Responden el Municipio y el médico ante la muerte del paciente que sobrevino a causa de un accidente cerebro vascular hemorrágico

Medico 4Partes: M. M. y otro c/ A. S. L. y otro s/ | daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Sala/Juzgado: 2º nom.

Fecha: 26-mar-2014

Cita: MJ-STF-M-6729-AR | STF6729 | STF6729

Responsabilidad del médico y el Municipio codemandado del cual aquel es dependiente por la muerte que sobrevino a causa de un accidente cerebro vascular hemorrágico tratado por el facultativo culposa, negligente e imprudentemente.

Sumario:

1.-Corresponde atribuir responsabilidad por el fallecimiento de la personal al médico de la ambulancia municipal y a la Municipalidad de Rosario, tanto por el hecho de su dependiente (arts. 43 y 1113 , CCiv.), como por la deficiente prestación del servicio de asistencia sanitaria (art. 1112 , CCiv.), toda vez que de las probanzas del caso se extraen varias manifestaciones de culpa que han de serle imputadas a la codemandada, en los términos de los arts. 902 y 1109 , CC.

2.-Existe actuar imperito de la facultativa demandada quien al dirigirse por un llamado telefónico al domicilio del occiso al revisarlo, no reconoció los síntomas de un grave accidente cerebrovascular hemorrágico (vómito, pérdida de conocimiento, falta de habla), y los interpretó como relativos a una crisis nerviosa cuyo acontecimiento constituye un supuesto no acreditado.

3.-Constituye obrar negligente que autoriza a responsabilizar al médico de la ambulancia del municipio que acudió al domicilio del fallecido pues restó importancia a datos que se evidenciaban significativos (como ser, los síntomas precitados y la existencia de una previa tomografía computarizada) y reveladores de una patología neurológica, no haciendo constar la práctica de maniobras diagnósticas requeridas en la planilla de atención (lo que conlleva presumir su ausencia) e imprudente desde que ante la mera duda (va de suyo, no se le exigía certeza) de la existencia de un cuadro de tal gravedad, se imponía la inmediata internación de la paciente, nada de lo que aconteció en la especie.

4.-Tratándose de un paciente con una patología cerebral, el estado de consciencia de la misma es el signo clínico fundamental para monitorizar el estado de gravedad, sobre todo en un ambiente en el cual no se cuenta con otros métodos evaluatorios de ésta – en el caso se trata de un paciente que llamó desde su domicilio a una ambulancia del municipio codemandado- , por lo tanto, la medicación con un sedante como el Diazepam inyectable otorgada por el médico codemandado, se encontraba totalmente contraindicada por el hecho de que hacía perder de la oportunidad de salvar su vida, y más aun cuando tenía decidido retirarse después de ello.

5.-Debe repararse el daño por pérdida de chance pues según los peritos es inadmisible que por el obrar culpable del médico, se le vedó la oportunidad a una paciente de 44 años de edad de ser estudiada y tratada en la forma adecuada, sin dejar de considerar que la muerte acaeció principalmente como consecuencia de una patología gravísima que aquejaba a la fallecida, cuya posibilidad terapéutica era de resultado francamente dudoso.

6.-A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste, y en el caso debe atenderse a las condiciones particulares del coactor, y la incidencia que tuvo la enfermedad de la fallecida en el resultado dañoso.

Fallo:

VISTOS: Los presentes caratulados “M., M. y Otro c. A., S. L. y Otro s. Daños y Perjuicios”, Expte. Nro. 684/2001, y su acumulado “M., M. y Otro c. A., S. L. y Otro s. Declaratoria de Pobreza”, Expte. Nro. 683/2001, ambos en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia conforme se ordena a fs. 726 de los citados en primer término, de los que surge lo siguiente.

1. A fs. 7 y ss., M. M. y L. M. (concubino e hijo de A. L. P.) promueven demanda de indemnización de daños y perjuicios (ampliada a fs. 16) contra S. L. A. y la Municipalidad de Rosario, tendente a la percepción de los siguientes rubros: daño material por muerte; y daño moral del coactor L. M.

Relatan que, en fecha 05.07.1999, A. L. P. se hallaba en su domicilio cuando sufrió una descompostura, razón por la cual los familiares requirieron asistencia del S.I.E.S.

Siguen diciendo que arribó al lugar una ambulancia a cargo de la médica codemandada S. L. A., quien diagnosticando un desmayo producido por una crisis nerviosa, pese a haber sido advertida por los familiares que la paciente tenía antecedentes de cefaleas por lo que se había practicado una tomografía y padeció pérdida de conocimiento con vómitos y estado confusional, administró una ampolla inyectable de Diazepam y se retiró del lugar.

Agregan que pasadas tres horas se advirtió un agravamiento del estado de la paciente, por lo que nuevamente se requirió asistencia al S.I.E.S., constatando el fallecimiento el personal que arribó al lugar. Efectuada la autopsia, se concluyó que la muerte había sobrevenido a causa de un accidente cerebro vascular hemorrágico.

Atribuyen responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1113, CC.

Fundan su derecho y ofrecen pruebas.

2. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 16 vta.), a fs. 19 y ss. comparece y contesta la demanda la accionada S. L.A., efectuando negativa puntual de los hechos afirmados por la contraria en el escrito inicial.

Reconoce la ocurrencia del hecho, así como las circunstancias de personas, tiempo y lugar.

Refiere que la paciente se encontraba en el piso de la cocina, y que si bien no hablaba, respondía claramente al llamado de su nombre con gesticulaciones. Adiciona que la revisó completamente y elaboró un diagnóstico presuntivo de crisis nerviosa, descartando patología orgánica.

Advierte que ello se encontraba apoyado en los antecedentes médicos suministrados por la madre de la paciente, como ser que estaba tomando un antibiótico para un cuadro de bronquitis y tenía alteraciones tiroideas, padeciendo jaquecas que motivaron la realización de una tomografía con resultado normal, estudio que no le fue acercado, y que tenía problemas familiares con discusiones previas ese día.

Esgrime que al haberse dictado auto de falta de mérito en sede penal, ello conlleva la existencia de cosa juzgada, impidiendo absolutamente la condena en sede civil.

Aduce que la gravedad del cuadro revelado por la autopsia da cuenta de la imposibilidad de su evitación por cualquier acción terapéutica, y que el fármaco administrado no incidió en modo alguno en la patología de base.

Finaliza advirtiendo que la eventual indemnización que se otorgara debería ser a título de pérdida de chance y, en relación al coactor M. M., siempre que exista prueba del concubinato.

Ofrece pruebas.

3. A fs. 44 y ss. comparece y contesta demanda la coaccionada Municipalidad de Rosario, efectivizando negativa de estilo.

Reconoce la ocurrencia del hecho, así como las circunstancias de personas, tiempo y lugar.

Manifiesta que el cuadro que padecía la occisa era irreversible desde su comienzo y sin posibilidades terapéuticas, por lo que la intervención de la médica no reviste gravitación causal con el fallecimiento.

Ofrece pruebas.

4. Proveídas las pruebas (fs. 52 y 65), constan como producidas en autos las siguientes: a) informativas: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (fs. 263), Administración Federal de Ingresos Públicos (fs.265), y Municipalidad de Rosario (fs. 280 y ss.); b) periciales: médica (fs. 102 y ss., ampliada a fs. 271 y ss., y fs. 583 y ss., ampliada a fs. 721 y ss.); c) testimoniales: A.M. (fs. 416), y M. A. B. (fs. 416 vta.); y d) instrumental: los caratulados “A., S. L. s. Homicidio Culposo. Víctima: A. L. P.”, Sumario Nro. 1712/1999, que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Cuarta Nominación de Rosario.

Designada la audiencia a los fines del art. 555, CPCC (fs. 262, 714 y 725 vta.) y habida la misma (según dan cuenta las actas de fs. 416 y ss., 721 y ss. y 726), quedan los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

Y CONSIDERANDO:

1. Liminarmente ha de tenerse presente que los accionantes reclamaron su pretensión ante la Administración, en cumplimiento de la exigencia legal del art. 1° de la Ley de Defensa en Juicio del Estado (Nro. 7.234, texto según ley Nro. 9.040), pretendiendo se los indemnice por los daños causados que aquí reclaman (fs. 280 y ss.).

La codemandada Municipalidad de Rosario rechazó el reclamo impetrado (Resolución Nro. 370, de fecha 24.07.2011, en copia certificada a fs. 370 y vta.), quedando así expedita la vía judicial (arg. art. 1° citado).

2. Cabe indicar, como previo al análisis de los hechos expuestos por los actores, que en el proceso penal (Sumario Nro. 1712/1999) se ha dispuesto el sobreseimiento de la codemandada S. L. A., en función de lo previsto por el art. 356 inc. 2°, Código Procesal Penal (Resolución Nro. 1788, de fecha 31.07.2002, a fs.139 del Sumario).

Al respecto debe destacarse que, si bien esgrime la demandada que, al haberse dictado sobreseimiento en sede penal, ello conlleva la existencia de cosa juzgada impidiendo absolutamente la condena en sede civil, lo cierto es que los diversos trámites habidos en sede represiva obstan a tal conclusión, puesto que en el Sumario penal no recayó sentencia, sino que toda referencia vertida fue en el estado de provisionalidad que requería el grado de avance del proceso.

En efecto, a fs. 42 y ss. del Sumario penal luce la Resolución Nro. 2436, de fecha 09.09.1999, por la cual se dictó Auto de falta de mérito, que en modo alguno obsta a la decisión en esta sede, puesto que no niega la existencia del hecho principal, sino que requiere una mayor indagación al respecto.

A fs. 86 del Sumario penal, se revoca el Auto precedente a través de la Resolución Nro. 2627, de fecha 14.08.2001, procesándose a la codemandada por proveído de fecha 14.08.2001 (fs. 87), y rechazándose la revocatoria impetrada a través de Auto Nro. 2747, de fecha 30.08.2001, que luce a fs. 103 y ss.

Revocado por la mayoría en Alzada el procesamiento de la imputada (Auto Nro. 285, de fecha 08.11.2001, fs. 124 y ss. del Sumario penal), se resolvió dictar nuevo Auto de falta de mérito (Resolución Nro. 171, de fecha 25.02.2002, fs. 130) que, transcurrido el tiempo previsto en el art. 202, CPP, se transformó en sobreseimiento por art. 356 inc. 2°, CPP (Auto Nro. 1788, de fecha 31.07.2002, fs.139).

Nótese que las circunstancias procedimentales relatadas franquean esta instancia civil, toda vez que no constituyen negación de la existencia del hecho principal ni de la intervención de la imputada, sino que proponen una mayor investigación que, ausente en tal procedimiento, conllevó el sobreseimiento por vencimiento de los plazos procesales.

Es por lo expresado que tal decisión firme permite al Tribunal Civil examinar la responsabilidad de la hoy codemandada en el hecho, por la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y civil, extremo que se hace constar expresamente por la disposición contenida en el art. 1103, CC.

3. De las constancias probatorias rendidas, que se evaluarán bajo la perspectiva de dilucidar sólo los aspectos controvertidos dado que las cuestiones admitidas no requieren prueba (arg. art. 145, CPCC; cf. C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re “MEDINA, Santa Teresa c. Techint S.A. -Daños y Perjuicios- s. Recurso de Inconstitucionalidad”, en A. y S., tomo 105, págs. 207/212), surge lo siguiente.

3.1. Narró ante la preventora L. M. P. que “Tengo una hermana de nombre A. L. P., de 44 años de edad (.). Mi hermana era soltera y tiene un hijo de seis años de nombre L. M. (.) mi madre E. D. F., de 69 años de edad, hace un mes estaba viviendo en la casa de mi hermana y me llamó telefónicamente a eso de las 16.30 horas aproximadamente informándome que mi hermana había sufrido un desmayo en su departamento y de inmediato concurrí a su domicilio, cuando llegué a su departamento la estaban atendiendo el personal del SIES, que vino en la ambulancia N° 18, entré y me encuentro con una doctora que la estaba atendiendo a mi hermana que estaba caída en el suelo, entre la cocina y el comedor.Que mi madre me contó que estaban tomando mate tranquilas y que mi hermana fue a vomitar al baño y cuando volvió en el camino se desmayó quedando en el lugar donde la estaba atendiendo la doctora ésta, hablé con la doctora y ella me dijo “tiene una crisis de nervios y le voy a inyectar un medicamento que la va a hacer dormir hasta el otro día”, le pregunté si era necesario internarla y ella me dijo “no es necesario, así está bien”, le pusieron una inyección con un líquido en la nalga y esperaron un rato según ellos para ver si le hacía alguna reacción, pero mi hermana estaba como dormida, no recobraba en sí. Antes de irse la ambulancia la levantaron a mi hermana y la acostaron en la cama del hijo. Yo me quedé en la cocina y a cada rato entraba a la pieza a ver a mi hermana, ya a eso de las 21.30 horas es cuando veo que mi hermana tenía los labios morados y me asusté demasiado pensando que estaba realmente grave, un vecino llamó por teléfono al SIES y vino otra vez el móvil N° 18 pero había cambiado la gente que vino, ahora eran un doctor y otro hombre, entraron a la pieza, me hicieron salir y a los pocos minutos salier on y me dijeron que había fallecido, de inmediato cuando les dije que había venido por la tarde una médica en la ambulancia que los trajera a ellos, como así lo que le habían inyectado ellos dijeron “habrá tomado algo y le produjo la muerte”, cosa que es mentira porque mi hermana no tomaba medicamentos y desde que la atendiera la doctora del SIES ella no recobró el conocimiento (.) tengo la ficha de atención médica y está firmada por la doctora que según se lee se llamaría A., matrícula 13.567 (.)” (fs. 22 y ss., Sumario penal).

La madre de la occisa, E. D.F., relató que “en el mes de mayo del corriente año me fui a vivir con mi hija la que en vida se llamara A. L. P. de 44 años de edad (.) la misma varios días atrás a los hechos había estado con bronquitis pero se curó bien, y el día 05.07.1999 nos levantamos y ella fue a llevar a su hijo de seis años a la escuela, luego al mediodía lo fue a buscar, almorzamos (.) luego de esto ayudó a su hijo a hacer las tareas y terminado esto y como el nene se quería acostar lo hizo junto a él ya que ambos a su vez a la mañana se levantaban temprano, pero estaba bien, se levantó a eso de las 16.30 horas y nos pusimos a tomar mate con galletitas aunque ella no comió, tomó dos o tres mates y me dijo que se sentía descompuesta, se levantó porque tenía ganas de vomitar, fue a vomitar y en eso cayó descompuesta al suelo de la cocina, que ante esto le pido ayuda a unos vecinos, quienes llamaron a la casa de mi otra hija L. M. P., donde los atendió mi nieta, que luego de varios minutos llegó una ambulancia de emergencias del SIES la que después supe que había llamado mi nieta dado que mi hija no tenía obra social y cuando éstos estaban atendiendo a A. llegó M. quien se hizo cargo de la situación, y la que me preguntó si había discutido con A. dado que según la médica del SIES le dijo que lo que A. había sufrido era una crisis de nervios, a lo que le dije que no y que había estado lo más bien todo el día, que por lo que sé le aplicaron un calmante con el que supuestamente iba a reaccionar pero iba a dormir todo el día y allí la gente del SIES se retiró, que a cada rato L.controlaba a su hermana, pero a eso de las 23 horas la ve con los labios morados, a lo que se asustó y llamó a otra ambulancia del SIES, la que al arribar a los minutos ya con otro médico nos dijo que mi hija había fallecido siendo todo cuanto pasó; haciendo constar que desde que estuvo con bronquitis a que pasó lo narrado transcurrieron unos diez días y nunca manifestó haber estado con problemas y la notaba muy bien ya que hacía sus cosas normales, es decir, llevar e ir a buscar al nene al colegio, limpiar y otras cosas más, que era una chica muy reservada con carácter más bien tranquilo, que en los últimos días no la noté para nada nerviosa, que por la bronquitis se hizo tratar en el Hospital Clemente Álvarez donde le dieron los antibióticos” (fs. 33 y vta., Sumario penal).

La médica codemandada, por su parte, aseveró que “A mí me llaman por el handy a las 17.50 horas del día martes 05 de julio, y me pasan un auxilio como pérdida de conocimiento (.), llego al domicilio con el chofer de la ambulancia (.) y una practicante (.) y me encuentro con una mujer tirada en el piso de la cocina. Creo que estaba la puerta abierta y entro, me dirijo hacia la cocina y comienzo el examen físico de la paciente, lo que implica una evaluación completa de la persona y después que termino la primera evaluación física llego al diagnóstico de crisis nerviosa descartando patología orgánica, a ese diagnóstico arribo porque indago a la familia y me refieren problemas familiares y discusión previa. Creo que hablé con la madre de la paciente, era una señora mayor.Dentro de la indagación a la familia la mamá me refiere que su hija se realizó una tomografía por indicación del especialista, pero no me confirmaron el tiempo, le pido a la mamá el estudio, no lo tiene en ese momento, le pregunto cómo es el resultado del estudio y me dice normal. En ese momento le pido al chofer que traslade a la paciente a la habitación y la recueste en la cama; la paciente no estaba inconsciente y le realizo una segunda evaluación coincidiendo con el mismo diagnóstico, le hago una medicación consistente en Diazepam -una ampolla- intramuscular, que es la medicación indicada para las crisis nerviosas, esperamos unos minutos y nos retiramos del lugar después de (.) más de media hora de estar en el domicilio haciendo las evaluaciones correspondientes. La medicación es un relajante por lo cual la paciente quedó sedada. Y luego nos retiramos del lugar. Quiero aclarar que durante las dos evaluaciones que le practiqué la paciente presentaba pupilas isocóricas y reactivas, y movilizaba los cuatro miembros. Si yo le pedía que me presione una mano o mueva una pierna lo hacía, ella no hablaba, gesticulaba. Yo no le noté nada notorio en su aspecto físico que me llamara la atención (.) ambos exámenes físicos fueron exhaustivos y se constata la normalidad de los signos vitales y la normalidad de su estado físico; indico a los familiares control con el médico de cabecera apenas la paciente se recupere (.). Durante el examen a la paciente indago a la mamá sobre los antecedentes médicos de su hija, y me dijo que estaba tomando un antibiótico -Klaricid- claritromicina es el nombre de la droga, para un cuadro de bronquitis, me refiere también alteraciones tiroideas sin saberme precisar cuál, alérgica a la penicilina y jaquecosa motivo por el cual se realiza la tomografía. Cabe destacar que al examen físico no encuentro foco neurológico ni signo que me haga pensar en una internación (.)” (fs. 5 y ss., Sumario penal).

3.2.Sobre la causa de muerte, concluyó el informe de la autopsia que “se debió a accidente cerebro vascular hemorrágico. Atento la afección del tallo encefálico y la masividad de la hemorragia que trasuntan los hallazgos la causal de muerte irreversible desde su comienzo y sin posibilidades terapéuticas” (fs. 7 vta., Sumario penal).

Se adicionó luego “la existencia de profusa hemorragia meníngea en región basilar, que incluye algunos vasos, no detectándose alteraciones específicas de los mismos. El parénquima presenta vasocongestión. (.) Hemorragia meníngea, de localización preferentemente basilar” (fs. 41, Sumario penal), refiriéndose que “el proceso es agudo y que se produjo en un solo tiempo (.) se trata de una hemorragia subaracnoidea aguda, con menos de treinta minutos de evolución” (fs. 80, Sumario penal).

3.3. Practicada Junta Médica en sede penal, se concluyó lo siguiente.

En cuanto a la gravedad del cuadro que presentaba la occisa refieren que “No todos los accidentes cerebro vasculares terminan en la muerte, dependiendo de la topografía donde se asienta la hemorragia y de la magnitud de la misma (.) un accidente cerebro vascular hemorrágico masivo con hemorragia subaracnoidea y lesión del tronco encefálico aparenta pronóstico desfavorable por la magnitud descripta y el compromiso de la región de la base” (punto 2, fs. 81, Sumario penal), y que “Resulta innegable que en el caso de haber existido un diagnóstico oportuno podrían haberse tomado medidas destinadas a detener o minimizar las consecuencias de la patología. A estar al informe de la localización y tiempos de instalación del proceso hemorrágico podrían estimarse como de resultado dudoso dichas medidas terapéuticas” (punto 5, fs.82, Sumario penal).

Como se evidencia de las respuestas pretranscriptas, la Junta Médica desmintió que se tratara de un cuadro irreversible y sin posibilidades terapéuticas, como se sostuvo en el informe necrópsico, haciendo alusión ahora a uno de pronóstico dudoso, en plena consonancia con la pericial médica rendida en sede civil.

En relación al tiempo de evolución de la patología, la respuesta sólo transcribe lo dicho por el informe anatomopatológico, sin brindar ningún análisis ni fundamentación al respecto (punto 2, fs. 81 vta., y punto 6, fs. 82, Sumario penal), lo cual desmerece la conclusión arribada. Volveremos sobre el particular al analizar la pericial rendida en sede civil.

En lo que atañe a la conducta de la médica codemandada, explicitan que “Aparece como razonable sospechar la existencia, al menos como diagnóstico diferencial, de una patología de naturaleza neurológica en un cuadro como el descripto, lo que de por sí y en relación a la importancia de la signosintomatología detectada puede indicar la necesidad de internación” (punto 7, fs. 82 vta., Sumario penal), agregando en cuanto a los exámenes semiológicos destinados a evaluar un cuadro neurológico, que “La planilla del SIES obrante a fs. 24 evidencia omisiones al respecto” (punto 8, fs. 82 vta., Sumario penal).

Esta conclusión que se apunta no resulta diferente de la arribada en la pericial médica rendida en esta sede civil, como se verá seguidamente.

El único punto francamente discordante respecto a la experticia civil, es que la Junta Médica rendida en sede penal asevera que “Una ampolla de Diazepam no puede enmascarar el cuadro neurológico de un accidente cerebrovascular severo” (punto 9, fs. 82 vta., Sumario penal).

3.4. En sede civil se rindió pericial médica que, más allá de los efectos del Diazepam en relación al cuadro que padecía la occisa, en términos generales coincide en lo sustancial con la Junta Médica penal.

3.4.1.En efecto, en lo que respecta a la gravedad del cuadro que presentaba la paciente, indicaron los expertos que “un accidente cerebro vascular hemorrágico masivo con hemorragia subaracnoidea y lesión del tronco encefálico aparenta pronóstico desfavorable por la magnitud descripta y el compromiso de la región de la base” (punto 2, fs. 585), dejando en claro que “hablar de que el cuadro es irreversible desde el inicio desde el enfoque de una autopsia, solamente es admisible si se considera que el paciente será dejado librado a su suerte como en el caso de la occisa (.) los pronósticos se modifican permanentemente, siempre y cuando el mane jo de los pacientes sea el adecuado” (punto 4, fs. 592 vta.).

Añadieron luego los expertos que la patología que aquejaba a la fallecida era “Muy, muy grave. Y debería haber sido tratada (.) algunos pacientes, pocos, se tratan y se curan, quedan con secuelas (.) no se puede volver para atrás. Se hubiera podido atenuar, si a esta señora la hubieran llevado, depende de la situación de la hemorragia, cuando abren el cerebro y mira el cirujano, ve qué sector del cerebro tiene afectado. Pero la gravedad del cuadro está relacionada con el tiempo de espera para el inicio del tratamiento. Es un cuadro que, declarado, es grave desde el principio, desde el momento en que se rompió el vaso. (.) [El tratamiento es] quirúrgico, depende de la tomografía. Hay que descomprimir el cerebro y de acuerdo a la localización de la lesión vascular se decide (.), [aunque también] se tratan con medicamentos, manteniendo la presión baja para que no haga hemorragia, embolización (esta sí es una práctica quirúrgica), ello si el paciente estuviera en condiciones, pero no en un paciente que se va agravando” (fs. 723 vta.), que “Nunca hay causa irreversible sin tratamiento. La medicina está para usarla en el tratamiento más indicado.En cualquier cefalea postraumática con inyecciones hipertónicas se desedematiza el cerebro (.) es distinto cuando ve un paciente ya muerto que cuando lo ve vivo, acá fue irreversible porque no tuvo tratamiento. No se hizo nada de lo que debería haberse hecho, y en consecuencia, murió. Pero si se hubiese hecho algo, hubiera podido revertirse ello” (fs. 724), que “La hubieran operado a lo mejor y si no estaba lesionado suficientemente el cerebro, se recuperaba” (fs. 724 vta.).

Como puede apreciarse, la irreversibilidad del caso que el informe necrópsico y el anatomo patológico postulan en términos absolutos, se relativiza a situaciones en las cuales los pacientes no han tenido atención médica adecuada, a tenor de lo informado por la Junta Médica penal y la pericial médica rendida ante este órgano jurisdiccional.

3.4.2. Otra cuestión a ser dilucidadada es el tiempo de evolución de la patología desde su instalación, que la necropsia estima en 30 minutos, la Junta Médica penal no analiza críticamente, y la pericia civil se encarga de desmentir enfáticamente.

El dictamen médico civil se explayó sobre el particular, aseverando que “En las pericias forenses consta que la hemorragia que presentara la occisa y ocasionara su deceso se produjo 30 minutos antes de su fallecimiento, esta afirmación es difícil de realizar anatomo-patológicamente en un cerebro fijado en formol aproximadamente 40 días después” (punto 2, fs. 591 vta. y ss.), que las “descripciones anatomo-patológicas no permiten determinar si la hemorragia se produjo en un tiempo o en más tiempos, y menos aun si se produjo 30 minutos antes del deceso de la occisa, puesto que en ninguna parte [del informe rendido en sede penal] (.) se fundamentan estas afirmaciones” (punto 1, fs.594), que “La evaluación de tiempo y modo como se produce una hemorragia subaracnoidea no es de esperar que se realice en un cerebro fijado en formol, si no que se trata de una evaluación inmediata en autopsia y una inmediata biopsia de tejido cerebral a los efectos de determinar si se ha producido y cómo la actividad de los macrófagos respecto de la hemosiderina de la sangre” (punto A, fs. 595 vta. y ss.), que “la presencia de coágulos y edema cerebral evidencia que la afección se produjo lentamente, dando tiempo a que se produjera la coagulación de la sangre de la hemorragia cerebral, y a que se produjera un edema cerebral por alteración de la hemodinámica de la circulación cerebral, con la consecuente compresión de éste y del tronco cerebral, lo que ocasionó el fallecimiento consecuente por paro respiratorio y posterior paro cardíaco” (punto B, fs. 598), que “los informes forenses de la ciudad de Rosario carecen de fundamentos suficientes como para determinar que la hemorragia cerebral que presentara la occisa se produjo en un solo tiempo y además que presentaba una antigüedad de no más de 30 minutos, por el solo hecho de que se afirma, sin explicar cuáles son los motivos por los que se arribó a esa conclusión” (punto A, fs. 599 vta.), que “Se ha considerado en el informe pericial que la afirmación de que la hemorragia que ocasiona la muerte de la occisa se hubiera producido en un solo tiempo y 30 minutos antes de la muerte careciendo de fundamentaciones, por lo tanto no puede tenerse en cuenta como dato válido para la evaluación del hecho” (punto a, fs. 600), que “Los hallazgos de autopsia no permiten en absoluto determinar la evolución de la afección de la occisa en las últimas tres horas de vida” (punto e, fs.600 vta.), que “la presencia de coágulos y el edema cerebral que presentaba la occisa revela un cuadro que evolucionó en un lapso de tiempo, que hubiera sido confirmado por dos estudios que no se realizaron, porque no obran en autos, y que todo Médico Legista debe conocer perfectamente para determinar el lapso en que permaneció la sangre fuera de los vasos cerebrales y si hubo o no agonía antes de fallecer” (punto 3, fs. 601), que “la afirmación de que la occisa haya presentado un cuadro súbito, violento y único de hemorragia subaracnoidea (.) no se encuentra en absoluto probado (.). La occisa no tenía un cuadro como el descripto en el momento en el que fue examinada por primera vez, pero de las características del cuadro que presentaba se podía seriamente inferir que se trataba de un cuadro neurológico que debía ser estudiado en forma inmediata” (punto b, fs. 601), que “no se debe partir de la base de que la occisa presentó un cuadro súbito, violento y único de hemorragia subaracnoidea” (punto 5, fs. 601 vta.), que “no se entiende para qué enviaron un trozo de hígado de una fallecida en la que era importantísimo determinar la causa de la muerte y si ésta se había instalado con o sin agonía. Practicando, aprovechando que se poseía un trozo de hígado, una docimasia hepática” (punto 1, fs. 603).

Continuaron puntualizando los expertos en la audiencia de trámite que “la duda está en el momento en que dice se produjo la hemorragia, porque cuando uno encuentra (.) caída al suelo la sangre se acumula, encontramos una masa de coágulo, que empiezan a producirse a los 10 minutos, acá hay coágulos en los ventrículos y sangre líquida en la parte posterior. No podemos decir que se produjo en un solo momento sino que continuó el proceso hasta que se produce la autopsia, que dice que ocurrió dentro de los 30 minutos, no hay un reloj para decir eso.La duda estaría en la hora en que se empezó a producir el ACV. Habría que sacar lo de los 30 minutos, no estamos en condiciones de emitir una respuesta porque este cerebro está formolizado. (.) No tenemos elementos indicativos del momento justo, el anatomopatólogo examinó el cerebro 40 días después (.). La dosimasia hepática es para saber si un paciente muere con agonía o no, una enfermedad que se prolonga en el tiempo y va matando, si hubieran querido saber algo más se hubiera hecho la dosimasia hepática, es la dosificación del glucógeno en el hígado, esto en la autopsia no se hizo. (.) El anatomopatólogo no está en condiciones de fijar tiempos, no puede decir 40 días después (.) que “esto fue en 30 minutos”, permite aun después de 40 días fijar la causa de muerte, pero no fijar tiempos (.). Los tiempos dependen de muchas cosas, por ejemplo en el momento de una hemorragia, los macrófagos (.) comen elementos figurados de la sangre, aparecen los macrófagos llenos de esos elementos, si fuera muy rápido no tienen tiempo de comer los elementos figurados, pero eso se debe analizar en el momento, no 40 días después, donde el tejido en formol se coagula. Afirmamos que una anatomía patológica hecha sobre una muestra de 40 días puede diagnosticar patología pero no tiempos, en cuánto tiempo se instaló (.)” (fs. 723 y vta.).

Más allá de la contundencia de las conclusiones periciales que ya bastan para desestimar el informe de la Junta Médica penal en lo atinente al punto, también debe destacarse lo siguiente.

El art. 199, CPCC, reserva al Juez la facultad de evaluar el mérito probatorio pericial, al señalar que no está obligado a seguir el dictamen y deberá apreciarlo según su criterio.

Huelga decirlo, la facultad recién mencionada no significa que ésta se inscriba en la libre convicción sino que debe ceñirse a las reglas de la sana crítica (C.S.J.P.S.Fe, “NOGALÓ, José c.Swift Armour”, en A. y S., tomo 103, pág. 241).

Para que la ponderación del sentenciante no devenga arbitraria, entre otras pautas, señaló el máximo Tribunal local que “debe atenerse a las conclusiones fundadas de los peritos, aunque examinando la motivación, pues el juez abdicaría de su facultad de juzgar en caso contrario”. También se aludió allí a las reflexiones de Lino Palacio, conforme las cuales el apartamiento “no necesita apoyarse en consideraciones de orden técnico, debe fundarse en un análisis crítico de las opiniones del perito, confrontándolas con los restantes elementos de juicio obrantes en el proceso”.

Queda claro, entonces, que el juzgador puede, pero sólo a condición de emitir un juicio fundado, apartarse de las conclusiones del experto, las que no son vinculantes por sí mismas sino en la medida en que estén motivadas científicamente y no colisionen con el resto de los elementos de convicción de la causa.

El informe de la Junta Médica penal no tiene motivación científica en lo atinente al punto, habida cuenta que sólo transcribe el informe autópsico (que tampoco está motivado en relación a la cuestión), y su respuesta colisiona con la pericial médica rendida en sede civil, la que se muestra apoyada en fundamento científico suficiente (indica que resulta imposible estimar el tiempo de progresión de la patología por falta de práctica de exámenes preteridos que refiere).

Pero como si con lo antedicho no bastara, lo cierto es que, reconoció la propia médica codemandada, en oportunidad de su declaración ante el órgano jurisdiccional represivo, que estuvo “más de media hora” en el domicilio de la paciente.

A ello cabe adicionar el tiempo que insumió su arribo desde que fuera convocada por los familiares (L. M. P. refiere que recibió llamada de su madre a las 16.30 horas, y la médica coaccionada que fue notificada a las 17.50 horas, lo que coincide con la planilla de fs.24, Sumario penal), por lo que si su intervención duró más de media hora, eso nos lleva aproximadamente a las 18.30 horas (si es que asumimos que en diez minutos llegó a destino).

La única respuesta que permite conciliar cronológicamente la versión de la demandada al informe autópsico, no es otra que la paciente sufrió dos afecciones diversas sucesivas en el mismo día: una crisis nerviosa primero, un accidente cerebro vascular fatal y repentino después.

¿Podría ello por azar haber sucedido así?

El principio de economía formulado por Guillermo de Occam (circa 1280-1349) y retomado por Bertrand Russell (1872-1970), modo de razonar que también integra la sana crítica racional, establece que si un fenómeno puede explicarse sin suponer entidad hipotética alguna, no hay motivo para suponerla. En tal sentido, siempre debe optarse por una explicación en términos del menor número posible de causas supuestas.

Bajo tal coordenada, la hipótesis de la accionada requiere asumir que los síntomas respecto de los que se anotició oportunamente (falta de habla, vómito, pérdida de conocimiento), que los peritos relacionan directamente con una afección neurológica (como se verá seguidamente), se debieron por el contrario a una crisis nerviosa (circunstancia no avalada por ninguna de las probanzas rendidas), que habría precedido en un lapso de horas a un accidente cerebro vascular hemorrágico repentino y fatal, patología productora de síntomas análogos.

Y ello implica suponer una casualidad significativa sin prueba alguna (inteligencia que este Tribunal descarta de plano): que la sintomatología detectada se debió a dos patologías diferenciadas, que acontecieron sucesivamente, en el lapso de aproximadamente 3 horas, a la misma persona.

En suma, no resulta conciliable, sin adicionar supuestos sin prueba, el relato de la codemandada con la referencia del informe autópsico, y sí con la de los peritos médicos actuantes ante este órgano jurisdiccional, por lo que será esta última la conclusión a tener por cierta.

3.4.3.Fijados los hechos de la manera indicada, se analizará la conducta de la galeno codemandada.

Aquí coinciden tanto la Junta Médica penal como la pericial rendida ante este Tribunal.

En efecto, asevera el cuerpo pericial penal que “Aparece como razonable sospechar la existencia, al menos como diagnóstico diferencial, de una patología de naturaleza neurológica en un cuadro como el descripto, lo que de por sí y en relación a la importancia de la signosintomatología detectada puede indicar la necesidad de internación” (punto 7, fs. 82 vta., Sumario penal), agregando en cuanto a los exámenes semiológicos destinados a evaluar un cuadro neurológico, que “La planilla del SIES obrante a fs. 24 evidencia omisiones al respecto” (punto 8, fs. 82 vta., Sumario penal).

Y en esta sede civil, afirmaron los peritos intervinientes que “Aparece como razonable sospechar la existencia, al menos como diagnóstico diferencial, de una patología de naturaleza neurológica en un cuadro como el descripto, lo que de por sí y en relación a la importancia de la signo-sintomatología detectada hubiera indicado la internación inmediata en un Servicio de Neurocirugía de Urgencia” (punto 7, fs. 586 vta.), que “La planilla del SIES obrante a fs. 24 evidencia omisiones” (punto 8, fs. 586 vta.) en relación a los exámenes semiológicos destinados a evaluar un cuadro neurológico, considerándose “que los datos médicos que constan en este informe evidencian omisiones para determinar que se le realizó a la occisa un examen neurológico completo” (punto c, fs. 602 vta.), pero que “solamente con los signos y síntomas descriptos en ella hubiera sido suficiente como para trasladar a la occisa a un centro especializado” (punto 8, fs.593 vta.).

Agregan que “Todo médico encargado de la atención de urgencias debe encontrarse capacitado para realizar diagnósticos de urgencias neurológicas, y si no, ante la simple duda de que se trate de un caso de esas características, debe trasladar al paciente y depositarlo en un centro especializado para que se dilucide el diagnóstico y el adecuado tratamiento” (punto 7, fs. 593), que “no es lo mismo que un paciente fallezca en una Unidad de Terapia Intensiva después de haberle hecho todos los estudios de diagnóstico, los controles correspondientes y los tratamientos adecuados para tratar de revertir el cuadro que presente, a que fallezca en su domicilio sedado después de haber sido examinado por un profesional que según él mismo relata lo/la encontró con pérdida de conocimiento, habiendo vomitado y que respondía al dolor, signos estos que evidencian hasta que se pruebe lo contrario un cuadro neurológico grave, y menos aun que éste le aplique un sedante como el Diazepam que le deprimirá el sensorio y evitará que los familiares noten que el paciente presenta una profundización del sensorio y sea mandatario volver a pedir un auxilio médico” (punto E, fs. 598 vta. y ss.), que antes del episodio la paciente “se encontraba tirada en el suelo de su domicilio y había vomitado, dos síntomas eminentemente neurológicos, y fue tratada con la administración de 10 mg. de Diazepam intramuscular y nada más, a pesar de que los familiares de la occisa le habían informado a la profesional tratante que le habían solicitado un estudio cráneo-encefálico por TAC. Si esto no es suficiente para inferir en forma inmediata que la occisa ya estaba cursando por un cuadro neurológico que debía ser estudiado en un centro especializado, se considera que seguiremos observando realizar estos diagnósticos por autopsia” (punto 6, fs.602), que “los signos y síntomas que presenta un paciente durante una hemorragia meníngea no se manifiestan al inicio, sino que se van instalando a medida que la hemorragia va comprimiendo al cerebro, pero cuando están presentes es otra la situación en la que debe manifestarse el estado de médico y realizar todo cuanto se pueda en el lugar del examen, y si esto no es suficiente acudir al lugar adecuado antes de que los acontecimientos sean irreversibles (.) refieren al hecho de haber tenido conocimiento por las constancias de autos, de que a la periciada se le había solicitado un estudio por imágenes cráneo-encefálico (aunque éste hubiera sido normal), el hecho de que se encontraba tirada en el piso con vómito alimenticio, a que respondiera a estímulos dolorosos, a que no se encontraba alerta ni respondía a estímulos verbales, síntomas menores que hubieran determinado el traslado inmediato de la occisa a un centro especializado” (punto b, fs. 602 vta.), que “los síntomas que presentaba la periciada cuando fue examinada por la médica de urgencia eran suficientes como para diagnosticar una afección neurológica en la occisa (.) en el momento en que fue examinada ya presentaba una hemorragia meníngea” (punto 2, fs. 603 y vta.), y que la médica actuante “tenía más de un fundamento a su favor para justificar una internación a la occisa en una institución (.) especializada en forma inmediata” (punto 3, fs. 603 vta.).

De todo lo informado pueden extraerse varias manifestaciones de culpa que han de serle imputadas a la codemandada, en los términos de los arts.902 y 1109, CC.

La primera, el actuar de la codemandada fue imperito, toda vez que no reconoció los síntomas de un grave accidente cerebrovascular hemorrágico (vómito, pérdida de conocimiento, falta de habla), y los interpretó como relativos a una crisis nerviosa cuyo acontecimiento constituye un supuesto no acreditado.

La segunda, el actuar de la demandada fue negligente, pues restó importancia a datos que se evidenciaban significativos (como ser, los síntomas precitados y la existencia de una previa tomografía computarizada) y reveladores de una patología neurológica, no haciendo constar la práctica de maniobras diagnósticas requeridas en la planilla de atención (lo que conlleva presumir su ausencia).

La tercera, el actuar de la demandada fue imprudente, puesto que ante la mera duda (va de suyo, no se le exigía certeza) de la existencia de un cuadro de tal gravedad, se imponía la inmediata internación de la paciente.

Así, la pericial médica civil concluyó que “de haberse hecho un diagnóstico oportuno desde el punto de vista clínico, se tendrían que haber practicado inmediatamente los estudios neurológicos necesarios en un centro neuroquirúrgico adecuado, a los efectos de localizar la lesión que presentaba la paciente y determinar la inmediata posibilidad de practicarle un tratamiento quirúrgico para mediante una craneotomía minimizar la compresión cerebral intracraneal y con ello tratar de salvarle la vida a la paciente” (punto 5, fs. 586), que “Es inadmisible que la paciente no haya sido inmediatamente internada a los efectos de que en un centro especializado se hubieran tomado las medidas diagnósticas y terapéuticas adecuadas” (punto 9, fs.587), que la “paciente en el momento en el que fue asistida se encontraba (.) en peligro de vida, lo que significa que se encontraba en un estado tal que si no se tomaban urgentemente las medidas médicas terapéuticas adecuadas perdería su vida, esa es la razón por la cual la internación inmediata de todo paciente con signos neurológicos con pérdida progresiva del sensorio es lo indicado en un servicio de urgencia médica” (punto 2, fs. 594 vta.), que “es inadmisible que no se hayan tomado las medidas preventivas a los efectos de detectarlas cuando aun no se habían generado lo que hubiera determinado que la afección se encontraba en curso fatal; como fue en el momento en que la occisa fue exami nada por primera vez. De ese modo se hubiera evidenciado que el servicio médico de urgencia se encontraba capacitado para trasladar rápidamente a un paciente en estado posiblemente crítico, o en vías de estarlo, a un centro donde se tomaran a través de los medios adecuados, todas las medidas de diagnóstico y tratamiento necesarias” (punto 3, fs. 594 y vta.), que “a esta altura de los acontecimientos en que se conoce todo lo que ha pasado, que se encuentra más que fundado el hecho de que la occisa debía haber sido trasladada a una Institución Asistencial donde se la hubiera podido estudiar y tratar con los parámetros que se mencionan en el informe pericial, y más aun con la cantidad de estos centros que existen en Rosario y con una ambulancia en la puerta de su casa. Si con los estudios en la mano se hubiera probado que la occisa tenía solamente un acceso de nervios, todo hubiera pasado y al día siguiente hubiera regresado a su domicilio, pero si como era de esperar y como pasó, se hubiera puesto en marcha toda la mecánica de tratamiento ya preestablecida hubiera sido eventualmente posible salvarle la vida” (punto C, fs.598 vta.).

Avalando la calificación legal precedente, agregaron los expertos en la audiencia de trámite que “Si hay una mujer tirada en el suelo (.) que está obnubilada, que responde al dolor, en un coma prácticamente, no se le da un sedante, sino que primero, repasando los síntomas genéricos de daño cerebral, por ej. si le dobla el cuello y flexiona la pierna, una hemorragia en fondo de ojo, lo que se hace es ver esos signos, cargarla en la camilla y llevarla a una sala de terapia intensiva para que la atiendan neurocirujanos, lo más importante en el tratamiento es proteger, que no haga un paro respiratorio que es lo que ocurrió acá, la mujer hizo un paro porque estaba acostada, y la sangre se le fue al tronco cerebral, que controla la respiración. Al verle los labios morados se llamó nuevamente a la asistencia médica. Los labios se ponen morados cuando hay un paro respiratorio. Como el corazón sigue latiendo manda la sangre a todo el organismo y allí aparecen los labios morados, no pálidos, que se producen cuando hay paro cardiorrespiratorio. Una vez que llega a la sala de terapia intensiva, los médicos que la tratan y la tienen controlada, los controles cardíacos y respiratorios, se prepara a la paciente para hacerle una tomografía computada, que es la que mejor define una hemorragia cerebral. Y si detecta la tomografía una hemorragia, que en un 75 % es por aneurisma, se determina una cirugía para descomprimir el cerebro (.) No lo sabemos [si se hubiera salvado]. Transcurrieron 4 horas y 50 minutos entre que la vio la médica y se confirmó el óbito. En ese tiempo se puede abrir el cerebro. (.) [En caso de tener un paciente con ese cuadro, lo que debe hacerse es] cargarla en una ambulancia y llevarla a un centro de alta complejidad. Y hacerle una tomografía para descartar. (.) Ni siquiera le dijeron que llame si tenía algo en especial, le inyectaron Diazepam y la acostaron en la cama.Los familiares dijeron que tenía cefalea y pidieron una tomografía, y no le dijeron nada. Además tenía hipertensión. No era el caso de una crisis nerviosa, con patadas, gritos. No era. Cayó porque no le llegó sangre al cerebro. Esa hipertensión había que tenerla en cuenta, con cefalea, vómito, etc. Si muere en el hospital, uno cumplió con el deber de darle chance (.). [Los signos clínicos daban para pensar en un accidente cerebro vascular], tenía cefalea, tenía antecedente de haberse hecho tomografía, que nunca vimos, lo mencionó la madre, joven, hipertensa, cefalea de antecedente, con presión de 15 y con vómito. Un déficit de los sistemas de emergencia de minimizar lo que le pasa a la paciente, y no ahondarlo. En este tipo de ACV habitualmente aparecen en personas normales, hoy está normal y mañana en una camilla, en este caso qué problema había en trasladarla, si era una reacción nerviosa el estudio iba a dar normal, hay ACV como éste que el síntoma es normal (.), la sumatoria de todos estos signos que por separado no hubiesen significado demasiado, daba un signo presuntivo de ACV, en términos clínicos. Cuando le dolió la cabeza, el médico que la había atendido por eso le dio una tomografía computada, se lo pudo hacer ambulatoriamente porque ella había ido al consultorio. En este caso había que hacerlo compulsivamente. Por un neurocirujano para tomar la decisión y hacer el tratamiento indicado que la tomografía le indicaría, también la angiografía, angiotomografía, etc. Hay cosas que para nosotros los médicos son elementales (.)” (fs. 721 vta. y ss.).

3.4.4. Finalmente, ha de indagarse acerca de la incidencia que pudo tener la medicación administrada (Diazepam) en la manifestación sintomatológica que instaló el cuadro de la fallecida.

La Junta Médica penal indicó escuetamente que “Una ampolla de Diazepam no puede enmascarar el cuadro neurológico de un accidente cerebrovascular severo” (punto 9, fs.82 vta., Sumario penal).

En contra, la pericial médica civil principió por decir que la Junta Médica “al manifestar que la administración de Diazepam no puede enmascarar el cuadro patológico de un paciente que está cursando por una hemorragia meníngea comete un serio error y además no fundado, porque no da en absoluto fundamentos científicos de sus dichos como debería ser (.). Un cuadro de las características de la occisa deprime el sensorio, y el Diazepam deprime el sensorio, en consecuencia ¿cuál es el resultado final? simplemente el enmascaramiento de los signos que hubieran permitido comprobar si los síntomas y signos que presentaba la occisa se agravaban o no” (punto e, fs. 600 vta.).

Advirtió luego que “En una patología cerebral como la que presentaba la paciente, el estado de consciencia de la misma es el signo clínico fundamental para monitorizar el estado de gravedad (.), sobre todo en un ambiente en el cual no se cuenta con otros métodos evaluatorios de ésta, por lo tanto su medicación con un sedante como el Diazepam inyectable se encontraba totalmente contraindicada por el hecho de que hacía perder al profesional tratante esa oportunidad, y más aun cuando tenía decidido retirarse después de ello” (punto 9, fs. 587), que “Al haberla medicado con un sedante inyectable (Diazepam), y haberse retirado la médica tratante, la paciente perdió toda oportunidad que hubiera tenido para salvar su vida” (punto 5, fs. 586), que “los síntomas que (.) [la hemorragia] pueda haber producido transcurrieron totalmente enmascarados por la depresión del sensorio que presentaba a partir de la sedación obtenida con la administración de Diazepam intramuscular” (punto 2, fs. 592), que la droga “ha enmascarado el cuadro de depresión del sensorio profundo que una hemorragia meníngea genera y que es necesario detectar para actuar urgentemente” (punto 9, fs. 594), que el “Diazepam inyectable intramuscular en una dosis de 10 mg.puede evitar que sean identificables los signos y síntomas de una hemorragia subaracnoidea espontánea como la que presentara la occisa, por el hecho de que ser un sedante y miorrelajante, como todo depresor de la corteza cerebral, evitaría que las personas que se encontraban con ella se dieran cuenta que la misma presentaba una profundización de la depresión de su consciencia, y eventualmente que ésta dejara de respirar y que cesaran los latidos de su corazón” (punto D, fs. 595 vta.), que “se empleó mal el Diazepam, por el hecho de que solamente deben ser sedados estos pacientes cuando se encuentran excitados en una Unidad de Terapia Intensiva, y se les está monitoreando el resto de los síntomas, se la tiene eventualmente intubada con respiración asistida y se le están realizando los estudios especializados acordes con su estado para arribar a un diagnóstico de certeza y realizar las prácticas adecuadas para su tratamiento” (punto H, fs. 599), y que “Una ampolla de Diazepam puede ser un sedante en un paciente que no presente sintomatología neurológica que deba ser monitorizada, o que se encuentre en una Unidad de Terapia Intensiva con control especializado permanente y con todos los monitores colocados, pero es peligrosísimo en caso contrario, puesto que un paciente que presente un cuadro neurológico que deba ser monitorizado en su domicilio por familiares que en materia médica sean totalmente neófitos, el sensorio es lo fundamental, y si le administramos Diazepam, y se lo deprimimos, éstos pensarán que se encuentra así por la medicación y el paciente, como en el caso de la occisa, perderá su vida en forma inaparente, y los familiares se enterarán de ello como en el caso que nos ocupa, cuando empiecen a aparecer los signos cadavéricos inmediatos (cianosis de los labios)” (punto D, fs. 599 vta. y ss.).

Adicionaron los expertos en oportunidad de la audiencia de vista de causa que “no es cierto que el Diazepam sea un leve sedante, hay un informe que explica qué es el Diazepam y para qué se usa.Y luego explicamos cuándo se aplica el Diazepam, en una sala de terapia intensiva, bajo control médico, no a una persona sin diagnóstico, que está en el suelo con 15 de presión, hipertensa, con un vómito, a la cual se la seda. Eso no correspondía. Ello enmascara el cuadro, da amnesia, entra en un sopor, y luego en coma (.) el proceso iba a seguir nada más que [la administración de Diazepam] impidió por la demora en que se le diera una chance, la chance era levantarla y llevarla aun servicio. (.) El Diazepam no modificó el cuadro sino que lo enmascaró, si no se ponían los labios morados no llamaban de nuevo” (fs. 721 vta. y ss.), que “El hecho concreto es que no se debe sedar a una persona sin diagnóstico. (.) Acá la víctima llegó a la consulta médica con síntomas (.) esa medicación seda de tal forma que se queda dormida” (fs. 723 vta. y ss.), que “El Diazepam no mejoraba ni empeoraba la enfermedad, pero sí confundía a quien debía apurarse en internarla para que le hagan la tomografía comp utada (.) el Diazepam deprime el sensorio en el cerebro, como agente ansiolítico, hipnótico, sedante, actúa a nivel del sistema reticular activador ascendente, tiene acción inhibitoria, bloquea tanto la excitación cortical y límbica después de la excitación del tallo cerebral, como agente anticonvulsivante actúa por potenciación de la inhibición presináptica (.) modifica el síntoma, no la patología (.). Enmascara en el sentido que no deja que surja el síntoma, que es agravar la profundidad del coma (.)” (fs. 724 vta.y ss.).

Como puede apreciarse, los fundamentos científicos vertidos en sede civil por los peritos médicos actuantes, conducen a este Tribunal a apartarse de la escueta e inmotivada conclusión de la Junta Médica penal en lo atinente al punto.

Pero, aun cuando así no se entendiera, resulta relevante destacar que, en la hipótesis de que la codemandada no hubiera medicado a la paciente, igualmente la culpa surge, habida cuenta que el actuar omitido (con o sin medicación) era disponer la inmediata internación ante la sintomatología neurológica instalada.

4. Por todo lo expresado, este órgano jurisdiccional atribuye responsabilidad en el hecho aquí ventilado a la codemandada S. L. A. (arts. 902 y 1109, CC), alcanzando tal imputación a la codemandada Municipalidad de Rosario, tanto por el hecho de su dependiente (arts. 43 y 1113, CC), como por la deficiente prestación del servicio de asistencia sanitaria (art. 1112, CC; cf. C.S.J.N., 30.06.1977, in re “Industria Maderera Lanín S.R.L. c. Estado Nacional”, en Fallos 298:223; C.S.J.N., 18.12.1984, in re “VADELL, Jorge F. c. Provincia de Buenos Aires”, en La Ley 1985-B, págs. 3 y ss.; C.S.J.N., 22.12.1994, in re “BRESCIA, Noemí L. c. Provincia de Buenos Aires y Otros”, en Fallos 317:1921; C.S.J.N., 19.10.1995, in re “BADÍN, Rubén y Otros c. Provincia de Buenos Aires”, en LL 1996-C, pág. 585; C.S.J.N., 19.10.1995, in re “BALDA, M. A. c. Provincia de Buenos Aires”, en Fallos 318:1990; entre muchos otros).

5. Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.

5.1.En relación al rubro daño emergente por pérdida de chance, se ha expresado que “Nada autoriza a establecer una pauta monetaria mínima igualitaria e indiferenciada correspondiente a un valor “vida humana” o “pérdida de vida humana”, como monto indemnizatorio, con prescindencia de todo otro perjuicio cierto” (C.A.C.C.Ros., en pleno, 12.11.1992, in re “FRANCHI, Juan c. FERRER, Héctor R. y O.”), contando los herederos necesarios con la presunción contenida en el art. 1084, CC, por remisión del art. 1085.

En análogo sentido ha tenido oportunidad de expedirse el máximo Tribunal nacional, aseverando que “resulta razonable admitir que la muerte (.) importó la frustración de una posible ayuda material” (C.S.J.N., 09.12.1993, in re “GÓMEZ ORUÉ de GAETE, Frida A. c. Provincia de Buenos Aires y Otros”, en LL 1994-C, pág. 546).

Es que “en el caso de pérdida de la vida humana, lo indemnizable no es una suerte de valor intrínseco (.) adjudicable a la existencia del ser desaparecido, sino (.) la pérdida patrimonial que pueden experimentar los sobrevivientes a raíz del fallecimiento de aquél. (.) Consideramos que la vida en sí es inconmensurable económicamente (¿quién podría ponerle un precio?). Lo valioso en este sentido se refiere a los bienes materiales que el hombre crea u obtiene mientras vive, y que implican una desventaja pecuniaria también para otros si de alguna manera son sus destinatarios. En consecuencia, la vida humana no tiene un valor económico intrínseco, sino mediato. No se trata del económico valor de la vida, sino de los valores de esa índole que con la vida (“viviendo”) se pueden alcanzar, a cuyo respecto el sujeto cumple un papel instrumental” (ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde; en BUERES, Alberto J. -Director-; HIGHTON, Elena I. -Coordinadora-; “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Buenos Aires, Hammurabi, 1999, tomo 3 A, págs.249 y ss., y sus citas).

Para cuantificar el daño producido, deben tenerse presentes las características personales de la víctima (C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re “SULIGOY, Nancy Rosa FERUGLIO de y Otros c. Provincia de Santa Fe”, en A. y S., tomo 105, págs. 171 y ss.), en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación, para el supuesto de que realizara tareas remuneradas si lo hacía o no en relación de dependencia. Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que del hecho deriva.

A efectos de determinar el monto de resarcimiento, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.

En cuanto a las condiciones personales, ha de considerarse que la occisa contaba con 44 años de edad (la partida de defunción se halla glosada a fs. 15), y acreditó desempeño hasta diciembre de 1997 en el Sanatorio Rawson S.R.L. (cf. informativas de la A.F.I.P., a fs. 265, y de A.T.S.A., a fs. 263), lo cual no obsta en modo alguno a que se disponga la indemnización del daño material producido, toda vez que las tareas de ama de casa serán merituadas por este órgano jurisdiccional al efecto.

Sobre su situación familiar, el testigo A.M. aseveró que el coactor M. M. “sabía ir al negocio con ella, iban al supermercado mío (.) los sábados a la tarde y domingo venían juntos, tuvieron un bebé llamado L. El nene nació en enero del 93, creo que se fue a vivir con ella unos meses antes, en el 92, y sé que hasta el 99. Vivían en Italia al 700 (.)” (2da. resp., fs. 416), y el testigo M. A. B.refirió que el coactor convivía con la fallecida y que “lo sé de verlos juntos, yo ya en el año 92 los veía juntos y tenía conocimiento que vivían juntos, vivían en un departamento en Italia al 700, tuvieron un hijo a principios del año 93, se llama L., vivieron juntos hasta que falleció en el 99” (2da. resp., fs. 416 vta.).

El nacimiento del coaccionante L. M. como hijo de la occisa y del coactor M. M., también se halla debidamente acreditado a tenor de la partida de nacimiento glosada a fs. 5 del Expte. Nro. 683/2001.

Ahora bien, debe tenerse en consideración que la presente indemnización se otorgará a título de pérdida de chance, entendiendo con los peritos médicos actuantes que “es inadmisible no haberle dado la oportunidad a una paciente de 44 años de edad de ser estudiada y tratada en la forma adecuada” (punto 5, fs. 592 vta.), pero sin dejar de considerar que la muerte acaeció principalmente como consecuencia de una patología gravísima que aquejaba a la fallecida, cuya posibilidad terapéutica era de resultado francamente dudoso.

Es sabido que uno de los problemas más difíciles de superar en este tema es el referido a la cuantificación de la chance, pero aun así no podrá perderse de vista que el beneficio atenderá a lo que la joven víctima podría haber aportado en lo futuro a los reclamantes.

En tales términos, las circunstancias que este órgano jurisdiccional valora, conducen a entender que la pérdida de chance de ayuda a los actores se encuentra acreditada.

Es por ello que, teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las condiciones particulares de las víctimas a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro y se fija el mismo en la suma de $ 200.000.- a distribuir en partes iguales entre los coactores M. M. y L. M.

5.2.En lo que respecta al rubro daño moral, se define al mismo como “una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde; “Daños a las personas”, tomo 2, pág. 49).

Cabe consignar que, sobre la procedencia de su reparación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “no figura entre las potestades de un estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social. Es obvio que, desde una especial -y respetable- concepción de la ética, puede mirarse a la reparación del daño moral como un apartamiento de las rigurosas exigencias que tal ética formula a quienes deseen seguirla. Pero no cabe que los jueces se guíen, al determinar el derecho, por patrones de moralidad que excedan los habitualmente admitidos por el sentimiento medio, pues, como lo señala Cardozo, “los jueces deben dar vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de conciencia recia” (“The nature of the judicial process”, U.S., Yale University Press, 1937, pág. 106). En efecto, la decisión judicial no ha de reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía también reconoce el art. 19 de la Constitución Nacional. Ahora bien, en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin” (C.S.J.N., in re “SANTA COLOMA c. Empresa Ferrocarriles Argentinos”, en ED, tomo 120, pág.652).

Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral. En efecto, ambas resarcen perjuicios de distinta naturaleza e, hipotéticamente puede concebirse el uno sin el otro.

Es así que se ha entendido que “A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hec ho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste” (C.S.J.N., 09.12.1993, in re “GÓMEZ ORUE de GAETE, Frida A. y Otra c. Provincia de Buenos Aires”, JA 1997-II, síntesis).

Sobre el tema en cuestión ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “Ya se ha señalado entre nosotros con relación a la cuantía del resarcimiento del daño moral, que: “De nada vale sostener, por un lado, que debe resarcirse a la víctima, para luego, a la hora de determinar el monto de la indemnización, hacerlo con una suma puramente simbólica, sin entidad alguna, que nada compensa (.)”; muy por el contrario, a la víctima le interesa recibir una suma dineraria que tenga alguna entidad, jerarquía o importancia”, lo cual “sugiere, en última instancia, la necesidad de un límite mínimo: no debe ser irrisoria”. Con similares lineamientos pero más concretamente se ha destacado asimismo que “Nada autoriza a excluir al daño moral del principio de la reparación plena y del régimen predeterminado de imputación de consecuencias que consagra el Código Civil, al que está indisolublemente ligado. La regulación específica del daño moral que contienen los arts.522 y 1078 del Código Civil, en modo alguno permiten inferir su apartamiento de los principios generales de la reparación”; criterio éste reafirmado por la propia Corte Suprema, al decidir que el pronunciamiento que estableció la indemnización del daño moral sufrido por el actor en unas sumas “que no cubren mínimamente los requerimientos de la prudencia en la determinación del perjuicio causado (.) ha establecido su cuantía en términos que desvirtúan el principio de la reparación integral propio de la materia en examen, razón por la cual no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales” (C.S.J.N., 01.04.1997, in re “LACUADRA, Ernesto Adolfo y Otros c. S.A. Nestlé de Productos Alimenticios”, en ED 1997, tomo 174, pág. 259).

También sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto “la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante” (Cám. Nac. Civ., Sala F, 05.08.1997, in re “DEPAOLINI, Jorge R. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, en JA 20.05.1998, págs. 48 y ss.). En idéntico sentido, “La fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador” (Cám. Nac. Civ., Sala F, 12.05.1992, in re “CENTURIÓN de MORENO, Elvira c.RASTELLI, Favio V. y Otro”, en LL 1993-B, índice por materia, 26).

Por todo ello, teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, las condiciones particulares del coactor L. M., y la incidencia que tuvo la enfermedad de la fallecida en el resultado dañoso, se declara procedente el rubro y se fija el mismo en la suma de $ 120.000.- para el citado coaccionante.

6. En cuanto a las costas, atento el resultado arribado y por imperio del principio objetivo del vencimiento objetivo, han de ser impuestas en su totalidad a la demandada perdidosa (art. 251, CPCC).

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, integrado, RESUELVE: I) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar a S. L. A. y a la Municipalidad de Rosario, a pagar la suma de $ 100.000.- al coactor M. M., y la suma de $ 220.000.- al coactor L. M. II) Imponer las costas a las demandadas. III) Regular, por su actuación en autos, los honorarios profesionales de los Dres. Gerardo Julián Donnola y Ernesto Ariel Donnola, conjuntamente y en proporción de ley, en la suma de $ 140.000.- (248,86 unidades jus); los de los Dres. Analía Isabel Colombo, María Eugenia Lara y Guillermo Luis M.ez, conjuntamente y en proporción de ley, en la suma de $ 126.000.- (223,97 unidades jus); los de los Dres. Lisandro Picasso Netri y Roberto Vázquez Ferreyra, conjuntamente y en proporción de ley, en la suma de $ 126.000.- (223,97 unidades jus); y los de los peritos Dres. Roberto Oscar Mamana, Héctor R. de Azcuénaga, y Rita Santero, en la suma de $ 23.000.- (40,88 unidades jus) para cada uno de ellos. Difiérase el prorrateo previsto en el art. 505, CC, al momento de la práctica de la liquidación correspondiente. IV) Las sumas aquí consignadas devengarán un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas. De pretenderse su cobro a la codemandada S. L.A.: a) desde el día del hecho y hasta el 31.12.2001, se aplicará sobre el capital una tasa del 8 % anual; b) desde el 01.01.2002 y hasta el plazo de diez días de notificado el presente decisorio, se aplicará sobre el capital el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); c) desde el vencimiento de dicho plazo y hasta su efectivo pago, el capital indemnizatorio y los honorarios devengarán un interés equivalente al doble de la tasa referenciada precedentemente. De pretenderse su cobro a la codemandada Municipalidad de Rosario: a) desde el día del hecho y hasta el 31.12.2001, se aplicará sobre el capital una tasa del 8 % anual; b) desde el 01.01.2002 y hasta el vencimiento del plazo que la normativa aplicable otorga para el pago (Ley Nro. 7.234, texto según Ley Nro. 12.036; art. 13, Decreto Nro. 953/2011), se aplicará sobre el capital el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); c) desde la fecha de la presente Sentencia y hasta el vencimiento del plazo que la normativa aplicable precedentemente citada otorga para el pago, se aplicará sobre los honorarios profesionales idéntica tasa; d) en caso de incumplimiento a los términos del procedimiento de cancelación de sentencias referido y hasta su efectivo pago, el capital indemnizatorio y los honorarios devengarán un interés equivalente al doble de la tasa referenciada (arg. art. 12, Decreto Nro. 953/2011). V) Insértese, agréguese copia y hágase saber.

Autos: “M., M. y Otro c. A., S. L. y Otro s. Daños y Perjuicios”, Expte. Nro. 684/2001, y su acumulado “M., M. y Otro c. A., S. L. y Otro s. Declaratoria de Pobreza”, Expte. Nro. 683/2001.-

Juan José BENTOLILA

Viviana CINGOLANI

Iván KVASINA

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