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Se hace lugar al pedido de la deudora para la apertura del concurso preventivo al configurarse el estado de insolvencia

justicia-juez-sentencia_PREIMA20140206_0135_32Partes: Seesa S.A. s/ concurso preventivo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 11-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-85775-AR | MJJ85775

Se revoca la sentencia apelada por la cual se rechazó a la deudora su petición de apertura de concurso preventivo, teniéndose en consideración para dar por cumplido el requisito legal (cesación de pagos) la influencia de la política económica general del país en la actividad empresaria, la traba de un embargo preventivo y la cantidad de acreedores denunciados.

Sumario:

1.-La existencia del estado de cesación de pagos como requisito autónomo y habilitante para la apertura del proceso universal resulta una cuestión que ha presentado diversos matices en el campo doctrinario y si bien reconocidos autores se pronunciaron categóricamente en sentido afirmativo y otros, en términos menos absolutos, defendieron idéntica tesitura, en oposición, existen quienes postulan la pertinencia de la evaluación de los fundamentos expresados por quien pide su concurso.

2.-Aún cuando esta Sala reconoce que el carácter confesorio del estado de cesación de pagos (que resulta de la presentación del escrito inaugural) no es vinculante para el magistrado, en la ponderación técnica que cabe en el caso bajo examen, los elementos y datos aportados no permiten evidenciar que aquella confesión constituya una mentira fraudulenta que deba ser develada y reprimida, pues en tal caso la actividad jurisdiccional quedaría desnaturalizada al admitirse concientemente un fraude a la ley.

3.-A los efectos de la acreditación de la existencia del estado de cesación de pagos, adquiere virtualidad el desarrollo de los hechos invocados como desencadenantes de una situación -que en principio y sin perjuicio de la evaluación o del conocimiento que pudiere surgir a posteriori- derivaría de la política económica general del país, la cual, dada la actividad de la empresa, ha influido en sus prácticas comerciales.

4.-El criterio de que el incumplimiento es el hecho demostrativo más típico y corriente de la impotencia patrimonial del deudor; pero de ahí no puede inferirse que el incumplimiento y la cesación de pagos tengan idéntico contenido. Es que puede haber cesación de pagos sin incumplimientos cuando otros hechos demuestran en forma inequívoca la calidad de cesante del deudor.

5.-Los hechos reveladores del estado de cesación de pagos no son, en la economía de la ley, más que la premisa menor de un silogismo cuya premisa mayor está constituída por el significado regular y uniforme que tales hechos tienen en el comercio, a saber, la implicancia de insolvencia y en la eventualidad de que con el devenir del trámite pudiere apreciarse la configuración de alguna situación abusiva, el ordenamiento concursal contempla mecanismos correctivos adecuados mediante el ejercicio de las facultades sancionatorias que se asignan al juez del concurso. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de marzo de 2014.

Y Vistos: l. Apeló la deudora la resolución de fs. 509/513 que rechazó su petición de apertura de concurso preventivo, al juzgarse que no se encuentra configurado el estado de insolvencia tipificado por el ordenamiento en la materia.

El recurso se sostuvo con el memorial de fs. 575/582.

2. La suficiencia de los hechos expuestos por la pretensa concursada como requisito autónomo y habilitante para la apertura del proceso universal resulta una cuestión que ha presentado diversos matices en el campo doctrinario.

Reconocidos autores se pronunciaron categóricamente en sentido afirmativo (cfr. García Martinez, F. El concordato y la quiebra, 4a. reimpresión, Depalma, Bs. As. 1964, Vol. II. pág. 79 n° 439; Quintana Ferreyra, F., Concursos, ed. Astrea, Bs. As., 1986, T. 2 págs. 141/2) y otros, en términos menos absolutos, defendieron idéntica tesitura (v. Fernández, R.L., Fundamentos de la quiebra, Compañía Impresora Argentina SA, Bs. As., 1937, pág. 374 y sig. n 188 y pág. 403 y sig. n° 198).

En oposición, existen quienes postulan la pertinencia de la evaluación de los fundamentos expresados por quien pide su concurso (v. Cámara, H., El Concurso Preventivo y la quiebra», ed. Depalma, Bs. As., 1982, Vol. III pág. 1707; Argeri, S.A., La quiebra y demás procesos concursales, ed. Platense, La Plata, 1972, t.2 pág. 74; Fassi S.C.-Gebhardt M., Concursos, 8va. edic., Astrea, Bs. As., 2004. pág. 287/88; Heredia, Tratado Exegético de Derecho Concursal, ed. Abaco, 2001, t. 3 pág. 443).

Aún cuando esta Sala reconoce que el carácter confesorio del estado de cesación de pagos (que resulta de la presentación del escrito inaugural) no es vinculante para el magistrado.En la ponderación técnica que cabe en el caso bajo examen, los elementos y datos aportados no permiten evidenciar que aquella confesión constituya una mentira fraudulenta que deba ser develada y reprimida (esta Sala in re «Noya Estela Juana s/Propia Quiebra» del 26/11/13; cfr. esta orientación: CNCom. Sala D, 11/09/1986, «Cardoso Luis E. s/conc. preventivo»; íd. Sala B, 30/6/2003, «Wu Shan s/propia quiebra»), pues en tal caso la actividad jurisdiccional quedaría desnaturalizada al admitirse concientemente un fraude a la ley.

En este sentido, adquiere virtualidad el desarrollo de los hechos invocados como desencadenantes de una situación -que en principio y sin perjuicio de la evaluación o del conocimiento que pudiere surgir a posteriori- derivaría de la política económica general del país, la cual, dada la actividad de la empresa, ha influido en sus prácticas comerciales. Es cierto, tal como sostiene la Magistrada que la traba de un embargo preventivo, si bien sobre varias cuentas en distintos bancos con los que operaría la deudora, no demostraría un sistemático incumplimiento del que pudiera derivarse ese estado de insolvencia.

Sin embargo, ello no puede merituarse en esta instancia; máxime si nos atenemos a la cantidad de acreedores denunciados (y aún cuando alguno de ellos no fueran acreedores de deudas exigibles al momento de la presentación tal como refiere la a quo a fs. 512), y a las cartas documento que le fueran remitidas por los bancos y otros acreedores, documentación ésta que el Tribunal no puede desatender, más allá de que no hubiera sido puesta en conocimiento de la Sra. Juez, en tanto anexada al memorial de agravios -fs.519/574-.

Es decir que todo ello importa el reconocimiento de la desatención de ciertas acreencias a las cuales se atribuye especial gravitancia patrimonial.

Por otro lado, esta Sala comparte el criterio de que el incumplimiento es el hecho demostrativo más típico y corriente de la impotencia patrimonial del deudor; pero de ahí no puede inferirse que el incumplimiento y la cesación de pagos tengan idéntico contenido. Es que puede haber cesación de pagos sin incumplimientos cuando otros hechos demuestran en forma inequívoca la calidad de cesante del deudor (conf. Dictamen Fiscal de Cámara 121754 del 23/10/13 con cita de Fernández Raymundo, «Fundamentos de la quiebra», pág. 303; Dictamen 73455 de 16/8/95 en autos «Burmar SACIA s/Quiebra s/Incidente de determinación de fecha de cesación de pagos) Así, dado que los «hechos reveladores» no son, en la economía de la ley, más que la premisa menor de un silogismo cuya premisa mayor está constituída por el significado regular y uniforme que tales hechos tienen en el comercio, a saber, la implicancia de insolvencia (cfr. Puga Vial, J.E. Derecho Concursal. El juicio de quiebras, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1989, pág. 30), cabe dar por suficientemente explicitado el requisito legal.

Adviértase, además, que en la eventualidad de que con el devenir del trámite pudiere apreciarse la configuración de alguna situación abusiva, el ordenamiento concursal contempla mecanismos correctivos adecuados mediante el ejercicio de las facultades sancionatorias que se asignan al juez del concurso.

3. Corolario de lo expuesto se resuelve: estimar la apelación y revocar el pronunciamiento de fs. 509/513.

Notifíquese al apelante por cédula.

Cumplido, requiérese a la Mesa General de Entradas devolver los autos a esta Sala para hacer saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13).

Oportunamente, y verificada la publicación pertinente, devuélvase a la instancia de grado encomendándose al a quo el proveimiento de las diligencias conducentes (art. 36:1 CPCC).

Rafael F. Barreiro, Alejandra N. Tevez, Juan Manuel Ojea Quintana. Ante mí: Silvina D.M.Vanoli. Es copia del original que corre a fs. 587/588 de los autos de la materia.

Silvina D.M. Vanoli – Prosecretaria de Cámara

 

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