Se rechazaron los pedidos de nulidad respecto del secuestro policial y apertura de una encomienda en la Terminal de Ómnibus de Retiro

paquetePartes: B. R. E. s/

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: II

Fecha: 21-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87187-AR | MJJ87187

Se rechazaron los pedidos de nulidad respecto del secuestro y apertura de una encomienda sin orden judicial, considerándose que la intervención policial se ajustó a lo regulado por la ley adjetiva.

Sumario:

1.-Si al pasar una encomienda por un escáner de rayos X se observa la imagen de una caja que estaría conteniendo un arma de fuego y municiones, se configura una situación de flagrancia, que faculta a los preventores a llevar a cabo la medida de coerción sin orden judicial previa y sin ninguna otra autorización, tal como la ley lo prevé.

2.-La interceptación de correspondencia es la captación efectuada por el juez, el fiscal o la policía, en su caso, de una correspondencia remitida a un imputado o enviada por él, o a quien se presume está por cometer un delito, practicada durante el transcurso de remisión hecha por las oficinas públicas o privadas de recepción, despacho y distribución de correspondencia. El término `interceptar´ significa apoderarse de una cosa antes de que llegue al lugar o a las personas que se destina; detener una cosa en su camino; interrumpir, obstruir una vía de comunicación (lo cual no ocurrió en el caso).

3.-En tanto el encartado ya tenía en su poder la encomienda al momento en que intentó dejar la Terminal de Ómnibus de Retiro y el paquete ya había salido de la órbita de recepción, resguardado y distribución de la empresa transportista encargada de su traslado, se entiende que no existió interceptación de aquél por parte de las fuerzas de seguridad. Por esta razón, la cuestión debió regirse por lo concerniente a la requisa de cosas y personas en la vía pública, correspondiendo encuadrar la tarea de la autoridad policial con sujeción a lo prescrito por los art. 112 y 113 del CPPCABA; y no por los arts. 115 y 116 del mismo cuerpo legal, como pretende la defensa.

4.-La garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y de los papeles privados es una forma de libertad personal que protege la esfera de intimidad o reserva del individuo, manteniendo el secreto de toda expresión privada, por tanto, no puede considerarse `correspondencia´ a cualquier pieza enviada por correo, sino que dicho concepto -en lo que a la tutela constitucional se refiere- comprende sólo la comunicación de ideas, sentimientos, propósitos o noticias de una persona hacia otra y otras personas determinadas por un medio apto para fijar, transmitir o recibir la expresión del pensamiento.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de mayo de 2014, se reúnen en acuerdo los Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, los Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo para resolver estos actuados.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial a fs. 48/55vta., contra la resolución adoptada en el marco de la audiencia celebrada a fs. 44/47, en cuanto dispuso: “I.- RECHAZAR EL PLANTEO DE NULIDAD efectuado por la defensa a fs. 25/25vta. del presente expediente, respecto al secuestro producido en autos, SIN COSTAS. II.- RECHAZAR EL PLANTEO DE NULIDAD DE la apertura de los efectos secuestrados, SIN COSTAS (artículos 71, 73 a contrario sensu y 344 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función del art. 6 de la Ley 12)”.

En primer término, la apelante sostuvo en su presentación que debía declararse una nulidad de orden general (art. 72 inc. 2 y 73 CPPCABA) en tanto se secuestró una encomienda sin orden judicial; afectando de este modo el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de la correspondencia conforme lo previsto por los arts. 113, 115 CPPCABA y 13.8 CCABA.

En este sentido, entendió que la obtención del arma de fuego resultó producto de un procedimiento ilegítimo, por lo que no podía hacerse valer contra su asistido en virtud de la garantía constitucional del debido proceso legal.

En segundo término, planteó la nulidad del acto de apertura del paquete, toda vez que se había realizado sin observar lo dispuesto por el art. 116 CPPCABA. Al respecto, manifestó que la encomienda secuestrada debió ser abierta personalmente por el Sr.Fiscal y no por el secretario de la Fiscalía, como ocurrió en el caso.

Finalmente, formuló reservas de recurrir ante el TSJ y la CSJN, pues consideró vulnerados derechos, garantías y principios constitucionales tales como legalidad, pro homine, debido proceso y proscripción de arbitrariedad.

Por su parte, el Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 62/64 que el recurso debía rechazarse in limine en tanto había sido interpuesto por quien carece de legitimidad a tal efecto ya que aún no existe imputado en la causa.

Sin perjuicio de ello, con relación al fondo de la cuestión expresó que la pretendida nulidad debía ser desestimada por cuanto compartía los argumentos del fiscal de grado.

A fs. 66/68 el Defensor Oficial ante la Cámara mantuvo el recurso, se remitió a los agravios del defensor oficial de primera instancia, y postuló la atipicidad manifiesta de la conducta atribuida a R. E. B. Esto último, por considerar que no puede afirmarse que haya existido una relación de dominio respecto del arma secuestrada, lo que caracteriza al delito de tenencia.

En consecuencia, solicitó el sobreseimiento de B.

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I. Del análisis de los presupuestos formales de admisibilidad surge que el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma legal, observando de este modo las exigencias del art. 279 CPPCABA, esto es, presentado dentro de los 5 días de notificado el decisorio impugnado, por escrito fundado y ante el tribunal que dictó la resolución que lo motiva. En cuanto al requisito subjetivo, el interés de la recurrente fundamenta su legitimación para intentar la revisión del pronunciamiento.

Superadas las exigencias formales, se debe analizar si la pieza recursiva de la defensa cumple con las condiciones objetivas de admisibilidad establecidas en el primer párrafo del art. 279 CPPCABA. Se trata en el caso de un auto que no ha sido declarado expresamente apelable por la ley, circunstancia que obliga al impugnante a demostrar el gravamen irreparable.Al respecto, no existe otra vía de reparación que la intentada, por lo tanto ésta resulta la ocasión pertinente para la tutela de los derechos que se expusieron como vulnerados. De otra manera, la decisión del juez de grado frustraría de modo irremediable la pretensión invocada.

II. Habiéndose determinado la admisibilidad del recurso, y pasando al examen de las nulidades planteadas, se adelanta que la impugnante no logra controvertir el temperamento adoptado en la primera instancia por lo que su pretensión no podrá tener favorable acogida en esta alzada.

Concretamente la materia que será objeto de pronunciamiento de este tribunal habrá de circunscribirse a la legalidad del procedimiento inicial que culminó con el secuestro de una caja envuelta en papel que en su interior contenía un revolver calibre 32, 17 balas y dos martillos -Ver fs. 6 y 12vta./13-.

Cabe señalar que el estudio se hará teniendo en cuenta el estado prematuro en que se encuentra la presente investigación y los escasos elementos probatorios incorporados hasta el momento en el legajo.

En efecto, de las pocas constancias que obran en el expediente surge que el día 31 de octubre de 2013 siendo aproximadamente las 21: 30 hs., en la Terminal de Ómnibus de Retiro de esta ciudad, específicamente, en el asiento del Despliegue Operativo Vigía de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, puesto “puente 3” -establecido con el fin de llevar a cabo acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad, para pasajeros, equipajes y encomiendas- la Oficial Ayudante, Rocío Tulian, observó en la imagen del escáner de RX de salida que operaba, una caja que contendría un arma de fuego tipo revolver y municiones. Seguidamente, identificó al portador de aquélla, quien manifestó ser y llamarse R. E. B. Finalmente, comunicó la situación al Jefe de turno -Oficial Ayudante Sánchez Néstor-, se realizó una consulta telefónica a la Unidad Fiscal Este, Equipo C, y se procedió al secuestro de dicho elemento -ver fs.1, 3, 6, 7/8-.

Por consiguiente, de los elementos colectados hasta el momento se desprende que fue B. quien pasó su encomienda por la maquina de rayos X de salida ubicada en un puesto público operado por la policía aeroportuaria, siendo en definitiva, el portador de la caja que contendría el revolver y las balas incautados. Estas circunstancias evidencian que el secuestro del paquete enviado por encomienda tuvo lugar con posterioridad a la recepción de éste. Es decir, su destinatario -R. E. B.- ya lo había recibido y retirado de la agencia: “Retiro Urquiza Encomiendas”. Sobre tal extremo -ver factura de fs. 5- de la que se desprende la atención del cajero, Esteban Varela, en fecha 31/10/2013 a las 20.32 hs.; y donde se encuentran consignados los nombres del remitente y destinatario del envío.

Entonces, en tanto B. ya tenía en su poder la encomienda al momento en que intentó dejar la terminal y el paquete ya había salido de la órbita de recepción, resguardado y distribución de la empresa transportista encargada de su traslado, se entiende que no ha existido interceptación de aquél por parte de las fuerzas de seguridad.

En este sentido, la doctrina ha definido la interceptación de correspondencia como la captación efectuada por el juez, el fiscal o la policía, en su caso, de una correspondencia remitida a un imputado o enviada por él, o a quien se presume está por cometer un delito, practicada durante el transcurso de remisión hecha por las oficinas públicas o privadas de recepción, despacho y distribución de correspondencia1. Del mismo modo, se ha expedido la jurisprudencia:”El término `interceptar´ significa apoderarse de una cosa antes de que llegue al lugar o a las personas que se destina; detener una cosa en su camino; interrumpir, obstruir una vía de comunicación”, lo cual, como quedó explicado, no ocurrió en el caso.

Por esta razón, la cuestión debió regirse por lo concerniente a la requisa de cosas y personas en la vía pública, correspondiendo encuadrar la tarea de la autoridad policial con sujeción a lo prescrito por los art. 112 y 113 del C.P.P.CABA; y no por los arts. 115 y 116 del mismo cuerpo legal, como pretende la defensa.

Ahora bien, tal como se sostuvo en el precedente “Fernández Prieto”, ratificado en “Szmilowsky”, a los fines de verificar si, en el caso concreto, existían motivos fundados para justificar el actuar policial, sin mediar orden ni control jurisdiccional anterior de ningún tipo, deben evaluarse las circunstancias que rodearon el caso en el momento de efectuarse tal medida5. Asimismo, se deberá desprender del acta respectiva cuál fue la operación intelectual que utilizó el personal preventor para arribar a la conclusión de que, en el caso concreto, se hallaba ante una situación de flagrancia, o bien los motivos de urgencia al que hace mención la norma; todo ello a fin de posibilitar un control ex post referido a su razonabilidad. (Cfr. La Rosa Mariano R. y Rizzi Aníbal H., “Código Procesal Penal de la ciudad Autónoma de Buenos Aires”, comentado, anotado y concordado, Grupo Editorial HS, Bs.As., 2010, p. 591).

En dicha inteligencia, existió en el sub lite una situación de flagrancia que facultaba a los preventores a llevar a cabo la medida de coerción sin orden judicial previa y sin ninguna otra autorización, tal como la ley lo prevé. Es así que se dieron circunstancias que fueron advertidas por el operativo público de prevención dispuesto en la terminal de Retiro por razones de seguridad y que alertaron acerca de la posible comisión de un delito.Esto sucedió, como se manifestó y consta en el acta respectiva (fs. 1), al observar la imagen de una caja que estaría conteniendo un arma de fuego y municiones al pasar la encomienda del Sr.

B. por un escáner. Ante estos hechos, se dispuso el traslado de B. y de la encomienda a la Guardia de prevensión y se realizó una comunicación telefónica, de manera inmediata, con la Unidad Fiscal Este, Equipo C, dando cumplimiento a lo dispuesto en la norma indicada -en cuanto al aviso al fiscal- a través de la noticia comunicada a su secretario (confr. Fs. 1 y 3). En dicha oportunidad se ordenó, entre otras medidas, el secuestr o de la encomienda aludida.

Cabe indicar que, en este marco, los agentes habrían podido proceder a la apertura del paquete; sin embargo, ello no resultó necesario en razón de que habían podido determinar su contenido.

En este orden, y contrariamente a lo sostenido por la recurrente, se considera que la intervención policial se ajustó a lo regulado por la ley adjetiva, por lo que ha de concluirse en que no se encuentra afectada ninguna garantía amparada constitucionalmente. Máxime, cuando se ha interpretado que:”La garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y de los papeles privados es una forma de libertad personal que protege la esfera de intimidad o reserva del individuo, manteniendo el secreto de toda expresión privada, por tanto, no puede considerarse `correspondencia´ a cualquier pieza enviada por correo, sino que dicho concepto -en lo que a la tutela constitucional se refiere- comprende sólo la comunicación de ideas, sentimientos, propósitos o noticias de una persona hacia otra y otras personas determinadas por un medio apto para fijar, transmitir o recibir la expresión del pensamiento”.

Por lo demás, en relación con el planteo de atipicidad manifiesta articulado por el Defensor de Cámara cabe señalar que es ajeno a esta instancia, pues resulta ser materia y decisión de primera instancia, en la que se deberá realizar el trámite correspondiente con la debida intervención de las partes.

En atención a todo lo expuesto, corresponderá rechazar el planteo formulado por la defensa.

En consecuencia, habiendo concluido el acuerdo, el Tribunal, RESUELVE:

I.- CONFIRMAR lo resuelto a fs. 44/47. por la Dra. Susana Beatriz Parada, en cuanto dispuso, en los puntos I y II, no hacer lugar a los pedidos de nulidad impetrados por la defensa oficial.

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas.

Tómese razón, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y a la Defensoría de Cámara bajo constancia en autos y oportunamente devuélvase el legajo a la primera instancia interviniente, donde se deberán practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo:

Fernando Bosch.

Marcela De Langhe.

Pablo A. Bacigalupo.

Jueces de Cámara.

Ante mí:

Dra. Marina R. Calarote.

Secretaria de Cámara.

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