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El Estado debe responder por las filtraciones y grietas producidas por las vibraciones del tránsito vehicular

mantenimiento-2Partes: Tan Hseuh Heng y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: I

Fecha: 17-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86223-AR | MJJ86223

El Estado es responsable por las filtraciones y grietas producidas en un edificio como consecuencia de las vibraciones del tránsito vehicular por una calle en mal estado, pero dicha responsabilidad se limita al porcentaje de daño material que reconoce esta causa, y no abarca el daño moral a los propietarios del inmueble. 

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que condena al GCBA a responder por los daños ocasionados en un inmueble por el deficiente mantenimiento de la calzada, que reviste el carácter de bien del dominio público, pero con la aclaración de que la Ciudad debe responder únicamente en razón de la incidencia que el estado deficitario de la calzada de su propiedad ha tenido en el hecho dañoso, y no por la totalidad del daño provocado.

2.-El Estado debe responder por los daños estructurales que se presentan en un edificio, si se encuentra acreditado, mediante la prueba pericial, que los daños en el inmueble fueron consecuencia del tránsito de vehículos que circulaban por una calzada que se encontraba en las malas condiciones, y que resulta coherente admitir que fueron originados a consecuencia de vibraciones causadas por el tránsito de vehículos que circulan por esa calle, cuyo pavimento se hallaba en mal estado de conservación.

3.-El deber de las autoridades de resarcir los perjuicios ocasionados a los particulares a consecuencia de su actividad no sólo nace cuando se realizan comportamientos positivos, sino que la responsabilidad puede también tener como causa fuente las omisiones estatales, puesto que puede ocurrir que, a través de una omisión de carácter antijurídico, una autoridad pública provoque una lesión a los derechos de los particulares.

4.-A fin de determinar los presupuestos que tornan procedente la responsabilidad estatal por omisión, ante los daños materiales provocados en un inmueble como consecuencia del mal estado de conservación de una calle, y toda vez que dicha responsabilidad no ha sido objeto de una expresa regulación en el ámbito local, corresponde, por aplicación analógica, recurrir a las normas del Código Civil, en particular del art. 1112 según el cual, cuando el perjuicio que sufre el particular deriva de la ejecución irregular de las obligaciones legales a cargo de los agentes públicos actuando en el ejercicio de sus funciones, es decir, como órganos de la administración, corresponde imputar al Estado la obligación de resarcir los daños ocasionados; y a su vez, la norma citada se complementa con las previsiones del art. 2340 del Cciv., según el cual quedan comprendidos entre los bienes públicos las calles, plazas, caminos, canales, puentes, y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común, siendo que la titularidad de estos bienes apareja para el Estado el deber de conservarlos y mantenerlos en forma adecuada.

5.-Toda vez que las calles de la Ciudad de Buenos Aires son bienes del dominio público del Estado, pesa sobre las autoridades de la Ciudad la obligación de conservarlas en buenas condiciones, por ello, si a consecuencia del incumplimiento de ese deber de mantenimiento y conservación, los particulares sufren un daño cierto y efectivo y, a su vez, se presentan los restantes presupuestos que hacen procedente la responsabilidad estatal, por aplicación de las normas antes citadas, corresponde que la Ciudad de Buenos Aires indemnice los perjuicios ocurridos.

6.-Corresponde rechazar la responsabilidad que se atribuye a la Secretaría de Transporte, a la CNRT y a la empresa de transporte público codemandadas por los daños producidos en un inmueble como consecuencia del tráfico vehicular por una calle que se encuentra en mal estado de conservación, toda vez que tal atribución de responsabilidad presupone que los colectivos de la empresa de transportes codemandada, al transitar por la calle en la que se encuentra el inmueble propiedad de los actores han causado los daños que motivan la demanda; y no habiéndose demostrado que el tránsito de los rodados de esa empresa en particular haya constituido una causa adecuada del daño, teniendo en consideración que no es normal ni habitual que el tránsito produzca daños en los inmuebles, más aún cuando nada indica que el tráfico vehicular en la calle presente características extraordinarias o irregulares; debe concluirse que la ausencia de elementos que permitan sostener otra explicación plausible respecto de las causas del daño coadyuva a confirmar el criterio de que las filtraciones y grietas en el inmueble se deben a las vibraciones que, aunque relacionadas con el tráfico vehicular, sólo pudieron producir esas consecuencias dañosas por el estado deficitario de la calzada.

7.-Corresponde rechazar el planteo por daño moral en relación a los daños estructurales que se presentan en un edificio como consecuencia del tránsito de vehículos que circulaban por una calzada que se encontraba en malas condiciones, en tanto no se encuentre acreditado otro tipo de sufrimiento extrapatrimonial que autorice que se conceda la indemnización reclamada, toda vez que no ‘todo’ daño extracontractual ocasiona sufrimiento emocional, y si bien el art. 1078 del Cciv. prevé la reparación del daño moral ocasionado por actos ilícitos, de ningún modo postula que todo ilícito ocasione necesariamente un daño moral, y menos aún que el damnificado se encuentre relevado de demostrar dicho daño en aquellos casos en que considera que lo ha sufrido.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de dos mil catorce, se reúnen en acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en los recursos interpuestos a fs. 728 por el GCBA codemandado y a fs. 734 por la actora contra la sentencia de fs. 720/725 en los autos «Tan Hseuh Heng y otros c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)», EXP 20731/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden:

Carlos F. Balbín, Mariana Díaz y Fabiana H. Schafrik de Nuñez.

El juez Carlos F. Balbín dijo:

I. El señor Hsueh Heng Tan por derecho propio y en su carácter de apoderado de Kuei Chiao Lin de Tan promueve una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Refiere que siete años antes del inicio de su acción, el GCBA «a través de la Secretaría de Transporte de la Nación con el aval de la Comisión de Regulación del Transporte» modificó el recorrido de la línea de colectivos 113, explotada por la empresa Bernardino Rivadavia S.A.

Así, un nuevo ramal de esa línea comenzó a circular por la calle en la que se encuentra su inmueble -Bolivia 551/3-. Explica que de esta manera se produjo un excesivo tránsito de vehículos cuyo peso no es soportado por la calzada debido a su pésimo estado. Según la parte actora, como consecuencia de ello su vivienda ha sufrido grietas en las paredes, movimiento de zócalos y caída del cielorraso.

Reclama una indemnización de $ 25.000 en concepto de «daños materiales» y $ 6.000 por la desvalorización del inmueble.Asimismo, solicita que se dicte una medida cautelar mediante la cual se disponga un recorrido alternativo para los colectivos de la empresa Bernardino Rivadavia. Funda en derecho su pretensión y ofrece prueba.

A fs. 27/28 el juez de grado rechaza la medida cautelar solicitada y decide que, en atención a la naturaleza de la pretensión, el proceso se sustancie como una demanda ordinaria, en los términos del art. 269 y sigtes. del CAyT.

En razón de ello, la parte actora adecua su demanda a fs. 32/38. A fs. 93/96 los accionantes dan cuenta del fracaso de una mediación prejudicial contra Bernardino Rivadavia S.A.T.A. y su compañía aseguradora Trainmet Seguros S.A. Asimismo, amplían demanda contra esta última firma.

Por otra parte, incluyen en su pretensión el resarcimiento del daño moral, que estiman en la suma de $ 3.000. Finalmente, solicitan como prueba anticipada que se designe perito a fin de constatar el estado del inmueble; petición a la que el juez accede a fs. 98. A fs. 108/111 contesta demanda la empresa Bernardino Rivadavia S.A.T.A., presentación a cuyos términos remito por razones de brevedad.

Allí solicita que se rechace la demanda, con costas. A fs. 128/131, 179/194, 196/227 y 254/262 hacen lo propio Trainmet Seguros S.A., la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el GCBA, respectivamente. Trainmet Seguros S.A., la CNRT, el Estado Nacional y el GCBA también oponen la excepción de falta de legitimación pasiva. Respecto de los tres últimos, el planteo fue desestimado por extemporáneo (conf. fs. 195, 263 y 229).

El tratamiento de la excepción de Trainmet Seguros S.A. fue diferido hasta el momento de dictarse la sentencia definitiva. Una vez sustanciada la prueba, el juez de grado dicta el fallo de fs. 720/725, mediante el cual hace lugar parcialmente a la demanda, con costas. Para así decidir, el a quo toma en consideración el informe del perito ingeniero.En ese sentido, destaca que un 80% de la causa de los daños es atribuible al efecto de vibraciones por el intenso tránsito pesado que circula por la calle Bolivia y el 20% restante a causas naturales, entre otras, fatiga de materiales y movimiento de suelos. Según el magistrado, las impugnaciones de las demandadas a dicho dictamen resultan endebles y no logran refutar las conclusiones del experto.

Por otra parte, destaca que mediante el informe nº 1684/EMUI/2006, la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público dio cuenta de que el estado del pavimento de la calle Bolivia a esa altura presenta irregularidades propias de la calzada de adoquines bacheadas con material asfáltico (fs. 212/213).

Así, el juez establece que se encuentra acreditado que «los daños sufridos en el inmueble de los actores se produjeron como consecuencia de vibraciones provenientes del tránsito en atención al estado deficitario de la calzada».

En punto a la atribución de responsabilidad, se refiere en primer término a la Secretaría de Transporte de la Nación y a la CNRT. Respecto de estas codemandadas, sostiene que «[l]a Secretaría de Transporte de la Nación por ser la autoridad de aplicación del servicio de autotransporte de pasajeros respecto de los permisos en sí, y la CNRT en su carácter de ente regulador y de control y fiscalización del servicio, no pueden ser pasibles de imputación del hecho de autos, toda vez que (.) su actividad se limitó a la satisfacción del interés público por medio del dictado de una autorización para el recorrido de una línea de colectivos .». En relación con Bernardino Rivadavia S.A.T.A., sostiene que tampoco es posible endilgarle responsabilidad, toda vez que los daños son atribuibles al tránsito en general.Destaca, asimismo, que por dicha arteria se desplazan micros de larga distancia cuyo peso -según refiere la propia actora- no puede ser soportado por la calzada a raíz de su pésimo estado.

Distinto es el caso del GCBA, entre cuyas funciones se cuenta el mantenimiento de las arterias. Señala, asimismo, que la Ciudad es responsable en razón del carácter de bien del dominio público que revisten las calzadas, conforme los arts. 2339, 2340 inc. 7º y 2344 del Código Civil. En consecuencia, debe responder por los perjuicios ocasionados en los términos del art. 1113 de dicho cuerpo normativo. En cuanto al alcance de la reparación, estima el daño material y la desvalorización del inmueble en la suma de $ 34.400. Sin embargo, considera improcedente la indemnización del daño moral por no haberse acreditado un sufrimiento extrapatrimonial que justifique su reconocimiento

Por otra parte, desestima la pretensión relativa a la modificación del recorrido de la línea de colectivos 113. Funda ese temperamento en el hecho nuevo invocado por los accionantes, consistente en la reparación de la acera y la calzada; como así también en que lo solicitado «colisiona con el interés de la comunidad en cuanto implica la afectación de un servicio público». Finalmente, impone las costas al GCBA.

Respecto de los otros demandados, establece que los accionantes deben cargar con las costas. La parte actora apela la sentencia a fs. 734 y funda su recurso a fs. 761/768. Sus agravios son, en síntesis, los siguientes. Por un lado, cuestiona la tasa de interés fijada por el a quo y sostiene que debe aplicarse el promedio que resulte de la tasa de descuento de documentos comerciales a 30 días publicada por el Banco de la Nación y la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha de promoción de la demanda. Por otro lado, cuestiona que se haya desestimado la demanda respecto del Estado Nacional, la CNRT y Bernardino Rivadavia S.A.T.A.En ese orden, sostiene que «la CNRT y la Secretaría de Transporte (.) no pueden sin más relevar la zona como dicen sin considerar el estado de las calzadas. Y consecuentemente la empresa de colectivos no puede sin más aceptar dicho recorrido, en miras a su utilidad empresaria y beneficio económico privado sin siquiera presentar informe de ello o dejar constancia ante la autoridad .».

Afirma que si bien el daño no es atribuible exclusivamente a la empresa de transporte codemandada, sus colectivos han incidido en un 50% en la producción del daño. En consecuencia, los codemandados resultarían solidariamente responsables. Objeta además el modo en que el juez de grado distribuyó las costas del juicio. También sostiene la procedencia de la indemnización por daño moral que fuera desestimada por el juez de grado. Por otra parte, presenta documentación en los términos del art. 231 inc. 3º del CCAyT. Según dichas piezas, el inmueble habría sido incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad. Finalmente, hace reserva del caso federal. La sentencia también es apelada por el GCBA, quien presenta su recurso a fs. 728 y expresa agravios a fs. 773/777.

La Ciudad cuestiona la responsabilidad que se le atribuye en la producción del hecho dañoso. En ese sentido, destaca que han sido las autoridades nacionales quienes decidieron implementar un nuevo ramal para la línea de colectivos nº 113, lo que generó un aumento considerable del caudal de tránsito en la calle Bolivia y mayores vibraciones en el suelo. Así, deberían responder el Estado Nacional, como titular del servicio, y la empresa Bernardino Rivadavia, como concesionaria a cargo de su explotación comercial. Destaca además que no se ha acreditado que el estado de la calzada haya generado el hecho dañoso. En relación con el monto de la indemnización, afirma que las sumas fijadas resultan elevadas y que incluso exceden lo solicitado en la demanda. A fs. 821/823 dictamina la Sra. Fiscal de Cámara. A fs.824 se elevan los autos al acuerdo de Sala.

II. En primer término, me expediré sobre la documentación aportada por la actora a fs. 759/768. Según manifiesta y se desprende de la cédula de notificación de fs. 759, esa parte tomó conocimiento de las piezas en cuestión con posterioridad a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, de fecha 8 de agosto de 2011 (fs. 719). A su vez, la presentación fue realizada en término, conforme lo previsto en el art. 231 del CCAyT (conf. cédula de fs. 782). Así pues, toda vez que la presentación fue realizada de ntro del plazo que marca el Código de rito, y ante la ausencia de oposición de la contraparte, corresponde admitir la incorporación de dicha documentación.

III. También con carácter previo al examen de los recursos de apelación, considero necesario referirme a la competencia del tribunal para entender en el pleito. Si bien las partes no han controvertido la competencia de este fuero, por tratarse de una cuestión en la que puede estar comprometido el orden público (conf. art. 2 in fine del CAyT) estimo necesario formular las siguientes consideraciones. Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que «el art. 116, CN, establece la competencia de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación en todos los asuntos en que la Nación sea parte.Sin embargo, la Corte Suprema se ha pronunciado en el sentido de que la competencia federal puede ser prorrogada de común acuerdo por las partes cuando dicha jurisdicción sea ratione personae, sin que pueda oponerse a consideraciones de orden público, toda vez que dicha facultad es renunciable por la Nación, ya que ha sido instituida en su beneficio exclusivo (Fallos 93:55, 109:397, 192:485, 202:323, entre otros)» («GCBA c/ Estado nacional s/ ejecución fiscal», EJF 303965, 30/7/2002). La regla descripta resulta aplicable en estos autos porque los términos en que las partes han sentado sus posiciones no permiten concluir que el asunto debatido sea de naturaleza federal. Es decir que, en su caso, la competencia federal estaría determinada en razón de las personas -no de la materia- y, en consecuencia, sería renunciable. Nótese que mediante esta acción los actores persiguen el resarcimiento de daños de origen extracontractual. Más allá de que en la demanda de fs. 1/3 se hace mención a una «amenaza arbitraria» e «ilegal» a los derechos y garantías de los accionantes, ni en esa presentación ni en la ampliación de fs. 93/96 se identifican concretamente normas ni actos administrativos dictados por el Estado Nacional a los que se califique como ilegítimos. Por otra parte, la pretensión inicial era más amplia y comprendía la modificación del recorrido de la línea de colectivos 113 que -según se consigna en la demanda- habría sido definido por la Secretaría de Transporte de la Nación. Sin embargo, dicha petición fue desestimada por el juez de grado (conf. punto XXIII de su sentencia a fs. 724 vta.); decisión que se encuentra firme por no haber sido apelada. Así las cosas, en esta instancia no encuentro impedimentos para concluir que, al no haber opuesto excepciones a tal efecto, las entidades nacionales demandadas han renunciado válidamente a la competencia federal. Concluidas estas consideraciones preliminares, he de expedirme sobre la cuestión de fondo.

IV.Analizaré en primer término los agravios mediante los cuales el GCBA rechaza la responsabilidad que se le atribuye en la sentencia de grado. Por razones de mejor trámite, consideraré sus argumentos en un orden distinto al seguido en el recurso. La Ciudad sostiene que no se ha probado su responsabilidad en el caso. En ese sentido, afirma que «[n]o ha quedado demostrado en autos que la condición de la calzada haya generado el evento dañoso». Según ella, los daños fueron originados por las vibraciones debidas al tránsito vehicular y por los movimientos del suelo y las características del inmueble. Agrega que el informe del perito abonaría esta conclusión, toda vez que el experto sostiene que los daños son atribuibles en un 80% al efecto vibratorio por el tránsito pesado y en un 20 % a condiciones propias del inmueble. Señala, asimismo, que «no existe elemento de convicción alguno que permita sostener que si el estado de la calzada hubiera sido otro, se hubiera podido mitigar el impacto que la gran circulación vehicular supuestamente generó en el inmueble».

A fin de establecer el mérito de los argumentos precedentes, resulta necesario reparar en los hallazgos expuestos en el informe pericial de fs. 323/328. Una lectura detenida e integral del dictamen lleva a una conclusión distinta a aquella sostenida por la Ciudad. En particular, el perito ha destacado expresamente, al referirse a los daños en el inmueble, que ellos fueron «consecuencia del tránsito de vehículos que circulaban por una calzada que se encontraba en las condiciones descriptas en los puntos de pericia .»; y que «resulta coherente admitir [que] fueron originados a consecuencia de vibraciones causadas por el tránsito de vehículos que circulan por la calle Bolivia, cuyo pavimento se hallaba en mal estado de conservación» (fs.323/323vta., énfasis agregado). Luego, a la pregunta relativa a la responsabilidad del GCBA y de las empresas de transporte, remite -entre otros elementos- a distintas fotos obrantes en el expediente que dan cuenta del mal estado de la calzada y al informe 1684/EMUI/2006 de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público de la Ciudad donde se indica que el pavimento a esa altura «presenta irregularidades propias de las calzadas de adoquines bacheadas con material asfáltico». Agrega además, en lo que aquí interesa, que «el mantenimiento de la calzada corresponde a GCBA». Si bien la Ciudad impugna el informe pericial (fs. 339), lo cierto es que en esa presentación no controvierte las observaciones del experto. En cambio, se limita a requerir algunas precisiones y aclaraciones que, por otra parte, no guardan relación con lo dictaminado en punto al estado de la calzada y su incidencia en los daños al inmueble.

Asimismo, el juez de grado consideró relevante lo señalado respecto de las irregularidades en el pavimento en el informe 1684/EMUI/2006 de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público de la Ciudad -informe que, como he señalado, también fue ponderado en el peritaje-.

Así pues, el GCBA no logra rebatir la conclusión del a quo según la cual se ha acreditado «que los daños sufridos en el inmueble de los actores se produjeron como consecuencia de vibraciones provenientes del tránsito en atención al estado deficitario de la calzada».

V. Pues bien, la existencia de tránsito vehicular ha sido una condición necesaria pero no adecuada para que las vibraciones sobre la calzada afectasen el inmueble de los demandantes. Vale recordar que «nuestro régimen causal exige la prueba del curso normal y ordinario de las cosas (arts.901 a 906 del Código Civil) y, por lo tanto, la regla es que, demostradas varias posibilidades, hay que estar a la más probable, si se ha demostrado claramente esa probabilidad» (CSJN, Fallos 330:563 ). Así, no es normal ni habitual que el tránsito produzca daños en los inmuebles. Más aún cuando, como en el caso, nada indica que el tráfico vehicular en esa calle presente características extraordinarias o irregulares: por caso, que transiten habitualmente vehículos de peso o dimensiones inapropiadas para ese tipo de calzada. Así las cosas, la ausencia de elementos que permitan sostener otra explicación plausible respecto de las causas del daño coadyuva a confirmar el criterio del a quo en punto a que las filtraciones y grietas en el inmueble se deben a las vibraciones que, aunque relacionadas con el tráfico vehícular, sólo pudieron producir esas consecuencias dañosas por el estado deficitario de la calzada. Nótese que la Ciudad tampoco identifica ninguna causa adecuada para los daños, distinta de la consignada por el juez de grado en su sentencia. En este contexto es necesario destacar que el deber de las autoridades de resarcir los perjuicios ocasionados a los particulares a consecuencia de su actividad no sólo nace cuando se realizan comportamientos positivos, sino que la responsabilidad puede también tener como causa fuente las omisiones estatales. En efecto, puede ocurrir que, a través de una omisión de carácter antijurídico, una autoridad pública provoque una lesión a los derechos de los particulares.

Ahora bien, afirmado el deber de la Ciudad de responder por sus omisiones dañosas, es necesario determinar, a continuación, los presupuestos que tornan procedente esa responsabilidad. Toda vez que la responsabilidad estatal por omisión no ha sido objeto de una expresa regulación en el ámbito local, corresponde, por aplicación analógica, recurrir a las normas del Código Civil. Así, el art.1112 del Código Civil establece las responsabilidad patrimonial del Estado por «. las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas .». Según esta norma, cuando el perjuicio que sufre el particular deriva de la ejecución irregular de las obligaciones legales a cargo de los agentes públicos actuando en el ejercicio de sus funciones, es decir, como órganos de la administración, corresponde imputar al Estado la obligación de resarcir los daños ocasionados.

A su vez, en el sub lite la norma citada se complementa con las previsiones del artículo 2340 del Código Civil, según el cual «quedan comprendidos entre los bienes públicos: [.] 7) las calles, plazas, caminos, canales, puentes, y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común». La titularidad de estos bienes apareja para el Estado el deber de conservarlos y mantenerlos en forma adecuada.

En este sentido, el Máximo Tribunal ha sostenido reiteradamente que «el uso y goce de los bienes del dominio público por los particulares importa para el Estado (considerado lato sensu) la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos . Es que la comuna, parte integrante de la administración pública encargada de atender al bienestar general, debe privilegiar la obligación de obrar ‘con prudencia y pleno conocimiento de las cosas’ (art.902 del Código Civil), especialmente en lo que se refiere al uso y goce de los espacios de libre acceso que integran el dominio público del Estado» (CSJN, «Pose, José Daniel c/ Provincia del Chubut y otros s/ daños y perjuicios» , 1/12/19 92, Fallos 315:2836; y en sentido análogo «Cebollero, Antonio Rafael y otros c/ Provincia de Córdoba s/ daños y perjuicios», 14/8/2000, Fallos 326:1910, entre otros).

De esta forma, una interpretación armónica de ambas disposiciones lleva a sostener que, toda vez que las calles de la Ciudad de Buenos Aires son bienes del dominio público del Estado, pesa sobre las autoridades de la Ciudad la obligación de conservarlas en buenas condiciones. Por ello, si a consecuencia del incumplimiento de ese deber de mantenimiento y conservación, los particulares sufren un daño cierto y efectivo y, a su vez, se presentan los restantes presupuestos que hacen procedente la responsabilidad estatal, por aplicación de las normas antes citadas, corresponde que la Ciudad de Buenos Aires indemnice los perjuicios ocurridos. Así las cosas, corresponde confirmar el criterio de la anterior instancia en cuanto concluye que el GCBA debe responder por los daños ocasionados por el deficiente mantenimiento de la calzada, que reviste el carácter de bien del dominio público. En efecto, es mi opinión que la Ciudad no logra rebatir los argumentos que han llevado al a quo a establecer -sobre la base del informe pericial de autos- que la Ciudad debe responder en razón de la incidencia que el estado deficitario de la calzada de su propiedad ha tenido en el hecho dañoso.

VI. Por otra parte, la actora cuestiona que la condena no se haya extendido a las codemandadas. Sin embargo, los argumentos que genéricamente esgrime no imponen una solución distinta a la arbitrada por el juez de grado. Por un lado, no precisa las obligaciones presuntamente transgredidas por la CNRT, la Secretaría de Transporte y la empresa Bernardino Rivadavia, como así tampoco la fuente normativa de las mismas.En relación con las dos primeras, debe señalarse además que «la circunstancia de que las actividades privadas se hallen sujetas a regulación estatal por razones de interés general o que inclusive dependan del previo otorgamiento de un permiso, licencia o habilitación, significa que están sometidas a condiciones y estándares mínimos para que los particulares puedan desarrollarlas lícitamente, pero no releva de responsabilidad personal a quien las desarrolla ni torna al Estado en co-responsable de los daños que pudieran resultar del incumplimiento de los reglamentos dictados a tal efecto. Es que, quien alega responsabilidad del Estado por falta de servicio, debe individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los órganos estatales que reputa como irregular (.) (Fallos: 317:1233)» (Fallos 329:2088 ). En el caso, la parte actora no ha cumplido con esta carga y, en consecuencia, el agravio debe ser desestimado.

Por otro lado, la responsabilidad que se atribuye a la Secretaría de Transporte y a la CNRT presupone que los colectivos de la codemandada Bernardino Rivadavia S.A., al transitar por la calle Bolivia, han causado los daños que motivan la demanda. Ello es así porque el reproche dirigido contra aquellas se basa en la decisión estatal de modificar el recorrido de dichos colectivos. Al respecto, debe destacarse que -como señala el a quo- los daños son atribuibles, en mayor o menor grado, al tránsito en general; y que la propia actora ha reconocido que frente a su domicilio se desplazan micros de larga distancia cuyo peso «no puede ser soportado por la calzada atento las pésimas condiciones en las que se encuentra» (fs. 1 vta.). En definitiva, toda vez que no se ha demostrado que el tránsito de los rodados de la firma Bernardino Rivadavia ha constituido una causa adecuada del daño, mal puede atribuirse responsabilidad al Estado Nacional por haber modificado el recorrido de esa empresa. Finalmente, el daño tampoco puede atribuirse -al menos no como causa principal o excluyente- a defectos constructivos del inmueble.En ese sentido, es de destacar que la vivienda se encuentra «en general en buen estado de mantenimiento», y las características constructivas sólo pudieron tener una incidencia del 20% en los daños (conf. las respuestas del perito a fs. 323 vta. y 324 vta., no impugnadas). Como precisaré a continuación, esta última circunstancia es relevante para determinar el alcance de la reparación debida por la Ciudad, pero no lleva a eximirla de responsabilidad.

VII. Llegados a este punto, corresponde pronunciarse sobre los rubros y montos reconocidos en la sentencia impugnada. La Ciudad cuestiona los montos estimados por el juez de grado, por considerarlos elevados. La parte actora objeta que no se haya ordenado el resarcimiento del daño moral que dice haber sufrido.

VII.1. En relación con el monto indemnizatorio estimado por daño material, la sentencia se basa en la opinión del perito, quien calculó para dicho rubro la suma de $ 28.500. Sin embargo, no debe soslayarse que la parte actora cuantificó su pretensión por este concepto en $ 25.000 (fs. 3); cifra que fue mantenida en su ampliación de demanda (fs. 95). Cabe señalar que en ninguna de esas presentaciones detalla los ítems o reparaciones considerados a tal efecto. Por su parte, la estimación practicada por el perito presenta la misma falta de precisión en cuanto a los trabajos de refacción (conf. fs. 326). A raíz de la impugnación deducida a fs. 334/335, el experto amplió su dictamen. Sin embargo, la única información adicional que brindó sobre el punto consistió en discriminar los montos correspondientes a mano de obra, materiales, «gastos generales» y beneficios. Es decir que, si bien en su informe consigna los daños constatados, no detalla concretamente cuáles serían los trabajos necesarios para su reparación. Lo apuntado no impide tener por acreditada la existencia del daño, pues el informe pericial es categórico en cuanto a su producción. Esta conclusión encuentra respaldo, además, en las fotografías obrantes a fs. 13/14.Sin embargo, esa falta de precisiones me lleva a adoptar un criterio más estricto en punto a la cuantificación de este rubro. Ciertamente, el juez no se pronuncia ultra petita si «al demandar, el actor ha exteriorizado claramente su voluntad de no limitar su pretensión a la cifra indicada, remitiéndose a la prueba a producir, o al criterio del tribunal, en aquellas cuestiones que estén sujetas a su prudente arbitrio o ponderación, no dándose en tal caso agravio constitucional si se falla más allá del importe especificado (SC Buenos Aires, Acuerdos 34.206, 38.658; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, ‘Códigos Procesales .’, t. 2, p. 763)» (CNCiv, Sala I, «V., M. N. c/ D’Angelo, Francisco y otro», 30/3/1995; LL, 1996-A,2). Ahora bien, para ello deben satisfacerse distintos requisitos. Así, por caso, la Corte Suprema ha admitido que el juez otorgue una indemnización superior a la peticionada «[c]uando un daño no puede determinarse en sus justos alcances sino después de producida la prueba, particularmente la pericia judicial .» (Fallos 266:223). Sin embargo, en la presente causa no es posible admitir tales dificultades para la cuantificación de los daños materiales pues, como ya he señalado, estos ni siquiera han sido descriptos con precisión en la demanda. Por otra parte, no parece plausible atribuir la discrepancia entre la estimación de la parte y la del perito a la depreciación por el paso del tiempo, toda vez que entre la ampliación de la demanda y la presentación del informe pericial transcurrió menos de un año. En definitiva, si bien se ha demostrado la existencia del daño y, aun cuando el perito haya realizado una estimación del daño material superior a la de la actora -sin precisar las reparaciones consideradas a tal efecto-, es mi opinión que los elementos obrantes en autos no brindan ninguna justificación para cuantificar este daño en una cifra mayor que la consignada por la parte al formular su pretensión.A mi juicio, pues, corresponde cuantificar este rubro en la suma de $ 25.000.

VII.2. En cuanto a la desvalorización del inmueble, el juez la fijó en $ 6.000, que es el monto peticionado por la actora por este concepto. Esta cifra resulta razonable a la luz de lo informado por el perito, quien estimó dicho renglón en un 7% del valor de la propiedad (fs. 326 vta.). El GCBA, por su parte, no presenta en su recurso ningún argumento a fin de demostrar que la desvalorizació fue menor.

VII.3. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el informe pericial indica que el daño comprobado se debe en un 20% a causas ajenas al GCBA, entre las que se cuenta la edad de la construcción (conf. fs. 323 vta., respuesta al punto b). En consecuencia, corresponde reducir la indemnización por daño material a cargo del GCBA a la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) y la correspondiente a la desvalorización del inmueble a cuatro mil ochocientos pesos ($ 4800).

VII.4. Resta analizar el agravio de la parte actora relativo a la indemnización por daño moral. El a quo desestimó este rubro por considerar que «no media en la especie otro tipo de sufrimiento extrapatrimonial que autorice que se conceda la indemnización reclamada .» (fs. 724 vta.). Adelanto que los argumentos esgrimidos por la recurrente no logran rebatir dicha conclusión. Por un lado, es una afirmación errónea que «[t]odo daño extracontractual ocasiona sufrimiento emocional, espiritual y angustia, que no sólo se presume (art. 1078 CC) sino que a mayor abundamiento esta parte ha probado que las averías del inmueble han causado a los actores diversos inconvenientes .» (fs. 767 vta.). En primer término, además de conceptualmente confuso es falso que «todo» daño extracontractual ocasiona sufrimiento emocional. Esa afirmación no puede sustentarse en el art.1078 del Código Civil, que si bien prevé la reparación del daño moral ocasionado por actos ilícitos, de ningún modo postula que todo ilícito ocasione necesariamente un daño moral. Y menos aún que el damnificado se encuentre relevado de demostrar dicho daño en aquellos casos en que considera que lo ha sufrido. Por otra parte, los demandantes tamp oco han acreditado que los inconvenientes a los que aluden hayan tenido entidad suficiente para producir el daño moral cuya indemnización reclaman. En su recurso aducen, refiriéndose a su vivienda, que se trata de «una necesidad básica que estamos en peligro de perder» (fs. 768). Esta afirmación resulta infundada a la luz de las conclusiones del perito, quien indicó que el inmueble se encuentra «en general en buen estado de mantenimiento» (fs. 323 vta.) y que «no existe compromiso estructural alguno a causa de las fisuras constatadas» (fs. 326 vta.). Por las razones expuestas, el agravio debe ser desestimado.

VIII. La parte actora también objeta la tasa de interés fijada en la sentencia. Esta cuestión debe resolverse con arreglo a la doctrina plenaria fijada por esta Cámara en los autos «Eiben, Francisco c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)», EXP 30370/0, 31/5/2013. En dicha oportunidad, el tribunal dispuso que, en ausencia de convención o leyes que establezcan una tasa especial, debe fijarse un interés equivalente al «promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290) .». En punto al momento desde el cual la obligación devenga intereses, de conformidad con lo expuesto sobre este aspecto por la Sra. Fiscal de Cámara (fs. 822 vta./823), cabe estar a lo solicitado por la actora en su recurso (fs.764 vta.). En consecuencia, los intereses se computarán desde la fecha de interposición de la demanda hasta el efectivo pago.

IX. Habida cuenta del modo en que se decide, corresponde confirmar la distribución de costas dispuesta por el a quo. En lo concerniente a esta instancia, en atención al éxito parcial obtenido, deben imponerse las costas en un 30% a la parte actora y en un 70% al GCBA (art. 65, CCAyT). Respecto de Bernardino Rivadavia SA -quien ha sido la única codemandada que contestó agravios en tiempo y forma (conf. fs. 801/802 y nota de fs. 818)-, las costas de alzada estarán a cargo de la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62, CCAyT).

X. Finalmente corresponde recordar que, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas ocasiones, los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas la pruebas agregadas a la causa sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones. Tampoco es imperativo que traten todos los argumentos de los recurrentes, pues basta que lo hagan únicamente respecto de aquellos decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa (Fallos 272:225, 280:320, 310:267, entre otros).

XI. Por lo expuesto, propongo al acuerdo: 1) hacer lugar parcialmente a los recursos deducidos por la parte actora y el GCBA y, en consecuencia, modificar la sentencia de grado con los alcances establecidos en los considerandos VII y VIII; y 2) confirmar la distribución de costas de primera instancia y fijar las de alzada en los términos establecidos en el considerando IX.Las juezas Mariana Díaz y Fabiana H. Schafrik de Nuñez, por los fundamentos allí expuestos, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, y habiendo dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: 1) hacer lugar parcialmente a los recursos deducidos por la parte actora y el GCBA y, en consecuencia, modificar la sentencia de grado con los alcances establecidos en los considerandos VII y VIII; y 2) confirmar la distribución de costas de primera instancia y fijar las de alzada en los términos establecidos en el considerando IX. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvase. Carlos F. Balbín Mariana Díaz Juez de Cámara Jueza de Cámara Fabiana H. Schafrik Jueza de Cámara

Magistrados:

Dr. Carlos F. Balbín;

Dra. Mariana Díaz;

Dra. Fabiana Schafrik.

Numero Fallo: 22124

 

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