En una ejecución de alquileres se confirmó la multa impuesta al abogado patrocinante de la demandada por la adulteración de un escrito

demanda-indemnizacionPartes: W. D. c/ T. R. E S. s/ ejecución de alquileres

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: M

Fecha: 7-may-2014

Cita: MJ-JU-M-86484-AR | MJJ86484

Se confirmó la sanción de multa (20% del monto de la ejecución de alquileres) impuesta al abogado patrocinante de la demandada, por la adulteración de un escrito en el que falsamente y como medio dilatorio se hizo saber que las partes habían arribado a un acuerdo conciliatorio.

Sumario:

1.- La actividad del abogado no se limita a la presentación de escritos con su firma, sino que el cumplimiento de sus deberes abarca el asesoramiento y conducción técnica del juicio, con el fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa.

2.- La sanción al abogado patrocinante que prevé el art. 45 del CPCCN , tiene como fundamento su condición de conocedor de la técnica del procedimiento, que lo obliga a advertir cuando la redacción de un escrito judicial o la estrategia defensiva articulada, se aparta de su función. No debe entenderse que la prudencia y buena fe procesal que debe observar el letrado en la defensa de los intereses de su parte, sea óbice para el pleno ejercicio de su función, ni es incompatible con el esfuerzo para lograr un resultado favorable.

3.- El profesional que presta patrocinio letrado a su cliente no se responsabiliza de la veracidad de las manifestaciones hechas por éste en el escrito que suscribe. Sin embargo, en determinadas circunstancias, antes de suscribir los escritos el abogado prudente debe verificar los recaudos tendientes a determinar en forma liminar la verosimilitud de los dichos de su cliente.

4.- Aún cuando no surja del expediente que el abogado actuó a sabiendas de la maniobra urdida, corresponde sancionarlo si actuó con una ligereza tal que lo hace merecedor de la sanción de multa.

5.- La determinación de la cuantía de la multa del art. 45 del CPCCN queda librada a la apreciación del juez, quien debe evaluar la gravedad de la inconducta y sus consecuencias negativas en el curso del proceso, reservándose la mayor escala para aquellos supuestos en que se hubieren ocasionado serios perjuicios.

6.- No existe disposición que autorice la acumulación de los porcentuales previstos en el art. 45 del CPCCN, que consagra la sanción genérica para las conductas temerarias o maliciosas y la específica prevista en el art. 551 del CPCCN.

Fallo:

Buenos Aires, mayo 7 de 2014.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Se elevaron estos autos con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el ejecutante y por el ex letrado de la ejecutada, contra la resolución de fs. 399/404, únicamente respecto de las sanciones impuestas a la demandada y al abogado recurrente.

En el memorial de fs. 411/2, el ejecutante se agravió respecto del monto de la multa. Señaló que debido a la extrema gravedad de las cuestiones debatidas y de las conductas asumidas, el actuar desleal desplegado en estas actuaciones merece la aplicación de la sanción en su nivel más elevado, es decir en el 80%, de acuerdo a lo previsto en los arts. 45 y 551 del CPCCN.

Por su lado, a fs. 426/7, el ex abogado de la ejecutada se quejó de la aplicación de la multa, por entender que la argumentación realizada por el magistrado no resulta aplicable al caso, por cuanto las piezas procesales presentadas con su intervención no son inverosímiles o inviables, ni evidenciaban circunstancias o hechos de los que se pudiera advertir que no eran verdaderos, para lo cual debió llevarse a cabo una pericia técnica. Agregó que nada hacía presumir la falsedad del documento cuyo contenido era técnicamente correcto. Sostuvo que cuando se le exige que adopte mayores recaudos para obtener un convencimiento de la sinceridad de su cliente, debe entenderse que quienes solicitaron su patrocinio eran personas conocidas de su confianza, lo que lo llevó a firmar los escritos, en cuya confección no participó.

I.- En el caso, luego de promovida la demanda por cobro de alquileres por el locador contra E. S. T. R., por la suma de $35.000, con más sus intereses y costas, ésta con el patrocinio letrado del Dr. Moreno, acompañó a fs. 29/30, un escrito mediante el cual las partes supuestamente habían arribado a un acuerdo conciliatorio que fue homologado a fs. 31, providencia que se tuvo por notificada con la presentación de fs.33.

Sin embargo, declarada la invalidez de tales actos, con fundamento en la adulteración de los escritos mencionados, mediante la maniobra descripta en el decisorio de fs. 219/25, se declaró la nulidad de todo lo actuado, decisión que se encuentra firme, en virtud del pronunciamiento confirmatorio dictado por esta Sala a fs. 250/2.

II.- Por razones de orden metodológico, en primer término serán tratados los agravios expresados por el abogado recurrente, por cuanto si éstos fuesen admitidos, se tornaría abstracta la valoración del monto de la multa que correspondería aplicarle.

El letrado patrocinante como auxiliar del juez y defensor de su cliente tiene una variedad de responsabilidades.

Así, debe controlar el proceso, comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional, observar con fidelidad el secreto profesional, como así también las normas de ética sancionadas por el colegio de abogados en donde esté matriculado (conf. Fenochietto, Carlos E. ob. cit., T. 1, pág. 253).

La actividad del abogado no se limita a la presentación de escritos con su firma, sino que el cumplimiento de sus deberes abarca el asesoramiento y conducción técnica del juicio, con el fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa.

La extensión de la sanción al letrado patrocinante que prevé el art.45 del CPCCN, tiene como fundamento no sólo la eventual insolvencia del condenado, sino también su condición de conocedor de la técnica del procedimiento, que lo obliga a advertir cuando la redacción de un escrito judicial o la estrategia defensiva articulada, se aparta de su augusta función.

No debe entenderse que la prudencia y buena fe procesal que debe observar el letrado en la defensa de los intereses de su parte, sea óbice para el pleno ejercicio de su función, ni es incompatible con el esfuerzo para lograr un resultado favorable.

Si bien, en principio, el profesional que presta patrocinio letrado a su cliente no se responsabiliza de la veracidad de las manifestaciones hechas por éste en el escrito que suscribe, no lo es al menos que en determinadas circunstancias en que los hechos alegados no son de difícil comprobación y la naturaleza del proceso autoriza a presumir que había interés en invocarlos falsamente como medio dilatorio u obstruccionista, el letrado, según los casos, tiene obligación de investigar sobre su veracidad antes de suscribir el escrito donde se invocan (conf. jurisprudencia citada en Morello, A. M. – Sosa, G. L.- Berizonce, R. O., en Códigos Procesales Civil y Comercial ., T. II. A, pág. 816).

Es decir, en cumplimiento de los deberes y cargas que le son impuestas en el ejercicio de tan elevada función, en su calidad de profesional del Derecho, debe verificar los recaudos tendientes a determinar en forma liminar la verosimilitud de los dichos de su cliente.

En este caso, es innegable la negligencia con que actuó el letrado, que lo hizo pasible de la sanción que le fue impuesta, en tanto según manifestó, se le requirió que avalara con su firma un escrito que reconoce no haber confeccionado y respecto del cual no explicó si fue suscripto por la contraparte en su presencia.En razón de ello, la invocación del conocimiento previo de la demandada y la relación de confianza que a ella lo unía, lejos de justificar su proceder, confirma la imprudencia con que actúo y es demostrativa de la despreocupación que tuvo por confirmar la verosimilitud de los hechos que se le relataron y la autenticidad de la presentación luego efectuada.

Por ello, en lugar de servir como excusa de su proceder, revela aún más la ligereza con que actuó en la litis.

Tampoco puede alegar que desconocía la existencia del proceso de homologación de acuerdo, pues una lectura superficial del presente juicio hubiera bastado para advertir su existencia, circunstancia sobre la que certificó el Secretario del Juzgado a fs. 11.

En función de lo expuesto y sin perjuicio de la especial valoración que se debe efectuar al imponer una sanción a un abogado, debido a las garantías involucradas, aún cuando no surja de los antecedentes reseñados que el recurrente hubiera actuado a sabiendas de la maniobra urdida, cabe concluir que lo hizo con una ligereza tal que lo hace merecedor de la multa que le fue impuesta.

Por esa razón, corresponde desestimar las quejas del letrado recurrente.

III.- En cuanto a los agravios expresados por la parte actora, relativos a la graduación de la multa que el art. 45 del CPCCN fija entre el 10% y el 50%, del monto objeto de la sentencia, cabe señalar que la determinación de la cuantía dentro de los parámetros establecidos por la norma queda librada a la apreciación del juez, quien debe evaluar la gravedad de la inconducta y sus consecuencias negativas en el curso del proceso, reservándose la mayor escala para aquellos supuestos en que se hubieren ocasionado serios perjuicios.

Es dable señalar que no existe disposición alguna que autorice la acumulación de los porcentuales previstos en el citado art. 45, que consagra la sanción genérica para las conductas temerarias o maliciosas y la específica prevista en el art.551 del CPCCN, como pretende el recurrente.

Así las cosas, sin dejar de advertir la gravedad de la maniobra realizada por la ejecutada con la asistencia letrada del abogado que la patrocinaba y el retardo que provocó en la tramitación del procedimiento, parece razonable el porcentaje establecido por el señor Juez de grado, que entre la sanción impuesta a la parte y su letrado, representan el 20% del monto de la ejecución.

Por ello, también en ese aspecto será confirmado el decisorio recurrido.

IV.- Las costas en la Alzada, serán impuestas en el orden causado, por cuanto al no haber prosperado las quejas de ninguno de los apelantes, debe entenderse que existieron vencimientos parciales y mutuos (art. 71 del CPCCN).

Por estas consideraciones, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. 399/404, en todo lo que fue materia de agravio. Con costas en el orden causado.

Regístrese y notifíquese (ac. 38/13).

Oportunamente devuélvase.

Fdo.:

Elisa M. Díaz de Vivar.

Mabel De los Santos.

Fernando Posse Saguier.

MARIA LAURA VIANI

 

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