Es inadmisible la vía de amparo para resolver la ilegitimidad del Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias de la AFIP

afipPartes: Moissoglou Mavromatis Anastasia c/ Estado Nacional – AFIP-res. 3210/11 y otros s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 10-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87042-AR | MJJ87042

Se declaró inadmisible la vía de amparo para resolver la ilegitimidad del régimen de la res. 3210/11 de la AFIP que instauró el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada que desestimó la procedencia formal del amparo, toda vez que no se verifica la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad de carácter manifiesto. La actora cuestiona la razonabilidad y/o legitimidad de la res. 3210/11 de la AFIP -Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias-, en tanto entiende que ésta le impide cumplir en moneda extranjera con las obligaciones del contrato de mutuo que suscribió, sin lograr demostrar que la mayor onerosidad que le generaría la alegada imposibilidad de cumplir con sus obligaciones contractuales en dólares estadounidenses billetes, pueda identificarse con la alegada grave e irreparable lesión a su derecho de propiedad, de trabajar y ejercer toda industria lícita.

2.-Debe estarse a la reiterada doctrina de la Corte Suprema de la Nación, según la cual, la acción de amparo es un remedio de excepción, inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba. Si bien al delimitar la acción prevista en la Ley 16.986 se ha señalado que ella no es excluyente de las cuestiones que requieren trámites probatorios, también se dijo que descarta aquellas que son complejas o de difícil acreditación y que, por lo tanto, exigen un aporte mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto en la reglamentación legal.

3.-Corresponde rechazar los agravios introducidos por el Banco Central codemandado, y confirmarse las costas fijadas en la anterior instancia en el orden causado, ya que debe considerarse que es adecuada tal distribución de las costas cuando el tema debatido en el juicio es discutible y de singular complejidad o la cuestión es novedosa, de tal modo que todo ello ha podido generar en el actor la creencia de que su pretensión era, al menos, opinable.

Fallo:

Buenos Aires, 10 de junio de 2014.- EA

Y VISTOS:

Estos autos, para decidir sobre el recurso de apelación articulado por la codemandada Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos a fs. 139 y los interpuestos y fundados por la actora a fs. 130/132 y por el Banco Central de la República Argentina a fs. 134/136, contra la sentencia de fs. 124/128, los cuales fueron contestados por la actora a fs. 150, el BCRA a fs. 151/152 y la AFIP – DGI a fs. 154/157; y CONSIDERANDO:

I. Que el Sr. Juez de Primera Instancia rechazó la acción de amparo interpuesta contra la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva y el Banco Central de la República Argentina, con costas en el orden causado.

Para así decidir, tomó en consideración la excepcionalidad del proceso de amparo y la ausencia de una ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta que, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, origine un daño concreto y grave que sólo pueda repararse mediante este trámite.

II. Que, contra dicha decisión, se alza la actora, agraviándose – medularmente- por entender que la Resolución General (AFIP) 3210/11 ostenta un grave vicio en la competencia y tanto ella como la conducta seguida por la Administración demandada resulta arbitraria y violatoria de los derechos garantizados por los artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional.

El Banco Central, por su parte, se agravia puntualmente respecto del modo en que se han distribuido las costas del juicio, las cuales, a su entender, debieron ser impuestas la actora, en su calidad de vencida.

III- Que, primeramente, en relación al recurso interpuesto por la Administración codemandada, cabe recordar el recurso de apelación en el proceso de amparo debe deducirse y fundarse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas fijado por el art.15 de la ley 16.986 (esta Sala, Causa 22.100/2012 in re “MSU SA -RQU s/ queja”, del 02/08/2012), por lo que la falta de fundamentación en el escrito de interposición, también sella la suerte del recurso (conf. art. 15, ley 16.986), tornándolo formalmente inadmisible (esta Sala, Causa 40.417/09, in re “Rizza Gabriel Alejandro- Rqu s/ queja”, del 8/03/2010). En consecuencia, corresponde declarar mal concedido el recurso interpuesto a fs. 139.

IV. Que, antes de ingresar al tratamiento de los agravios expresados respecto de los recursos incoados por la Actora y el Banco Central, es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A.y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)” , del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2- III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 -Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, entre otros).

IV- Que, ello sentado, respecto de los agravios introducidos por la amparista, corresponde destacar que la ley 16.986 no ha sido derogada expresamente por la reforma constitucional de 1994 y que, en tanto no se oponga a su letra y espíritu, subsiste la vigencia de los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo establecidos por ésta.

En ese encuadre, su apertura requiere, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede -eventualmente- ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo, de conformidad con lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 1° de la ley 16.986 (conf. C.S., Fallos 319:2955; 321:1252; 327:2459; 330:2877, entre otros; v asimismo, esta Sala, “INSUGRA S.A. c/ EN- ley 26095- Dto.1216/06- Mº Planificación Res 2008/06 y/o y otros s/ amparo ley 16.986” , del 26/6/08; “Rufrano Víctor Horacio c/ EN- M° Salud- DNR FISAFRO- Disp 1441/08 s/ amparo ley 16.986”, del 28/4/10; “Eloy Martín c/ EN- Mº Salud- SENAREHAB (Expte 4300000810/93) s/ amparo ley 16.986”, del 16/8/12, entre muchos otros).

Además de la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, es indispensable que se acredite en debida forma la inoperancia de las vías ordinarias existentes a fin de reparar el perjuicio invocado (C.S., Fallos:274:13; 300:1231), o que la remisión a ellas produzca un gravamen serio no susceptible de reparación ulterior (C.S., Fallos: 263:371; 270:176; 274:13; 293:580; 294:452; La ley, 1976-D, 650, 33.836-S; 1976-C, 262; 301:801; 303:419 y 2056; 307:2419; v. asimismo, esta Sala, “Romero Pedro c/ EN- SENAREHAB s/ amparo ley 16.986”, del 3/9/10; “Escalada Gómez Mario Salvador c/ EN- M° Defensa- EMGE s/ amparo ley 16.986”, del 10/11/10; “WINGED SA c/ EN- ANMAT Disp 3226/11 s/ amparo ley 16.986”, del 30/9/11; “Ainstein Luis c/ UBA y otro s/ amparo ley 16.986”, del 13/3/12, entre muchos otros).

V- Que, en autos, la actora no ha logrado acreditar que se encuentre configurado un supuesto de ilegitimidad o arbitrariedad de carácter manifiesto, en los términos del art. 1° de la Ley de Amparo y el art. 43 de la Constitución Nacional. Ello es así, en tanto la cuestión planteada requiere un mayor debate y aporte probatorio, que excede el ámbito de conocimiento de la presente acción.

En efecto, quienes optan por la vía del amparo conocen las limitaciones inherentes a ella, pues saben que deben acreditar puntualmente la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el proceder de la autoridad, lo que excluye las cuestiones complejas y opinables, necesitadas de mayor debate y prueba.

Es que, por principio, en la acción de amparo resultan descartadas aquellas situaciones opinables y que requieren un amplio marco de debate y prueba, o cuando los perjuicios que pueda ocasionar su rechazo no son otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona el reconocimiento de sus derechos por los procedimientos ordinarios. Ello es así por cuanto, esta acción no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes ni faculta a los jueces a sustituir los trámites y requisitos previamente instituidos (C.S., Fallos: 297:65; 300:688; 300:1033; 301:1061; 302:535; 305:223; 306:396; esta Sala, “Pérez Bustamante Laura c/ E.N.-M° Economía y P y otros s/ amparo ley 16.986”, del 28/5/07; “Soler Luis Adolfo c/ E.N. -Mº Salud- Resol 363/08 s/ amparo ley 16.986”, del 19/12/08; “Bingo Caballito SA c/ Lotería Nacional SE s/ amparo ley 16986”, del 30/8/11; “Rascado Fernández Camilo c/ UBA- Facultad CCEE -Resol 2067/11 (Exp 44427/10) s/ amparo ley 16.986”, del 22/12/11, entre otros).

En la especie, cabe advertir que la actora cuestiona, medularmente, la razonabilidad y/o legitimidad del régimen instituido por la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos nro. 3210, en tanto entiende que éste le impide cumplir en moneda extranjera con las obligaciones del contrato de mutuo que ha suscripto, generando ello un perjuicio patrimonial, lesivo de sus derecho de propiedad y de trabajar y ejercer toda industria lícita.

De este modo, debe señalase que la actora ha suscripto ante escribano público un contratos de mutuo con fecha 22/09/2010, en el cual, si bien se obligó a cancelar las sumas allí expresadas en “dólares estadounidense, en dinero efectivo en dicha moneda, esto es en billentes”, también pactó la modalidad que debía adoptar para el caso en que ella “no pudiera entregar los dólares estadounidenses en dicha moneda” (v. documentación de fs. 7/10, espec. fs. 9). De tal modo, no obstante, en el estrecho marco cognoscitivo que exige la acción de amparo, debe dejarse sentado que la actora no ha logrado demostrar en autos que la mayor onerosidad que le generaría la alegada imposibilidad de cumplir con sus obligaciones contractuales en dólares estadounidenses billetes, pueda identificarse con la alegada grave e irreparable lesión a su derecho de propiedad, de trabajar y ejercer toda industria lícita.Por el contrario, de las constancias de autos no surge que, en caso de tenerse por acreditada la alegada imposibilidad (hecho sobre el cual tampoco se ha producido prueba alguna), ella constituya otra cosa que una variable más del dicho negocio jurídico de relaciones recíprocas efectuado voluntariamente por la actora, representando, en definitiva, un riesgo propio del mismo (conf. esta Sala, Causa 27349/2012, in re “Controles Comunicaciones SA c/ EN-Mº Economía- BCRA-AFIP-Resol 3210/11 s/Amparo Ley 16.986”, sentencia del 3 de septiembre de 2013.) En consecuencia, en tanto resulta ser dicha mayor onerosidad el sustento medular de los cuestionamientos de ilegitimidad y arbitrariedad que la recurrente esgrime contra las comunicaciones y resoluciones generales que invoca como agravio, debe concluirse que, al menos en el estrecho marco cognoscitivo que exige la acción aquí intentada, la arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta esgrimida por la actora resultan, por lo menos, opinables, en los términos descriptos precedentemente. Por consiguiente, deben identificarse con una cuestión cuya comprobación exige un ámbito de conocimiento incompatible con la acción de amparo.

En cuanto a este punto, a modo de mayor abundamiento, cabe precisar que, aún si se participara de la postura alegada por la recurrente -y se considerase que la mayor onerosidad (generada por la alegada imposibilidad de cumplir con el contrato de mutuo pactado mediante la cancelación de las sumas debidas en billetes dólares estadounidenses) pudiera constituir una lesión al derecho de propiedad de la actora-; ello tampoco obstaría a la conclusión a la que se arribara precedentemente, en relación con la improcedencia de la presente acción de amparo.

En virtud de tales circunstancias, cabe concluir que la recurrente no ha logrado acreditar -en el reducido ámbito de conocimiento de esta acción de amparo- que la Administración Federal de Ingresos Públicos y/ o el Banco Central de la República Argentina hayan incurrido en arbitrariedad y/o ilegitimidad manifiesta alguna.Circunstancia ésta que obsta a la procedencia de la presente, habida cuenta de que no cabe tener por satisfecho -en razón de la índole del planteo- el presupuesto de arbitrariedad o ilegalidad de carácter manifiesto en el proceder de la autoridad, en el ámbito procesal de la acción de amparo que -por regla- excluye las cuestiones complejas y opinables, necesitadas de mayor debate y prueba. En tal sentido, cabe advertir que la conclusión a la que se ha arribado es determinante de que resulte inoficioso pronunciarse sobre los restantes agravios introducidos por la recurrente.

En consecuencia, por lo todo expuesto y de cara a la situación descripta que se halla configurada en torno a la pretensión de autos, no cabe sino concluir -en sentido coincidente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General- que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto desestimó desestimar la procedencia formal de la vía procesal elegida por la actora, en tanto se encuentra excluida la posibilidad de encontrar verificada -en la especie- la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad de carácter manifiesto.

En tales condiciones, corresponde estar a la reiterada doctrina de la Corte Suprema de la Nación, según la cual, la acción de amparo es un remedio de excepción, inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba (Fallos: 319:2955 ; 321:1252 y 323:1825 , entre otros). Pues, si bien -al delimitar la acción prevista en la ley 16.986- se ha señalado que ella no es excluyente de las cuestiones que requieren trámites probatorios, también se dijo que descarta aquellas que son complejas o de difícil acreditación y que, por lo tanto, exigen un aporte mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto en la reglamentación legal (Fallos:307:178). Así, se excluye de dicha vía los casos que por sus circunstancias requieran mayor debate y prueba y, por tanto, sin que se configure la “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisitos cuya demostración, como se dijo, es imprescindible para la procedencia de esa acción (C.S., Fallos: 306:788; 319:2955; 323:1825; 331:1403 , del dictamen fiscal al que remitió el Alto Tribunal, entre otros).

VI- Que, en punto a los agravios introducidos por el Banco Central codemandado, debe considerarse que “es adecuada la distribución de las costas ‘en el orden causado’ cuando el tema debatido en el juicio es discutible y de singular complejidad (ver Corte Suprema, Fallos 280:176, considerando 14° de la mayoría y 17° de la disidencia) o la cuestión es novedosa (confr. CNFED, Sala Civil y Comercial, 4/11/69, ED 33-7), de tal modo que todo ello ha podido generar en el actor la creencia de que su pretensión era, al menos, opinable” (CNACCF, Sala I, “Bernardino Rivadavia Soc. Coop. c/ Gobierno de la Nación s/ Cobro de pesos”, causa N° 532, del 10/07/91).

De este modo, en virtud de las razones expuestas, las particulares características suscitadas en el pleito y lo prescripto por los arts. 14 de la Ley 16.986 y 68, segundo párrafo, del CPCC; corresponde confirmar las fijadas en la anterior instancia e imponer las de Alzada en el orden causado (cfr. esta Sala, Causa 23356/2012 “Mackielo Andrea Laura c/ EN – BCRA – AFIP s/Amparo Ley 16.986”, sentencia del 20-11-2012).

Por lo tanto, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General a fs. 161/162, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia de fs. 124/128, con costas de Alzada por su orden (arts. 14 de la Ley 16.986 y 68, segundo párrafo, del CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

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