No hay exención del impuesto a las ganancias en favor de los agentes que se encuentran en actividad dentro del poder judicial

ImpuestosPartes: Volpato Nanci A. y o. c/ AFIP DGI y os. s/ ley 16986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 23-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87070-AR | MJJ87070 | MJJ87070

Inexistencia de exención frente al Impuesto a las Ganancias en favor de la totalidad de los agentes que se encuentran en actividad dentro del poder judicial.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por los apoderados de la Administración Federal de Ingresos Públicos y revocar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo por la que ordenó el cese inmediato de los descuentos y/o retenciones por Impuesto a las Ganancias que se realizan en los respectivos haberes jubilatorios de los amparistas, debiendo reintegrar las sumas que en ese concepto hayan fueron retenidas de los haberes de pasividad de los actores, desde que los funcionarios y empleados del Poder Judicial que no perciben una remuneración igual o superior a la de un Juez de Primera Instancia, no se encuentran exentos frente al impuesto a las ganancias y por ende son sujetos imponibles del tributo.

Fallo:

Rosario, 23 de mayo de 2014.-

Visto, en Acuerdo de la Sala «B», el expediente n° FRO 4199/2013/CA2 caratulado «VOLPATO Nanci Adela y otros c/ AFIP-DGI y otros s/ Ley 16.986», (originario del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Rosario).

Vienen los autos a raíz de los recursos de apelación interpuesto por la representante de la AFI-DGI y del Estado Nacional (fs. 203/222), contra la sentencia nº 238/13 que hizo lugar al amparo presentado por Nanci Adela Volpato y Mario Adolfo López y dispuso la inaplicabilidad del art. 1 inc. a) de la ley 24.631, en cuanto deroga los incisos p) y r) del art. 20 de la ley 20.628; ordenó a la AFIP la devolución de las retenciones efectuadas en concepto de impuesto a las ganancias sobre su haber jubilatorio, conforme los argumentos expuestos en los considerandos precedentes; con costas a la demandada (fs. 188/195).

Concedido el recurso (fs. 223), y contestado por la actora (fs. 224/229 vta.), se elevaron los autos a la Alzada (fs. 232/233). Recibidos en esta Sala «B», quedaron los autos en condiciones de resolver (fs. 234/235).

La Dra. Vidal dijo:

1º) Se agravió la apoderada de la AFIP-DGI y el Estado Nacional sosteniendo que se cometieron graves errores jurídicos en torno a las normas aplicables al caso, estas son el art. 1 de la Ley 24.631 y Acordada Nº 20 y 56/1996 de la C.S.J.N. y sus equivalentes provinciales.

Sostuvo que se utilizó cada una de las Acordadas fuera de su ámbito propio de aplicabilidad. Así, agregó, que la Acordada Nº 56/1996 fue dictada teniendo en cuenta aquellos casos que no encuadraban en la Acordada Nº 20/1996 ambas de la C.S.J.N.y lo mismo -agregó- debe predicarse de las Acordadas Nº 20/1996 y del Acta Nº 31/2000 de la C.S.J.S.F., ya que a través de las mismas la C.S.J.N adhirió respectivamente a la Acordada 20/1996 (C.S.J.S.F.) 56/1996 (C.S.J.N.) en ese orden.

Insistió en que su parte acata la aplicabilidad de la Acordada Nº 20/1996 (C.S.J.N.) cuando se ven reunidos los recaudos emergentes de ésta (es decir cuando se trate de un magistrado o funcionario judicial cuya remuneración sea equiparable a la de un Juez de Primera Instancia), en cambio, vela por la aplicación del texto vigente art. 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias cuando no se verifican los términos de la Acordada Nº 20/1996 (C.S.J.N.).

Alegó que la sentenciante confunde las nociones de exención y deducción. Aclaró que se ha establecido como regla que las jubilaciones y pensiones constituyen rentas de la cuarta categoría y quedan comprendidas dentro de la definición de hecho imponible del impuesto a las ganancias y por lo tanto como regla, la percepción de esa renta, hace nacer la obligación de tributar el Impuesto a las Ganancias.

Concluyó en que cuando una persona está exenta del Impuesto a las Ganancias, implica que aun configurándose el hecho imponible, por disposición de la Ley se lo libera en forma total de la obligación de pagar impuestos Señaló que quien debe ingresar el tributo es el empleador o la Caja de Jubilaciones respectiva actuando como agente de retención del mismo, quien no ha sido demandada en autos.

Manifestó que a la luz de la Acordada Nº 20/96 de la CSJN la cuestión relativa a si un funcionario se encuentra exento o no del pago al impuesto a las ganancias depende de si tiene una remuneración igual o superior a la de una juez de primera instancia, y sólo en caso afirmativo, se torna inaplicable la derogación de las exenciones del impuesto.Sostuvo que el significado de Juez de Primera Instancia varió de en la legislación local, ya que antes de la entrada en vigencia de la ley 13.178, modificatoria de la ley orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, equivalía al Juez de Primera Instancia de Circuito y luego de la entrada en vigencia de esta ley equivale al Juez Comunitario de las Pequeñas Causas, ya que Juez Comunal no era propiamente un Juez porque no ejercía función jurisdiccional.

Alegó que la Acordada Nº 20/1996 no resulta aplicable a ninguno de los actores, lo que implica que ninguno de ellos se encontraba exento del impuesto a las ganancias en actividad ni tampoco lo está ahora en la pasividad.

En referencia a la acordada 56/1996 (C.S.J.N.) y 31/2000 (C.S.J.S.F.) sostuvo, que ésta no reconoce exenciones sino deducciones y que sólo resulta aplicable en relación a los funcionarios y empleados del Poder Judicial que se encuentran en actividad.

Manifestó una errónea e irrelevante referencia realizada respecto de la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones judiciales en el ámbito provincial.

Señaló que si se lee con atención y se interpreta correctamente la Acordada Nº 20/1996 en su razonamiento surge claramente que la intangibilidad de las remuneraciones se refirió solamente a los magistrados y nunca se menciona a los funcionarios en la parte sustantiva de la Acordada.

Consideró que resulta inexacto sostener que el carácter de «sujeto imponible» se adquiera con el hecho de jubilarse ya que al no quedar comprendidos en la Acordada nº 20/1996 y su equivalente provincial, los actores nunca estuvieron exentos en el impuesto a la ganancia, y si no se ingresaba monto alguno en actividad no fue porque se encontraron exentos, sino por haber mediado un hecho antijurídico, o un error jurídico de un tercero o por haberse utilizado una deducción especial que disminuyó la base imponible y determinó que el monto a ingresar por el sujeto alcanzado y no exento, fuese igual a cero.

Sostuvo que setrata de una argumentación que no sólo no es autónoma sino que además es dogmática, abstracta e inatinente respecto de los términos en los que se trabó la litis.

Consideró que resulta improcedente la devolución de sumas correctamente retenidas, ello teniendo en cuenta que al no encontrarse exentos los actores del impuesto a las Ganancias, debían y deben tributar y al no ser procedente la devolución de las sumas retenidas en concepto de Impuestos a las Ganancias, tampoco corresponde el pago de interés.

Sin perjuicio de lo señalado, sostuvo que la tasa de interés resulta jurídicamente errónea, ello por cuanto en primer lugar sólo excepcionalmente en un amparo puede ordenarse la restitución de una suma de dinero y no puede perderse de vista que la vía ordinariamente procedente para su reclamo y devolución es la repetición.

Alegó que en este orden de ideas cabe acudir a la Resolución Nº 314/2004 dictada por el Ministerio de Economía de la Nación en su art. 4 «Establécese la tasa de interés prevista por el art. 179 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, aplicable a los casos de repetición, así como la del interés aplicable en los casos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la ley citada en el cincuenta centésimo por ciento (0,50 %) mensuales» (…) «el cual se devengará desde la fecha de interposición del pedido de devolución, del reclamo administrativo o de la demanda judicial de repetición, o del pedido de reintegro o compensación, según corresponda, hasta la efectiva fecha de devolución, reintegro o compensación».

Alegó que se incurrió en el apartamiento de la normativa aplicable y la irrazonable valoración de las pruebas. Señaló que respecto del informe de la Sección Sueldos de la Dirección General de la Administración de la C.S.J.S.F.se extrajo como conclusión que se encontraban exentos en el Impuesto a las Ganancias resultando totalmente incorrecto, ya que no fue ni meritado ni confrontado con lo dispuesto por el derecho vigente y de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional.

Por último se agravió de la imposición de costas a su parte.

2º) En el caso los actores iniciaron en fecha 13/05/2013 acción de amparo tendiente a que se deje sin efecto en sus respectivos haberes previsionales el descuento y/o retención por impuesto a las ganancias (cód. 510 AFIP) y se restituyan las sumas retenidas por tal concepto, invocando para ello la normativa que entienden aplicable, conformada por las leyes Nacionales Nº 20.628 (art. 20 incisos p y r) y Nº 24.631 (en su art. 1 inciso a). La interpretación que hace de dicha normativa la C.S.J.N. en las Acordadas Nº 20/96 y 56/96, las Acordadas Nº 20/96, 31/00 y 14/03 de la C.S.J.S.F. y la Resolución de la Secretaría de Gobierno de dicha Corte (fs. 54/63).

Mediante Acuerdo Nº 73/14-Civ./Int., se confirmó la resolución de primera instancia nº 56/13 que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y se ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (DGI), se abstenga de realizar el descuento correspondiente al impuesto a las ganancias respecto de los actores a partir de la notificación de la presente resolución y para los meses sucesivos, con una caución juratoria.

3º) En primer lugar corresponde analizar el plexo legal que resulta aplicable al caso, a fin de determinar si los actores se encuentran o no alcanzados por la exención impositiva peticionada en la demanda, conforme los argumentos allí establecidos.

La ley 20.628 en su artículo 20 en inciso p) establecía, dentro de las exenciones:»Los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las Cámaras de Apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales de los Tribunales de Cuentas y Tribunales Fiscales de la Nación y las provincias. Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios judiciales, nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de los jueces de primera instancia».

El inciso r) eximía «los haberes jubilatorios y las pensiones que correspondan por las funciones cuyas remuneraciones están exentas, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos p) y q)».

La Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 20/96 a la que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe mediante Acordada Nº 20/96 declaró la inaplicabilidad del art . 1º de la ley 24.631, en cuanto derogó las exenciones contempladas en el art. 20, incs. p) y r), de la ley 20.628, t.o. por decreto 450/86, para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

Posteriormente nuestro Máximo Tribunal mediante Acordada Nº 56 del 27 de septiembre del año 1996 dispuso: «1°) Que la Ley 24.475 no deroga las deducciones o exenciones establecidas en el texto de la Ley de Impuesto a las Ganancias, al incorporar a la Ley 20.628 el artículo (99.1). 2°) Que por consiguiente, habiéndose expresado esta Corte mediante Resolución del 30 de abril de 1987 -Expte. 413/86, en el sentido de calificar como «reintegro de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función», y por ende deducibles de la base imponible del impuesto en cuestión, los importes retributivos de los rubros que la propia Resolución incluye, debe interpretarse, en consecuencia, que los mismos se encuentran incluidos dentro de los alcances del artículo 82° inc. e) de la norma legal.3°) Que dicha conclusión mantiene su vigencia en la actualidad, toda vez que, con abstracción de las distintas reglamentaciones evaluadas en esa oportunidad, lo cierto es que, en definitiva, tuvo como sustento a la citada norma de la ley de tributo e idéntico suplemento salarial (compensación jerárquica, dedicación funcional y bonificación por antigüedad proporcional a dichos rubros)». Por ello Acordaron «hacer saber al Administrador General que debía instruir a la Subsecretaría de Administración para que proceda al recalculo de las liquidaciones salariales por cuanto los Ministros consideraron».

Al respecto, mediante Acta Nº 31/00 la Suprema Corte de Justicia Santa Fe adhirió a lo dispuesto por la C.S.J.N. y expresó: «adicional compensación jerárquica» -comprendiendo también la bonificación por antigüedad proporcional a este rubro y demás adicionales- ostenta la calificación de «reintegro de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función», y en consecuencia resulta deducible de la base imponible del impuesto a las Ganancias por encontrarse comprendidos dentro de los alcances del artículo 82 inc. e) de la Ley 20.628″.

4º) Ahora bien expuesto el complejo normativo corresponde determinar si los actores se encuentran comprendidos dentro de las exenciones impositivas señaladas, conforme la pretensión deducida en la demanda.

De las constancias acompañadas en estos autos se desprende que los actores Nanci Adela Volpato y Mario Adolfo López al momento de pasar a situación de retiro se desempeñaban en el cargo de Jefes de Despacho (fs. 46 y 51).

Mediante oficio de fs. 182 se solicitó a la C.S.J.S.F. que informe si cuando los accionantes se desempeñaban laboralmente en el Poder Judicial, se le efectuaron en sus haberes retenciones en concepto de impuesto a las 7 Poder Judicial de la Nación ganancias.El Jefe de Sección de Sueldos de la Dirección General de Administración del Poder Judicial -Hernán Fernando Sagrera-, informó en relación a lo solicitado por el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, que nunca se le efectuaron retenciones en concepto de impuesto a las ganancias a los accionantes -Nanci Adela Volpato y Mario Adolfo López- por las remuneraciones percibidas como dependientes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (fs. 184).

Por otra parte, no obstante que los actores no han producido la prueba correspondiente, se advierte que los accionantes estando en actividad no tenían remuneraciones iguales o superiores a la de un «Juez Comunitario de las Pequeñas Causas», que representa (conforme el criterio desarrollado por la suscripta en autos: «Alvarez, Graciela A. y otros c/ Estado Nacional, Ministerio de Economía -AFIP, D.G.I. s/ Amparo Ley 16.986» de fecha 7/04/2014, resuelto mediante Acuerdo nº 57 /14- Civil/Def. al que remito por razones de brevedad) el nivel inferior a considerar conforme el anexo de la Ley 10.160 luego de las modificaciones implementadas por Ley 13.178 (B.O.17/9/11), en la cual la figura de los «Jueces Comunales» fue sustituida por la de «Jueces Comunitarios de las Pequeñas Causas», en consideración con lo dispuesto a las Acordadas Nº 20/96 C.S.J.N. y Nº 20/96 de la C.S.J.S.F.en cuanto refieren a la figura del «Juez de Primera Instancia».

De esta manera quedan excluidos de la excepción legal prevista en el artículo 20 incisos p) y r), ya que este último inciso es el que determina que los haberes jubilatorios y las pensiones, que correspondan por las funciones cuyas remuneraciones están exentas conforme lo dispuesto en el inciso p), son las que quedan exceptuadas del gravamen y no cualquier otra que por alguna razón no tribute el impuesto en análisis, tal es el caso de la Acordada Nº 56/96 de la CSJN.

Conforme lo señalado en la prueba citada, las remuneraciones de los actores estando en actividad quedaban exentos del impuesto a las ganancias, encontrando sustento en la Acordada Nº 56/96 de la C.S.J.N. y el Acta Nº 31 punto 8 de la C.S.J.S.F. la cual dispone deducir de la base imponible del impuesto en cuestión los «reintegro de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función» (antigüedad, compensación jerárquica, etc.) encontrándose incluidos dentro de los alcances del artículo 82 inc. e) de La ley 20.628. De esta manera se advierte que la exención impositiva estaba contemplada legalmente, respecto de quienes se encuentran en actividad no así cuando obtienen su jubilación, puesto que en modo alguno puede hablarse de «cumplimiento de la función».

La actora expresó que las personas cuyas remuneraciones estando en actividad no tributan Impuesto a las Ganancias, no deben tributar cuando pasan a situación de retiro, atento al principio de proporcionalidad y equidad, ello en mi criterio no tiene base legal, por cuanto los actores en situación de retiro no están contemplados en las exenciones previstas en la Ley 20.628 antes señaladas, sino que quedan comprendidos en el art.79 de la Ley, el cual dispone que constituyen ganancias de la cuarta categoría aquellas provenientes «c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tenga su origen en el trabajo personal».

Al respecto es dable señalar que la amparista no ha desarrollado argumentos, menos por tanto pretendido demostrar que el artículo 79 inciso c) de la ley 20.628 configure en el caso concreto un agravio constitucional por ser confiscatorio, ni ha manifestado de qué modo la normativa cuestionada le ocasionó un perjuicio concreto susceptible de protección constitucional que autorice apartarse de la norma.

A estos efectos es dable destacar el criterio sostenido en autos «Haiek, Olga B. c/ AFIP s/ amparo» expte. Nº FRO 91007475/2011, de fecha 06/09/2013 (voto del Dr. Carlos Carrillo al que adhirió la suscripta) donde se señaló «Otro elemento de interés para la resolución de la presente causa estriba en que la ley Nro. 20.628 establece un sistema homogéneo en cuanto a la captura del hecho imponible. A este respecto resulta útil señalar que el art. 81 inc. d) permite deducir de la ganancia del año fiscal «Las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales». En esa inteligencia, si los aportes son deducibles del sueldo para calcular ganancias, resulta que nunca pagaron el impuesto. Surge como una segunda conclusión que el legislador difirió su percepción en el tiempo, para efectivizarse cuando se cobrara la jubilación, ya que como se dijo antes, en forma expresa no la consideró exenta del tributo. Ello siempre y cuando lo percibido alcance el monto establecido en la escala del art. 90 de la ley citada.

Se advierte en este punto que se puso un límite mínimo para el pago del tributo.En efecto, se tuvo en cuenta que corresponde su pago a partir de la percepción de una determinada suma, debajo de la cual no se tributa por impuestos a las ganancias ya que se consideró que si no se supera ese monto, la jubilación o pensión está destinada totalmente a cubrir las necesidades que pueda tener una persona y su grupo familiar.- De lo expuesto se sigue que el sistema establecido por la ley Nro. 20.628 responde a un complejo de elementos tenidos en consideración con el objeto de que no se produzcan dobles imposiciones ni intersticios de renta no alcanzados por el impuesto. De accederse a la pretensión de la actora se estaría vulnerando un régimen que fue ideado con esa lógica, más allá del acierto o error de sus disposiciones.- Sobre este último sentido tiene dicho nuestro máximo tribunal que «Lo atinente a si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los ‘principios de la ciencia económica’, escapa a la competencia de los jueces, pues no les está permitido pronunciarse sobre la sabiduría, conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales» (Cía. Swift de La Plata, S.A. c/ Municip. de San Miguel de Tucumán. 1961 T. 249, P. 99).- Por consecuencia, en principio no corresponde expedirse acerca de la conveniencia de las medidas dispuestas por el Congreso Nacional en uso de sus facultades (art. 75 inc. 2 de la CN), en tanto inmiscuirse en razones de política fiscal importaría un exceso de las atribuciones inherentes al órgano jurisdiccional».- Recientemente la CSJN en autos «Dejeanne, Oscar Alfredo y otro el Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ amparo» (D. 248.XLVII.), de fecha 10/12/13, remitió a los fundamentos del dictamen de la Procuradora General de la Nación en fecha 17/10/2011, que rechazó el amparo interpuesto por los actores con motivo de la deducción del impuesto a las ganancias en los haberes jubilatorios con argumentos similares a los antes referido del precedente de este Tribunal.

5º) Por lo expuesto, y en virtud de que la cuestión planteada en autos pudo razonablemente llevar a la actora a considerarse con derecho a reclamar, corresponde revocar la sentencia apelada y distribuir las costas del juicio en el orden causado (art. 68 del C.P.C.C.N.).

El Dr. Toledo dijo:

I) Llamado a votar en segundo término, por razones de brevedad voy a remitirme en general al relato de la causa efectuado por mi colega preopinante en su voto.

A lo expuesto agrego las siguientes consideraciones propias.

En primer lugar advierto que, conforme ha quedado trabada la litis, la cuestión a dilucidar en estos actuados es si los actores se encuentran o no exentos de tributar el Impuesto a las Ganancias por lo que perciben por sus haberes de pasividad por la especial situación en que se encuentran de ser jubilados o pensionados del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

Y esa especial situación a la que aludo es porque lo aquí discutido tiene su origen en la garantía de intangibilidad de los salarios de los magistrados judiciales prevista en el artículo 110 de la Constitución Nacional, y la consecuente interpretación que ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de que tal garantía implica la exención del pago del Impuesto a las Ganancias de todos los jueces del Poder Judicial de la Nación y de los funcionarios judiciales que tuvieran asignadas retribuciones iguales o superiores a los jueces de primera instancia, así como a los haberes jubilatorios y las pensiones que correspondan por las funciones cuyas remuneraciones estaban exentas en los términos señalados (Ac.20/1996 C.S.J.N.).

Así lo hizo al declarar la inaplicabilidad del artículo 1º de la ley 24.631, en cuanto deroga las exenciones contempladas en el artículo 20 incs. p) y r) de la ley 20.628 t.o. por Dec. 450/86, para los magistrados del Poder Judicial de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, por su parte, adhirió por Ac. 20/1996 a dicha acordada de la Corte Nacional.

Pero es del caso que aquí se trata de agentes respecto de los cuales la demandada les niega su inclusión en la situación indicada por cuanto interpreta que al momento de jubilarse no se encontraban dentro de las previsiones normativas que contemplaban su calidad de funcionarios con retribuciones iguales o superiores a los jueces de primera instancia.

Tampoco les reconoce que su situación pueda estar amparada en virtud de lo dispuesto por la Ac. 56/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que remite a la Resolución del 30 de abril de 1987 -Expte. Nº 413/86- de esa Corte Suprema), a la que la Corte provincial adhirió mediante Ac. 31/2000.

Vale recordar que estas normas se refieren a rubros del salario (Compensación jerárquica, Dedicación funcional y bonificación por antigüedad proporcional a dichos rubros) considerados reintegros de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación, en un caso, y del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en el otro, que no revisten en las situaciones contempladas por las referidas Acs. 20/1996 tanto de la Corte Suprema nacional como la Corte Suprema provincial.

Rubros éstos que dichas normas consideran como deducibles de la base imponible del Impuesto a las Ganancias, interpretando que los mismos se encuentran incluidos dentro de los alcances del artículo 82 inc.e) de la ley 20.628.

La demandada, en tal sentido, considera que dichas previsiones no resultan aplicables a los jubilados o pensionados judiciales.

Para llegar a tal conclusión interpreta que, al no estar en actividad, no pueden considerarse a tales rubros como reintegros de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función.

II) En lo que refiere a la primera cuestión, es decir si los actores se encuentran o no incluidos dentro de las previsiones de las Acs. 20/1996 tanto de la Corte Nacional como de la Corte provincial, coincido con el criterio de la Dra. Vidal en el sentido que los actores se encuentran excluidos de la de la excepción legal prevista en el artículo 20 inc. p) y r) de la ley 20.628 y como consecuencia no están alcanzados por lo normado en las Acs. 20/1996 de ambas Cortes Supremas.

Ello así, por cuanto no puede reconocerse el derecho de los actores a estar incluidos en la situación contemplada por las referidas Acs. 20/96, dado que no han producido prueba que acredite que sus cargos, cuales son Jefe de Despacho (Nanci Adela Volpato y Mario Adolfo López), -fs. 46, 51 y 54vta.-, resultan equiparables por ser remuneraciones iguales o superiores a la de Juez Comunitario de las Pequeñas Causas, en los términos de la ley provincial 13.178 y conforme el criterio expuesto por mayoría de este Tribunal en Ac. 57/14 Civil-Def.

Por lo que, con este alcance, corresponde admitir el agravio en trato.

III) En lo que respecta a los funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe no incluidos en las previsiones de las Acs. 20/1996 referidas, cuyas remuneraciones estando en actividad no tributan Impuesto a las Ganancias por aplicación de la Ac. 56/1996 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que remite a la Resolución del 30 de abril de 1987 -Expte. Nº 413/86- de esa Corte Suprema), a la que la Corte provincial adhirió mediante Ac.31/2000 corresponde señalar lo siguiente.

En primer término cabe advertir que rige en este segundo supuesto la normativa de referencia que fue dispuesta por ambas Cortes Supremas justamente por tratarse de una situación diferente a la de los magistrados y funcionarios alcanzados por las Acs. 20/1996 de las Cortes Supremas nacional y provincial.

Por tanto, no se trata aquí de la cuestión relativa a la garantía de intangibilidad de los salarios de los magistrados judiciales prevista en el artículo 110 de la Constitución Nacional, y la consecuente interpretación que ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de que tal garantía implica la exención del pago del Impuesto a las Ganancias de todos los jueces del Poder Judicial de la Nación y de los funcionarios judiciales que tuvieran asignadas retribuciones iguales o superiores a los jueces de primera instancia, así como a los haberes jubilatorios y las pensiones que correspondan por las funciones cuyas remuneraciones estaban exentas en los términos señalados (Ac. 20/1996 C.S.J.N. la cual adhirió la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe por Ac. 20/1996).

Ello así, no tratándose de los supuestos de exención señalados, cabe analizar si, como alega la demandada, la Ac.56/1996 y normas concordantes antes referidas no se aplican a los pasivos por cuanto los rubros deducibles que allí se indican lo son por tratarse de reintegro de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función, siendo que los jubilados y pensionados no se encuentran en ejercicio de sus funciones.

O, como lo afirma la actora, que los importes que son deducibles de la base imponible siguen siendo parte del haber del jubilado, y que, al jubilarse esos rubros no desaparecen por el hecho de haber alcanzado el beneficio jubilatorio.

Igualmente corresponde determinar el acierto o no del argumento de la actora de que dicha normativa resulta aplicable a los jubilados y pensionados judiciales al igual que a los activos, por cuanto corresponde seguir las reglas de la proporcionalidad.

Estimo que asiste razón a la demandada por cuanto, efectivamente, los rubros deducibles a los cuales se refiere la Ac. 56/1996 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que remite a la Resolución del 30 de abril de 1987 -Expte. Nº 413/86- de esa Corte Suprema), a la que la Corte provincial adhirió mediante Ac. 31/2000, corresponden a aquellos conceptos que habiendo sido asumidos por los funcionarios o empleados judiciales en ejercicio de su tarea, le son reintegrados por el Estado en los términos previstos por el artículo 82 inc. e) de la ley 20.628.Lo que no puede suceder en los casos de los pasivos que no se encuentran en el ejercicio de su función, precisamente porque ya no lo están.

Con relación al argumento de la actora de la vulneración de la regla de proporcionalidad cabe recordar que ella significa que el haber jubilatorio debe guardar una adecuada proporcionalidad con los salarios de los trabajadores activos.

Y que, relacionado con ello, la sustitutividad del haber previsional implica que, como la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral, una vez cesada ésta y como débito de la comunidad por dicho servicio, el beneficio jubilatorio le debe permitir al jubilado mantener el status de vida que tenía mientras se encontraba en actividad.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que en materia previsional de lo que se trata es de preservar la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de actividad y el de pasividad, en razón de su naturaleza sustitutiva (Fallos 318:403; 322:1868).

Pero cabe advertir que en el caso que nos ocupa no se trata en realidad de la aplicación o no de esta regla de proporcionalidad.

En efecto, no está en discusión en este supuesto la mentada proporcionalidad porque ello refiere a una materia estrictamente previsional regulada en la ley provincial Nº 6.915.

Así, de lo que aquí se trata es de una cuestión meramente tributaria, relativa al pago de un impuesto nacional como es el Impuesto a las Ganancias que debe resolverse conforme a la legislación pertinente.

En relación al punto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un reciente fallo ha resuelto que, en principio, los «montos cobrados por los actores en virtud de sus respectivas jubilaciones son susceptibles de ser encuadrados sin dificultad dentro de los cánones de la ley 20.628…a lo que cabe agregar que la configuración del gravamen decidida por el legislador involucra una cuestión ajena a la órbita del Poder Judicial,a quien no compete considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro, sino que sólo le corresponde declarar si repugna o no a los principios y garantías contenido s en la Constitución Nacional (arg. Fallos: 223:233; 318:676, entre otros)» (Fallo de fecha 10/12/2013 dictado en autos «Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ Amparo», Expte. D. 248, XLVII, que remite al dictamen de la Procuración General de la Nación).

Todo ello sin perjuicio, claro está, que en cada caso en particular pueda impugnarse un tributo por la vía procesal correspondiente por las peculiaridades que éste pueda mostrar, demostrándose que, en el supuesto en concreto llevado ante la justicia hay una violación al derecho de propiedad debido a que el gravamen adquiere ribetes que lo tornan confiscatorio.

Sin embargo, la acreditación de este aserto está rodeado de rigurosas exigencias de prueba tendientes a poner en evidencia su acaecimiento (confr. Fallos 193:369; 194:283; 200:128; 201:165; 220:1082; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).

Cuestión ésta que podrá ser discutida y atendida por la vía procesal correspondiente, que no es, justamente, el amparo.

IV) En relación a las costas de este proceso comparto lo postulado por la Dra. Vidal en el sentido de que la cuestión planteada pudo razonablemente llevar a la actora a considerarse con derecho a reclamar, por lo que corresponde distribuirlas en el orden causado (art. 68 del C.P. C.C.N.).

V) Por tanto, por todo lo expresado y conforme al criterio expuesto en Acuerdo 57/14-Civil/Def, postulo: 1º) sea revocada la sentencia apelada Nº 238/13 (fs. 188/195), con costas de ambas instancias en el orden causado (art.68 del C.PC.C.N.); 2); se regulen los honorarios profesionales por su intervención en el recurso en el 35% para el AFIP y en un 25% para la actora de los importes que, respectivamente se regulen en la primera instancia. Así voto.

El Dr. Bello dijo:

1º) La jueza a quo resolvió admitir la acción de amparo incoada por los ex agentes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, disponiendo la inaplicabilidad del art. 1 inc. a) de la ley 24.631, en cuanto deroga los incs. p) y r) del art. 20 de la ley 20.628, y ordenó a la AFIP la devolución a la parte actora de las retenciones efectuadas en concepto de impuesto a las ganancias sobre su haber jubilatorio.

2°) Inicialmente habré de precisar que el principio de intangibilidad de la remuneración de los magistrados tiene raigambre constitucional, pues se encuentra amparados por nuestra Carta Magna.

Los constituyentes de 1853, tomando como modelo la Constitución de los Estados Unidos de América, en su originario artículo 96 (texto mantenido en la reforma constitucional de 1994, como artículo 110) decidieron que: «Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservaran sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinara la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.» Por su parte, en la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en su artículo 88 se dispuso que: «Los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones. Cesa su inamovilidad a los sesenta y cinco años de edad si están en condiciones de obtener jubilación ordinaria. No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo.Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado.» La inamovilidad e intangibilidad de sus remuneración de los jueces hace a su independencia en el ejercicio de sus funciones; y es oportuno recordar que la inamovilidad del juez -mientras dure su buena conducta- es una garantía para el magistrado y para los justiciables de acudir a una justicia independiente, que se remonta a una ley del rey Alfonso V, en 1442.

En efecto, según el tratadista Juan Carlos Cassagne, en su obra «El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa», ha citado: «…28. Cfr. J. KENT, Del gobierno y jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos. … Anota el autor que «el elevado empleado judicial del Reino de Aragón, llamado el Justicia y nombrado por el Rey, habiendo protegido repetida y enérgicamente a los individuos particulares de las persecuciones de la corona fue, en más de un caso, removido de su empleo a instancias del Rey. Para precaver de semejante postración, el independiente desempeño de dicho cargo, se proveyó por una ley de Alfonso V, en 1442, que el Justicia continuaría en su empleo durante su vida, siendo amovible sólo con suficiente causa por el Rey y las cortes unidas…» Continúa diciendo KENT que «éste fue el más antiguo precedente a favor del establecimiento judicial independiente y dio gran crédito a la sabiduría y espíritu de los Estados libres de Aragón». … En Inglaterra recién se dicta una norma semejante (los nombramientos de los jueces debían hacerse gaumdiu se bene gesserint *) hacia 1641 (bajo Carlos I), consolidándose el principio tras la restauración de la corona de Carlos II, pasando de allí a varias constituciones europeas …» (editorial Marcial Pons, Bs.As-Madrid-Barcelona, 2009, pág. 64; lo remarcado en negrita es propio; y * traducción de la frase legal en latín:»por todo el tiempo que se comporte bien»).

3º) Con el dictado de la Ley 24.361, se dispuso derogar los incisos p) y r) del art. 20 de la Ley 20.628, que exceptuaba del pago del Impuesto a las Ganancias a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los Tribunales provinciales, vocales de las Cámaras de Apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales de los Tribunales de Cuentas y Tribunal Fiscal de la Nación y las provincias, y funcionarios que tuvieran sueldos iguales o superiores a los de los jueces de primera instancia.

El inciso r) refería a los haberes jubilatorios y a las pensiones que correspondían a las funciones cuyas remuneraciones se encontraban exentas.

Frente a la sanción de dicha ley, la Corte Suprema e Justicia de la Nación dictó la Acordada nº 20/96, y declaró la inaplicabilidad del art. 1º de la Ley 24.631 en cuanto derogaba las exenciones contempladas en el art. 20 incisos p) y r) de la Ley 20.628 para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

Luego, la Corte dictó la Acordada nº 56/96 en la que dispuso que mantiene su vigencia la conclusión a la que arribó ese Tribunal en la Resolución del 30/04/87 (Expte. nº 413/86), en el sentido de calificar a la «compensación jerárquica», la «dedicación funcional» y la «bonificación por antigüedad» como reintegros de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función, resultando en consecuencia deducibles de la base imponible del tributo por estar comprendidos dentro de los alcances del art. 82 inciso e) de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

4º) La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, mediante el Acta n° 20/96 y el Acuerdo nº 31/2000, adhirió y se expidió en igual sentido que las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, a la Acordada n° 20/96 de la C.S.J.N.adhirió la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe mediante Acta n° 20/96 de fecha 24/04/1996, la que rige para magistrados y funcionarios que tuvieran asignadas retribuciones iguales o superiores a los jueces de primera instancia.

Y luego, a la Acordada n° 56/96 de la C.S.J.N., de igual modo, en Acuerdo n° 31/2000 de fecha 09/08/2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en tanto resultan deducibles de la base imponible del impuesto en cuestión, los importes retributivos de determinados rubros (verbigracia: compensación jerárquica, dedicación funcional, bonificación por antigüedad) calificados como «reintegro de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función», por lo que de todos modos no deben tributan ganancias sobre los sueldos y los haberes jubilatorios, y por ende no deben practicárseles retenciones.

5º) En el año 1936, la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a la Ley 11.682 de Impuesto a los Réditos, que pretendía imponer a los magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación, la contribución del 5% de su salario y una tasa adicional progresiva sobre la totalidad de las rentas de que disfruten por todo concepto-, dijo que:

«… Puede parecer injusto e inequitativo el privilegio que importa esta exención de contribución a favor de tales funcionarios, que llegarían a ser así los únicos habitantes del país que no contribuirían con una parte de sus rentas al mantenimiento de las instituciones que proveen, en los múltiples órdenes en que están organizadas, los servicios de atención a la vida, los bienes y al bienestar general, pero ante la letra del texto constitucional precitado, es forzoso decidir que él ampara el privilegio. Privilegio que pierde su carácter personal y odioso porque no lo acuerda la sección 1° de la cláusula 3° de la Constitución Americana como el art.96 de la Constitución Argentina a la persona de los magistrados, sino a la institución «Poder Judicial de la Nación» a quien quieren asegurar los constituyentes, cuyo pensamiento se exterioriza en los antecedentes de las convenciones respectivas, una absoluta independencia en su funcionamiento y librarlo de toda presión de parte de los otros poderes que tienen «la fuerza y el dinero»…Si el salario del Juez no está amparado como su permanencia en el cargo, desaparece la seguridad de su inflexibilidad, de su rectitud; su libertad de juicio puede vacilar ante el temor, muy humano, de que la retribución se reduzca por el legislador hasta extremos que no le permitan cubrir su subsistencia y la de los suyos…Que el propósito primordial de la prohibición de disminuir los sueldos, no es de beneficiar a los jueces, sino que, a semejanza de la cláusula que impone su inamovilidad es de atraer hombres cultos y competentes al Tribunal y de disponer la independencia de acción y juicio que es esencial para el mantenimiento de las garantías, limitaciones y principios de la Constitución y a la administración de justicia, sin que se tengan en cuenta las personas y con igual dedicación al pobre que al rico». («Fisco Nacional c. Rodolfo Medina», 23/09/1936, Fallos 176:73).

Es decir que la prerrogativa objeto de debate resulta ser de excepción, de raigambre constitucional, debiendo aclararse que se exime a los magistrados, funcionarios y personal judicial alcanzado de contribuir únicamente en el Impuesto a las Ganancias con sus sueldos.Es por ello que -en cambio- sí tributan, como el resto de los contribuyentes -en caso de superar los montos mínimos no imponibles-, verbigracia, en el Impuesto a los Bienes Personales; y en el Impuestos a las Ganancias si tuvieren otros ingresos no exentos.

6°) En relación a los haberes previsionales ellos tienen naturaleza alimentaria y la doctrina ha dicho que «…su finalidad reside en asegurar la subsistencia digna de aquellos que no pueden, por razones de salud, proseguir prestando con eficiencia servicios laborales, así como también de las personas que, en un momento avanzado de sus vidas, deciden cesar en la prestación de actividades productivas. Es una compensación que se brinda a quienes asumieron la responsabilidad social de vivir satisfaciendo, con su excelencia intelectual y física, los legítimos intereses individuales, familiares y colectivos de una comunidad.» (Badeni, Gregorio, «Impuesto a las ganancias y haber jubilatorio», La Ley Online).

Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuestiones que integran el análisis de la materia previsional, ha señalado que:

«…Desde la incorporación del art. 14 bis de la Constitución Nacional, el Tribunal ha asumido una consideración particularmente cuidadosa de los derechos en materia de previsión social a fin de que, en los hechos, no se afectaran sus caracteres de integrales e irrenunciables. Desde esa perspectiva, asimiló los beneficios previsionales al derecho alimentario y enfatizó que tienden a la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos en los momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria (doctrina de Fallos 267:336; 293:304; 294:94; 307:135; 311:1644; 319:2151, 2215 y -más recientemente- causa I.349.XXXIX «Itzcovich, Mabel c.ANSeS s/ reajustes varios», sentencia del 29 de marzo de 2005, considerando 5° del voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni). Por tales razones, y en armonía con lo dispuesto en la norma constitucional indicada, ha sido reconocida la naturaleza sustitutiva que cabe asignar al haber previsional concedido, considerando que la jubilación constituye la prolongación de la remuneración, después del cese regular y definitivo en la actividad social laboral del individuo como débito de la comunidad por el servicio prestado, y tal concepción se inserta en el objetivo preeminente de la Constitución Nacional de lograr el bienestar general, cuya expresión más acabada es la justicia social. De este modo el carácter alimentario de todo beneficio previsional, ya que tiende a cubrir las primeras necesidades de los beneficiarios y de allí su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el «principio de favorabilidad» y a rechazar toda fundamentación restrictiva (Fallos: 289:430; 292:447; 293:26; entre otros)…» (Voto del Ministro Doctor Juan Carlos Maqueda en autos «Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ Reajustes varios, 17/5/2005, Fallos: 328:2833; lo remarcado en negrita es nuestro).

Los agentes judiciales de la provincia de Santa Fe que se encuentran en actividad no tributan el Impuesto a las Ganancias sobre sus sueldos, por lo que, al otorgarle el beneficio a los activos, para negárselos a los jubilados y pensionados, se generaría una notoria desigualdad en el trato de ambos, perdiendo un derecho acordado y reconocido por uno de los poderes del estado provincial.Es decir, el inciso r) del artículo 20 de la Ley 20.628 refiere a los haberes jubilatorios y a las pensiones que correspondían a las funciones cuyas remuneraciones se encontraban exentas.

Es decir que, si el haber previsional que reciben los actores -pasivos- se vería afectada por el Impuesto a las Ganancias, en el contexto constitucional y disposiciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al que adhirió la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, se desnaturalizaría el sentido de la misma.

7º) En tal sentido, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, mediante Acta nº 31/2000, consideró lo siguiente «…AFIP-D.G.I. – INICIACIÓN FISCALIZACIÓN S/ RETENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS AÑOS NO PRESCRIPTOS.» EXPTE. C.S.J. N° 744/2000. VISTAS: Las actuaciones del epígrafe, y; CONSIDERANDO: Que la AFIP-DGI ha dispuesto, -a partir de fecha 12.06.2000-, efectuar la fiscalización del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, la que según formulario F.8000 N° 001936 de dicho organismo (vid. fs. 3) «.comprenderá las obligaciones y períodos que se detallan a continuación: Agente de retención impuesto a las ganancias. Rentas trabajo personal en relación de dependencia – Años no prescriptos.». Que por requerimiento N° 002727 del 16.06.2000 de la citada Administración Federal (vid. fs. 4), se solicitó a este Poder Judicial «.poner a disposición del actuante en la fecha debajo consignada la siguiente documentación e información: 1) Copias en papel o soporte informático de planillas de liquidación de haberes del personal períodos 1995 a la fecha. 2) Legajos del personal en relación de dependencia.3) Copia Ley Orgánica de Tribunales N° 10.160.». Que conforme lo sostuviera este Alto Cuerpo -aunque parcialmente con otra integración- por Acuerdo de fecha 24.04.1996 -Acta N° 20, punto 7-, al Poder Judicial de esta Provincia podría llegar a corresponderle alguna intervención en cuanto a la efectiva retención del impuesto a las ganancias. Que por su parte, debe señalarse que la Dirección General de Administración de este Poder Judicial -y en lo que refiere a la tributación del impuesto a las ganancias-, ha venido ajustando su proceder conforme al criterio sostenido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación por Acta 56 de fecha 27.09.96. Que atento a ello, corresponde hacer saber a la AFIP-DGI el criterio mantenido por este Alto Tribunal y seguido por la Dirección General de Administración, y teniendo asimismo en cuenta la circunstancia de ser el presente decisorio la oportunidad de que este Cuerpo se expida al haberse suscitado la cuestión a raíz de la fiscalización mencionada. Así las cosas, y conforme lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación por resolución de fecha 30.04.87, citada a su vez en Acordada N° 56 de fecha 27.09.1996 del mismo órgano, cabe señalar que el adicional «compensación jerárquica» -comprendiendo también la bonificación por antigüedad proporcional a este rubro y demás adicionales-, ostenta la calificación de «reintegro de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función», y en consecuencia resulta deducible de la base imponible del mencionado tributo, por lo que este Tribunal, siguiendo el criterio rector de la Corte Nacional, ha considerado que el citado rubro se encuentra comprendido dentro de los alcances del artículo 82 inciso e) de la Ley 20.628.Que asimismo, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada 56/96, ha sostenido que «.la ley 24.475 no deroga las deducciones o exenciones establecidas en el texto de la Ley de Impuesto a las Ganancias, al incorporar a la Ley 20.268 el artículo (99.1).», debiendo tenerse en cuenta que dicho decisorio es posterior a la publicación del Decreto 628 del 18.06.96. Que por lo expuesto, y de conformidad al dictamen formulado en este acto por el Señor Procurador General, SE RESUELVE: Hacer saber a la AFIP-DGI el criterio sostenido en los argumentos expuestos en los considerandos que anteceden….» (lo remarcado en negrita es nuestro).

Además, cabe agregarse, es de público y notorio en este fuero federal, que en el ámbito del Poder Judicial de la Nación se encuentran vigentes las Acordadas n° 20/1996 y 56/1996 de la C.S.J.N., con lo cual, se agrega, la exención impositiva es actualmente aplicables en el ámbito nacional a sus activos y pasivos -jubilados y pensionados-, con lo cual, interpreto, de seguirse un criterio distinto con los actores jubilados de la Justicia provincial, se estaría enervando el espíritu que inspiró a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al adherir al criterio de exención fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, debemos mencionar que, como surge de la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentra en trámite ante la Secretaría de Juicios Originarios el expediente nº 354/2004 caratulado «Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Provincia de Santa Fe s/ Ejecución Fiscal», relacionado con el reclamo del organismo fiscal por el cobro del impuesto a las ganancias, sin resolución al momento de dictarse el presente.

8°) Por todo lo expuesto, conforme al criterio del suscripto -en lo pertinente- desarrollado en los Acuerdos de la Sala «B» nº 822/07 (expte.nº 2300 «GASSER, Hugo Abel c/ Fisco Nacional y/o A.F.I.P. y/o D.G.I. s/ Amparo Ley 16986 y Medida Cautelar») y n° 216/11 (expte. nº 7180 «IBARRA, Claudio Ignacio c/ Fisco Nacional y/o AFIP y/o DGI s/ Amparo Ley 16986 y Medida Cautelar»), propicio que no se haga lugar a los agravios de la demandada en cuanto deniegan el derecho de los actores y se confirme la sentencia venida en apelación, en lo que ha sido materia de recurso.

En cuanto a los intereses, se aplicarán los fijados en el artículo 179 de la Ley 11.683 -y sus modificatorias- y Resolución nº 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

9º) En relación a las costas del juicio, propicio sean impuestas en ambas instancias a las demandadas venc idas (por aplicación del principio general contenido en el Art. 14 de la Ley 16.986 y supletoriamente, art. 68 del C.Pr.Civ.C.N.). Así voto.- Atento al resultado del Acuerdo que antecede, S E R E S U E L V E:

I) Revocar la sentencia apelada n° 238/2013 (fs. fs. 188/195), rechazando la acción de amparo. Il) Distribuir las costas según lo determinado en el Considerando 5º. III) Regular los honorarios de los profesionales de las partes por su intervención en el recurso en el 35% para la AFIP y en un 25% para la actora de los importes que respectivamente se regulen en la primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la CSJN y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (expte. n° FRO 4199/2013/CA).-

Fdo.: Elida Vidal

José G. Toledo

Edgardo Bello (en disidencia)

(Jueces de Cámara)

Nora Montesinos

(Secretaria de Cámara)

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