Inconstitucionalidad de los derechos de exportación: importante fallo de la Corte Suprema

exportacion_01Autor: Vidal Quera, Gastón F.

Fecha: 12-may-2014

Cita: MJ-DOC-6721-AR | MJD6721

Doctrina:

Por Gastón F. Vidal Quera (*)

El pasado 15 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un importante pronunciamiento en la causa «Camaronera Patagónica SA c/ Ministerio de Economía y otros s /amparo» , por medio del cual declaró la inconstitucionalidad, para cierto período temporal, de los denominados «derechos de exportación» que resultaban aplicables a una empresa pesquera.

La Corte confirmó de esa manera la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que había hecho lugar a la acción de amparo, declarando la inconstitucionalidad de las resoluciones 11/02 y 150/02, por vulnerar el principio de legalidad en materia tributaria, pero entendió que para cierto período de tiempo la delegación legislativa en el Ministerio de Economía para fijar esos derechos había sido convalidada por ley.

En primer lugar, el voto de la mayoría firmado por los Dres. Lorenzetti, Fayt, Maqueda y Zaffaroni -según su voto-, consideró que los derechos de exportación son impuestos y que solo el Congreso tiene facultades para fijar esa especie de tributo. Así, sostuvo que «resulta imprescindible remarcar la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación … cuya definición puede comprenderse en el art. 724 del Código Aduanero», para encuadrarlo específicamente como un impuesto que no solo tiene finalidad recaudatoria, sino también la de cumplir como útil herramienta de política económica, social o monetaria, que permite cumplir con los fines estatales.

Cabe recordar que el Código Aduanero tiene una amplia delegación en cabeza del Poder Ejecutivo para establecer tributos, por lo que se la analizó a la luz de lo previsto en materia de delegación legislativa luego de la reforma constitucional del año 1994. En ese sentido, se recordó que se incorporó el art.76 de la Constitución Nacional, que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública y de acuerdo a las bases y plazos que se fijen. Con respecto a la legislación delegada anterior a la reforma de 1994, la Corte recordó que el constituyente agregó la cláusula transitoria octava, según la cual «la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley».

A continuación, se invocaron la totalidad de leyes dictadas para cumplir con esa cláusula transitoria octava, como son las leyes 25.148 , 25.645 , 25.918 , 26.135 y 26.519 ; en palabras de la Corte, «normas que tienen incidencia en la solución de esta controversia», destacando que todas esas leyes expresan la voluntad del Congreso en la materia y «solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia». Pese a que esas leyes tienen una ratificación en bloque de las delegaciones sin mayores precisiones, el Tribunal consideró que si bien «la decisión de ratificar en forma general un amplio y variado número de normas que abarcan diversas materias puede ser objetable desde el ángulo de la técnica legislativa, ello no resulta suficiente para privar de validez a la ley 25.645 y a aquellas que, con el mismo objetivo, la precedieron o sucedieron».

Realizado ese análisis, la Corte consideró que la resolución del Ministerio de Economía 11/02 no resultó válida desde el punto de vista constitucional entre el 5 de marzo de 2002 y el 24 de agosto de 2002, fecha en que comenzó a regir la ley 25.645, y le otorgó a su contenido rango legal.Por su parte, en el voto en disidencia de los Dres. Argibay y Petracchi se destacó en forma idéntica la naturaleza tributaria de los derechos de exportación. Pero, por el contrario al criterio seguido por la mayoría, manifestaron que la ratificación legislativa en general no resultaba aplicable, debido a «que debe existir una voluntad legislativa clara y explícita que pueda ser entendida -más allá de las imperfecciones técnicas de su instrumentación- como un aval de los contenidos de la norma que se ratifica … y, ello, nítidamente, no ha ocurrido en el caso de la resolución 11/02″.

En resumen, se trata de un importante pronunciamiento que confirma la naturaleza tributaria de los derechos de exportación y que el Tribunal, en el voto de la mayoría, considera ratificado por ley su implementación por parte del Poder Ejecutivo.

Un tema en el que no incursiona el fallo, por no ser materia de debate, es el hecho objetivo de que la ratificación de la delegación legislativa tuvo lugar hasta el 24 de agosto de 2010 a raíz de la ley 26.519 (B.O. 24/8/2009), razón por la cual los derechos de exportación aplicados o modificados a partir de esa fecha podrían ser impugnados por carecer de una ratificación legal expresa.

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(*) Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA. Carrera de Especialización en Derecho Tributario, Facultad de Derecho, UBA. Docente a cargo del curso de verano, curso de invierno y curso regular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Facultad de Derecho, UBA. Docente en la carrera de posgrado de especialización en Procedimiento Tributario y Previsional, CPBA. Adjunto de Derecho tributario, Cátedra O’Donnell, UCES. Miembro del Departamento Contencioso Administrativo Fiscal y Aduanero del Estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, el Colegio de Abogados de San Isidro y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Ha escrito artículos sobre temas tributarios y constitucionales para publicaciones jurídicas. Coautor de Régimen tributario argentino, LexisNexis.

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