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Empresa indemniza a trabajadora que padece artrosis a raíz de sus tareas como oficial de costura

shutterstock_161843147Partes: Ovejero Enrique Aurora c/ Prevención A.R.T. S.A. y otros s/ accidente – ley especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 18-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-86105-AR | MJJ86105

La artrosis que padece la actora responde al trabajo prestado para la demandada en su calidad de oficial de costura y por lo tanto, al predominar una causa adecuada, la empresa debe afrontar el pago de la reparación que se persigue.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la responsabilidad de la empleadora por la incapacidad que padece la actora puesto que tras varios años de tareas de oficial de costura, -lo que implicaba la realización de movimientos en posiciones viciosas movilizando prendas de cierto peso-, resulta verosímil que se hayan desarrollado las secuelas incapacitantes, -artrosis-, y por lo tanto, predomina una causa adecuada pues, según el curso normal y ordinario de las cosas, resulta idónea para producir el resultado encontrado.

2.-La empleadora resulta responsable por la afección que padece la trabajadora puesto que si hubiera controlado periódicamente la salud del dependiente, -en cumplimiento del deber de seguridad que estaba a su cargo por imposición legal y reglamentaria-, habría podido modificar las condiciones de trabajo de la actora y, en tal caso, se habría cambiado positivamente la evolución de sus afecciones; máxime siendo que en el examen preocupacional efectuado en oportunidad del ingreso de la trabajadora, no surge que padeciera las dolencias que son ahora objeto de reclamo.

3.-Frente a un cuadro de situación donde se presenta una concausalidad entre el trabajo realizado por la actora, -oficial de costura-, y la incapacidad, corresponde que sea el juzgador, el que decida en qué proporciones la labor desarrollada por la accionante produjo las incapacidades detectadas sin perjuicio que siempre se solicite la opinión de los médicos.

4.-No corresponde admitir una reparación por el daño psíquico que la actora dice padecer puesto que del informe psicodiagnóstico, y su evaluación por el perito médico no surge que presente una incapacidad vinculable de manera cierta y concreta al factor laboral o a la dolencia física que ha sido objeto de reclamo; máxime siendo que nada indica que los síntomas depresivos que se evidenciaron pudieran relacionarse con las alegaciones volcadas en el inicio relativas a malos tratos en el ambiente de trabajo.

5.-La aseguradora resulta responsable en los términos del art.1074 del CCiv., en forma concurrente con la empleadora, en el pago de la condena del resarcimiento integral que se debe, toda vez que la ART incurrió en omisiones a sus deberes legales, ya que las constancias de las que dan cuenta las visitas al lugar de trabajo no hacen referencia concreta a la mecánica de trabajo descripta por los testigos, y por ende, a la identificación del riesgo ergonómico en el cumplimiento de tareas que incidió causalmente en la afección que padece la actora.

6.-No corresponde admitir la responsabilidad establecida por el art.157 de la ley 19550 respecto de los socios toda vez que aquélla no es presunta sino que debe examinarse en cada caso, y en el presente no se encuentran reunidos los extremos requeridos por la norma citada; en efecto, no ha mediado irregularidad de ningún tipo que origine una ilicitud susceptible de ser encuadrada en la normativa en base a la cual se pretende responsabilizar a las personas físicas codemandadas.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Diciembre de 2.013, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

El Doctor Julio Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs.678/681 y aclaratoria de fs.731 apelan Confecciones José Contartese y Cía SRL (en adelante, «Confecciones Contartese»), Prevención ART SA y la actora, presentando sus memoriales a fs.704/725 y fs.740/741, fs.695/703 y fs.733/738 respectivamente. Los demandados Pedro Contartese y José Contartese apelan la distribución de las costas a fs.687/690 y fs.691/694 respectivamente. La perito médica apela sus honorarios a fs.726. II)- La demandada Confecciones Contartese se queja por la remuneración tomada como base de los conceptos que componen la liquidación final por el despido directo y sin causa por ella dispuesto. Apela la admisión de la sanción por falta de entrega del certificado de trabajo y destaca que reconvino por su entrega al contestar demanda, además de argumentar en torno de la suficiencia de las constancias acompañadas en esa oportunidad. Cuestiona la condena al pago de una indemnización por la incapacidad que dice padecer la demandante como consecuencia del trabajo pesado que supuestamente cumplía a sus órdenes, y se queja por la valoración de los testimonios que llevaron a la sentenciante a concluir del modo en que lo hiciera, así como de la pericia médica, en cuanto al porcentaje de incapacidad en relación causal con las tareas cumplidas para esa empresa. Resalta que la actora trabajó veinte años, según surge del informe médico, como oficial maquinista para otra firma, y seis para la aquí demandada, y que presenta un proceso artrósico que incide concausalmente en la dolencia que la incapacita, como señalara el propio perito médico.Apela por elevado el importe indemnizatorio, y por los alcances de la condena a la aseguradora. Solicita la remisión de las actuaciones al Cuerpo Médico Forense, y apela por altos la totalidad de los honorarios regulados. Apela también la resolución aclaratoria que desestimó su pretensión de que se aplicara el RIPTE sobre las prestaciones dinerarias objeto de condena a cargo de la aseguradora.

Prevención ART SA se queja por haber sido condenada dentro de los límites de la póliza del seguro contratado, que no comprende la cobertura de una afección como aquella que incapacita a la demandante, por lo que insiste en la defensa de no seguro. Apela también la imposición de las costas.

La actora, a su turno, apela que no se condenara a la aseguradora con sustento en la normativa civil, y resalta los incumplimientos en los que aquélla incurriera. Apela el rechazo de la demanda respecto de las personas físicas codemandadas los Sres.Contartese Pedro y José, del daño psíquico, y que no se regularan honorarios por los trabajos cumplidos ante el SECLO.

III)- Comenzaré por analizar la existencia de una minusvalía resarcible.

Memoro que la demandante se desempeñó como oficial en el sector de costura de la fábrica de indumentaria que explota la demandada Confecciones Contartese. Relató en la demanda que para realizar sus labores manipulaba prendas pesadas, ya que la demandada confecciona indumentaria destinada a quienes prestan servicios de seguridad (policía, militares, bomberos). La empleadora resalta los testimonios de De Angelis, Anchava, García y Ledesma, y se queja por la valoración de aquellos propuestos por la actora.

De Angelis (fs.540), quien hace tareas comerciales, manifestó que «en alguna oportunidad vio trabajar a la actora.no puede determinar precisamente qué hacía la actora solo que estaba en una máquina cosiendo.» prendas variadas como chaquetillas, camperas y sacos que son «el fuerte», y expresó que las camperas de bomberos «fue un trabajo puntual que se hizo para la pcia de Bs As y para la policía pero no era una prenda continua solo se hizo en dos oportunidades y no se volvió a repetir». Sin embargo, la testigo Ledesma (fs.549), también propuesta por la demandada, costurera, manifestó que «las prendas eran chaquetillas de la policía nada más» y dijo desconocer su peso y demás pormenores de las labores desarrolladas por la actora; y la testigo Achava, expresó que hacen camperas para instituciones como Policía de la provincia, AFIP, Gendarmería, aclarando que se hacían de acuerdo a la licitación ya que «no siempre se ganan licitaciones». Molina (fs.550) refirió que no podía ver a la actora en el lugar de trabajo, y lo mismo sucede con la declaración de García (fs.551), empleada administrativa, quien expresó que se hacen prendas de vestir, sacos y chaquetillas, pero no trabaja en el mismo ámbito que la demandante.

Por la parte actora declararon los testigos Morales (fs.464/466), Lucca (fs.467/468), Cascallares (fs.484/486) y Godoy (fs.489/491), todos ellos compañeros y compañeras de trabajo de la demandante. Morales, quien trabajaba a un metro de distancia de la actora, expresó que las prendas estaban en el piso, a veces en una caja, que la actora hacía los ruedos -con lo cual la prenda se terminaba de confeccionar-, que las prendas de bomberos pesaban unos 6 kg. y otras 3 kg., que también hacían sacos de policía y de prefectura, que la campera de bombero tenía tres telas y fierros que eran pesados.Godoy hacía casi las mismas tareas que la actora y relató que hacían ruedos de bomberos, camperas, ponía los broches, que las prendas -como eran grandes- las dejaban en el suelo, se agachaban para tomarlas y para dejarlas cuando terminaban, que hacían los pasamanos de los tapados que pesaban 3 o 4 kg., que hacían también camperas de bomberos y uniformes de gendarmería. Cascallares hace el mismo trabajo, relató que generalmente las prendas se ponen en el suelo, las levantan para ponerlas sobre la máquina, hacían el trabajo y las volvían a poner en el suelo, hacían camperas, sacos y tapados para los bomberos, que la prenda para ellos tiene tres capas de tela y unos broches grandes. Lucca mantiene juicio pendiente con la demandada por lo que su testimonio debe ser evaluado de manera estricta; expresó que la actora hacía los ruedos de camperones y capotes, que el testigo trabajaba a cinco metros de la actora, que las camperas de bomberos y de militares son pesados, entre 3 y 6 kg, que los paños se ponían en el suelo y luego se acomodaban en la máquina para hacer el ruedo, que las prendas de bomberos se confeccionaban continuamente, que tenían entre medio una tela inflamable y hebillas pesadas. En definitiva el testimonio de Lucca coincide con las restantes declaraciones, que dan cuenta de que efectivamente la empleadora confecciona indumentaria consitente en camperas, sacos, tapados, y uniformes para distintas fuerzas de seguridad -policía y gendarmería- y bomberos. La versión de la recurrente acerca de las oportunidades -a su entender esporádicas- en las que estas prendas de cierto peso para su manipulación eran confeccionadas no se condice con las declaraciones de Ledesma y Anchava, quienes en este punto coinciden con lo expuesto por los testigos de la actora.

Memoro que la Jueza «a quo» admitió que, como informara el perito médico, la accionante posee un 21% de incapacidad vinculable causalmente con el trabajo.Para así decidir, tuvo en cuenta que el experto médico tras analizar las características físicas de la accionante y sus enfermedades ajenas al trabajo -como la artrosis lumbar- consideró que éste resultaba una concausa de las afecciones físicas que la aquejan -hernias de disco lumbares -. Así las cosas, estimó que el trabajo resultaba responsable en un 70% de la incapacidad de la accionante.

Frente a un cuadro de situación donde el experto señala una concausalidad entre el trabajo descripto y la incapacidad, corresponde que sea el juzgador, el que decida en qué proporciones la labor desarrollada por la accionante produjo las incapacidades detectadas sin perjuicio que siempre se solicite la opinión de los médicos. La determinación de considerar al trabajo concausal en la producción de las incapacidades (y no causa única) responde a los factores personales de la accionante, tales como la artrosis que padece, es decir, un cuadro de degeneración natural en atención a su edad (54 años al cese) y demás particularidades reseñadas.

De acuerdo a la teoría de la causa adecuada, no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes, y se reconoce como «causa adecuada» para ver determinado un nexo de causalidad relevante aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir el resultado (conf. Jorge Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8va. edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 263).

Así las cosas, considero que tras seis años de tareas de oficial de costura realizando la actividad descripta por los testigos -que impone la realización de movimientos en posiciones viciosas movilizando prendas de cierto peso- resulta verosímil que se hayan desarrollado las secuelas incapacitantes. A esta conclusión, me permito añadir que predomina una causa adecuada pues, según el curso normal y ordinario de las cosas, resulta idónea para producir el resultado encontrado.Con base en igual ideación, si el principal hubiera controlado periódicamente la salud del dependiente, -extremo no probado por las demandadas- en cumplimiento del deber de seguridad que estaba a su cargo por imposición legal y reglamentaria, habría podido modificar las condiciones de trabajo de la Sra. Ovejero y, en tal caso, se habría cambiado positivamente la evolución de sus afecciones. Por último, la recurrente se refiere al trabajo anteriormente cumplido por la actora para otra empleadora, pero lo concreto es que ella misma (la demandada) acompañó a fs.135/143 el examen preocupacional efectuado en oportunidad del ingreso de la trabajadora, del que no surge que padeciera las dolen cias que son ahora objeto de reclamo.

Habiendo expresado esto, concluyo que las apelaciones no surtirán el efecto deseado pues tanto de la pericia médica, como de la sentencia apelada, se tienen en cuenta los factores reseñados por las demandadas como atenuantes, así y todo se concluyó que la incapacidad de la accionante está acotada y circunscripta a aquella que guarda relación directa con el factor laboral. Por ello, comprendo que su estimación en un 70% del valor de la incapacidad física (del 30%) que presenta, estimado por el perito médico, ponderando la concausalidad, es adecuado. La recurrente solicita la remisión de las actuaciones al Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, la Corte Suprema de Justiciad e la Nación puntualizó, a través de la Acordada 47/09 -que aprobó el Reglamento General de ese organismo-, la excepcionalidad de su intervención en fueros distintos del criminal, y no se verifican en autos las razones excepcionales a las que se refiere el art.2 del reglamento mencionado.La actora solicita una reparación por el daño psíquico que dice padecer, pero lo cierto es que del informe psicodiagnóstico que se acompaña a fs.611 y sgtes., y su evaluación por el perito médico (ver fs.624/625) no surge que presente una incapacidad vinculable de manera cierta y concreta al factor laboral o a la dolencia física que ha sido objeto de reclamo, y nada indica -en el informe médico- que los síntomas depresivos que se evidenciaron pudieran relacionarse con las alegaciones volcadas en el inicio relativas a malos tratos en el ambiente de trabajo. Las manifestaciones de los testigos Morales (fs.490) y Lucca (fs.467) acerca de los tratos generalizados en el ambiente de la fábrica en la que trabajaban no fueron evidenciados, a través del informe médico, como generadores o agravantes de un daño psíquico en la actora.

Propongo mantener lo resuelto en grado acerca de la incapacidad indemnizable.

IV)- La empleadora se queja por el monto diferido a condena. Señala que los $165.838 dispuestos resultan sumamente elevados si se tiene en cuenta la edad, el salario y el porcentaje de incapacidad de la accionante.

Para evaluar el importe del resarcimiento, tendré en cuenta las pautas que habitualmente utilizo (cfr. in re Ledesma Raúl c/Textil Charateña SA s/acc. civil, SD 72482 del 15/7/98), y las particularidades propias del presente caso. Es decir, la edad de la trabajadora al momento de los hechos (54 años); el tiempo de vida útil que le resta permanecer disminuido en el mercado de trabajo; que se desempeñaba como oficial en una empresa de confección de indumentaria, que su remuneración era de $3.200 en promedio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo «Aróstegui Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.y Pametal Plus y Compañía» (sentencia del 8 de abril de 2.008), donde dejó sin efecto el pronunciamiento correspondiente de la Sala III en un tema vinculado con aquella fórmula, al descalificar la utilización de cálculos matemáticos que ponen acento en la persona humana en su faz exclusivamente laboral pues – a su entender – la integridad física del trabajador debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponderle por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral.

Finalmente, la Sala III dictó el fallo «Méndez Alejandro Daniel c/Mylba S.A. y otro s/Accidente – Acción Civil» (SD 89.654 del 28/4/08), donde introdujo algunas modificaciones a las variables de la fórmula consagrada en «Vuotto», en acatamiento a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en «Aróstegui»: a) elevó la edad tope de aplicación de la fórmula a 75 años, b) tuvo en cuenta la chance o perspectiva de mejora del ingreso futuro disminuido por el daño para el cálculo de la reparación civil; y c) fijó una nueva tasa de interés de 4%.

Cabe señalar que la admisión del reclamo en concepto de daño moral resulta de la aplicación del artículo 1078 del Código Civil, conforme a la doctrina sentada por esta Cámara en el fallo plenario nº 243 en los autos «Vieites, Eliseo c/ Ford Motor Argentina S.A.» del 25/10/1982 en el que se estableció que «Es procedente el reclamo por daño moral en las acciones de derecho común por accidente del trabajo fundadas exclusivamente en el vicio o riesgo de la cosa según el art. 1113 del C. Civil» (publicada en LL 1983-A-198 y DT 1982-1665) y para establecer su cuantía, tengo en cuenta las vicisitudes por la que atravesó la trabajadora, la evolución de sus dolencias y la angustia provocada por las secuelas incapacitantes.Conforme a los parámetros expuestos considero que luce adecuado el monto del resarcimiento otorgado con fundamento en la normativa civil, por lo que propongo sea confirmado.

VI)- En lo que respecta a la responsabilidad de la aseguradora, que ha sido materia de queja por la propia aseguradora, como por las restantes partes -actora y empleadora-, fue limitada en origen a la cobertura por riesgos de trabajo. La demandada empleadora sostiene que su parte contrató una cobertura y ella debe extenderse a todos los ámbitos que deriven de un infortunio de carácter laboral, mientras que la actora insiste en que mediaron incumplimientos que justifican la aplicación del art.1074 del Código Civil. La aseguradora, como anticipara en el considerando II, sostiene que los cuadros herniarios como el que incapacita a Ovejero no están comprendidos en la cobertura asegurativa, por lo que insiste en la excepción de no seguro oportunamente opuesta.

Corresponde examinar si la aseguradora incurrió en alguna omisión a sus deberes legales, y si esa conducta ha sido jurídicamente relevante en el resultado dañoso sufrido por la actora. A partir de fs.150 constan los relevamientos efectuados en el establecimiento con relación a la iluminación -en los distintos puestos de trabajo- y el nivel sonoro, y a fs.185 se encuentra el control del riesgo de incendios. Las constancias de las que dan cuenta las visitas documentadas en las copias presentadas a fs.220 y sgtes. no hacen referencia concreta a la mecánica de trabajo descripta por los testigos analizados en el considerando III, y por ende, a la identificación del riesgo ergonómico en el cumplimiento de tareas que incidió causalmente en la afección que padece la actora.

Esta ausencia de identificación del riesgo antes puntualizado debe ser examinada en el marco de las consideraciones vertidas por la Corte Suprema de Justicia en la causa «Torrillo Amadeo y otro c. Gulf Oil Argentina S.A. y otro» (sentencia del 31 de marzo de 2009, publ. en D.T.abril de 2009, pág.468 y sgtes.), en el sentido de que la ley 24.557 «.impuso a las ART la obligación de «adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo» (art. 4.1); incorporar en los contratos que celebren con los empleadores «un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que [aquéllos] deban adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente» (art. 4.2), así como controlar la ejecución de dicho plan y denunciar todo incumplimiento de éste —y de las normas de higiene y seguridad (art. 31.1.a)— a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 4.4). Súmase a ello, además de promover la prevención mediante la información a dicha Superintendencia acerca de los planes y programas exigidos a las empresas (art. 31.1.c), el asesoramiento que deben brindar a los empleadores «en materia de prevención de riesgos» (art. 31.2.a). De su lado, la reglamentación de la LRT (decreto 170/96) detalló diversos aspectos del desarrollo del plan de mejoramiento, al paso que previó, tanto que éste debía ser redactado «en lenguaje claro, procurando evitar el uso de conceptos equívocos, de modo que el empleador pueda comprender con claridad sus compromisos e identificar los aspectos que debe mejorar para adecuarse a la legislación vigente» (art. 5°), cuanto que su marcha debía ser vigilada por las ART «en los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de las observaciones efectuadas en el formulario que a tal fin disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo», lo cual implicaba verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el plan (art. 19, a y b). El decreto citado también precisó que las ART debían brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a. determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b.normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c. selección de elementos de protección personal, y d. suministro de información relacionada a la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos (art. 18). El art. 19, a su turno, después de disponer que las ART «deberán realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo», destacó entre aquéllas, v.gr., brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos (inc. c); promover la integración de comisiones paritarias de riesgos del trabajo y colaborar en su capacitación (inc. d); informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevención establecido en la LRT (y en el propio decreto reglamentario), en particular sobre los derechos y deberes de cada una de las partes (inc. e), e instruir a los trabajadores designados por el empleador, en los sistemas de evaluación a aplicar para verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento (inc. f). Todo ello, sin perjuicio del deber de colaborar en las investigaciones y acciones de promoción de la prevención que desarrolle la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (inc. g).» (considerando V del voto de la mayoría).

En el precedente mencionado se explica también, en el considerando VI, que la s aseguradoras han «.sido destinadas a guardar y mantener un nexo «cercano» y «permanente» con el particular ámbito laboral al que quedaran vinculadas con motivo del contrato oneroso que celebrasen. De ahí, que las obligaciones de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia, por emplear algunos de los términos de la normativa ya enunciada en el considerando anterior, exigen de las ART, al paso que las habilitan para ello, una actividad en dos sentidos.Primeramente, la adquisición de un acabado conocimiento de la específica e intransferible realidad del mencionado ámbito laboral, para lo cual éste, por así decirlo, debe mantener sus puertas abiertas hacia las ART. Seguidamente, el obrar de éstas sobre dicha realidad, para que se adecue, de ser necesario, a los imperativos de la prevención, incluso mediante la denuncia. Dicho conocimiento individual y directo de esas realidades, sumado, por cierto, a los saberes especializados en materia de prevención con que deben contar, constituyen el par de circunstancias con base en las cuales la LRT formula, mediante precisas obligaciones, su apuesta innovadora a favor de la actuación de las ART, como vehículos útiles y apropiados para prevenir in concreto los riesgos del trabajo.».

En mérito a lo expuesto, considero que la aseguradora resulta responsable en los términos del art.1074 del Código Civil, en forma concurrente con la empleadora, en el pago de la condena del resarcimiento integral establecido en la anterior instancia y confirmado -en su importe- a través de la presente. Propongo revocar en este sentido el fallo de grado.

Esta forma de resolver acerca de la responsabilidad de la aseguradora torna abstracto el tratamiento de su recurso, así como del segmento del memorial de la empleadora relativo a la aplicación del RIPTE.

VII)- Continuaré por el análisis de las apelaciones vertidas en torno de la acción por despido, el que fuera dispuesto en forma directa y sin causa por la demandada en fecha 30/3/2011 (fs.39). La actora alegó que la mejor remuneración ascendía a $3.200 mensuales, pero la Jueza «a quo» tomó el salario de enero de 2011, que según el informe que emitió a través del sistema informático de AFIP asciende a $3.762,40.La demandada sostuvo que esta suma contiene cifras que no son normales ni habituales, a cuyo efecto se sustenta en los recibos de pago agregados a fs.279 y sgtes., pero esta documentación fue desconocida por la actora a fs.420/423, por lo cual no encuentro sustento para esa pretensión recursiva.

Asimismo se agravia la demandada de que se haya liquidado la indemnización sustitutiva del preaviso sobre dicha base cuando, a su criterio, habría que recurrir a un criterio de «normalidad próxima». Estimo que le asiste razón en el plano jurídico, pues se ha dicho que para el cálculo del preaviso omitido debe aplicarse el principio de la «normalidad próxima», noción que supone e intenta poner al agente en situación remuneratoria lo más cercana posible a aquella en que se hubiera encontrado si la rescisión no se hubiera operado y cuyo resarcimiento tiene como base la remuneración que el trabajador habría percibido durante el lapso del preaviso omitido (CNAT, Sala I, 18/11/96, SD 69.561, «Ramírez, Carlos Ignacio c/ Coca Cola s/ Despido»). Aclaré que la razón lo es desde el punto de vista jurídico, pero si estamos al último mes trabajado -marzo de 2011- el salario que surge de fs.677 es superior al que surge del «harto aludido Anexo VI» (ver memorial a fs.707)-, recibos reitero no reconocidos y cuya prueba no ha sido instada por la parte. En consecuencia, por imperio de la «reformatio in pejus» propongo confirmar lo resuelto.

En cuanto al lapso computable a los fines del SAC proporcional, donde el recurente sostiene que ha mediado un error de cálculo, la Jueza computó 3 meses y no la sumatoria de los días.El mes de febrero, aún cuando en el calendario tenga 28 días, a los fines salariales -de una trabajadora que cobra por quincena, como Ovejero, o mensualizada- se computa a razón de un salario íntegro, es decir, de 30 días, por lo que es ajustado a derecho el cálculo realizado por la sentenciante.

VIII)- En orden a la indemnización reclamada con fundamento en el art.45 de la ley 25.345, toda vez que la intimación exigida por la norma para acceder a dicho resarcimiento sólo puede cursarse una vez que el empleador se encuentre en mora respecto de su obligación de entregar las certificaciones, supuesto que se configura a los treinta días de extinguido el contrato de trabajo conforme a lo determinado por el decreto 146/01, la queja de la demandada obtendrá favorable acogida. En efecto, no advierto cumplimentado este requisito en el sub-lite, dado que no se acompañó intimación alguna en este sentido, por lo que propondré descontar esta partida ($11.286) del total indemnizatorio.

La entrega de un certificado de trabajo diverso del acompañado a la causa con el responde/reconvención por consignación no ha sido objeto de resolución por la sentencia de grado, ni de agravio por la actora interesada, por lo que nada corresponde en esta instancia resolver.

IX)- Con respecto a la responsabilidad establecida por el art.157 de la ley 19550 respecto de los socios Sres. Contartese, sobre la que insiste la actora, argumentando el mal desempeño de su cargo atento a los parámetros fijados en el art.59 (L.S.C.), he señalado en forma reiterada que aquélla no es presunta sino que debe examinarse en cada caso, no encuentro reunidos en autos los extremos requeridos por la norma citada. En efecto, no ha mediado en el sub examine irregularidad de ningún tipo que origine una ilicitud susceptible de ser encuadrada en la normativa en base a la cual se pretende responsabilizar a las personas físicas codemandadas.En lo que se refiere a la aplicabilidad del art.54 de la ley 19550 me remito a lo expuesto en mi voto en la causa «Meis Juan Carlos y otros c/Leanding Producciones S.R.L. y otro s/despido» (SD. 75.066 del 15/11/99), y a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «Carballo Atilano c/Kanmar S.A. (en liquidación ) y otros» (C.972.XXXVI).

En cuanto a la distribución de las costas efectuada en el decisorio apelado por ambos codemandados Contartese, destaco que el art. 68, 2do. párr. del CPCCN, faculta al juez a apartarse del principio general de imposición de costas al vencido, «siempre que encontrare mérito para ello». El mérito a que alude la norma existe cuando se ha litigado mediante «convicción fundada» acerca de la existencia del derecho invocado, por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de las leyes o cuando esas cuestiones tienen complejidad jurídica (esta Sala, in re Marquez Conrado Francisco c/Banco Provincia de Corrientes, SD 57641 del 20/9/89). En el caso de autos, donde se han discutido múltiples aspectos de la relación laboral en orden a su ruptura y a los daños sufridos como consecuencia del trabajo, teniendo en cuenta las particulares circunstancias de los hechos debatidos en autos, estimo adecuada la distribución de las costas en el orden causado (art. 68, 69 y conc., CPCCN). Las demandadas vencidas soportarán las costas (ver fs. 680 vta.).

X)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurrido atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que los mismos son adecuados y deben ser confirmados (art.38 LO; ley 21839 y ley 24432; dec.16.638/57).

A los fines de la regulación de los honorarios por las tareas del letrado interviniente por la parte actora ante el SECLO, quien la solicita en su apelación, es necesario tener en cuenta el mérito y extensión de dichas tareas, así como las facultades conferidas al Tribunal por el art. 38 L.O., los arts. 1,3,6,57,58 y 59 de la ley 21839 (modif. por la ley 24432) y normas arancelarias de aplicación (CNAT, Sala I, SI 58391 31/10/07 «Cuadra Gutierrez, Verónica c/ New North SA y otros s/ despido»). Propongo pues regular sus honorarios en el 10% de la suma que la representación letrada de la parte actora deba percibir por su actuación en sede judicial en primera instancia (conf. art.33 de la ley 21839).

XI)- En definitiva, propongo: a)- Confirmar la sentencia en lo principal que decide, extendiendo la responsabilidad en la acción por enfermedad accidente a la aseguradora con costas también a su cargo (art.279 y 68, CPCCN); b)- Reducir la condena en la acción fundada en la Ley de Contrato de Trabajo a la suma de $4.717 con más los accesorios fijados en origen; c)- Costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas en lo sustancial de sus respectivos recursos (art.68, CPCCN) y regular los honorarios de los letrados intervinientes por la actora, demandada y aseguradora, en el 25% respectivamente de lo que les corresponda por la totalidad de sus actuaciones profesionales en la anterior etapa; d)- Regular los honorarios de la representación letrada de la actora, por su actuación ante el SECLO, en la forma dispuesta en el considerando X segundo párrafo; e)- Declarar que la totalidad de los honorarios regulados deberán calcularse sobre el nuevo importe de condena que surge de la modificación efectuada en el presente pronunciamiento respecto de los créditos indemnizatorios por despido.

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A méritode lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Confirmar la sentencia en lo principal que decide, extendiendo la responsabilidad en la acción por enfermedad accidente a la aseguradora con costas también a su cargo (art.279 y 68, CPCCN); b)- Reducir la condena en la acción fundada en la Ley de Contrato de Trabajo a la suma de $4.717 con más los accesorios fijados en origen; c)- Costas de Alzad a a cargo de las demandadas vencidas en lo sustancial de sus respectivos recursos (art.68, CPCCN) y regular los honorarios de los letrados intervinientes por la actora, demandada y aseguradora, en el 25% respectivamente de lo que les corresponda por la totalidad de sus actuaciones profesionales en la anterior etapa; d)- Regular los honorarios de la representación letrada de la actora, por su actuación ante el SECLO, en la forma dispuesta en el considerando X segundo párrafo; e)- Declarar que la totalidad de los honorarios regulados deberán calcularse sobre el nuevo importe de condena que surge de la modificación efectuada en el presente pronunciamiento respecto de los créditos indemnizatorios por despido.

Regístrese, notifíquese, comuníquese (art. 4°, Acordada CSJN N° 15/13) y devuélvase.

Julio Vilela

Jueza de Cámara

Gabriela A. Vázquez

Juez de Cámara

Ante mi:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

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