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Indemnización por pérdida de chance a quien fue atacada por un paciente en un centro de salud

b005f949eb505a47e7081062e4beca7ac0490114Partes: Ortega Maria Cristina c/ Blanef S.A. y otros s/ accidente-acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 31-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86079-AR | MJJ86079 | MJJ86079

Se indemniza por pérdida de chance a una trabajadora que sufrió incapacidad parcial y permanente a raíz de la agresión de un paciente. 

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que han quedado configurados los presupuestos para la responsabilidad de la empleadora en los términos del art. 1113 del Cciv. ya que puede inferirse que la actora ha sufrido un accidente en ocasión de trabajo, cuando al querer sacarle el mate a un interno de grave deficiencia mental, este tuvo un brote de agresividad y la arrojó al piso ocasionando un golpe muy fuerte; por ende, las condiciones laborales no eran las adecuadas.

2.-Cabe admitir que existió nexo causal entre el accidente y la prestación de tareas, toda vez que la incapacidad que padece la actora fue consecuencia de los fuertes golpes que recibió de parte de uno de los pacientes internados en la institución, por lo tanto, se concluye que prestó servicios sin las medidas de seguridad que corresponden; máxime siendo que la trabajadora estaba encargada de la atención de pacientes con una sensibilidad diferente a la de cualquier persona.

3.-Toda vez que la actividad desplegada por la trabajadora resulta riesgosa del modo en que se realizaba, que la incapacidad detectada en la actora tuvo origen en la actividad laboral, que no se probó la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, han quedado configurados todos los presupuestos para la responsabilidad en los términos del art. 1113 del CCiv.

4.-Corresponde admitir, además del resarcimiento por daño material y daño moral, una indemnización por la pérdida de chance, dado que el grado de incapacidad parcial y permanente que padece la actora, le produjo una disminución en su capacidad de ganancia proyectada, impidiéndole obtener un ascenso o una mejor ocupación para el resto de su vida útil.

5.-Toda vez que la accionante ha perdido en forma definitiva la chance de obtener un trabajo mejor o un nuevo trabajo de cualquier tipo, toda vez que para hacerlo se requiere una salud plena y los daños causados a la actora en su salud son irreversibles, corresponde admitir el rubro pérdida de chance ante la indudable dificultad al momento de pretender reinsertarse en el mercado productivo.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2014, para dictar sentencia en estos autos: «Ortega, Maria Cristina c/ Blanef S.A. y otros s/ Accidente-Acción Civil» se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I- En estos autos se presenta el actor y entabla demanda contra Blanef S.A., para quien dice haberse desempeñado en relación de dependencia en las condiciones y las características que explica; y contra Prevención A.R.T. S.A.

Señala que ingresó a trabajar el 18 de diciembre de 2006 desarrollando tareas de asistente.

Denuncia que el el 15 de julio de 2007, sufrió un accidente laboral, mientras cumplía con su tarea, ya que un paciente con grave retardo mental, en forma sorpresiva la agredió, tirándola al suelo provocándole fuertes traumatismos en el brazo y hombro derecho.

Describe que en un principio fue atendida por la Obra Social, y luego por la ART.

Detalla que el 7 de agosto de 2007 fue intervenida quirúrgicamente por su dolencia en el hombro derecho.

Afirma que como consecuencia del accidente padece una incapacidad laborativa del 20% de la t.o.

Imputa responsabilidad objetiva a la empleadora (art. 1.113 C.C.), y a la A.R.T. en los términos dispuestos en los arts. 1109, 1074, y 902 C.C.

A fs. 143/150 Blanef S.A. contesta demanda, reconoce la relación laboral y la existencia del siniestro.

Niega todas y cada una de las manifestaciones vertidas en el escrito de inicio, salvo las expresamente reconocidas.

A fs. 118/137 contesta Prevención ART S.A., realiza una negativa pormenorizada de las cuestiones denunciadas por la actora.

En la sentencia de primera instancia que obra a fs. 447/452, tras el análisis de los elementos de juicio aportados a la causa, la «a quo» decide en sentido favorable a las principales pretensiones de la actora.

Hay apelación de la actora (fs.461/465), de la demandada Blanef (fs.457/458) y del perito contador quien cuestiona la regulación de sus honorarios (fs. 455).

II- Apelación demandada

Aduce el agraviado, que no existe en el expediente probanzas que acrediten que la actora haya sufrido el accidente tal como se describe en el escrito de inicio y que la incapacidad sobreviniente guarde relación con ello.

Advierto que no le asiste razón al apelante, en este punto, ya que de las testimoniales glosadas en la causa, puede inferirse, sin temor a equivocarse, que la actora ha sufrido un accidente en ocasión de trabajo, cuando al querer sacarle el mate a un interno de grave deficiencia mental, este tuvo un brote de agresividad y la arrojo al piso ocasionando un golpe muy fuerte.

Los testigos Medina (fs. 306), Alderete (fs. 302/303), dan detalles de los hechos ocurridos el día accidente y describen, el infortunio sufrido por la actora.

Lo anteriormente analizado me lleva a concluir a la luz de las reglas de la sana critica (art. 386 C.P.C.C.N.), que las condiciones laborales en las cuales desarrollaba su tarea la actora, no eran las adecuadas, lo cual produjo el accidente del 15 de julio de 2007, ya que los testigos han tenido conocimiento directo de los hechos controvertidos en este punto por lo tanto sus dichos comprometen a las demandadas ya que resultan plenamente convincentes por su precisión y concordancia intrínseca (art. 90 L.O.).

En cuanto a la nexo causal que se cuestiona, en primer término cabe destacar que el perito médico a fs. 230, luego de un extenso y fundado informe concluye que la actora presenta una minusvalía orgánico funcional en miembro superior derecho por fractura de clavícula con repercusión neurogenica periférica.Presenta una incapacidad parcial y permanente del 20%; y agrega que de probarse la mecánica accidentológica, las secuelas guardan relación con el hecho.

A mi juicio el perito médico realiza un informe fundado, siendo además el estudio más reciente y por lo tanto el que mejor testimonia el estado de salud de la trabajadora al momento de dictar sentencia. Amén de ello, sus conclusiones no logran ser desvirtuadas por las impugnaciones de las partes, en la que sólo se limitan a manifestar disconformidad, de modo que constituye prueba pericial idónea (fs. 386 del Código Procesal).

De este modo, si bien las conclusiones periciales no son vinculantes para el Juez, lo cierto es que por importar las mismas la necesidad de una apreciación científica especifica de la ciencia médica (campo de actuación del experto y ajena a los conocimientos del judicante), para apartarse de su dictamen es indispensable acercar a la causa elementos de juicio suficientes que permitan concluir de una manera fehaciente, que el profesional ha incurrido en error; cuestión que no se da en el presente pleito.

Lo antes analizado resulta concluyente teniendo en cuenta las testimoniales analizadas ya que no tengo duda alguna al afirmar que el factor laboral generó el «daño» como causa eficiente y desencadenante del perjuicio sufrido por la trabajadora, ya que prestó servicio sin las medidas de seguridad que corresponden para la prestación de una actividad sin que la misma implique peligro a la salud de los trabajadores, recordemos lo sensible de la labor de la trabajadora, pues estaba encargada de la atención de paciente con una sensibilidad superior a cualquier persona (tal como lo describe la propia empleadora en su contestación a fs. 146).

Aduce la demandada, que ha existido culpa de la víctima en los hechos, más no indica un fundamento fáctico o jurídico que avalen su postura, sino que se limita a hacer conjeturas y alegación de parte, carente de sustento.

Y bien, sentadas las premisas precedentemente expuestas y probado que fue:a) que la actividad desplegada por la trabajadora resulta riesgosa del modo en que se realizaba; b) que la incapacidad detectada en la actora tuvo origen en la actividad laboral; d) que no se probó la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder; sin dudarlo entiendo que han quedado configurados todos los presupuestos para la responsabilidad en los términos del art. 1113 del Código Civil.

III- Apelación Actora y Demandada.

Ambas partes cuestionan el monto de condena dispuesto por la sentenciante, la demandada plantea su desacuerdo respecto al daño moral dispuesto en el fallo, mientras que la actora sostiene que el mismo resulta «magro» y reclama se haga lugar a la pretensión por perdida de chance.

Con respecto a los rubros por los que ha de prosperar la presente acción, deseo destacar en primer término que al abordar mi trabajo «La reparación integral en materia de infortunios laborales, la obligación de reparar y de prevenir, ambas como derivaciones del principio constitucional «Alterum non laedere» (publicado en Errepar, DEL Nº 234 febrero de 2005 T. XIX) señalé que el Máximo Tribunal, luego de extensas y profundas consideraciones, entre las que se menciona el art. 19 de la Constitución Nacional, con contenido del «alterum non laedere» como principio general, entrañablemente vinculado con la idea de reparación, se refiere a la yuxtaposición de la responsabilidad en los artículos 1109 y 1113 del Código Civil, que consagran el citado principio constitucional.

Sobre la base de la necesidad del abandono del criterio del enfoque de la vida con criterio economicista y afirmando que el hombre no es esclavo de las cosas, ni de los sistemas económicos, ni de la producción y de sus propios productos, la Corte Suprema se adentra en el concepto de reparación integral.

Luego, ya entrando en el detalle de los ítems que debe comprender la reparación íntegra del daño sufrido mencioné el daño emergente en el sentido de la pérdida sufrida a causa del hecho (arts.519 y 1069 del C.C.), el lucro cesante abarcativo de las ganancias dejadas de percibir; también debe estar el daño moral que se proyecta sobre derechos subjetivos.

La Corte Suprema ha expresado reiteradamente -y también en los últimos tiempos- que la indemnización debe ser justa, alcanzando sólo este estatus cuando exime de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra si el perjuicio persiste en cualquier medida.

Es que debe haber protección indemnizatoria psíquica, física y moral frente a supuestos regidos por el «alterum non laedere», como consideración plena de la persona humana y teniendo en cuenta los imperativos de la justicia de la reparación seguidos por nuestra Constitución Nacional.

Agregué como síntesis, que en definitiva debe abarcar el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño al proyecto de vida (pérdida de chance), el daño estético -si se hubiera producido- y cualquier otro menoscabo que haya sufrido la víctima (ver trabajo citado).

Dicho ésto y respecto a la cuantía del resarcimiento («pérdida de chance», «daño moral», ,etc), en primer lugar cabe recordar que, por la vía del derecho común, el Juez se encuentra facultado para determinar el monto de la condena de acuerdo con las pautas de la sana crítica y la prudencia, pero no está en modo alguno obligado a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo dictado recientemente, memorando entre otros el fallo «Aquino…», señaló lo siguiente «… la doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y reiterado que «el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales» ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo,puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres» («Aquino» , votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio, y Highton de Nolasco, Fallos 327:3753, 3765/3766, 3787/3788 y 3797/3798 y sus citas; y «Díaz», voto de la jueza Argibay, Fallos: 329:473,479/480 y sus citas).

Allí el Máximo Tribunal t ambién recuerda «…diversos pronunciamientos vinculados, al igual que los citados anteriormente, con infortunios laborales en el contexto indemnizatorio del Código Civil, que la incapacidad del trabajador por un lado, suele producir a éste «un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc». y que, por el otro, debe ser objeto de reparación al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable» (Fallos 308:1109,1115 y 1116). Asimismo dice que «… no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio» (Fallos 310:1826, 1828/1829). Tampoco ha dejado de destacar que en el ámbito de trabajo incluso, corresponde indemnizar la pérdida de chance cuando el accidente ha privado -como en el caso de autos y conforme lo señalara el perito médico en su informe- de la posibilidad futura de ascender en su carrera(Fallos:308 1109,1117)». Ver fallo completo «Arostegui Pablo Martín c/ Omega seguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pameta al Peluso y Compañía» ,S.C.A., Nº 436, L.XL.

Pues bien, luego de todo lo señalado «ut supra», estimo que la Sra.Ortega, además del resarcimiento por daño material y daño moral; le corresponde una indemnización por la pérdida de chance, dado que conforme ha quedado acreditado en autos (v.pericial médica de fs.230 y 239) el grado de incapacidad parcial y permanente que padece la actora, le produjo una disminución en su capacidad de ganancia, proyectada impidiéndole obtener un ascenso o una mejor ocupación para el resto de su vida útil.

Puede decirse que el accionante ha perdido en forma definitiva, la chance de obtener un trabajo mejor o un nuevo trabajo de cualquier tipo, ello toda vez que para hacerlo se requiere una salud plena tanto física y los daños causados a la actora en su salud son irreversibles, provocándole una indudable dificultad al momento de pretender reinsertarse en el mercado productivo.

No puedo dejar de destacar que en el caso de autos, la actora ha sufrido una frustración de ganancias o ventajas económicas, encontrándose privada del enriquecimiento patrimonial.

En efecto, la chance como expectativa, lo que requiere desde el punto de vista probatorios es que el juez cuente con los elementos de proyección necesarios para trazar una línea semi imaginaria de futuro.

En el caso que nos ocupa, es fácil advertir que las tareas que realizaba la actora requerían para ser repetidas en un futuro de una plenitud física que quedo probado que ya no tiene.

Sobre la base de lo expuesto debe concluirse y así lo propongo, que la trabajadora no va tener facilidad para un nuevo puesto de trabajo, como tampoco, para desempeñarse en la vida de la manera que lo venía haciendo.

El derecho a la chance requiere del juez una operación intelectual que lo eleve con los elementos probados que se encuentran en autos, y que muestran lo concreto de la situación, a lo abstracto, que es una presunción de futuro, que en el caso en examen, es fácilmente advertible en un análisis llevado tanto desde la lógica formal, como desde la lógica informal oreal que funciona como base de derecho en general.

IV- De acuerdo con tal criterio, teniendo en cuenta el grado de incapacidad de la actora (20% física); su salario ($1.979), la edad a la fecha del accidente (52 años), la vida útil que le restaba,etc., me parece adecuada una indemnización por daño material $100.000, por daño moral $30.000, por pérdida de chance $70.000; lo que totaliza la suma de $200.000 suma que devengara intereses tal como ha sido fijado en la instancia anterior.

V- Agrego finalmente, en cuanto a las restantes consideraciones vertidas en el escrito sobre esta cuestión, que -tal como la Corte Suprema de justicia de la Nación ha sentado criterio- el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en «Código Procesal.» Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo – Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: «Bazaras, Noemí c/ Kolynos»; S.D. 32.313 del 29.6.99).

VI- Atento lo normado en el art. 279 propicio mantener los porcentuales escogidos por el Sra. Jueza a los efectos de justipreciar los emolumentos correspondientes a la etapa anterior de los profesionales actuantes en autos, pero sugiero se modifique la base regulatoria, tomando como tal el nuevo monto de condena que dejo propuesto en el apartado anterior.

VII- En caso de ser compartido mi voto, propicio que las costas en ambas instancias resulten a cargo de las demandadas vencidas y se regulen honorarios a la representación letrada de la actora en un 35% y a la demandada en el 25%, de los determinados para la instancia anterior (art.14 de la ley 21.839).

LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA DIJO:

La parte demandada apela la sentencia de primera instancia y sostiene en primer lugar que le causa agravio que se haya considerado probada la existencia de incapacidad laboral en la accionante. Afirma que existirían inconsistencias entre lo denunciado en la demanda, lo que surge del proceso de atención médica a la actora por parte de la ART y lo informado en la pericia médica practicada en autos. Además cuestiona los estudios en los que se basó la perito médica por haber sido efectuados en forma privada por la actora.

Adelanto que en mi opinión este aspecto del recurso no habrá de tener andamiento.

En primer lugar, ponderando lo informado por la perito médica a fs. 193/198, teniendo en cuenta además lo que surge de la documental agregada a fs. 97 por la co demandada Prevención ART S.A., y el detalle de las prestaciones y diagnósticos que surgen de los antecedentes de fs.93/94 también adjuntados por Prevención ART S.A., surge claramente constatado el daño padecido por la actora en el miembro superior derecho, como asimismo que fue sometida a cirujía.

En tanto la incapacidad detectada por la perito médica designada en autos se basó en las limitaciones funcionales en el miembro superior derecho, y dado que la afección de este último resulta corroborada por los antecedentes acompañados en autos por la co demandada Prevención ART S.A., algunos de los cuáles fueron referenciados precedentemente, y de los que surge el detalle de la intervención quirúrgica de la que fue objeto la accionante, no se advierten elementos suficientes para motivar la revisión de lo actuado en el punto en la sentencia en crisis.

Luego la demandada se agravia porque sostiene que se debió ponderar la existencia de culpa de la actora, pero en este punto no puedo soslayar que los argumentos que ahora ensaya no fueron detallados oportunamente al contestar la demanda.

En efecto, en dicha oportunidad la demandada, luego de negar la existencia del accidente denunciado en el inicio, manifestó que la actora se desempeñaba como asistente, siendo su tarea ayudar a los internos a tomar su medicación, trasladarlos al baño, ayudar a alimentarlos. Un poco más adelante (fs. 147vta.), expresó que se iba a probar la existencia de culpa de la actora en la producción del supuesto accidente, por cuanto la misma no estaba preparada para asistir a los enfermos psiquiátricos (sic).

De lo expuesto se desprende la contradicción de la accionada quien sostiene que las tareas que asignó a la accionante eran las de asistir a los internos, pero luego pretende que hubo culpa de la dependiente por no estar preparada para dicha tarea.

En todo caso, lo cierto es que en ningún momento se detalló en el responde en qué habría consistido esa supuesta culpa de la actora, por lo que todo lo demás expuesto sobre el punto en el recurso deviene extemporáneo conforme art.277 CPCCN.

La demandada se agravia porque se hizo lugar al reclamo de daño moral, pero en este punto el recurso en mi opinión no constituye una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia, en tanto la recurrente se limita a sostener que efectuó la denuncia prevista en la LRT y que no se probó incapacidad psicológica alguna, elementos que no resultan conducentes para motivar la revisión de lo actuado.

En lo que respecta al recurso de la parte actora y las costas y honorarios del juicio, adhiero por sus fundamentos al voto de la Dra. Estela M. Ferreirós.

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar el fallo y elevar la condena a la suma de $200.000 (doscientos mil pesos) más intereses según se han fijado en la instancia anterior. 2) Declarar las costas de ambas instancia a cargo de las demandadas vencidas. 3) Mantener los porcentajes escogidos por la «a quo» como honorarios a la representación letrada de la actora y demandadas pero teniendo como base el nuevo monto de condena. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la actora en un 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) y a la demandada en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), de los determinados para la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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