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La concesionaria de la autopista debe indemnizar los daños causados a un automóvil por el impacto de una madera

shutterstock_57742459Partes: Taquin S.A c/ Autopistas del Sol S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 27-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87591-AR | MJJ87591

Por haber incumplido el deber de seguridad a su cargo, la concesionaria de la autopista debe indemnizar los daños causados a un automóvil por el impacto de una madera que se encontraba en la misma.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la concesionaria de la autopista por los daños causados a un automóvil por el impacto de una madera que se encontraba en la misma. Existía un deber de seguridad a su cargo conforme lo prescripto por el art. 1198 del Cciv. – en su ámbito específico de los arts. 5 y cc. de la Ley 24.240 de defensa del consumidor- y el mismo fue incumplido.

2.-La obligación emergente del deber de seguridad de la concesionaria de una autopista es de resultado, alcanzada por los factores objetivos de atribución. Por lo tanto, solo se libera demostrando una causa extraña generadora del daño, siendo insuficiente probar que adoptó las medidas de prevención razonablemente adecuadas.

3.-Opera en el caso para la concesionaria de la autopista el factor de garantía, debiendo ésta procurar la inocuidad y velar por la seguridad ajena. Al ocurrir el hecho lesivo de la responsabilidad, el damnificado no debe probar la relación causal con falencias de control así como tampoco exime a la responsable la prueba sobre la necesidad de ese control.

4.-Resulta procedente en el caso la declaración del testigo único, acompañante del conductor del vehículo dañado en el momento del accidente, ya que de acuerdo con la sana crítica sus dichos resultan veraces y concordantes con otras pruebas producidas -pericial en ingeniería mecánica- siendo indiferente que el actor no lo haya mencionado en el relato de su demanda y en cambio lo haya ofrecido como testigo.

5.-Procede en el caso aplicar disposiciones de la relación de consumo. El art. 1 de la Ley 24.240 incluye a las personas jurídicas y pone en cabeza de la concesionaria de una autopista una obligación de resultado y objetiva.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de 2014, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en los recursos de apelación interpuestos por las partes en los autos caratulados: «TAQUIN S:A. contra AUTOPISTAS DEL SOL S.A. sobre Daños y Perjuicios. Ordinario», habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, la Dra. Lidia Beatriz Hernández dijo:

Contra la sentencia de grado dictada a fs. 397/402, que hizo lugar a la demanda, apelaron ambas partes. La actora expresó agravios 443/444 y la demandada a fs. 456/463, los que fueron contestados a fs. 471/473 y fs. 474/476 respectivamente.

I.- La cuestión litigiosa.

Taquin S.A. reclamó la indemnización de los daños y perjuicios contra Autopistas del Sol S.A. por la suma de $ 20.197 o lo que en más o menos resultara de la prueba.

Manifestó que el 22 de octubre de 2008 a las 11.30 horas el presidente de la empresa Daniel Arturo Núñez conducía el automóvil marca Mercedes Benz, modelo C 200 K, dominio HJI 161, a la altura del kilómetro 31 de la Ruta Panamericana en sentido Pilar-Buenos Aires, cuando en dichas circunstancias impactó en la parte delantera un elemento de madera que estaba sobre el asfalto que voló como consecuencia de haber sido pisado por el automóvil que lo precedía.

Reclamó los gastos de reparación del automóvil, realizados y a realizar, la desvalorización del vehículo y otros gastos.

Imputó la responsabilidad por el hecho dañoso a la Autopista del Sol S.A., quien en su carácter de operadora del servicio incumplió el deber de control de la autopista.

Autopista del Sol S.A.negó la producción del accidente y la responsabilidad de su parte, quien dijo cumple con las medidas de mantenimiento y limpieza de la calzada principal de manera permanente.

La Sra. juez de grado adjudicó la responsabilidad por el hecho dañoso a la empresa demandada Autopistas del Sol S.A. condenándola a pagar dentro del plazo de diez días la suma de $ 15.949 con más los intereses, calculados desde la notificación de la demanda hasta el efectivo pago, aplicando la tasa activa establecida en el fallo plenario de fuero en autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A. sobre Daños y perjuicios» .

II.- Los agravios.

Apelan ambas partes.

La actora se queja porque en la sentencia se ha establecido que los intereses reclamados deben calcularse a partir de la notificación de la demanda y solicita que sean calculados a partir del 15 de noviembre de 2010 fecha del presupuesto de los gastos de reparación de vehículo y respecto de la suma en concepto de gastos ya devengados se calculen desde el 28 de noviembre de 2008.

Autopistas del Sol S.A. se agravia: 1) Porque se le adjudicó la responsabilidad por el hecho dañoso. Considera que se le ha dado eficacia probatoria al testimonio de Ziganorsky sin advertir que además de tratarse de un único testigo, sus dichos resultan contradictorios e incongruentes con el relato del actor en el escrito de demanda. 2) Porque la juez a quo ha considerado que existe una relación de consumo que no es tal. 3) Por el deber de seguridad que resulta el fundamento de la responsabilidad de su parte, entiende que no tiene responsabilidad por el hecho de autos. Hace reserva del caso federal.

Al contestar los agravios la demandada solicita que se declare desierto el recurso interpuesto por su contraria, al no reunir los requisitos mínimos exigidos por el art.265 del Código Procesal.

El escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas, conforme la norma citada, por lo que el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe al apelante de motivar y fundar su queja señalando y demostrando los errores en que se ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (CNCiv. Sala A, 1998-02-24, Tolabac Bianchi, La Ley 1999-C-777, J.Agrup. caso 13.807).

Al respecto, considero que el escrito de agravios presentado por la recurrente satisface las exigencias del art. 265 del Código Procesal, pues cuestiona la aplicación que hace la primer sentenciante del plenario del fuero «Samudio» en cuanto a la época del cómputo de los intereses.

En este sentido, la Sala reiteradamente ha establecido que la carga de fundar los agravios se satisface con el mínimo de la técnica exigida por las normas procesales en materia recursiva, pues ello resulta la interpretación que garantiza el derecho constitucional de la defensa en juicio (conf. CNCiv. Sala G, mayo 15-1981, La Ley 1983-B-764; CNCom. Sala C, set. 22-1978, La Ley 1978-D-674; CNCiv. Sala H, feb. 26-2003, R 355.525).

Por las consideraciones expuestas serán tratados los agravios traídos por la actora a consideración de este Tribunal.

III.- La responsabilidad de la concesionaria del corredor vial.

Los litigantes difieren en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad de la concesionaria del corredor vial.

Ahora bien, incumbe al juez, por el principio iuria novit curia suplir el silencio de las partes al invocar el derecho aplicable o calificar la acción si fue erróneamente señalada, circunstancia que no quebranta el principio de congruencia (art. 34 inc. 4° y art. 163 inc.6° del Código Procesal).

En tal línea argumental, no alterándose los hechos expuestos en la traba de la litis, los jueces pueden calificar la pretensión y aplicar el derecho que entiendan que corresponde al caso en estudio con independencia de las normas que invoquen las partes (Chiovenda, «Principios de Derecho Procesal Civil», Madrid 1922, T 1, p. 238; Falcón, Enrique Código Procesal Civil y Comercial de la Nación., TII, Ed. Abeledo Perrot Buenos Aires 1983, p. 140/41, Fassi Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación., T 1 Ed. Astrea, Buenos Aires 1988, p. 794/95; Kemelmajer de Carlucci, A., en «Cód. Civil.», T.5, p. 332 y fallos allí citados).

En esta tesitura y como ya he tomado partido en autos «Prediger, Andrés Luis contra Autovía del Oeste S.A. sobre Daños y Perjuicios», Expediente N° 50.702/2008, del 25 de junio de 2013, he de adherir a los fundamentos dados por mi distinguido colega de Sala Dr. Ameal, quien en lo atinente a la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los concesionarios viales, sostiene en sus pronunciamientos la teoría contractualista en el campo del derecho privado, unida a la tesis que la define como una relación de consumo, con la correspondiente obligación de seguridad que la prestadora del servicio vial debe al consumidor (conf. Galli, Cintia Nora c. Autopistas Urbanas S.A. s. daños y perjuicios»; Libre de fecha 27 de diciembre de 2.006, Recurso nº 457.005, en los que el daño se produjo como consecuencia del mal funcionamiento de la barrera del peaje).

Este criterio, ha sido sustentado por una calificada doctrina, mayoritaria entre los iusprivatistas, según la cual la relación que existe entre la empresa concesionaria de peaje y el usuario es de naturaleza contractual (Bustamante Alsina, Jorge, Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista provoca al vehículo que circula por ella, La Ley, 1992-D-194; Parellada, Carlos, Colisiones entre automotores y ciclista. Automotor y carros. Automotor y animales. Automotor y camiones.Automotor y trenes, Revista de derecho de daños, Accidentes de tránsito, t. II, p. 131; Azar, María José, La responsabilidad del concesionario y del Estado por accidentes en rutas. Incumplimiento del deber de señalización, RCyS, 1999-185; Zavala de González, Matilde, «Algunas observaciones al Proyecto de Código Civil de 1998», La Ley, 1999-C, 877. En este sentido se pronunció el despacho mayoritario de las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil suscripto, entre otros, por Bueres, Goldenberg, Agoglia, Boragina, Meza, Lloveras de Resk, Sagarna, Picasso, Wajntraub, Gesualdi, Parellada, Ameal, Ghersi, Casiello y Burgos).

Los defensores de la tesis contractualista aseveran que la naturaleza del vínculo que liga a la empresa y al usuario no es tributaria, sino contractual. En el precio por el servicio que éste abona está incluido el IVA, lo que pone en evidencia que no puede tratarse de un tributo, pues técnicamente no puede haber un tributo (IVA) sobre otro tributo (el peaje). El usuario es consumidor final y no contribuyente.

Ello, por cuanto quien accede a un camino concesionado manifiesta a partir de ese momento su voluntad de contratar el servicio desde el ingreso hasta el descenso de la ruta, por lo que tratándose de un usuario de una empresa prestataria de un servicio vial el contrato se perfecciona mediante el consentimiento tácito que emerge del mero hecho de su ascenso, siendo indiferente que se hubiera o no adquirido previamente el boleto, cuya omisión sólo da derecho a la empresa prestataria a cobrar un reajuste o los recargos correspondientes de acuerdo a la reglamentación (CFed. La Plata, sala 1°, ag. 23-1984, Agustinez, R. c. Ferrocarriles Argentinos, JA 1984-IV- 634).

Por otra parte, entienden que se trata de una obligación de seguridad, de tinte objetivo, que se desprende del art. 1198 del Código Civil y, en su ámbito específico, de los arts. 5 y concs de la ley 24.240 de defensa del consumidory modif. ley 26.361 (art. 5 y concs.) (Adla, LIII-D, 4125), en armonía y reglamentación de lo prescripto por el art.42 de la Constitución Nacional.

En igual orden de ideas se sostiene que la relación jurídica de consumo con el usuario se perfecciona cuando éste accede, ingresa o usa la red vial concesionada, con abstracción de que haya pagado el peaje al arribar a la cabina de cobro o no (conf. Pizarro ob cit).

Desde otro ángulo, en lo atinente a la carga de prueba, aunque algunos consideran que dicha obligación es de medios, con inversión de carga de la prueba y basamento consiguientemente subjetivo, este tri bunal se inclina por considerar que estamos ante una obligación de resultado, alcanzada por factores objetivos de atribución. La distinción, tal como explica Pizarro, es trascendente en el plano de las eximentes, pues en el primer caso, a la empresa le bastaría con demostrar un obrar diligente, o lo que es igual, que adoptó las medidas de prevención razonablemente adecuadas, en tanto que, en el último supuesto, su responsabilidad sería más estricta y sólo se liberará probando la causa extraña (ver Pizarro, Ramón D. Responsabilidad de las empresas concesionarias de peaje en un reciente fallo de la Corte Suprema Suprema Publicado en: La Ley 30/03/2006 , 1 La Ley 2006-B , 449 RCyS 2006 , 375 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III , 1493).

Quienes se enrolan en el terreno de la relación de consumo y en el ámbito específico de los principios y normas de defensa del consumidor (art. 42 C.N., ley 24.240, modif. ley 26361 y disposiciones concordantes a la tesis de la relación de consumo) ponen en cabeza de la empresa concesionaria una obligación de seguridad, de resultado y objetiva, que cubre la enorme mayoría de los riesgos que apareja la circulación en rutas concesionadas. No sólo de aquéllos que dimanan del estado de la carpeta asfáltica, sus banquinas, la señalización, etcétera, sino de la presencia de animales u otros obstáculos de similar naturaleza (Lorenzetti, Ricardo, «Concesiones viales ¿En qué caso hay responsabilidad?», Revista de derecho de daños n.3, p. 157; Rinessi, Antonio, «La desprotección de los usuarios viales», Revista de derecho de daños, n. 3, p. 111; ídem, «El servicio público y la defensa del usuario», La Ley, 1995-E, 1148; Galdos, José M., «Peajes y animales sueltos ¿Clausura de un debate?», La Ley, 2000-E, 494).

De allí que, como se ha dicho, no resulta relevante que la empresa sostenga que ha probado su diligencia en el control y mantenimiento de la ruta, pues no se eximirá de responsabilidad probando su falta de culpa, sino la causa ajena, que adelanto no se ha acreditado en estos autos.

Por los fundamentos expuestos se encuadrará la responsabilidad de la concesionaria vial con factor de atribución objetivo en el campo contractual.

IV.- El hecho dañoso y la responsabilidad de la concesionaria El Primer agravio de la empresa demandada en cuanto a la responsabilidad que se le imputa se relaciona con la validez del testimonio de Eduardo Enrique Ziganorsky, quien declara a fs. 320. Impugna la declaración no sólo porque se trata de un testigo único sino por las contradicciones que dice muestra con el contenido de la demanda.

En este aspecto, cabe destacar que en la apreciación de la prueba testifical el magistrado goza de amplia facultad; admite o rechaza la que a su criterio indique como acreedora de mayor fe o descartando la incongruente o inverosímil, en concordancia con los demás elementos de mérito que obren en el expediente (CNCom. Sala B, abril 13-2007, Lexis 1/1022623). Y se le ha reconocido al magistrado una amplia facultad en la apreciación de la prueba testimonial, reconociéndole la posibilidad de admitir la que a su justo criterio aparezca como objetivamente verídica o rechazar las que así no considera (CNCiv. Sala H, dic. 20/2002, Lexis 1/5516135; CNCiv. Sala M, octubre 31/1990, Lexis, 2/13100; CNCiv. Sala D, feb.22-2007, Lexis 1/70037544-1).

En efecto, el peso del testimonio debe ser valorado de acuerdo a la sana crítica tomando en cuenta factores individuales y conjuntos, subjetivos y objetivos.Entre los primeros, los testimonios respecto de los demás testigos, en conjunto con relación a las demás pruebas que la causa ofrezca. Factores subjetivos de idoneidad del testigo y objetivos por el testimonio mismo, en su relación interna y externa de los hechos, por su verosimilitud, coherencia, etc. (CNCiv. Sala H, junio 28-2001. JA 2002- III-síntesis).

Como es sabido, puede considerarse probado un hecho con base en la declaración de un solo testigo, pues nuestro sistema al establecer que los jueces formarán convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal), ha excluido la aplicación del principio «testis unus testis nullus», derogando las disposiciones de las leyes de Partidas que excluían al testigo singular. En el derecho argentino los testigos se pesan, no se cuentan (Palacio, Derecho Procesal Civil, T IV, p. 654; Colombo, Código Procesal, T II, p. 698; Alsina, Tratado, T II, p. 484; Fassi, Código, T II, p. 353).

No obstante, ante el testimonio único, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha sostenido que la apreciación debe ser más estricta que cuando media pluralidad de testigos. En este sentido, la declaración del testigo único ha de contribuir a formar la convicción del Juzgador, cuando de ella trascienda objetividad, imparcialidad y verosimilitud emanada de la descripción y de la razón de sus dichos (conf. Palacio, ob.cit. p. 652: Colombo, ob.cit. p cit. Fenochietto, Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T II, p. 448 y nota 41).

Es cierto que en el caso de autos el testigo era el acompañante del presidente de la empresa actora Daniel Núñez, quien guiaba el automóvil Mercedes Benz cuando se produjo el accidente, por lo que la apreciación deberá ser todavía más estricta.De todas maneras, y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, encuentro veraz al testigo y además sus dichos resultan concordantes con otras pruebas, por lo que valoraré su declaración positivamente. Observo que el testigo da cuenta de las circunstancias por las que acompañaba a Núñez, que son vecinos en el Country Campo Chico, ubicado en la localidad de Matheu, con salida por Pilar y sus dichos no me parecen contradictorios; por el contrario describe detalladamente el accidente y los olvidos de algunos detalles no pueden considerarse contradicciones como pretende la demandada, cuando declaró después de varios años de producido el accidente.

Por ejemplo, cuando aclara que iban pegados a otros coches se esta refiriendo al cálculo de la velocidad en la que circulaban, por lo que a mi criterio se refiere que mantenían la velocidad promedio comparado con otros vehículos que iban a la par, sin que ello implique contradicción con la descripción de la ubicación del automóvil que lo precedía al producirse el accidente.

En cuanto a que en la demanda no se ha señalado que Núñez iba acompañado, cabe destacar que en la misma demanda se ofreció como testigo a Ziganorsky, por lo que lo relevante es que se trata de un testigo presencial.

De acuerdo a los dichos de Eduardo Enrique Ziganorsky, salieron del Country subieron a la Panamericana y cruzaron el peaje Pilar tranquilos porque no era un día muy colapsado, tomaron la unificación sobre la mano izquierda y a unos kilómetros de la unificación de las dos autopistas, la que viene por Campana y la que viene por Pilar, treinta metros del auto guiado por Núñez circulaba otro automóvil y alcanzó a ver que pisaba una madera que salió volando, impactó primero en la parrilla, en la parte del frente, se partió la madera, una parte vuela y yo me agacho, una reacción natural, por suerte el Sr.Núñez no perdió el control y puso balizas y fue tirando el auto hacia la mano derecha y estacionó en la banquina. Cuando se bajaron vieron que una madera estaba incrustada en la parrilla y que la parte que había volado había pegado en el techo del vehículo.

Asimismo, las restantes constancias de autos, las fotografías acompañadas a fs. 382/383, el acta notarial de fs.379/381, la denuncia efectuada por el actor al día siguiente del accidente ante la empresa demandada obrante a fs. 371; la factura y presupuesto de fs. 313/314 reconocidos a fs. 315 y el dictamen pericial mecánico de fs. 351, el que da cuenta de que los daños producidos en el vehículo, que fueron verificados por el ingeniero, se relacionan con la narración de los hechos de la demanda, corroboran los dichos del testigo Ziganorsky.

En consecuencia, debe tenerse por acreditado la producción del accidente invocado como fundamento de la demanda, así como los daños ocasionados al automóvil de la parte actora cuando circulaba en la autopista de la que es concesionaria Autopistas del Sol S.A.

En efecto, al contestar la demanda Autopistas del Sol S.A. ha reconocido que es la empresa concesionaria del Estado Nacional que tiene a su cargo los trabajos de construcción, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación del denominado «Acceso Norte», el cual comprende la Avenida General Paz entre Lugones y Puente de La Noria y la ruta Panamericana y sus ramales hasta las localidades de Tigre, Campana y Pilar.La concesión a Autopistas del Sol por el Estado Nacional fue aprobada por el decreto 1167/94 del Poder Ejecutivo Nacional.

La actora sostiene que la causa eficiente del daño encontró su origen en la falta de mantenimiento de la ruta concesionada, obligación en cabeza de la concesionaria del camino.

Cabe recordar, como ya lo analizamos, que nos encontramos en presencia de un factor de atribución de responsabilidad objetiva, que se justifica con prescindencia de la valoración de la conducta subjetiva del obligado -culpa o dolo-, entre los cuales se encuentra la garantía como factor de atribución, que conlleva la seguridad que alguien brinda a terceros de que si se produce un daño en determinadas circunstancias afrontará su resarcimiento.

El factor de garantía opera cuando pesa sobre alguien un deber de procurar la inocuidad y velar por la seguridad ajena en el despliegue de determinadas actividades. Sin embargo, y en el caso de ocurrir un hecho lesivo la responsabilidad surge aun cuando el demandado acredite que desplegó gestiones de cuidado diligentes y hasta intensas. En efecto, se considera a la seguridad como un resultado y se responde toda vez que éste no se alcance, sin necesidad de probar la relación causal con falencias de control y sin que exima la prueba sobre la efectividad de este c ontrol (conf. Zavala de González Matilde Resarcimiento de daños Tº 4, editorial Hammurabi, p. 391).

En este sentido, Vázquez Ferreyra define la obligación de seguridad como «.aquélla en virtud de la cual una de las partes en el contrato se compromete a devolver al otro contratante ya sea en su persona o sus bienes sanos y salvos a la expiración del contrato, pudiendo ser asumida tal obligación de forma expresa por las partes, impuesta por la ley o bien surgir tácitamente del contrato a través de su interpretación en base al principio de la buena fe.» (Autor citado, «La obligación de seguridad en la responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo», p.105/06).

Por ende, probado el accidente en la ruta concesionada, pesaba sobre la demandada acreditar un factor eximente de responsabilidad y ninguna prueba ha traído al respecto.

A mayor abundamiento, de los elementos probatorios rendidos en el proceso se colige de manera indubitada el incumplimiento de la obligación de seguridad en la que incurrió Autopista del Sol S.A. En efecto, se acreditó acabadamente la deficiencia de las medidas de seguridad adoptadas en la emergencia.

Por ello, no dudo en concluir que la presencia de una madera sobre la ruta o camino de circulación rápida es un factor de alto riesgo para los vehículos que transitan por la vía multicarril o autopista, ya que constituye un obstáculo en la circulación.

Por ende, Autopista del Sol S.A. deberá responder por los daños producidos en el automóvil de la actora en la autopísta.

V .- La relación de consumo.

Como ya lo he sostenido esta Sala adhiere a la aplicación de las disposiciones de la relación de consumo, y se pone en cabeza de la empresa concesionaria una obligación de seguridad, de resultado y objetiva, que cubre de la enorme mayoría de los riesgos que apareja la circulación en rutas concesionadas. No sólo de aquellos que dimanan del estado de la carpeta asfáltica, sus banquinas, la señalización, etcétera, sino de la presencia de animales u otros obstáculos de similar naturaleza (Lorenzetti, Ricardo, «Concesiones viales ¿En qué caso hay responsabilidad?», Revista de derecho de daños n. 3, p. 157).

Por ello, no se entiende el agravio de la demanda en el sentido que las disposiciones respectivas de las leyes de defensa del consumidor no le son aplicables a la empresa actora, pues el automóvil se encontraba guiado por Núñez y no se ha acreditado tampoco la titularidad del dominio por la actora.

Al respecto, no sólo se encuentra acreditado que Núñez es el presidente de Taquín S.A, conforme copia de poder de fs. 1/2, acta de fs.379/380 y ha actuado en ese carácter, sino también se ha probado con el informe de dominio de fs. 301/303, la titularidad del dominio de la empresa actora respecto del automóvil dañado en el accidente ocurrido en la autopista de la que la demandada es concesionaria.

Asimismo, también los gastos de reparación del vehículo Mercedes Benz fueron abonados por la empresa actora, la que además pidió presupuesto, conforme surge de la factura y presupuesto de fs. 378 y 384 e informe d e fs. 315.

En este aspecto cabe recordar que la ley 26361 ha modificado el art. 1 de la ley 24240 en el sentido que la ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo Como se advierte el argumento de la demandada no resiste el análisis, pues la relación de consumó se constituyó con la titular del rodado dañado Taquin S.A.

VI.El cómputo de los intereses.

La actora se queja porque en la sentencia se ha establecido que los intereses reclamados deben calcularse a partir de la notificación de la demanda y solicita que sean calculados a partir del 15 de noviembre de 2010 fecha del presupuesto de los gastos de reparación de vehículo y la suma en concepto de gastos ya devengados se calculen desde el 28 de noviembre de 2008.

Respecto del punto de inicio del cálculo de los intereses a la tasa activa, esta Sala ya se ha pronunciado en el sentido que el juez en la sentencia fija un quantum, lo que de ningún modo es igual al momento a partir del cual la obligación se hace exigible, teniendo en cuenta que la no liquidez de la suma no implica la no exigibilidad y, por tanto, es desde la mora -en el caso, el hecho- que resulta computable (conf. Expediente. Nº 105.697/02, «Boncor , Claudio c/ Celucci, Héctor s/ daños y perjuicios», del 10/02/2010, con voto preopinante de la Dra. Silvia A. Díaz).

Sostuvimos que lo que se debe no es una suma determinada, sino la compensación que el acreedor tiene derecho a percibir como resarcimiento por el daño padecido que se resuelve en una suma dineraria en el momento en que el juez, al dictar sentencia, fija su determinación y cuantificación (conf. art. 1083 Código .Civil).

Debemos recordar que se trata de la reparación integral a la víctima y esa integralidad también está compuesta por el precio no entregado al momento de la mora, que no puede ser otro que el del hecho, pues de allí nace la obligación, no con la sentencia. En definitiva, en la sentencia se liquida la cuantía que de ningún modo resulta temporalmente coincidente con la exigibilidad de la obligación resarcitoria. Por ello, el actor se vio privado de tener una suma de dinero a la fecha del siniestro a título de reparación que desde tal oportunidad le era debida.Lo que en definitiva dice la sentencia es que alguien debe desde que contrajo la deuda y ello se remonta al hecho, no a la decisión, ya que lo que se juzga es el ilícito pasado.

Así, se es deudor desde el inicio de la obligación, contractual o no. Expresa Llambías que lo que importa es la certeza de la obligación, es decir, el conocimiento que tenga el deudor o deba tener de la existencia y legitimidad de la obligación («Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T° II, p. 221). Por eso, que una deuda sea ilíquida no impide que se aplique la mora y, en su consecuencia, los intereses.

No hay duda que todos los perjuicios sufridos a causa de un hecho ilícito tienen su origen en el siniestro ocurrido. Porque el perjuicio se ha producido desde el hecho y la mora ex lege nace en ese momento (conf. art. 1067 C.Civil).

Debe recordase que tratándose el resarcimiento de los daños y perjuicios provenientes de un hecho ilícito de una deuda de valor, la valuación del daño causado debe hacerse a la fecha de la sentencia que determina el monto de esa indemnización, por lo que los montos reconocidos en aquélla se encuentran actualizados a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la obligación, sin que haya existido «indexación» o «actualización» por índice de depreciación monetaria desde que el art. 4 de la ley 25.561 ratifica la prohibición de actualización monetaria, reafirmando el principio establecido por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928.

«Es por ello que, desde «el inicio de la mora», ya sea que la obligación pertenezca a la órbita contractual o aquiliana «hasta el cumplimiento de la sentencia» quedó determinada una regla general: aplicar el cálculo de intereses moratorios (art. 622 del Código Procesal) a la tasa activa.Dicho aserto no admite cuestionamientos.

En este sentido se ha dicho, entre los fundamentos que en el fuero laboral se dieron para la aplicación de la tasa activa a los créditos devenidos en dichos procesos: «Que, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, pacíficamente empleada por los tribunales hasta el inicio del período en que se aplicara la indexación, es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, ya que equivale, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo, sea este real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito» (Acta del Plenario CNAT 2357, aplicable a procesos sometidos a conocimiento del fuero a partir del 1-1-2002).

En definitiva, de establecerse una tasa menor se estaría premiando al deudor por el tiempo transcurrido entre el hecho y la sentencia firme que decide su pago. Como ha señalado la Sala H en autos «Fragoso c/ Construred S.A. s/ daños y perjuicios» (22/04/03) «.una tasa inferior a la de plaza provoca un beneficio para el deudor moroso que aumenta a medida que el proceso se dilata, mientras que una tasa acorde a la del mercado constituye un estímulo que es el deseable, en tanto se ajusta a la garantía ínsita en el art 18 de la Constitución Nacional».

De todas maneras, el contenido del agravio de la actora marca el límite a la decisión, pues el tribunal debe atenerse a la traba de la litis Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL – SALA K para no incurrir en incongruencia.Al respecto se ha sostenido que no corresponde a los tribunales de apelación exceder la jurisdicción devuelta que le acuerdan los recursos concedidos por ante ellos, pues sus facultades quedan en marcadas dentro de dos principios el de congruencia y el dispositivo (conf. CNFed. Civ. y Com. Sala II, 30 de marzo de 1999, La Ley 1999-D-823, J.Agrup. caso 14.174).

Como consecuencia, se hará lugar al agravio, debiéndose calcular los intereses a la tasa activa desde las fechas del presupuesto para los gastos de reparación, o sea el 15 de noviembre de 2010 y para el reintegro de gastos de $ 2.329,01 a partir d el 28 de noviembre de 2008, aun cuando se trata de fechas posteriores al hecho.

Por los fundamentos vertidos, cabe hacer lugar a la queja de los reclamantes, debiendo aplicarse sobre el capital de condena la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde las fechas indicadas.

Por las consideraciones expuestas, en caso de que mi voto fuera compartido por mis colegas de Sala, propongo al acuerdo: 1) Modificar la sentencia en cuanto al cómputo de los intereses los que deben calcularse en la forma prevista en el apartado VIII. 2) Confirmarla en todo lo demás que decide y fue materia de agravios. 3) Las costas de alzada serán soportadas por la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Domínguez y el Dr. Ameal por las consideraciones y razones aducidas por la Dra. Hernández, votan en igual sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, de mayo de 2014.-

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide: 1) Modificar la sentencia en cuanto al cómputo de los intereses los que deben calcularse en la forma prevista en el apartado VIII. 2) Confirmarla en todo lo demás que decide y fue materia de agravios. 3) Imponer costas de alzada a la demandada vencida (art.68 del Código Procesal).

Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos la liquidación definitiva (art. 279 del CPCCN).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Regístrese, notifíquese por secretaría y cumplido ello, devuélvase a la instancia de grado.

LIDIA B. HERNANDEZ.

CARLOS A. DOMINGUEZ.

OSCAR J. AMEAL.

RAQUEL ELENA RIZZO (SECRETARIA).

Es copia.-

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