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El INSSPJ debe brindar al discapacitado una silla específica de ruedas motorizada de determinada marca comercial (Flexicar Dual).

alquiler-silla-de-ruedas-bateria-cama-ortopedica-electrica-6241-MLA53200314_6438-OPartes: S. M. O. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados del PAMI s/ Amparo

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 6-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85899-AR | MJJ85899

La obra social debe brindar al amparista discapacitado una silla de ruedas motorizada de determinada marca comercial, si así lo requirió fundadamente su médico tratante.

Sumario:

1.-Corresponde a la obra social demandada proveer al amparista una silla de ruedas motorizada de una determinada marca comercial según la indicación del médico tratante, ya que si bien el facultativo había aceptado una silla ofrecida por el demandado, dicha operatoria luego fracasó en virtud de que la empresa oferente elevó en un 40% el precio oportunamente propuesto, lo que conduce al rechazo del recurso de apelación, por aplicación de las obligaciones impuestas por la ley 24.901 al recurrente, según la cual éste debe ofrecer a las personas con discapacidad entre muchas otras, prestaciones que hacen a su atención integral y específicamente en el art. 27 se refiere a la rehabilitación motora.

2.-Toda vez que la amplitud de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad, cabe confirmar la sentencia que obligó a la obra social demandada a brindar la silla de ruedas de determinada marca comercial al amparista, desde que el cuestionamiento de una marca específica resulta desvirtuado por las motivaciones señaladas por el profesional que fundamentó el requerimiento en el resultado que arrojó su uso por parte del actor y las prestaciones que brinda, dado las actividades que desarrolla el afiliado, lo que luce razonable.

Fallo:

Rosario, 6 de febrero de 2014.-

Visto, en acuerdo de la Sala «A» el expediente Nro. FRO 7564/2013 caratulado: «S. M., O. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados del PAMI s/ Amparo» (expediente originario del Juzgado Federal Nro. 1 de la ciudad de Santa Fe), del que resulta:

Vienen los autos para resolver la apelación interpuesta y fundada por la demandada (fs. 201) contra la sentencia Nro. 115 (fs. 193), que hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al INSSJP que «en el término de 10 días, garantice la cobertura integral al 100% del valor y afrontar los gastos necesarios para la adquisición de la silla de ruedas motorizada, marca Flexicar Dual, con las siguientes especificaciones técnicas…, con costas».-

A fs. 207 la actora contestó los agravios. Elevados los autos, se dispuso la intervención de esta Sala «A» y se ordenó que pasaran las actuaciones para resolver (fs. 217).-

Y considerando:

1.- La demandada se agravió de que el a quo omitió analizar su argumento central expuesto en el informe circunstanciado, referido a la conducta caprichosa e infundada del médico de indicar una determinada marca comercial, sin fundamentación médica y en abierta violación de las normativas en la materia.-

Se agravió también de que se minimizó otro elemento: la falta de presentación de tres presupuestos sin indicación de marca comercial, solicitado por el Instituto para tramitar su primer pedido de fecha 04.03.2008, como también la falta de impulso del trámite por parte del amparista durante tres años y cinco meses.-

Consideró que el extenso tiempo transcurrido (más de cinco años) entre la primera solicitud y la interposición del amparo se debió a dos motivos:1.- No presentar los tres presupuestos solicitados, sino después de tres años y cinco meses y 2.- El amparista y su médico por no solicitar el elemento sin indicación de marca comercial y no aceptar otro de marca distinta.-

Afirmó que el médico tratante debió explicar cuál o cuáles son los motivos que lo llevaron a prescribir una determinada marca comercial (Flexicar) y el porqué de la imposibilidad de otra marca para la silla de ruedas. Indicó que la actora mantuvo una conducta caprichosa y negativa, aun cuando el Instituto accedió a comprarla de acuerdo a las características técnicas generales, pero sin marca comercial. Puso de manifiesto que el médico sólo aceptó la silla más costosa. Que no obstante eso, el PAMI accedió a comprar la de mayor costo y realizó los trámites para su adquisición, pero el proveedor pretendió cobrar un 40% más del valor cotizado, lo que generó el fracaso de la licitación. Señaló que inició un nuevo proceso licitatorio en Capital Federal y adjudicó la compra de la silla de otra marca, pero de las mismas características, lo que fue nuevamente rechazado por el médico tratante por no ser de marca FLEXICAR.-

Sostuvo que no puede premiarse ese tipo de conductas sin fundamentación médica adecuada, por cuanto posibilitaría la formación de acuerdos entre médicos y proveedores, en abierta infracción a las reglamentaciones en la materia.-

Consideró que no exigió documental fuera de los parámetros normales, sino lo que la reglamentación interna exige y que las prestaciones que la legislación garantiza para las personas con discapacidad en modo alguno implica una prohibición para las obras sociales de exigir documentación respaldatoria.-

Expresó que no quedó acreditada la urgencia, ya que se trata de un recambio de silla de ruedas por otra de mejor calidad, por lo que no se encontraba desprotegido.-

Se agravió también de que se le impusieran las costas.-

2.- En primer término se impone señalar que O. S. M.tiene certificado de discapacidad de acuerdo a la ley 24.901 (fs. 5/6). Expresa la historia clínica de fs. 15 que «presenta una secuela a forma de cuadriplejia post traumática, desde 1985 con fractura de C5-C6 y aplastamiento medular a ese nivel con las siguientes secuelas: Sensibilidad normal desde cráneo hasta nivel toráxico de tetillas y aisladas zonas irregulares de hipoestesia hasta abdomen, anestesia superficial y propioceptiva desde D7-D8 hacia distal. Cirugías ortopédicas de transferencia tendinosas en manos para permitir garra con híper extensión de muñecas y dar herramienta básica de aprehensión». En virtud de esa dolencia, su médico tratante le prescribió una silla de ruedas con las especificaciones técnicas que se detallan a fs. 16/17.-

3.- Las constancias obrantes en el sumario 666080011150000 dan cuenta que en marzo de 2008 el Sr. S. M. solicitó una silla ortopédica motorizada (fs. 42). El Instituto le requirió tres presupuestos (fs. 60), que no fueron acompañados, quedando de esa manera paralizado el trámite.-

Posteriormente, en octubre de 2011, el actor vuelve a solicitar la provisión de la silla de ruedas, con las especificaciones que se detallan a fs. 72.-

En este estado se impone señalar que el PAMI licitó y ofreció al amparista varias sillas, que fueron rechazadas por el médico tratante, quien manifestó que no se ajustaban a lo requerido por el actor. En esas oportunidades el Dr. Jorge M. Delprato expresó que los modelos ofrecidos no concordaban con lo solicitado: que debía ser ultraliviana de duraluminio y transportable, entre otras prestaciones (fs. 104); que la marca CARE-QUIP no corresponde a lo solicitado oportunamente (fs. 153) y también que «la insistencia de la silla marca Flexicar se debe a las prestaciones que no la tenemos en las marcas alternativas. Vuelvo a reiterar que no se debería cambiar de marca» (fs.172).-

Respecto de esta última -marca CARE QUIP- el PAMI señaló que no correspondía el rechazo ya que la misma cumple con las características de «comando eléctrico y sistema dual reclinable». Que sobre las otras características técnicas se debería adjuntar nueva prescripción médica sin indicar marca comercial ni tipo (fs. 179).-

Vale destacar también que a fs. 117 el médico tratante aceptó una silla ofrecida por el Instituto, operatoria que luego fracasó en virtud de que la empresa oferente elevó en un 40% el precio oportunamente propuesto (fs. 127).-

4.- Planteada en esos términos la cuestión, queda fuera de toda discusión que resulta aplicable al caso en examen -entre otras- la ley 24.901, que instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad a cargo de las obras sociales.-

Ese esquema legal contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindar a las personas afectadas por algún tipo de discapacidad una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. A modo de ejemplo, cabe citar la cobertura integral en rehabilitación prevista en el art. 15, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera. El art. 27 refiere a la rehabilitación motora, disponiendo en su inc. b) «la provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos:se deberán proveer los necesarios de acuerdo con las características del paciente, el período evolutivo de la discapacidad, la integración social del mismo y según prescripción del médico especialista en medicina física y rehabilitación y/o equipo tratante o su eventual evaluación ante la prescripción de otro especialista».-

Debe señalarse que la amplitud de las prestaciones previstas en la Ley nº 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (cfr. arts. 11, 15, 23 y 33).-

A este respecto también resultan ilustrativas las disposiciones que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378).-

Ahora bien, respecto al cuestionamiento que la demandada formula, indicó el médico tratante una marca específica de sillas de ruedas en vez de hacerlo de modo genérico, se impone señalar que el profesional fundamentó el motivo por el que requirió ese elemento en particular, fundándolo en el resultado que arrojó su uso por parte del actor y las prestaciones que brinda, dado las actividades que desarrolla S. M., lo que luce razonable.-

En el caso, no se advierte que la indicación del profesional esté enderezada a imponer una marca y modelo determinados en forma arbitraria, sino que su fundamento radica en el resultado obtenido a lo largo de 16 años de uso de esa misma marca por parte del actor. Recuérdese que el Sr. S. M. adquirió por sus propios medios la primer silla de ruedas y que por indicación del servicio técnico ya no es posible repararla (fs.18).-

De esa manera y considerando los específicos términos de la prescripción del médico tratante, en el sentido de que en las circunstancias del caso la indicación del profesional es el medio idóneo para mejorar las condiciones de vida del paciente discapacitado, lo que no fue desvirtuado por la recurrente con fundamentos médicos, corresponde confirmar la sentencia venida en recurso, con costas.-

Tiene dicho la jurisprudencia que «La silla de ruedas exigida por la parte actora es aquélla que cumpla con los estándares médicos indicados por el profesional tratante…» (Dr. Francisco de las Carreras – Dr. Martín Diego Farrell – Dra. María Susana Najurieta. 10.641/08. CAMARANO CORI ANAHI C/ OSECAC S/ SUMARISIMO.

29/09/09. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Sala 1).-

Finalmente es dable recordar que nuestro máximo tribunal tiene dicho que los menores y las personas con discapacidad «a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos» (confr. precedente «Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional», del 15-6-04).-

Por tanto,

SE RESUELVE:

1.-Confirmar la sentencia Nro. 115 (fs. 193), en cuanto fue materia de recurso. 2.- Imponer las costas de esta instancia a la accionada (art. 14 de la ley 16.986). 3.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que se les fijen en primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del acuerdo la Dra. Liliana Arribillaga pro encontrarse en uso de licencia.

Carlos Carrillo

Fernando Barbará (Jueces).

Patricia Calvi (Secretaria).

 

 

  1. Alejandro Ojeda 23 febrero 2015 at 12:26 PM

    Soy una persona impedida para caminar y hacer cosa seria bueno que presidencia se ocupe mucho mas sbre este tema y no tengo y necesito ya una silla motorizada.

  2. soy una persona impedida para caminar y para hacer cosas con una mano ,pero seria muy bueno que precidencia se ocupara mucho mas sobreeste tema en pami yo no tengo y necesito una silla de rueda que sea motorizada ya.Gracias

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