Condena por daños derivados de un accidente a un menor que conducía sin licencia y a los padres por negligencia en las obligaciones de cuidado.

shutterstock_73083352Partes: C. M. A. c/ L. W. D. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes

Sala/Juzgado: I

Fecha: 4-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-88422-AR | MJJ88422 | MJJ88422

Se condena por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito a un menor que conducía un vehículo sin licencia y a sus padres, por negligencia en sus obligaciones de cuidado; rechazándose la responsabilidad del titular registral del vehículo, del poseedor, y de la compañía aseguradora -que se exime de la cobertura cuando el conductor carece de licencia-.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada, por la cual se hace lugar a la demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito y se condena a los demandados -un menor y sus padres- a abonar un monto indemnizatorio por los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de tránsito; rechazándose la demanda contra el de poseedor del vehículo -por no haberse acreditado que haya autorizado al menor a conducirlo-, y hace lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por el titular registral del automóvil -por haber acreditado la voluntad de venderlo mediante la firma del formulario 08- y la citada en garantía -eximiéndose de responsabilidad ante la carencia de licencia para conducir por parte del menor-. Sin embargo, se hace la salvedad de que la tasa de interés que debe aplicarse es la tasa pasiva promedio informada por el Banco Central de la República Argentina en la página http://www.bcra.gov.ar, hasta que quede firme la presente sentencia, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago la tasa activa para las ‘restantes operaciones en pesos’ que suministra la página http://www.scba.gov.ar.

2.-Corresponde confirmar la defensa de falta de legitimación opuesta por el titular registral del automóvil manejado por un menor que produjo un accidente de tránsito, sobre la base de que no es óbice para que aquel se exima de responsabilidad si, pese a no haber hecho la denuncia de venta del vehículo, acredita que se ha desprendido de manera definitiva de la guarda mediante boleto de compraventa; y teniendo en consideración la existencia del informe de un Juzgado de Paz Letrado de donde surge que el titular registral del automotor hizo certificar su firma en el formulario ‘08’ para transmitir el automóvil, cabe concluir que el carácter de instrumento público de esta certificación es suficiente para dar por acreditada la voluntad de desprendimiento de la guarda del vehículo.

3.-Corresponde admitir la defensa de fondo al progreso de la acción opuesta por el dueño del taller mecánico en que el rodado se encontraba -poseedor y guardián del automóvil que provocó un accidente de tránsito al ser conducido por un menor-, teniendo en consideración que si bien el poseedor del vehículo autorizó a un tercero a ingresar su automóvil al terminar las jornadas para que estuviera bajo techo durante la noche, en ningún momento extendió tal autorización para que lo hiciera su hijo menor de edad, que no tenía licencia para conducir; ello con fundamento en que no puede afirmarse que existiese una voluntad presunta -acreditado que la expresa fue inexistente- de permitir que un menor condujera el vehículo, en tanto no existan elementos probatorios de donde surja que el poseedor hubiera autorizado al menor para que manejara su automóvil, ya que no puede presumirse ello de la circunstancia de que viviera cerca.

4.-No puede presumirse que alguien otorgue una autorización para que conduzca su automóvil quien no tiene licencia para hacerlo, no sólo porque puede dañarlo sino también porque sabe a ciencia cierta que, en caso de producirse un siniestro, el seguro no lo cubrirá de los daños causados a terceros, como todas las pólizas prevén; debe entenderse por ende que el uso del automóvil por quien no estaba habilitado para conducir fue contra la voluntad presunta del poseedor y guardián del mismo (art. 1113 últ. párr. CCiv.), por lo que debe rechazarse, a su respecto, la demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito.

5.-No puede admitirse la doctrina que afirma que la exclusión de cobertura ante la falta de registro de conducir de quien provocó un accidente automovilístico sólo opera cuando la falta de licencia ha tenido una relación causal con el accidente y que la titularidad del registro profesional sólo prueba la habilitación para conducir pero no presume la pericia y la idoneidad, lo que está sujeto a prueba en contrario; con fundamento en que quien carece de licencia lisa y llanamente no debe conducir, porque la autoridad de control no ha verificado que sepa manejar, que tenga aptitudes psicofísicas y que conozca las normas de tránsito, y por lo tanto se presume -sin admisión de prueba en contrario- que no es apto para el manejo.

6.-La cláusula por la cual la aseguradora se exime de responsabilidad cuando el siniestro es provocado por un conductor que carece de licencia no resulta abusiva, ya que lo menos que puede exigirse a quien asegura su vehículo por responsabilidad civil hacia terceros es que el mismo sea manejado por quien ha sido habilitado por el órgano administrativo correspondiente para manejar, ya que es la única manera en que puede decirse que tiene aptitudes psicofísicas para hacerlo y que conoce las normas de tránsito. Sería de una gran irresponsabilidad que las compañías de seguros cubrieran los siniestros provocados con vehículos conducidos por personas no habilitadas porque de esa manera inducirían a que se violara tan elemental y necesaria exigencia legal (arts. 33 a 45 de ley 11430 vigente al momento del hecho), con grave riesgo para la seguridad pública.

7.-Luego de hacerse una comparación entre la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires que surge de la página http://www.scba.gov.ar, se advierte que arroja un resultado muy inferior a la informada por el Banco Central de la República Argentina en http://www.bcra.gov.ar. Por tal motivo, y en la inteligencia de que la jurisprudencia del tribunal superior de la Provincia alude a las razones por las cuales debe aplicarse la tasa pasiva y no la activa (o sea, la que se aplica para operaciones de descuento de documentos), siempre que se respete tal directiva, lo justo es que se aplique la tasa que cubra mejor al acreedor de la desvalorización de la moneda producida por el proceso inflacionario.

8.-A fin de preservar el principio de reparación integral, a partir del vencimiento del plazo impuesto por sentencia, debe aplicarse la tasa activa que suministra la SCBA para ‘restantes operaciones’, porque el Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano Nivel General, suministrado por el INDEC, registró una variación del 16,7 % desde diciembre de 2013 hasta el presente; porque la tasa de interés por depósitos a plazo fijo a 30 días suministrado por el B.C.R.A. tuvo una evolución del 13,8 % en igual período, y porque la tasa de interés pasiva, al estar por debajo del índice de inflación, no permite mantener actualizados los montos indemnizatorios fijados en la sentencia.

Fallo:

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Septiembre de 2014, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-114877 , en los autos: “C. M. A. C/ L. W. D. Y OTS. S/ ··DAÑOS Y PERJUICIOS”.-

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-

1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?

2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-

VOTACION

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

I.- La sentencia de fs. 435/44 es apelada por la parte actora, que expresa agravios a fs. 567/70, los que son contestados por la citada en garantía a fs. 579/80 y por los sucesores del codemandado Hugo Raúl Elías., quienes lo hacen a fs. 586/89.

II.- La sentencia hace lugar a la demanda deducida por M. Alicia C. y condena a D. W. L. y Aurora Bastías en su carácter de padres de W. D. L., y a este último, a abonar un monto indemnizatorio por los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de tránsito ocurrido en la calle Pringles, entre Rivadavia y Pellegrini, de la ciudad de Bragado el día 23/02/95. Rechaza la demanda contra Hugo Rafael Elías – en su carácter de poseedor del vehículo conducido por W. D. L. -, y hace lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por José M.Manterolo – titular registral del automóvil – y por Cooperación Mutual Patronal, Sociedad Mutual de Seguros, que fuera citada en garantía.

III.- Se agravia la actora por el rechazo de la demanda contra los mencionados y la exclusión de la citada en garantía, y de la tasa de interés fijada, solicitando que sea la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

IV.- 1.- Falta de legitimación pasiva de José M. Manterola.

El pronunciamiento apelado hace lugar a la defensa de falta de legitimación opuesta por el titular registral del automóvil manejado por el menor W. D. Soria, sobre la base de que, de acuerdo a la jurisprudencia de la CSJN y de la SCBA, el art. 27 del dec.ley 6582/58 (t.o. dec. 1114/97), no es óbice para que el mismo se exima de responsabilidad si, pese a no haber hecho la denuncia de venta del vehículo, acredita que se ha desprendido de manera definitiva de la guarda mediante boleto de compraventa. Da por probada tal circunstancia por medio de lo actuado a fs. 32/34 de la causa penal y lo que surge de fs. 270, 437 y 486 de estos autos.

La actora se queja de que tal interpretación contradice el texto expreso del art. 27 del dec.ley de automotores, por el cual la única forma en que un titular registral puede exonerarse de responsabilidad es haciendo la denuncia de venta en el Registro.

A partir del fallo dictado en Ac. 81.641, “Manzano c. Fahler” del 61/02/05, la SCBA, sobre la base de lo resuelto por la CSJN en las causas “Seoane” (19/05/97) y “Camargo” (21/05/02), la SCBA admite que el titular registral del automóvil causante del daño se exima de responsabilidad si acredita fehacientemente que se ha desprendido de su guarda. Ello así porque se afirma que el art. 27 – introducido por la ley 22.977 – no cambió la presunción “iuris tantum” de ser poseedor del vehículo que el régimen anterior establecía.Esta postura ha sido seguida en C. 86.939 del 15/07/09, C. 91.373 del 15/06/09 y C. 107.352 del 28/03/12. Destaco que la doctrina citada por el apelante es la de los votos en minoría del alto tribunal.

Tiene dicho esta Sala que debe seguirse la doctrina del superior tribunal provincial dado que el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley es procurar la unidad de la jurisprudencia, propósito que se frustraría si los tribunales inferiores insistieran en soluciones que irremediablemente habrían de ser casadas (Hitters, J.C., “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da. ed., Lib. Ed. Platense, 1998, p. 333) y de ahí que se lo califique a este recurso como “de casación” (causa n° 109.171, “Riquelme c. Mollo”, 7/04/05). Por ello, pese a los reparos que personalmente tengo en relación a la doctrina señalada, entiendo que debe seguirse dado que, como he indicado, se ha repetido en varios fallos (conf. mi voto en causa n° 112.010 del 11/04/13).

Ahora bien, también ha dicho esta Sala, sobre la base de una detenida lectura de los fallos “Seoane” y “Camargo” de la Corte Nacional, que el titular registral debe demostrar fehacientemente que ha tenido la voluntad de desprenderse en forma definitiva de la guarda del vehículo, y que ello acontece cuando acredita haber entregado el certificado de transferencia conocido como formulario “08” con la firma certificada (causa n° 109.171, “Riquelme c. Mollo” citada).

En el caso obra a fs. 200/203 informe del Juzgado de Paz Letrado de Alberti, donde se agrega una certificación de Secretaría de donde surge que el 28/10/91, el sr. José M. Manterola hizo certificar su firma en el formulario “08” para transmitir el automóvil Daihatsu dominio 1.199.733.El carácter de instrumento público de esta certificación es, a mi juicio, suficiente para dar por acreditada la voluntad de desprendimiento de la guarda del vehículo, que viene a corroborar lo que surge de las declaraciones testimoniales de fs. 486 y 437 en cuanto a que Manterota entregó el automóvil en una agencia de Bragado como parte de pago de otro vehículo con anterioridad a 1991. A su vez, Hugo Rafael Elías reconoció ser el dueño del vehículo al momento del accidente (fs. 270 de autos y fs. 34 de la causa penal). No está clara la cadena de transmisiones, pero sí es evidente que Manterota tuvo intención de desprenderse de la guarda cuando firmó el “08”.

Por lo expuesto, propongo que sea confirmada la sentencia apelada en este punto.

2.- Defensa del codemandado Hugo Rafael Elías.

Esta parte, poseedor y guardián del automóvil (tema no controvertido en autos), opuso defensa de fondo al progreso de la acción, sustentada en que, si bien autorizó al titular de la gomería D. W. Lora, a ingresar su automóvil al terminar las jornadas para que estuviera bajo techo durante la noche, en ningún momento extendió tal autorización para que lo hiciera su hijo menor de edad W. D. Lora, que no tenía licencia para conducir.

La sentencia hace lugar a la defensa sobre la base de que no se probó lo contrario; es decir, que el vehículo haya sido usado por el menor con autorización de Elías.

Se agravia la actora diciendo que el sentenciante desconoce entidad probatoria a las confesionales de los L. (padre e hijo) (fs. 249vta. y 250vta.), de donde surge una clara y manifiesta aseveración de la asiduidad en la que indistintamente actuaban en relación al Daihatsu. Sostiene que sus dichos no son contrapuestos, sino que son congruentes y homólogos. Expresa que el entonces menor L.al absolver posiciones dijo que en ocasiones conducía el automóvil para guardarlo y que ese día el mismo Elías le entregó las llaves “como siempre lo hacía”, que Elías dejaba las llaves en la gomería y que si L. padre no estaba se las dejaba a quien estuviese. Agrega que L. padre declaró, en coincidencia, que lo manejaba uno u otro con consentimiento de Elías. De ello se desprende – dice el apelante – que existía una autorización amplia de Elías a los L. para que entraran y sacaran el auto de la gomería, lo cual se corrobora con el reconocimiento de Elías de que vivía a la vuelta de la gomería, lo que hace suponer que no podía dejar de advertir quién manejaba el automóvil diariamente.

Añade que aún cuando hubiera mediado una limitación por parte de Elías para que L. hijo manejara el auto, ello no le es oponible por el principio de relatividad de las obligaciones convencionales (arts. 503, 1195 y 1199 C.C.), y el principio genérico de no dañar a otros.

La cuestión radica en el alcance que debe darse a la excepción a la responsabilidad del titular o guardián de una cosa riesgosa prevista por el art. 1113 del C.C., consistente en que hubiera sido usada contra su “voluntad expresa o presunta”. Está claro que no hubo una voluntad expresa de Elías de que W. D. L. manejara su automóvil, pero ¿puede decirse que era presunta?

Explican Cazeaux y Trigo Represas que la eximente funciona para el caso de uso por parte de un tercero no dependiente (ya que si lo es se aplica la primera parte del art. 1113). Enseñan que en el caso de uso contra la voluntad presunta del dueño o guardián se está aludiendo a una voluntad tácita en el sentido del art.918; esto es, cuando de las circunstancias comprobadas de la causa se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad contraria del dueño o guardián. Señalan que queda un amplio margen para la creación jurisprudencial casuista, adecuada a las circunstancias fácticas particulares de cada caso, y recuerdan que Borda ejemplifica con el caso del tallerista o garajista que aprovecha del automóvil que le ha sido confiado para hacer un paseo, pero sostiene que no habrá exención de responsabilidad si el daño se produce mientras el tallerista conduce el automóvil para someterlo a una prueba necesaria o para devolverlo al domicilio de su dueño, como se le había encargado o tenía costumbre de hacer. Añaden que con un carácter restrictivo, con el que coinciden, distintos autores entienden que la causal exoneratoria del último párrafo del 1113 debe ser objeto de una hermenéutica estricta porque, de lo contrario, se contradice la finalidad de la norma (Cazeax y Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, Tomo V, Ed. La Ley, ps. 265/270).

En la línea de esta interpretación restrictiva, para algunos autores solamente es uso contrario a la voluntad del titular o guardián aquel que ha sido posible gracias a una acción violenta o irresistible (robo a mano armada). Para otros, en cambio, es una noción más amplia, que cubre los casos en que la cosa ha sido dada para una finalidad determinada y se la usa para otra absolutamente distinta. Parecería que esta tesis amplia – dice Aida Kemelmajer de Carlucci – fuese la que responde al texto legal que admite la voluntad presunta; de lo contrario esta expresión quedaría vacía de contenido.Añade este autor que en la configuración de la voluntad presunta serán elementos importantes el permiso anterior, la dependencia, el parentesco, la amistad y el simple abuso que no modifica sustancialmente el destino para el cual fue otorgado el permiso, como por ejemplo cuando el dueño o guardián ha facilitado el vehículo para probarlo y recorrer unas cuadras y el usuario lo lleva por toda la ciudad durante todo el día (Belluscio-Zannoni, Código Civil Comentado, T. 5, Astrea, Bs. As., ps. 570/571).

Coincido con la tesis amplia dado que es la que mejor se compadece con la finalidad del art. 1113, que no es otra que establecer una responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa riesgosa en aras de resguardar a las víctimas de los daños que con las mismas se ocasionen. Ahora bien, como dicen los autores citados, quizás en pocos supuestos como este son tan importantes las particularidades del caso. Veamos.

A diferencia de lo sostenido por la apelante, entiendo que no se desprende de las absoluciones de posiciones de los codemandados L. que la autorización conferida por Elías para manejar su automóvil se extendiera a que lo hiciera quien no contaba con registro para conducir.

L. hijo al absolver posiciones a tenor del pliego ofrecido por Elías (fs.246 y 249vta.), negó que este no lo hubiera autorizado a manejar el automóvil. Al hacer aclaraciones dijo que había cumplido lo pedido por Elías, quien había indicado que cuando hubiera tormenta le entraran el auto, y que este le había entregado las llaves. Más allá de que la absolución de posiciones tiene por único objeto hacer confesar al absolvente los hechos negados en la traba de la litis (arts. 402, 409, 410 y cctes.C.P.C.), no puede dejar de advertirse que estos dichos están teñidos por el interés obvio en defenderse de haber actuado irregularmente, pero también en el resultado del pleito, dado que, si Elías lo había autorizado, estaba claro que debía responder por el siniestro en forma solidaria con él y sus padres.

Por otro lado, no surge de la absolución de posiciones de L. padre que dijera que Elías había autorizado que lo manejaran indistintamente el padre y el hijo. La contestación a la posición 9na. es sólo una afirmación de que lo hacían ambos, pero no de que lo hubiera autorizado Elías (fs. 250vta.).

No existen otros elementos probatorios de donde surja que Elías hubiera autorizado a L. hijo que manejara su automóvil, ya que no puede presumirse ello de la circunstancia de que viviera cerca del taller.

Es cierto que es dable presumir que Elías había autorizado a manejar su vehículo no sólo a L. padre sino también a cualquier empleado del taller, pero no hay razones para suponer – como ya adelanté – que dicha autorización se extendiera a quien no contaba con registro para conducir. No puede presumirse que alguien otorgue una autorización para que conduzca su automóvil quien no tiene licencia para hacerlo, no sólo porque puede dañarlo sino también porque sabe a ciencia cierta que, en caso de producirse un siniestro, el seguro no lo cubrirá de los daños causados a terceros, como todas las pólizas prevén.

Debe entenderse por ende que el uso del automóvil por quien no estaba habilitado para conducir fue contra la voluntad presunta del codemandado Elías (art. 1113 últ. párr.C.C.), por lo que propongo la confirmación de la sentencia en este aspecto.

3.- Exención de cobertura por parte de la compañía de seguros.

Se queja la apelante de que la sentencia haya hecho lugar a la excepción de “no seguro” planteada por la citada en garantía sobre la base de que el conductor del automóvil causante del daño carecía de carnet habilitante para conducir, conforme a la cláusula de exclusión de la póliza (fs. 9/12; y pericial contable de fs. 388/89).

Cita al efecto la agraviante fallos por los cuales se afirmara que la exclusión de cobertura en estos casos sólo opera cuando la falta de licencia ha tenido una relación causal con el accidente y que la titularidad del registro profesional sólo prueba la habilitación para conducir pero no presume la pericia y la idoneidad, lo que está sujeto a prueba en contrario.

No comparto en absoluto dicha jurisprudencia. Como ha dicho esta Sala en más de una oportunidad, quien carece de licencia lisa y llanamente no debe hacerlo porque la autoridad de control no ha verificado que sepa manejar, que tenga aptitudes psicofísicas y que conozca las normas de tránsito, y por lo tanto se presume – sin admisión de prueba en contrario – que no sabe ni lo uno ni lo otro. Las normas reguladoras del tránsito no son letra muerta ni mero material de estudio (S.C.B.A., Ac. 46.852; Ac. 47.959, 8/06/93; Ac. 48.959, 14/12/93; Ac. 51.862, 11/04/95; esta Sala, causas 111.964 del 09/08/08; 112.076 del 30/09/08; 112.189 del 21/10/08; 111.513 del 11/12/07; 112.685 del 23/12/09; 113.494 del 03/05/11 y 114.321 del 23/04/13, entre otras). Por lo demás, sostener ahora que ninguna relación causal tuvo con el accidente es contrario a la versión de los hechos brindada en la demanda.(art.272 del CPCC)

Dice también la apelante que la pretensión de la aseguradora de eximirse de responsabilidad es contraria a lo prescripto por el art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene por no convenidas las cláusulas abusivas, y por el art. 3 que impone la interpretación más favorable al consumidor.

No es sostenible tal punto de de vista. La cláusula citada está muy lejos de ser abusiva. Lo menos que puede exigirse a quien asegura su vehículo por responsabilidad civil hacia terceros es que el mismo sea manejado por quien ha sido habilitado por el órgano administrativo correspondiente para manejar, ya que es la única manera en que puede decirse – como ya apunté – que tiene aptitudes psicofísicas para hacerlo y que conoce las normas de tránsito. Sería de una gran irresponsabilidad que las compañías de seguros cubrieran los siniestros provocados con vehículos conducidos por personas no habilitadas porque de esa manera inducirían a que se violara tan elemental y necesaria exigencia legal (arts. 33 a 45 de ley 11.430 vigente al momento del hecho), con grave riesgo para la seguridad pública.

Propongo, en consecuencia, que se confirme la sentencia en este aspecto.

4.- Tasa de interés.

Se agravia la actora de que la sentencia fije la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para el cómputo de los intereses desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago, argumentando que constituye una evidente negación de la realidad, y solicita que se fije la tasa activa.

Esta Sala ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en el sentido de que debe seguirse la doctrina de la casación provincial en la materia en cuanto debe aplicarse la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días (tasa pasiva) (Ac. 49.439 del 31/08/93, D.J.B.A. 145-187; y Ac. 49.441 del 23/11/93, D.J.B.A. 146-29, con cita de Ac. 48.827, L. 48.431, L.48.569, Ac. 49.987, L. 49.809, L. 50.314; asimismo: Ac. 51.613 del 3/05/94, Ac. 55.786 del 12/11/96; Ac. 57,803 del 17/02/98, L. 67.165 del 2/06/98, L. 69.074 del 17/11/99, L. 76.156 del 17/07/02, L. 76.276 del 2/10/02, L. 79.427 del 16/09/03, Ac. 68.681 del 5/04/00, B 60.749 del 13/03/02; Ac. 92.667 del 14/09/05; L. 75.624 del 9/10/03, L. 87.190 del 27/10/04, L. 79.789 del 10/08/05) (esta Sala, causas n° 112.391 y 112.396 del 18/06/09, 114.717 del 22/04/14, entre otras)

En especial ratificó esta doctrina el superior tribunal en las causas C 101.774 “Ponce” y L. 94.446 “Ginossi”, ambas del día 21/10/09, y C 100.228, “Ferreyra de Zeppa”, del 16/12/09, y posteriormente en numerosas causas (L. 97.098 del 1&12/10, L. 96.687 del 2/03/11, L. 101.697 del 10/03/11, L. 106.685 del 18/04/11, L. 91.573 del 18/05/11, L. 98.486 del 31/08/11, L. 106.056 del 14/12/11, L. 106.693 del 13/06/12)

Ahora bien, como dijo esta Sala en la causa n° 114.717 del 22/04/14 luego de hacerse una comparación entre la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires que surge de la página http://www.scba.gov.ar, se advierte que arroja un resultado muy inferior a la informada por el Banco Central de la República Argentina en http://www.bcra.gov.ar.Por tal motivo, y en la inteligencia de que la jurisprudencia del tribunal superior de la Provincia alude a las razones por las cuales debe aplicarse la tasa pasiva y no la activa (o sea, la que se aplica para operaciones de descuento de documentos), entiendo que, siempre que se respete tal directiva, lo justo es que se aplique la tasa que cubra mejor al acreedor de la desvalorización de la moneda producida por el proceso inflacionario.

Asimismo, también ha dicho esta Sala en sentencia reciente que, a fin de preservar el principio de reparación integral, a partir del vencimiento del plazo impuesto por sentencia, debe aplicarse la tasa activa que suministra la SCBA para “restantes operaciones”, por las siguientes razones (adaptadas al caso de autos): a) porque la cuestión no ha sido tratada especialmente por la SCBA en las causas arriba citadas; b) porque el Indice de Precios al Consumidor Nacional urbano Nivel General, suministrado por el INDEC, registró una variación del 16,7 % desde diciembre de 2013 hasta el presente; c) porque la tasa de interés por depósitos a plazo fijo a 30 días suministrado por el B.C.R.A. tuvo una evolución del 13,8 % en igual período, y d) porque la tasa de interés pasiva, al estar por debajo del índice de inflación, no permite mantener actualizados los montos indemnizatorios fijados en la sentencia (ca usa n° 114.794 del 5/08/14).

Por tal motivo, propongo que se aclare la sentencia apelada en el sentido de que la tasa de interés que debe aplicarse es la tasa pasiva promedio informada por el Banco Central de la República Argentina en la página http://www.bcra.gov.ar (que coincide con la que surge de la página del Colegio de Abogados de la Provincia, http://www.colproba.org.ar/liquidaciones/calcular ), hasta que quede firme la presente, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago la tasa activa para las “restantes operaciones en pesos” que suministra la página http://www.scba.gov.ar (arts. 260, 261, 266 y cctes.C.P.C.).

V.- Costas.

Si mi voto es compartido, sugiero que las costas de segunda instancia, se impongan en un 70 por ciento a la actora vencida, habida cuenta de los agravios motivo de contestación, y el resto por su orden (arts. 68 y 71 C.P.C.).

Con la salvedad indicada, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

De acuerdo a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1°.- Confirmar la sentencia apelada, con la salvedad de que la tasa de interés que debe aplicarse es la tasa pasiva promedio informada por el Banco Central de la República Argentina en la página http://www.bcra.gov.ar (que coincide con la que surge de la página del Colegio de Abogados de la Provincia, http://www.colproba.org.ar/liquidaciones/calcular), hasta que quede firme la presente sentencia, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago la tasa activa para las “restantes operaciones en pesos” que suministra la página http://www.scba.gov.ar.

2°.- Imponer las costas de segunda instancia en un 70 por ciento a la actora vencida, y el resto por su orden.

ASI LO VOTO.-

El señor juez Dr. Roberto A.Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser modificada.

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:

1°.- Confirmar la sentencia apelada, con la salvedad de que la tasa de interés que debe aplicarse es la tasa pasiva promedio informada por el Banco Central de la República Argentina en la página http://www.bcra.gov.ar (que coincide con la que surge de la página del Colegio de Abogados de la Provincia, http://www.colproba.org.ar/liquidaciones/calcular) , hasta que quede firme la presente sentencia, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago la tasa activa para las “restantes operaciones en pesos” que suministra la página http://www.scba.gov.ar.

2°.- Imponer las costas de segunda instancia en un 70 por ciento a la actora vencida, y el resto por su orden. NOT. Y DEV.-

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