No vulnera el principio de congruencia la aplicación de intereses moratorios a la cuota alimentaria aunque no hubieran sido expresamente solicitados por la actora.

Pesos argentinos 2Partes: Á. R. J. c/ M. R. A. s/ materia a categorizar

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza

Sala/Juzgado: primera

Fecha: 5-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-87874-AR | MJJ87874

No vulnera el principio de congruencia la aplicación de intereses moratorios a la cuota alimentaria, aunque no hubieran sido expresamente solicitados por la actora.

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Sumario:

1.-Cabe fijar intereses moratorios a la cuota alimentaria aunque no hubieran sido expresamente solicitados por la actora, pues si bien la congruencia es la necesaria conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones deducidas en un juicio, la naturaleza propia de las acciones alimentarias autoriza una mayor libertad de las formas procesales y permite apartarse del principio sacramental antedicho.

2.-En el caso no se trata de suplir la negligencia de la actora al no peticionar los intereses en el momento procesal oportuno, esto es en la demanda de la acción principal o en la de este incidente de aumento de cuota, sino solo de utilizar la mayor libertad que proporciona el carácter especial” de la demanda alimentaria en aras de preservar el interés superior de la niña.

3.-Es posible que el juez modifique el encuadramiento legal de la pretensión por aplicación del principio iura novit curia, de modo que no existirá incongruencia cuando se decida sobre una pretensión que, aunque no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.

4.-Si en el caso el convenio alimentario no estableció la tasa de interés moratorio aplicable y tampoco hay previsión legal que lo indique, siguiendo el criterio de la Suprema Corte, cuya doctrina legal es de aplicación obligatoria para los jueces de las instancias ordinarias, corresponde aplicar la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.

Fallo:

En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Agosto de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera, del Departamento Judicial La Matanza, Doctores Ramón Domingo Posca y José Nicolás Taraborrelli, para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “Á., R. J. c/ M. R. A. s/ Materia a Categorizar”, causa nº 3180/1, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: DRES. POSCA -TARABORRELLI, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTI O N

¿Resulta ajustada a derecho la resolución apelada, en cuanto impide la inclusión de intereses moratorios?

VOTACION

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMÓN

DOMINGO POSCA dijo:

I. Los antecedentes del caso. El recurso de apelación y sus agravios.

A fs. 317/318 vta. el Sr. Juez de grado resuelve rechazar la liquidación practicada por la Sra. R. J. Á. y ordena practicar una nueva desde la fecha indicada en la sentencia dictada en autos y sin aplicación de intereses. En sus considerandos, y a los cuales me remito en honor a la brevedad, el Sr. Magistrado recuerda lo resuelto oportunamente en esa instancia liminar respecto a los rubros y modalidades que el demandado debía cumplir como obligación frente al menor R. D. M. . Esgrimiendo el principio de congruencia, resalta en su pto. VI que “…ni la sentencia ha ordenado la tasa aplicable ni la parte lo ha considerado en el escrito liminar sumado a ello que es claro el resolutorio donde indica la fecha desde la cual deberá practicarse la liquidación de las sumas adeudadas en concepto de alimentos, sin aplicación de interés alguno”.

A fs. 319/320, en los términos del art. 48 del ritual -ratificado a fs. 322, el Sr. Titular de la UFD N°6 Deptal, Dr.Víctor Luis Boero plantea reposición y apela subsidiariamente.

En sus fundamentos se agravia frente al deber de practicar una nueva liquidación sin aplicación de intereses. Entiende que el principio de congruencia que funda la resolución impugnada resulta erróneo. Que “…el solo hecho del reclamo de la cuota alimentaria integra el de sus accesorios, siendo los intereses uno de ellos…”, destacando que la liquidación practicada tuvo su correspondiente bilateralización con su traslado y que la misma ha sido consentida en montos e intereses liquidados. Indica que de no aplicarse intereses se permitiría al alimentante remiso a su pago a demorar el mismo en desmedro del interés de su hijo menor. Cita jurisprudencia que entiende respaldatoria.

II. La solución:

Ahora bien, adentrándonos al análisis de la cuestión bajo estudio,

importa señalar, tal como lo manifestara el Sentenciante de grado, que el principio de congruencia en el tema de la sentencia se refiere a la necesaria conformidad que debe existir entre las pretensiones, defensas y excepciones deducidas y el decisorio. Que el juzgador se pronuncie sobre todas las cuestiones esenciales planteadas por las partes en una cuestión lógica, debiendo recaer el fallo sobre el objeto reclamado y en función de la causa y objeto invocado “sin incurrir en omisiones o demasías decisorias” (SCBA, 7/2/95, DJBA, 148-2581).”Sencillamente, los arts. 34, inc. 4 y 163, inc. 6, prohíben a los jueces otorgar algo que no haya sido pedido. (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Comentado, anotado, y concordado. Legislación Complementaria. 9º ed. Actualizada y ampliada. Ed. Astrea pág. 50).

Sin embargo, “es necesario advertir que una importante tendencia en doctrina y en la jurisprudencia de los tribunales postula la flexibilización de los alcances del principio procesal que se comenta, el que, según se dice, no constituye un molde cerrado o hermético, invariable o fijo, cuya estricta observancia se vincule con las condiciones del debido proceso adjetivo.Se argumenta que en el proceso civil moderno el juez no puede conservar la actitud pasiva que tuvo en el de otros tiempos, pues el Estado se haya interesado en que la justicia de todos los pleitos se realice lo más rápidamente y lo mejor posible, sin que por ello el sentenciante deje de ser un sujeto imparcial y libre para decidir la contienda que se le ha planteado.

La temática ha sido especialmente abordada en el reciente XXIV Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado del 8 al 10 de noviembre de 2007 en Mar del Plata. Allí, la comisión nº1 concluyó que la flexibilización de la congruencia, como excepción, puede admitirse en la búsqueda de una solución justa. Se dijo además que la flexibilización de la congruencia exige sincerar el apartamiento de la regla y explicitar los motivos por los que tal decisión conduce a la “respuesta justa”. La fundamentación debe aludir, inexcusablemente, a que no se afecta la garantía de la defensa (.) De igual manera y tal como lo hemos expresado en el apartado anterior, es posible

que el juez modifique el encuadramiento legal de la pretensión por aplicación del principio iura novit curia. (.) En otros términos, no existirá incongruencia cuando se decida sobre una pretensión que, aunque no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.” (Proceso de daños. Tomo II. ISBN 978-987-03-1815-6. Autor:

Pettis, Christian R.-Kiper, Claudio M.). “Téngase en cuenta que el principio de congruencia, en cuanto al objeto de la prestación se refiere, no juega con rigidez en esta materia, en consonancia con la facultad del actor de estimar provisoriamente en la demanda el monto pretendido.” (“Códigos Procesales en lo Civil y Comercial Prov. De Bs. As. Y De La Nación. Comentados y Anotados. VII-A arts. 600 a 675. Morello, Sosa, Berizonce, Tessone Ed.

Platense SRL. Arts. 641 CPCC y 644 CPCN. Pág.325)

Por su parte, el Orden Público es el conjunto de principios que sirven de fundamento a la organización del estado, de la sociedad y de la familia.

Son principios que el legislador en una época concreta, estima indispensable defender a través del ordenamiento jurídico para conservar la particular concepción que se tenga sobre la familia, la sociedad y el estado. Las normas de orden público son imperativas en el sentido de que, por existir un interés superior social o colectivo comprometido en su observancia, la voluntad de los particulares no la pueden derogar o modificar. El derecho de familia, por ser de orden público, se integra con normas imperativas, irrenunciables, inderogables por la voluntad de los particulares, que atienden al interés superior del estado o interés familiar del estado. Este derecho particular y de orden público es el que están facultados los jueces para aplicar en la decisión de las causas sometidas a su conocimiento y decisión.

(“Instituto de Derecho de Familia, Márcos M. Córdoba. Director del Instituto de Derecho de Familia. http://revista.cpacf.or.ar)

En consecuencia y en base a lo “ut supra” descripto, si bien nos encontramos en presencia de dos principios rectores para nuestro derecho los cuales deben permanecer incólumes en principio (puesto que como se

ha advertido con relación al principio de congruencia existe una corriente hacia su flexibilización), cuando se entra en colisión entre ambos deberá prevalecer aquél que tienda a dar una solución más justa, y como lo es en la especie, proteger el interés superior del niño, puesto que las circunstancias particulares del caso concreto nos llevan a perseguir aquella solución que importe la protección del derecho del alimentado, debiendo el mismo obtener una cuota que cubra verdadera e íntegramente sus necesidades de subsistencia. Es por ello que “En la especie es evidente que medio omisión en el pedido de tales accesorios por parte de la actora (v. fs. 374) y de la Asesora de Incapaces (v. fs.355) y por ello no hubo pronunciamiento de la sentenciante de grado (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCC), sin embargo no cabe duda que el demandado a sabiendas generó concientemente con su actitud morosa la deuda que se liquida depositando un porcentaje de su sueldo inferior al fijado en la sentencia homologatoría a fs. 220 (art. 162 del CPCC). Por tratarse de alimentos debidos a menores de edad (arts. 265, 267, 282, 1300 y concs. Del CC) de acuerdo a la normativa que insufla el derecho de familia y en especial el minoríl que es de Orden Público, se impone fijar intereses por la mora, para preservar los alimentos que le son debidos al niño y no prohijar conductas arbitrarias de los alimentantes (arg.

Art. 36 inc. 7 del CPCC). Ello así, por estar conculcado el principio humano de la satisfacción integral del superior interés del niño en procura de cubrir sus necesidades vitales en un momento histórico determinado, preservando el cobro íntegro de lo que es debido (art. 3 CDN), que prevalece aún en eventual colisión con el derecho de defensa en juicio (art. 18 CN)…”(Causa Nro.: 88.322: F.M.C/ A.L. S/ Alimentos”, Dolores Noviembre de 2009); “Si bien coincidimos con el a quo en que la congruencia es la necesaria conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones deducidas en un juicio, la naturaleza propia de las acciones alimentarias nos autoriza una mayor libertad de las formas procesales y nos permite apartarnos del principio sacramental antedicho.Así, en el caso de autos, no se trata de suplir la negligencia de la actora al no peticionar los intereses en el momento

procesal oportuno, esto es en la demanda de la acción principal o en la de este incidente de aumento de cuota, solo se trata de utilizar la mayor libertad que nos proporciona el carácter “especial” de la demanda alimentaria en aras de preservar el interés superior de la niña (.). Para reforzar este pronunciamiento hemos de citar que en fallo reciente con la firma de los Dres. García y Videla Sánchez, en un caso similar al presente: (PI 2008 n° 133 T°II F° 282/284), esta Sala se ha expedido diciendo: “La cuota alimentaria constituye una obligación de dar y como tal se debe a partir de la notificación de la demanda y su pago debe hacerse en tiempo y forma devengando, en caso de mora los intereses respectivos.Así, la Cámara Nacional estableció en fallo plenario que éstos se devengan: a) a partir del plazo fijado en la sentencia para el pago de las cuotas respecto a las posteriores a éstas; b) a partir de la constitución en mora desde el vencimiento de cada período respecto de la anterior. Afirmando Bossert en “Régimen Jurídico de los Alimentos”, pag. 380, que “dichos intereses corren desde la fecha que debía hacerse el pago.”. Los intereses se deben desde la mora en el pago de cada cuota, en este caso “complementaria” y se produce desde la fecha en que ésta debió ser cancelada, correspondiendo el pago de los intereses, no obstante no estar especialmente tratado su determinación en ella. Esto es así por tratarse de una obligación pura y simple a la que resulta aplicable el art. 509, párr. 1° del Cód.Civil, (ver fallo de la Sala II, con voto del Dr. García, PI n° 345.T° IV-F° 685/686 y jurisprudencia allí citada). “La constitución en mora del obligado al pago de alimentos se produce con la notificación del pedido de aumento de cuota, que opera como interpelación. En consecuencia, a partir de ese momento deben correr intereses hasta el momento del efectivo pago.” (CNCiv., Sala C, diciembre 12-1995. L.E.M. c.M.A.L.-L.L. 1997-C, 965, 39.547-S, publicado en “Digesto Práctico La Ley”, “Alimentos” 1° Edición, p. 855 y fallos en igual sentido transcriptos en parágrafos nros. 952, 956, 957, 958 y 959 citados en la misma obra a fs. 749/750)” (“U.R.I. C/ M.J.C. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria” Exte. Nro. 10650-2007. Fallo 72/09. 26/03/2009. Cámara

de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria -I Circunscripción Judicial. Neuquen”).

Asimismo, tratándose el presente de un proceso por alimentos, como trámite especial, previsto desde los artículos 635 a 647 del CPCC, la intervención de la parte demandada en el proceso esta regulado en el art.

640 del rito, limitándose a demostrar la falta de título o el derecho de quien pretende los alimentos, así como su situación patrimonial, quedando facultado para acompañar prueba instrumental, solicitar informes, etc. Es por ello, que va de suyo en el escrito preliminar propuesto por la actora -cuyos recaudos y extremos legales los establece el art. 635 del CPCC, a quien le incumbe siquiera denunciar aproximadamente el caudal de quien deba suministrarlos-, que los intereses como accesorios de la obligación principal, quedan implicitamente peticionados en forma conjunta con dicha obligación principal, pues de lo contrario, sin intereses se envilece la cuota de alimentos ante el retardo en su cumplimiento. Tal derecho, surge legalmente de los artículos 264, 265, 266 y 267 del Cód.Civ., en los cuales se declara de pleno derecho que los padres tienen la obligación de alimentos con sus hijos, puesto que el derecho alimentario del hijo menor deriva de los deberes que impone la Patria Potestad, cuestión esta que resulta de Orden Público.

(Régimen Jurídico de los Alimentos. Gustavo Bossert. 4º Reimpresión. Ed.

Astrea. Pág. 5 y 181).

A mayor abundamiento, de lo que se sigue que resulta de aplicación como doctrina, el último párrafo del art. 644 del CPCN, en su parte pertinente dispone que: “…las cuotas mensuales a que se refiere este artículo, como también las suplementarias previstas en el siguiente, devengarán intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas.” Finalmente importa dejar en claro que se aplica este criterio exclusivamente para los juicios de alimentos, dada su naturaleza jurídica y perentoriedad.

Sentado ello, pasando al análisis del caso bajo estudio, se infiere que siendo la cuota de alimentos para un menor de edad, la misma debe ser

cubierta en forma integral en virtud de su naturaleza asistencial. En el caso, el propio sentenciante ha entendido oportunamente la necesidad de fijar a fs.

29/29vta una cuota provisoria actualizada “…cuando el tiempo necesario para sustanciar su pretensión podría tornar ilusorio y meramente nominal su derecho demostrado en definitiva”.

A fs.83/87 se fija una cuota de alimentos en el 25 % de los haberes mensuales que percibe el demandado como subteniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, más los complementos y bajo las modalidades que allí se fijan.Indica que para establecer la cuota de alimento suplementaria debe tenerse en cuenta la fecha de notificación de la demanda, el porcentaje que se establece como cuota y la evolución de los salarios, debiendo practicar la correspondiente liquidación, descontándose lo efectivamente percibido por la accionante.

El cumplimiento de tal presupuesto aparece como insoslayable en el caso, existiendo – de acuerdo a lo que surge del propio proceso -la necesidad de practicar una liquidación que refleje lo que debió haber abonado el obligado durante la tramitación del juicio, descontando aquellos pagos que pudo haber cumplido el mismo, además de sumarse aquellas que se devenguen posteriormente a la sentencia y hasta el momento de realizar dicha liquidación, si ellas no resultan pagadas.

Así las cosas, poco trecho queda recorrer para advertir que surge la necesidad del cálculo de lo realmente debido por el alimentante con la aplicación de intereses en virtud de la morosidad que éste ha incurrido para el cumplimiento de un deber que resulta natural a su propia condición de alimentante – en el caso de un menor de edad-.

Aclarado ello, diremos que por tratarse de un obligación pura y simple, resulta aplicable el art. 509, párrafo 1° del CC, por lo que desde el vencimiento de cada período correrán intereses moratorios (art. 622 del CC).

Reitero, los intereses moratorios sancionan la mora en el retardo del cumplimiento y siendo el caso un proceso por alimentos a favor de un menor de edad, su naturaleza asistencial debe ser valorada a la hora de exigir su

cumplimiento, tal como lo ha valorado la Sra. Asesora de Incapaces Deptal. a fs.235.

Sin embargo, lo expresado por el apelante respecto al consentimiento prestado por el demandado respecto a los montos liquidados y la aplicación de intereses no tiene andamiaje frente a las constancias de autos. Esta Alzada ya tiene dicho que “…practicada la pertinente liquidación, sea por cualquiera de los litigantes -según el caso-, y a los fines de no vulnerarse el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional (art. 18 CN, ccdte.con el art. 15 del C. Prov.), de la misma deberá darse vista (art. 501 “in fine” CPPC). No pudiendo dejarse de señalar que aún de recibir la misma embate alguno, ello no obsta a que el Juzgador pueda ajustar la liquidación a lo que corresponde a derecho, con prescindencia de las pretensiones y objeciones que postulen las partes, y aún frente al silencio del obligado (art. 953 del CC., 34 inc. 5°, ap. B y 501 del CPCC)(“Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires” Anotado y Comentado, 2ª edición ampliada y actualizada por Roland Arazi, Tomo II, Ed. Rubinzal Culzoni, 2012 C1aCCom.

De Quilmes, 19/6/2033, “Angeletti, Alejandro c/Di Rosa, Javier s/Daños y Perjuicios”, 4835, RSI 155/03, JUBA-, pág. 255/256) (Lonzalles, Rorberto S. C/ Battioni, Pablo G. y Otros S / Daños y Perjuicios”, Causa N° 1446/1, RSI N° 101/13, resolución del 7 de mayo de 2014.).

Asimismo, juntamente con la aplicación de intereses deviene la fijación de una tasa que enmarque la liquidación de los mismos, conforme se desprende de la atenta lectura de la memoria.

Esta Alzada ha dicho que “Es preciso tener en cuenta que la cuota alimentaría solicitada por el alimentado apunta a cubrir aquellas necesidades que éste posee. Es por ello, que tal fundamento y justamente por su naturaleza alimentaría, tienen como finalidad el consumo, es decir destinado a cubrir las necesidades de su subsistencia”.

“El alimentado ha obtenido su derecho a los alimentos, por una presunción de ley encaminada a cubrir sus necesidades que hasta un momento antes del conflicto generado venía gozando bajo un nivel propio de

la relación existente. Tal quiebre, producido por los propios partícipes, produce la necesidad de cubrir dicho aspecto, hasta el momento cubierto, apareciendo un derecho que se encontraba latente y en letargo hasta que resultó efectivo por la aparición del hecho quebrantador del mencionado equilibrio”.

“El art.622 del Código Civil otorga a los jueces la facultad de determinar los intereses o la tasa que debe aplicarse al deudor moroso de una obligación. Sin perjuicio de tratarse de una deuda generada por cuota alimentaría, resulta aplicable por analogía que esta discrecionalidad debe ser “…ejercida prudentemente, atendiéndose -antes que a criterios bancarios o mercantiles – al armónico juego de diversos principios: la compensación que debe recibir el acreedor, el peligro de provocar un enriquecimiento sin causa, las reglas de moral y buenas costumbres, y el plexo de valores implícito en los arts. 953 y 954 del Código Civil, etc. A la vez, con la fijación de los intereses no se intentará corregir la depreciación monetaria o subsanar los efectos de la crisis económica (causa B. 49.193 bis, “Fabiano”, sent. del 2-X-2002), ni tampoco se establecerán tasas tan excesivas o tan escasas que la función de los intereses quede desnaturalizada…” (Voto en minoría del Dr. Lazzari, causa C. 107.394, “Brancaleone de Riva, Ana Nora contra Passo, Eduardo y otros. Daños y perjuicios”, sentencia del 9 de junio de 2010). Sin perjuicio de lo expresado, y manteniendo aún el criterio como doctrina legal, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho recientemente: “En lo que respecta al agravio vinculado con la tasa de interés, este Tribunal ha fijado posición en casos su stancialmente análogos al aquí ventilado (art. 31 bis, ley 5827). Así, en las causas C. 101.774, “Ponce” y L. 94.446, “Ginossi” (ambas sentencias del 21 X 209) se decidió por mayoría ratificar la doctrina que sostiene que a partir del 1 de abril de 1991, los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art.623, Código Civil) con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos

comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. Arts. 7 y 10, ley 23.928 -modificada por ley 25.561-; 622, Código Civil; causas Ac. 43.448, “Cuaren”, sent. del 21-V-1991; Ac. 49.439, “Cardozo”, sent. del 31-VIII-1993; Ac.

68.681, “Mena de Benitez”, sent. del 5-IV-2000; L. 80.710, sent. del 7-IX2005; entre otras). Ello autoriza a declarar procedente el agravio planteado y revocar la sentencia en lo concerniente a la tasa de interés aplicable a partir del 6 de enero del año 2002, correspondiendo liquidar dichos accesorios según la alícuota que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (fs. 516)” – (SCBA “Raimundo, Carlos Romualdo contra Bianco, Alberto y otro. Daños y perjuicios”, causa C. 93.136, sentencia del 9 de Junio de 2010). (SCBA “G. H., R. H. contra Coto C.I.C.S.A. Daños y perjuicios”, causa C. 101.313, sentencia del 6 de Octubre del 2010)”.

“La tasa de interés moratorio debe ser lo suficientemente resarcitoria como correlato del retardo en el incumplimiento del deudor, por lo que no puede perderse de vista que su implementación no debe sustituir un mecanismo de indexación aún vedado por la ley de orden público”.

“Al respecto la jurisprudencia ha dicho “El art. 622 del Código Civil dispone que ante la falta de intereses moratorios convenidos o fijados por leyes especiales, serán los jueces quienes determinarán el que se debe abonar.Si en el caso el convenio alimentario no estableció la tasa de interés moratorio aplicable y tampoco hay previsión legal que lo indique, siguiendo el criterio de nuestra Suprema Corte, cuya doctrina legal es de aplicación obligatoria para los jueces de las instancias ordinarias (art. 161 inc 3º, ap. b y c, Const. Pcial.), corresponde aplicar la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días”, (CCO201 LP 102876 RSD-150-4 S 29-7-2004, “T., S s/ Divorcio vincular conjunto”, B255386). (Criterio seguido por esta Alzada en los autos caratulados “PERLIN, Daniela Laura c/ GARCIA DI PARDO, Martín Mariano s/ Alimentos”, RSD: 226/11, Sentencia del 29 de Diciembre del 2011, voto

del Dr. Posca).(“Saucedo, Mónica Liliana c/ Ponce, R.Joaquín s/ Alimentos”, Causa Nº: 3003/1, RSD: 94/13, Sentencia del 14 de Junio de 2013, voto del Dr. Alonso)”. (SCBA, P. A.A. c/ Z., E. A. s/ Incidente de cuota alimentaria y beneficio de litigar sin gastos”, del 27 de Noviembre de 2013).

Es por ello, por las razones expresadas, y en virtud de que las cuotas alimentarias devengan intereses moratorios, produciendo su mora desde la fecha en que ésta debió ser pagada (arg. art. 509 del CC y art. 622 del CPCC) (BOSSERT Gustavo A., “Régimen Jurídico de los Alimentos”, ED.

ASTREA, pág. 380) -(BELLUSCIO Claudio, “Prestación alimentaria”, Régimen Jurídico – Aspectos legales, jurisprudenciales, doctrinales y prácticos, ED. UNIVERSIDAD, pág.899). Entiendo – y así lo propongo a mi distinguido colega de Sala – la realización de una nueva liquidación por la parte actora con la aplicación de los intereses moratorios que se devenguen desde la fecha de su exigibilidad (18 de febrero de 2010 -ver fs.83/87-), y hasta su efectivo pago con el interés que resulte de aplicar al capital de condena -cuota suplementaría-la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días – tasa pasiva-, en sus distintos períodos de aplicación. (Doct. Arts. 509 y 622 del CC y arg. arts. 165 del CPCC).

III.-Las costas de Alzada.

Propongo no imponer costas de Alzada atento a la naturaleza de la cuestión y la forma en que se resuelve (art. 68 C.P.C.C).

Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO LA NEGATIVA.

Por análogos fundamentos el Doctor Taraborrelli también VOTA POR LA NEGATIVA.

Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede, éste Tribunal RESUELVE: 1°) REVOCAR la resolución apelada, debiendo la parte actora practicar una nueva liquidación, con la aplicación de los intereses moratorios que se devenguen desde la fecha de su exigibilidad (18 de febrero de 2010 -ver fs.

83/87-), y hasta su efectivo pago con el interés que resulte de aplicar al capital de condena -cuota suplementaria-la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días – tasa pasiva-, en sus distintos períodos de aplicación. (Doct. Arts. 509 y 622 del CC y arg. arts. 165 del CPCC). 2) NO IMPONER las costas de Alzada atento a la naturaleza de la cuestión y la forma en que se resuelve. (art. 68 C.P.C.C). REGISTRESE. DEVUELVASE.

Fdo.: Dr. Ramón Domingo Posca

Dr. José Nicolás Taraborrelli

Jueces

Ante mi: Dra. Edith Irene Rota

Secretaria

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