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Los padres no son responsables por el accidente protagonizado por su hijo menor habilitado para conducir.

shutterstock_73083352Partes: G. L. del C. y otros c/ R. A. A. M. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 8-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-87674-AR | MJJ87674 | MJJ87674

Los padres no son responsables por el accidente protagonizado por su hijo menor habilitado para conducir.

Sumario:

1.-No puede atribuirse omisión de vigilancia activa a los progenitores por el accidente protagonizado por su hijo menor adulto, toda vez que la autorización administrativa desobliga a los padres de las obligaciones emergentes de la patria potestad, o bien hace desaparecer la garantía que deben asumir en virtud de la condición de padres, ya que no resulta razonable que, contando su hijo con dicho permiso por haber cumplimentado todos los requisitos exigidos por la autoridad para obtenerlo, permanezcan responsables de un accionar en cuya autorización el propio Estado ha decidido prescindir de la voluntad de aquellos y dar autonomía al joven.

2.-Aun cuando pueda discreparse en la naturaleza y alcance de la responsabilidad dispuesta por el artículo 1114 del CCiv., cuando se avanza en la hipótesis particular del menor adulto que posee licencia de conducir, que se encuentra estatalmente habilitado para hacerlo, la conclusión es unívoca: la exoneración de los padres.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza a los ocho días del mes de agosto de dos mil catorce, reuni-dos en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones, los Magistra-dos Alejandra Orbelli, Silvina Miquel, Marina Isuani y trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos N°1.788/50.400 caratulados: «G., L. DEL C. y ots. c/ R. A. , A. M. Y OTS. P/ D Y P» originarios del Primer Juzgado de Gestión Asociada en los Civil, Comercial y Minas, venidos al Tribunal por la apelación de fs. 441, 446 contra la sentencia de fs.408/419.-

Tramitado el recurso, la causa quedó en estado de resolver a fs.496. Practicado el sorteo de ley, se estableció el siguiente orden de estudio: Doctoras Ma-rina Isuani, Alejandra Orbelli y Silvina Miquel. En cumplimiento de lo dispuesto por los art. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguien-tes cuestiones a resolver:

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la doctora Alejandra Orbelli dijo:

I. En la primera instancia se rechazó la demanda promovida por los Sres. L. del C. G. y M. A. D. en contra de los Sres. L. M. R. y M. M. A. y se hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por los Sres. L. del C. G. y M. A. D. en contra de los Sres. Agustín M. R. A. , M. Yael Bubica y Luciana Bubica y en consecuencia condenó a los demandados y a la citada en garantía la Segunda Coope-rativa Limitad de Seguros Generales S. A. de forma concurrente, a pagar la suma de $ 100.605. Impuso costas y reguló honorarios.

II. La magistrada de grado en primer lugar analizó la mecánica del ac-cidente no encuentra razones para apartarse del lo dictaminado por el perito Ingeniero Silva. Sostuvo que, respecto de la responsabilidad del conductor Sr. Agustín M. R. y de las titulares registrales M.Yael Bubica y Luciana Indira Bubica, la situación jurídica encuentra su encuadre en los arts.1.109, 512 y cc. 1.113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil. Arts. 48 inc. b), 50 y 53 inc. B) de la Ley Provincial de Tránsito. Art. 118 de la Ley de Seguros. Citó jurisprudencia. Respecto de la responsabilidad de los padres por el hecho del menor, encuadró legalmente la causa en los arts. 1.114, 1116, del Código Civil. Citó jurisprudencia.

Consideró la juez de grado que, en cuanto al daño material por repara-ción del rodado, en función de los elementos jurídicos que valoró y hizo uso de las facultades previstas por el art. 90 inc. 7 del C.P.C. y juzgó razonable admitir el re-clamo efectuado en este rubro, por la suma de pesos veintitrés mil cuatrocientos ($23.400), estimada por el perito y comprensiva de la mano de obra y repuestos para la reparación del rodado. En cuanto a la desvalorización venal del rodado, sostuvo que, dado el respaldo que la constancias de autos brindan a la labor pericial y la falta de prueba en contrario, admitió el rubro en trato por la suma de pesos un mil doscien-tos setenta y cinco ($1.275), suma que resulta de calcular el 5% de pesos veinticinco mil quinientos ($25.500). Seguidamente respecto de la privación de uso, estimó justo y equitativo que el rubro prospere por la suma de pesos tres mil cuatrocientos treinta ($3.430), que equivale a una suma diaria de pesos setenta ($70), por los cuarenta y nueve días estimados. Respecto de la disminución funcional, juzgó razonable fijar la procedencia del rubro por la suma de pesos treinta mil ($30.000) para la Sra. Gonzá-lez y pesos quince mil ($15.000), para el Sr. D., a la fecha. Respecto de gastos tera-péuticos y de transporte, admitió la petición ejercida por la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500)- comprensiva de pesos un mil quinientos ($1.500) para la Sra. G.y pesos un mil ($1.000), para el Sr. D.- conforme lo dispuesto por el art. 90 inc. 7 del C.P.C. Finalmente, respecto del daño moral juzgo razonable la magistra-da, fijar la reparación del rubro en la suma de pesos quince mil ($15.000) para la Sra. G. y pesos diez mil ($10.000), para el Sr. D., a la fecha.-

III.- A fs.461/472, expresó agravios el Dr. Salvador Jesús Gutiérrez, por los actores, solicitando se rectifique la sentencia recurrida, condenando también a los Sres. L. M. R. y M. M. A. y modifique los montos de con-dena, con costas por las razones que desarrolla.

En primer lugar se agravia el apelante por cuanto la juez a quo libera de responsabilidad a los padres – Sres. L. M. R. y M. M. A. – del conductor embistiente Sr. Agustín M. R. A. , quien al momento del accidente era menor de edad, no obstante haberle atribuida éste la exclusiva respon-sabilidad en la producción del evento dañoso y consecuentemente de las secuelas sufridas por los actores a raíz del accidente. Concretamente se agravia por cuanto el Juez a quo resuelve. «.En base al criterio señalado, que comparto, juzgo procedente en el caso desestimar la demanda incoada en autos en contra de los Sres. L. M. R. y M. M. A. .» Citó jurisprudencia. Seguidamente manifestó que el razonamiento del juez inferior es erróneo y contradictorio; pues no obstante que en el caso se reúnen los cuatro requisitos apuntados por ella misma, a saber, el acto da-ñoso configura un acto ilícito del hijo: el autor del acto ilícito es menor de edad:el menor se encuentre sometido al ejercicio de la patria potestad; y los progenitores res-ponsables habitan con el hijo autor del daño; exime a los progenitores de responsabi-lidad.

Agrega el apelante que, se trate de responsabilidad directa o refleja, en el caso concreto que nos ocupa, la responsabilidad es de los padres es objetiva, deri-vada de las obligaciones que la ley impone en cabeza de ellos en virtud de la patria potestad, la responsabilidad de los padres se presume. Si pese a dicha obligación de los padres, el menor cometió un ilícito, se presume que los padres no han previsto todo lo que podían prever, motivo por el cual la ley invierte la carga de la prueba, obligándoles para liberarse de la responsabilidad a revertir la presunción de desidia en vigilancia de sus hijos. Cuando se analiza la responsabilidad de los padres respecto de los actos ilícitos que comenten sus hijos menores, como lo es en el presente caso- se investigan las causas y consecuencias del accidente de tránsito ocasionado por la ex-clusiva responsabilidad de hijo menor- el juez debe valorar con el mayor rigor y con un criterio más restrictivo las razones o justificativos invocados por los padres para liberarse de la responsabilidad generada por el hecho de su hijo, exigiéndose un afi-namiento del concepto de culpa y una mayor estrictez en el plano de apreciación de las eximentes. Los padres del autor del ilícito-menor-, solo se han defendido diciendo genéricamente y en absoluta orfandad de pruebas que el hijo «estaba a un mes de cumplir la mayoría de edad, que le han dado una buena formación a través de la edu-cación y sana actividad deportiva».Por su importancia transcribe fallo dictado por el Tribunal de La Plata. Señala que, el quedó acreditado que el menor vivía con sus pa-dres estando éste en consecuencia bajo el poder de ellos, de quienes dependía econó-micamente, por lo que resulta a los progenitores aplicable la normativa del art.1.114 del Código Civil, en el caso se cumplen todos los requisitos- ver fs. 1 del expediente penal y oficio/notificación de fs. 67 y vta (en este se advierte que el mismo menor es quien recibe la notificación), presentaciones de fs. 79/80-. Agrega que resulta más fácil advertir que los padres autor del ilícito no han cumplido con la vigilancia activa que la ley exige.

Manifiesta el apelante que, el fallo ahora en crisis es contradictorio, al analizar la responsabilidad de la producción del accidente, la sentenciarte de primera instancia afirma «.la antijuricidad y culpabilidad de la conducta del conductor de-mandado permiten atribuirle causalmente la responsabilidad den el hecho a la luz de lo dispuesto por las normas de los arts. 1.109, 512 y cc. del Código Civil y los arts.48 inc. b), 50 y 53 inc. B) de la Ley de Transito provincial. Conteste con las definicio-nes dadas, es a esta altura incontestable la responsabilidad que en la producción del hecho cabe atribuir al conductor Agustín M. R.». Luego se contradice al analizar la responsabilidad de los padres, contrariamente a lo expresado precedente-mente- donde le atribuye la responsabilidad exclusiva al menor en la producción del accidente- concluye que los progenitores no tienen responsabilidad alguna por las consecuencias dañosas del evento protagonizado por su hijo. Destaca el agraviado que, tantas y serias infracciones viales, que comete el menor, no cabe otra conclusión que los padres no educaron bien a su hijo. Los padres deben responder en virtud del riesgo creado por los daños que causaren sus hijos menores de edad.No respetar el cartel PARE, no respetar la prioridad de paso de los que circulan por la vía principal y manejar a exceso de velocidad, son actos manifiestamente demostrativos de que la vigilancia paterna ha sido nula o al menos defectuosa, por la no inculcación en los hábitos del menor de cumplir con las reglas de conducción de tránsito, aspecto que integra el plexo de enseñanzas que impone la educación moral de los progenitores. La gravedad de las faltas viales cometidas por el menor y la gravedad de las lesiones o daños que ocasionó a los accionantes, hace presumir que los padres no ejercieron en debida forma el control que corresponde; por lo que estos deben ser condenados, lo que así solicita expresamente su parte, con costas.

Continúa su relato el agraviado considerando que, es incorrecto razo-namiento del la magistrada de primera instancia, al sostener que el si el menor posee licencia de conducir, libera a los padres de la responsabilidad por el accidente de tránsito. El hecho de que el Estado le haga entrega al menor de una licencia de con-ducir, es una mera habilitación o autorización administrativa, que no libera de respon-sabilidad a l os padres por los daños ocasionados por sus hijos en un accidente de transito. Si el menor es autor exclusivo responsable de la producción del evento da-ñoso, los padres deben responder. Cita Jurisprudencia (Expíe n°1989678/36, R.F.R. y otro c/ B.M.P. y ots. p/ Ordinario- Cámara Cuarata de Apelaciones en lo Civil y Co-mercial de Córdoba, 23/08/12-Cita: MJ-JU-M-74482-R| MJJ74482|MJJ74482). Des-taca que, como ocurre en el presente caso, la autorización para obtener el carnet o licencia de conducir, no exonera, per se, a sus padres de la responsabilidad.

Aduce que, por todo lo expuesto solicita se condene también a los pro-genitores del Sr. Agustín M. R. A., quien es el exclusivo responsable del evento añoso.

En segundo lugar se agravia el apelante, respecto de la imposición de costas, manifestando que para el hipotético caso que V.S. entienda que no procede condenar a los progenitores del menor y, habiéndose probado que en esta causa su parte tenía razón valedera para litigar contra éstos o bien demandarlos en su calidad de padres por los daños y perjuicios ocasionados por su hijo menor, ya que se reúnen todos los requisitos exigidos por el art. 1.114 del Código Civil, solicita que las costas sean impuestas en el orden causado. Agrega que su parte estaba habilitada legalmente para demandar a los progenitores y éstos deben probar que no son responsables del acto ilícito de su hijo. Su parte, litiga con derecho y buena fe. El principio objetivo que impone las costas al vencido no es absoluto, el juzgador se encuentra autorizado a eximirlo, total o parcialmente, cuando encuentre mérito para ello, como ocurre en este caso. Cita Jurisprudencia. Insiste el agraviado en que, la responsabilidad de los pro-genitores del menor es una cuestión supeditada a las probanzas de la causa y sujeta al decisorio final, razón por la cual no corresponde condenar en costas a su parte por el rechazo de la demanda contra los padres del menor. El actor no tiene la obligación de investigar previamente la responsabilidad de aquellos demandados que la ley presume como responsables, sobre todo si la eximición de alguno de ellos depende de la prue-ba a rendirse y sujeta al decisorio final. Considera que estos principios son aplicables en la presente causa, por lo que solicita se revoque la imposición de costas a su cargo por el rechazo de la demanda contra los progenitores del menor.

Seguidamente expresa el apelante que, la juez de grado le reguló hono-rarios por el rechazo de la acción contra los esposos R. A., a los profesiona-les que intervinieron por la citada en garantía, pesa a que éstos no tuvieron ninguna actuación al respecto, por lo cual se agravia. Los apoderados y patrocinantes de la Compañía de Seguros actuaron únicamente, en relación a la dinámica del siniestro y daños causados, sin intervenir en la defensa opuesta por los progenitores, atinente a su responsabilidad como padres, por lo que carece de sustento fáctico y jurídico que se les regulen honorarios a su favor, tornando la regulación en un enriquecimiento sin causa ya que no pueden ser considerados contraprestación a la labor desarrollada en la causa. Se agravia el apelante por la imposición de costas que hace la aquo, por lo que se rechaza la demanda en contra de los Sres. L. M. R. y M. M. A. y también porque se regulan honorarios a los abogados de la citada en garan-tía, siendo que a éstos en ningún caso les corresponde regulación de honorarios. Soli-cita se exima a su parte de las costas.

En tercer lugar se agravia el apelante, por los montos de condena, ex-presando que la indemnización otorgada por la Juez de grado es magra, no resultando proporcional ni equitativa con los reales perjuicios sufridos por los actores, injusta, máxime si tenemos presente el proceso inflacionario que sufre el país desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia, que obviamente afecta los intereses de los accionantes. Cita jurisprudencia.

Considera el apelante que, respecto de los daños al automotor, ha que-dado debidamente acreditada la existencia y magnitud de los mismos. Señala la mani-festación del perito Ing. Mecánico elocuente y determinante «.hay que evaluar si conviene reparar la unidad, o si venderla a un desarmadero y comprar otra similar en óptimo estado.» No hay dudas que el automotor de la Sra. L. G., no sirve más y no vale la pena repararlo.Se agravia respecto del monto fijado por la juez de primera instancia, por los rubros daño material, pérdida de valor de reventa y pri-vación de uso del automotor. Expresa que, conforme lo resuelto en forma pacífica nuestros Tribunales, los rubros daño material, pérdida de valor de reventa y privación de uso del automotor, deben ser fijados al momento de la fecha del accidente; criterio que también es sustentado por V. S. su parte pide que los montos sea fijados por daño material en la suma de pesos veinticinco mil ($25.000), pérdida de valor de reventa en la suma pesos ocho mil ($8.000) y privación de uso en la suma de pesos seis mil trescientos ($6.300), todos al momento del accidente -14/03/2007- o la que en más o en menos fije en definitiva V. S. Cita jurisprudencia.

Destaca el apelante que, en relación al rubro daños materiales del au-tomotor, tanto el perito como la Juez de grado, o han tenido presente un dato objetivo de la realidad, como es que el automotor es de «origen importado» y dada la realidad económica de nuestro país, es de notorio y publico conocimiento, tanto el valor de los autos importados en si, como sus repuestos en Argentina su costo es un 10% superior; En consecuencia su parte sostiene que, el monto fijado por en primera instancia debe ser elevado en pesos un mil seiscientos ($1.600), al 13/03/2007.-

En relación al rubro desvalorización venal del rodado, manifiesta que resulta poco creíble lo informado por el perito mecánico, quien afirma que la perdida del valor de reventa del automotor alcanza el orden del 5%, siendo que el mismo sos-tiene que sería mejor llevarlo a un desarmadero, para su desguace. si el vehículo no sirve más, no haya otra conclusión que su desvalorización total.La pérdida nunca puede ser inferior al 40% de modo que el 40% de pesos veinte mil ($20.000), entien-de el agraviado que es justo y razonable fijar el monto de pesos ocho mil ($8.000) al momento del hecho.

En orden a la cuantificación del menoscabo por el rubro de privación de uso del automotor, considera que debe ponderarse que el perito Ingeniero Mecáni-co estableció estimativamente un lapso mínimo -no el máximo- de indisponibilidad de cuarenta y nueve días corridos, que se entiende no computa las demoras previsi-bles que puedan suscitarse a partir de la búsqueda de repuestos, presupuestos, cam-bios climáticos, etc, por lo que considera el agraviado que no resulta irrazonable el monto reclamado en el escrito inicial de pesos seis mil trescientos ($6.300), a la fecha del hecho.-

Respecto del daño a las personas, en primer término manifiesta el ape-lante sobre los gastos terapéuticos, medicamentos y movilidad que, surge en forma clara que los accionantes han acreditado las erogaciones por medicamentos, honora-rios médicos, estudios, etc. con los comprobantes agregados a fs. 2, 3,4 y 15/23, de modo tal no existe orfandad de pruebas. Señala que atento la magnitud de las lesiones y porque no resulta lógico el monto reclamado en el escrito inicial de demanda de pesos cuarenta mil ($40.000), entre ambos actores. Cita jurisprudencia.

En segundo término se agravia el apelante respecto del monto de con-dena en concepto de la disminución funcional – lucro cesante. Expresa que, es inco-rrecto e imparcial el análisis de las pruebas incorporadas al proceso y su encuadre en al preceptiva ley aplicable, indica que la solución del caso que brinda la sentencia de grado debe ser modificada, adecuando el monto a los daños reales sufridos por las víctimas. Las graves lesiones han dejado secuelas más que importantes en los accio-nantes -las fracturas ocasionan dolor por sí solas, más en época invernal en que las estructuras óseas sufren más.Todas fueron comprobadas por los peritos intervinientes en la causa. No hay dudas de que el hecho dañoso impactó negativamente en las víc-timas, mermando sus potenciales de goce de distintos bienes. Cita el dictamen del perito médico clínico L. Reta Herrera, destacando que su parte oportunamente lo impugnó. Agrega que, la Juez de grado, ha tenido por acreditado que la totalidad de las incapacidades y su grado invalidante son productos del accidente de tránsito que nos ocupa, pero no tuvo en cuenta las graves omisiones en que incurre el experto mé-dico, omisiones que fueron detalladas por la parte actora en su impugnación, de haber sido tenidas den cuenta haría elevar sensiblemente el porcentaje de incapacidad y aumentaría el monto indemnizatorio. También analizó la sentenciante de primera ins-tancia que los actores se desempeñan como empleados, comerciantes y que eran co-misionistas de distintos productos telefónicos, pero omite considerar que luego del accidente, los accionantes se encuentran desocupados, en razón del accidente. Lo expuesto deja al descubierto la incidencia de las secuelas incapcitantes en la situación actual de los actores y en la frustración de sus posibilidades futuras, laborales, recrea-tivas y sociales. La juez de grado aclara que en el rubro disminución funcional incor-pora también el reclamo por daño psicológico y teniendo en cuenta la edad de las víctimas -44 y 45 años-y grados de incapacidad detallados en las pericias fija el mon-to en pesos treinta mil ($30.000) para la Sra. Gonzáles y pesos quince mil ($15.000) para el Sr. D., todo al día 21 de agosto de 2.013. Lo cual agravia al apelante por absoluta y totalmente exiguo. Cita jurisprudencia. Entiende el agraviado que, por este concepto de disminución funcional debe incrementarse el monto fijado en el caso de la Sra. Gonzáles por la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) ye en el caso del Sr. D.por la suma de pesos sesenta mil ($60.000), fijados al momento de la senten-cia de primera instancia.

Agrega que, su parte estimó el rubro disminución funcional- daño emergente a la fecha del accidente, 14/03/2007, en pesos ochenta mil ($80.000) para la Sra. Gonzáles y pesos cuarenta mil ($40.000), para el Sr. D., que actualizados al día de la sentencia 21/08/2013, equivalen a pesos ciento veintidós mil ($122.142) para la Sra. Gonzáles y pesos sesenta y un mil setenta y uno ($61.071) para el Sr. D., en base a los interese legales -tasa de interés aplicable 52,67%), por lo que siendo razonable, justo y coherente con los dictámenes periciales su parte peticiona se eleve la condena en primera instancia por daño de disminución funcional- daño emergente en la suma de pesos sesenta mil ($60.000) para la Sra. G. y pesos treinta mil ($30.000), para el Sr. D., de forma que totalice el importe por el rubro disminución funcional- daño emergente en la suma pesos noventa mil ($90.000) para la Sra. G. y pesos cuarenta y cinco mil ($45.000) para el Sr. D., los que se-rán fijados al día de la sentencia de primera instancia, a lo que deberá adicionarles los intereses de la tasa activa hasta el momento del efectivo pago y más los intereses de la ley 4087, desde el momento del hecho hasta el dictado de la sentencia. Cita juris-prudencia.

Alude el apelante su agravio, respecto de la suma acordada por el con-cepto de daño moral, solicitando se incremente en pesos cuarenta y cinco mil ($45.000), para la Sra. G. y pesos veinte mil ($20.000), para el Sr. D., de forma que totalice el importe para el rubro señalado precedentemente en la suma pesos sesenta mil ($60.000) para la Sra. G. y pesos treinta mil ($30000) para el Sr.D., a lo que deberá adicionarles los intereses de la tasa activa hasta el mo-mento del efectivo pago y más los intereses de la ley 4087, desde el momento del hecho hasta el dictado de la sentencia. Manifiesta el agraviado que, el sentenciante no ha valorado el verdadero daño sufrido en la paz espiritual de los actores. Puntualiza que no se valoró que la actora Sra. G., es una mujer y por lo tanto los daños o secuelas estéticas probadas con las constancias de fs. 24/26 y certificado médico de fs. 5, se advierten las cicatrices en el arco superciliar izquierdo y la desviación del tabique nasal. Estas lesiones fueron constatadas conforme certificado médico obrante a fs. 5. el que no fuere impugnado por la parte demandada y fuere aceptado por el Tribunal, cicatrices que aún hoy permanecen en el rostro de la actora. Cita Jurispru-dencia.

IV.- A fs. 479/480, contesta agravios el Dr. L. M. R., por su propio derecho y en representación de los demandados M. A. , Agustín Ma-ría R. A. , Luciana I. Bubica y M. Yael Bubica, solicitando se rechace el recurso de apelación con costas, ello por las razones que expone y que doy por repro-ducidas, a mérito de la brevedad.

V. A fs. 485/487, contesta agravios el Dr. Vicente Oscar Ferrara por la citada en garantía, La Segunda Coop. Ltda. de Seguros, por las razones que expone y que doy por reproducidas, en mérito a la brevedad.-

VI.- A fs. 490, desiste del recurso de apelación interpuesto a fs. 446, el Dr.Vicente Oscar Ferrara.

Entrando en el análisis de la causa, debo decir adelantando opinión que propiciaré el rechazo del recurso en trato.-

a.- Cabe señalar que el agravio en trato es en razón que el hecho da-ñoso ocurrió antes del dictado de la Ley 26.579, ya que el tema planteado luego de que dicha norma legal fijó la mayoría de edad a los 18 años en la actualidad no mere-ce discusión alguna.-

El criterio interpretativo del Art. 1.116 del C.C. no se muestra unívoco en la doctrina cuando se considera la posibilidad de responsabilizar a los padres por hecho de los hijos en accidentes de tránsito cuando estos tienen licencia habilitante para la conducción.-

El tema ha sido largamente debatido en la doctrina y jurisprudencia argentina y poco a poco va prevaleciendo el criterio de que los mismos pueden libe-rarse de responsabilidad ya que les es imposible prohibir la actividad de conducción y nada puede imputársele en materia de vigilancia activa.-

Respecto de cuál es la situación del menor adulto que ha sido autori-zado administrativamente para conducir automotores, otorgándosele el carnet de con-ductor, existen dos posiciones enfrentadas.-

Para la primera de ellas, la habilitación para conducir, que no puede ser evitada por el padre por constituir un derecho que el hijo puede ejercer frente al Es-tado, libera al progenitor. No es correcto entender que se mantiene la responsabilidad de los padres luego de la habilitación estatal para conducir automotores concedida al menor. En esta posición se ubica López Mesa (Trigo Represas, Félix – López Mesa, Marcelo «Tratado de la Responsabilidad Civil», La Ley. Bs. As., 2004, pág.159). En el mismo sentido se ha pronunciado Bustamante Alsina (conf.Bustamante Alsina, Jorge, «Límites legales de la responsabilidad de los padres por los actos ilícitos de sus hijos menores de edad», LA LEY, 1988-B, 280 y Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales, Tomo IV, 21). En esta línea se ha expuesto que tratándose de un menor adulto que manejaba su propio automóvil habilitado administrativamente para ello, no puede achacarse imprudencia al padre por no oponerse al manejo del vehículo por su hijo, ni inculparlo por ello, siendo en consecuencia procedente la exculpación que pretende, tanto más cuanto que la existencia de la cobertura de los daños sufridos por la víctima por el seguro contratado por aquél la hace incólume frente a los perjuicios sufridos (Cám.CC Mercedes, Sala I, 24/11/81, «Palazzo Alberto c. Rauch Isidoro y otros», LL, 1988-B-280 y DJ, 988-2-211, S.C.J.B.A. 05.12.2001 «Enrique, Ríos Ali-cia y otros c/ Di Rocco, Ana», LLBA, 2002-643; Trib. Sup. Cba., Sala penal, 24.09.2003 «A., M.V» RC Y S, 2003-842; 3.12.2007 «A.,S. D.» LLC, 2008 483; C.Nac. Civ., Sala L, 11.05.2005 «Tornese, Rosa C. c/ Nuñez, Daniel Adrián» DJ, 2005-2, pág. 1.167; Sala E 7.9.2006 «Goncalvez, Emiliano c/ Giusti, Norma» J.A. 2006-IV-744).-

También la SCBA ha decidido que corresponde exculpar de responsa-bilidad a los padres del menor que conducía un automóvil que embistió a un peatón, pues, aquél poseía licencia de conducir expedida por la autoridad administrativa co-rrespondiente, momento a partir del cual el menor adulto responde directamente por los daños que le cause a terceros conduciendo (SCBA, 5/12/01, «Enrique de Ríos Alicia N. y otros c/ Di Rocco, Ana B.y otros, LLBA, 2002-643).-

La otra postura, es el mantenimiento de la responsabilidad de los pa-dres hasta la mayoría de edad, restando eficacia liberatoria a la autorización estatal para conducir.-

El argumento es que la mayoría de edad se alcanza en el derecho ar-gentino a los veintiún años y los padres responden por los daños causados por los hijos hasta que éstos cumplan esa edad, según el Art. 126 C.C., no siendo la autoriza-ción estatal para conducir automotores, una causa de liberación de responsabilidad de los padres (Lloveras, Nora, El menor habilitado para conducir y la responsabilidad refleja de los padres, en «Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI.-

El Dr López Mesa toma postura en contra del mantenimiento de la responsabilidad de los padres, luego de la habilitación estatal para conducir automo-tores concedida al menor y al respecto expresa que constituye una gran incoherencia, que la edad de 18 años haya sido considerada suficiente para enviar centenares de jóvenes, a morir por su Patria en Malvinas y ahora, se pretenda que no pueden ellos manejar un vehículo con normalidad, sin involucrar la responsabilidad de los padres. La habilitación para conducir a la edad de 18 años es concedida al joven directamente por el estado, sin que su padre pueda resistirla o negarse, con lo que éste carece de la posibilidad de evitar que el joven habilitado para conducir cause daños con un vehí-culo. En tal situación responsabilizar al padre implicaría tanto como responsabilizarlo por un acto del Estado, que él no puede evitar ni acotar en sus efectos, lo que demues-tra la inconveniencia de declarar su responsabilidad.-

La doctrina española más autorizada (los profs. D.Alabart y Panta-león prieta) consideran, muy razonablemente, que la independencia y ámbitos propios de actuación de que gozan los grandes adolescentes deben ser tenidos en cuenta a los efectos de excluir la responsabilidad de los padres, en casos como los daños deriva-dos de la conducción, especialmente cuando tienen licencia para ello (Trigo Represas, Félix A. -López Mesa, Marcelo, Tratado de la responsabilidad civil, Edit La Ley, Bs. As., 2004, T. III, p. 159/160).-

Como puede observarse, aún cuando pueda discreparse en la naturale-za y alcance de la responsabilidad dispuesta por el artículo 1114 del Código Civil, cuando se avanza en la hipótesis particular del menor adulto que posee licencia de conducir, que se encuentra estatalmente habilitado para hacerlo, la conclusión es úni-voca: la exoneración de los padres.-

En tal caso considero que no puede atribuírseles omisión de vigilancia activa alguna a los progenitores, toda vez que la autorización administrativa desobliga a los padres de las obligaciones emergentes de la patria potestad, o bien hace desapa-recer la garantía que deben asumir en virtud de la condición de padres, ya que no re-sulta razonable que, contando su hijo con dicho permiso por haber cumplimentado todos los requisitos exigidos por la autoridad para obtenerlo, permanezcan responsa-bles de un accionar en cuya autorización el propio Estado ha decidido prescindir de la voluntad de aquellos y dar autonomía al joven.-

En las presentes actuaciones el demandado (menor al momento del accidente) contaba con carnet habilitante para conducir, razón por la cual y atento a que participo del criterio doctrinario y jurisprudencial que el hecho de poseer tal habi-litación administrativa, libera a los progenitores de responsabilidad, considero que el razonamiento de la señora juez de instancia en ajustado a derecho y debe ser confir-mado.-

b.-El daño y su reparación.

Que, en principio, «el daño es un presupuesto de la responsabilidad que, para ser indemnizable, debe guardar relación de causalidad adecuada con la con-ducta atribuida a su autor, corriendopor cuenta de quien lo alega la prueba de tales extremos (Art. 377, Cód. Procesal)» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I, 1993/12/03, «Lavié, Ricardo C. c. Estado nacional — Ejér-cito Argentino. Ministerio de Defensa», LL 1994-D, 259 – DJ, 1994-2-733; en sentido semejante: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 1997/06/04, «F. de DA., E. I. c. Instituto Social del Ejercito y otros», LL 1998-C, 642; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 999/09/17, «G., G. c. Empresa Río de La Plata», LL 2000-D, 871; Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 1992/03/26, «Buel c. Compañía de Perforaciones Río Colorado», LL 1992-C, 115 – ED, 145-454 – DJ, 1993-2-490 – ED, 149-664).

La crítica a la sentencia no hace referencia a la atribución de responsa-bilidad, el cual es un tema no discutido por las partes, sino que se centra en el daño resarcible y su cuantificación.

El Art. 1.068 del C. C. nos dice que «habrá daño siempre que se causa-re a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su personal o a sus derechos o facultades».

La indemnización de los daños y perjuicios cumple una función estric-tamente reparatoria, actuando como una técnica jurídica de vuelta al equilibrio ante-rior (statu quo ante), de quitar el daño, neutralizando el pasivo injustamente produci-do en la víctima y desplazándolo hacia el responsable (Trigo Represas, Félix A, Ló-pez Mesa, Marcelo J., «Tratado de la responsabilidad civil», Tomo IV, pág.809).

Generalmente los daños son cuantificados por sentencia, sin perjuicio de ello, también pueden ser cuantificados por la ley, por el Juez o por las partes.

El Juez al momento de dictar sentencia debe determinar el contenido del daño, ya que el mismo es un concepto jurídico abierto e indeterminado y debe hacerlo en base a las circunstancias del caso y de la prudencia.

En función de los criterios expuestos analizaré el monto indemnizato-rio de los rubros reclamados que han sido objeto de la apelación.

c. Daños al rodado y desvalorización venal.

El actor reclama la suma de $ 25.000, correspondiente a la reparación de los daños sufridos por el vehículo. Sin embargo, el perito mecánico, en su informe de fs. 2937/303, manifiesta que los costos de reparación que necesitaba el rodado del actor para quedar en condiciones similares a los que tenía antes del accidente era de $ 23.400 y a continuación los discrimina. Asimismo advierto que si bien la pericia me-cánica fue observada por los actores en cuanto a velocidad de los vehículos, nada dijeron en cuanto al costo de las reparaciones, razón por la cual el monto fue consen-tido por ellos. En razón de lo expuesto, de las constancias de autos, considero que el monto fijado por la juez de grado resulta ajustado a derecho, razón por la cual corres-ponde que sea confirmado.-

Para que proceda el rubro desvalorización del automotor es necesario que se haya demostrado que se afectaron partes vitales de la estructura del vehículo que participó del accidente, ya que los meros defectos de carrocería por si sólo no resultan suficientes para la procedencia del mismo.

«La desvalorización de la unidad se verifica cuando la entidad de los daños torna imposible volver el automotor al estado en que se hallaba». (CNEsp. Ci-vil y Com.Sala 3ª, noviembre 1º-977, JA 1978-III-sínt.) .-

Si bien como principio sólo cabe el resarcimiento por desvalorización del rodado si se han visto afectadas sus partes vitales a causa del accidente, ello no obsta a su admisión cuando, por la naturaleza de los desperfectos, puedan resultar secuelas de importancia, fácilmente detectables no obstante una correcta reparación, y que se traduzcan en una disminución de su valor. (C.Nac.Com., sala E • 24/02/2006 • Movi Trans Sociedad de Hecho y otros c. Aldazábal, M. y otro • L.L. To. 2006-D pág. 415).

Entiendo que debe confirmarse la decisión de primera instancia en cuanto al monto fijado para el presente rubro por ajustarse a lo expuesto por el perito a fs. 299 de su informe y por estar acorde a las constancias de autos.-

Los actores se agravian por el monto otorgado por la juez de grado en concepto de privación de uso, por entender que al cuantificar el rubro sólo tuvo en cuenta el plazo mínimo de reparación establecido por el perito mecánico y no con-templó las demoras que pueden producirse en la reparación del mismo. Entiendo que ese argumento resulta insuficiente para sostener el monto reclamado ya el actor fun-damento el mismo en hipotéticos inconvenientes a surgir y además al no impugnar la pericia en ese punto consintió el plazo establecido por el perito para la reparación. Al respecto entiendo que corresponde confirmar el criterio sustentado por la juzgadora ya que lo que constituye un perjuicio es la privación del automotor durante el tiempo que dure su reparación, es decir cuarenta y nueve días, plazo establecido en el informe pericial.-

d.-Con respecto a los gastos médicos debo decir que una doctrina auto-ral y jurisprudencial consolidada sostiene que, por regla, los denominados común-mente «gastos terapéuticos»- v.g. honorarios médicos, gastos de traslados, etc.- cuan-do han sido efectuados por la víctima, no requieren ser fehacientemente probados.Se reconoce básicamente al respecto que existen dificultades para guardar o munirse de comprobantes que justifiquen ese tipo de erogaciones para quien, naturalmente, puede encontrarse perturbado por la producción de las lesiones y la necesidad de recibir por ellas atención. La admisibilidad de este rubro depende así prioritariamente, de que fluya de alguna otra circunstancia relevante, debidamente acreditada en la causa, la verosimilitud y razonabilidad del reclamo y de que no se trate, v.g., de gastos de magnitud o de específica aplicación, que sí requieren, para ser reconocidos, de un respaldo probatorio más adecuado (Kemelmajer de Carlucci, A., comentario al art. 1.086 C.Civ., en Código Civil y Leyes Complementarias, cit. pág. 213).

Sabido es junto con lo anterior que la sola circunstancia de haber reci-bido el damnificado atención por parte de un hospital público o el hecho de haber obtenido éste la cobertura de su obra social no son de por sí obstáculos para la repara-ción, si media prueba que justifica las erogaciones de que se trata o bien si el reclamo concierne a ciertos ítems – v.g. gastos de traslado- que normalmente corren por cuen-ta del interesado (Kemelmajer, cit. pág. 215; Zavala de G., Matilde, Tratado de los daños a las personas- Disminuciones psicofísicas- cit., T. 1, pág. 336 y ss. de este tribunal: 23/3/2010, causa nº 162.861/41.401 caratulados: «Brandi, Sara C. c/ Abal Giudice, Raúl Fernando p/ d. y p.» y jp.allí citada; entre muchos otros)(Véase voto de la Dra. Silvina Miquel en los autos n° 43882 Cuello M. Eva c/ Municipa-lidad de Rivadavia p/ daños y perjuicios, Fecha:26/07/2012, LS 182).-

Asimismo sobre la procedencia del rubro solicitado, debe considerarse que el mismo debe ser admitido aún cuando no se acrediten todos y cada uno de los gastos realizados, en tanto el monto pretendido guarde razonable relación con las ero-gaciones que debieron realizarse, conforme la naturaleza de las lesiones sufridas (CNCiv., Sala F, ED 74-586).

En función de lo expuesto entiendo que el monto determinado en la sentencia en crisis debe ser confirmado ya que el mismo guarda relación con las le-siones sufridas y representante estimativamente los gastos en que debieron incurrir los actores por dicho concepto, razón por la cual corresponde el rechazo de la apela-ción del rubro en cuestión.-

e.-La noción de daño resarcible debe partir ante todo del fin persegui-do que es la reparación del perjuicio sufrido por la víctima, ya que lo indemnizable es el perjuicio patrimonial indirecto que las secuelas físicas generan, en tanto disminu-yen las aptitudes de la víctima y no sólo debe ponderarse el perjuicio en la esfera de la actividad laboral, sino también en la vida de relación.-

La persona física desarrolla su existencia en compañía de sus semejan-tes. Esa vida de relación supone una multiforme actividad, al margen de la actividad de producción o de trabajo y se vincula con las facultades que enriquecen la persona-lidad: culturales, artísticas, deportivas, sociales, religiosas perjuicios que deben ser indemnizados como pérdidas del damnificado en razón del hecho ilícito.-

El Art.1068 del Código Civil se refiere a la reparación del daño que incide directamente (daño directo) en las cosas y bienes que componen el patrimonio, como así también al que lo hace indirectamente (daño indirecto) como consecuencia del daño que se causa en la persona misma, en sus derechos o facultades.-

La incapacidad es la dificultad apreciable en algún grado para la reali-zación de funciones vitales, por ello, no todo ataque contra la integridad corporal o la salud de una persona genera incapacidad sobreviniente. A tal efecto, es menester la subsistencia de secuelas que el tratamiento o asistencia prestada a la víctima no lo-gran enmendar o no lo consiguen totalmente. En principio, los daños físicos y la con-siguiente incapacidad, deben acreditarse mediante peritaje, por tratarse de materia técnica que torna relevante la opinión de expertos. El peritaje, tiene importancia para comprobar la índole de las lesiones y su gravitación negativa, así como la relación causal con el accidente.

La aplicación de tablas genéricas de incapacidad propias del derecho laboral resultan or ientativas como pautas de evaluación de una indemnización, en tanto medición del daño de la esfera productiva del individuo, pero no cabe duda que resultan insuficientes al tener en cuenta solamente ese aspecto de su existencia, ya que deben conjugarse con la valoración de otros factores, a fin de poder clarificar como ese porcentaje de incapacidad inciden en la situación específica de la víctima. La jurisprudencia, reiteradamente ha resuelto que para fijar la indemnización, no se debe atender a porcentuales de incapacidad determinados en fijación de tablas genéri-cas propias del derecho laboral, sino que se debe ponderar la concreta incidencia pa-trimonial que las secuelas del accidente pueden tener sobre la víctima, según su natu-raleza y entidad y las circunstancias personales y sociales en que se desenvuelve la vida del damnificado (L.L. 1.987-E-78; L.L.1.998-D-519).

No es decisivo el porcentual que se adjudique a la incapacidad, sino en cuánto incide en la situación actual de la víctima y en sus posibilidades futuras. Lo que interesa propiamente no es la aminoración física en sí misma considerada, sino su proyección o trascendencia en la actividad o en una pauta constante para la determi-nación del monto resarcitorio a acordar (conf. Zavala de G., Matilde, Resarci-miento de Daños, t. 2 a, Bs. As., Hammurabi, 1.998, fs. 300 y sigs.).

Para determinar la incapacidad, la prueba pericial médica resulta fun-damental. La prueba pericial, vale tanto como resulta de sus fundamentos y de la cla-ridad de su exposición, de manera que aun en ausencia de observaciones, puede ser inatendible, si se basa en circunstancias no probadas o en meras hipótesis o abstrac-ciones o versiones sin respaldo objetivo en las constancias de la causa o contrarían hechos notorios o máximas de experiencias, o las reglas de la lógica (conf. Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial en L.L. 1.998-F-274).

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I, en fecha 26/03/07 en autos: «Flores, Rosana M. V. c/ Cornejo Castro, L. y otros», sostuvo que en materia de indemnización de daños y perjuicios que: «Esta Sala, se ha inclinado hacia la fijación prudencial del monto del resarcimiento, a través de la pon-deración de todas las variables de incidencia, sin descartar ninguno de los métodos tradicionales utilizados como baremos o parámetros de determinación, siendo la única limitación el resultado irrazonable a que pueda conducir, en el caso particular, la im-plementación a todo trance de cualquiera de ellos». (L.S. 254-149; L.S. 269-474).-

Conforme la pericia médica clínica de fs. 139 y vta.conforme las le-siones sufridas por los actores y las cuales han sido señaladas en la sentencia en cri-sis, han quedado secuelas y las mismas le producen a la señora L. del C. G. una incapacidad del 10% y al señor M. Angel D. una incapacidad del 5%.-

Entiendo que a efecto de establecer el quantum de la indemnización por incapacidad sobreviniente debe, atenderse a la naturaleza de las lesiones sufridas por los damnificados, su estado civil, la edad al momento de la colisión y demás condiciones personales, como así también la manera en que aquellas influirán en sus posibilidades de vida futura» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 13/03/2.008, «Servin Daniel Aníbal c. Alonso, Hugo Omar y otros» La Ley Online) y tal, como se ha destacado en numerosos precedentes, » los porcentajes estimados de incapacidad representan meras pautas para el juez y no lo vinculan, pues debe pro-nunciarse sobre la incidencia en la vida de relación de la víctima de las dolencias ve-rificadas y, a partir de estas comprobaciones, fijar la cuantía resarcitoria». (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 26/11/2.007, «V.,J. C. y otro c. albornoz Eudoro y otros» La ley Online).-

Ahora bien a tenor de las características del accidente, las lesiones su-fridas y las secuelas de las mismas y las demás condiciones personales de los actores contempladas por la juez de grado, entiendo que los montos indemnizatorios fijados en la sentencia en crisis resultan ajustados a derecho y por ello los mismos deben ser confirmados.-

f.- Siguiendo a ZAVALA de G., «El daño moral compro-mete lo que el sujeto es, en tanto el daño patrimonial lesiona lo que la persona tiene. Las principales vertientes del daño moral residen en lesiones que afectan la vida, la salud o la dignidad de las personas; es decir su existencia y su integridad psicofísica, espiritual y social. Acorde con el anterior texto del Art.1.078 del Código Civil, que conserva vigencia práctica por su valor doctrinario, dicho perjuicio consiste en el agravio moral que se ocasiona a la persona, molestándola en su seguridad personal, o en el goce de sus bines o hiriendo sus afecciones legítimas. Esta definición es amplia y permite abarcar diversas proyecciones del daño moral: a) Molestias en la seguridad personal; b) Molestias en el goce de los bienes. Los bienes económicos son necesa-rios para la subsistencia y el desenvolvimiento digno de la vida. Sin embargo no todo perjuicio patrimonial ocasiona un daño moral; por ejemplo, los Tribunales no recono-cen un menoscabo espiritual resarcible en los accidentes de tránsito cuando sólo se deterioran los vehículos, sin lesiones personales. Para que surja un daño moral, es menester que, además del desmedro económico, concurra una repercusión en los in-tereses existenciales del sujeto y no se reputa que suceda sólo ante molestias o incon-veniente de relativa entidad; c) Herida de las afecciones legítimas: esta es una pauta genérica que engloba a los supuestos anteriores. La noción de afecciones se vincula con los sentimientos de la víctima y, por extensión, con toda alteración anímica (en su intelecto o en su voluntad). Las afecciones deben ser legítimas en el sentido de razo-nables (no es necesario un reconocimiento legal «(Resarcimiento de daños. Presu-puestos y funciones del Derecho de Daños, Buenos Aires, Hammurabi, Tomo 4, pág. 178,181/182).-

El principio de individualización del daño requiere que la valoración de la indemnización del daño moral compute atentamente todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva -la índole del hecho lesivo y de sus repercusio-nes-, como las personales o subjetivas de la propia víctima.(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 2000/03/07, «De Agostino, Nélida I y otros c/ Trans-portes 9 de Julio», LA LEY, 2000-D, 882- DJ, 2001-2-72).

La fijación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas: su reconocimiento y cuantía depende del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión. (Art. 90 inc. 7° del C.P.C.). Sobre esta cuestión, se ha advertido que: «en la fijación del monto por resarcimiento del daño moral debe actuarse con suma prudencia, toda vez que son obvias las dificultades que existen para mensurar en dinero un detrimento de naturaleza no patrimonial, razón por la cual ha de tratarse de una suma que atienda apropiadamente a la magnitud del menoscabo espiritual y procure mitigar el dolor causado por la conducta antijurídica». (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 1984/11/21, «D.de Paratian, Inocencia y otros c/ Em-presa Ferrocarriles Argentinos», LL, 1985-A, 408 – DJ, 1985-1-799).-

Atento a lo expuesto entiendo que las sumas fijadas en la sentencia por tal concepto no se relevan como insuficientes, razón por la cual deben ser confirma-das.-

g.-Por último trataré el agravio en el cual los actores solicitan que en caso de mantener la falta de responsabilidad de los padres, se les exima de la imposi-ción de costas.-

Con respecto a la imposición de costas comparto en líneas generales los postulados del principio chiovendano de la derrota, y el mismo sólo admite ex-cepcionalmente un apartamiento del mismo ante particulares circunstancias, siempre que las mismas se encuentran debidamente acreditadas y sin perjuicio de las excep-ciones que en lo específico contempla el artículo 36 del C.P.C.-

El ordenamiento procesal de la Nación además de establecer el princi-pio reseñado dispone que…»Sin embargo el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello ex-presándolo en su pronunciamiento…»

En estos obrados si bien no concurre ninguna de las excepciones lega-les, entiendo que existen motivos que razonablemente me permiten apartarme del principio general.-

Como bien dije al tratar el tema, el criterio interpretativo del Art. 1.116 del C.C. no se muestra unívoco en la doctrina cuando se considera la posibili-dad de responsabilizar a los padres por hecho de los hijos en accidentes de tránsito cuando estos tienen licencia habilitante para la conducción.El tema respecto de cuál es la situación del menor adulto que ha sido autorizado administrativamente para conducir automotores, otorgándosele el carnet de conductor, ha sido largamente deba-tido en la doctrina y jurisprudencia argentina y existen dos posiciones encontradas, si bien poco a poco va prevaleciendo el criterio de que los mismos pueden liberarse de responsabilidad ya que les es imposible prohibir la actividad de conducción y nada puede imputársele en materia de vigilancia activa.-

De lo expuesto surge que el reclamo formulado por la parte actora tiene dos posiciones encontradas y el magistrado al momento de resolver debe tomar posición por una de ellas. A ello se le suma el hecho que la problemática planteada en cuanto a si los padre son responsables por el hecho del menor adulto habilitado para conducir, cuenta con muy escasa jurisprudencia de Cámara (LS 061-001 Tercera Cá-mara Civil de Apelaciones), razón por la cual entiendo que corresponde eximir de costas a los actores por el rechazo de la misma.-

Por todo ello y si la solución que propongo es compartida por mis co-legas, voto por la admisión parcial del recurso de apelación formulado por los actores en lo pertinente a la eximición de la imposición de costas y la confirmación de la sentencia de primera instancia en todo lo demás que ha sido objeto de apelación.-

Así voto.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Dra Alejandra Orbelli dijo:

La jurisprudencia unánime de los tribunales provinciales, a partir del caso «Chogris» (SCJMZA., L.S.189-177), considera que en los juicios de daños y perjuicios, la determinación del monto de la indemnización es facultad discrecional del Tribunal de sentencia, de modo que no procede dividir la condena a los efectos causídico ni a otros, en la parte que prospera y en lo que se rechaza la demandas Las costas de primera instancia deben mantenerse tal cual fueron impuestas por el juzga-dor de grado sin perjuicio que corresponde corregir las regulaciones de honorarios a la luz de las modificaciones producidas con respecto al monto de condena.-

Las costas correspondientes a la alzada deberán ser soportadas por los actores vencidos en la medida de su vencimiento, conforme el criterio adoptado por este Tribunal, en concordancia con al reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (ver autos n° 100.782/44.658, caratulados «Araya Susana c/Verdejo Camargo Roberto p DyP» 22/03/13).-

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 8 de agosto de 2014.

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

1.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por los actores a fs. 441 y en tal virtud modificar la sentencia de fs. 408/419, la que que-da redactada de la siguiente manera:

«I.- Rechazar la demanda promovida en autos por los Sres. L. del C. G. y M. A. D. en contra de los Sres L. M. R. y M. M. A. .-

II.- Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida en autos pro-movida por los Sres. L. del C. G. y M. A. D. en contra de los Sres Agustín M. R. A. , M.Yael Bubica y Luciana Bubica y, en consecuencia, condenar a los demandados y a la citada en garantía la Segunda Coope-rativa Limitada de Seguros Generales SA, en forma concurrente, a hacer efectivo al actor en el término de diez días de ejecutoriada la presente, la suma de cien mil seis-cientos cinco ($ 100.605), con más sus intereses correspondientes, calculados de con-formidad a lo que resulta de los considerandos precedentes.

III.- Imponer las costas por lo que prospera la demanda a los acciona-dos vencidos.-

IV.- Regular los honorarios profesionales correspondientes a los docto-res Salvador Jesús Gutiérrez, Cecilia Crippa, Marcelo Moretti, Vicente Ferrara, Elisa Sicuro, Leandro Ferrara, L. M. R., Manuel Jardel, L. M. R. (H) , por cuanto prospera la demanda, en las sumas respectivas de ($.),($.), ($.), ($.), ($.), ($.), ($.), ($.) y ($.), conforme la efectiva participación en autos y sin perjuicio de los comple-mentos e IVA que les pudieran corresponder (arts. 2, 3, 13, 28, 31 y cc. LA).-

V.-Regular los honorarios correspondientes a los peritos Ing. L. Sil-va, Dr. L. Reta y Lic. M. Martinez Coll en las suma de pesos mil cuatrocien-tos ($ 1400) a cada uno de ellos, conforme el mérito de la labor ejercida en autos, a la fecha, con más el IVA y aportes previsionales que correspondan.-

2.- Costas en la alzada a los actores vencidos.-

3.- Regular los honorarios de la segunda instancia a los Dres. Salvador Jesús Gutiérrez, Cecilia Crippa, L. M. R., L. M. R. (h), Vicente Ferrara, Marcelo Moretti y Leandro Ferrara en las respectivas sumas de ($.), ($.), ($.),($.), ($.),($.) y ($.), a cada uno (arts. 3, 4, 13, 15 y 31 ley 3641) más I.V.A. respecto de los profesionales que acrediten su condición de responsables inscriptos ante la A.F.I.P. a cargo de los actores.-

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Dra. Alejandra Marina Orbelli

-Juez de Cámara-

Dra. Marina Isuani

-Juez de Cámara-

Dra. Silvina MIQUEL

-Juez de Cámara-

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