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Avanza proyecto para controlar empresas: el oficialismo hizo cambios a la nueva Ley de Abastecimiento y logró dictamen en Senado

supermerdo 2El oficialismo impuso este martes, en un plenario de comisiones del Senado, dictamen favorable a los dos proyectos de Defensa del Consumidor y a la reforma de la Ley de Abastecimiento, a los que aplicó una serie de cambios, al tiempo que la Unión Industrial Argentina (UIA) dijo que podría ir a la Justicia, en caso de aprobarse.

Fue durante la segunda jornada del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías; de Justicia y Asuntos Penales; de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio, ante quienes desfilaron representantes de ONG defensoras de consumidores y usuarios, la UIA y especialistas como los constitucionalistas Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la propuesta y alertaron sobre su posible rechazo judicial.

En tanto, el presidente de la central fabril, Héctor Méndez planteó en la sede de la UIA que la nueva Ley de Abastecimiento constituye un caso de «abuso de autoridad» y no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia si el Congreso finalmente la aprueba, dentro del paquete de leyes vinculadas a la producción y el consumo que impulsa el Gobierno.

El directivo expresó que «si sale la ley, la Junta Directiva de la entidad deberá decidir qué se hace, pero esta conducción estima que (la UIA) hará una presentación ante la Justicia».

Los proyectos, que el oficialismo quiere llevar al recinto el miércoles próximo, junto con el del cambio de sede de pago de la deuda externa reestructurada, son tres:

a) uno que establece un nuevo sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo, con la creación de un fuero especial para atender este tipo de asuntos,

b) otro que crea un Observatorio de Precios (de Defensa del Consumidor) y

c) un tercero que reforma de la Ley de Abastecimiento, que implica una regulación más profunda sobe la vida de las empresas.

El oficialismo, que consiguió el respaldo en general de parte de las asociaciones de defensa del consumidor, como críticas desde los sectores empresarios y de la oposición, incorporó una series de modificaciones a las iniciativas, como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios.

Cambios
El secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez, casi sobre el cierre del debate, tuvo a cargo dar a conocer las modificaciones dispuestas, según informó DyN.

El funcionario hizo saber que se accedió a eliminar las clausuras definitivas que se mencionaban en el proyecto inicial; que se tipificaron las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir una eventual discrecionalidad del Ejecutivo.

Asimismo, explicó que se estableció el pago de una compensación «justa y oportuna», en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y que, de ello, se origine un perjuicio económico para las empresas.

También informó que se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.

Luego, el jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, reconoció favorablemente los cambios producidos, los cuales -dijo- «minimizan o disminuyen la arbitrariedad que venimos planteando» y apuntó que ésta «debe ser la primera vez que se produce un debate en el Senado, con cambios importantes y con presencia de funcionarios».

Pero, aclaró, que su bancada presentará este miércoles un dictamen propio en minoría de la Ley de Abastecimiento y respecto al de creación del Observatorio de Precios, aunque admitió el acuerdo del bloque de la UCR en general para la creación del fuero especial.

Detalles
La Ley de Abastecimiento es la más cuestionado ya que habilita al Poder Ejecutivo –la futura autoridad de aplicación- a establecer “discrecionalmente” márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.

Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes obtengan “ganancias abusivas”, acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería; o no entreguen facturas.

El Ejecutivo también podría dictar normas que rijan los procesos de comercialización, intermediación, distribución o producción, y disponer la continuidad de estas etapas dentro de los niveles o cuotas mínimas que establezca.

Las multas podrían llegar a los 10 millones de pesos, y también se podría dictar la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años.

El otro de los proyectos crea el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.

Si no se llega a un acuerdo, se podría accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo, primero, y la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente.

Por último, el “observatorio de precios” se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.

Fuente: Infobae Profesional

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