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No existe fraude de la Cooperativa de trabajo si el demandante conocía el estatuto y participaba de las asambleas

VigilanciaPartes: Mira Hugo Deolindo c/ Cooperativa de Trabajo de Vigilancia Puerto Deseado Limitada s/ ordinario – despido

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Sala/Juzgado: Laboral

Fecha: 11-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87446-AR | MJJ87446

No cabe considerar fraude laboral en caso de una cooperativa de trabajo que brindaba servicios de vigilancia privada, pues el demandante conocía el Estatuto Cooperativo y asistió a las asambleas celebradas.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que había hecho lugar a la demanda por entender que se había utilizado fraudulentamente la figura de la cooperativa de trabajo para encubrir una relación laboral, pues el vasto cuadro probatorio apunta a la existencia de una persona jurídica debidamente constituida y sin que se acredite ninguna anomalía sustancial durante su actuación que permita sospechar una desviación de los fines invocados.

2.-La sentencia ha parcializado la declaración del único testigo, pues de ella no sólo surge que alguna vez no cobró retornos por ínfimos, sino también que conocía el Estatuto Cooperativo, que la entidad realizaba asambleas, que había concurrido a todas, y que en ellas se trataba el reintegro, el balance general, la incorporación de nuevos socios como la renovación de autoridades por voto directo.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los once días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio y Carlos F. García Allocco, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: «MIRA HUGO DEOLINDO C/ COOPERATIVA DE TRABAJO DE VIGILANCIA PUERTO DESEADO LIMITADA – ORDINARIO – DESPIDO» RECURSO DE CASACION – 98517/37, a raíz del recurso concedido a la demandada en contra de la sentencia N° 91/10, dictada por la Sala Quinta de la Cámara Única del Trabajo, constituida en tribunal unipersonal a cargo de la señora juez doctora Ana María Moreno de Córdoba -Secretaría N° 9-, cuya copia obra a fs. 117/129, en la que se resolvió: «I. Admitir la acción interpuesta por Mira Hugo Deolindo y en consecuencia condenar a Cooperativa de Trabajo de Vigilancia Puerto Deseado Limitada a abonarle los sueldos anuales complementarios primer semestre dos mil seis proporcional, segundo semestre dos mil siete y primer semestre de dos mil ocho completos, indemnización art. 8 de la ley 24013 y entregar las certificaciones del art. 80 L.C.T en el término de diez días a partir de esta sentencia, vencidos los cuales y ante su incumplimiento el Tribunal confeccionará la certificación con los datos fijados en la causa y rechazarla en lo demás; II. Con costas a la cooperativa demandada en tanto se considera vencida en función del principio de vencimiento objetivo. (art. 28 CPT); III. Desestimar la demanda en contra de Gustavo Adolfo Valdez; IV. Con costas por su orden (art. 28 CPT); V) Los montos por los que prosperan las acreencias admitidas deben determinarse conforme las pautas dadas precedentemente y las legales aplicables; VI.Dichos importes serán adicionados con intereses desde que cada uno de ellos fue debido hasta su efectivo pago, los que serán equivalentes a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina con más el dos por ciento (2 %) mensual; VII. Los honorarios de los letrados se regularán cuando exista base económica.». Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de la parte demandada?

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué resolución corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley resultó que los señores vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

1. El recurrente denuncia violación del deber de fundamentación, falta de razón suficiente e infracción a los principios de identidad y no contradicción para arribar a la decisión acerca de la existencia de fraude laboral. En esa dirección, dice que la a quo se apoya en otro fallo -Romero.-, cuando no se encuentra firme. Además, hace hincapié en la negligencia probatoria de la parte actora sin asignarle la trascendencia para desactivar la presunción del art. 23 L.C.T., más que dejar en cabeza del accionante la prueba del fraude. Asimismo, le resta valor convictivo a los dichos de Pinardel, afirmando que un sólo testigo no es suficiente para conocer el real funcionamiento de una cooperativa.

2. El Tribunal unipersonal luego de analizar los hechos y la prueba concluyó que el ente demandado actuó en violación a la normativa que lo rige y en fraude a la ley laboral ya que el accionante se desempeñó como empleado y no como socio. Que el único testimonio no aparece eficiente para conmover la sentencia porque resulta un aporte aislado que no revierte el incumplimiento a las disposiciones específicas de la actividad de que se trata. Que por tanto, la relación quedaba regida por la ley de contrato de trabajo (fs. 126 vta.).

3.La Juzgadora, sostuvo que no existía controversia en relación a que el actor ingresó como socio de la entidad cooperativa constituida y habilitada por Res. Nº 891 del 18/11/92, matrícula Nº 14.438 e inscripta bajo el Nº 1631 y que en ese carácter prestó servicios de vigilancia en determinados objetivos. Que dichos aspectos fueron confirmados por la inasistencia del demandante a reconocer firma y contenido de los recibos de anticipos de retorno -art. 1028 C.C.-. Además, recibió ropa de trabajo en dos oportunidades -años 2006 y 2007- y llevó a cabo una declaración jurada de incompatibilidades para el ejercicio del cargo -arts. 33 y 34 de la Ley Nº 9.236 y después fue admitido como asociado (fs. 122). Agregó que, el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Córdoba -Gerencia de prestadores privados-, lo habilitó por el término de dos años como personal de la Empresa Coop. De Trabajo de Vigilancia «Puerto Deseado Ltda»-. Que la sociedad fue tomadora de una póliza de «accidentes personales» en Mapfre Argentina Seguros de Vida S.A. y, finalmente la cartera de Gobierno por intermedio de su Secretaría de Seguridad la autorizó como prestadora privada de la actividad -Resolución Nº 57 del 19/05/05-.

No obstante, el vasto cuadro probatorio en orden a la existencia de una persona jurídica debidamente constituida y sin que se acredite ninguna anomalía sustancial durante su actuación que permita sospechar una desviación de los fines invocados y parcializando los dichos del único testigo -Pinardel-, como recurriendo al -Dcto. Nº 2015/94, Resolución Nº 1510/94 del INAC y art. 40 de la Ley Nº 25.877-, dicta un veredicto que se aparta de la fuente de convencimiento.

4. Por ello, corresponde anular el pronunciamiento y entrar al fondo del asunto (art. 105 CPT).

5. De la declaración testimonial citada, no sólo surge que alguna vez no cobró retornos por ínfimos, sino también que conocía el Estatuto Cooperativo, que la entidad realizaba asambleas, que había concurrido a todas.Que en ellas se trataba el reintegro, el balance general, la incorporación de nuevos socios como la renovación de autoridades por voto directo. Afirmó, que lo vio a Mira en una asamblea y que cobraba el mencionado retorno con tarjeta del Banco Credicoop.

Respecto de la normativa que la Sentenciante estima vulnerada, cabe recordar que la accionada se constituyó con anterioridad a su vigencia -año 1992-. Que si hubiera vulnerado la prohibición de actuar como una empresa de servicios eventuales -art. 40, Ley Nº 25.877- excede lo probado en autos (no se acreditó que funcionara como agencia de colocaciones)-. En cuanto al Dec. Nº 1002/99 que regula la actividad de servicios privados de seguridad y custodia, la Juzgadora no da razones de por qué, no adecuada a un tipo societario propio de la ley Nº 19.550, obliga per se a calificar la actividad de fraudulenta. Es que, según se anticipara no se acreditó irregularidad ni en su creación ni en el desenvolvimiento de su existencia como persona jurídica.

Luego, el vínculo que unió a las partes revistió naturaleza asociativa y por ende ubicado fuera del ámbito del derecho del trabajo

Por todo lo expuesto, la demanda incoada debe ser rechazada con costas por el orden causado en atención a que la singularidad de la operatoria asociativa pudo persuadir al actor de que se encontraba ante un contrato de empleo y en consecuencia solicitar los créditos derivados de éste.

Voto por la afirmativa.

El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, oportunamente, dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Por el resultado de la votación que antecede corresponde: a) admitir el recurso de casación deducido por la «Cooperativa de Trabajo de Vigilancia Puerto Deseado Ltda.» y anular el pronunciamiento de mérito. b) Rechazar la demanda con costas por su orden. c) Los honorarios del Dr. Augusto R. Embrioni serán regulados por la a quo en un treinta y dos por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36 de la Ley Nº 9.459 sobre lo que constituyó materia de discusión (arts. 40; 41 y 109 ib.) debiendo considerarse el art. 27 de la mencionada norma.

El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Adhiero a la solución a la que se arriba en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, oportunamente, dijo:

Comparto la decisión que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral,

RESUELVE:

I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y anular el pronunciamiento atacado.

II. Rechazar la demanda en contra de «Cooperativa de Trabajo de Vigilancia Puerto Deseado Ltda.»

III. Con costas por su orden.

IV. Disponer que los honorarios del Dr. Augusto Roberto Embrioni sean regulados por la Sala a quo en un treinta y dos por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36 de la Ley Nº 9.459 sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 27 ib.

V. Protocolícese y bajen.

Se deja constancia que la señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel ha participado de la deliberación correspondiente a estos autos y emitido su voto en sentido coincidente con el de los señores vocales doctores Luis Enrique Rubio y Carlos F. García Allocco, pero no suscribe la presente en razón de hallarse ausente por motivos de salud (Resolución N° 418 del 10/06/14), siendo de aplicación el art. 120, 2° párrafo CPC por remisión del art. 114 CPT.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su conten ido, firman el señor Presidente y el señor Vocal, todo por ante mí, de lo que doy fe.

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