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Comentario a propósito de las Actas 2600 y 2601/2014 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

2338_tapa_2742009_193747Fecha: 18-jun-2014

Cita: MJ-MJN-80059-AR

Por Dra. Andrea Amarante (*)

1. Como laboralista, el primer comentario relativo a las Actas 2600/2014 y 2601/2014 es una bienvenida a esta iniciativa que representa la intención de algunos integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de proteger los créditos de los trabajadores.

Por tratarse de un Acta, no es de acatamiento obligatorio por parte de los jueces de grado, los que, en definitiva, adoptarán las soluciones que estimen más justas en los casos en que deban entender, pudiendo resolver aplicar, incluso, mayores niveles protectorios, situación que ya viene dándose en la práctica.

A través de esta Acta se trata de fijar y exteriorizar un criterio que en las votaciones parciales no ha sido unánime y refleja distintas posiciones de mayoría y minoría. Respecto a esta última, entiendo no está obligada a su aplicación y solamente veremos los resultados cuando se resuelvan los expedientes en las Salas que tal minoría conforma.

Sin pretender analizar -en este breve comentario- la naturaleza jurídica de este instrumento, creo que no reviste fuerza legal suficiente para ser impuesto como única solución posible aplicable al tema, dado que como se ha señalado durante los debates, «lo que surja de esta Acta no tiene carácter vinculante». (1)

2. Actas CNAT Nº 2600/2014 y 2601/2014

2.1. Acta 2600/2014 : se resuelve modificar lo establecido en el Acta 2357/2002, por 20 votos a favor y dos votos por la negativa a tal modificación, de los Dres. Fontana y Vilela.

Asimismo, se resuelve pasar a tratamiento en una próxima reunión las siguientes cuestiones: determinación de la nueva tasa de interés aplicable y desde qué fecha comienza a regir.

2.2. Acta 2601/2014 : se resuelven los dos puntos pendientes:

* Aplicar la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino que otorga el Banco Nación con plazo de 49 a 60 meses, justificándose este plazo, «en razón de la extensión promedio de los juicios». (2)

La denominación actual -«Préstamos Personales Libre Destino»- reemplazó a las anteriores a partir de la Reglamentación 419 del 23/3/2013 del Banco Nación. La inmediata anterior era «Préstamos Nación Personales», cuya vigencia comenzó con la Reglamentación 405 del Banco Nación del 11/12/2008, y la previa a ella se denominaba «Préstamos Personales y Familiares», pero en todos los casos los porcentajes publicados responden a la misma tasa de interés. En este tema, la votación resultante es de 19 votos a favor con tres votos en contra de los Dres. Fontana, Pinto Varela y Vilela.

* En torno al segundo tema de debate, se prioriza el «principio pro operario» y ante el hecho de que hubo una condena, entonces, se reconoce «la existencia de un crédito en un tiempo anterior, el cual entró en mora cuando no se pagó». (3)

A pesar de esta posición, la votación resulta bastante ajustada, con 12 votos a favor y 10 votos por la negativa.

En definitiva, el Acta resuelve la aplicación de la tasa referida precedentemente, comenzando a regir desde que cada suma es debida respecto de causas que se encuentran sin sentencia y con relación a los créditos del trabajador.

3. Pareciera que los honorarios de los profesionales intervinientes, especialmente el/los letrados del trabajador, han quedado por fuera de la aplicación del Acta, ya que la referencia es expresa a los «créditos del trabajador».

Sin duda y, siempre esperanzada, entiendo que la omisión puede deberse a la convicción de que nuestros honorarios tienen carácter alimentario y su protección se encontrará bajo el tácito paraguas interpretativo de tal regla.

4. El tratamiento de estas cuestiones y las decisiones que se han tomado se dan en un marco contextual, en cuya conformación no puedo dejar de mencionar las intervenciones de diversas entidades e instituciones del Derecho Laboral y del Colegio Público de Abogados/CPACF que, a través de una nota dirigida a la CNAT, fijó su posición en el tema, a favor de la aplicación de una tasa que reflejara la realidad del deterioro de los créditos laborales.

4.1. Dentro de los planteos que se han hecho en el ámbito del tratamiento de la cuestión plasmada en el Acta Nº 2600, uno de ellos indica que «lo que interesa señalar es que, por un lado, constata que la disparidad de tasas en el fuero laboral de distintas jurisdicciones va desde el 10% hasta el 30%, y que su propuesta unificadora pasaría por una ley nacional que estableciera la tasa activa como piso mínimo frente a la cual los jueces pudieran disponer conforme normativa vigente». (4)

4.2. Así, respondiendo a este planteamiento, es de gran importancia y altamente superador dentro del contexto en que se dieron las discusiones que precedieron a la firma de estas Actas, una nueva y «perseverante» presentación del Proyecto de Ley que -como iniciativa privada- presentara el Dr. Beltrán Laguyás (Trámite Parlamentario 005-P-14 – Cámara de Diputados de la Nación), denominado «Marco General Regulatorio de Intereses en Materia Laboral», en el cual se propone que «todos los créditos generados como consecuencia de relaciones individuales de trabajo subordinado -que no se abonaren en tiempo y forma- desde el nacimiento de la obligación y hasta su total cancelación, devengarán intereses moratorios en el equivalente a la tasa que percibe -para operaciones en descubierto no autorizado- el banco oficial de la provincia o distrito del lugar de cumplimiento de la obligación; o si resultare más beneficiosa para el acreedor la fijada por el Banco de la Nación Argentina.

»Excepcionalmente, si previo a recibir emplazamiento fehaciente del acreedor, el deudor abona directamente o consigna judicialmente el pago cancelatorio de acreencias, los intereses descriptos en el párrafo anterior, se reducen al nivel de lo que esos bancos perciben en operaciones de descubierto previamente autorizado. » La presente ley … se aplicará aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, incluyendo a las actuaciones administrativas y juicios en trámite, los que estuvieran en proceso de ejecución y cualquiera sea la etapa en que se encuentren, no obstante la eventual falta de reserva de los beneficiarios.

»Los créditos que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley hubieran sido reconocidos en sentencia firme y no se hubieran satisfecho, podrán ser cancelados con la tasa de interés fijada en la sentencia dentro de los quince días de publicada esta ley en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin mediar pago total de la acreencia, deberá practicarse nueva liquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente ley…». (5)

5. En síntesis, las circunstancias económicas que traen aparejado el sensible deterioro de los créditos laborales han sido propicias para esta bien intencionada Acta, pero frente a las diferentes tasas -pasiva/activa- y mecanismos de actualización que se aplican en el fuero laboral, todavía será necesario que «el Estado Nacional se haga presente arbitrando una solución que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes involucradas (empleadores y trabajadores), pero protegiendo los créditos de estos acreedores como lo hace en otros casos y brinde a los jueces, herramientas sólidas mediante las cuales arbitren soluciones que se compadezcan con los principios generales del derecho laboral, la normativa constitucional y el sentido común». (6)

Refuerza esta idea de la imprescindibilidad legislativa que responda a la pirámide normativa, en cuyo vértice se encuentra nuestra Ley Suprema, que consagra el principio protectorio, lo afirmado por un maestro del Derecho del Trabajo: «Rige en nuestro ordenamiento jurídico un principio constitucional operativo y es el de la suficiencia salarial. La Constitución Nacional, en su Art. 14 bis, normatiza con carácter operativo que las leyes garantizarán, entre otras condiciones laborales, el salario mínimo-vital y móvil … Esa movilidad encierra la progresividad económica de acuerdo al incremento de la economía en su conjunto. Mientras no se entienda esto, seguiremos discutiendo temas sin sentido». (7)

————-

(1) Fontana, Beatriz, De los fundamentos de su voto por la negativa en el debate sobre la fecha en que comienza a regir la aplicación de la tasa nominal anual «PPLD».

(2) Arias Gibert, Enrique, Fundamento de su postura/propuesta.

(3) Ferreirós, Estela, Fundamento del voto por la afirmativa.

(4) Fontana, Beatriz, De los fundamento de su voto por la negativa a la modificación del Acta Nº 2357/2002.

(5) Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Boletín de Jurisprudencia y Asuntos Legislativos, 10/06/2014.

(6) Laguyás, Beltrán, Papeles de trabajo para su exposición en el Instituto de Derecho del Trabajo/CPACF, 26/05/2014.

(7) Capón Filas, Rodolfo, Tratado de Derecho del Trabajo (en preparación), Capítulo XX – Anexo 2: Depreciación monetaria y tasa de interés, Editorial Platense.

(*) Abogada, UBA. Especialista en Derecho Laboral, UBA. Magíster en Sistemas de Resolución de Conflictos. Especialista en Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, UNLZ. Posgrados en especialización en Globalización, Constitucionalismo y Derechos Sociales; en Globalización y Desafíos Regulatorios del Estado; y en Modelo Social Europeo: Problemática de la Ciudadanía Social y de la Regulación del Trabajo en la UE, UCLM. Docente de posgrado. Secretaria del Instituto de Derecho del Trabajo (IDT), CAPCF. Coordinadora de los cursos de Práctica Profesional IDT, CPACF. Árbitro y mediadora, Defensoría del Pueblo de la CABA. Autora de diversos artículos sobre temas de la especialidad.

  1. Creo que esta más que claro , que no plicar nuevas tasas para todas las sentencias que no hubieran sido cobradas a la fecha del acta sería de caracter discriminatorio , y en deterioro de los montos resarsitorios de los trabajadores , basta con obserbar lo obsoleto de las mismas donde la inflación le gana holgadamente , por tanto el no actualizar los montos de las sentencias generaría un negocio financiero para la parte demandadas que a cuanto más dure el juicio más ganarían y por ende deterioro a los trabajadores

  2. Agrego una presentación ante juzgado 70 rebatiendo impugnación de la demandada, con numeros claros de lo que ocurre con las tasas de interes y la inflación, pese a todo lo que leerán la jueza a cargo, le dió la razón a la demandada-
    Teniendo en consideración que durante el período de tiempo transcurrido para la resolución de la demanda laboral obrante en el expediente 0000/2012, “O B c/ D O P SA y otros s/ ”, y encontrándose la causa apelada por las partes en la SALA I de la CNAT, se produjo en dicha cámara un debate entre sus miembros, respecto de la modificación de la Tasa de interés que debe aplicarse para juicios laborales aún sin sentencia. De resultas del debate y por acuerdo mayoritario se decidió el cambio de tasa de interés para juicios laborales, esta decisión quedó plasmada en el acta N° 2601 de fecha 21 de mayo de 2014, y reemplazó al acta N° 2357 de fecha 07 de mayo de 2002. En la referida acta 2601 se aprobó, por mayoría, aplicar la Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses.

    Cuando este acuerdo fue suscripto, la demanda laboral se hallaba a la espera de sentencia por parte de la SALA I de la CNAT, la misma se produjo con fecha 30 de junio de 2014, es decir, posteriormente a la aprobación mayoritaria del Acta N° 2601 del 21 de mayo de 2014. Dicha acta dice textualmente, respecto de su aplicación: “RESUELVE: Establecer que la tasa de interés aplicable comience a regir desde que cada suma es debida respecto «de las causas que se encuentran sin sentencia» y con relación a los créditos del trabajador”, por lo que sin lugar a dudas el demandante tiene derecho a solicitar que se aplique la resolución más actualizada y favorable al trabajador siendo este sujeto de preferencia tutelar como establece el art 14 Bis de la CN.

    Considerando que el debate de los Camaristas giró en torno a la desvalorización de la moneda por inflación y depreciación de su valor respecto a la moneda de referencia, y que dicha circunstancia se produjo de manera progresiva en un período de tiempo comprendido entre los años 2011 y 2014, y recordando que el actor fue despedido en noviembre de 2011, justamente al inicio del período citado, y que como anteriormente citáramos, la causa tuvo fallo definitivo en junio de 2014, es decir con fecha posterior a la aprobación del acta N° 2601, consideramos que corresponde realizar la liquidación de los haberes indemnizatorios de esta causa en los términos del Acta N° 2601.

    El Acta 2601, que fue aprobada el 21 de mayo de 2014 por mayoría simple de los integrantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, tácitamente reconoce que la tasa activa del Banco Nación ya no compensa la inflación reinante en la República Argentina, que si bien esta comenzó a manifestarse sobre el final del año 2011, continuó acentuándose con mayor nitidez durante los años subsiguientes y hasta la actualidad.

    Los índices de inflación que mejor reflejan la variación de precios son los brindados por integrantes del Congreso de la Nación, si estos índices los comparamos porcentualmente, contra la evolución de la tasa Activa del Banco Nación, aplicada en cumplimiento del Acta N° 2357 del 7/5/2002, obtendremos en la tabla inferior, los siguientes resultados:

    Año 2011 (desde mayo) Año 2012 Año 2013 Año 2014 (hasta agosto)
    Tasa Activa Banco Nación: % 12,40% 18,60% 18,60% 15,90%
    Inflación % 13,06% 22,75% 25,18% 25,54%
    Diferencia % -0,66% -4,15% -6,58% -9,64%
    Diferencia acumulada -0,66% -4,81% -11,39% -21,03%

    Puede observarse, claramente, que a partir del final del año 2011, la Tasa Activa del Banco Nación fue creciendo negativamente respecto de la inflación que emite el Congreso de la Nación, la cual surge del promedio de los índices elaborados por las consultoras privadas, en virtud de los índices poco confiables elaborados por el INDEC.

    La diferencia acumulada entre la Tasa Activa Banco Nación y la Inflación del período comprendido entre mayo de 2011 y el mes de agosto de 2014, ha acumulado una tasa negativa del 21,03 %.

    Siendo la remuneración del trabajador de naturaleza alimentaria, establecer una tasa de interés negativa para compensar el tiempo de demora de un juicio laboral, implica, lisa y llanamente, reducir el crédito hasta un punto tan peligroso que, en el transcurso del tiempo, puede llegar a ser parcial o totalmente confiscatorio.

    Aplicando la tasa activa Banco Nación utilizada por el Acta N° 2357 de fecha 7/5/2002, al monto indemnizatorio original se obtiene

    Monto de indemnización original 3.553.838,33
    Dias adeudados Tasa Resultado
    813 1,55 42,01
    215 2,055 14,73
    1028 TOTAL 57

    Total a pagar $ 5.570.020
    Fecha de liquidación adoptada : 05/09/2014
    Fecha en que se origina la deuda 08/11/2011

    Si realizamos la sumatoria de la inflación porcentual anual acumulada, generada entre la fecha original de la deuda y la fecha de liquidación adoptada, tendremos
    Inflación 2011: (desde noviembre) 3.32 %
    Inflación 2012: 22.75 %
    Inflación 2013: 25,18 %
    Inflación 2014 (hasta Agosto): 25.54 %
    Total inflación acumulada 76.79 %
    En consecuencia, el total de indemnización a compensar por inflación surge de multiplicar el porcentaje de inflación acumulado por el monto original de condena:
    76.79 % x $ 3.553.838.33 = $ 6.282.830.78
    Es decir que si se aplica la Tasa Activa de Banco Nación veremos que no solo no se compensa la inflación del período analizado, sino que se produce una confiscación neta parcial del monto dinerario original establecido en el fallo, ello resulta de la siguiente cuenta:
    Liquidación aplicando la Tasa Banco Nación menos inflación acumulada =
    $ 5.570.020 – $ 6.282.830.78 = $ 712.810,78 (en menos)
    Evidentemente la aplicación de la tasa activa del Banco Nación de ninguna manera actualiza el monto indemnizatorio por la inflación experimentada en el período analizado, y refleja, además, que no absorbe el envilecimiento de la moneda y no impone ningún tipo de interés puro resarcitorio de la mora en el pago sino todo lo contrario.

    Más importante aún es considerar que el resultado alcanzado es en perjuicio del trabajador, que debe ser el sujeto de preferente tutela, no sólo por estar considerado así por el art. 14 bis de la CN, sino por los Tratados sobre Derechos Humanos (art. 75.22 C.N.) y la propia Ley.

    Entendemos que los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con buen criterio, comprendieron el cambio en la situación del país y la pérdida del poder adquisitivo que se comenzó a producir sobre finales del año 2011, es así que el Dr. Arias Gibert, en oportunidad de debatir el acta 2600 respecto de la conveniencia, o no, de modificar las tasas de interés para juicios laborales, manifestó que el trabajador “no es un prestamista forzoso del empleador” y que tanto él como sus pares son jueces y no políticos.

    La realidad es que a la mayoría de los Camaristas les asistió la razón al optar por la aprobación del cambio de la Tasa activa Banco Nación por la tasa Nominal Anual para Préstamos Personales del Banco Nación.

    En la discusión del Acta 2601 de la CNAT la Dra. Pinto Varela expresó que a su juicio la tasa más adecuada sería la que se viene aplicando, pero una vez y media, como lo hacen algunos jueces de primera instancia.

    La Dra. Vázquez que participó en la referida acta, en los siguientes términos: “La Dra. Vázquez da cuenta del art. 622 del Código Civil y del sistema nominalista que nos rige. Aclara que la tasa de interés tiene que tener una parte que absorba el “envilecimiento de la moneda” y otra que es “interés puro”. Manifiesta que la tasa activa dispuesta por el Acta CNAT Nº 2357 del 7/5/02 resultó, en principio, adecuada hasta el 1/1/2012 en donde se produjo un desfasaje que provocó que no haya interés puro. Propone mantener la tasa activa hasta el 31/12/11 y se fije la nueva tasa desde el 1/1/2012 en adelante, pero si ninguno de los/las colegas la acompañan, opta porque sea desde la fecha de nacimiento del crédito por el principio pro operario”.

    Evidentemente el criterio de la Dra. Vázquez se compadece y coincide perfectamente con la demostración realizada y explicada ut supra en la que se verifica, para esta causa, una tasa de interés con resultado negativo respecto de la inflación, demostración realizada con cálculos y estadísticas, que consideramos confiables, para evitar caer solo en opiniones subjetivas que muchas veces conducen a criterios equivocados respecto de nuestras propias creencias.

    El Dr. Arias Gibert opinó, en oportunidad de la discusión del cambio de la Tasa Activa del Banco Nación por la Tasa Nominal Anual para Préstamos Personales libre destino del Banco Nación, “…que la tasa implementada por el Acta CNAT Nº 2357 del 7/5/02 no responde a ningún mecanismo de mercado. Esta Cámara no debe sostener errores cometidos, dado que no somos dioses, no existe razón alguna para mantener una tasa que no resulta verdadera. Lo contrario importa sostener una máscara que no deja ver la vida. Apuesta por una justicia más abierta”.

    A continuación realizaremos una nueva comparación, esta vez entre la inflación y la Tasa Nominal Anual para Préstamos Personales de libre destino del Banco Nación acordada en el acta N° 2.601 del 21 de mayo de 2014 por la CNAT:

    Los índices de inflación, brindados por integrantes del Congreso de la Nación, comparados porcentualmente, con la tasa Nominal Anual para Préstamos Personales, arrojan los siguientes resultados:

    Si bien esta tasa comparativa acumulada entre mayo de 2011 y agosto de 2014, resulta positiva en un 16,87 %, se observa que debido a la altísima inflación que está sufriendo la Argentina desde finales del año 2011, el resultado comparativo, demuestra que se ha vuelto a tener nuevamente, en el año 2014 en curso, una tasa de interés negativa (-1.84%) con respecto a la inflación, por lo que en el futuro, de continuar la tendencia inflacionaria con este ritmo de crecimiento, es posible esperar que la nueva tasa fijada por el Acta 2601, corra el peligro de volver a quedar desactualizada en un tiempo no lejano, al igual que ocurrió con la aplicación de la anterior Tasa Activa del Banco Nación.

    Si empleando el mismo razonamiento realizado para el ajuste del monto indemnizatorio original, en la que se utilizó la Tasa activa del Banco Nación, lo realizamos ahora con la Tasa nominal para Préstamos personales acordada en el Acta N° 2.601 del 21 de mayo de 2014, tendremos:

    Para determinar la indemnización compensatoria por inflación, utilizaremos los índices porcentuales acumulados que fueran calculados en oportunidad de analizar la Tasa Activa del Banco Nación y que resultara igual al 76,79 % desde noviembre de 2011 hasta agosto de 2014

    En consecuencia resulta:
    Total indemnización a compensar por inflación acumulada
    = 1.7679 x $ 3.553.838,33 = $ 6.282.830.78

    Es decir que si se aplica la Tasa nominal anual para préstamos personales de libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses prevista en el Acta N° 2601 se compensa la inflación del período, y se obtiene, como veremos, un interés puro resarcitorio positivo de la mora en el pago indemnizatorio equivalente, que resulta de la siguiente ecuación:

    Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación menos la inflación acumulada, el resultado será igual a:
    $ 6.799.480 – $ 6.282.830.78 = $ 516.649.22

    Este monto representa un interés anual resarcitorio positivo por el no pago en término de la indemnización reclamada, libre de inflación, y representa un interés porcentual, a la fecha de liquidación adoptada, de:
    $ 516.649.22/$ 3.553.838,33 x 12 meses/34.4 meses = 5,07 % anual.
    Esta resulta ser la tasa anual, libre de inflación, obtenida luego de 34 meses desde que el despido fue efectivizado.

    Como puede observarse, el resultado anterior demuestra que las Empresas demandadas lograron, por la demora en el pago de sus obligaciones indemnizatorias, beneficios financieros muy importantes aun aplicando la nueva tasa para préstamos personales propuesta en el Acta N° 2601, que aunque resulta positiva, es insignificante como “tasa de interés puro”, esto ocurre porque la elevada inflación hace que los intereses resarcitorios, con tasas de interés casi sin movilidad no tengan ninguna correlación con la desvalorización del peso argentino, si se lo compara a este con el valor del dólar Estadounidense como moneda de referencia.

    Es así que cuando el interés calculado es aplicado a los créditos alimentarios del trabajador resultan ser tasas negativas o bien, siendo positivas, son marcadamente insuficientes, todo ello en detrimento de los intereses del más débil de la contienda, que en definitiva, resulta ser paradójicamente, para el Empresario demandado y condenado por incumplimiento de las leyes laborales, un financista que, “con carácter forzoso”, ofrece tasas de financiación más económicas, en términos absolutos, que si recurre a cualquier entidad financiera.

    La inflación permanente y conocida que padece la Argentina cíclicamente desde hace años, explica porque las demandadas prefirieron un largo juicio antes que cumplir con la ley,
    Consideremos, con el objeto de agregar claridad respecto a las ventajas que los demandados obtienen no pagando sus obligaciones de acuerdo a lo que las leyes establecen y dilatar las acreencias del actor en el tiempo, una simple hipótesis real como la que a continuación se describe :
    Entendemos su señoría, por todo lo hasta aquí expuesto, que es justo que al condenar a las demandadas se considere que el tiempo transcurrido durante este juicio, con una situación de alta inflación, no licúe los montos de condena en favor del incumplidor, interpretamos que es lo que entendió, al respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo cuando dictó el Acta 2601.
    Mientras que el actor, sujeto pasivo, luego de ser despedido con casi 63 años de edad, y luego de prestar servicios por 30 años, no consiguió, como era de esperar por su edad, posicionarse en un nuevo empleo permanente que le permitiera volver a reinsertarse, en condiciones retributivas equivalentes en el mercado laboral de su especialidad específica. Lo anteriormente expresado motivó que el actor debiera para subsistir, recurrir al consumo de sus pocos ahorros logrados con su esfuerzo y trabajo a lo largo de su vida laboral, que para su suerte los disponía, en espera del pago indemnizatorio y las certificaciones laborales, también en litigio en esta causa, que le permitieran acceder a un justo retiro y jubilación.
    Cuando el trabajador es despedido arbitrariamente, y sin recibir la correspondiente indemnización que establecen las leyes y ello se produce por exclusiva culpa del empleador, como ha ocurrido en esta causa, el único camino que puede recorrer es el de recurrir a la justicia para que ésta sea el árbitro del litigio, se origina así un juicio entre las partes demandada y demandante para establecer si el reclamo se ajusta a derecho, en este caso dicha contienda hasta su desenlace ha demandado hasta la fecha un tiempo real de 35 meses, pero resulta que durante ese período el actor no permaneció “congelado”, solo dejó de percibir su salario pero siguió afrontando el pago de alimentos, el estado le siguió requiriendo el pago de impuestos por su vivienda, continuó pagando los servicios de luz, gas, continuó pagando los estudios universitarios de su hija menor hasta que le fué posible, siguió soportando los mismos costos de vida de cualquier familia, es decir continuó viviendo, pasó de ser un trabajador activo a un desocupado pasivo y decimos pasivo porque quedó a la “espera” que se hiciera justicia, no solo por el pago de la indemnización, sino también porque ni siquiera recibió de su empleadora la certificación de servicios para poder iniciar los trámites jubilatorios que hubieran posibilitado que el día 3 de junio de 2014, al cumplir 65 años, de esto pasaron 4 meses a la fecha, el actor pudiera jubilarse. No es el actor responsable de que los tiempos de la justicia sean tan extensos, tampoco de los incumplimientos de los empleadores, es en realidad la víctima, es por lo expuesto que el actor interpreta que el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional fue sabiamente incorporado por la legislación para protegerlo, interpreta que no debería ser simplemente una frase meramente declamativa, dice al respecto que el trabajador “es el sujeto de preferencia tutelar”, sin embargo debemos admitir que esto podría no ocurrir si tenemos en cuenta que después de los casi 3 años que esperó el actor se hiciera justicia, se tiene que estar analizando si por cuestiones de formalismo perjudicamos al actor aplicando una tasa de interés desactualizada y negativa y favorecemos, sin más al empleador incumplidor, o bien aplicamos la tasa de interés actualizada y positiva suscripta en el acta N° 2601 dictada por la CNAT haciendo prevalecer el art 14 Bis de la CN y dándole preferencia tutelar al más débil del litigio.

    En tanto el Grupo empresario, deudor de sus obligaciones dinerarias para con el actor, esperó pacientemente pagar sus incumplimientos legales con tasas de interés irrisorias, como las demostradas en los cálculos anteriores, que licuan parcialmente las deudas laborales en favor del que más poder económico y financiero dispone.

    Por todo lo expresado consideramos que no hay sustento legal para que los demandados continúen dilatando el pago de sus obligaciones, desacreditando la liquidación efectuada por la Perito contable que no hizo más que cumplir con las disposiciones judiciales que actualizaron los créditos alimentarios del trabajador, reconociendo la actualidad económica de la Argentina, aplicando las resoluciones más justas y favorables al trabajador producidas por la justicia, siendo que el actor es “el sujeto de preferencia tutelar” como lo establece el art 14 Bis de la Constitución Nacional.
    TODO LO EXPUESTO DE NADA SIRVIÓ LA JUEZ INTERVINIENTE LE DIO LA RAZÓN A LA DEMANDADA, ES DECIR A LA PATRONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA INVERSA DEL ART 14 BIS DE LA CONSTITUCION NACIONAL – LAMENTABLE LOS JUECES QUE TENEMOS

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