o el alegado hecho del tercero por quien la sindicada como responsable pretende no responder

6.-Debe confirmarse el rechazo que pronunció la juez que previno con relación a la eximente hecho del tercero que invocó en la etapa inicial la asociación mutual codemandada, por cuanto, para el caso de responsabilidad por productos, como para el que resulta de la prestación de un servicio- hipótesis de autos- el art. 40 de la Ley 24.240 consagra un deber de reparar de tipo objetivo, que alcanza a todos los que participan en la cadena de producción, distribución y comercialización, como así también a quien hubiese colocado su marca en el bien o servicio.

7.-Si bien el sistema de responsabilidad que consagra el art. 40 de la ley 24.240 prescinde en principio de la tradicional distinción entre las órbitas contractual o extracontractual que plantea el Código Civil, en orden a la reparación del daño moral, corresponde seguir lo establecido por las normas comunes, y así que la disposición contenida en el art. 522 del ya citado ordenamiento, deba ser interpretada en estos casos en función de la especial situación de vulnerabilidad que tienen los damnificados y de las directrices constitucionales ya aludidas.

8.-La reparación debe ser establecida en la suma peticionada por la actora en concepto de daño moral al demandar, porque, en definitiva, la misma repara con justicia el daño moral que la víctima sufrió como consecuencia de los hechos ventilados en autos, sin perjuicio de que, además, tal determinación respeta los límites del principio de congruencia; luego, al monto de condena, deberá adicionarse los intereses correspondientes, calculados desde la fecha de la mora y hasta la del pronunciamiento de primera instancia a la tasa prevista por la Ley 4087 ; desde allí y en adelante, hasta el efectivo pago correrá la tasa activa contemplada en el plenario Aguirre .

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a los quince días del mes de agosto de dos mil catorce, reunidas en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones, las doctoras Silvina Miquel y Alejandra Orbelli – no así la doctora Marina Isuani, por encontrarse en uso de licencia- y trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos N° 128.870/50.450, caratulados: “SALINAS, MARÍA LILIANA C/ BANCO COLUMBIA S.A. Y OTS. P/ D Y P”, originarios del Primer Juzgado de Gestión Asociada en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza, venidos al Tribunal por las apelaciones de fs.525 y 532, contra la sentencia de fs.511/514.

Tramitado el recurso y previo dictamen del Ministerio Fiscal, la causa quedó en estado de resolver a fs. 581.

Practicado el sorteo de ley, se estableció el siguiente orden de estudio: doctoras Miquel, Isuani, Orbelli.-

En cumplimiento de lo dispuesto por los art. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la doctora Silvina Miquel dijo:

I. En primera instancia se hizo lugar a la demanda instada por la Sra. María Liliana Salinas contra Banco Columbia S. A. y Asociación Mutual “AMPIV” y se condenó en forma solidaria a las demandadas a pagar a la actora la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000), calculada a la fecha de la sentencia, con más la suma de pesos ochocientos cincuenta y cuatro con 85/100 ($ 864,85), en concepto de costas y sin perjuicio de los intereses jurisprudenciales que correspondan en caso de incumplimiento, hasta el efectivo pago. Se impuso costas y se reguló honorarios.

Para decidir como lo hizo encuadró la sentenciante el pedimento inicial en los arts. 42 de la Constitución Nacional y 40 de la Ley 24.240.Analizó particularmente la operatoria que existió entre la actora y las demandadas y dijo no compartir lo sostenido por Banco Columbia en cuanto a que la codemandada AMPIV intervino en los presentes autos como mandataria de la actora. Explicó que la instrumental aporta que la operatoria se celebró con FINVERCON S. A., autorizándose el pago por descuento de haberes sin consignación expresa de intermediación en el mismo; que AMPIV sólo intervino como certificante, no como mandante o gestora de la accionante, y en virtud de una relación antecedente entre ella y la mutuante.

Desestimó luego la juzgadora que opere en autos como eximente la culpa de un tercero por quien Banco Columbia no debe responder, así como que lo mismo ocurra con la culpa de la víctima. Dijo en ese orden que el préstamo que tomó la accionante fue cancelado- incluso con exceso- y que, por aplicación de las reglas ya mencionadas, AMPIV no puede liberarse de responder solidariamente con la codemandada (sin perjuicio de la repetición que le pudiera corresponder). Añadió que la reticencia de Banco Columbia a dar por cancelada la acreencia, con fundamento en un error liquidativo no imputable a la actora que llevó a que VERAZ la mantuviera incluida en su base de datos por lo menos 14 meses como deudora 4 o 5 “irrecuperable”, impidió a la accionante concretar un contrato de locación, acceder al crédito y obtener tarjetas de crédito, además de ponerla en la necesidad de realizar trámites para regularizar su situación, según resulta de autos.

En mérito de esos argumentos, estableció la juzgadora la reparación, en concepto de daño moral.

II. A fs. 542/545 funda recurso la Dra. María Leonor Etchelouz, por la demandada Banco Columbia S.A, solicitando que se desestime o reduzca el monto otorgado en concepto de indemnización, por los fundamentos que desarrolla.Aduce en su primer agravio la apelante que la juez de grado condenó a su mandante sobre la base de apreciaciones dogmáticas y genéricas, que en nada se vinculan con los hechos relatados en la demanda, los que, además, tampoco fueron acreditados. Precisa que no mencionó la juez lo que resulta de la prueba informativa y sólo tuvo en cuenta la pericial contable y las testimoniales ofrecidas por la contraria, sin atender a que la accionante resulta titular de distintas tarjetas de crédito desde el año 2007, lo que indica que ninguna entidad le rechazó el acceso al crédito. Incoa que no ofreció la contraria prueba tendiente a acreditar el daño moral que invocó y concluye en que no surge de autos que la actora haya sufrido perjuicio alguno como consecuencia de los hechos que relató al demandar.

En el segundo agravio insiste en cuanto a que la pretensora no demostró los extremos que invocó para solicitar la reparación. Recalca que no cualquier molestia o menoscabo derivado de una relación crediticia tiene entidad para afectar los sentimientos y causar un perjuicio espiritual susceptible de ser indemnizado. Considera inconcebible que la sentenciante haya hecho lugar al reclamo sin precisar cuáles son las afecciones que padeció la pretensora. Agrega que los dichos de la actora, relativos a que se vio imposibilitada a acceder a préstamos y tarjetas de crédito y que por ello se habría afectado su “honor”, no tienen sustento, menos por el lapso que esa parte indicó, dado que, como máximo, la información fue publicada por un período de veinticuatro (24) meses.

Dice también que su contraparte declaró que solicitó un préstamo que le fue denegado, pero no ofreció al respecto prueba o intentó oficiar a las entidades financieras que, supuestamente, le habrían rechazado los créditos y/o tarjetas de crédito.Aduna que si bien una situación como la ventilada en la demanda es susceptible de generar alguna incomodidad o molestia, se trata de algo que jamás pudo haber tenido la magnitud que le atribuye la sentenciante. Recalca que la inexistencia de pruebas, sumada al encuadre contractual que corresponde, debió llevar a que el daño moral se juzgara de manera restrictiva y no a que se concediera una suma incluso superior a la peticionada en la demanda.

Destaca que los jueces deben ceñir su pronunciamiento a las pretensiones invocadas por las partes, pues de lo contrario incurrirían en “ultra petitio” y violarían el principio de congruencia. Cita Jurisprudencia.

Solicita en suma que, aún en la hipótesis que se considere procedente el daño moral, se fije en tal concepto una suma ajustada a derecho, que responda a parámetros razonables.

III. A fs. 549/558, el Dr. Luis Horacio Cuervo, en representación de la parte actora, contesta la expresión de agravios efectuada por Banco Columbia S.A. Solicita que el recurso sea rechazado, con costas, por las razones que expone y que doy por reproducidas, a mérito de la brevedad.

IV. A fs. 361/363, el Dr. Fernando Raúl Nesci, en representación de la demandada Asociación Mutual entre el Personal del Instituto Provincial de la Vivienda AMPIV, funda su recurso.

Destaca en primer término que quedó demostrado en autos el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Mutual, en los plazos y del modo acordado, así como que no incluyó a la accionante en ninguna base de datos de morosos y actuó diligentemente ante su reclamo. Dice que no se probó conducta alguna de su representada, capaz de producir daño a la actora y que, de la prueba rendida, surge que la Mutual cumplió con la única obligación asumida por su representada, consistente en depositar a FINVERCOM primero y al Banco Columbia luego, el importe de las cuotas que se descontó a la actora y las que luego por su voluntad pagó ella en forma personal.Añade que no recibió su parte reclamo luego del pago de la cuota 48, ni rechazo o contestación de las cartas documento enviadas a la actora o a Banco Columbia S.A. Aduce que no resulta nexo de causalidad entre el daño reclamado y la conducta de la Mutual y que por ende la misma no debe ser condenada en forma solidaria por la reticencia o error del Banco Columbia S.A. Solicita en tales términos el rechazo de la demanda contra AMPIP, con costas.

En segundo lugar invoca que la actora no probó los extremos necesarios para la procedencia de la reparación y que la informativa contradice sus dichos. Agrega que la accionante adujo que se vio imposibilitada de acceder a nuevos préstamos y tarjetas de crédito y que esto habría afectado su honor, lo que no es cierto y menos lo es por el lapso que la contraparte indica ya que, como máximo, la información se publicó por un período de 24 meses.

Entiende que el presunto daño debió producirse entre el 11 de diciembre de 2.006 y el 14 de Marzo de 2.007, conforme circunstancias que detalla. Sostiene además el agraviado que no existe prueba de denegación de préstamos o adquisición d tarjetas de crédito en el período indicado, ni tampoco surge que se le negaran dichos productos a la accionante desde la cancelación del préstamo. Resalta que las testimoniales que obran a fs. 155, 156 y 159, no se ajustan a la verdad real y finalmente expresa que no se ha probado el daño pretendido y tampoco el nexo causal necesario para imputar, de existir un daño, a su representado.

Solicita que, conforme las escasas pruebas rendidas se morigere el monto de condena, ya que excede lo que solicitó la propia actora y además no probó los extremos en los cuales fundó su reclamo.

V. A fs. 567/571, el Dr.Luis Horacio Cuervo, en representación de la parte actora, contesta la expresión de agravios efectuada por Asociación Mutual AMPIV y solicita que el recurso sea rechazado, con costas, por las razones que expone y que doy por reproducidas, a mérito de la brevedad.

VI. La solución.

VI. a. Considero que ambos recursos reúnen mínimamente los extremos requeridos por el art.137 del C.P.C. Por ello y básicamente en resguardo del derecho de defensa, seguiré el criterio amplio que en casos del estilo acostumbra a adoptar este Cuerpo, para propiciar el rechazo la deserción solicitada por la apelada (Haddid, H., comentario al art. 137 del C.P.C. en Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza, Coord. Gianella, La Ley, Bs. As, 2.009, T I , págs. 1.026 y ss.; véase también: Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, 29/07/2.011, expte. N° 100.943, “Fiscalía de Estado en J: 213.843/12.538, Daldi, José Luis c/ Coop. de Viv. y Urb. El Triángulo Ltda. p/ ejecución cambiaria s/ inc. cas.”; entre otros).

Desde el punto de vista sustancial, sin embargo, juzgo que las quejas resultan parcialmente improcedentes. Mi convicción se sustenta en razones de diversa índole, que en lo sucesivo desarrollaré, comenzando por los fundamentos vinculados a la eximición de responsabilidad pretendida por la Asociación Mutual AMPIV y concluyendo por los cuestionamientos relativos al daño y su extensión.

Reconozco que el análisis debería comenzar por las quejas atinentes a la existencia misma del menoscabo y, en todo caso, a su cuantía. Sin embargo- y como luego intentaré dejar esclarecido- los argumentos que introducen en sus memoriales los quejosos me convencen de cambiar el método, lo que no me impide dejar sentado, desde ya, que el daño está configurado en la especie y merece ser resarcido.

VI. b.En orden al tema de la responsabilidad comparto el encuadre jurídico que efectuó la juzgadora de grado y también las razones que llevaron a la misma a hacer extensiva la condena a AMPIV. Es que, si bien el deber de responder de ambas accionadas pudo sustentarse en diversos fundamentos, la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Defensa del Consumidor, interpretadas a la luz del art. 42 de la Carta Magna, constituyó indudablemente una decisión acertada de la sentenciante, que le permitió resolver con justicia la contienda (en igual sentido puede verse: S.C.J. Mza., 11/03/2014, causa n° 108.977, caratulada: “Castillo Julio Daniel en J° 149.520/14.364, Castillo Julio Daniel c/ Banco Patagonia S.A. s/ Daños y Perjuicios s/ Casación”).

En el desarrollo de estas ideas aclaro que, aunque los sucesos que motivaron la promoción del pleito se desarrollaron con anterioridad a la reforma producida por la ley 26.361- que, entre otras cosas, amplió el concepto de consumidor que contemplaba la ley 24.240- lo cierto es que, conforme la anterior o la nueva perspectiva, igualmente resulta indiscutible que la actora reviste las condiciones exigibles para que rija, en su beneficio, la égida protectoria aludida (acerca de la interpretación del concepto de consumidor en el texto legal anterior puede consultarse: SCJMza., 12/10/06, causa Nro. 85.769, “Frávega S.A.C.I.E.I. en J:…”).

Verifico también que, en el otro polo, nos encontramos con sujetos comprendidos en la nómina del art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que, como es sabido, amplía la legitimación pasiva a todos los intervinientes en la cadena de producción y comercialización del producto o servicio que ocasiona un daño injusto a cualquier consumidor o usuario, en los casos que el precepto contempla.

Acerca de las cuestiones que previamente establecí nada discute la quejosa.Particularmente, agrego, tampoco genera debate en autos el criterio seguido por la juzgadora que, cuando dispuso hacer responsable a AMPIV, lo hizo de modo “solidario” con la restante integrante del consorcio pasivo, tal como lo dispone la normativa en juego (en la posición que considera que las emergentes del texto estudiado constituyen obligaciones in solidum, se enrolan, entre otros: Farina, Juan, comentario al art. 40 de la Ley 24.240 en Código Civil y leyes complementarias, Ed. Astrea, Bs. As., 1999, T. 8, pág. 933. En torno al mismo tema puede verse también, de ese Cuerpo: 13/05/2010, autos Nº 41.648/129.815 caratulados: “Di Marco, Silvio E. y Olguín Aída C. en rep. de su hijo menor Di Marco Olguín, Federico Iván c/Aceitera General Deheza S.A. y Ots. p/ Daños y Perjuicios”; doctrina y jp. citadas).

El único aspecto en conflicto es entonces, dentro de ese contexto, el rechazo que pronunció la juez que previno con relación a la eximente- hecho del tercero- que invocó en la etapa inicial AMPIV. Eso me conduce a efectuar algunas precisiones, destinadas a clarificar los motivos por los que me inclino a confirmar en lo pertinente el fallo en crisis.

En principio tengo presente que, tanto para el caso de responsabilidad por productos, como para el que resulta de la prestación de un servicio- hipótesis de autos- el art.40 de la Ley 24.240 consagra un deber de reparar de tipo objetivo, que alcanza, como anticipé, a todos los que participan en la cadena de producción, distribución y comercialización, como así también a quien hubiese colocado su marca en el bien o servicio.

La referida norma únicamente permite la liberación de él o los sindicados como responsables mediante la acreditación certera, a su cargo, de la “causa ajena”. Es decir, no basta en estos casos con “la prueba de la propia diligencia” para que opere la liberación, sino que es necesario el aporte de probanzas que clara y fehaciente convenzan al juzgador de que se ha producido, en lo concreto, la fractura del nexo causal (Frustagli, S.- Hernández, C., Régimen de responsabilidad por daños en el estatuto de defensa del consumidor, Tratado Jurisprudencial y Doctrinario- Defensa del Consumidor, La Ley, Bs. As. 2011, T. II, pág.485; Mosset Iturraspe, J.- Wajntraub, J. H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal- Culzoni, págs. 234 y ss; Picasso, Sebastián, La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema, LL 2008-C, 562, comentario al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) CS ~ 2008/04/22, “Ledesma, María Leonor c. Metrovías S.A.”).

Profundizando en la misma línea de pensamiento destaco que, el dispositivo, simplifica al consumidor o usuario el acceso a la reparación, evitando, como dice una autora, “…la fragmentación de la responsabilidad y su consecuencia directa que es el traslado de riesgos hacia los más débiles en las relaciones de consumo”. La norma, según la misma fuente citada, coloca así en cabeza de los sujetos pasivos el peso económico de la reparación, “puesto que finalmente obtienen un beneficio de la introducción de su producto o servicio en el mercado” (Lovece, Graciela Isabel, La causa y la culpa de la víctima en el marco de las relaciones de consumo, en: R. C. y S.2013-VI, 41).

Como dije entonces, comparto el doble punto de partida- relativo al fundamento del deber de responder y al sujeto sobre el que recae la acreditación de las circunstancias eximitorias- que surgen del fallo en crisis. Y, aunque acepto también que en estos casos las cuestiones relativas a las eximentes pueden revestir aristas conflictivas, estoy convencida de que, en lo concreto, ninguna de esas situaciones intrincadas se hace presente. Por el contrario, la única de las apelantes que cuestiona el rechazo de la causal eximitoria que invocó, se circunscribe en la alzada a insistir en su falta de culpa, extremo que, como ya expliqué, no tiene ninguna virtualidad para configurar la causa ajena en general ni, particularmente, la culpa de la víctima o el alegado hecho del tercero por quien la sindicada como responsable pretende no responder (Picasso, Sebastián, cit.).

Tengo para mí en esta línea de pensamiento que la juzgadora de grado hizo una correcta aplicación del concepto que adopta la moderna doctrina que, superando las clasificaciones “estereotipadas” que antiguamente se formulaban, con visión amplia responsabiliza al deudor por el incumplimiento atribuible a cualquier sujeto “que haya voluntariamente incorporado- expresa o virtualmente- para materializar la prestación comprometida, aun cuando no medie dependencia jurídica” (Agoglia, M.- Borágina, J.C. -Meza, J., Los hechos de terceros como eximentes. Eximentes. Dependiente y tercero. El uso o empleo de la cosa contra la voluntad del dueño o guardián, en Revista de Derecho de Daños, Eximentes de Responsabilidad – I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2.006, págs. 220).

Para apuntalar aún más el razonamiento que vengo construyendo menciono que, la opinión prevaleciente, insta a emplear en casos de este calibre un criterio sumamente restrictivo para la liberación de los demandados.La vulnerabilidad de los damnificados, contrapuesta a la exigencia de un adecuado cumplimiento de los deberes de seguridad e información y a la interpretación que en favor del consumidor resulta de la legislación especial, son motivos suficientes para justificar la opción que en tal sentido adoptó el legislador y que sigue la doctrina que considera que, en casos de este tipo, se intensifica aún más el rigor interpretativo que normalmente rige, en materia de eximentes, en todos los supuestos en los que el deber de responder se dirime conforme parámetros objetivos de atribución (véase: Lovece y Picaso, cit.).

En definitiva y como anticipé, tengo para mí que, omitida la acreditación correspondiente a la eximente prevista en el art. 40 de la LDC por parte de quien tenía la carga de hacerlo, sólo es dable a esta altura, si mi opinión es compartida, confirmar la condena expedida en forma solidaria con respecto “AMPIV” en la instancia de grado.

VI. c. Ambas apelantes cuestionan, con argumentos coincidentes, la procedencia y cuantía de la reparación reconocida a la actora en concepto de daño moral. Para atender a sus fundamentos diré en un primer momento que comparto la posición de quienes aceptan que el sistema de responsabilidad que consagra el art. 40 de la Ley N° 24.240 prescinde en principio de la tradicional distinción entre las órbitas contractual o extracontractual que plantea el Código Civil (Mosset Iturraspe-Wajntraub, cit., págs.230 y ss.). Acepto no obstante que, la omisión que refleja la ley especial en lo pertinente, conduce a seguir en orden a la reparación del daño moral lo establecido por las normas comunes, lo que no impide que, la disposición contenida en el art. 522 del ya citado ordenamiento, deba ser interpretada en estos casos en función de la especial situación de vulnerabilidad que tienen los damnificados y de las directrices constitucionales ya aludidas.En esa línea se ex plica que, en supuestos de este tipo, el incumplimiento “conlleva un plus que se relaciona con un conjunto de sentimientos depositados por el usuario (seguridad, previsión, confianza, etc.) y una expectativa de satisfacción cuya frustración proyecta sus efectos en el plano de las afecciones legítimas”, a lo que se agrega que: “El mero incumplimiento en el marco de una relación de consumo en la cual la empresa pudiendo y estando obligada legalmente a cumplir no lo hace; implica un agravio moral, resultando innecesaria su prueba específica, según lo sostenido por el art. 42, CN, que reconoce un derecho a la protección de los intereses económicos y extraeconómicos de los consumidores y usuarios (salud e integridad psicofísica, seguridad, dignidad etc. ) de tal forma que la reparación del daño moral frente al incumplimiento contractual empresario no implica más que el cumplimiento adecuado de la directiva constitucional” (Lovece, Graciela I., Protección integral del derecho a la salud, LA LEY 2014-B , 422).

En similar posición se ha enrolado este Tribunal que, en su actual integración, ha seguido el criterio amplio que tradicionalmente adoptó el Cuerpo en la materia y ha aceptado que, si bien en estos casos se está ante un daño “contractual”, a la hora de fijar la reparación es menester ensanchar el criterio estricto que emana del art. 522 del C.C. (véase el voto de la Dra. Isuani en: “G., C. A. y otra por sí y por sus hijos menores G., B. N. y G., N. E. c. O.S.M. S.A. s/ d. y p.”,20/09/2013, LLGran Cuyo 2014 (marzo) , 181,Cita online:AR/JUR/56611/2013).

Más allá de las pautas generales que hasta aquí he desarrollado y del aval que a la posición que adopto brinda el precedente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que anteriormente cité- causa “Castillo”- también me parece oportuno agregar en abono de estas consideraciones una especial mención relativa a lo que han resuelto otros tribunales nacionales en casos que guardan analogía con el presente, marcando lo que considero es, a la fecha, una tendencia dominante.

Se ha resuelto recientemente que, la sola realización del hecho dañoso en situaciones como la de autos, “lleva a presumir la existencia de la lesión moral en los damnificados, quedando a cargo de la demandada la carga de destruir esa presunción mediante prueba en contrario”. A lo que se ha añadido que: “En efecto, el daño moral viene dado por la propia incorporación del sujeto a la base de datos del Banco central y, eventualmente, a la de entidades privadas informadoras de riesgos crediticios, lo que de por sí provoca descrédito, porque la incorporación enseguida circula en plaza con la consabida sospecha de insolvencia o irresponsabilidad patrimonial del sujeto involucrado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, “Amato, Carlos D. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ ord.” , 29/08/2013, LL 2013-F-438).

Igualmente se ha decidido que: “…la sola inclusión injustificada de una persona en la base de datos de deudores del sistema financiero del BCRA por parte de una entidad bancaria especialmente calificada para esas cuestiones, configura una situación lesiva que importa la reparación del agravio moral, en tanto, resultan innegables las afecciones personales y los padecimientos causados en la tranquilidad anímica del agraviado, en una situación como la descripta…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, “Colucci, Jorge Ricardo c/ Compañía Financiera Argentina y otro S.A. s/ Sumarísimo”, 23/10/2012, R.C. y S.2013-III, 191).

Lo dicho hasta aquí confirma lo que en un principio anticipé en el sentido que el daño existe y debe ser resarcido.

El punto que genera conflicto tiene que ver con la extralimitación en que incurrió la magistrada que previno y que, por mi parte, corroboro, en términos que justifican la revisión incoada.

En efecto, la causa informa que la actora peticionó al demandar la suma de pesos diez mil ($ 10.000) en concepto de daño moral, sujeto a “lo que más o menos” el tribunal decidiera, “de acuerdo a la prueba a rendirse en autos”. La pretensora mantuvo la misma posición al alegar, oportunidad en la que no puso de manifiesto ninguna intención de incrementar el monto inicialmente peticionado. Sin perjuicio de ello, la juzgadora de primera instancia cuantificó el menoscabo en la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000), sin brindar, con respecto al incremento que dispuso, ninguna aclaración.

Aclaro que sí expuso la juez en los considerandos que ese monto- que equivale a un ciento cincuenta por ciento (150%) de lo solicitado por la accionante- comprendía los intereses de la ley 4087; sin embargo, no especificó desde cuándo computó esos intereses, ni el monto al que los mismos ascienden.El punto no es menor dado que, si se calculan esos referidos accesorios sobre el capital reclamado, a la tasa de la ley 4087, desde la fecha de la mora (27/12/06), la cuenta no arroja el total aludido, sino uno mucho menor, equivalente a pesos trece mil trescientos treinta y siete con 50/100 ($ 13.337,50).

A mi juicio, esa oscuridad indica, de por sí, indefensión, sin perjuicio del vicio que en igual sentido comporta el exagerado incremento del monto de condena, el cual no tiene justificación, ni en lo que resulta de las pruebas de autos (que no agregan ni quitan ningún dato de aquellos que efectivamente disponía el actor al momento en que se planteó la demanda), ni en ninguna otra razón debidamente fundada en el pronunciamiento traído a revisión (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo- Perrot, Bs. As., 1972, T. IV, págs. 290 y ss;).

Me parece clarificador en este aspecto traer a colación lo que explicó el doctor Rodríguez Saá en un voto en el que sostuvo que:”Cuando en el escrito de demanda se supedita la suma reclamada a las resultas de la prueba a producirse, resulta necesario que al producirse dicha prueba surja una situación fáctica distinta a la existente al momento de demandar, pues si por el contrario con la prueba rendida solamente se prueban exclusivamente los hechos invocados en la demanda no existe razón alguna para que el juez de la causa se aparte del cuantum reclamado, el cual podrá o no ser procedente”. En cambio, añadió el magistrado, “cuando se supedita por la naturaleza propia de los daños cuya indemnización se pide (daño moral, incapacidad, etc.) la exacta determinación del monto pretendido al arbitrio judicial resulta necesario para no violar el principio de congruencia no sólo que no se viole el derecho de defensa de las partes sino también que la eventual modificación -en más o en menos- sea el resultado de una valoración que realmente pueda ser calificada como “prudencial” (CC5, 12/11/2008, causa Nº 84.095/10.937, caratulada “Pérez Campos Cherubini Ulises c/ Barbera, Sergio p/ daños y perjuicios”).

Ni una ni otra de esas opciones aparece reflejada en estos obrados en los que, por otro lado, la estimación que las apelantes cuestionan resulta largamente alejada de lo que resulta de los fallos que oportunamente cité y, particularmente, de lo que decidió el Máximo Tribunal local en el caso “Castillo”, donde se fijó la reparación en la suma de pesos quince mil ($ 15.000), por el mismo concepto, a la fecha del pronunciamiento.Ese precedente, aclaro, fue dictado largos meses después de la sentencia de autos y, razonablemente, se presume que contempla una reparación que refleja las variaciones de cambio previsibles en un país en el que, el azote de la inflación, no es un dato soslayable cuando llega el momento de cuantificar obligaciones de valor del tipo de la analizada.

Considero en síntesis que la reparación debe ser establecida en la suma peticionada por la actora al demandar, porque, en definitiva, la misma repara con justicia el daño moral que la víctima sufrió como consecuencia de los hechos ventilados en autos, sin perjuicio de que, además, tal determinación respeta los límites del principio de congruencia. Al monto de condena, deberá adicionarse los intereses correspondientes, calculados desde la fecha de la mora y hasta la del pronunciamiento de primera instancia a la tasa prevista por la Ley 4087; desde allí y en adelante, hasta el efectivo pago correrá la tasa activa contemplada en el plenario “Aguirre”.

Sin perjuicio de otros argumentos que podría brindar en abono de mi convicción- o de que comparta o no en su totalidad los que volcó al respecto la juez que previno- básicamente puedo decir en torno al punto que lleva razón la apelada cuando pone en evidencia que los recurrentes, al cuestionar lo decidido en la instancia previa, olvidan todos aquellos aspectos vinculados con la afectación al honor, a la reputación, y a la propia autovaloración de la víctima, que se desprenden de autos.

Los hechos mortificantes que vivió la accionante son sin duda coincidentes con los que contemplan los precedentes que oportunamente cité, para reconocer el resarcimiento.Acorde con ello, la indemnización que considero justo fijar refleja en lo concreto el previsible impacto que en la sensibilidad de cualquier persona puede generar un hecho lesivo del tipo del estudiado en autos y mira, a la vez, la incidencia disvaliosa que esa realidad tuvo en la persona que lo sufrió, concretando, a la postre, la finalidad satisfactiva que la reclamante persiguió al plantear su demanda.

Por ello y si mi opinión es compartida, procede desestimar parcialmente el recurso de AMPIV y admitir el mismo y el incoado por la restante codemandada, en los términos que resultan de las consideraciones previas.

Así voto.

La doctora Orbelli adhiere al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la doctora Silvina Miquel dijo:

Las costas deben ser soportadas por AMPIV en la medida de su vencimiento y por la actora, en cuanto se admite el remedio impetrado por ambas apelantes (art. 36 CPC).

Así voto.

La doctora Orbelli adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 15 de agosto de 2014.

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por Asociación Mutual AMPIV y acoger íntegramente el remedio incoado por Banco Columbia S.A. y, en tal virtud, modificar la sentencia de fs. 511/14 vta., que queda en lo pertinente redactada en los siguientes términos:

“1) Hacer lugar a la demanda instada por la SRA. MARÍA LILIANA SALINAS contra BANCO COLUMBIA S.A.y ASOCIACIÓN MUTUAL “AMPIV”, y en consecuencia condenarlas en forma solidaria a pagar a la actora, dentro de DIEZ DÍAS de quedar firme la presente, la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) calculada a la fecha de esta resolución, y la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 85/100 ($854,85) en concepto de costos del presente proceso, todos sin perjuicio de los intereses que correspondan en caso de incumplimiento hasta el efectivo pago.

2) Condenar de igual forma a las demandadas al pago de los honorarios regulados en el punto 3) de este resuelvo.

3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, a la fecha de la presente resolución y sin perjuicio de las actualizaciones que pudieren corresponder en caso de incumplimiento hasta el efectivo pago: para los DRES. LUIS HORACIO CUERVO, WALTER RUBÉN APORTA, MARÍA PAULA CULOTTA y OCTAVIO A. PUPETTO, en la suma de PESOS ($.) para CADA UNO de ellos; NICOLÁS EGÜES, CARLOS EGÜES, MARÍA LEONOR ETCHELOUZ DE LIMA, FERNANDO RAÚL NESCI en la suma de PESOS ($.5) para CADA UNO de ellos; PERITO CONTADOR CARLOS HUGO DALMAU en la suma de PESOS ($.) (arts. 2, 4, 13 y 31 L.A. y 7, 19, 21 L.3522).

II.- Imponer las costas de alzada a AMPIV, en la medida de su vencimiento y a la actora, en cuanto se admite el remedio impetrado por ambas apelantes.

III.- Regular los honorarios profesionales por el recurso de apelación deducido por Asociación Mutual AMPIV, a los Dres. Tomás Catapano, Fernando Raúl Nesci, Luis Horacio Cuervo y Rodrigo S. Cuervo, en las sumas de pesos ($.), pesos ($.), pesos ($.) y pesos ($.), respectivamente (arts. 15 y 31 L.A.).-

IV.- Regular los honorarios profesionales por el recurso de apelación deducido por Banco Columbia S.A., a los Dres. María Verónica Lima, María Leonor Etchelouz Horacio Cuervo y Rodrigo S. Cuervo, en las sumas de pesos ($.), pesos ($.), pesos ($.) y pesos ($.), respectivamente (arts. 15 y 31 L.A.).

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Alejandra Orbelli – Juez de Cámara

Silvina Miquel – Juez de Cámara

Marcelo Olivera – Secretario-

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