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Responsabilidad del locador de obra por la deficiente construcción del portón encargado por la actora, que al caer le produjo lesiones.

1130-MLC43134538_1482-OPartes: Bensayag Mercedes Iris c/ Peruzzo Juan Carlos s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: quinta

Fecha: 3-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-86777-AR | MJJ86777

Responsabilidad del locador de obra por la deficiente construcción del portón encargado por la actora, que al caer le produjo lesiones.

Sumario:

1.-Corresponde acoger la demanda de daños y perjuicios deducida, pues surge probado que la actora contrató la construcción y colocación de un portón y, al caerse éste, le produjo lesiones de las que se produjeron diversas consecuencias, surgiendo de la pericia que la construcción e instalación del mismo había sido defectuosa.

2.-El interés del locatario no es la mera diligencia del empresario a fin de obtener el resultado pactado, sino el resultado mismo, con lo que la obra se concreta en una cosa susceptible de ser entregada, por ello la obligación del empresario no se cumple con la prestación de mera actividad, ni es suficiente para liberarlo la demostración de la falta de culpa en su obrar; se trata de una obligación cuyo incumplimiento genera una responsabilidad, de la que sólo se libera demostrando la culpa ajena.

3.-En la locación de obra una de las partes (locador) se compromete a alcanzar un resultado material o inmaterial, asumiendo el riesgo técnico o económico sin subordinación jurídica, y la otra parte (locatario) a pagar un precio determinado o determinable en dinero; a diferencia de la locación de servicios, que se caracteriza por comprometerse el servicio mismo con independencia del resultado, en la locación de obra el locador se obliga a un resultado con abstracción de la mayor o menor exigencia que implique obtenerlo.

4.-La necesaria congruencia que debe tener la sentencia, bajo pena de nulidad, se refiere no sólo a las partes y materia propuesta, sino básicamente a los hechos invocados y/o probados, confluyendo en un decisorio sobre las pretensiones y resistencias del actor y demandado, siendo que existirán algunos hechos a los cuales las partes y/o el juzgador los podrán considerar como de mayor o menor importancia respecto de la contienda, y en todos los casos deberá indagarse si nos encontramos frente a hechos jurídicos, o bien actos jurídicos.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los tres días del mes de julio del año dos mil catorce, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, los Sres. Jueces titulares de la misma Dres. Adolfo Mariano Rodríguez Saá, Oscar Martinez Ferreyra y Beatriz Moureu, y trajeron a deliberación para resolver en definitiva la causa Nº 13-00599787-3 (010305-50936)., caratulada «BENASAYAG, MERCEDES IRIS C/ PERUZZO, JUAN CARLOS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», originaria del Décimo Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 472 por la parte demandada contra la sentencia dictada a fojas 459/465.

Llegados los autos al Tribunal, a fojas 492/500 expresa agravios el demandado, contestados por la parte actora a fs. 506/512.-

Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de votación: Martinez Ferreyra, Moureu y Rodriguez Saa.-

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 160 de la Constitución Provincial y 141 del Código Procesal Civil, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA CUESTION: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR.MARTINEZ FERREYRA DIJO:

I.- La sentencia recurrida hace lugar a la acción de indemnización por daños y perjuicios promovida por la señora Mercedes Iris Benasayag, condenando al señor Juan Carlos Peruzzo al pago de la suma de $ 57.000, con más intereses.-

A fin de llegar a tal conclusión la señora Juez a quo, aplicando el principio iura novit curia, encuadra la relación entre las partes en las previsiones de la Ley 24.240, tanto en cuanto al principio de la duda, en cuyo caso debe estarse a favor del consumidor, como así también en la carga probatoria que en el caso incumbe al demandado.-

En base a ello tiene presente que la actora invoca que los daños por los que pretende indemnización fueron causados por la caida del portón, lo que no niega el accionado,sino que éste invocó que el portón fue construido siguiendo las reglas correspondientes, como así también que cerrado o semi abierto no puede caerse, por lo que la sentenciante entiende que la prueba de tal impediente cabe al accionado, de conformidad a lo normado por el Artículo 179 del Código Procesal Civil.

Analiza la prueba rendida en autos, en especial la pericial, de la que estima surge evidente queel portón no fue construido eficientemente, lo que no se ve desvirtuado por las impugnaciones que formula la parte accionada, con lo que entiende ésta última debe hacer frente a los daños ocasionados.

Luego analiza la procedencia y montos pretendidos en concepto de indemnización, lo cual no ha sido discutido en esta Alzada.-

II.- Que, al fundar su recurso la parte demandada se agravia por cuanto la sentencia aplica la Ley de Defensa de Consumidor, relevando a la parte actora de demostrar la existencia del nexo causal entre el daño y el ilícito, inclumplimiento contracutal, lo que implicaba la prueba del vicio de la obra.-

Dice que, al aplicar la norma consumeril, se le impuso sorpresivamente a su parte la obligación de haber demostrado en el proceso que la produccion del dañose debió a una causa distinta al riesgo de la cosa.-

Entiende que, en base a ello, la sentencia dictada resulta nula por incurrir en incongruencia decisoria, excediéndose en el ejercicio funcional de calificar las acciones, que prevé el Artículo 46 inc. 9 del Código Procesal Civil.-

Asimismo, entiende que la misma resulta descalificable al haber ponderado el único medio de prueba que meritua, despreciando las restantes fuentes probatorias.-

Sostiene que la señora Juez a quo ha aplicado erroneamente el principio iura curia novit ya que, al cambiar la calificación jurídica se ha invertido el onus probandi una vez concluida la etapa probatoria, siendo que a los términos en que se trabó la litis su parte sólo podría haber sido condenada previa acreditació de la relación causal, y no en base a la responsabilidad objetiva establecida por la LDC.-

Dice que, además de fundarse en tal presunción de responsabilidad y en la respuesta del perito a la primera pregunta, en la cual el mismo dice que el portón era defectuoso, siendoq ue luego explica que el portón se construyó conforme las reglas técnicas.-

III.- Que, adelantando opinión y a los fines de ordenar la exposición del presente voto, diré que el recurso en trato debe ser desestimado, confirmándose el decisorio de Primera Instancia.-

Tengo presente a tal fin que, básicamente, el demandado apelante basa su crítica en la calificación que la señora Juez a quo realiza de la acción deducida, haciendo uso de la facultad que le otorga el Artículo 46 inc.9 del Código Procesal Civil, principio conocido como «iura curia novit».-

Si bien ya avanzaré sobre lo que la doctrina y jurisprudencia entienden sobre tal facultad jurisdiccional, no podemos dejar de lado que la norma adjetiva citada no sólo permite al juzgador calificar la acción sino, además, apartarse de las invocaciones que las partes hicieran del derecho aplicable salvo, claro está, que se modificara la pretensión deducida o se cambiara el sustrato jurídico sobre el cual los litigantes dirimen sus diferencias.-

Si bien es cierto, tal como lo hace ver el apelante, que la parte actora no encuadra en derecho su pretensión al momento de promover la accion, ello no es óbice para el juzgador a la hora de dictar sentencia, ya que el Artículo 15 del Código Civil no sólo da la facultad, sino el deber, de fallar, a cuyo fin debe proceder conforme lo indica el Artículo 16 del mismo cuerpo legal.-

Es en este punto donde no puedo coincidir con el apelante en tanto, la libertad jurisdiccional para aplicar el derecho, pretende diferenciar los «simples hechos» con aquellos «hechos jurídicos» o con trascendencia al momento de trabar la litis y, en definitiva, encontrar la solución del caso traído a solución.-

La necesaria congruencia que debe tener la sentencia, bajo pena de nulidad, se refiere no sólo a las partes y materia propuesta, sino básicamente a los hechos invocados y/o probados, confluyendo en un decisorio sobre las pretensiones y resistencias del actor y demandado, siendo que existirán algunos hechos a los cuales las partes y/o el juzgador los podrán considerar como de mayor o menor importancia respecto de la contienda, siendo que en todos los casos deberá indagarse si nos encontramos frente a hechos jurídicos (Artículo 896 del Código Civil), o bien actos jurídicios (Artículo 944 del Código Civil), lo que según el caso inclinará la balanza decisoria siempre que, reitero, los mismos hayan sido invocados y probados por los contendientes.-

Con estos hechos invocados por las partes y lapretension (y resistencia) de las partes es que se obtiene el denominado thema decidendum que no es otra cosa que la trabazón en la que se encuentran las partes sin poder salir por si mísmas y por lo cual recurren al poder jurisdiccional, siendo que éste último no incurre en incongruencia si, dentro de tal tema a decidir, apela a otras normas jurídicas.-

Sobre tal cuestión es importante rescatar lo que dice Peyrano, en tanto «.resulta pacífica la opinión de que el acogimiento del principio sub examine implica conferirle al oficio la facultad de calificar libremente la relación jurídica sub lite, sin parar mientes en que los contradictores pudieran haber efectuado un encuadre diverso.Queda entonces aclarado que el órgano jurisdiccional está encerrado, en principio, dentro del círculo de hierro formado por los hechos alegados y probados por las partes, pero no se encuentra constreñido a aceptar el encuadramiento normativo propiciado por éstas» («Iura novit curia»: Límite clásico al principio dispositivo», en Principios Procesales, dirigido por Jorge W. Peyrano, tomo I, pág. 369)

Llevado lo hasta aquí dicho a las constancias de autos podemos apreciar que la actora relata (y la parte demandada no niega, sino que admite) haber pactado con el accionado la fabricación y colocación de un portón de reja corredizo, el cual fue entregado, siendo que dicho portón se cayó y lastimó a la accionante.- En virtud de los daños personales que sufrió es que pretende que el accionado la indemnice, daños éstos que han sido admitidos por la sentencia recurrida y no han sido objeto de agravio.-

Por ello es que la litis a decidir en esta Alzada y conforme la queja del apelante, pasa por establecer si el accionado es responsable de tales daños.Ya no estamos frente a la discusión de si tal responsabilidad será contractual o extracontractual, siendo que la primera es la que obviamente se impone conforme a la relación que unió a las partes.

IV.- Ello en tanto debo tener presente que en la locación de obra una de las partes (locador) se compromete a alcanzar un resultado material o inmaterial, asumiendo el riesgo técnico o económico sin subordinación jurídica, y la otra parte (locatario) a pagar un precio determinado o determinable en dinero. A diferencia de la locación de servicios, que se caracteriza por comprometerse el servicio mismo con independencia del resultado, en la locación de obra el locador se obliga a un resultado con abstracción de la mayor o menor exigencia que implique obtenerlo.

Este resultado, contratado entre las partes, implica para el empresario o locador ejecutar la obra según lo estipulado, o de un modo aprobable, o conforme a las reglas del arte, lo que surge de la inteligencia del Artículo 1632 del Código Civil y que no es sino consecuencia de la norma general contenida en el Artículo 512 del mismo cuerpo legal, como así también asegurar la solidez de la cosa entregada (art. 1646 Cód. Civ.) (cf. Spota, Alberto G., «Tratado de la locación de obra», Buenos Aires, Depalma, 1978, T. II).

Y es así que el interés del locatario no es la mera diligencia del empresario a fin de obtener el re sultado pactado, sino el resultado mismo, con lo que la obra se concreta en una cosa susceptible de ser entregada. Por esta razón la obligación del empresario no se cumple con la prestación de mera actividad, ni es suficiente para liberarlo la demostración de la falta de culpa en su obrar. Se trata de una obligación cuyo incumplimiento genera una responsabilidad, de la que sólo se libera demostrando la culpa ajena (cf. Lorenzetti, Ricardo Luis, «Tratado de los Contratos», T. II, Rubinzal Culzoni Ediciones, 2004, pag.714).

En el caso de autos, frente a una locación de obra, no cabe duda que la obligación del demandado surgirá tanto de la norma contenida en el Artículo 1646 del Código Civil, en especial por el proyecto del portón que se califica como erróneo, como del Artículo 1647 bis del mismo cuerpo legal, en tanto en su segundo párrafo impide que el empresario se libere de tal responsabilidad cuando el defecto era oculto.-

Y, en la indagación de tal responsabilidad, emergente de una locación de obra, cuyo objeto resulta una obligación de resultados a cargo del deudor empresario, debe recaer sobre éste el onus probandi liberatorio.-

Tal conclusión es la reiteradamente dicha por la jurisprudencia en tanto «Cuando se trata de «obligaciones de resultado» en las que el deudor asegura el logro del interés final pretendido por el acreedor, basta a este último demostrar la falta de obtención de ese interés, es decir, el mero incumplimiento material o estructural de la obligación asumida, para que, al igual que en cualquier hipótesis de responsabilidad objetiva, surja una presunción de adecuación causal contra el deudor, siendo este el hecho constitutivo de la pretensión que el acreedor demandante debe probar de acuerdo al art. 377, CPCCN. Ello así, cumplida por el acreedor demandante dicha carga probatoria, se trasladará al deudor demandado la carga de demostrar los hechos impeditivos o extintivos en los que basa su defensa o excepción, es decir, la ausencia de cualquiera de los elementos constitutivos del acto ilícito contractual nacido del incumplimiento de una obligación de resultado, con aptitud para romper el nexo causal; y en caso de que el deudor demandado no cumpla con ese onus probandi, debe ser condenado por haber omitido la realización de la conducta probatoria del caso.» («Argentoil S.A. vs. Soft Pack S.A. s.Ordinario», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D; 13-05-2008; Rubinzal Online; RC J 1882/09)

Asimismo se ha dicho que «La extensión de la responsabilidad bancaria y el reparto de la carga de la prueba, está en íntima dependencia con la naturaleza del contrato. Cuando la obligación es de resultado, la carga de la prueba corresponde al deudor; el acreedor nada tiene que probar para exigir responsabilidad en caso de incumplimiento» («Alurralde, Carolina Inés y otros c. HSBC Bank Argentina S.A.» 13/09/2010, JA 2011-I, 50, AR/JUR/92138/2010)

Así también la jurisprudencia nos dice que el incumplimiento material o estructural de las obligaciones de resultado que asume el locador hacen que recaiga en esta última la carga de demostrar la ausencia de cualquiera de los elementos constitutivos del acto ilícito contractual derivado de tal incumplimiento. Coinciden asimismo los autores que, probado el incumplimiento y nacida, por ende, a partir de la no obtención del resultado prometido por la deudora, una presunción de adecuación causal que la desfavorece, es a ella a quien incumbía la prueba de la ruptura del nexo causal para eximirse de responsabilidad (conf. Pizarro, R. y Vallespinos, C., «Instituciones de derecho privado – Obligaciones», 2006, T. 2, p. 624; Trigo Represas, F. y López Meza, M., Tratado de la responsabilidad civil, Buenos Aires, 2005, T. I, p.754)

Este encuadramiento legal no puede ser desconocido por la parte accionada al momento de contestar la acción, de forma tal (como expresa en su memorial) que la sentencia lo sorprende en un nuevo marco legal, privándolo de una adecuada defensa de sus intereses, con lo que su queja en tal sentido no puede ser acogida.

V.- Conforme a lo dicho precedentemente tenemos que, aún cuando no aplicarámos la Ley de Defensa del Consumidor (punto sobre el cual el apelante centra gran parte de su crítica), el resultado no varía en tanto la responsabilidad del constructor resulta objetivada por los fundamentos antes dichos.

Volviendo a los hechos invocados, probados e, incluso, coincidentes entre ambas partes, o bien no cuestionados en esta Alzada por la parte accionada, tenemos que la actora contrató la construccion y colocación de un portón y, al caerse éste, le produjo lesiones de las que se produjeron diversas consecuencias por las que se ha pretendido indemnización.-

Cabe entonces preguntarse si el demandado ha probado que aquella caída del portón se debió a la acción de un tercero por quien no debe responder, por la víctima o cualquier otra causa que pueda verse teñida por el casus contemplado por el Artículo 514 del Código Civil. La respuesta negativa se impone.-

Es en este punto donde cabe referirse a la única prueba técnica rendida en autos y que por su pertinencia y conducencia lleva a ser fundamental en la decisión de la litis, cual es la pericia de fs. 238/242.

Sobre dicha pericia cabe decir, antes de adentrarme en la sustancia de su informe, que la parte demandada no observo en debida forma las conclusiones periciales atento a que de su escrito de fs. 246/247 se corrió un traslado erróneo al perito (fs. 249), lo que motivó que se suspendieran los plazos que a éste le corrían para contestar las observaciones (fs. 250) y, cuando finalmente se le corre el trasaldo correspondiente, recien af fs.421, este hace presente que tales observaciones son nuevos puntos de pericia, pidiendo al tribunal le indique si debe contestar (fs. 424) cuestión ésta que nunca se resolvió y que, sin duda alguna, debía instar la parte que había formulado las observaciones.

Así las cosas y conforme lo dispuesto por el Artículo 193 del Código Procesal Civil, debe considerarse que el informe pericial no ha sido cuestionado por las partes y, en lo que corresponda, no puede el juzgador apartarse de sus conclusiones técnicas.-

Tal como lo tiene presente la señora Juez a quo, el perito es claro al contestar el punto A, en tanto «el portón ha sido deficientemente construido ya que carecía de medidas elementales de seguridad como son las guías superiores estabilizadoras o mal llamada barra de contención, destacando que el sistema de riel inferior no ha sido correctamente fundado y nivelado con respecto al piso»

El apelante, sin fundamento alguno, sostiene que el resto de la pericia indica que tal portón fue construido en forma correcta, lo que no aparece del texto de la misma. El punto B relata la forma correcta de construcción e instalación de un portón. El punto C indica que un portón, como el de estos obrados, no es seguro. El punto D indica que un portón bien construido no se descarrila. El punto E indica que el portón pierde su verticalidad por falta de elmentos en su parte superior. El punto F dice que la pérdida de la verticalidad no se produce por descarrilamiento sino por no tener elemento que prevenga su desplazamiento transversal. El punto G se refiere a la cerradura de seguridad. El punto H hace referencia al hecho que no se haya caido es por que no sufrió esfuerzos perpendiculares.El punto I rechaza el hecho de un mal mantenimiento como causa de la caida y, finalmente, el punto J rechaza la posibilidad que el portón estuviera totalmente cerrado si una rueda estuviera descarrilada.

Así también toma como fundamento de su queja la respuesta al punto H, en tanto ha sido una fuerza perpendicular la que lo sacó de su verticalidad.- No puedo seguir tal queja ya que no puede obviarse que cualquier portón puede sufrir fuerzas transversales pero, si está correctamente construido (no es el caso del presente), tales fuerzas se ven anuladas con las medidas de seguridad de las que adolecía el construido e instalado por el demandado.-

Asimismo, tal como expresaba al inicio de estas consideraciones, la lilberación de responsabilidad del accionado, en base al tipo de obligación asumida, esto es de resultados, sólo puede encontrarse en prueba concluyente del rompimiento del nexo de causalidad y no en una simple presunción, hasta sacada del contexto general de la pericia, que en modo alguno indica la participación activa de terceros o víctima, o caso fortuito en la caida del portón.-

Ninguna de las demás pruebas que se han incorporado en autos indica, ni remotamente, la eximente de responsabilidad que podría liberar al demandado, no pudiendo dejar de tener en cuenta -además- que parte de su prueba fue declarada caduca.

Es claro en este punto la deficiencia probatoria de la parte demandada o, en su caso, que no había prueba alguna que pudiera liberar de responsabilidad al accionado, lo que en ambos casos lleva a la condena de éste, rechazando el recurso en trato y confirmando el decisorio de grado.

Así voto.-

Por el mérito del voto que antecede los Dres. Moureu y Rodriguez Saa adhieren al mismo.-

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR.MARTINEZ FERREYRA DIJO:

Que, atento al resultado de la cuestión que antecede y lo normado por el Artículo 36 del Código Procesal Civil, corresponde que las costas de la Alzada sean soportadas por el demandado, apelante vencido.-

Así voto.-

Por el mérito del voto que antecede los Dres. Moureu y Rodriguez Saa adhieren al mismo.-

Con lo que se terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA

Mendoza, 3 de julio de 2014.-

Y VISTOS

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

R E S U E L V E:

1°) No hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 472, en contra de la sentencia obrante a fs. 459/465.-

2°) Imponer las costas del recurso resuelto a la parte demandada.-

3°) Regular honorarios profesionales a los Dres. Emilio Colombo Malnis , Mario Aldo Redigonda, Eduardo L. Pithod y Federico Pithod en las sumas de Pesos ($.), ($.), ($.) y ($.), respectivamente.- (Arts. 15 y 31 de la Ley 3641)

Notifíquese y bajen.-

Dr. Oscar MARTINEZ FERREYRA

Dra. Beatriz MOUREU

Dr. Adolfo RODRIGUEZ SAA

 

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