Las acreencias obtenidas mediante la percepción de bonos de consolidación no están alcanzada por el Impuesto a las Ganancias

sentenciaPartes: Siat S.A. (TF 22.133-1) c/ DGI s/

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 1-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-87252-AR | MJJ87252 | MJJ87252

La Corte revocó la sentencia que había confirmado la determinación de oficio en el impuesto a las ganancias, más intereses y multa, por entender que las acreencias obtenidas mediante la percepción de bonos de consolidación no constituyen una renta alcanzada por el impuesto.

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Sumario:

 

1.-Resulta aplicable al caso en examen la solución a la que se llegó en el precedente Bagley , en cuanto a que la percepción, por parte del contribuyente de bonos de consolidación en virtud del régimen de conversión de quebrantos impositivos en créditos fiscales -establecido por las Leyes 24.073 y 24.463 -, no constituye una renta, beneficio o enriquecimiento que se encuentre gravado por el impuesto a las ganancias, sin que a ello obste que los bonos recibidos por la actora con motivo de los quebrantos verificados, hayan excedido las ganancias de los ejercicios posteriores que hubiesen podido ser compensadas con los referidos quebrantos, según las normas de la ley del impuesto.

2.-Cabe puntualizar que en el caso, la actora recibió los bonos antes de la entrada en vigencia de la Ley 24.463, la cual modificó el art. 33 de la Ley 24.073 disponiendo, en lo pertinente, que los créditos fiscales se considerarían deudas del Estado Nacional a partir del ejercicio fiscal en el que hubiera correspondido su deducción de ganancias sujetas a impuesto y hasta el importe imputable a cada ejercicio, sin embargo, la Corte dejó claramente establecido, en el precedente Banco de Mendoza , que en dicho régimen resultaba exigible -aún con anterioridad a que lo dispusiera expresamente la Ley 24.463- el recaudo de que el contribuyente acreditara la existencia de ganancias gravadas en ejercicios posteriores a las cuales hubiera podido imputar los quebrantos, aunque puso de resalto que la modificación dejó a salvo la situación de quienes ya hubiesen percibido los bonos de consolidación, por lo tanto, se sigue que los bonos entregados por el Estado Nacional con anterioridad a la sanción de la Ley 24.463, también fueron adjudicados en razón del régimen de sustitución de quebrantos instituido por la Ley 24.073, y, además, que a su respecto -por expresa disposición del legislador- quedó excluida toda posible controversia atinente a la discriminación de los quebrantos en función de la existencia o inexistencia de rentas gravadas en los sucesivos ejercicios fiscales.

Fallo:

Procuración General de la Nación

– I –

A fs. 176/180, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que, oportunamente, había dejado sin efecto la determinación de oficio practicada a la actora en el impuesto a las ganancias del período 1997.

Para así decidir, relató que el 16 de octubre de 1992 la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva (DGI) había reconocido provisionalmente a SIAT S.A. los créditos fiscales provenientes de la transformación de sus quebrantos originados en ejercicios cerrados con anterioridad al 31 de marzo de 1991, en los términos de los arts. 31 de la ley 24.073 y 11 de la resolución general 3.540 similar 3.660).

(sin las modificaciones introducidas por su Recordó que el art. 33 de la ley 24.463 estableció que dicho crédito fiscal sería considerado deuda del Estado Nacional al 31 de marzo de 1991 una vez conformado su importe por la DGI, » . a partir del ejercicio fiscal en el que hubiera correspondido su deducción de ganancias sujetas a impuesto y hasta el importe imputable a cada ejercicio». Sin embargo, especificó que los títulos públicos para cancelar ese crédito fiscal fueron percibidos por la actora antes de la entrada en vigencia de esta ley, por lo que el caso se rige por su art. 30, última parte, que excluye la aplicación del precepto antes referido.

Sentado ello, subrayó que en esta causa no se discute que los bonos recibidos por SIAT S.A. en concepto de quebrantos excedieron de las utilidades compensables en ejercicios futuros.

Con sustento en Fallos:324:1481″ y 330:1325″ , manifestó que, no registrándose ganancias compensables y resultando improcedente que el régimen de la ley 24.073 sea interpretado de una manera bajo una circunstancia -cuando existan utilidades compensables- y de otra distinta en caso contrario -cuando no existe la posibilidad de computar los quebrantos sustituidos por créditos fiscales con las ganancias de ejercicios futuros, como en el caso de autos- es que, en definitiva, no corresponde considerar a los bonos recibidos por la actora como una compensación del impuesto a las ganancias que hubiera debido pagar en la hipótesis de obtener renta en los ejercicios fiscales siguientes, precisamente por el hecho de no haberse generado tales ganancias.

En estas condiciones, concluyó que los bonos recibidos por la contribuyente, en tanto exceden los quebrantos compensables con ganancias efectivamente obtenidas en los ejercicios posteriores, deben ser tratados como una renta sujeta a impuesto.

En lo referido a la eximición de los intereses resarcitorios, indicó que no se verifican ni han sido invocadas circunstancias de excepción para admitir tal planteo, sin que resul te suficiente a tal fin invocar el criterio favorable al contribuyente que fue adoptado en un aislado precedente jurisprudencial.

Por último, rechazó también la existencia de un error excusable con virtualidad suficiente para eliminar el reproche de la conducta imputada al infractor y dejar así sin efecto la multa aplicada, toda vez que no advirtió razones objetivas que permitieran justificar el proceder cuestionado al contribuyente.

– II –

Disconforme con lo resuelto, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 190/209, concedido a fs. 235 en cuanto se cuestionó la interpretación y el alcance de normas de carácter federal y desestimado en lo referente a la arbitrariedad invocada. Ante esta decisión, la apelante presentó el recurso de hecho que, bajo el registro S.470, L.XLVIII, corre agregado por cuerda a la presente causa.

En síntesis, manifiesta que la cuestión federal se evidencia en tanto el pronunciamiento impugnado resuelve que los bonos de consolidación de deuda recibidos por SIAT S .A.en el marco de la ley 24.073 deben ser tratados como una renta gravada frente al impuesto a las ganancias sin considerar que dicho régimen de conversión de quebrantos: (i) constituyó un mecanismo tendiente a posibilitar la recomposición del capital productivo aminorado por las pérdidas sufridas y, por lo tanto, «no se trataba de un beneficio propiamente dicho alcanzado por el tributo»; o bien, (ii) a todo evento, constituyó para SIAT S.A. -en tanto se reconocieron créditos sobre quebrantos no compensables con ganancias futuras- un enriquecimiento a titulo gratuito y, en tal carácter, exento del impuesto a las ganancias en los términos del -por entonces vigente- art. 20, inc. y), de la ley 20.628.

Arguye también la arbitrariedad del decisorio en este punto, pues omitió tratar los argumentos expuestos por su parte, que estima conducentes para la correcta solución del pleito, y luce carente de una adecuada fundamentación.

Asimismo, plantea también la arbitrariedad de la sentencia en lo relativo a la confirmación de los intereses resarcitorios, pues esgrime que su tesitura se encontraba respaldada por la doctrina tributaria especializada y por lo resuelto en un precedente del Tribunal Fiscal de la Nación, confirmado por la Cámara, sin que pueda calificárselo como «aislado» .

De idéntica forma, se agravia de la ratificación de la multa, toda vez que SIAT S.A. -a partir del texto expreso de las normas, de los antecedentes de la causa, y de la existencia de posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que avalan su proceder- actuó con la debida diligencia, no siéndole atribuible subjetivamente la conducta enrostrada.

Estimo que, por razones de economía procesal, es conveniente tratar de manera conjunta lo referido al recurso extraordinario de fs.190/209 y al de hecho del expediente S.470, L.XLVIII, que corre por cuerda.

– III –

En lo atiente al tratamiento tributario correspondiente al crédito fiscal reconocido por aquellos quebrantos que no pudieron luego ser objeto de compensación con las ganancias gravadas obtenidas en ejercicios posteriores, considero que ambos recursos resultan formalmente admisibles, toda vez que se halla en tela de juicio la inteligencia de normas federales (leyes 20.628 Y sus modificaciones, 24.073 Y 24.463) y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el recurrente ha sustentado en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

Además, pienso que es preciso examinar, en forma conjunta, las impugnaciones traídas a conocimiento del Tribunal, ya que las referidas a la alegada arbitrariedad en que habría ,incurrido el tribunal anterior y las atinentes a la interpretación de la cuestión federal son dos aspectos que guardan entre sí estrecha conexidad (conf. doctrina de Fallos: 321:2764 ; 323:1625 ).

– IV –

En primer lugar, considero que corresponde estudiar el agravio de la actora fincado en que el régimen de conversión de quebrantos constituyó un mecanismo tendiente a recomponer el capital productivo menguado por las pérdidas sufridas, de lo que deriva -a su entender- que «no se trataba de un beneficio propiamente dicho alcanzado por el tributo».

Es doctrina del Tribunal que el particular mecanismo establecido por la ley 24.073 -por el cual se convertían los quebranto de ejercicios anteriores en créditos fiscales en el porcentaje establecido por esa norma- no importó el abandono del sistema de compensación de pérdidas con utilidades de los ejercicios siguientes establecido en la ley del impuesto a las ganancias, sino la ratificación de su continuidad (Fallos:324:1481 ; 324:3821 ; 329:3589 , entre otros).

En efecto, señaló esa Corte que la expresa remisión del legislador a la ley del impuesto a las ganancias sustentaba por sí misma, de manera terminante, la necesidad de que el contribuyente tuviera utilidades en los ejercicios posteriores contra las cuales imputar las pérdidas ya que, en el esquema particular de ese impuesto, » . ningún provecho fiscal podía surgir de la mera existencia de quebrantos» (Fallos: 324: 1481, cons. 11).

En esa línea, se concluyó que el reiterado empleo en las normas relativas a ese régimen de conceptos directamente vinculados a la «compensación» no hacía más que ratificar la exigencia ínsita en la expresa remisión al art. 19 de la ley del impuesto, en cuanto a que la concurrencia de pérdidas y ganancias constituía el único medio que justificaba la adquisición del derecho a obtener un «crédito fiscal» por parte del contribuyente (Fallos: 324:1481, cons. 14, tercer párrafo).

Por lo tanto, sobre la base de la naturaleza que posee el régimen establecido por las mencionadas leyes 24.073 y 24.463, es decir, en la inteligencia de que su razón radica en el mantenimiento del instituto de la compensación de quebrantos con ganancias gravadas de ejercicios posteriores -aunque instrumentado de un modo, y con alcances y proporciones diversos de los previstos en la ley del impuesto- es correcto concluir, como se afirmó en Fallos: 330: 1325, » . que la obtención del crédito fiscal originado en la consecuente entrega de los existencia de quebrantos y la bonos representó para el contribuyente la restitución del mayor impuesto a las ganancias resultante de la imposibilidad de trasladar y deducir aquellos quebrantos en la liquidación del tributo» (cfr. cons.11, subrayado agregado).

En sentido contrario, advierto que -en autos- el reconocimiento del crédito y la consecuente entrega de los bonos no obedeció a la «restitución del mayor impuesto a las ganancias» en los términos transcriptos en el párrafo anterior, toda vez que se encuentra fuera de debate que, en los ejercicios posteriores al 31 de marzo de 1992, SIAT S.A. no obtuvo -ganancias suficientes para compensar los quebrantos que originaron los créditos cuya sujeción al tributo aquí se debate y, por ende, ninguna incidencia podrían haber tenido ellos en el impuesto final a pagar de haberse mantenido el régimen original del tributo, sin la modificación de la ley 24.073.

Desechado, entonces, que el crédito reconocido obed ezca a la restitución del mayor impuesto a las ganancias resultante de la imposibilidad de trasladar y compensar ciertos quebrantos en la liquidación del gravamen, resulta evidente para mi que -contrariamente a lo esgrimido por la actora- los importes que ella ha percibido por tal concepto representan un auténtico beneficio o enriquecimiento, un «provecho fiscal que surge de la mera existencia de quebrantos» y, en estos términos, gravado por el impuesto a las ganancias según la definición que brinda el art. 2°, ap. 2), de la ley de ese tributo.

En este punto, basta recordar que respecto de los responsables incluidos en el art. 69 de la ley la ley 20.628, ésta adscribe a la teoría del «rédito ingreso», del «incremento patrimonial neto» o del «balance» (Fallos:304:661), lo cual significa, como se especificó en este precedente, que el tributo alcanza a toda clase de ganancias, enriquecimientos o acrecentamientos patrimoniales, así como a todos los que deriven de las demás sociedades, empresas o explotaciones unipersonales, entre los cuales se subsume -sin hesitación- el crédito fiscal percibido por la sociedad anónima actora, cuya sujeción al tributo aquí se discute.

– V –

Sentado lo anterior, corresponde abordar el segundo agravio de la recurrente, esto enriquecimiento ha gratuito, situación sido en percibido la que es, si tal beneficio o por SIAT S.A. a título gratuito, situación en la que -según sostiene- quedaría comprendido en la exención que consagraba el art. 20, inc. y), de la ley 20.628, en su redacción vigente durante el período fiscal 1997.

Advierto que, ante la carencia de una definición específica del concepto de gratuidad en las leyes impositivas aplicables al caso, es necesario remitirse a la legislación civil (Fallos: 190: 98 y 321: 174), proceder que esa Corte ha justificado -en lo específicamente referido al derecho tributario- en la circunstancia de que esta disciplina no está al margen de la unidad general del derecho, ni es incompatible con los principios del derecho civil (Fallos:313:1366, 320:3899) .

Pienso que tal doctrina es aplicable a esta causa, sin que obste a ello que el Tribunal haya limitado su vigencia a los supuestos en los que no existen normas específicas que regulen la cuestión de derecho público de que se trate, pues es claro que ése es precisamente el caso de autos, al carecer la norma federal de un concepto de «gratuidad» propio, que permita desplazar la aplicación de la disposición civil.

Por lo demás, y si bien la Corte también ha exigido, como recaudo para el acatamiento de esa doctrina, que se efectúen las discriminaciones que resulten impuestas por la naturaleza de lo que constituye la sustancia del derecho público, tal extremo se encuentra a salvo en el caso, dado que – en mi parecer- ninguna particularidad de éste demuestra que sus connotaciones específicas sólo resultarían atendidas si la gratuidad de que se trata fuera apartada de lo dispuesto por el art. 1.139 del Código Civil. Ello, con mayor razón, si se atiende a que el concepto de gratuidad resulta común al derecho público y al privado, lo que descarta el riesgo de que, por la vía de aplicar aquella norma, la cuestión sea juzgada a la luz de pautas indebidamente trasladadas a un ámbito que le es impropio (arg. Fallos: 326:3899).

Desde esta perspectiva, estimo prudente recordar que el art. 1.139 del Código Civil establece: «Se dice también en este código, que los contratos son a titulo oneroso, o a titulo gratuito: son a titulo oneroso, cuando las ventajas que procuran a una u otra de las partes no les es concedida sino por una prestación que ella le ha hecho, o que se obliga a hacerle: son a titulo gratuito, cuando aseguran a una u otra de las partes alguna ventaja, independiente de toda prestación por su parte».

A la luz de esta definición, es claro para mí que la ventaja obtenida por SIAT S.A.-esto es, los créditos fiscales que le fueron reconocidos por la DGI, tanto originados en quebrantos que posteriormente hubieran podido ser objeto de compensación con ganancias gravadas, como los que no se encontraban en esta situación- le fue procurada como consecuencia de una prestación que ella debió hacer como contrapartida de la puesta en vigor de la ley 24.073 -esto es, la transformación de tales quebrantos en un crédito fiscal considerado deuda del Estado Nacional al 31 de marzo de 1991, una vez conformado su importe por la DGI por un monto equivalente al 20% del valor de ese quebranto actualizado (cfr. arts. 31, 32 Y 33 de la citada ley, cuya constitucionalidad no fue puesta en tela de juicio por la actora)-.

En estas condiciones, tengo por evidente que el beneficio o enriquecimiento percibido por SIAT S.A. no puede ser calificado como «gratuito» en los términos del art. 1.139 del Código Civil debido a que, como se explicó, el contribuyente tenía a su cargo una contraprestación, consistente en resignar la utilización de todos los quebrantos acumulados con anterioridad al 31 de marzo de 1991, en los términos previstos por el art. 19 de la ley del tributo.

– VI –

Por último, resta tratar los agravios de la actora en lo atinente a la arbitrariedad que endilga a la sentencia en cuanto confirma los intereses resarcitorios y la multa aplicada por el Fisco.

Tiene dicho el Tribunal que la arbitrariedad es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales, ya que sólo admite los supuestos de desaciertos y omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 324:3421 ; 3494; 4123; 4321).

Sobre la base de tales premisas, entiendo que, en este aspecto, el recurso planteado resulta inadmisible pues, para confirmar la procedencia de los intereses resarcitorios y de la multa, la Cámara dio fundamentos de hecho y prueba que acuerdan -en mi criterio- sustento suficiente a lo resuelto, sin que las discrepancias del recurrente resulten eficaces para habilitar la vía excepcional intentada.

Tampoco sustenta el recurso, en mi criterio, el alegado error en la interpretación de los efectos de un precedente favorable a la postura de la actora, pues ello sólo traduce las discrepancias del apelante con el criterio de valoración utilizado por los jueces de la causa, aspecto que no cubre la tacha de arbitrariedad que sostiene el remedio federal (Fallos: 280:320; 295:165; 297:333), cuyo carácter excepcional no tiende a sustituir a los magistrados cuando deciden cuestiones que le son privativas (Fallos: 394:394: 295:356; 297: 173), aun cuando se invoque error en la solución del caso (Fallos: 296:82, 445; 302:1030).

En tales condiciones, creo que el pronunciamiento impugnado se sustenta en los preceptos que regulan el caso – arts. 37 y 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998)-, razonablemente interpretados, cuyo error o acierto no corresponde juzgar a la Corte sin alterar su cometido fundamental de tribunal de garantías constitucionales (Fallos: 314:1687; 320:1717 ), máxime cuando no se advierte un grosero apartamiento de la solución normativa prevista para el caso o un defecto grave en su fundamentación (Fallos: 207:72; 301:1218; 303:386; 304:469).

– VII –

Por lo expuesto, opino que debe confirmarse la en cuanto ha sido motivo de recurso extraordinario, con la salvedad expuesta en el punto VI, sentencia Por lo apelada respecto del inadmisible cual el recurso debe ser declarado formalmente.

Buenos Aires 2 de julio de 2013.

ES COPIA

LAURA M. MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 1º de Julio de 2014.

Vistos los autos: «Siat S.A. (TF 22.133-1) c/ DGl».

Considerando:l°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al revocar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, mantuvo la determinación de oficio efectuada a la actora en el impuesto a las ganancias -período fiscal 1997- así como los intereses liquidados y la multa aplicada.

Para decidir en el sentido indicado, la cámara juzgó, en síntesis, que los bonos de consolidación recibidos por la actora, en los términos del art. 31 de la ley 24.073, en compensación por sus quebrantos originados en ejercicios cerrados con anterioridad al 31 de marzo de 1991, constituían una renta sujeta al mencionado tributo, debido a que el monto de tales quebrantos excedía el importe de los que resultaban compensables con las ganancias gravadas obtenidas en los ejercicios posteriores.

2°) Que contra tal sentencia la actora interpuso recurso extraordinario (fs. 189/209) que, tras ser contestado por el Fisco Nacional (fs. 222/234), fue concedido por el a quo, excepto en lo referente a la causal de arbitrariedad invocada por la apelante (confr. resolución de fs. 235/235 vta.) . Tal denegación parcial dio motivo a que se interpusiera la queja que corre agregada por cuerda.

Con el alcance con el que fue concedido, el recurso resulta formalmente admisible, pues se encuentra en disputa la inteligencia de normas de carácter federal, como lo son las de la ley del impuesto a las ganancias y las leyes 24.073 y 24.463 (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

3º) Que a juicio del Tribunal resulta aplicable al caso en examen la solución a la que se llegó en el precedente «Bagley» (Fallos: 330:1325), en cuanto a que la percepción ,por parte del contribuyente de bonos de consolidación en virtud del régimen de conversión de quebrantos impositivos en créditos fiscales -establecido por las leyes 24.073 y 24.463- no constituye una renta, beneficio o enriquecimiento que se encuentre gravado por el impuesto a las ganancias (confr., en el mismo sentido, causa M.1182.XLIII «Molinos Rio de la Plata S.A. -TF 20.298-1- c/ OGI», sentencia del 14 de abril de 2009).

4°) Que no obsta a ello la circunstancia de que en el caso de autos -a diferencia de la situación examinada en «Bagley»- los bonos recibidos por Siat S .A. con motivo de los quebrantos verificados, excedieron las ganancias de los ejercicios posteriores que hubiesen podido ser compensadas con los referidos quebrantos según las normas de la ley del impuesto 50) Que al respecto cabe puntualizar que en el sub examine -tal como lo señaló el a quo- la actora recibió los bonos antes de la entrada en vigencia de la ley 24.463. Cabe recordar que la citada ley modificó el art. 33 de la ley 24.073 disponiendo, en lo pertinente, que los créditos fiscales se considerarian deudas del Estado Nacional «.a. partir del ejercicio fiscal en el que hubiera correspondido su deducción de ganancias sujetas a impuesto y hasta el importe imputable a cada ejercicio».

6°) Que en el caso «Banco de Mendoza» (Fallos: 324:1481), el Tribunal estableció que la aludida disposición de la ley 24.463 había hecho explícito el sistema establecido en la ley 24.073, pues aún si se prescindiera de lo prescripto por aquélla, en cuanto expresamente supedita el crédito fiscal a la existencia de ganancias sujetas al impuesto en ejercicios posteriores, a las cuales puedan aplicarse los importes respectivos, era.evidente que, de no concurrir esta circunstancia, «ninguna razón habría para justificar dicho crédito por la mera acumulación de quebrantos» (considerando 20) .

7°) Que, en síntesis, en el citado precedente, la Corte dejó claramente establecido que en el régimen de conversión de quebrantos en créditos fiscales resultaba exigible -aún con anterioridad a que lo dispusiera expresamente la ley 24.463- el recaudo de que el contribuyente acreditara la existencia de ganancias gravadas en ejercicios posteriores a las cuales hubiera podido imputar los quebrantos.

8°) Que, sin embargo, en el mencionado precedente «Banco de Mendoza», tras dejar establecida tal doctrina, la Corte puso de relieve que la «nueva ley» en referencia a lo dispuesto en el último apartado del art. 30 de la ley 24.463- «dejó a salvo la situación de quienes ya hubiesen percibido los bonos de consolidación»; solución .legislativa que el Tribunal consideró explicable porque respecto de estos últimos, es decir, quienes habían recibido los bonos con anterioridad a la sanción de la ley 24.463, «había concluido definitivamente su relación con el Estado Nacional, y el legislador consideró inadecuado la reapertura de la cuestión» (considerando 22 de «Banco de Mendoza») .

9°) Que de lo expuesto se sigue que los bonos entregados por el Estado Nacional con anterioridad a la sanción de la ley 24.463, también fueron adjudicados en razón del régimen de sustitución de quebrantos instituido por la ley 24.073 y, además, que a su respecto -por expresa disposición del legislador- quedó excluida toda posible controversia atinente a la discriminación de los quebrantos en función de la existencia o inexistencia de rentas gravadas en los sucesivos ejercicios fiscales.

Por lo tanto, como se señaló en el considerando 3°, y no obstante la peculiar situación presentada en el sub examine, corresponde estar a la solución establecida en el citado precedente «Bagley» (Fallos: 330:1325), a cuyos fundamentos cabe remitirse en lo que resulte pertinente.

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso ,extraordinario, y se revoca la sentencia apelada. Las costas se distribuyen por su orden en atención a la notoria complejidad del caso, puesta en evidencia en los sucesivos pronunciamientos dictados en estos autos. Notifíquese y vuelvan las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo decidido en la presente.

CARLOS S. FAYT – RICARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA – ENRIQUE S. PETRACCH I – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO –

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