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Plan Jefes de Hogar: si se cumple con los requisitos para acceder al beneficio no puede discriminarse a quienes no se inscribieron hasta determinada fecha

AlimentosPartes: Nuñez Graciela Beatriz c/ Poder Ejecutivo Nacional – M° de trabajo s/ amparos y sumarisimos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 2-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-87582-AR | MJJ87582 | MJJ87582

En virtud de la naturaleza alimentaria del Plan Jefes de Hogar, es inadmisible tolerar discriminaciones entre quienes, cumpliendo los recaudos previstos por la norma para acceder al beneficio, no se hubieran inscripto hasta determinada fecha.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la condena a la accionada a proveer los formularios correspondientes a fin de proceder a la inscripción en el Plan Jefes de Hogar, una vez cumplidos los requisitos establecidos por el decreto 565/2002 , prorrogado por la ley 26339 , 26456 y 26563 , puesto que ante el carácter alimentario de la pretensión, la acción de amparo resulta la vía idónea para el esclarecimiento de la cuestión en debate, a la luz de los derechos presuntamente afectados, de naturaleza alimentaria y preferente tutela constitucional.

2.-Puesto que el amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carecer de otras vías aptas, peligre la salvaguarda de derechos fundamentales, su apertura exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, frente a las cuales los procedimientos ordinarios resultan ineficaces, es decir, que debe estar probado un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva.

3.-Toda vez que se trata de un reclamo de prestaciones de naturaleza alimentaria -Plan Jefes de Hogar-, corresponde el ejercicio de la acción de amparo a tenor del nuevo artículo 43 de la CN, puesto que tal remedio procesal no puede tener ya un carácter residual sino que debe considerárselo la vía principal y excluyente de otras carentes de celeridad cuando se advierte, prima facie, la existencia de un accionar arbitrario o ilegítimo.

4.-No resulta aceptable tolerar discriminaciones entre quienes, cumpliendo los recaudos previstos por la norma para acceder al beneficio Plan Jefes de Hogar, no se hubieran inscripto hasta determinada fecha, dado que tal rechazo constituye un acto arbitrario que lesiona el derecho que prevé el decreto 565/2002, no solo porque no existe norma alguna que avale tal negativa, sino además, la ley 26204 fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2011 en virtud de las leyes 26204, 26339, 26456 y 26563.

Fallo:

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 2 de julio de 2014 reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos: «NUÑEZ GRACIELA BEATRIZ C/PODER EJECUTIVO NACIONAL-M° DE TRABAJO S/AMPAROS Y SUMARISIMOS», se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de grado, que hace lugar a la demanda condenando a la accionada a proveer los formularios correspondientes a fin de proceder a la inscripción en el Plan Jefes de Hogar, una vez cumplidos los requisitos establecidos por el decreto 565/02, prorrogado por la ley 26.339, 26.456 Y 26.563.

La recurrente demandada sostiene que el amparo no resulta la vía idónea para el esclarecimiento de la cuestión en tanto no se constate la existencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Sostiene que el estudio del caso exige mayor amplitud de debate y prueba. En otro orden, manifiesta que el a quo desconoce las limitaciones presupuestarias con relación al financiamiento del Programa. Por su parte, la parte actora y su abogado se agravian de la forma en que se regularon los honorarios.

En primer lugar, corresponde valorar la vía elegida.Al respecto, a partir de la reforma del 1994, el límite impuesto para la procedencia de la acción no está dado por la mayor o menor regulación legal, sino que la justificación de su rechazo debe hallarse en la existencia de la acción que mejor tutele la integridad del derecho lesionado.

El amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carecer de otras vías aptas, peligre la salvaguarda de derechos fundamentales y es por esa razón que su apertura exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, frente a las cuales los procedimientos ordinarios resultan ineficaces, es decir, que debe estar probado un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva.

Esta Sala ha tenido oportunidad de señalar que, en situaciones análogas a la presente, corresponde el ejercicio de la acción de amparo a tenor del nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional, destacando que tal remedio procesal no puede tener ya un carácter residual sino que debe considerárselo la vía principal y excluyente de otras carentes de celeridad cuando se advierte, prima facie, la existencia de un accionar arbitrario o ilegítimo (sent. 70.434 del 21/11/96 «Belmar Carrasco c/A.N.Se.S.»).

El carácter alimentario de la pretensión impone adherir al criterio que sostiene la doctrina (Rivas Adolfo, «El amparo y la nueva constitución Argentina», LL 1994, E. 1330, Palacio, Lino E. «La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994», LL, 1995-D 1237), con referencia a que la ley 16.986 y, en modo preciso, toda la jurisprudencia habida en su consecuencia, ha sido modificada por imperio de la reforma de la ley fundamental, tanto en función de lo normado por el art. 43, cuanto por las respectivas cláusulas de los tratados internacionales que, por disposición del art. 75 inc.22 de la Carta Magna, revisten jerarquía constitucional.

Por lo tanto, la acción de amparo resulta la vía idónea para el esclarecimiento de la cuestión en debate, a la luz de los derechos presuntamente afectados, de naturaleza alimentaria y preferente tutela constitucional.

En cuanto a la cuestión que se ventila en autos, esta Sala ya se ha expedido en autos: «Reyes Solange del Valle c/ Poder Ejecutivo Nacional – M° de Trabajo s/ Amparos y Sumarísimos», expte 46448/2008, expresando que el rechazo a la inscripción que efectúa la autoridad de aplicación constituye un acto arbitrario que lesiona el derecho que prevé el decreto en cuestión, no solo porque no existe norma alguna que avale tal negativa, sino además, la ley 26.204 fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2.011 en virtud de las leyes 26204, 26339, 26456 y 26563.

Ello así, no resulta aceptable tolerar discriminaciones entre quienes, cumpliendo los recaudos previstos por la norma para acceder al beneficio que instituye, no se hubieran inscripto hasta determinada fecha so peligro de lesionar el principio de igualdad contenido en el art 16 de nuestra Constitución Nacional.

En cuanto al planteo de la accionada referido a las limitaciones presupuestarias que establece la Ley de Presupuesto General de la Nación para el financiamiento del programa en cuestión, esta Sala se ha expedido en autos, «Sales Andrés Julio y Otros c/ Estado Nacional- Ministerio de Trabajo s/amparo y Sumarísimos» Sent. Def 114591, sosteniendo que: «La defensa argumental que introduce la accionada no resulta suficiente para vedar la inscripción que solicita el amparista, debiendo el Estado Nacional, arbitrar los medios suficientes para satisfacer los derechos prestacionales que consagra a través de las medidas que dicta, evitando efectuar discriminaciones a los solicitantes cuando se encuentran en iguales condiciones». (En igual sentido «MEONIZ GABRIEL ANTONIO Y OTROS C/P.E.N.- MDE TRAB. Y SEG. SOC.S/AMPAROS Y SUMARÍSIMOS» sent def 116950 del 26/05/2006.)

Por último, en referencia al agravio de la regulación de honorarios practicada en favor de la representación letrada de la parte actora, en atención al monto del proceso, al mérito e importancia de las tareas desarrolladas y a las normas arancelarias vigentes, se debe confirmar los emolumentos fijados.

Por lo expuesto voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Costas de alzada a la demandada vencida.

LOS DOCTORES EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ Y LUIS RENE HERRERO DIJERON:

Por compartir sus fundamentos, adherimos al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el resto de la sentencia apelada. 2) Costas de alzada a la demandada vencida.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ

JUEZ DE CÁMARA

NORA CARMEN DORADO

JUEZ DE CÁMARA

LUIS RENÉ HERRERO

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí: MARINA D’ONOFRIO

Prosecretaria de Cámara

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