Garbarino deberá pagar una multa de $15.000 a un cliente que adquirió una notebook y denunció las fallas de la misma

shutterstock_83880529Partes: Subd. Gral.Com.Ush (Denunciante Ordoñez Enrique.M.) c/ Garbarino S.A. s/ Recurso Directo Ley 24.240

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

Fecha: 1-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-88509-AR | MJJ88509 | MJJ88509

Garbarino deberá pagar una multa de $15.000 a un cliente, quien adquirió una notebook y denunció las fallas de la misma, en tanto la simple entrega de un certificado de garantía que en la práctica no pudo hacerse efectiva, no satisface las obligaciones que la Ley de Defensa del Consumidor impone.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la disposición que impuso a la firma demandada la sanción de multa, disminuyéndose el monto fijado en primera instancia y la obligación de abonar daño directo a favor del consumidor, además de la publicación de la Disposición recurrida en un diario de considerable circulación, en tanto ha quedado acreditado en autos los incumplimientos referidos a la deficiente información, prácticas abusivas, y violación al régimen de garantías establecido en la LDC, por cuanto la simple entrega de un certificado de garantía que en la práctica no pudo hacerse efectiva, pues el usuario no logró la reparación del producto, no satisface las obligaciones que la LDC impone, en el caso a quienes ofician como vendedores y en consecuencia como intermediarios entre los fabricantes de los productos y los consumidores.

2.-La Ley 24.240 consagra un deber genérico de información, mostrando los perfiles actuales de la oferta contractual, una complejidad técnica que necesariamente conlleva a este deber como un requisito de la autosuficiencia o completividad de dicho acto, por lo que se ha dicho que relacionar la carga de la prueba, la interpretación del negocio, la apreciación de la culpa, la previsibilidad abstracta que funda el pronóstico causal, con el cumplimiento del deber informativo, es un modo eficaz de incrementar la información y por lo tanto de prevenir desequilibrios.

3.-Surge suficientemente configurada la infracción a los arts. 4° y 8 º bis de la Ley 24.240, habiéndose limitado la vendedora a informarle al consumidor en dos oportunidades -frente a los desperfectos que sufriera su notebook recientemente adquirida-, un número telefónico para canalizar sus reclamos, por lo que con dicho accionar no puede considerase cumplida la obligación que la ley le impone frente a un producto defectuoso, pese al tiempo transcurrido y consecuentemente con ello, la violación a la posibilidad del usuario de aceptar otro producto o rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, que reconoce el art. 10bis , y que también integró la imputación formulada en su contra.

4.-En el marco de una relación de consumo, los proveedores asumen como obligación legal, la de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, pues no existen dudas de que son las empresas, como parte fuerte de esa relación y según sea su actividad, las que cuentan con las constancias, estudios, controles, etc, que deben ser aportados en el juicio para lograr el esclarecimiento de la cuestión debatida.

5.-La actitud reticente o falta de colaboración demostrada por la sumariada durante la tramitación administrativa, impone que deba asumir el riesgo y las consecuencias de la ausencia de prueba que existía en su poder, sin que ello pueda perjudicar al consumidor o usuario demandante, sino a quien, conforme las características del servicio que es motivo de litigio, se encontraba en mejores condiciones para aportar elementos de prueba, no pudiendo introducir recién en esta etapa recursiva, el cuestionamiento referido a la existencia del desperfecto o si el mismo era de los que habilitaba la garantía, cuestiones éstas que no desconoció en tiempo oportuno.

Fallo:

Comodoro Rivadavia, de julio de 2014.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “SUBD. GRAL.COM.USH (DENUNCIANTE ORDOÑEZ ENRIQUE.M.) c/ GARBARINO S.A. s/RECURSO DIRECTO LEY 24.240”, en trámite ante esta Alzada bajo el Nº 6103/2014, provenientes de la Subdirección General de Comercio de Ushuaia.

Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan estos autos al acuerdo del Tribunal, para el tratamiento del recurso de apelación interpuesto a fs. 55/58 por la apoderada de la firma Garbarino S.A., en los términos del art. 45 de la Ley 24.240 (LDC) en contra de la Disposición SS.C.I. Nro. 126/2013 dictada por el Subsecretario de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Provincia de Tierra del Fuego.

II.- La Disposición recurrida aplica a la sumariada la sanción de multa de Pesos Treinta Mil ($30.000) por incurrir en el incumplimiento de los deberes impuestos por los artículos 4°, 8°bis, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 15 y 40 de la ley 24240, derivados de la violación a la obligación de informar cierta y adecuadamente al consumidor acerca de la provisión del servicio técnico correspondiente al producto adquirido, omitiendo brindar condiciones de atención con relación a los reclamos efectuados e incumpliendo los deberes establecidos por el régimen de garantías establecido en la ley, causando con ello un daño patrimonial al usuario.

Como consecuencia de lo expuesto, le impuso como “daño directo”, a favor del señor Enrique Ordoñez, el valor de cuatro Canastas Básicas Total para el Hogar 3 actualizado, en concepto de reparación por el daño ocasionado de manera inmediata sobre los bienes del usuario (art. 40 bis ley 24240), además de la obligación de publicar la disposición en crisis en un diario de considerable circulación, en un espacio y con caracteres destacados, conforme lo establecido en el art.47 de la citada normativa.

III.-Para decidir en el sentido indicado, la autoridad de aplicación consideró la denuncia formulada por el señor Enrique Marcelo Ordoñez, en fecha 27 de junio de 2012, quien manifestó haber comprado una Notebook marca “Positivo BGH” el día 12/02/2012, la que presentó mal funcionamiento desde el 30/04/2012.

Que a partir de ese momento se habría comunicado con la firma sumariada a fin de hacer efectiva la garantía, habiéndole ésta suministrado el número telefónico de “BGH Argentina S.A.”, quien a su vez lo derivó supuestamente, a un servicio técnico oficial. Luego de varios intentos y gestiones y de concurrir nuevamente a Garbarino para formular un nuevo reclamo, habría logrado comunicarse con un técnico, quien le retiró el aparato para solucionar el desperfecto, sin tener más novedades ni recuperar la notebook, pese a los continuos reclamos que dirigiera contra las sumariadas.

A tal fin, acompañó copia de la Factura Nro. 1482-00001598, Certificado de incorporación individual de Seguro y “Certificado de Garantía BGH”, solicitando le sea entregada una Notebook nueva o que le devuelvan las cuotas que hasta ese momento continuaba abonando.

IV.- Citadas las firmas Garbarino S.A. y BGH S.A. en dos oportunidades a la audiencia de conciliación, y pese a encontrarse debidamente notificadas (fs. 17 y 25), no comparecieron a ninguno de esos requerimientos, con lo cual se formuló imputación para hacerles conocer el reproche que se les formulaba, y garantizarles su derecho de defensa en juicio, en los términos expuestos en las consideraciones precedentes, de todo lo cual fueron debidamente notificadas según constancias de fs. 40 y 42.

V.- Transcurrido el plazo de ley sin que las sumariadas presentaran descargo alguno, dictaminó el Servicio Jurídico del organismo, cuyas conclusiones fueron compartidas por el Sr.Subsecretario de Comercio, sancionándose a las infractoras, por encontrarse configurados los incumplimientos a las normas antes referidas de la LDC.

VI.- Contra lo decidido apeló únicamente la firma Garbarino S.A., en tanto “BGH Argentina S.A” abonó la multa impuesta, según constancias de fs. 65, calificando la apelante como absolutamente arbitraria y abusiva la disposición recurrida.

Afirma que el deber de información que emana del art. 4to de la LDC se encuentra cumplido con la entrega del manual de usuario, así como mediante la entrega del certificado de garantía legal que ampara el producto y el detalle de los servicios técnicos oficiales que se encuentran autorizados a intervenir en su reparación.

Manifiesta que es ajena a la designación de tales servicios técnicos, no pudiendo asumir conducta distinta a la que desplegó en el caso, ya que no puede intervenir el producto de ninguna forma, pues ello implicaría automáticamente la pérdida de la garantía otorgada, por lo que no existió infracción alguna al deber contenido en el art. 8 bis de la ley, como tampoco a las restantes normas invocadas en la imputación, ya que no existe incumplimiento alguno que se le pueda reprochar a su mandante.

En tal sentido, entiende que su obligación se agota con la entrega del certificado de garantía legal, en instrumento separado del documento de venta, siendo que en todo caso resulta ser responsabilidad del fabricante y no de la casa comercial que vende el producto, el asumir la reparación y otorgar la constancia respectiva, añadiendo por otra parte que con la limitación de entrada al país de productos importados, provisión de partes y repuestos, mal puede imputársele infracción en tal sentido, cuando ha sido el mismo Estado el que ha impuesto esas restricciones.Cuestiona asimismo que no se hubiera incorporado al sumario el certificado de garantía del producto, el que ni siquiera fue solicitado al denunciante, sin haberse tampoco constatado mediante un informe técnico la falla apuntada, así como que la misma fuera de las que se encuentran cubiertas por la garantía otorgada.

Solicita finalmente se revoque la sanción de multa impuesta, la aplicación del daño directo y la obligación de publicación consignada en el art. 6to de la disposición en crisis, invocando el elevado costo que implica la mencionada publicación en un medio de comunicación de la ciudad de Ushuaia. VII.- Radicadas las actuaciones en esta Alzada, se agregó a fs. 72 y vta el dictamen del Sr. Fiscal General que opinó que el recurso ha sido interpuesto en tiempo, forma y lugar, siendo el Tribunal competente para entender en el mismo, llamándose autos al acuerdo a fs. 73.

VIII.- Respecto de la cuestión de fondo debatida, y aún cuando los agravios expresados contra la decisión administrativa, apenas alcanzan a constituir una crítica concreta y razonada sobre lo decidido, entendemos necesario efectuar una adecuada valoración de las circunstancias expuestas, priorizando el ejercicio del derecho de defensa, y en atención a la naturaleza de las sanciones impuestas.

Corresponde entonces, frente al cuestionamiento referido a la inexistencia del incumplimiento enrostrado, merituar que en los términos del art. 45 de la LDC, las constancias de las actas labradas por la administración, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.

Siendo ello así, y frente a la incomparecencia de la sumariada, que no asistió a las audiencias de conciliación como tampoco formuló descargo alguno desconociendo los hechos expuestos por el denunciante, corresponde tener por acreditadas las circunstancias fácticas sustento de la imputación formulada y por las que fuera aplicada la sanción.

En efecto, no ha sido controvertido que el Sr.Ordoñez adquirió en la firma Garbarino S.A., un ordenador portátil marca BGH, el que a los dos meses de formalizada la compra, presentó problemas de funcionamiento, por lo que concurrió al negocio de venta para consultar por la garantía, limitándose la vendedora a darle un número de teléfono (que correspondía al fabricante), quien, a su vez, lo derivó a un servicio técnico que resultó inexistente.

Al regresar a Garbarino le dieron otro número de teléfono (atención al cliente) con el cual consiguió que un técnico lo llamara por teléfono para retirarle el aparato -aproximadamente el día 9 de mayo de aquel año-, pero que finalmente no le dio respuesta satisfactoria alguna, afirmando que estaba “roto el disco”, circunstancia que se mantuvo hasta el día 26 de junio de 2012 en que radicó la denuncia, persistiendo dicha actitud durante toda la tramitación administrativa.

De este modo, aún cuando no fuera incorporado en estas actuaciones, el certificado original de la garantía extendida, -tal y como lo afirma la recurrente-, debemos concluir, merituando la copia no desconocida agregada a fs.26/37, en que el deber de información al que se encuentra obligada la accionada por el art.4° de la LDC, ha sido incumplido, en cuanto dicha información debe ser cierta, clara, detallada y “proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión”. En el supuesto bajo análisis, con relación al servicio técnico oficial, que resulta ser un elemento esencial del producto o servicio que se provee, y que no se encontraba individualizado en ninguno de los documentos entregados al momento de la compra.

Es que la ley 24240 consagra un deber genérico de información, mostrando los perfiles actuales de la oferta contractual, una complejidad técnica que necesariamente conlleva a este deber como un requisito de la autosuficiencia o completividad de dicho acto, por lo que se ha dicho que “Relacionar la carga de la prueba, la interpretación del negocio, la apreciación de la culpa, la previsibilidad abstracta que funda el pronóstico causal, con el cumplimiento del deber informativo, es un modo eficaz de incrementar la información y por lo tanto de prevenir desequilibrios” (Ricardo Lorenzetti-Consumidores – Ed. Rubinzal pag. 204).

Este deber actúa no sólo en la etapa precontractual sino también durante la ejecución del contrato y luego de celebrado el mismo durante la vigencia de la garantía.En el primer supuesto, la información de todas aquellas circunstancias que refieren a la prestación en sí y a las condiciones económicas y jurídicas de adquisición del producto o contratación del servicio, tiende a facilitar la emisión de un consentimiento esclarecido, informado y por tanto plenamente eficaz; en el segundo caso, se presenta como un efecto del contrato perfeccionado que apunta a que el consumidor o usuario pueda hacer valer sus derechos, en el caso, cuando vio afectado el uso y goce del producto que adquirió, como consecuencia de un mal funcionamiento.

En este contexto, surge suficientemente configurada la infracción a los artículos 4° y 8bis° de la ley de la materia, habiéndose limitado la vendedora a informarle al consumidor en dos oportunidades, un número telefónico para canalizar sus reclamos, por lo que con dicho accionar no puede considerase cumplida la obligación que la ley le impone frente a un producto defectuoso, pese al tiempo transcurrido y consecuentemente con ello, la violación a la posibilidad del usuario de aceptar otro producto o rescindir el contrato “con derecho a la restitución de lo pagado” que reconoce el art. 10bis, y que también integró la imputación formulada en su contra.

Ello así, en tanto en el marco de una relación de consumo, debemos tener presente que los proveedores asumen como obligación legal, la de “aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio” (art. 53LDC), pues no existen dudas de que son las empresas, como parte “fuerte” de esa relación y según sea su actividad, las que cuentan con las constancias, estudios, controles, etc, que deben ser aportados en el juicio para lograr el esclarecimiento de la cuestión debatida.De esta manera, la actitud reticente o falta de colaboración demostrada por la sumariada durante la tramitación administrativa, impone que deba asumir el riesgo y las consecuencias de la ausencia de prueba que existía en su poder, sin que ello pueda perjudicar al consumidor o usuario demandante, sino a quien, conforme las características del servicio que es motivo de litigio, se encontraba en mejores condiciones para aportar elementos de prueba, no pudiendo introducir recién en esta etapa recursiva, el cuestionamiento referido a la existencia del desperfecto o si el mismo era de los que habilitaba la garantía, cuestiones éstas que no desconoció en tiempo oportuno.

En este contexto, los incumplimientos referidos a la deficiente información, prácticas abusivas, y violación al régimen de garantías establecido en la LDC, se encuentran acreditados y habilitan la sanción aplicada, por cuanto la simple entrega de un certificado de garantía que en la práctica no pudo hacerse efectiva, -pues el usuario no logró la reparación del producto-, no satisface las obligaciones que la LDC imponen, en el caso a quienes ofician como vendedores y en consecuencia como intermediarios entre los fabricantes de los productos y los consumidores.

En efecto, al tratarse el bien de un producto nuevo, la garantía legal resulta ser de seis meses a partir de la entrega (art. 11, LDC), garantía que tiende a la reparación del producto, conforme se desprende de los artículos siguientes de la LDC, en virtud de los cuales los fabricantes y vendedores “deben asegurar un servicio técnico adecuado” (art. 12), debiendo especificar el certificado de garantía “Las condiciones de reparación de la cosa con especificación del lugar donde se hará efectiva” (art.14 inc.e).

Del mismo modo, la ley consagra responsabilidad solidaria al fabricante y al vendedor respecto del “suministro de las partes y repuestos” (art.12), sin que en autos se hubiera acreditado la existencia de caso fortuito o fuerza mayor que le impidieran cumplir con esa obligación, pese a lo cual eventualmente debió permitirle al usuario hacer uso de la posibilidad de aceptar otro producto o rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, y no continuar recibiéndole el pago de las cuotas por el producto defectuoso que vendió.

IX.-Finalmente, y en torno a la irrazonabilidad alegada sobre el monto de la sanción aplicada, debemos decir que la suma de Pesos Treinta mil que ha sido impuesta, no ha sido justificada ni ponderada a la luz de los parámetros enunciados en el art. 49 de la ley, como tampoco guarda debida relación con la multa aplicada por el mismo hecho, al fabricante del producto.

Al respecto, valoramos que dicha suma tampoco resulta proporcional a los valores comprometidos en el pleito, (ya que el producto fue adquirido por $ 6.524,85 en total), más allá de la posición en el mercado del infractor y la gravedad de los perjuicios sociales derivados.

Por esta razón, ponderando dichos extremos, la posibilidad de generalización, y demás circunstancias relevantes del caso, la multa deberá ser disminuída a la mitad, esto es la suma de Pesos Quince mil ($15.000), manteniéndose la obligación de publicación, ya que toda infracción al régimen de protección de los consumidores puede causar daños a particulares, pero afectan en todos los casos los intereses colectivos, mereciendo entonces su publicidad, objetivo contra el cual no puede oponerse el costo supuestamente elevado de tal publicación, factor que, en este marco de apreciación, no constituye agravio atendible.

Por último, restan considerar los agravios vertidos contra la aplicación del daño directo, para lo cual resulta necesario verificar la reunión de los presupuestos contenidos en el art. 40bis de la LDC.De dicha norma se puede extraer que se requiere para su procedencia la existencia de perjuicio o menoscabo, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera directa sobre los bienes del consumidor como consecuencia de la acción u omisión del prestador del servicio.

Vale la pena recordar que la finalidad de esta regulación, evidenciada en los antecedentes parlamentarios, es tutelar a los consumidores y usuarios que en los hechos no obtienen reparación por aquellos daños que se generan a partir de contrataciones de pequeña importancia, daños que se irrogan en forma escalonada y repetida o, -como se verifica en este supuesto- derivan de algún producto de menor cuantía, por el que no concurren a la vía judicial, evitando que sean objeto de abusos de algunos proveedores inescrupulosos.

Conforme a lo expuesto, el daño directo que la administración determinó a partir del menoscabo patrimonial sufrido por el denunciante, resulta procedente en cuanto corresponde a un perjuicio efectivo e inmediato, derivado del incumplimiento de la vendedora del producto. Por esta razón, el “menoscabo susceptible de apreciación pecuniaria” generado como consecuencia “directa” del incumplimiento reprochado a la vendedora, resulta ser el valor del bien adquirido, por lo que, el monto de la condena pecuniaria que ha sido impuesta resulta proporcionado y acorde a la naturaleza meramente resarcitoria de la indemnización reconocida en la norma de aplicación (art. 40 bis LDC).

Por todo lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

I) CONFIRMAR la Disposición SS.C.I. N° 126/2013 en cuanto impone a la firma Garbarino S.A. la sanción de multa, la que se fija en la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000) y la obligación de abonar daño directo a favor del consumidor por el valor de cuatro Canastas Básicas Total para el Hogar 3, además de la publicación de la Disposición recurrida en un diario de considerable circulación, además de la parte dispositiva de este decisorio, en los términos expuestos en anteriores consideraciones.

II) IMPONER las costas que deriven de la presente, a la sumariada vencida (art. 68 CPCCN)

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

El Dr. Aldo E. Suarez no firma la presente por encontrarse en uso de licencia.

Javier M. Leal De Ibarra

Hebe L. Corchuelo De Huberman

Gabriela Susana Altuna – Secretaria Federal

  1. Me acaba de suceder lo mismo con una heladera Siam hace 20 dias q se la llevaron y dicen q la ley ampara a Siam x 3 meses mientras yo tiro comida x q no resiste la temperatura ambiente .Ni garbarino ni Siam me han dado una solucion.

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