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Cláusulas Abusivas: pago adelantado de los cursos de inglés ofrecidos por la demandada e imposibilidad de rescindir el contrato

leyes (2)Partes: Padec c/ Wall Street Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 26-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-85982-AR | MJJ85982 | MJJ85982

Se hace lugar parcialmente a la demanda deducida por la asociación de defensa de los consumidores declarando abusivas las cláusulas que establecen el pago adelantado de los cursos ofrecidos por la demandada y la imposibilidad de rescisión del contrato.

Sumario:

1.-Resulta insoslayable en materia de legitimación de las asociaciones de consumidores, aludir al tratamiento del tema dispensado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en los autos Halabi Ernesto c/ PEN ley 25873-dto. 1563/04 s/ Amparo ley 16.986 , del 24/02/2009 (Fallos: 332:111), donde señaló que en materia de legitimación procesal corresponde delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos .

2.-Respecto de los derechos individuales el más Alto Tribunal, en el caso Halabi , indicó que la regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. En esos casos existe un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular, quien debe, indispensablemente, probar una lesión a ese derecho para que se configure una cuestión justiciable. A esta categoría de derechos se refiere el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional en que encuentra cabida la tradicional acción de amparo, instituida por vía pretoriana por la Corte en los conocidos precedentes Siri y Kot (Fallos: 239:459 y 241:291, respectivamente) y consagrada más tarde legislativamente. Esta acción está destinada a obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados.

3.-Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (art. 43 de la Constitución Nacional), son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado. En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes. En primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva.

4.-Los bienes que son de naturaleza colectiva, como el ambiente, no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno. De manera tal que la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera.

5.-Cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación.

6.-La Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.

7.-Respecto de los derechos de incidencia colectiva, referentes a intereses individuales homogéneos-, la Corte – en el caso Halabi , sostuvo que si bien no hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase , omisión que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido, la disposición constitucional del artículo 43 segundo párrafo es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular.

8.-Donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías.

9.-La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado.

10.-La procedencia de las acciones colectivas requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y el primer elemento es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. El segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más personas y que pueden motivar acciones de la primera categoría. Como tercer elemento es exigible que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia.

11.-La existencia de causa o controversia, en los supuestos de la promoción de acciones colectivas, no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho.

12.-La admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo.

13.-La procedencia de las acciones basadas en los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos reconocidos por el art. 43 CN requiere la verificación de una causa fáctica común u homogénea, esto es, la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales y en tal marco aparece clara la legitimación activa de la asociación de consumidores para reclamar que se declaren abusivas las cláusulas del contrato tipo implementado por la demandada, dado que aquellas podrían involucrar los intereses de todos los potenciales consumidores y de la comunidad en su conjunto.

14.-No puede considerarse la existencia de acciones basadas en derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogeneos reconocidos por el artículo 43 de la Constitución Nacional, el reclamo para que se restituyan a los alumnos de la emplazada las sumas de dinero percibidas sin causa y derivadas de la aplicación de las cláusulas abusivas insertas en el contrato tipo… , toda vez que esta petición puntual no se funda en la mera existencia de las cláusulas abusivas, sino en su efectiva aplicación y en las consecuencias concretas que se habrían derivado de ello, como ser, que a algunos alumnos de la sociedad demandada -por el motivo que fuere- no completaron el curso contratado no le hubieran sido restituidos los montos -abonados por adelantado- correspondientes a los meses no cursados.

15.-Siendo que uno de los requisitos de la legitimación activa de las asociaciones de consumidores es la verificación de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, resultaba carga de la asociación accionante acreditar en autos la existencia de esa causa fáctica común u homogénea, es decir, que un número considerable de alumnos decidió no continuar con el curso contratado y que no logró obtener del instituto demandado la restitución de las sumas correspondientes al servicio no prestado.

16.-En el ámbito de la contratación masificada, la publicidad es uno de los instrumentos esenciales utilizados para la comercialización de bienes y servicios. Más aún, la incidencia de la publicidad en la decisión de consumo no sólo es indiscutible, sino que en numerosos casos es el factor excluyente que decide la elección del consumidor.

17.-El objetivo general de todo anuncio publicitario es persuadir a su receptor, pudiendo variar el objetivo específico según las necesidades del anunciante: dar a conocer un producto nuevo, incrementar sus ventas, comunicar nuevas características, recordar su existencia, captar un nuevo segmento del público, etcétera; pero siempre la publicidad tendrá por meta la persuasión.

18.-La enorme influencia que ejerce la publicidad, a tal punto que condiciona o determina las preferencias y elecciones de los destinatarios, explica el rol preponderante que desempeña en el período precontractual, sustituyendo a las tratativas previas. Hace ya algún tiempo, el influjo ejercido por la publicidad en el momento previo a la conclusión de los contratos y las divergencias que era dable observar entre los contenidos del mensaje publicitario y el negocio efectivamente celebrado, que dio lugar a prácticas verdaderamente abusivas, propició la idea de otorgar relevancia jurídica a los contenidos de la publicidad y dicha solución quedó expresamente plasmada en el art. 8 LDC, en cuanto dispone que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor .

19.-La norma del artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor encuentra su fundamento último en el principio de protección de la confianza y en la buena fe, dado que los destinatarios de la publicidad actúan en función de las legítimas expectativas creadas por el contenido del mensaje publicitario. En consecuencia, las informaciones y afirmaciones relativas a un producto, a un servicio y/o a las condiciones de la contratación contenidas en un anuncio publicitario integran el esquema obligacional aunque no hayan sido objeto de referencia expresa al celebrarse el contrato, encontrándose el anunciante sujeto a cumplir con los términos publicitados.

20.-Si bien en principio el concepto de oferta no puede asimilarse al de publicidad, por cuanto el primero implica una promesa de contrato que puede estar dirigida tanto a personas determinadas -art. 1148 del Código Civil- como a consumidores potenciales determinados -art. 7 LDC-, mientras que la noción de publicidad está vinculada con la promoción de un bien o servicio, lo concreto es que por efecto de la regulación dispuesta sobre las ofertas al público en el art. 7 LDC, los anuncios publicitarios -más allá de un mero mecanismo de difusión comercial- pueden ser vehículo de una verdadera oferta cuando la manifestación de voluntad negocial incorporada a la publicidad reúna los requisitos de autosuficiencia y seriedad exigidos por el art. 1149 del Código Civil, de manera que la sola aceptación del destinatario sea suficiente para la formación del consentimiento.

21.-El aviso publicitario, para que pueda ser considerado como una oferta, debe establecer de manera concreta los elementos necesarios para la perfección del contrato que mediante aquél se promete, es decir, en relación a una compraventa, debe como mínimo detallar las características del producto o servicio que se ofrece y su precio, ya que lo que caracteriza a una oferta es la posibilidad de que, ante ella, la aceptación de un potencial consumidor perfeccione el contrato. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de dos mil catorce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Prosecretaria Letrada de Cámara, para entender en los autos caratulados «PADEC c/ WALL STREET ARGENTINA S.A. s/ Ordinario» (Expediente N° 102.722, Registro de Cámara N° 064.436/2008), originarios del Juzgado del Fuero N° 14, Secretaría N° 27, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido por el artículo 268 CPCC, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers (2), Doctora Isabel Míguez (1) y Doctora María Elsa Uzal (3). La Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal no interviene en el presente Acuerdo por hallarse en uso de licencia (artículo 109 RJN).

Estudiados los autos, se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers dijo:

I.- LOS HECHOS DEL CASO

(1.) La «Asociación Civil Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor» -en lo sucesivo, «PADEC»- promovió la presente acción de incidencia colectiva, en su condición de asociación de consumidores, contra «Wall Street Argentina S.A.» -en adelante, «Wall Street»-, procurando por un lado que se decrete la nulidad de las cláusulas IV y V del contrato tipo que la demandada instrumenta con quienes contratan sus cursos y por otro para que se condene a esta última a:(i.) informar en forma cierta y objetiva el precio de los cursos que oferta públicamente en sus carteles, afiches, volantes, folletos, etcétera; (ii.) devolver a todos los usuarios las sumas de dinero percibidas sin causa y derivadas de la aplicación de las cláusulas abusivas insertas en el contrato tipo implementado, con más los correspondientes intereses compensatorios y punitorios; y (iii.) publicar la sentencia con las mismas características de difusión que dedica a sus campañas.

Inicialmente, acompañó también el ejercicio de la acción en calidad de parte actora Cecilia Marta Zanotti; sin embargo desistió de ella y del derecho durante el trámite del proceso en virtud del acuerdo al que arribara con la emplazada (véase instrumento de fs. 212 y homologación de fs. 213) y del correspondiente depósito efectuado por ésta (véase fs. 223), motivo por el cual me circunscribiré al tratamiento de las pretensiones de la asociación civil, únicas subsistentes en autos.

Hecha esa aclaración, cabe señalar que «PADEC», en respaldo de su reclamo, afirmó que la accionada vulnera en forma notoria y manifiesta el deber de formular ofertas públicas a consumidores indeterminados de modo veraz, detallado, eficaz y suficiente (arts. 4 y 7 LDC), afectando de esta manera en forma indirecta y difusa los intereses económicos de la sociedad en su conjunto, lo cual habilita el ejercicio de la legitimación que dicha normativa confiere en el art. 55 a las asociaciones de consumidores y usuarios.

En ese sentido, agregó que la falta de acatamiento de las normas de orden público por parte de la demandada causan disminución de la confianza en las instituciones públicas y privadas debido a la ausencia de un control preventivo por parte de los organismos de aplicación de la LDC, causando -además- los siguientes daños colectivos y difusos:instala expectativas en potenciales consumidores que luego son frustradas; afecta el derecho de propiedad de los usuarios que no advierten el engaño de la publicidad; provoca la compra compulsiva por la cual el cliente queda cautivo; reduce la capacidad de consumo de bienes y servicios en desmedro de los derechos individuales del grupo de usuarios; ocasiona el sobreendeudamiento pasivo de los consumidores que no advierten el engaño.

Por esas razones, adujo que se trata en la especie de un hecho generador único o continuado, que provoca una lesión a todos los consumidores, motivo por el cual, al tratarse de una causa fáctica homogénea, «PADEC» se encontraba legitimada para promover el presente reclamo.

En referencia a su pretensión, explicó que la emplazada es una empresa que realiza oferta pública dirigida a usuarios indeterminados del servicio de enseñanza del idioma inglés y efectúa profusa publicidad, poniendo el acento en la aplicación de una metodología diferencial y única, y pregonando «máxima flexibilidad de horarios, sin pérdida de clases; máxima personalización; aprendés a tu ritmo; aprendizaje y práctica; clima y actividades de inmersión»; etcétera.

Aseveró que en ninguno de los instrumentos de oferta pública del servicio se precisa su precio y que dicha información, así como la modalidad de pago, también se oculta en los catorce (14) centros educativos hasta la finalización del discurso persuasivo que el instituto encomienda a sus promotoras de venta.

Sostuvo que el «modus operandi» de la accionada quedó evidenciado con la experiencia vivida por Cecilia Zanotti, quien atraída por las publicidades de la demandada de principios del año 2006, se apersonó en la sucursal de la calle Juramento N° 2421, piso 1°, de esta Ciudad, donde, tras una charla en la que se la consultó acerca de sus expectativas, le explicaron que no se trataba de una escuela de inglés tradicional, dado que su método pedagógico ponía énfasis en las actividades de intercambio y sociales, y le solicitaron la suscripción de una constancia de cargo a la tarjetade crédito por el valor total del curso, dividido en dieciocho (18) cuotas, que coincidían con el plazo de duración de tres (3) niveles.

Afirmó que al poco tiempo, durante la ejecución del contrato, Zanotti comenzó a advertir: (i.) que el cómputo del tiempo de la asistencia al instituto no era real, sino que se computaba un lapso virtual mínimo de una hora, independientemente de que se hubiera utilizado el software de enseñanza durante un plazo menor; (ii.) que el servicio ofertado difería del efectivamente prestado, dado que el dictado de clases por docentes fue reemplazado por el uso de un software audiovisual en una computadora con micrófono y auriculares, en un gabinete denominado «speaking center» en el que no se facilita el contacto con persona alguna; y (iii.) que sólo estaba prevista una tutoría a cargo de una única persona en todo el instituto, a quien el alumno podía plantear las dudas que se le presentasen, debiendo llamarlo a viva voz desde el gabinete y esperar a que terminara de atender a otros alumnos, por lo cual el tiempo de espera para la atención de la consulta se extendía desproporcionadamente en relación con el turno disponible por el alumno, desvirtuándose así la característica pregonada como «aprendés a tu ritmo».

Sostuvo que, frente a dicho cuadro de situación, Zanotti intentó sin éxito desvincularse de la demandada, procurando cancelar el débito automático de su tarjeta de crédito VISA, pero el personal administrativo de dicha empresa le informó que ello no era posible, dado que el pago del precio del curso se había efectuado mediante un único cargo a la tarjeta de crédito, dividido en dieciocho (18) cuotas y no a través de un simple débito automático mensual.

Expuso que diversas empresas administradoras de tarjetas de crédito reciben frecuentes pedidos de los clientes de cese del pago de cuotas al instituto accionado, pero ello resulta imposible en virtud de que este último adopta el sistema de cobro referido precedentemente, generándose así un desequilibrio delas prestaciones recíprocas del contrato y un abuso del derecho, dado que la empresa demandada termina percibiendo pagos en concepto de servicios que no presta.

Describió el intercambio epistolar mantenido entre Zanotti y «Wall Street», mediante el cual la primera pretendió la rescisión del contrato y la restitución de las sumas correspondientes a las clases pendientes que fueron abonadas en forma anticipada, obteniendo una respuesta negativa de la demandada, quien se limitó a ofrecer solucionar los problemas de horario que pudiera tener aquella a los fines de continuar con el curso contratado.

Solicitó que se declarara la nulidad absoluta de la cláusula IV del contrato tipo prerredactado por la accionada, en tanto impone al alumno la obligación del pago total del precio del curso y prevé que la falta de asistencia o abandono del curso, o la falta de utilización de los servicios contratados no dará derecho a la devolución de suma alguna, lo cual resulta notoriamente abusivo, dado que prescinde del equilibrio de las contraprestaciones recíprocas al imponer la obligación del pago independientemente de la efectiva prestación del servicio contratado.

También solicitó que fuera declarada la nulidad absoluta de la cláusula V del contrato, que establece que, si el objetivo didáctico se cumpliese antes de finalizar el período de realización del curso, el alumno reconoce la finalización del contrato, lo cual incumpliría con la oferta pública basada en el slogan que reza: «aprendés a tu ritmo».

Adujo que, a partir de dichas cláusulas, los usuarios del servicio brindado por la demandada quedan «atrapados sin salida», ya que su voluntad rescisoria resulta de imposible ejecución y deben abonar el precio total del curso mediante tarjeta de crédito -excluyéndose a los potenciales usuarios que no posean una-, no pudiendo interrumpirse el cobro de las cuotas.

Destacó, asimismo, que las obligaciones de los alumnos se encuentran redactadas con caracteres tipográficos menores a los indicados por la normativa sobre el tamaño de la letra en los contratos de consumo (Resolución S.I.C. y M.906/98).

Continuó señalando que los precios de los cursos resultaban notoriamente desproporcionados con la prestación del servicio contratado, consistente en la locación o alquiler de un software diseñado para la corrección de la pronunciación del idioma inglés.

Finalmente, sintetizó que la demandada no brin daba información veraz, eficaz, detallada y suficiente acerca del servicio contratado y vulneraba el deber de buena fe contractual al apelar a la publicidad engañosa, brindando un «plan de estudio» de dieciocho (18) meses consecutivos sin profesores, ni curso, ni clases, como se publicita, e imponiendo al alumno cláusulas predispuestas abusivas que impiden la rescisión contractual.

(2.) Corrido el pertinente traslado de ley, la demandada «Wall Street Argentina S.A.» compareció al juicio a fs. 92/97, resistiendo el curso de la pretensión y solicitando expresamente su rechazo, con costas.

Opuso, en primer término, la excepción de falta de legitimación activa de «PADEC», con fundamento en que la presente acción se origina en la relación entre la coactora Zanotti y su parte, en tanto que toda otra cuestión expuesta en la demanda invocando un reclamo de carácter colectivo, no revestía tal entidad, pues no hay en el caso una afectación objetiva de los derechos de los consumidores en los términos exigidos por el art. 55 LDC, quedando por ende excluida la objetividad requerida por el art.52 de la misma norma.

A continuación, y tras efectuar una pormenorizada negativa de los hechos invocados por la accionante en su escrito inaugural, pidió el rechazo íntegro de la acción, con costas a cargo de la actora.

En ese sentido, señaló que la actora basó su reclamo en la existencia de una supuesta «oferta pública» de su parte, confundiendo dicho concepto con el de «anuncio publicitario». Explicó que la diferencia entre uno y otro radica en que mediante la primera se pretende obtener ventas concretas de bienes o servicios en un plazo y bajo condiciones determinadas mediante una invitación pública a consumidores potenciales indeterminados, en tanto que el «anuncio publicitario» no es una oferta, sino que es un anuncio que apunta sólo a promover cierto servicio o empresa con el fin de difundir su existencia. Apuntó que la ilustración del cartel de «Wall Street» presentada como prueba por la actora no constituye la «oferta» a la que se refiere el art. 7 LDC, sino sólo un anuncio publicitario.

Manifestó que resulta falaz el argumento de que exige a sus alumnos el pago del curso mediante tarjeta de crédito, ya que ello es sólo una opción de elección generalizada, pues permite la financiación del precio, y que del contrato acompañado por la contraria surge que se aceptó en esa ocasión el pago en efectivo de la suma de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450).

Especificó que el curso contratado por Zanotti constaba de la utilización de sistemas didácticos y soportes audiovisuales, comprometiéndose su parte desde el mismo momento de la firma del convenio y durante todo el período de vigencia a poner a disposición de la actora:(i.) personal calificado para enseñanza personalizada; (ii.) centro lingüístico, con cabina individual y material audiovisual; (iii.) libros y material a utilizar en el centro de enseñanza; y (iv.) texto guía que pasaría a propiedad del alumno.

Agregó que el convenio dispone que la inasistencia al curso, o su abandono, o su falta de utilización, no dan derecho al alumno a rescindir el contrato, ni a solicitar devolución de suma alguna, dado que estos supuestos tienen su origen en la culpa de aquél, pero que frente a otras causales y atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular, el contrato sí puede ser revocado, en cuyo caso se procederá a la devolución de lo abonado por los períodos no utilizados.

Sostuvo que, contrariamente a lo manifestado por la accionante, el contrato en cuestión contiene obligaciones para ambas partes y es simple, con pocas cláusulas, sumamente claro, de fácil lectura, sin estipulaciones oscuras o dudosas, con un tamaño de letra superior a 1,8 mm., motivo por el cual, quien lo firma puede interpretarlo con una simple lectura y cuenta con todos los datos necesarios para poder tomar su decisión libremente.

Especificó que el sistema del curso consiste en el trabajo multimedia, el cual es individual y puede realizarse de manera independiente vía internet o en cualquiera de las sucursales del instituto con la asistencia del «personal tutor», combinado con las clases presenciales obligatorias -en las que se evalúa el progreso del alumno-, a las que podían añadirse las clases presenciales no obligatorias -para prácticas de los contenidos adquiridos-, encontrándose ambas a cargo de un profesor nativo o semi-nativo y en grupos de cuatro (4) alumnos como máximo.Explicó que el método de enseñanza se basa en la teoría de la adquisición de la lengua natural y está reconocido por la Universidad de Cambridge, de la cual obtuvo un certificado de lineamiento, y que la cantidad de profesores por centro de enseñanza varía entre dos (2) a cuatro (4), dependiendo de la cantidad de alumnos.

Finalmente, adujo que, si bien la actividad de «Wall Street» no está regida por las previsiones del decreto 371/64 que regula la actividad de los «institutos privados incorporados a la enseñanza oficial», sí se encuentra comprendida dentro del derecho a «enseñar» reconocido por el art. 14 CN.

Por todos esos motivos, solicitó el rechazo de la demanda incoada en su contra, con costas. Subsidiariamente, se opuso a que los efectos de una eventual condena trasciendan y hagan cosa juzgada y/o se establezca una reparación económica a todos los supuestos consumidores que hayan contratado con «Wall Street», pues ello conculcaría su derecho de propiedad y el de la defensa en juicio.

(3.) Abierta la causa a prueba y producidas las ofrecidas del modo que dan cuenta las certificaciones actuariales de fs. 355/357 y fs. 375, se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal derecho tanto la parte actora como la demandada mediante las piezas que lucen agregadas a fs. 388/390 y fs. 392/396, respectivamente, dictándose finalmente sentencia definitiva a fs.410/425.

II.- LA SENTENCIA APELADA

El fallo de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por «PADEC» contra «Wall Street», declarando abusivas las cláusulas que establecen el pago adelantado del servicio y la imposibilidad de rescisión del contrato y, en consecuencia, condenó a la demandada a eliminar en los contratos vigentes y a celebrarse las condiciones declaradas abusivas e integrar el contrato en la forma establecida en el pronunciamiento, ello dentro del plazo de treinta (30) días, bajo pena de aplicar una multa de pesos siete mil ($ 7.000) a favor de la asociación de consumidores actora por cada contrato que se celebre en violación a lo dispuesto -sin perjuicio de considerarse nulas tales cláusulas- y por cada incumplimiento de la obligación de admitir la rescisión en las nuevas condiciones fijadas. Asimismo, distribuyó las costas en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la demandada y en el veinte por ciento (20%) restante a cargo de la accionante y dispuso la publicación de edictos durante cinco (5) días en dos (2) diarios de amplia circulación, informando la obligatoriedad de incluir una cláusula rescisoria en los contratos vigentes y futuros, con explicación sucinta del modo de ejercicio y de sus efectos.

Para así decidir, la a quo comenzó señalando que la legitimación activa de las asociaciones de consumidores -como la actora «PADEC»- se halla supeditada a la existencia de una pluralidad relevante de individuos afectados y que la lesión derive de una causa fáctica y jurídica común, lo cual configura la categoría de intereses individuales homogéneos amparados por los art.43 CN y 54 LDC.

En ese sentido, apuntó que buena parte de las imputaciones efectuadas en la demanda apuntan al presunto incumplimiento de las obligaciones a su cargo en el que habría incurrido la emplazada durante la ejecución del contrato, poniéndose como ejemplo la experiencia vivida por Zanotti, quien, tras advertir que el curso consistía básicamente en la utilización de una computadora y que el instituto no contaba con la cantidad suficiente de personal docente, decidió sin éxito rescindir el contrato en los términos del art.

1204 CCiv. y obtener la restitución parcial del precio pagado por anticipado.

En ese marco, sostuvo que la verificación de los incumplimientos por parte de la demandada sólo podría realizarse en forma individual, motivo por el cual no podía determinarse la existencia de una «causa fáctica homogénea» que habilite la legitimación activa de la asociación de consumidores accionante para promover un reclamo de naturaleza colectiva con fundamento en dichos incumplimientos.Sobre esa base, determinó que al no verificarse la homogeneidad exigible, la actora carecía de legitimación para reclamar el reintegro de las sumas percibidas por la demandada por servicios no prestados.

No obstante ello, destacó que al fundar el pedido de reintegro del precio, la actora no invocó el incumplimiento de la demandada, sino que, por el contrario, lo soslayó, pues solicitó la restitución de todas las sumas cobradas sin causa a todos los alumnos que no hayan completado el curso contratado, «independientemente de la causa del cese», por lo que la pretensión se conectaba más con una rescisión, con efectos para el futuro y dejando subsistente el pago por los períodos en los que se haya utilizado el servicio, que con la resolución por incumplimiento, que daría lugar a la restitución del precio por diferir la efectivización de la prestación convenida.

En relación a la pretensión de «PADEC» de que se condenara a «Wall Street» a informar en forma cierta y objetiva el precio de los cursos que ofertaba públicamente en sus carteles, afiches, volantes, folletos, etcétera, en los términos de los arts. 4 y 7 LDC, con fundamento en que al no anunciar el precio en la publicidad, la demandada incumplía dicha normativa y producía la distorsión del mercado del servicio de enseñanza de idiomas que afecta en forma indirecta y difusa los intereses económicos de la sociedad en su conjunto, co nsideró que podrían hallarse involucrados los intereses de todos los potenciales consumidores y de la comunidad en su conjunto, por lo que aquélla se encontraba legitimada para accionar en los términos del art. 55 LDC.

Sin embargo, consideró que los carteles en los cuales basó su reclamo la actora no constituían una «oferta» en el sentido del art.7 LDC, sino un «aviso publicitario», por lo que la omisión de incluir en ellos precisiones relativas al precio no constituía incumplimiento de deber legal alguno, en función de lo cual dispuso el rechazo de la pretensión con respecto a este punto.

Prosiguió con el análisis de las objeciones de la accionante al contrato tipo adjuntado con la demanda relativos tanto al tamaño supuestamente reducido de las letras, como a la validez de las cláusulas IV y V, que consideró abusivas.

En ese sentido, comenzó señalando que, a simple vista, se observaba que en todo el contrato se había utilizado una tipografía de fácil lectura, sin que se advirtiera la violación de deber alguno respecto de los caracteres empleados.

Destacó, a continuación, que no se encontraba controvertido y que además ello surgía de la cláusula IV de los contratos acompañados en autos que la demandada -en todos los casos- percibía el precio total del curso al momento de la celebración del contrato -dieciocho (18) meses por adelantado-, sin posibilidad de devolución del precio a favor del consumidor que decidiera no continuarlo.

Precisó que la relación jurídica que vinculaba a «Wall Street» con los consumidores era, básicamente, una «locación de servicios», instrumentada mediante un contrato de «duración» y de «tracto sucesivo».

Explicó que en este tipo de contratación, el pago del precio se produce a medida que van cumpliéndose los períodos en que se presta el servicio y es usual que se estipule la facultad de rescindir el convenio unilateralmente, pero que en la especie, sin razón alguna que lo justificara, el contrato preveía el pago total del precio al inicio de la relación y no contenía una cláusula rescisoria, condiciones que resultan abusivas, en los términos del art. 37, inc.a), LDC, dado que provocaban un notorio desequilibro en perjuicio del consumidor, quien no tenía la facultad de arrepentirse, ni de solicitar el reintegro de las sumas abonadas por servicios no prestados.

De su lado, desestimó el invocado carácter abusivo de la cláusula V, que prevé la finalización del curso cuando se hubiere cumplido el «objetivo didáctico», dado que éste no puede ser otro que el aprendizaje del idioma en los niveles prometidos y esperados por el alumno, por lo que no advirtió a priori consecuencia perjudicial alguna para el consumidor derivada de dicha estipulación.

Sobre esa base y en virtud de las facultades previstas en el art.

37 LDC, determinó que la declaración del carácter abusivo del pago adelantado del precio y de la imposibilidad de rescisión importaba la prohibición de celebrar nuevos contratos que contuvieran esas condiciones y la obligación de incluir una cláusula rescisoria, la cual debería ser clara en cuanto a que podría ser ejercitada sin necesidad de invocar causa alguna, mediante simple comunicación escrita, con la anticipación que se establezca -que no podría ser superior a dos (2) meses- y establecería el modo en que será restituido el precio -debiendo elegirse la acreditación en la cuenta bancaria con la que opera el consumidor para efectuar los pagos, cuando la modalidad fuere posible-, todo ello bajo pena de aplicar una multa de pesos siete mil ($ 7.000) a favor de la asociación de consumidores actora por cada contrato que se celebre en violación a las condiciones referidas precedentemente.

Precisó que la obligación de restitución del precio percibido por adelantado no derivaba de incumplimiento alguno, sino del ejercicio de una facultad establecida a favor del consumidor que convierte al pago recibido por los períodos no utilizados en un pago indebido por haber cesado la causa (art. 793 CCiv.), sin que quepa imputar mala fe al proveedor en su percepción, por lo cual los intereses serían debidos sólo a partir de la fecha en que opera la rescisión (art.786 CCiv.).

Y en relación a los contratos en curso de ejecución, estableció que los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas y de la integración referidas precedentemente sólo podrían operar para el futuro, sin perjuicio del derecho que pudieran hacer valer por vía individual los consumidores, dado que la verificación de la «percepción sin causa» no podía establecerse en el marco de una acción colectiva, sino que requería determinar, mediante la producción de prueba, si el servicio había dejado de ser utilizado, si se había expresado la voluntad de extinguir el contrato y, en su caso, cuál había sido la conducta asumida por las partes con posterioridad. Agregó que, en definitiva, no halló configurada la uniformidad fáctica necesaria para hacer viable esta pretensión mediante una acción colectiva, máxime cuando en función de los montos involucrados, no advirtió obstáculo insalvable para efectuar dicho reclamo por vía de la acción individual. Por todo ello, dada la ausencia de legitimación activa por no verificarse la homogeneidad fáctica exigible, desestimó la pretensión de restitución a favor de los consumidores del precio correspondiente a los períodos en los cuales no hubieren hecho uso efectivo del servicio.

Rechazó, asimismo, la procedencia de la condena en concepto de «daño punitivo», habida cuenta que fue desconocida la legitimación para reclamar por las consecuencias patrimoniales presuntamente padecidas por los consumidores que contrataron con la accionada.

Por último, impuso las costas del proceso en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la demandada y en el veinte por ciento (20%) restante a cargo de la actora.

III.- LOS AGRAVIOS

(1.) Contra el pronunciamiento precedentemente descripto se alzó únicamente en definitiva la accionante «PADEC» -a fs. 429-, quien fundó su recurso mediante el memorial obrante a fs. 438/447, el que no fue replicado.

Cabe aclarar que si bien la demandada «Wall Street» también apeló en una primera instancia la sentencia de grado -a fs.427-, el recurso fue declarado desierto por esta Sala a fs. 449, por no haber dado cumplimiento la apelante a lo preceptuado por el art. 259 CPCC, lo que circunscribe la competencia de esta Alzada al conocimiento del recurso deducido por la accionante.

(i.) Se quejó la actora, primeramente, de que la Señora Juez de grado hubiera errado al rechazar la legitimación ampliada de su parte para reclamar la restitución por parte de la demandada de las sumas que hubiera percibido sin causa correspondientes a períodos en los cuales el consumidor no hizo uso efectivo del servicio, con fundamento en que no existiría una homogeneidad fáctica, dado que podrían existir alumnos que estuvieran satisfechos con las prestaciones recibidas, cuando -contradictoriamente- sí le reconoció la legitimación ampliada para peticionar que se declaren abusivas las cláusulas IV y V del contrato tipo.

Adujo en tal sentido que la homogeneidad fáctica que habilita la legitimación activa ampliada estaría dada por el hecho de que se encuentra acreditado que el instituto demandado no emitió certificado alguno y que ninguno de sus locales se encuentra habilitado para funcionar como «instituto de enseñanza», sumado a la falta de correlación de la publicidad con el contrato predispuesto y a la ausencia de docentes.

Señaló, asimismo, que la a quo afirmó que su pretensión no estaba basada en incumplimiento alguno, omitiendo considerar los distintos incumplimientos normativos en los que incurrió la accionada que fueron detallados en los capítulos V y VI de la demanda.

Por esas razones, solicitó que se hiciera lugar a la legitimación ampliada de su parte a los efectos de reclamar la restitución de las sumas percibidas sin causa por la emplazada.

(ii.) También se agravió de la sentencia de grado por cuanto, si bien inhibió la producción de daños futuros a los consumidores al disponer la eliminación de las cláusulas cuestionadas de los contratos a celebrarse a partir del momento en que el pronunciamiento quede firme, de todos modos consintió la conducta abusiva observada por la emplazada hasta el momento,quien percibió sumas de dinero de los usuarios por servicios que nunca brindó.

Requirió por ello la aplicación de «las consecuencias normativas del art. 37 LDC a todos los usuarios que padecieron el abuso contenido en las cláusulas IV y V» del contrato tipo.

(iii.) Criticó que la Señora Juez a quo hubiera omitido pronunciarse acerca del incumplimiento al art. 9 de la ley 22.802 en que incurrió la actora al efectuar publicidades sin informar el precio de los cursos ofertados en forma cierta y objetiva, y que tampoco ponderó que la publicidad de la demandada tiene un objeto -locación de servicio (curso de enseñanza de idioma inglés)- diferente al que se indica en el contrato -locación de cosa (software)-.

Apuntó que la sentenciante de grado calificó erróneamente al contrato como una «locación de servicios», apartándose de la definición efectuada por la propia demandada en la cláusula III del convenio y pasando por alto que esta última brinda una «locación de cosa», carece de autorización administrativa que la habilite como instituto de enseñanza y no cuenta con los docentes necesarios para brindar los cursos de inglés publicitados.

Adujo, también, que la sentencia apelada incurre en una contradicción al determinar que el pedido de restitución del precio formulado en la demanda no se basa en incumplimiento alguno, pese a que en el mismo pronunciamiento no sólo fueron declaradas abusivas las cláusulas IV y V del contrato, sino que también se reconoció la existencia de incumplimiento con motivo del anuncio publicitario, por lo cual se ordenó modificar el objeto del contrato, aún cuando se consideró que no correspondía imputar mala fe al obrar de la emplazada.

Destacó, por último, que si bien la sentencia de grado reconoce que el consumidor tiene derecho a reclamar individualmente a «Wall Street» la restitución del precio pagado por adelantado por períodos no utilizados, pasó por alto que aquél es víctima de un abuso y que ve dificultado su acceso a la Justicia debido a que el valor areclamar es inferior al monto mínimo apelable, lo que ocasiona un desinterés de los abogados por tomar este tipo de casos.

Solicitó por esas razones que se condenara a la demandada a informar el precio y las condiciones de la oferta publicitada de un modo objetivo y cierto y a restituir las sumas de dinero percibidas sin causa, con costas a su cargo.

(iv.) Se agravió también del rechazo de la procedencia del «daño punitivo», pese a que se encontrarían acreditados los distintos incumplimientos de las obligaciones legales por parte de la demandada. Solicitó en ese sentido la aplicación de una multa civil de pesos siete mil ($ 7.000) «a favor de cada consumidor damnificado por el abuso de derecho» acreditado en autos.

(v.) Por último, criticó la sentencia apelada en cuanto, pese a admitir la existencia del daño ocasionado a los usuarios por la existencia de cláusulas abusivas, le impuso parcialmente las costas del proceso a la asociación de consumidores accionante que actúa en beneficio de los consumidores perjudicados por el accionar de la demandada, solicitando como consecuencia de ello que las costas le sean impuestas en su totalidad a esta última parte.

(2.) La Sra. Fiscal General emitió su opinión en los términos que ilustra el dictamen de fs. 453/462.

IV.- LA SOLUCIÓN PROPUESTA (1.) El thema decidendi.

Liminarmente, cuadra destacar que en relación al total de cuestiones que fueran materia de debate a lo largo del litigio no resultan ya aspectos controvertidos ante esta Alzada -en razón de haber sido consentida la decisión de la Juez a ese respecto- los siguientes tres (3) extremos:(i.) que la tipografía empleada en los contratos acompañados con la demanda es de fácil lectura y que por lo tanto no vulnera la normativa que establece un tamaño mínimo; (ii.) que la cláusula V del contrato tipo elaborado por la demandada, que prevé la finalización del curso cuando se hubiere cumplido el «objetivo didáctico», no reviste carácter abusivo; y (iii.) que la cláusula IV, en tanto dispone el pago total del curso al momento de la celebración del convenio -dieciocho (18) meses por adelantado- y no contiene una cláusula rescisoria, resulta abusiva, en los términos del art. 37, inc. a), LDC, pues ocasiona un marcado desequilibrio en perjuicio del consumidor, quien no cuenta con la facultad de arrepentirse, ni de solicitar el reintegro de las sumas abonadas por servicios no prestados. Por último, también ha quedado firme -por no mediar agravio alguno sobre el particular ante esta Alzada- la decisión de la Juez de prohibir a la demandada «Wall Street» la celebración de nuevos contratos que establezcan tanto el pago anticipado del precio del curso, como la imposibilidad de rescindir el convenio y la de obligar a dicha parte a incluir una cláusula rescisoria, la cual deberá ser clara en cuanto a que podrá ser ejercitada sin necesidad de invocar causa alguna, mediante simple comunicación escrita, con la anticipación que se establezca -que no podrá ser superior a dos (2) meses- y establecerá el modo en que será restituido el precio -debiendo elegirse la acreditación en la cuenta bancaria con la que opera el consumidor para efectuar los pagos, cuando la modalidad fuere posible-, todo ello bajo pena de aplicar una multa de pesos siete mil ($ 7.000) a favor de la asociación de consumidores actora por cada contrato que se celebre en violación a las condiciones referidas precedentemente.

Ello aclarado y enunciados del modo expuesto ut supra (ver considerando III) los reproches vertidos por la recurrente ante esta instancia, el thema decidendi en esta Alzada ha quedado circunscripto entonces a determinar, primero, si resultó acertada ono la decisión de la Juez de grado de rechazar la legitimación activa de «PADEC» para reclamar el reintegro a los consumidores de las sumas abonadas a la demandada «Wall Street» por servicios no prestados como consecuencia de no haber podido determinar en la especie la existencia de una «causa fáctica homogénea» entre los consumidores que habilite a aquélla a promover un reclamo de naturaleza colectiva y después, eventualmente, según el resultado de ese análisis, si resulta procedente o no dicho reintegro. Luego, en segundo término, cabrá determinar también si asistió razón o no a la a quo al desestimar la pretensión de la actora relativa a que se condene a la demandada a informar en sus anuncios el precio y las condiciones de la oferta publicitada de un modo objetivo y cierto, e independientemente de ello, la procedencia o no del rubro indemnizatorio rotulado como «daño punitivo» que fuera rechazado en la anterior instancia. Por último, restará finalmente examinar si resultó o no correcta la forma en que fueron distribuidas las costas del proceso en el fallo apelado, aspecto sobre el que también medió un agravio específico por parte de la recurrente.

Pues bien, a efectos de ingresar en el tratamiento de la primera de las cuestiones precedentemente enunciadas, esto es, la relativa al esclarecimiento de si «PADEC» se encuentra habilitada o no para reclamar el reintegro a los consumidores de las sumas abonadas a la demandada «Wall Street» por servicios no prestados, se muestra menester establecer cuáles son los elementos que otorgan legitimación activa a las asociaciones de consumidores para promover un reclamo de naturaleza colectiva cuando tiene esas características. Veamos.

(2.) La legitimación activa de las asociaciones de consumidores para promover acciones colectivas.

El art.43 de la Constitución Nacional establece que «toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley (.) Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización».

De su lado, resulta insoslayable aludir al tratamiento del tema dispensado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en los autos «Halabi Ernesto c/ PEN ley 25873-dto. 1563/04 s/ Amparo ley 16.986» , del 24/02/2009 (Fallos: 332:111), donde señaló que «en materia de legitimación procesal corresponde delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos».

Respecto del primer supuesto -derechos individuales- el más Alto Tribunal indicó que «la regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular». En esos casos existe «un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular, quien debe, indispensablemente, probar una lesión a ese derecho para que se configure una cuestión justiciable. A esta categoría de derechos se refiere el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional en que encuentra cabida la tradicional acción de amparo, instituida por vía pretoriana por la Corte en los conocidos precedentes «Siri» y «Kot» (Fallos:239:459 y 241:291, respectivamente) y consagrada más tarde legislativamente. Esta acción está destinada a obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados».

De otro lado, los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (art. 43 de la Constitución Nacional), son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado. «En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes. En primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. (…) Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno. En segundo lugar, la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho.

Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera. De tal manera, cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación».

Siguiendo con su desarrollo, el Superior indicó que «la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art.43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. (…) Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño» -el destacado no es del original-.

Respecto de este último supuesto -derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos-, la Corte apuntó que si bien «no hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase», omisión «que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido, (.) la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular». Ello pues, «donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos:239:459; 241:291 y 315:1492)».

Se ha dicho también que «la eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado (doctrina de Fallos: 211:1056 y215:357)».

Así la Corte estableció que «la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la «.

«El primer elemento es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. El segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más personas y que pueden motivar acciones de la primera categoría. De tal manera, la existencia de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho. Como tercer elemento es exigible que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia».

Añadió que tal conclusión «no puede ser objetada so pretexto de que la acción colectiva prefigurada en la referida cláusula constitucional no encuentre, en el plano normativo infraconstitucional, un carril procesal apto para hacerla efectiva.Ese presunto vacío legal no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva de los derechos constitucionales que se aducen vulnerados. Ha expresado el más alto Tribunal al respecto, que basta la comprobación inmediata de un gravamen para que una garantía constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias».

En definitiva, la Corte entendió en el fallo citado que «la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo».

Sentado ello, corresponde adentrarnos en el análisis de la controversia generada en autos en torno a la legitimación activa de «PADEC».

(3.) La legitimación activa de «PADEC» para reclamar el reintegro a los consumidores de las sumas abonadas a la demandada «Wall Street» por servicios no prestados.

La asociación de consumidores actora reclamó, por una parte, que se declare la nulidad de las cláusulas IV y V del contrato tipo implementado por la accionada (véase fs.41 vta., punto 2) por considerarlas abusivas, dado que la primera prevé el pago por anticipado del precio total del curso, sin que el consumidor cuente con la posibilidad de rescindir el convenio, en tanto que la última dispone que, en caso de que el objetivo didáctico se cumpliese antes de finalizado el período de realización del mismo, el alumno reconoce la finalización del contrato.

Solicitó, asimismo, que se condene a la demandada «Wall Street» a «devolver a todos los usuarios las sumas de dinero percibidas sin causa y derivadas de la aplicación de las cláusulas abusivas insertas en el contrato tipo implementado…», ello con más los correspondientes intereses compensatorios y punitorios (véase fs. 41 vta., punto 6). En idéntico sentido, aclaró en el mismo escrito de inicio que lo que pretende es que se «…oblig(ue) a la empresa demandada a devolver las sumas de dinero percibidas sin causa a todos los alumnos que no hayan completado el curso contratado, independientemente de la causa del cese» (véase fs. 47, cuarto párrafo).

De su lado, cabe reiterar que la procedencia de las acciones basadas en los «derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos» reconocidos por el art.43 CN requiere la verificación de una causa fáctica común u homogénea, esto es, la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales.

En ese marco, aparece clara la legitimación activa de la asociación de consumidores para reclamar que se declaren abusivas las cláusulas IV y V del contrato tipo implementado por la demandada, dado que, tal como quedó establecido en la sentencia apelada -extremo que quedó consentido al no ser materia de agravio-, aquellas podrían involucrar los intereses de todos los potenciales consumidores y de la comunidad en su conjunto.

Empero, cabe adelantar -sin incurrir en contradicción alguna- que no ocurre lo propio con el reclamo para que se restituyan a los alumnos de la emplazada las sumas de dinero «percibidas sin causa y derivadas de la aplicación de las cláusulas abusivas insertas en el contrato tipo…». En efecto, adviértase que esta petición puntual no se funda en la mera existencia de las cláusulas abusivas, sino en su efectiva «aplicación» y en las consecuencias concretas que se habrían derivado de ello, como ser, que a algunos alumnos de «Wall Street» que -por el motivo que fuere- no completaron el curso contratado no le hubieran sido restituidos los montos -abonados por adelantado- correspondientes a los meses no cursados.

Ahora bien, siendo que uno de los requisitos de la legitimación activa de las asociaciones de consumidores es la verificación de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, resultaba carga de la accionante «PADEC» acreditar en autos la existencia de esa causa fáctica común u homogénea, es decir, que un número considerable de alumnos decidió no continuar con el curso contratado y que no logró obtener del instituto demandado la restitución de las sumas correspondientes al servicio no prestado.

En ese sentido, la actora citó el caso de Cecilia Marta Zanotti, afirmando que ésta le envió una carta documento a la demandada «Wall Street» informándole su decisión de rescindir el contrato oportunamente suscripto y solicitándole la restitución de las sumas percibidas por servicios no prestados, recibiendo por respuesta una epístola en la que esta última manifestó que, en virtud de lo acordado en la cláusula IV, no correspondía dejar sin efecto el contrato ni tampoco el reintegro de importe alguno (véanse fs. 43 vta./45 vta.). Los hechos referidos fueron expresamente reconocidos por la emplazada al contestar demanda (véanse fs. 93 vta./94 vta.).

Por su parte, «American Express Argentina S.A.» informó que en el período comprendido entre los meses de febrero de 2005 y octubre de 2009, recibió «…90 reclamos por consumos realizados con tarjetas American Express Argentina S.A. a favor de Wall Street: 28 de ellos se debieron a servicios que se encontraban cancelados, 8 en los que se solicitó el freno del débito aut omático y los reclamos restantes por otros motivos, tales como consumo duplicado, no reconocimiento del consumo por el socio, reclamo de crédito, etc.» -el destacado no es del original- (véase fs.195). Sin embargo, la administradora de tarjetas de crédito no brindó mayores precisiones acerca de la eventual vinculación jurídica entre los usuarios reclamantes y la demandada -no pudiendo determinarse, v.gr, si todos aquéllos eran alumnos de esta última-, ni tampoco dio cuenta de la suerte que corrió cada uno de esos reclamos, por lo cual no es posible establecer si se trató en todos los casos de alumnos que decidieron rescindir el contrato con «Wall Street» y que no obtuvieron el reintegro por servicios no prestados.

De esta manera, de las constancias obrantes en autos se extrae que, en el período comprendido entre los meses de febrero de 2005 y octubre de 2009, los casos de alumnos que habrían comunicado a la accionada su decisión de dar por concluido el contrato y habrían procurado infructuosamente que les fuera restituido el importe correspondiente a los períodos no cursados se limitaría -en el supuesto más favorable para la actoraa noventa y un (91) alumnos -Zanotti, quien abonó con una tarjeta de crédito «VISA» (véase contrato obrante en copia a fs. 30), sumada a los noventa (90) usuarios informados por «American Express»-.

Ahora bien, el perito contador designado en autos dio cuenta en su informe de fs. 326/332 que la cantidad de usuarios que contrataron el servicio de enseñanza de inglés en el período comprendido entre los años 2005 y 2008 que surge de los libros contables de la demandada es el siguiente: (i.) año 2005: tres mil seiscientos noventa y ocho (3.698) alumnos; (ii.) año 2006: cuatro mil cuatrocientos veintiuno (4.421) alumnos; (iii.) año 2007: cinco mil doscientos veintiuno (5.221) alumnos; y (iv.) año 2008: cinco mil setecientos setenta y siete (5.777) alumnos (véanse fs.327 y vta., respuesta al punto 3).

Todo ello arroja un total de diecinueve mil ciento diecisiete (19.117) alumnos inscriptos en «Wall Street» durante el período 2005/2008.

De lo hasta aquí expuesto se extrae que los casos de alumnos que, durante el período comprendido entre los meses de febrero de 2005 y octubre de 2009, habrían comunicado a la accionada su decisión de dar por concluido el contrato y no habrían obtenido la restitución del monto correspondiente a los períodos no cursados ascendería -en el mejor de los casos para la posición de la demandante- a noventa y un (91) alumnos, lo cual representa tan sólo el cero con cuarenta y ocho por ciento (0,48%) del universo de diecinueve mil ciento diecisiete (19.117) alumnos inscriptos en «Wall Street» durante el período 2005/2008, porcentaje que lógicamente se vería reducido aún más si se contabilizasen los alumnos inscriptos durante el período comprendido entre los meses de enero y octubre de 2009, lapso temporal que «American Express» incluyó en su informe y que, en cambio, no fue compulsado por el perito contador. No desconozco que existe la posibilidad cierta de que se hubieran producido otros reclamos como los que nos ocupan vinculados a la operatoria con las restantes tarjetas de crédito que operan en el mercado, sin embargo, las contestaciones emanadas de «VISA Argentina S.A.» (véase fs. 167), «First Data Cono Sur Argentina S.R.L.» (véanse fs. 238 y fs. 260/261); «Italcred S.A.» (véase fs. 163) y «Tarshop S.A.» (véase fs.372) no aportaron elementos relevantes en ese sentido.

En este estado, cabe recordar que uno de los requisitos para la procedencia de las acciones colectivas es la verificación de una causa fáctica común, dada por la «existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales». En el caso que nos ocupa, por el contrario, se advierte que de los elementos incorporados a la causa surge que la cantidad de alumnos que habrían decidido rescindir el contrato con la demandada «Wall Street» y no habrían obtenido la devolución de las sumas de dinero correspondiente a los períodos no cursados sería ínfimo, del orden -reitero, en el mejor de los casos para la posición de la actora- de tan sólo el cero con cuarenta y ocho por ciento (0,48%) del total, resultando claro que esa porción no resulta representativa de una «pluralidad relevante» del alumnado.

Ello determina que, al no haberse verificado en la especie la existencia de una causa fáctica común u homogénea, la asociación de consumidores actora no cuenta con legitimación procesal para reclamar -como lo hizo- que se condene a la demandada a «devolver a todos los usuarios las sumas percibidas sin causa, derivadas de la aplicación de las cláusulas abusivas insertas en el contrato tipo» (véase fs. 41 vta., punto 6).

En ese marco, carece de todo andamiaje el planteo de la apelante relativo a que la «homogeneidad fáctica» requerida estaría dada por los siguientes hechos que le imputó a la emplazada: (i.) no emitió certificado alguno; (ii.) ninguno de sus locales cuenta con habilitación para funcionar como «instituto de enseñanza»; (iii.) falta de correlación de la publicidad con el contrato tipo; (iv.) ausencia de personal docente; y (v.) diversos incumplimiento normativos denunciados en los capítulos V y VI de la demanda.Ello así, pues, aún en el supuesto de comprobarse que «Wall Street» incurrió en todas y cada una de dichas irregularidades, ello no modificaría en modo alguno el factor determinante para concluir que en la especie no se advierte la «homogeneidad fáctica» referida, esto es, que el número de consumidores que decidió rescindir el contrato con la demandada y no obtuvo la -aquí reclamada- restitución de las sumas de dinero correspondiente a los períodos no cursados resulta ínfimo frente al total de alumnos inscriptos, por lo que dicha lesión no alcanza a una «pluralidad relevante» de derechos individuales, ni -por ende- habilita el planteo de una acción colectiva.

Dado los fundamentos hasta aquí desarrollados, sólo cabe concluir -conforme se adelantó ut supra- que no resulta contradictorio establecer, por un lado, que la accionante «PADEC» cuenta con legitimación activa para reclamar que se declaren nulas las cláusulas IV y V del contrato tipo y, por el otro, que no se encuentra habilitada para demandar la restitución a los alumnos que rescindieron el contrato los importes correspondientes a los períodos no cursados. Ello así, pues, en el primer caso, las cláusulas cuestionadas se encuentran incorporadas en todos los contratos implementados por la demandada, por lo que podrían involucrar los intereses de todos los alumnos y potenciales consumidores, configurándose de esta manera la «homogeneidad fáctica» requerida para habilitar a las asociaciones de consumidores a entablar una acción colectiva. En igual sentido se pronunció la CSJN, reconociendo la legitimación procesal de los demandantes, tanto en el ya citado caso «Halabi», de fecha 24/02/2009 (Fallos: 332:111), donde se reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 -arts. 1° y 2°- y del decreto 1563/04, en cuanto autorizaban la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet, sin precisar en qué casos y con qué justificativos, dado que aquí se podría ver comprometida la esfera de intimidad personal de todos los individuos, como así también -recientemente- en el caso «PADEC c/ Swiss Medical S.A.s/ Nulidad de cláusulas contractuales», del 21/08/2013, en el que la aquí accionante demandó la nulidad de la cláusula del contrato entre la prestadora de servicios de medicina prepaga y los afiliados que contempla el derecho de aquélla a modificar unilateralmente las cuotas mensuales, ya que los aumentos abarcaban a todos los socios y serían susceptibles de «ocasionar una lesión al derecho de una pluralidad de sujetos».

Empero, el reconocimiento de esa legitimación activa para incoar una demanda puntual no habilita a aquéllos que accionan en defensa de un interés colectivo a efectuar cualquier tipo de reclamo referido con el contrato o norma cuestionados, sino que su marco de acción se encuentra limitado -en lo que aquí interesa- a aquellos hechos que puedan provocar una lesión a una «pluralidad relevante de derechos individuales», circunstancia que -como se determinó ut supra- no se verificó en el reclamo de la devolución de sumas percibidas sin causa.

Por último, resta señalar que el no reconocimiento de la legitimación activa de la actora para efectuar el reclamo en cuestión en modo alguno implica «consentir la conducta abusiva de la demandada», pues ello no importa un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, es decir, no se determina si es procedente, o no, la restitución de dinero pretendida, quedando -por ende- subsistente la posibilidad de los consumidores que se hallen afectados de efectuar dicho planteo en forma individual, no advirtiéndose que los montos comprometidos -aún en el caso de no alcanzar el monto mínimo apelable- pudiesen generar un desinterés generalizado de los abogados por tomar este tipo de casos, a punto tal de obstaculizar el acceso a la Justicia de los consumidores.

En virtud de los fundamentos desarrollados ut supra, conclúyese en que la asociación de consumidores accionante no cuenta con legitimación activa para reclamar la devolución a los alumnos de la demandada de las sumas de dinero correspondientes a los períodos no cursados y, en consecuencia, corresponde rechazar los agravios de la actora «PADEC» tendientes a revertirel rechazo de la legitimación dispuesto en la sentencia apelada.

(4.) El contenido de la publicidad de la demandada.

La sentencia apelada también desestimó la pretensión de la parte actora de que se condene a la demandada a informar en forma cierta y objetiva el precio de los cursos ofertados en diversos medios publicitarios, con fundamento en que los carteles en los cuales la accionante basó su reclamo no constituyen una oferta, en los términos del art. 7 LDC, sino meros anuncios publicitarios, a los cuales no les es exigible que contengan todas las precisiones que debe tener una oferta. Agregó que la omisión de incluir precisiones relativas al precio en carteles existentes en la vía pública o en folletos publicitarios no constituye incumplimiento de deber alguno y que en las publicidades de marras no se verifica la existencia de engaño o distorsión alguna relativa al precio.

La actora se agravió de esa decisión, aduciendo que la a quo no se pronunció acerca del incumplimiento relativo a la previsión del art. 9 de la ley 22.802 en el que incurrió la emplazada al no incluir en sus publicidades información cierta y objetiva acerca del precio de los cursos ofrecidos. Adujo también que la sentenciante confundió el acto de informar con el de publicitar y que no reparó en que los servicios publicitados difieren del servicio efectivamente contratado, al que calificó como una locación de servicio (curso de enseñanza de idioma inglés), cuando -en realidad- se trata de una locación de cosa (software). Destacó asimismo los errores en los que habría incurrido la Sra. Juez de grado al considerar que la restitución del precio pretendida en la demanda no deriva de incumplimiento alguno, al pasar por alto que el consumidor es víctima de un abuso y encuentra obstaculizado el acceso a la Justicia por el desinterés de los letrados ante un reclamo de escaso monto y al considerar que no cabe imputar mala fe al proveedor que implementa un objeto contractual diferente al publicitado.Por todo ello, solicitó que se condene a la accionada «…a informar el precio y las condiciones de la oferta publicitada de un modo objetivo y cierto, y aplique la sanción de restitución de las sumas de dinero percibidas sin causa» (véase fs. 444 vta.).

En ese marco, vale comenzar recordando que nuestro código ritual exige que el objeto de la demanda, además de ser idóneo y jurídicamente posible, debe hallarse debidamente precisado. A este último requisito, en particular, se refieren los incs. 3° y 6° del art. 330 CPCC, en tanto imponen, respectivamente, que la demanda contenga «la cosa demandada, designándola con toda exactitud» y «la petición en términos claros y positivos» (conf. Palacio, Lino Enrique, «Derecho Procesal Civil», Ed. Abeledo – Perrot / Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2005, T° IV – Actos Procesales, pág. 280, punto a).

El mencionado inc. 3° requiere la exacta delimitación, cualitativa y cuantitativa, del objeto mediato de la pretensión formulada en la demanda (conf. Palacio, Lino Enrique, «Derecho Procesal Civil», ob. cit. supra, pág. 280, punto b).

Por su parte, la petición a la que alude el inc. 6° es el fin de la pretensión o el efecto jurídico que mediante ella se persigue. A través de ella, el actor concreta el objeto inmediato de la pretensión contenida en la demanda, es decir, alude a la clase de pronunciamiento judicial que persigue en el caso concreto (condenatorio, declarativo, determinativo, etc.). Es fundamental fijarla con precisión, pues sobre esa petición deberá pronunciarse el Juez y no sobre ninguna otra, aún cuando se la quiera introducir como hecho nuevo, si no es admisible como tal. Es la síntesis, breve y concisa, de los razonamientos desarrollados en la exposición de los hechos (conf. Highton, Elena I. – Areán, Beatriz A., «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», Ed.

Hammurabi, Buenos Aires, 2006, T° 6, pág.283).

La petición debe ser clara y concreta, sin dejar duda alguna con respecto al hecho descripto y al contenido de la pretensión, toda vez que es carga de los litigantes formular los hechos y describir los rubros reclamados, y porque a sus términos debe ajustarse la sentencia, que admitirá o rechazará la acción deducida. Al referirse a «términos claros», se persigue evitar relatos y peticiones farragosas. Con «positivos» se refiere a una repulsa a la petición generalizada, carente de precisión e individualización al redactarse en términos implícitos, ambiguos o imprecisos (conf. Highton, Elena I. – Areán, Beatriz A., «Código Procesal…», ob. cit. supra, págs. 283/284).

En la práctica, la petición se formula al comienzo del respectivo escrito introductorio y se reitera en la parte final, a modo de síntesis de las manifestaciones expuestas en la demanda, si bien nada impide que se formule en cualquier otra parte del escrito de demanda (conf. Highton, Elena I. – Areán, Beatriz A., «Código Procesal…», ob. cit. supra, págs. 284).

Ése fue, precisamente, el esquema adoptado por la parte actora en su escrito inaugural, donde comenzó especificando que el objeto de la demanda -en lo que aquí interesa- consistía en que se condene a la emplazada «Wall Street» a «informar en forma cierta y objetiva el precio de los cursos que oferta públicamente en sus carteles, afiches, volantes, folletos, etc.» -el destacado no es del original- (véanse fs. 41 y vta., capítulo II.- Objeto, punto 1.), y concluyó reiterando ese reclamo, en idénticos términos, en el petitorio final (véase fs.53, capítulo XIII.- Petitorio, punto 1).

Es por ello que, si bien la accionante refirió en el relato de los hechos que la demandada, a través de sus publicidades, formula ofertas de modo engañoso, ocultando al consumidor información respecto al objeto de la contratación publicitada y a las estrictas condiciones de pago adelantado, al momento de plasmar el objeto de su demanda acotó su pretensión -en lo que aquí interesa- a que se condene a «Wall Street» a que informe en sus publicidades el «precio» de los cursos, en forma cierta y objetiva, delimitando de esta manera el marco del cual el sentenciante no puede apartarse, so pena de conculcar el principio de congruencia (art. 163, inc. 6, CPCC).

En esa inteligencia, corresponde analizar únicamente -como lo hizo la Sra. Juez de grado- si corresponde condenar a la demandada a «informar en forma cierta y objetiva el precio de los cursos que oferta públicamente en sus carteles, afiches, volantes, folletos, etc.», prescindiendo del análisis relativo a la inclusión de cualquier otro tipo de información -como, v.gr., las «condiciones de la oferta publicitada»-. A tales efectos, resulta propicio comenzar por desarrollar el concepto de «publicidad» y efectuar una serie de consideraciones acerca de sus efectos, para luego dilucidar la cuestión planteada en autos.

En el ámbito de la contratación masificada, la publicidad es uno de los instrumentos esenciales utilizados para la comercialización de bienes y servicios. Más aún, la incidencia de la publicidad en la decisión de consumo no sólo es indiscutible, sino que en numerosos casos es el factor excluyente que decide la elección del consumidor. El objetivo general de todo anuncio publicitario es persuadir a su receptor, pudiendo variar el objetivo específico según las necesidades del anunciante: dar a conocer un producto nuevo, incrementar sus ventas, comunicar nuevas características, recordar su existencia, captar un nuevo segmento del público, etcétera; pero siempre la publicidad tendrá por meta la persuasión (conf.Schiavi, María Virginia, «Abordaje jurídico del vínculo entre la publicidad y el consumidor», LL, T° 2011 – E, pág. 680).

La enorme influencia que ejerce la publicidad, a tal punto que condiciona o determina las preferencias y elecciones de los destinatarios, explica el rol preponderante que desempeña en el período precontractual, sustituyendo a las tratativas previas. Hace ya algún tiempo, el influjo ejercido por la publicidad en el momento previo a la conclusión de los contratos y las divergencias que era dable observar entre los contenidos del mensaje publicitario y el negocio efectivamente celebrado, que dio lugar a prácticas verdaderamente abusivas, propició la idea de otorgar relevancia jurídica a los contenidos de la publicidad. Dicha solución quedó expresamente plasmada en el art. 8 LDC, en cuanto dispone que «las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor». La norma encuentra su fundamento último en el principio de protección de la confianza y en la buena fe, dado que los destinatarios de la publicidad actúan en función de las legítimas expectativas creadas por el contenido del mensaje publicitario. En consecuencia, las informaciones y afirmaciones relativas a un producto, a un servicio y/o a las condiciones de la contratación contenidas en un anuncio publicitario integran el esquema obligacional aunque no hayan sido objeto de referencia expresa al celebrarse el contrato, encontrándose el anunciante sujeto a cumplir con los términos publicitados (conf. Frustagli, Sandra A., «La protección del consumidor de servicios turísticos: Publicidad y responsabilidad de las agencias de viajes», Revista el Derecho Comercial, T° 2004-A, págs. 498/499).

En ese sentido, se ha dicho que, si bien en principio el concepto de oferta no puede asimilarse al de publicidad, por cuanto el primero implica una promesa de contrato que puede estar dirigida tanto a personas determinadas -art. 1148 del Código Civil- como a consumidores potenciales determinados -art.7 LDC-, mientras que la noción de publicidad está vinculada con la promoción de un bien o servicio (conf. Cám. Nac. Cont.

Adm. Fed, Sala I, 17/02/2009, in re: «Editorial La Razón y otro c/ DNCI – DISP 853/06»), lo concreto es que por efecto de la regulación dispuesta sobre las ofertas al público en el art. 7 LDC, los anuncios publicitarios -más allá de un mero mecanismo de difusión comercial- pueden ser vehículo de una verdadera oferta cuando la manifestación de voluntad negocial incorporada a la publicidad reúna los requisitos de autosuficiencia y seriedad exigidos por el art. 1149 del Código Civil, de manera que la sola aceptación del destinatario sea suficiente para la formación del consentimiento (conf. Frustagli, Sandra A., «La protección del consumidor…», ob. cit. supra, pág. 499). Así, pues, el aviso publicitario, para que pueda ser considerado como una oferta, debe establecer de manera concreta los elementos necesarios para la perfección del contrato que mediante aquél se promete, es decir, en relación a una compraventa, debe como mínimo detallar las características del producto o servicio que se ofrece y su precio, ya que lo que caracteriza a una oferta es la posibilidad de que, ante ella, la aceptación de un potencial consumidor perfeccione el contrato (conf. Cám. Nac. Cont. Adm. Fed, Sala I, 17/02/2009, in re: «Editorial La Razón…», cit. supra).

En la especie, no se advierte que las publicidades de «Wall Street» reúnan todos los requisitos para ser consideradas ofertas. En efecto, ni del folleto (véanse copias de fs. 23/26), ni de los carteles (véanse copias obrantes a fs. 27/29) surge referencia alguna al precio de los cursos de inglés, no existiendo norma alguna que obligue a la inclusión de dicha información en los avisos publicitarios.

En ese sentido, la apelante adujo que la emplazada había vulnerado la letra del art.9 de la ley 22.802, dado que «las presentaciones y las propagandas ocultan al consumidor información del (…) precio del servicio…» (véase fs. 442). Ahora bien, dicha norma prevé que «queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios» -el destacado no es del original-. En los carteles y folletos en cuestión no hay referencia alguna -sea directa o indirecta- al precio de los cursos, ni a eventuales promociones, que pudieran llevar a los potenciales consumidores a formarse alguna idea -precisa o no- acerca del costo, por lo que no se advierte inexactitud ni ocultamiento en la publicidad que pudiera inducir a «error, engaño o confusión» a aquéllos en relación al precio de los cursos publicitados, lo cual lleva a descartar la invocada transgresión de la norma referida.

Por las razones explicitadas precedentemente, no cabe sino concluir que la demandada «Wall Street» no se halla obligada a informar el precio de los cursos en sus anuncios publicitarios y, asimismo, que los carteles y el folleto incorporados a la causa como prueba no inducen a «error, engaño o confusión» a los potenciales consumidores acerca del costo del servicio brindado por aquélla, circunstancias que determinan el rechazo de las críticas introducidas por la parte actora relativos a este ítem.

(5.) El «daño punitivo».

La Señora Juez de grado rechazó la procedencia de este rubro indemnizatorio con fundamento en la falta de legitimación de «PADEC» para reclamar por las consecuencias patrimoniales presuntamente padecidas por los consumidores que contrataron con la demandada.

Dicha decisión fue resistida por la asociación de consumidores actora, quien consideró que la procedencia del «daño punitivo» se hallaba justificada dado el conjunto de incumplimientos de las obligaciones legales por parte de la accionada y calificó de contradictorio su rechazo frente alreconocimiento de una multa civil a favor de su parte.

En ese marco, cabe advertir que en el capítulo VIII del escrito de demanda, la parte actora desarrolló las razones que justificarían la procedencia del rubro indemnizatorio en cuestión (véanse fs. 48 vta./49 vta., dejando expresamente aclarado que, «en el caso de autos, la sanción de daño punitivo es solicitada para la usuaria Cecilia Zanotti…» (véase fs. 49 vta., último párrafo).

Habiendo la referida Cecilia Marta Zanotti arribado a un acuerdo conciliatorio con la demandada, en el cual dejó expresamente asentado que una vez depositada judicialmente la suma de pesos siete mil ($ 7.000) acordada, «…nada tendrá que reclamar a Wall Street Argentina S.A. con relación a toda cuestión relacionada con el reclamo de autos» (véase fs. 212, punto 2), hallándose homologado dicho convenio a fs. 213 y acreditado el depósito del monto convenido con la boleta de fs. 223, quedó efectivizado el desistimiento del derecho y de la acción por parte de la referida Zanotti.Ello determina que el reclamo en concepto de «daño punitivo» a favor de esta última haya quedado carente de virtualidad, por lo que no corresponde expedirse al respecto.

En esa inteligencia, no cabe sino desestimar las quejas de la apelante sobre este punto y, por ende, confirmar el rechazo de este ítem tal como fuera decidido en el pronunciamiento de grado.

(6.) Régimen de costas del proceso La asociación de consumidores accionante se agravió de la sentencia apelada en cuanto, si bien tuvo por acreditada la existencia del daño ocasionado a los usuarios por la existencia de cláusulas abusivas, le impuso parcialmente a ella -en un veinte por ciento (20%)- las costas del proceso, pese a que actúa en beneficio de los consumidores perjudicados por el accionar de la demandada «Wall Street», motivo por el cual solicitó que las costas le sean impuestas en su totalidad a esta última.

Pues bien, sabido es que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 CPCC) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

Es cierto que ésa es la regla general y que la ley también faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss.). Pero ello, esto es, la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso-, sólo procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes, su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», T° I, pág.491).

De los antecedentes de este litigio surge que la accionante «PADEC» -asociación que tiene por objeto la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios tutelados por el art. 42 CN y los tratados con jerarquía constitucional- inició la presente demanda contra la emplazada «Wall Street», a quien le imputó una serie de conductas abusivas en perjuicio de sus alumnos y de los potenciales consumidores de los cursos de inglés que dicta.

En ese sentido, ha quedado debidamente acreditado en autos que la accionada implementó un contrato tipo que contenía una cláusula que fue declarada abusiva, dado que obligaba a los alumnos al pago anticipado del precio total e impedía la rescisión del vínculo jurídico, tal como aconteció efectivamente en el caso de Cecilia Marta Zanotti -quien inicialmente fue una de las coactoras y posteriormente desistió de la acción y del derecho por haber arribado a un acuerdo conciliatorio con la demandada-, habiéndose admitido como consecuencia de ello la acción aquí incoada, más allá de que no hayan sido reconocidos la totalidad de los ítems reclamados en la demanda.Siendo ello así y toda vez que por lo antes dicho la accionada ha resultado sustancialmente vencida en la contienda, no se advierte fundamento que se aprecie suficiente a los fines de desvirtuar el principio general antes apuntado, por lo que estimo que la imposición de costas a esta última parte en su calidad de vencida en el proceso, resulta ser la solución más adecuada a las circunstancias del sub lite.

Y a dicha solución no la enerva el hecho de que la demanda no haya prosperado por la totalidad de los conceptos reclamados originariamente, pues, aún no habiendo progresado íntegramente la pretensión esgrimida, las costas deben ser soportadas por la accionada ya que en definitiva se ha acreditado que dicha parte actuó abusivamente y ha resultado vencida en el litigio.

Voto pues, por que se haga lugar al agravio en cuestión y, en consecuencia, se modifique la distribución de costas efectuada en la sentencia apelada, imponiéndose íntegramente las costas del juicio en ambas instancias a cargo de la parte demandada, conforme al criterio expuesto en los considerandos anteriores (art. 68 CPCC).

V.- CONCLUSIÓN

Por todo lo hasta aquí explicitado propongo -entonces- al Acuerdo:

(i.) Desestimar en lo sustancial el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y hacer lugar al mismo sólo parcialmente, con la consecuencia de modificar la sentencia apelada únicamente en lo que a la distribución de costas se refiere, imponiéndose íntegramente las correspondientes a ambas instancias a la demandada «Wall Street», en virtud de las razones indicadas en el considerando IV, punto (6.) (artículo 68 CPCC); y (ii.) Confirmar el pronunciamiento apelado en todo lo demás que fue materia de agravio.

Así voto.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara Dra. Isabel Míguez adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores:

Alfredo A.Kölliker Frers Isabel Míguez Valeria Cristina Pereyra Prosecretaria de Cámara

Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

(i.) Desestimar en lo sustancial el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y hacer lugar al mismo sólo parcialmente, con la consecuencia de modificar la sentencia apelada únicamente en lo que a la distribución de costas se refiere, imponiéndose íntegramente las correspondientes a ambas instancias a la demandada «Wall Street», en virtud de las razones indicadas en el considerando IV, punto (6.) (artículo 68C PCC); (ii.) Confirmar el pronunciamiento apelado en todo lo demás que fue materia de agravio; (iii.) Notifíquese a las partes y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho; y (iv.) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1° de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

La Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal no interviene en el presente Acuerdo por hallarse en uso de licencia (artículo 109 RJN). Alfredo Arturo Kölliker Frers.

Isabel Míguez.

Ante mí, Valeria Cristina Pereyra. Es copia del original que corre a fs. 465/489 de los autos de la materia.

Valeria Cristina Pereyra – Prosecretaria de Cámara

 

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